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Seis meses después del asesinato de Gustavo Aponte y de su escolta, el 11 de febrero de este año, la Fiscalía ha empezado a ordenar las piezas del rompecabezas. La muerte del empresario había dejado múltiples dudas, pues su familia no lograba entender cómo un ciudadano trabajador, padre ejemplar y propietario de una reconocida compañía de arroz se había convertido en blanco de los criminales. Su hipótesis de que solo podía tratarse de un error fue confirmada este 27 de agosto, cuando la Fiscalía señaló que el objetivo de los sicarios era otra persona, el empresario del oro Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. Ese mismo día, las autoridades legalizaron la captura de uno de los presuntos responsables, Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, capturado el 26 de agosto en Villavicencio. Este miércoles se dio a conocer una segunda captura: Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam, fue detenido en el Aeropuerto El Dorado, cuando intentaba salir del país con un pasaporte falso.

Llanos y Contreras son señalados por la Fiscalía de ser parte de la banda de sicarios a la que se le pagó por asesinar a Oliver Peñaranda. Luego de que Tony revelara el error, el empresario ha contado que desde 2020 puso en conocimiento de las autoridades que era objeto de amenazas. Según explicó a través de un comunicado, empezó a ser víctima de intimidaciones tras desarrollar un proyecto de formalización de mineros ilegales en el sur del departamento de Bolívar, en el Caribe colombiano, un proceso que perjudicaba a los grupos armados que se habían lucrado por años de la extracción de metales; las intimidaciones, dice, provenían de la extinta guerrilla de las FARC y del ELN.

“Está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendían asesinar al señor Oliver Peñaranda”, confirmó Mario Iguarán, exfiscal general y abogado de las víctimas del ataque, en el que también murió Luis Gabriel Gutiérrez, escolta de Aponte. La banda hacía un seguimiento de Peñaranda, pero el sicario confundió a la víctima. Al parecer, Aponte y Peñaranda compartían características físicas; ese 11 de febrero llevaban una vestimenta similar y habían ido a entrenar al mismo gimnasio, en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, pese a que Aponte no acostumbraba acudir a esa hora.

Llanos Paternina fue enviado a la cárcel, imputado de los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte y tenencia de armas de fuego. Según la policía judicial, habría participado en el seguimiento, vigilancia y coordinación logística previa al ataque, que se informaba a través de un grupo de WhatsApp llamado “Gladiadores”, del que hacían parte siete personas. Mediante esa plataforma de mensajería, los implicados intercambiaban información sobre las rutinas y esquemas de seguridad de Peñaranda. La fiscal del caso, Elsa Reyes, sostiene que Tony también habría conducido la motocicleta de placas XCC-62G en la que se transportó y luego se facilitó la huida del sicario, conocido con el alias de Moncayo, y quien no ha sido detenido.

Por su parte, alias Bambam, capturado cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Lima, es señalado de ser el segundo cabecilla de la organización y el creador del grupo de WhatsApp. La Fiscalía ha confirmado que un tercer hombre vinculado al crimen fue asesinado el 30 de mayo en el municipio de Tibirita, a unos 100 kilómetros de Bogotá. Con los testimonios de los dos capturados, la Fiscalía busca seguir avanzando para esclarecer quién dio la orden de asesinar a Peñaranda, y qué hechos llevaron a que Gustavo Aponte y su escolta resultaran siendo las víctimas fatales.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que una ovación de pie era todavía una excepción. Se reservaba para esas raras ocasiones en que lo ocurrido sobre el escenario parecía exigir una forma distinta de agradecimiento; cuando el aplauso, por sí solo, se volvía insuficiente. Hoy, en cambio, las ovaciones se prodigan con tal facilidad que casi han perdido su significado. Tal vez por eso convenga prestar atención cuando aparece una que se justifica plenamente.

