Cuando Abelardo de la Espriella llegó a la Casa de Nariño, se sabía que el nuevo mandatario promovería un remezón en los cargos públicos de mayor incidencia con el Gobierno. Sin embargo, hay una notoria excepción a esa regla. El coronel Diego Fernando Gutiérrez Rojas, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es, hasta ahora, el único funcionario en una posición neurálgica para sus políticas que fue ratificado. Esa permanencia se oficializó el pasado jueves, 20 de agosto, cuando tomó juramento de su cargo ante el ministro de Justicia, Iván Cancino. Durante la campaña, De la Espriella cuestionó el funcionamiento del INPEC e incluso planteó eliminarlo como parte de una de sus grandes promesas de campaña: la creación de megacárceles, al estilo Nayib Bukele, que de materializarse pasarán por la gestión de Gutiérrez.
En medio de esta reestructuración, el Gobierno ha anunciado este martes una medida drástica e inmediata, como aislar a algunos reclusos en una especie de “buque cárcel” en altamar. Según reportó el diario El Tiempo, los ministerios de Defensa y Justicia, junto con el INPEC, ya están articulando esfuerzos para ejecutar esta estrategia, bautizada como la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad.
Así, Gutiérrez pasó de ser uno de los pocos funcionarios de larga permanencia en el gobierno de Gustavo Petro a convertirse, casi sin ruido, en figura de esa estrategia. Mientras buena parte del gabinete y la alta dirección del Ejecutivo ha sido reemplazada por personas cercanas a De la Espriella o sus aliados políticos, el coronel logró acomodarse a la nueva Administración.
De hecho, la primera decisión presidencial de De la Espriella, después de su posesión el 7 de agosto, fue la reubicación de 117 personas privadas de la libertad que el INPEC trasladó de la cárcel de Itagüí a establecimientos de máxima seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Entre ellos figuraban cabecillas de organizaciones criminales que habían participado en las mesas de paz urbana de Medellín y Buenaventura, impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, como los conocidos con los alias Carlos Pesebre y Douglas. La orden, gestada en una reunión del nuevo gabinete, fue ejecutada precisamente bajo la dirección de Gutiérrez, un coronel de la Policía Nacional.
Oriundo de Boyacá, fue promovido de teniente coronel a coronel el pasado 2 de julio. Acumula más de 20 años de trayectoria en la institución y llegó a la dirección del INPEC el 13 de septiembre de 2022, cuando Petro apenas sobrepasaba su primer mes como presidente. Su gestión, inusualmente larga en un cargo proclive a crisis por problemas en las cárceles, no ha estado exenta de controversias. Entre ellas están los escándalos debidos a fiestas clandestinas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, además de una estela de asesinatos y amenazas contra sus funcionarios, incluyendo el homicidio del director de una de las prisiones más famosas del país, la Cárcel Modelo de Bogotá.
La permanencia del coronel en el nuevo Gobierno ha sido bien recibida en algunos sectores progresistas. El último ministro de Justicia de Petro, el académico Jorge Iván Cuervo, aplaudió la determinación y destacó la trayectoria profesional del alto oficial, en un continuismo que contrasta con otros movimientos internos en el INPEC.
Este martes se conoció que el coronel Rolando Antonio Ramírez, director de Custodia y Vigilancia y considerado cercano a Gutiérrez, salió de la institución. Es el primer cambio de alto nivel tras el inicio del nuevo Gobierno. Ramírez había sido señalado por firmar, en junio de 2025, una resolución que ordenó el traslado de nueve presos de la cárcel de Itaguí a la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín, para participar en el llamado “tarimazo”, un polémico acto de la Administración Petro para defender sus negociaciones de paz. La presencia en la tarima de reclusos que pertenecían a estructuras criminales, pero que tenían un blindaje jurídico por estar en un proceso de negociación de paz con el Estado, fue objeto de fuertes cuestionamientos de parte de la oposición.
Los movimientos que ha pedido De la Espriella en el sistema carcelario han continuado. Este martes, el director Gutiérrez autorizó el traslado de 20 privados de la libertad desde la cárcel distrital de El Bosque, en Barranquilla, a otros centros penitenciarios del país. Además, ha adelantado operativos masivos. En menos de tres semanas de Gobierno, han trasladado a 400 presos de distintos centros penitenciarios. No se trata de algo inusual: el Gobierno Petro intentó atacar el crimen tras las rejas a través del operativo Dominó, cuando trasladó a 28 cabecillas. Gutiérrez encarna, por ahora, la rareza de servir de continuismo en una Administración que ha hecho del cuestionamiento a su antecesor una piedra angular de su discurso y sus decisiones.
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