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A finales de los setenta, cuando la chilena Verónica Uribe y la venezolana Carmen Diana Dearden se aventuraron a crear una editorial infantil en Caracas, prácticamente no existían autores del género a los que pudieran echarle mano. Los ojos estaban puestos en Europa y Estados Unidos, pero ellas, que habían crecido leyendo a los grandes del boom latinoamericano, querían volcar la mirada al entorno de la región. Que los niños se empaparan de sus ciudades, personajes y cultura a través de libros con imágenes atractivas. Como la escasa oferta existente estaba cargada a educar desde la mirada de un adulto, acudieron a la tradición oral y a la poesía. La puerta de entrada fueron los pueblos originarios de Venezuela y desde ahí comenzaron a elaborar textos desde la mirada inexperta de los pequeños lectores. La fórmula vanguardista dio resultado. La editorial Ekaré lleva casi medio siglo alimentando bibliotecas, salas de clase y estanterías de casas en distintos rincones de América, y este martes ha recibido el reconocimiento al Mérito Editorial de la Feria del Libro de Guadalajara “por ser un referente en el mercado editorial infantil en Iberoamérica”.

La periodista Verónica Uribe (Santiago, 1942) tenía tres hijos -de 10, cinco y tres años- de su matrimonio con un médico cuando ocurrió el Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en septiembre de 1973. No era militante, pero sí activa en el mundo de la izquierda. Con la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet perdió su trabajo en la Universidad de Chile y su esposo fue despedido del hospital en el que trabajaba. Varios de sus cercanos fueron detenidos y en diciembre decidieron exiliarse en Venezuela. Llegaron ahí porque años atrás habían recibido en su casa a unos amigos exiliados de la dictadura Marcos Pérez Jimenez. Ahora eran ellos los que le tocaban la puerta. Gracias a sus vínculos, Uribe consiguió un trabajo en el Banco del Libro. Ahí le hablaron de Carmen Diana Dearden, con fama de tener carácter fuerte y dominante. Esa temida mujer estaba empecinada en crear una editorial infantil y, cuando finalmente se lo permitieron, la jefa de Uribe la puso a trabajar con ella.

Uribe relata a EL PAÍS que a pesar de que tenían la misma edad, Dearden “era mucho más joven, sigue siendo”. La venezolana también había sido exiliada, en Costa Rica, por lo que nunca trató como extranjera a su compañera, porque sabía lo que significaba sentirse una extraña. A pesar del “pánico” inicial que le produjo a la periodista hacer equipo con Dearden, se convirtieron en grandes amigas y socias en Ekaré. “Tiene un gran olfato editorial. Yo siempre creo que los libros que estamos haciendo son todos excelentes, y ella va y dice ‘este sí, este no’. Yo le doy oportunidades a los que están bien escritos e ilustrados. Ella tiene olfato de mercado y lo que funciona de humor”, señala este martes por teléfono.

Al comienzo trabajaron con escuelas de diseño para formar una cantera de ilustradores, buscaron antropólogos y recopiladores de tradición oral, contactaron con jóvenes escritores latinoamericanos que escribieran buenas historias y evitaran los tratamientos edulcorados. “Fue difícil que escribieran sin dejar enseñanzas, sin ser paternalistas. Antes estaban centrados en los modales y ahora el feminismo. El propósito ahí es enseñar, no publicar un libro que tiene un valor literario”, describe Uribe, quien aboga por lo segundo. “Lo maravilloso es que los niños entren a un mundo de ficción que te hace sumergirte en caminos, en aguas, que no pensabas. Describir cosas nuevas. Nosotros damos libertad total al autor para que, en el formato que quiera, cuente una buena historia y eso es muy difícil”, añade.

Pero fueron descubriendo e impulsando plumas que les hacían sentido. La brasileña Ana Maria Machado, por ejemplo, el colombiano Ivar Da Coll, la cubana Alba Marina Rivera, o el español Javier Sáez Castán. También autores e ilustradores chilenos, como Marta Carrasco, Antonio Skármeta y María José Ferrada. Además, han traducido por primera vez a la lengua española nombres como Michael Rosen, Helen Oxenbury y Chris Van Allsburg.

A comienzos de los noventa volvió a Chile la democracia y con ella, Uribe y su marido. Trajo el amplio catálogo de libros que había publicado en Caracas, como Niña bonita, Margarita, La sorpresa de Nandi, La calle es libre o Vamos a cazar un oso. Ya instalada, fundó Ekaré Sur, editorial chilena que desde hace más de 20 años edita libros ilustrados para niños y jóvenes, el grueso de autores chilenos. De ahí han salido títulos como La composición, La otra orilla y La tortilla corredora. Hoy sus tres hijos trabajan con ella y Dearden hace de consultora. Además del sello independiente chileno, desde 2001 existe Ekaré Europa, en España, los que muchas veces se retroalimentan.

