Tag: El Pais

Mario Suárez ya estaba despierto cuando la tierra bajo sus pies empezó a temblar. Esperó unos segundos, pero el movimiento no cesó. Agarró a sus hijos de la mano y, con su esposa, salieron a la calle, desde donde vieron a su casa hacerse pedazos. No fueron los únicos: en el edificio de tres pisos —ubicado en el barrio Miraflores, en Buenaventura— vivían 22 familias, casi 100 personas. Todos integran una comunidad del pueblo indígena Wounaan Nomaan, expulsada de su tierra natal hace cuatro años por la violencia del conflicto armado. Dos semanas después del terremoto que sacudió el occidente de Colombia y dejó más de 300 muertos, estas familias siguen viviendo en un albergue improvisado. Es la situación que atraviesan cientos de víctimas de desplazamiento forzoso, que ya lo perdieron todo una vez y que temen volver a trasladar su hogar en medio de la incertidumbre.

“Llegamos a Buenaventura sin nada y hoy volvemos a estar sin nada. Esto es un duro golpe económico y psicológico para toda la comunidad”, cuenta en una conversación telefónica Mario, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad. El comunero del cabildo indígena Valledupar cuenta en una conversación telefónica que, hace unos años, su comunidad vivía en paz en el Bajo San Juan, una región del Pacífico enclavada entre los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca, al norte de Buenaventura. Todo cambió hace un lustro.

“Empezaron a transitar los grupos armados. Intentamos resistir a los casos de reclutamiento de jóvenes, la desaparición, los asesinatos, pero en 2022 no pudimos más y por eso nos fuimos. Dejamos nuestras casas, la escuela y nuestros cultivos”. En la zona operan diversos grupos armados, pues es una región en disputa. La Defensoría y otras entidades han registrado la presencia del Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, que intentan controlar las rutas del narcotráfico y la salida al océano Pacífico.

Hasta el pasado 10 de agosto, la veintena de familias que fueron desplazadas forzosamente al puerto sobre el Pacífico vivía en un inmueble que funcionaba como emisora local. Trabajaban como artesanos y vivían de su arte manual. Todos sus productos quedaron bajo los escombros. “Somos víctimas por partida doble. Es una situación demasiado triste”, lamenta Mario. En los 15 días posteriores al terremoto, que dejó su casa inhabitable, el centenar de personas pasó de dormir en la calle a hacerlo en un albergue improvisado que, en todo caso, no está diseñado para durar. El vocero del cabildo explica que desde su primer desplazamiento están esperando por parte del Gobierno nacional una reubicación para reestablecerse definitivamente en un municipio del Valle, muy cerca de donde vivían antes de ser expulsados por los armados.

El caso de esta comunidad no es el único. Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, detalla que la entidad ha documentado varias situaciones similares en los departamentos del Valle del Cauca y de Chocó, que son enormes focos de violencia organizada. Entre las víctimas, además de desplazados internos, cuentan a migrantes venezolanos. “El terremoto no solo dañó la infraestructura, también perpetúa las vulnerabilidades y aumenta la brecha de los servicios, como la educación”, sostiene el experto. La gravedad del conflicto debe tenerse en cuenta por su particularidad, precisa. “Conocí el caso de una mujer que dijo que prefería que se le cayera el techo encima en vez de dormir en la calle por el temor a los grupos armados”.

La organización de cooperación internacional ha documentado varios casos de personas desplazadas que han manifestado la posibilidad de volver a mudarse por el impacto del terremoto en sus hogares. El Observatorio de Desplazamiento Interno y las autoridades locales cifran el número de desplazados internos en Colombia en 7,2 millones, con corte al año pasado. Pese a que la gran mayoría debió migrar por cuenta del conflicto armado, cada vez más son las personas que deben hacerlo por consecuencia de desastres naturales o condiciones climáticas extremas, como sequías o inundaciones. Es un fenómeno conocido como migración climática, reconocido por la ONU y que perjudica a más de 30 millones de personas en el mundo. La gran mayoría de desplazamientos ocurre dentro del país afectado.

Esta es una preocupación para Juan Carlos Palacios, presidente de la junta de acción comunal del barrio La Victoria, ubicado en Quibdó, capital del Chocó. Él mismo es un desplazado: nació en Bojayá, uno de esos municipios incrustados en la memoria colectiva de los colombianos, en este caso por la masacre que ocurrió en una iglesia y que acabó con la vida de más de 100 personas, según el conteo del Centro Nacional de Memoria Histórica. “Yo soy víctima, pero tuve suerte esta vez. Mi casa tuvo grietas menores, pero en la zona se cayeron colegios, muchas casas de vecinos quedaron destruidas”, cuenta al teléfono.

Entre los que perdieron sus casas, también desplazados forzosos. Algunos sopesan volver a irse. “Algunas personas ya se han ido a otros barrios o a donde familiares porque no tienen donde quedarse. Tienen que reubicarse porque el tema de los arrendamientos es muy difícil”, deplora Palacios. Por difícil se refiere a que los arriendos están muy altos en la ciudad, una situación que se percibe en otras ciudades, como en Cali. Aquellos que siguen en el barrio están en un refugio que no estaba preparado para la magnitud de la emergencia. “Tenemos colchonetas y almohadas, pero no cobijas. No hay baño y no tiene energía”. A la fecha están ahí unas 40 familias.