El 24 de agosto, en el Teatro Municipal de Las Condes, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile —conocida afectuosamente como la FOJI— celebró sus 25 años junto a la Fundación Beethoven. Su Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Paolo Bortolameolli y acompañada por el violonchelista estadounidense Zuill Bailey, ofreció una función brillante en la que fue difícil conciliar la edad de quienes estaban sobre el escenario con la madurez de lo que se escuchaba desde las butacas. Al final llegó una larga ovación que nada tuvo de cortesía inmerecida.

Detrás de esos músicos hay una historia aún más extraordinaria que la del concierto. En 1964, Jorge Peña Hen formó en La Serena la primera orquesta sinfónica infantil de Chile y Latinoamérica, trabajando con niños de escuelas vulnerables. Tras su temprana y trágica muerte, aquella experiencia quedó truncada. Para nuestra fortuna, el visionario Fernando Rosas recogió ese legado en 1992 y, nueve años más tarde, junto a la primera dama Luisa Durán, dio origen a la FOJI. La idea era sencilla pero radical: que talento y vocación, antes que los recursos familiares, determinaran quién podía acceder a un instrumento, recibir formación y encontrar un lugar en una orquesta.

Un cuarto de siglo después, la FOJI mantiene 19 orquestas a lo largo del país y apoya cada año a más de 1.200 niños y jóvenes. Su principal conjunto ha trabajado con músicos como Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Juan Pablo Izquierdo o Maximiano Valdés. Pero sería un error buscar en esos nombres la medida de su éxito. Su logro más importante ocurrió lejos de los grandes escenarios, al convertir una idea generosa en una oportunidad concreta para miles de niños y jóvenes. En ello, conviene precisar, el azar se ha confrontado a través de una política pública bien diseñada, combinando becas, acompañamiento psicosocial, formación de profesores, fondos para crear y fortalecer orquestas comunales, adquisición y reparación de instrumentos, además de encuentros y giras.

Hay, además, algo excepcionalmente poco chileno en toda esta trayectoria: su continuidad. La FOJI sobrevivió a sus fundadores, a cambios de gobierno y coaliciones ideológicamente muy diversas, cada una de ellas obnubilada por modas, prioridades y entusiasmos pasajeros. En un Estado demasiado habituado a confundir políticas públicas con programas de gobierno y a inaugurar instituciones como si cada administración comenzara la historia desde cero, la FOJI ha conseguido en estos 25 años algo excepcionalmente meritorio: dejar de ser la obra de un gobierno para convertirse en una obra del Estado.

Precisamente por eso resultó tan desconcertante la señal enviada hace algunos meses desde el ministerio de Hacienda. Mientras decía preparar el Presupuesto de 2027, sus equipos incluyeron los programas de orquestas propias y comunales de FOJI entre aquellos que recomendaba descosí,ntinuar. Luego de la esperable crítica, vino la exégesis. Se dijo que era apenas una orientación preliminar, que ninguna decisión estaba tomada y que ‘descontinuar’, al parecer, no significaba necesariamente descontinuar. Que el gasto público deba revisarse es evidente; ninguna institución, tampoco FOJI, puede reclamar inmunidad frente a ese examen. Lo difícil de explicar es otra cosa: que una política que tardó 25 años en levantar una red nacional apareciera, siquiera por un momento, entre aquello de lo que el Estado podía prescindir. Para una institución que celebra sus bodas de plata, cuesta imaginar un regalo más fiel a esa antigua tradición nacional conocida como el pago de Chile.

Pero el episodio importa por algo que trasciende el destino presupuestario de la propia fundación. Una ovación auténtica exige primero una obra capaz de merecerla. Y esas obras rara vez se improvisan. Necesitan tiempo, perseverancia, aprendizaje y algo que la política contemporánea parece llevar especialmente mal: pensar en décadas, sabiendo plantar árboles bajo cuya sombra seguramente se sentarán otros.