En Ekaré Sur publican dos o tres libros al año. “Me concentro profundamente y creo profundamente en cada uno de los proyectos. Los conversamos entre todos, por eso me parece bueno que el reconocimiento sea para la editorial, donde todos participamos, donde escuchamos todas las voces. A veces es difícil, incluso exasperante, pero el resultado es bueno”, apunta. La editorial ha publicado más de 450 libros, de los cuales dos tercios permanecen vivos en catálogo: una rareza en tiempos de sobreproducción de novedades. La Feria del Libro de Guadalajara también destacó a Ekaré “por mantener una reconocida labor de promoción de la lectura durante casi medio siglo y haber construido una sólida trayectoria internacional que ha logrado superar las dificultades derivadas de varias crisis políticas y económicas”.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, ha lanzado este lunes un mensaje dirigido a los sectores político, económico y social del país. El ministro ha aprovechado el repaso de su primer año al frente del Supremo mexicano para reivindicar al nuevo Poder Judicial que se formó tras la primera elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros, el cambio más sustancial de la reforma judicial. En el recuento ha defendido la autonomía del órgano, que dice que funciona y está preparado para ofrecer certeza en medio de la transformación que vive el país. “Decirlo con claridad: los sectores políticos, económicos y sociales de México pueden contar con este nuevo Poder Judicial. Un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre”, lanzó durante el balance de su primer año como cabeza del máximo tribunal.

El informe ha estado cargado de simbolismo. Aguilar ha recibido a la presidenta Claudia Sheinbaum en la sede de la Corte con el bastón de mando en mano y su mensaje central ha puesto el énfasis en disipar las dudas sobre el funcionamiento del Poder Judicial después de la reforma constitucional que llevó a las urnas a los juzgadores. “El Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar los resultados que el pueblo demanda”, ha subrayado.

Aguilar insistió en que las resoluciones de la Corte no estarán condicionadas por el poder político ni por las coyunturas. “El Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas. Ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida”, ha sostenido frente a los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La obligación, añadió, es con la Constitución y con el pueblo de México.

El ministro envió mensajes cifrados a los tres sectores con la misma intención. Ha dicho que la justicia debe ser una fuente de confianza para quienes invierten e innovan. En este sentido, insistió en que la certidumbre jurídica es necesaria para consolidar un Estado de derecho acorde con la época que vive México.

El discurso también remarcó la ruptura con el viejo Poder Judicial. Aguilar recordó que recibió una Corte que calificó de “lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo”, alejada de la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia. Su mensaje se ha confrontado con un episodio de ocho meses atrás. En enero, los ministros recién elegidos dieron su primer traspié, con la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee que dejaron en entredicho su promesa de austeridad. A ese capítulo se suma otro más reciente, la restitución del seguro de gastos médicos mayores para los togados, una propuesta que no alcanzó a materializarse pero que se dibujó en el proyecto de presupuesto de egresos del Supremo mexicano.

Aguilar ha reivindicado también la política de austeridad: la Corte, dijo, eliminó los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para sus ministros, redujo en 10% la plantilla de las áreas administrativas y compactó estructuras de la Presidencia. “Quiero ser enfático: se acabaron los privilegios”, dijo.

El Poder Judicial, añadió, ha ahorrado más de 4.700 millones de pesos durante el año reportado y ahora publica resoluciones, presupuestos ejercidos e indicadores de gestión. Con todo, el presidente de la Corte reconoció que la transformación está lejos de concluir. A un año de la reforma, dijo, persisten “resistencias, actitudes, entendimientos y formas de hacer justicia con reminiscencias del pasado”. Por ello convocó a jueces, magistrados y personal judicial a sumarse a una nueva manera de entender y ejercer la justicia.

En el remate de su discurso ha defendido del nuevo rumbo del organismo: una justicia más abierta, austera, tecnológica y cercana a la ciudadanía, pero también independiente frente a los otros poderes. “La independencia del Poder Judicial no está en entredicho, se ejerce con firmeza y de cara al pueblo de México”, ha zanjado el ministro presidente. Para Aguilar, el primer año es apenas el comienzo de un Poder Judicial que, dice, busca convertir la confianza y la certidumbre jurídica en parte de su nueva identidad institucional.

La política en Colombia se vive con vértigo. Los acontecimientos suceden a una velocidad tal que quien parpadee puede perderse entre el mar de desinformación de las redes sociales, los titulares de los medios tradicionales, la batalla por imponer una narrativa entre la derecha y la izquierda, la disputa cultural y los egos de los protagonistas de una agenda política que cambia permanentemente.

Hace tan solo 20 días, el país se despertó con un terremoto de 7,4 que golpeó con fuerza a cinco departamentos y dejó más de 153.000 familias damnificadas, 319 fallecidos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 31.461 viviendas destruidas, además de cientos de edificios en lista para ser demolidos. Después de la tragedia, las réplicas ya suman 332.

A pesar de la magnitud de la catástrofe y de la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional con las víctimas, la atención de la opinión pública pareciera haberse desplazado nuevamente hacia el acontecer político.

El dolor de las víctimas, el heroísmo de los sobrevivientes, la respuesta inmediata de los empresarios, la solidaridad de los colombianos, la cooperación extranjera y la gestión del Gobierno han quedado relegados en la agenda mediática por un tema que domina el interés nacional desde hace más de seis décadas: el conflicto armado interno.

A este escenario se suma el debate en el Congreso sobre el proyecto de reforma económica que impulsa el ministro de Hacienda, una iniciativa que ha despertado la atención de los expertos por el inusitado incremento de las cifras del Presupuesto General de la Nación.

En la Patria Milagro está cerrada la puerta de la paz negociada y la Paz Total quedó sepultada. Después del fracaso de esa política implementada durante la administración de Gustavo Petro, la narrativa que busca imponerse es la de la victoria militar sobre los grupos armados ilegales, ahora calificados como terroristas.