En toda la región, las víctimas de este terremoto piden lo mismo: alcaldías que sigan presentes tras los primeros días, para adelantar las tareas de reconstrucción y que tengan en cuenta los factores de vulnerabilidad adicionales que aquejan a cientos. En el caso del cabildo indígena de Buenaventura, el comunero Mario pide que les permitan reasentarse pronto y que no dividan a su comunidad. “Unos funcionarios nos quisieron llevar a albergues, pero cabían solo dos o tres familias. Tenemos que permanecer unidos porque nos arriesgamos a perder el proceso organizativo comunitario”, alega.

Por su parte, el líder comunal del barrio La Victoria exhorta a las autoridades y a la sociedad civil a seguir ayudando. “Ya culminó la fase de rescate. Siguen la atención y la reconstrucción, que pueden durar años”.

Cuando Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño, se sabía que el nuevo mandatario promovería un remezón en los cargos públicos de mayor incidencia con el Gobierno. Sin embargo, hay una notoria excepción a esa regla. El coronel Diego Fernando Gutiérrez Rojas, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es, hasta ahora, el único funcionario en una posición neurálgica para sus políticas que fue ratificado. Esa permanencia se oficializó el pasado jueves, 20 de agosto, cuando tomó juramento de su cargo ante el ministro de Justicia, Iván Cancino. Durante la campaña, De la Espriella cuestionó el funcionamiento del INPEC e incluso planteó eliminarlo como parte de una de sus grandes promesas de campaña: la creación de megacárceles, al estilo Nayib Bukele, que de materializarse pasarán por la gestión de Gutiérrez.

En medio de esta reestructuración, el Gobierno ha anunciado este martes una medida drástica e inmediata, como aislar a algunos reclusos en una especie de “buque cárcel” en altamar. Según reportó el diario El Tiempo, los ministerios de Defensa y Justicia, junto con el INPEC, ya están articulando esfuerzos para ejecutar esta estrategia, bautizada como la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad.

Así, Gutiérrez pasó de ser uno de los pocos funcionarios de larga permanencia en el gobierno de Gustavo Petro a convertirse, casi sin ruido, en figura de esa estrategia. Mientras buena parte del gabinete y la alta dirección del Ejecutivo ha sido reemplazada por personas cercanas a De la Espriella o sus aliados políticos, el coronel logró acomodarse a la nueva Administración.

De hecho, la primera decisión presidencial de De la Espriella, después de su posesión el 7 de agosto, fue la reubicación de 117 personas privadas de la libertad que el INPEC trasladó de la cárcel de Itagüí a establecimientos de máxima seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Entre ellos figuraban cabecillas de organizaciones criminales que habían participado en las mesas de paz urbana de Medellín y Buenaventura, impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, como los conocidos con los alias Carlos Pesebre y Douglas. La orden, gestada en una reunión del nuevo gabinete, fue ejecutada precisamente bajo la dirección de Gutiérrez, un coronel de la Policía Nacional.

Oriundo de Boyacá, fue promovido de teniente coronel a coronel el pasado 2 de julio. Acumula más de 20 años de trayectoria en la institución y llegó a la dirección del INPEC el 13 de septiembre de 2022, cuando Petro apenas sobrepasaba su primer mes como presidente. Su gestión, inusualmente larga en un cargo proclive a crisis por problemas en las cárceles, no ha estado exenta de controversias. Entre ellas están los escándalos debidos a fiestas clandestinas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, además de una estela de asesinatos y amenazas contra sus funcionarios, incluyendo el homicidio del director de una de las prisiones más famosas del país, la Cárcel Modelo de Bogotá.

La permanencia del coronel en el nuevo Gobierno ha sido bien recibida en algunos sectores progresistas. El último ministro de Justicia de Petro, el académico Jorge Iván Cuervo, aplaudió la determinación y destacó la trayectoria profesional del alto oficial, en un continuismo que contrasta con otros movimientos internos en el INPEC.

Este martes se conoció que el coronel Rolando Antonio Ramírez, director de Custodia y Vigilancia y considerado cercano a Gutiérrez, salió de la institución. Es el primer cambio de alto nivel tras el inicio del nuevo Gobierno. Ramírez había sido señalado por firmar, en junio de 2025, una resolución que ordenó el traslado de nueve presos de la cárcel de Itaguí a la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín, para participar en el llamado “tarimazo”, un polémico acto de la Administración Petro para defender sus negociaciones de paz. La presencia en la tarima de reclusos que pertenecían a estructuras criminales, pero que tenían un blindaje jurídico por estar en un proceso de negociación de paz con el Estado, fue objeto de fuertes cuestionamientos de parte de la oposición.

Los movimientos que ha pedido De la Espriella en el sistema carcelario han continuado. Este martes, el director Gutiérrez autorizó el traslado de 20 privados de la libertad desde la cárcel distrital de El Bosque, en Barranquilla, a otros centros penitenciarios del país. Además, ha adelantado operativos masivos. En menos de tres semanas de Gobierno, han trasladado a 400 presos de distintos centros penitenciarios. No se trata de algo inusual: el Gobierno Petro intentó atacar el crimen tras las rejas a través del operativo Dominó, cuando trasladó a 28 cabecillas. Gutiérrez encarna, por ahora, la rareza de servir de continuismo en una Administración que ha hecho del cuestionamiento a su antecesor una piedra angular de su discurso y sus decisiones.