“La paz en la que cree este Gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, señaló el mandatario en Riohacha. Una tesis que ha repetido en varias ocasiones y que, para el jefe de Estado, constituye el camino para establecer una paz “verdadera y duradera”.

Los golpes a los cabecillas de las estructuras armadas ilegales le han dado más alas al Ejecutivo para consolidar una estética de poder militar que pasó de los anuncios a los hechos. El jefe de Estado se esfuerza en mostrarse como un hombre cercano a la tropa, un comandante que conduce a las Fuerzas Militares hacia una hipotética victoria, cuyo ideal sería el sometimiento de los actores armados ilegales sin mayores concesiones por parte del Estado.

Con su nueva vestimenta de tropero, el mandatario construye la puesta en escena de los grandes anuncios: bombardeos a campamentos guerrilleros y bajas de integrantes de organizaciones armadas ilegales. Ese presidente tropero, en un país que continúa en guerra, parece dispuesto a imponer la narrativa de que la única salida es militar y a desechar los caminos exitosos de negociaciones de paz anteriores.

El país tendrá que acostumbrarse a un presidente que alienta la ofensiva militar en los territorios, presenta resultados de operaciones y busca apoyarse en Estados Unidos para escalar la confrontación contra las organizaciones armadas ilegales. Un mandatario que, además, tampoco pareciera dispuesto a ceder ante la protesta social que se anuncia y que podría manifestarse con fuerza en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.

Colombia parece repetir algunos elementos de los años del gobierno de Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática y mano dura, aunque esta vez sin el lema del “corazón grande”, cuando el entonces presidente era recibido en el rancho de su homólogo estadounidense, George W. Bush.

Durante esos ocho años de gobierno, el incremento de las acciones bélicas, los bombardeos y los ataques produjo una presión permanente por mostrar resultados militares. La degradación de la guerra contra las Farc terminó degradando también la democracia hasta desembocar en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente: los llamados falsos positivos.

La política del body count se impuso y algunos miembros de la Fuerza Pública recibieron incentivos para producir “positivos”, es decir, resultados operacionales medidos en bajas de integrantes de grupos armados. Las cifras de guerrilleros muertos terminaron convirtiéndose, en numerosos casos, en un engaño a la opinión pública y en una vergüenza para la Fuerza Pública.

En la Jurisdicción Especial para la Paz, una instancia de justicia transicional que sectores de la derecha han planteado cerrar o reformar profundamente, se han conocido testimonios de altos oficiales y soldados procesados por ejecuciones extrajudiciales. Los falsos positivos continúan siendo una herida abierta en Colombia y un episodio que algunos sectores se empeñan en negar o minimizar, mientras arremeten contra la JEP y buscan desprestigiarla.

Lo que ha visto el país durante este primer mes del mandato del presidente Abelardo no son falsos positivos, sino combatientes de organizaciones ilegales muertos en operaciones militares que el Gobierno presenta como legítimas. Sin embargo, la imagen del mandatario mostrando los cadáveres de guerrilleros muertos tras un bombardeo, introducidos en bolsas blancas, desató una tormenta política y mediática y le dio la vuelta al mundo.

Los sectores más belicistas aplauden los bombardeos contra los campamentos guerrilleros y celebran la muerte de los jefes de esas organizaciones. Pero que mueran menores de edad en esos operativos no puede ser motivo de celebración. Precisamente porque la guerra tiene límites y esos límites están establecidos, entre otras normas, por el derecho internacional humanitario.

Esos bombardeos, que podrían multiplicarse con el paso de los días, pueden marcar el comienzo de una nueva espiral de guerra que acompañará los cuatro años del Gobierno, con el respaldo de Estados Unidos. Colombia mantiene un papel estratégico en la cooperación internacional contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales en la región.

La ilegalidad, por su parte, está respondiendo a la ofensiva del Estado. El ataque con un carro bomba contra una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander, ocurrido el pasado 31 de agosto, constituye una muestra de esa respuesta violenta. Cada acción genera una reacción y el Estado tendrá que estar preparado para las consecuencias de una nueva escalada del conflicto.

La nueva estrategia de seguridad —mano dura, cero negociación, sometimiento y control territorial— parece haberse sellado con el cierre de tres mesas de negociación que habían sido abiertas durante el Gobierno Petro: con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

A los integrantes de esas organizaciones ya no se les ofrece una mesa para negociar, sino la posibilidad de una desmovilización bajo presión militar. La fórmula parece simple: sometimiento o muerte.

Ese mensaje quedó ilustrado con la muerte de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su esposa, Rosa Angélica Tarazona. Naín, de 26 años, era señalado como máximo cabecilla de un frente de las ACSN. La muerte lo sorprendió durante un operativo de la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, en Riohacha, La Guajira, en la madrugada del pasado viernes.

El resultado de esa operación constituye un triunfo político y militar para el nuevo Gobierno, que busca demostrar que va en serio en su ofensiva contra los cabecillas de las organizaciones armadas ilegales. La noticia fue presentada en el Batallón Cartagena de Riohacha, acompañada del ritual de los cuerpos introducidos en bolsas blancas y del jefe de Estado vestido con uniforme militar.

Es un protocolo que ya había generado enorme rechazo cuando el mandatario recorrió la fila de 23 bolsas blancas que contenían los cuerpos de los integrantes de las disidencias de las FARC muertos durante un bombardeo en el Guaviare.

“Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, señaló el pasado viernes el presidente en Riohacha, quien no pierde oportunidad para atacar los procesos de paz desarrollados durante el Gobierno Petro.

Para él, durante los últimos años Colombia estuvo arrodillada ante el crimen. Ahora comienza una nueva fase de la guerra interminable que el país vive desde hace más de seis décadas.

El Tigre está de cacería. Pero los lobos de la guerra saben que este nuevo capítulo apenas comienza.

El “mayor acuerdo petrolero del siglo” entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, a través del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, es un hito crucial en la historia de Venezuela. Y lo es por las peores razones: la dimensión de lo negociado, la opacidad del proceso, la falta de legitimidad democrática de quienes lo negociaron y los poderes extraordinarios que otorga a Washington sobre Venezuela.

Pese a que muy probablemente generará una inyección de inversiones multimillonarias, es un mal acuerdo. Tanto que, por primera vez en más de dos décadas, la oposición y el chavismo disidente han coincidido en repudiarlo. Porque, con lo poco que ya ha transpirado, se puede llegar a una conclusión inquietante: entregar a Estados Unidos 35% del 55% del petróleo venezolano y otro 20% con grandes descuentos, “sin costo para los contribuyentes estadounidenses”, y por el lapso de un siglo, es un despropósito y una hipoteca que pesará sobre muchas generaciones.

Han vendido Venezuela con los venezolanos adentro.

Más que un acuerdo petrolero, se trata de un pacto fáustico. El chavismo gobernante obtiene lo que más necesita: supervivencia política. Washington gana lo que más desea: acceso privilegiado a una de las mayores reservas de petróleo del mundo y un poder de supervisión sin precedentes sobre la economía venezolana. El beneficio inmediato puede ser la recuperación de un país devastado. El costo histórico, sin embargo, es mucho más difícil de calcular: una cesión de soberanía de dimensiones extraordinarias.

Esa parece ser la lógica íntima del acuerdo. El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó esta semana que Estados Unidos debe controlar los ingresos petroleros venezolanos para evitar que gobernantes y élites vuelvan a robarse la renta. La ironía se cuenta sola: esos gobernantes y esas élites son los mismos que llevan casi tres décadas en el poder. Pero Rubio no busca romper esa continuidad, sino administrarla. Porque para controlar la riqueza petrolera venezolana, la Administración Trump necesita controlar las condiciones políticas, y eso exige estabilidad, no cambio.

Es un acuerdo espurio de cabo a rabo y debe ser denunciado por lo que es: la contracara de la tutela que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela y que permite controlar sus riquezas desde la extracción de Nicolás Maduro.

Pero hay más. Es la cabeza de playa de la entrada al país de un conjunto de empresas, petroleras, financieras y de comunicaciones ligadas a Trump, una red de aliados y socios que han formado parte de su administración y han donado a sus campañas. Es el caso de las empresas Sable y Primavera, como reveló The Financial Times.

Esa tutela solo ha sido posible porque la troika chavista ha garantizado su funcionamiento en el terreno. La cara oculta del acuerdo petrolero es otro acuerdo, de naturaleza política, que permite al chavismo permanecer en el poder con la aprobación de la Casa Blanca. En otras palabras: el Rodrigato entrega el país a cambio del poder.

Alejandro Betancourt ocupa un lugar singular en esta historia. El más prominente de los llamados “bolichicos” no es un simple intermediario: es el puente entre la corrupción del viejo chavismo, la supervivencia de un orden post-Maduro y los intereses de Washington. Según Marc Caputo en Axios, fue Betancourt quien conectó a Delcy Rodríguez con Marco Rubio la madrugada del tres de enero, mientras tropas estadounidenses asaltaban Fuerte Tiuna. Otras fuentes venezolanas aseguran que su relación con el entorno de Trump es mucho más antigua. Si las conversaciones en Catar de fines de 2025 ya habían revelado que Delcy figuraba como sustituta de Maduro en una salida negociada, ahora sabemos también quién ayudó a cerrar el círculo —y quién se asegura de que ese círculo no se abra con unas elecciones.

Trump lo ratificó cuando, consultado sobre elecciones presidenciales en Venezuela, respondió que “el país no está preparado”. La frase es cínica y reveladora: la inmensa mayoría de los venezolanos apoya elecciones a corto plazo, pero éstas introducirían justo la incertidumbre que la nueva arquitectura del poder en Venezuela fue diseñada para evitar.

Ahí está la paradoja del acuerdo: puede atraer las inversiones que la economía venezolana necesita para salir de la ruina mientras consolida un sistema que priva a los venezolanos de decidir su propio destino y profundiza la dependencia de Washington bajo el chavismo.

Trump ha mostrado desdén por la democracia venezolana. Lo que le importa son los negocios y las ventajas que pueda extraer de ellos. Si los venezolanos ya están felices bailando en la calle, como ha repetido, ¿para qué necesitan elecciones y democracia? Los pactos fáusticos siempre ofrecen algo deseado —por eso seducen. Los venezolanos podrían obtener una mejora económica a corto plazo. Pero el precio oculto es existencial porque se ha logrado a través de alianzas con fuerzas antidemocráticas y se pagará con soberanía, instituciones y capacidad de autodeterminación.

La cúpula gobernante venezolana ya lo firmó. Abandonó la defensa de la soberanía nacional y la lucha antiimperialista que durante años sirvieron de justificación a su proyecto político. A cambio, recibió un bono de supervivencia.