Muchos corrieron a votar por Rodolfo Hernández. Sabían que tenía algunas tuercas mal ajustadas en la cabeza, que era más propenso a las malquerencias que al entendimiento y que su propuesta era floja, amparada en promesas efectistas de lucha contra la corrupción (latente, además, en su vida pública). Pero iban a hacer lo que fuera necesario para evitar que Gustavo Petro llegara al poder. No sirvió de nada; el resultado fue más o menos el mismo.

Con Petro, se convertía en presidente una persona cuya salud mental estuvo (y sigue estando) en discusión. Alguien que se ha vendido como heraldo del amor, pero que hizo del odio y del resentimiento su motor fuera de borda. Petro gobernó saltando entre nubes para tratar de alcanzar el reconocimiento mundial, mientras solo su saliva nos caía del cielo, porque fue un incapaz en materia de ejecución y gerencia.

La corrupción que floreció a su alrededor hace ver como principiantes a los delincuentes que fustigó cuando, a su vez, dejó de delinquir para sumarse a la civilidad y llegar al Congreso. Su administración fue un masacote con porciones generosas de idearios trasnochados, populismo mesiánico y oscuras pulsiones. Huyendo de Petro en las urnas, llegamos a Petro.

Terminó su gobierno. O, mejor, su gobierno casi acabó con el país. No podría ni siquiera decirse que tuvo las mejores intenciones. El objetivo fue, como se dice popularmente, acabar hasta con el nido de la perra. Abrió agresivos frentes con la Registraduría, el Congreso, las altas Cortes, la Procuraduría, el empresariado, los medios, la Defensoría del Pueblo, la oposición, el sector eléctrico y de hidrocarburos, el Banco de la República, la Fiscalía, la banca, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, la Constitución, las entidades de salud, las gobernaciones y alcaldías…

Como se sabe, él pelecha y da frutos en el caos y la confusión. Eso, acompañado por su propensión a favorecer amigues (con derechos de sábanas), hicieron que hasta los arrodillados medios públicos que lo abanicaban se vieran a gatas para embutirnos la idea de que era un estadista de talla mundial. ¡Gran chequera la de Hollman Morris!

Imposible perder de vista su mano blanda con el accionar de los delincuentes, que acababan con Colombia mientras él insistía en tratarlos como próceres. Porque el corazón, que pareciera nunca habérsele desmovilizado, le late con fuerza frente a antiguos guerrilleros dedicados al narcotráfico, el oro ilegal y las extorsiones. Como les pasa a los escarabajos peloteros, Petro encuentra maravillas en el estiércol.

Como presidente, pues, Petro convirtió Colombia en Aibmoloc: puso al país patas arriba. Hagamos el ejercicio de ejemplificarlo con algunos episodios inolvidables.

Gustavo Petro no fue guerrillero, sino soldado de los ejércitos de Simón Bolívar. De la misma manera en que la ayuda del empresariado a los colombianos necesitados es para él una “limosna”.

El expresidente y sus funcionarios están dando lecciones en redes de cómo enfrentar la tragedia del sismo… Olvidan cinco letras: UNGRD, que fue lo único que no se robaron en esa entidad. Las cifras que comienzan a conocerse sobre el festín del gasto, el derroche y la contratación están ahí para demostrar que, por cuatro años, experimentamos una combinación fatal: derroche, incompetencia y protección a los corruptos.

A Juliana Guerrero y a su hermana (la segunda boyante Verónica de la Colombia Humana) debe resguardárselas de los empresarios que, aprovechando su infinita candidez, pretendieron corromperlas. Como la propia Juliana ordenó: que las declaren lideresas sociales o gestoras de paz para que les doblen el esquema de protección. Las opaca hoy Gabriela Muñoz, la joven promesa de la política que se instala en la oreja de Petro durante las reuniones del Pacto Histórico.

Petro dejó la presidencia con un país en expansión: pasó de 1.103 municipios a 150 mil, según el modelo de análisis electoral petrista planteado por Carlos Oñoro, el hombre que se acostó siendo organizador de parrandas metaleras y despertó convertido en estadístico.

A pesar de las innumerables ocasiones en que se comportaba con un inquietante “acelere”, o simplemente no cumplía su agenda, Petro sostiene que durante su mandato solo se tomó una cerveza en una tienda de barrio. ¿Cosas de la cafeína?

Sin Cepedas y otras hierbas del solar progresista, Petro reclama para sí el título de “jefe de medio país”. Ya se sabe lo que piensa la gente de sus jefes.

Si Ana Lucía Pineda atiende el llamado de su esposo a participar en causas humanitarias, se trata de una mujer subyugada por el macho alfa. Verónica Alcocer, embriagada por la danza de los millones y la rumba dura en el extranjero, es un modelo a seguir.

Mancuso ejerce como gestor de paz (el Consejo de Estado descubrió que el gobierno lo dejó al garete, sin función diferente a amargarle la vida a Uribe Vélez) y faro de una ética basada… ¿en el arrepentimiento?

Isabel Zuleta saca pecho como honorable senadora y, en palabras de Federico Gutiérrez, también es “madrina política de la mafia”. Ahora corre a ofrecerle al nuevo gobierno sus servicios de mediación con la escoria, mientras la justicia que tanto le estorba la tiene en capilla.