Después de varios días de silencio, María Corina Machado rechazó la opacidad de una negociación realizada en las sombras por un gobierno sin legitimidad democrática, pero evitó cuestionar el papel de la Administración Trump como contraparte del acuerdo. Esa cautela es comprensible. También es un error: denunciar solo a uno de sus firmantes equivale a aceptar al otro.

Por eso, Machado corre el riesgo de quedar atrapada dentro de la lógica del pacto fáustico. Si el chavismo ha intercambiado soberanía por permanencia en el poder, ella no puede limitarse a esperar que Washington corrija el problema el día que le venga en gana, puesto que a Trump solo le interesa la estabilidad de una arquitectura de poder que le permite avanzar sus intereses.

Conviene que Machado comprenda que de una relación con Trump solo se puede salir ileso de dos maneras: mediante la sumisión absoluta o teniendo tanto poder como él –y la primera atrae favores pero no ofrece garantías. Machado ya intentó la diplomacia de la pleitesía al entregarle a Trump su diploma del Nobel de la Paz tras el desplante del tres de enero, cuando el líder MAGA la humilló al calificarla de débil y carente de respeto. No funcionó porque Trump no la quiere. Y porque no la quiere, no la ve como la protagonista de su proyecto venezolano.

Hay una tercera opción para lidiar con Trump: darse su lugar. El mejor ejemplo reciente es el de Mark Carney, primer ministro canadiense, quien respondió a los aranceles de Trump, aun sabiendo que el costo económico para Canadá sería elevado. Los canadienses entendieron que ciertas concesiones tienen un precio demasiado alto y han premiado a Carney con su respaldo.

Machado no dispone del poder necesario para medirse con Trump en ningún campo. Pero conserva algo que nadie más tiene: el respaldo mayoritario de los venezolanos. Por eso debe desobedecerlo, regresar al país de inmediato, reagrupar a una oposición fragmentada, energizar la política y movilizar a la población para exigir la renovación del CNE y elecciones presidenciales libres. Tiene que desafiar simultáneamente al Rodrigato y a la tutela que lo sostiene.

Pero primero, debe entender su papel en lo que está en juego y darse cuenta de que puede ser su última oportunidad. Solo así Venezuela conservará viva la esperanza de conquistar su libertad y renegociar el acuerdo petrolero del siglo, sin quedar para la historia como una colonia de facto que ni siquiera llegue a ser el estado 51 de la Unión. Y solo así seguirá siendo digna de la responsabilidad que los venezolanos le confiaron al elegirla como líder opositora con el 93% de los votos. La tarea que tiene por delante no es simplemente derrotar al chavismo: es impedir que el pacto fáustico se convierta en el destino permanente de Venezuela.

El minúsculo cerebelo de Donald J. Trump ha declarado que su país podría interrumpir el comercio con México con una más de sus delirantes justificaciones en su necio afán por elevar su ínfimo coeficiente infantil nada intelectual y su irrefrenable deseo genético por clonarse con Adolf Hitler. Según el diminuto cacahuate que habita su cráneo, el comercio con México sólo se reduce a “tomates y tamales picantes” y asumo el deber ciudadano de envolverme en la bandera tricolor, acariciar al águila y enroscarme a la serpiente como collar de fina joyería para intentar responder directamente a la peluca rubia, piel naranja, abultado pañal y desmedida estupidez del susodicho mandatario con la siguiente lista de exportaciones mexicanas ya indispensables para el mercado norteamericano:

​Te faltan aguacates (vocablo náhuatl que significa testículos), lechuga desinfectada, carne limpia (no de Millei), tuna cardona, axiote, ajolotes (para Sea World), sarapes de Saltillo (complemento ideal para banderas LGBT), chorizo en cajas (que lo traen de fuera habitantes de Toluca), toneladas de plátano (cada uno con setecientas calorías) y se nota a leguas que te gusta el chile pa’silla. Te quedarás sin frijol bayo negro (verdadero armamento de destrucción masiva), camote en barras de Puebla, queso Badón de camote, camote Sientes, longaniza de Metepec y Cacahuamilpa, piña-cacahuate-zapote prieto-jitomate-epazote y otros milagros enlistados por Diego Rivera en uno de los murales de Palacio Nacional.

​Añado que quiénsabeporqué la Coca-Cola mexicana es mejor que la gringa, que los tacos de suadero, pastor, nana, buche, nenepil y ojo podrían aliviar tu falso matrimonio con Melania y que falta averiguar de veras que aquí los chicharrones truenan y más aún si se bañan con Valentina. Te falta Miguelito en polvo y jícama con limón y piquín, por no aventarte a la carachiles en nogada, mole poblano, coloradito, negro, verde y rojo, así como pozoles tricolores. Te vas a quedar sin chongos zamoranos, jericallas de Guadalajara y charamuscas de Guanajuato; crearás un masivo síndrome de abstinencia ante la escasez de tequilas, mezcales, pulques y aguas de jamaica, horchata, tamarindo, etc., así como paletas de pétalo de rosas, guanábana y limón abajeño.