Margarita Rosa de Francisco confiesa que ella es petrista arrepentida y que su líder la ha defraudado. Vivió cuatro años engañada. Como corresponde a semejante profesional, nos ofreció una magistral actuación justo cuando estaba a punto de caer el telón.

Da la impresión de que Iván Duque hubiera gobernado ocho años: cuatro en propiedad y, a punta de retrovisor progresista, otros cuatro cargando con las culpas de lo que Petro no pudo resolver.

Por meses, que se convirtieron en años, el sector eléctrico le rogó al gobierno que tomara medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño. El decreto con tales previsiones lo firmó Petro quince días antes de convertirse en lo que sigue siendo hoy: un renglón, sin fueros, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Los catalanes amigos de los Petro Alcocer son perseguidos políticos allá y perseguidos por el dinero aquí. Y por los recursos de los hidrocarburos. No de otra manera se explica que siempre estuviesen bien “tanqueados”.

Guillermo Alfonso Jaramillo encontró un sistema de salud frágil y le aplicó la eutanasia, de la misma manera en que, al ocaso de su perniciosa gestión, a él le aplicaron la Cruz de Boyacá.

Las elecciones se las robaron, según Petro, aprovechando los tiempos de Mundial, que permitieron a la gente votar hasta siete veces (¡siete, número bíblico sagrado que debe evitarse en un estado laico!). Fraude, sí hubo. Y duró cuatro años.

Pero no todo está perdido: un presidente mediocre, siempre y cuando decida respetar la institucionalidad y no animar insurrecciones a punta de megáfono, podría ser un pasable expresidente. Quizás.

***

Retaguardia. La nueva estrategia en redes de Gustavo Petro, con exaltaciones a su salud, energía del eros y longevidad, no son sino pistas de lo que se nos viene: su aspiración a repetir alcaldía en Bogotá. ¿Estamos listos para vivir de nuevo en Átogob?

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó este jueves que Guatemala ha recibido a 2.300 mexicanos deportados desde Estados Unidos durante este año en vuelos que comparten con retornados guatemaltecos. “No hay ninguna permanencia, no hay ningún refugio, no hay ninguna figura que se pueda considerar como una figura que constituye un Tercer País Seguro, porque pasan en tránsito”, ha aclarado Arévalo. El mandatario informó de que los mexicanos deportados fueron trasladados a su país en un plazo de 24 horas, con los costos de transporte cubiertos por México o Estados Unidos.

El reporte sobre estas deportaciones fue dado a conocer primero por CBS News, que citó a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos que explicaron que las autoridades migratorias estadounidenses han enviado a mexicanos hacia Guatemala y Honduras sobrevolando territorio mexicano, en lugar de repatriarlos directamente. Adam Isacson, analista de la organización Washington Office on Latin America (WOLA), dijo al mismo medio que la estrategia busca disuadir a los migrantes de intentar cruzar de nuevo la frontera y “enviar un mensaje” de que permanecer indocumentado en Estados Unidos tiene consecuencias.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación de México informaron en un comunicado este jueves de que realizan todas las gestiones necesarias para garantizar el retorno seguro y digno a su territorio de las personas mexicanas que fueron deportadas por Estados Unidos hacia países de Centroamérica. “El Gobierno de México ha transmitido a las autoridades estadounidenses su rechazo a esta práctica y ha reiterado que toda persona mexicana tiene derecho a ingresar a territorio nacional”, afirmas las autoridades mexicanas en un comunicado.

La Cancillería de Honduras dijo por su parte no contar con información sobre el tema, y su Centro de Atención al Migrante Retornado indicó a la agencia Reuters que no había recibido a ciudadanos mexicanos deportados. Savi Arvey, directora de políticas de la organización Human Rights First, afirmó a esa agencia de noticias de que desde mayo el Gobierno de Trump sí ha deportado “sistemáticamente” a mexicanos a Honduras y Guatemala. Human Rights First indicó que había confirmado la deportación de unos 200 mexicanos a Honduras.

Acuerdos internacionales establecen que los deportados deben ser enviados directamente a su lugar de origen, pero también pueden ser trasladados a terceros países si su país los rechaza o si las condiciones no son seguras. Sin embargo, bajo la política migratoria del presidente estadounidense se está deportando a más migrantes a terceros países. Arturo Trejo, un deportado que habló con la cadena de televisión estadounidense en español Telemundo desde su localidad natal en México, relató que formaba parte de las decenas de mexicanos trasladados a Honduras. “No nos dijeron nada, solo que subiéramos al vuelo”, dijo Trejo en declaraciones recogidas por Reuters.

En julio de 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, Guatemala firmó con ese gobierno el Acuerdo de Tercer País Seguro que significaba abrir sus fronteras para recibir repatriados principalmente hondureños y salvadoreños que buscaban asilo en territorio guatemalteco. Sin embargo, la medida fue suspendida en 2021, luego de fuertes críticas locales e internacionales.

El año pasado, Arévalo aceptó un “canje de notas” para el retorno digno y seguro de guatemaltecos y centroamericanos a través de Guatemala con la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. En esa ocasión, el mandatario explicó que ese acuerdo tenía como base la Constitución Política de la República que permite a Guatemala aceptar en el país a migrantes centroamericanos y reconocerlos como ciudadanos de origen. Y negó que se tratara de convertir al país en Tercer País Seguro.