​Llorarás por tus pinches tacos de tortilla tostada tiesa y pre-doblada, así como por las tortillas de a deveras (de maíz y de harina), las cebollitas asadas con salsa Maggi, la propensión posclásica por la Michelada y los discos de Armando Manzanero. Vas a ladrar por escuchar la versión mariachi de Y.M.C.A. y no pocas baladas de Juanga, por no mencionar las grandes obras de artistas, arquitectos, escultores, escritores, poetas, novelistas, ensayistas y cuentistas (que en realidad no sabes de qué te hablo)que podrían inundar las librerías de tu país con ediciones revolucionarias del Fondo de Cultura Económica, impresas en papel higiénico y encuadernaciones engrapadas (para minimizar costos y maximizar ganancias) y echarás de menos algunas mexicanadas y mexicanismos heterodoxos y conflictivos como por ejemplo: no pocas formas de la mexicanísima corrupción política y económica, las variedades narco-inventivas del lavado de dinero, los beneficios polifacéticos de la mordida, la etimología poliédrica y empírica del huachicol y las ganas de llorar para celebrar lo que sea.

​Síguele jugando a la Gestapo con tu ICE (Fascismo on the rocks) y te quedarás sin jardineros que podan arbustos como garzas, la dulce ciencia de secar un auto recién lavado con una jerga mojada y samaritanos capaces de entenderse con perros callejeros, afanadoras incansables, sirvientas monárquicas de inmensa dignidad y la película entera de Coco. Te faltará atole (mexicanísimo brebaje que también sirve para gobernar con el dedo) y pajaritos que te dan la suerte con su piquito, marimbas maravillosamente chiapanecas y voladores de Papantla capaces de limpiar ventanas de Manhattan sin cuerdas… ¿de veras quieres cortar el flujo del fentanilo, el comercio de la coca, los mercados de la mariguana?

​En fin, ya sin miel de maple y maderas canadienses (y no pocos bienes que vienen de Vancouver, Ottawa y Ontario) vas cavando el ya infinito pozo de tu pútrido olvido, mas deseo que mi listita sirva de anhelo: ojalá te llegue el día en que regodeándote en tu aislamiento, ufano contra nuestras exportaciones, caigas en la dolorosa cuenta de que a miles de mexicanos ni nos importas.

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, escribió en sus redes sociales el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, al inicio de la noche de este miércoles. Así, antes de culminar un mes como jefe de Estado, revelaba el primer cambio en su Gabinete, con la renuncia de la concordia política evangélica Viviane Morales. “Una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, se lee en la carta de renuncia de la excongresista liberal y antigua fiscal general de Colombia, publicada por el presidente en el mismo mensaje, que cierra con sus eslóganes “¡Firme por la patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”.

En sus pocas semanas en el cargo, Morales dio que hablar por un borrador de decreto que buscaba mayor participación del sector privado, incluyendo las ilegalidades en los colegios públicos. La decisión final le corresponde ahora a Hoyos, conocida por sus posturas ultraconservadoras y quien resume su trayectoria en el sector educativo a su ejercicio como docente y decana de derecho en la Universidad de La Sabana, el centro educativo del Opus Dei ubicado a las afueras de Bogotá, entre 1994 y 2000.

La trayectoria pública de Hoyos, abogada de la Universidad del Rosario como morales, y doctora en derecho por la Universidad de Navarra, se concentra en su paso por la Procuraduría General de la Nación como una de las personas más cercanas al ultraconservador Alejandro Ordóñez. Como su delegada en asuntos de Infancia y Familia, en un cargo que varió de denominación pero mantuvo esas funciones, fue una gran opositora de la sentencia que despenalizó el aborto en el país. Desde antes de llegar a la Procuraduría era una fuerte vocera contra esa posibilidad, y para 2007 hablaba de la existencia de una “conjura” en América Latina que buscaba permitir “el aborto, la eutanasia y demás atentados contra la vida”, según explicaba en aquel entonces en una entrevista con la Agencia Católica de Informaciones, ACI Prensa.

Ya con el poder del Ministerio Público, intentó varias veces limitar la aplicación práctica del ya reconocido derecho al aborto. En una de ellas, la Corte Constitucional la obligó a rectificar una circular de 2010, en la que pidió a la Superintendencia de Salud revocar una circular que indicaba a las clínicas cómo reducir las barreras para la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que el misoprostol o “píldora del día después” era abortivo, algo que dijo la Organización Mundial de la Salud entre 1970 y 2005, cuando cambió su concepto.

Hoyos, que trabajó de la mano con mujeres progresistas en construir mejores políticas contra las violencias basadas en género, fue a la vez tenaz crítica del matrimonio de parejas del mismo sexo. Entre otras movidas, impugnó la sentencia de la Corte Constitucional que permitió ese matrimonio y fue señalada de hacer lobby en el Congreso contra un proyecto que buscaba regularlo por orden de ese mismo tribunal. Ella misma fue aspirante a esa Corte en varias ocasiones, primero en 2007, postulada por el entonces presidente Álvaro Uribe (renunció, pues el secretario jurídico de Presidencia, Mauricio González Cuervo, tenía todas las de ganar); luego en 2009, de nuevo ternada por Uribe, pero perdió la votación en el Senado; y finalmente en 2012, cuando estuvo a punto de ser ternada por el Consejo de Estado, el alto tribunal en el que su jefe y aliado Ordóñez tenía gran poder en el momento.