Persecución contra migrantes

Durante su segundo mandato, Trump se ha caracterizado por reprimir fuertemente a los migrantes que viven en ese país del norte a través de operativos de detención y deportación de personas que permanecen en situación migratoria irregular.

La práctica de reenviar migrantes a países distintos al suyo se ha extendido durante la segunda Administración de Trump. Según la organización Third Country Deportation Watch, entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026 cerca de 20 mil ciudadanos de terceros países fueron trasladados desde Estados Unidos hacia México.

Guatemala también registra un aumento en la deportación de sus propios ciudadanos: el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reportó 36 mil 243 guatemaltecos deportados desde Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2026, 12 mil 147 más que en el mismo periodo de 2025.

El Gobierno mexicano se ha incautado este jueves de 120 kilos de pastillas de fentanilo —unas 4 millones de dosis— en un operativo conjunto entre agentes federales y estatales en Mexicali, capital del norteño Estado de Baja California. La operación, dada a conocer en redes sociales por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, derivó de un “intercambio de información” con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). El decomiso se realizó en un inmueble al que las autoridades mexicanas vinculan con el grupo criminal Los Rusos. Por el momento, no se ha dado a conocer si la acción también ha culminado con la detención de integrantes del crimen organizado.

El operativo no es menor. La Administración de Claudia Sheinbaum, con Harfuch como cara visible, ha redoblado su estrategia de enfrentamiento directo con los carteles de la droga con la constante presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para reducir drásticamente la entrada de fentanilo en la frontera. De hecho, el decomiso ha coincidido con la participación del secretario de Seguridad en una cumbre internacional contra las drogas en Buenos Aires, tutelada por la DEA. También ha ocurrido un día después de que la Secretaría de la Defensa (Sedena) capturase a nueve colaboradores de Heraclio Guerrero, Tío Lako, jefe regional del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco.

En su breve mensaje, Harfuch ha destacado la “cooperación internacional” entre los dos vecinos para lograr “resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”. Además de la sustancia incautada, los agentes han asegurado un arma de fuego y un vehículo, sin entrar en más detalles. En el operativo han participado la Sedena, la Marina, la Fiscalía general y la Secretaría de Seguridad federal.

Noticia en desarrollo…

Las aceras de los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, volvieron a amanecer este jueves copadas por cámaras de televisión, periodistas y curiosos. Luego de un primer intento frustrado, estos tribunales albergan el segundo juicio para dilucidar las responsabilidades en torno a la muerte de Diego Maradona, en noviembre de 2020. Ahora, un elemento vuelve a poner el proceso bajo sospecha. El abogado de una de las acusadas advirtió que parte de los análisis clínicos que fueron estudiados por la junta médica no correspondían al astro futbolístico, sino a su padre, también llamado Diego Maradona. Así, una parte central de la prueba deberá ser revisada y corre el riesgo de ser declarada nula.

Nicolás D’Albora, que representa a la imputada Nancy Forlini —coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de salud Swiss Medical—, fue quien advirtió y señaló el error. Resulta curioso, ya que fue él mismo quien remitió la información a la Justicia, pero explicó que se atuvo a reenviar los datos sin revisarlos. “Hubo un error involuntario del laboratorio de Swiss Medical y nos dimos cuenta cuando estábamos preparando el contrainterrogatorio, porque había valores que no se condecían con una internación. Ahí vimos que era el mismo nombre, pero no correspondía el número de afiliado ni de historia clínica”, explicó D’Albora, que además es representante legal de Swiss Medical.

El informe de la junta médica es parte fundamental de un gran cuerpo de pruebas que reunió la fiscalía de San Isidro para acusar a ocho personas por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre ocho y 25 años de cárcel. Son todos trabajadores de la salud que estaban encargados de cuidar al ídolo mientras permanecía bajo internación domiciliaria en su residencia ubicada en Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Se sabe que el futbolista murió de un edema de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca aguda, tres semanas después de haber sido operado de un hematoma subdural crónico, pero la pregunta a dilucidar es si la atención que recibió en su casa fue la adecuada.

En la pericia de la junta médica, firmada por 22 profesionales, 17 de ellos aseguran que hubo responsabilidad médica en la muerte de Maradona. Ahora se sabe que parte del corpus de análisis de laboratorio estudiado no correspondía a Maradona y el tribunal deberá decidir qué hacer al respecto.

En este marco, el fiscal Patricio Ferrari pidió allanar las instalaciones administrativas de Swiss Medial y dos sanatorios donde se atendió Maradona para secuestrar su historial médico real. Para el fiscal, la empresa de salud buscó “engañarlos” para “voltear el juicio”. “No van a poder”, lanzó en medio de una audiencia muy tensa, con un clima similar al de mayo de 2025, cuando se deslizó la posibilidad de que la exjueza Julieta Makintach estuviera realizando un documental del caso sin autorización, algo que terminó con la nulidad del juicio y la destitución de la magistrada.

Hace dos años, en Bogotá, líderes y movimientos progresistas del continente se reunieron para dialogar sobre paz y democracia. Allí, con el impulso del entonces presidente Petro y otros políticos de izquierdas, se fundó el Congreso Panamericano como un encuentro anual de la izquierda regional. La siguiente edición fue en México y la de este año se realizará en Uruguay desde el próximo viernes 21 de agosto. Pero en esta ocasión, en el evento habrá una llamativa silla vacía: la de Gustavo Petro, que, según fuentes de la organización del evento, no podrá asistir como consecuencia de su inclusión hace poco menos de un año en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con su esposa, su hijo mayor y su ministro del Interior. Quienes están en la lista son señalados de estar ligados al narcotráfico, sin un juicio previo que deba demostrarlo. De acuerdo con la fuente del evento, que pidió reserva, no invitarlo es una medida preventiva para no ser sancionados a su vez por pagarle al expresidente un tiquete de avión o una noche de hotel. El exmandatario se conectará de forma virtual al encuentro.

Hace apenas una semana, Petro solicitó al Senado colombiano autorización para viajar fuera del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato, y la solicitud fue autorizada por el legislativo. Una de sus paradas esperadas era el foro en Montevideo en el que tiene un papel relevante. “Él, como primer anfitrión del Congreso Panamericano y líder reconocido por su visión y solidaridad internacional, debería estar en la tercera edición en Montevideo, liderando deliberaciones con respecto a temas como paz e integración regional. Pero cruelmente las sanciones injustificadas impuestas por Estados Unidos nos ponen en una situación muy compleja”, dice una fuente del Congreso.

De acuerdo con información conocida por EL PAÍS, los abogados del evento aconsejaron pausar los trámites logísticos para la llegada del exjefe de Estado evitando así posibles sanciones al resto de la comitiva. Ese consejo se basa en disposiciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se pueden leer en el comunicado oficial sobre la inclusión de Gustavo Petro. “Instituciones financieras y otras personas corren el riesgo de verse expuestas a sanciones por realizar determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas”, dice el documento

La decisión de los organizadores tiene principalmente una motivación preventiva, pues, según alega la fuente citada anteriormente, ““la sanción es muy ambigua, pero puede usarse de forma muy amplia”, lo que dificulta que los organizadores del evento tengan claro hasta qué punto es seguro para ellos avanzar en acciones básicas de logística, tales como comprar tiquetes, reservar hoteles o permitirle una plataforma de tal nivel. “Las sanciones terminan siendo una herramienta para desarticular y desunificar a las fuerzas progresistas del continente y la exclusión impuesta por las sanciones de Estados Unidos sirve para aislarlo [a Gustavo Petro]”, sostiene uno de los invitados, quien también pidió reserva para evitar cualquier sanción.

Algunos meses antes de terminar su mandato, Petro aseguró que en una llamada con su homólogo, Donald Trump, le había solicitado excluirlo de la también conocida como Lista Clinton, y que se había abierto una posibilidad. Incluso intentó viajar a Washington la última semana de Gobierno para presionar por su salida de la lista. Pero hasta ahora esa salida no se ha materializado y, por el contrario, sin la inmunidad diplomática que le daba la presidencia, la sanción cada día le genera aún más problemas.

De acuerdo con Gimena Sánchez de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), el temor tiene asidero. “Ningún estadounidense, sea un individuo o una compañía, puede realizar compras, pagos o ventas o tener tratos comerciales con las personas en la lista. Hay niveles de restricción— uno es el bloqueo total, otro es sectorial y otro solo involucra las cuentas. Creo que él tiene el nivel de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, el más fuerte, que incluye todo lo anterior. Entonces, sí es posible que intercambiar una cena con la persona sea problemático”, explica.

EL PAÍS contactó al abogado del expresidente Petro, Dan Novalik, y dijo no tener conocimiento acerca del viaje a Montevideo, pero añadió que en abril presentó una solicitud de exclusión de la lista ante el Departamento del Tesoro, y la han complementado con más información en varias ocasiones desde ese momento. “Esperamos que, a la luz de lo que hemos facilitado, lo excluyan de la lista a él y a su familia”, sostuvo Novalik.

Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, murió este miércoles junto a su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero ocurrido en el condado de Samburu, en el norte de Kenia. La aeronave transportaba a siete personas y se estrelló cuando se dirigía hacia una reserva de fauna utilizada como destino turístico para safaris. No hubo supervivientes.

La Presidencia de Ecuador confirmó la muerte después de varias horas de incertidumbre, durante las que distintas instituciones del Estado publicaron mensajes de condolencias sin que el Ejecutivo hubiera comunicado oficialmente el fallecimiento.

El helicóptero llevaba seis pasajeros y un piloto y volaba hacia la Loisaba Conservancy, una zona de conservación situada en el norte del país. El aparato cayó en las proximidades del monte Ololokwe, en una región de difícil acceso. Las autoridades kenianas investigan todavía las causas del accidente. Las labores de rescate y recuperación se vieron complicadas por el terreno y por un incendio declarado en el lugar del siniestro.

Entre los fallecidos había cinco ciudadanos estadounidenses, según confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hollihan también tenía nacionalidad estadounidense. La Embajada de ese país en Kenia mantiene contacto con las autoridades locales y ofrece asistencia consular a los familiares de las víctimas.

La muerte de Sensi-Contugi supone un golpe para el Gobierno de Daniel Noboa. El funcionario estaba al frente del organismo encargado de producir información estratégica para el Estado en un país que atraviesa una de sus peores crisis de seguridad, marcada por la expansión del crimen organizado y la violencia. Sensi-Contugi y Hollihan, además, mantenían una relación cercana con la pareja presidencial.