Morales y Hoyos comparten una visión religiosa de los asuntos públicos, pero mientras la ahora exministra pertenece a una iglesia evangélica, la nueva designada es católica. Ha sido asesora de la Conferencia Episcopal Colombiana, del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y del Pontificio Consejo para la Familia. Más recientemente, presidió la Comisión Nacional de la Cultura del Cuidado, la instancia asesora de la Conferencia Episcopal Colombiana encargada de prevenir abusos en la iglesia católica. Ha argumentado que la institución aún tiene pendiente poner a las víctimas en el centro y ha desarrollado un trabajo en la difusión de las decisiones de la Corte Constitucional sobre el proceder de las autoridades eclesiásticas frente a las denuncias e investigaciones de abuso.

La centralidad de lo religioso en su visión del derecho, su área de experticia, queda clara en un artículo publicado en 2005 en Dikaion, revista de la facultad que dirigió. Titulado El juramento y el deber-derecho de honrar el nombre de Dios, en él Hoyos argumenta que la Constitución Política de Colombia tiene como fuente a Dios. “El Constituyente, al invocar la protección de Dios, establece implícitamente la verdadera fuente de autoridad”, escribe, tras señalar que a su juicio cualquier juramento es “la invocación del nombre de Dios en testimonio de la verdad”. “El Estado al aceptar el juramento como garantía de cumplimiento de la función pública, admite que hay una instancia superior, que no puede desconocer”, se lee al final, “No se trata de una opción más, de una interpretación o de una simple postura filosófica o teológica, sino de la aceptación del Constituyente de que más allá de la Constitución, de la juridicidad propia de la persona, está solo Dios”.

La Secretaría de Seguridad federal (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, ha pedido a la Justicia que revoque la protección que actualmente brinda la Guardia Nacional a la diputada de Sinaloa Paola Gárate, del opositor PRI, que ha sido amenazada por el narco junto a su familia. Tanto la SSPC como la Guardia Nacional sostienen que las medidas de resguardo a la legisladora corresponden a las autoridades de seguridad pública del Estado, gobernado por Morena y del que Gárate ha sido férrea crítica. “Resulta desconcertante e inverosímil que esa autoridad federal solicite poner en manos de autoridades de Sinaloa la seguridad de la diputada, cuando ella ha denunciado continuamente la colusión entre ese Gobierno y los grupos del crimen organizado”, ha criticado la defensa legal de Gárate.

En junio, la legisladora priista encontró en la puerta de su casa una corona fúnebre, amenaza de muerte común en el código de los narcos en México. La corona leía: “Familia Gárate”. Este fue el evento que detonó la exigencia de la diputada de contar con un esquema de seguridad federal, que logró gracias a una resolución judicial que ordenaba al Gobierno de Claudia Sheinbaum garantizar tal dispositivo. La protección ha cumplido apenas unas semanas. La SSPC impugnó la orden judicial el 27 de agosto pasado, aunque, de momento, una jueza denegó la petición.

El de la corona no fue el único evento en el que Gárate ha sido víctima. En octubre de 2025, en un asalto violento para robarle su camioneta, fue encañonada con un arma. Antes, en 2021, fue una de las víctimas de la violencia en la jornada electoral de ese año para la gubernatura y otros cargos. Ese día, Gárate fue secuestrada durante nueve horas, en que la golpearon “y le exigieron que se retirara de las elecciones”, según el relato que la diputada dio a la Guardia Nacional durante una evaluación de riesgos.

Los sucesos de aquel año adquirieron una fuerza tremenda años después. Rubén Rocha, de Morena, resultó ganador de los comicios, en los que campearon los hechos violentos como los que denunció Gárate. Estados Unidos ahora acusa a Rocha de haber pactado con el Cartel de Sinaloa para que este le ayudase a ganar la elección, precisamente, amenazando a los políticos opositores.

La defensa de Gárate ha señalado que el principal argumento de la SSPC para pedir el retiro del resguardo federal es que la Fiscalía de Sinaloa ya le ha concedido a la legisladora medidas de protección. Sin embargo, precisan los abogados, “las medidas otorgadas únicamente consisten en rondines aleatorios a domicilio, y de ninguna manera se equiparan con un esquema de protección personal acorde con el nivel de riesgo que enfrenta la diputada”.

En la entrevista que sostuvo con la Guardia Nacional, Gárate se refirió también al atentado que sufrieron en enero de este año los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa Sergio Torres y Elizabeth Montoya, críticos también del oficialismo en el Estado. “La entrevistada manifestó que el motivo de solicitar la seguridad y protección es por la violencia e inseguridad que se vive en Sinaloa, así como por temor a que sea víctima de alguna agresión que atente contra su vida e integridad, por las declaraciones que ha realizado en contra del Gobierno de Rubén Rocha y los vínculos con la delincuencia”, consignó la dependencia en la evaluación.

La defensa de Gárate reclama que, aun cuando la Guardia Nacional “reconoce la necesidad de proporcionarle a la diputada víctima un esquema de seguridad personal permanente, propone y solicita que el dispositivo no quede a cargo de esa autoridad, sino de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa”.

Rocha terminó dimitiendo del cargo de gobernador, no sin antes haberse atrincherado con uñas y dientes. Tras varios meses de dubitación, el Ejecutivo de Sheinbaum por fin barrió del Estado también a los políticos vinculados al exmandatario y colocó a una gobernadora interina más cercana a Palacio Nacional. Pero la violencia no cambia. Este fin de semana, la activista por los desaparecidos Alma Rosa Rojo fue atacada a balazos a plena luz del día. Sobrevivió.