La Presidencia expresó su “profundo pesar” por la muerte del director del CNI y su esposa. El Gobierno no ha informado sobre las circunstancias del viaje ni ha explicado por qué el jefe de Inteligencia se encontraba en Kenia.

Las condolencias se multiplicaron durante la jornada en las instituciones públicas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, recordó a Sensi-Contugi como un funcionario comprometido con el país y destacó la sensibilidad y el talento de Hollihan.

Entre las víctimas también se encontraba José Alberto Suárez, periodista y presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida. Tenía 55 años. La cadena estadounidense confirmó su muerte y lo describió como un “colega excepcional”, preocupado por sus equipos de trabajo y por las comunidades a las que atendían sus medios. Otra de las víctimas es Roger Duarte, un empresario de Miami de 42 años.

El vuelo había sido contratado como parte de una excursión turística. La empresa Lady Lori Kenya Ltd., vinculada al servicio, señaló que las causas del accidente todavía no están determinadas. La investigación quedó a cargo del Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia, que deberá establecer qué ocurrió antes de que el helicóptero se precipitara.

Al final de la tarde, Noboa designó mediante decreto ejecutivo a Luis Carlos Ávila Chávez como director general encargado del Centro Nacional de Inteligencia. En el decreto, el presidente recordó la trayectoria de Sensi-Contugi y destacó su “vocación de servicio público, entrega, lealtad y compromiso” durante su gestión.

Gustavo Petro ha dado en la noche de este miércoles su primer discurso tras dejar la presidencia. Lo ha hecho en una alocución televisada acompañado de su ahijado político, el senador y excandidato Iván Cepeda. Ambos, líderes de la oposición del Gobierno de Abelardo de la Espriella, han criticado la respuesta del Ejecutivo de ultraderecha a la crisis provocada por el terremoto del lunes 10 de agosto y le han propuesto sacar adelante la reforma tributaria presentada por la izquierda para recaudar los 30 billones que se estiman necesarios para reconstruir el occidente del país.

Petro ha dicho que esa suma no se obtendrá “de la limosna de los ricos”, en una crítica a las decenas de empresarios que han donado grandes sumas de dinero, que, según las cuentas del expresidente, solo alcanzan 1 billón de los 30 necesarios. “Si pagamos con endeudamiento, habrá más destrucción. Si fuera racional el Gobierno de Abelardo, tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria, que es por valor de 20 billones”, ha argumentado, para después hacer un llamado al Banco de la República a bajar las tasas de interés, una lucha que dio sin resultados durante el último tramo de su mandato.

El expresidente también ha hecho un importante énfasis en su rechazo a la presencia de rescatistas israelíes en las zonas del desastre, que ya deja más de 300 muertos y varios centenares de desaparecidos. Sin presentar pruebas, ha calificado a los brigadistas de ser una “inteligencia militar en terreno (…) sin experiencia” y ha dicho que son “los que tumban edificios con niños vivos” en referencia al actuar de las Fuerzas de Defensa de Israel en la franja de Gaza. De la Espriella ha cifrado el número de los brigadistas de este país en 82, y ha indicado que se encuentran, desde la semana pasada, desplegados en Cali.

En este mismo punto ha insistido Cepeda, que perdió por una mínima diferencia, de menos del 1%, las elecciones del pasado junio. “Estaremos vigilantes a que el Gobierno no vulnere nuestra soberanía. Una emergencia natural no puede convertirse en pretexto a la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio colombiano y que fuerzas foráneas repriman a nuestra población bajo el argumento ficticio de prestar socorro”.

El excandidato y senador también ha rendido cuentas de lo que ha hecho el Pacto Histórico, el partido de izquierda al que pertenece y que encabeza Petro, tras el terremoto. “Hemos estado en los territorios acompañando a las personas, hemos participado en las brigadas de rescatistas voluntarios, creado centros de acopio y contribuido a las ollas y restaurantes comunitarios”.

Cepeda ha recalcado que el partido, el de la bancada más numerosa en el Congreso, hará control político a los decretos con los que el Ejecutivo desarrollará una anunciada emergencia económica. La situación de crisis “no puede deteriorar en ninguna forma los derechos de las poblaciones más vulnerables que, bajo nuestro Gobierno, experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica”, ha reclamado, al tiempo que ha hecho un llamado a instaurar un sistema de prevención ante las crisis climáticas como la sequía y al fenómeno del Niño que, según todas las previsiones, llegará con fuerza al país en las próximas semanas.

Como es usual, Petro ha sido el más crítico de los dos. “La primera obligación de un Estado es la vida. Las 100 primeras horas son esenciales, la incapacidad de empalme convirtió esas horas en un desastre mayor del que había”, ha arremetido. Se refiere a la negativa del nuevo Gobierno a llevar a cabo una transición ordenada, una reacción a una altísima tensión política que Petro aumentó al denunciar con pruebas frágiles un fraude electoral en favor de De la Espriella. La falta de transición, en todo caso, dejó al descubierto una falta de coordinación con las entidades en plena emergencia desatada en el tercer día del nuevo Gobierno.

El expresidente ha puesto de ejemplo al buque Benkos Biohó, un hospital flotante creado durante su Administración para atender a las comunidades del Pacífico. “[El barco] podía dejar equipos de salud en el litoral e internarse en los ríos del Pacífico, pero duró siete días quieto en el puerto de Buenaventura”, ha reprochado. “La ministra de Salud estaba en silencio porque solo piensa en las EPS”, ha dicho. Se refiere a Ana María Vesga quien, por el contrario, ha señalado que el buque estaba desatendido porque, en su remate, la Administración de izquierda no renovó los contratos necesarios para su funcionamiento.

La alocución fue televisada en todos los canales nacionales, pues la oposición tiene el derecho a hacer la réplica a los discursos presidenciales. En este caso, se trataba de la alocución realizada el lunes por De la Espriella, en la que dio un balance de las cifras de víctimas y afectaciones y anunció las medidas económicas y alivios para las zonas más impactadas por el terremoto.

El Gobierno de José Antonio Kast ha ingresado este lunes al Senado ocho reformas constitucionales, en el marco de su agenda para combatir la delincuencia más dura. Entre las medidas figura una propuesta, que deberá ser regulada por ley en el Congreso, para retirar beneficios sociales estatales —en materia de seguridad social, educación y salud— a personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo. La iniciativa plantea, por ejemplo, restringir el acceso a estas prestaciones, salvo en casos de cirugías de urgencia o de enfermedades que representen un riesgo para la salud pública e impedir que reciban becas educativas.

Según ha explicado este lunes a CNN el ministro de Seguridad, Martín Arrau, pocas horas después de que el Ejecutivo ingresara las reformas al Senado, el Gobierno busca “desincentivar” la participación en organizaciones terroristas y grupos criminales organizados, además de enviarles “señales”. “Cuando las personas ven que sus impuestos —cada vez que compran un kilo de pan pagan un 19% de IVA— financian beneficios para personas que han hecho tanto daño a la sociedad, créame que hay una sensación de injusticia. Eso es lo que queremos corregir”, ha señalado.

Durante 13 días, desde que Kast anunció el 5 de agosto su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la propuesta del Gobierno sobre restringir prestaciones de salud levantó una serie de cuestionamientos. En una primera versión las reformas fueron sociabilizadas por el Gobierno a través de dos borradores, que llegaron a manos de parlamentarios del oficialismo y que fueron filtradas a la prensa, lo que permitió al Ejecutivo tomar la temperatura a sus proposiciones.

Pero la idea inicial recibió críticas transversales, y fue puesta en duda incluso dentro del propio Gabinete. La ministra de Salud, May Chomali, al enterarse del borrador, que señalaba que los condenados quedarían sin derecho de acceso a prestaciones sociales financiadas por el Estado mientras estén en prisión y durante 15 años después de salir en libertad, dijo que la medida “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes”. “La ley nos obliga y nos manda a nosotros atender a todas las personas, independiente de su condición (…) frente a situaciones que son de riesgo vital”, dijo la médica a CNN.

Este lunes, en las horas previas de enviar al Senado la propuesta final, Kast contradijo el borrador que había sido divulgado, y una entrevista a Radio Duna aseguró que se van a “respetar los derechos de salud de cada persona” y que a “nadie le va a faltar la salud de emergencia”. El mandatario agregó que los condenados por delitos graves recibirán “techo, comida” y “los medicamentos que correspondan” dentro de un régimen de aislamiento, que también ha sido propuesto.

Kast también fue consultado respecto de si las restricciones alcanzarían también a violadores, homicidas o pedófilos, y estableció diferencias: “Los del crimen organizado son personas que, con la sola pertenencia a una organización criminal, ya se les sindica como que están cometiendo un delito”, mientras que en el caso del homicidio “serán los tribunales los que le apliquen una sanción”.

Entre los ocho cambios a la Carta Fundamental que propone el Ejecutivo, en el marco de su llamada ACOT, también hay un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que da amplias a atribuciones a los mandatarios chilenos. Se invocará, según el documento final que ha ingresado al Senado, “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”. La moción señala que lo declarará “el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por igual período, es decir, hasta 240 días. Y que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.

También pretende hacer otro cambio, y modificar la Constitución para incorporar de manera expresa a la seguridad pública como uno de los deberes del Estado. No solo para la oposición, sino que, para diversos abogados constitucionalistas y académicos, de distintas tendencias política, es innecesario y más bien un gesto simbólico de la Administración de derechas. Esto, porque la Constitución chilena ya establece en su artículo primero que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia” y propender a “su fortalecimiento”.

En su estrategia, desde que lanzó la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, el Gobierno de Kast ha instalado ante la opinión pública que “la mano ha cambiado” respecto de la delincuencia. El despliegue comunicacional, junto al envío al Congreso de proyectos de ley y de las ocho reformas, ha ido acompañado de la exhibición de Kast y Arrau en operativos policiales nocturnos.

La puesta en escena ha incluido el traslado de presos de alta peligrosidad a una cárcel de máxima seguridad en Talca, en la zona centro de sur de Chile, el pasado viernes, en una operación que el Gobierno llamó Plan Cancerbero y que transmitido por Youtube. Los reos fueron mostrados al público con uniformes, las manos hacia adelante y la cabeza agachada, en un estilo muy similar al que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, divulga en el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad que Kast visitó el 30 de enero, cuando ya había sido electo, pero todavía no asumía en La Moneda: lo hizo el 11 de marzo.