La sala de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este miércoles la creación de una comisión investigadora para indagar en la huella del consultor de ultraderecha argentino Fernando Cerimedo en la política chilena, luego que fuera detenido en Bolivia por tentativa de femicidio en contra de su expareja, la abogada Nadia Beller, y se le encontrara, en un allanamiento a su domicilio, una “mini granja de bots”. La oposición ha pedido revisar si cumplió un papel en los últimos procesos electorales y el eventual uso en el país sudamericano de esta herramienta digital, que consiste en que varios dispositivos son unidos por una red de software que comenta, comparte y genera acciones automáticas en redes sociales. Los representantes de la izquierda han apuntado en contra del Gobierno de José Antonio Kast, aunque el mismo mandatario ha negado cualquier vínculo de Cerimedo con sus campañas a pesar de admitir que lo conoce. “Nos hemos cruzado”, dijo, justificando que el asesor acompañaba a distintos líderes políticos en instancias en que él también estuvo presente.

Esta es la segunda vez que la Cámara vota por crear una comisión que investigue al consultor argentino, investigado además por enriquecimiento ilícito y por supuestos vínculos con el narcotráfico, ya que el pasado martes se rechazó la primera propuesta por falta de quórum. En esta oportunidad, la iniciativa logró los 69 votos necesarios para prosperar. Entre los votos favorables aparecieron los de los parlamentarios de la izquierda y la centroizquierda opositora, mientras que los rechazos, con 43 en contra, llegaron desde la derecha y extrema derecha oficialista. Hubo una abstención.

El diputado José Montalva, del PPD, ha destacado que los diputados puedan indagar en la eventual llegada a Chile de los fenómenos de manipulación digital que inciden en el debate público y los procesos democráticos. “Podemos, en definitiva, tener la tranquilidad de que el Estado de Chile se va a hacer cargo de los antecedentes que hemos tenido sobre la mesa y que están amenazando la democracia, no solamente en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica”, ha dicho. Montalva también ha cuestionado la negativa de la derecha para crear la comisión. “Nos preocupa que todo un sector en bloque, la derecha, o se abstuvo, o no votó, o simplemente votó en contra de esta comisión. Ahí la pregunta que cae de cajón es, ¿qué se esconde?, ¿qué no quieren que se investigue?, ¿qué no quieren transparentar frente a los chilenos?”, ha expresado.

La izquierda ha arremetido en contra del oficialismo tras los antecedentes que han surgido a partir de la detención de Cerimedo, el fundador del sitio web La Derecha Diario y exasesor del presidente de Argentina, Javier Milei, y también del mandatario de Bolivia Rodrigo Paz. La semana pasada el diputado socialista chileno, Juan Santana, pidió al Servicio Electoral (Servel) aclarar si hay nexos de alguna empresa de Cerimedo en recientes campañas en Chile. Recordó que en julio de 2025 la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, “denunció que la atacaban con bots y anunció una querella contra el Partido Republicano”, que fundó el mandatario José Antonio Kast. Y añadió que tras esos ataques fue identificada una cuenta de X llamada Neuroc, que “desapareció de X”, según el parlamentario, en los mismos días de la detención del argentino.

El vínculo de Fernando Cerimedo con Chile quedó en evidencia en 2020, durante el primer plebiscito para el cambio de la Constitución. Numen, una de las empresas del argentino, lanzó una cuestionada encuesta que señalaba que solo un 42,3% estaba a favor de la idea de reemplazar la Carta Fundamental de 1980, en circunstancias que todos los estudios de opinión pública en Chile promediaban que un 70% de los chilenos estaba por tener un nuevo texto. Tanto era así, que cuando se realizó el referéndum el 78.28 % votó de esa manera. En julio de 2023, el medio LaBot publicó un artículo en Ciper Chile titulado El argentino que desinforma en Chile y su vínculo con uno de los árbitros de la Constitución. En el reportaje se develó que la encuesta de Numen “fue utilizada por la Casa del Rechazo para intentar cambiar el ánimo electoral, pues a esas alturas el país tenía completamente asumido el triunfo del Apruebo”.

El presidente Kast ha intentado aclarar las dudas sobre su vínculo con Cerimedo, las que crecieron cuando Nadia Beller, la denunciante por el intento de femicidio, aseguró este fin de semana a radio Biobío que el exasesor de Javier Milei se jactaba de haber trabajado con el “equipo de K”, en supuesta alusión al entorno de Kast, y de haber contribuido a la llegada de un “nuevo presidente”. El mandatario chileno, sin embargo, desestimó en una entrevista con radio Cooperativa, tener vínculos con el consultor. “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, aunque sí reconoció conocerlo. “Nos hemos cruzado”, justificando que Cerimedo acompañaba a distintos líderes políticos en instancias en que él también estuvo presente.

El pasado jueves, Matthei, que fue atacada por diversas cuentas de redes sociales durante su campaña a La Moneda en 2025, con información falsa que la mostraba como si padeciera Alzheimer, denunció que, tras la detención de Cerimedo, desparecieron de las redes sociales “las dos cuentas principales de troleo de republicanos”. “A mi me parece muy raro que se hayan bajado Neuroc y Drestrump justo cuando toman a Cerimedo preso en Bolivia. Y uno dice ¿por qué se bajaron? ¿Temen que de alguna manera los vinculen, o perdieron la caja de resonancia, que era a lo mejor esa granja de bots? No sabemos aún, pero yo creo que finalmente se va a ir sabiendo todo. Pero es muy raro que se hayan bajado ahora”.