La FOJI es precisamente eso. Es una política cultural exitosa bajo cualquier métrica, pero que necesitó décadas para mostrar de lo que era capaz. La pregunta incómoda, entonces, no es solo por qué alguien pensó en descontinuarla. Es cuál será la próxima. ¿Qué política educacional o cultural se está construyendo hoy que pueda aspirar, dentro de 25 años, a una ovación semejante? ¿Cuál dejó encaminada el gobierno anterior? ¿Y el que lo precedió? La dificultad para encontrar respuestas parece demostrar que, desde hace demasiado tiempo, la política reparte aplausos con mucha mayor facilidad que legados.

Tal vez allí esté el verdadero problema. En cultura, como en tantas otras materias, la política se ha vuelto demasiado hábil para anunciar, inaugurar y rebautizar, pero mucho menos para perseverar. FOJI demuestra que las políticas que perduran suelen exigir justamente lo contrario: encontrar una buena idea, resistir la tentación de apropiársela, protegerla de los cambios de gobierno y darle el tiempo necesario para madurar.

La ovación del lunes 24 de agosto fue, por eso, algo más que el reconocimiento a una gran interpretación. Fue también el aplauso a una manera de hacer política pública que se ha vuelto demasiado inusual. Conviene no confundir las cosas. Las ovaciones pierden su valor cuando se regalan. Lo mismo ocurre con las buenas políticas cuando se descuidan.

Eran las 10:30 de la mañana de un domingo reciente y, en Lima, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) había sobrepasado su capacidad de aforo. Los guardias, un tanto nerviosos, trataban de contener a la multitud de adultos mayores, adultos, pero sobre todo jóvenes que se habían reunido para recorrer las salas del lugar bajo la guía del sociólogo e historiador Guillermo Nugent, una actividad convocada por la diputada del Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza. Si alguien hacía un poco de bulla, otros emitían unos firmes “shhh” “shhh”. La gente quería escuchar.

No es que el LUM —el lugar dedicado a la conmemoración y aprendizaje sobre el periodo de la violencia entre 1980 y el año 2000 en Perú— sea un páramo sin visitantes, pero esa mañana era distinta. Días antes, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, había propuesto, a través de una carta firmada por un par de decenas de excongresistas, exministros y otras personalidades, que la dirección del LUM pasase a su cartera. En resumen, porque hoy su “sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, respondió escuetamente que esta era “la opinión del ministro” de Justicia y que el “museo” al que hacía referencia pertenecía al sector de la cultura. Días más tardes declaró que, si bien no hay intenciones de cerrarlo, había que hacer cambios en él, pues era “un punto de desencuentro, desunión y de permanente enfrentamiento entre los peruanos”.

La profusa visita al LUM y las discordias en torno a este espacio se enmarcan, además, en un asunto mayor que ha sido nombrado, discutido y temido desde incluso antes que la presidenta Keiko Fujimori asumiera el cargo: la posibilidad de la reescritura de la historia.

¿De qué se habla cuando se habla de la reescritura de la historia en el Perú de hoy?

Para el politólogo José Alejandro Godoy, autor de un par de libros sobre el clan Fujimori, tiene que ver con dos periodos que se intersecan. Uno es, ciertamente, el periodo del conflicto armado interno de 1980 al año 2000 y las acciones de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El otro es la década del régimen de Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y de violación de los derechos humanos.

La lectura sobre estos acontecimientos que defiende cierto sector de derecha y conservador, señaló Godoy, no es aquella amplia y compleja que propone la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en su informe final (para el cual, entre otras tantas acciones, se visitaron 129 provincias y 509 distritos del Perú, muchas de ellas, las más vulneradas y vulnerables). Una lectura en la que se reconoce y condena los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por los grupos terroristas, pero también los perpetrados por los agentes del Estado. Para dicho sector, el Estado dirigido por Alberto Fujimori venció el terrorismo y, por lo tanto, hizo ante todo el bien. Criticar sus acciones o compararlas con las de los terroristas es, prácticamente, vejatorio e indecoroso.

Esta versión parcial, por supuesto, también es defendida por los partidarios de Alberto Fujimori y los miembros del partido Fuerza Popular, cuya lideresa, Keiko Fujimori, ahora gobierna el país. Y aunque ella desde hace un tiempo no se pronuncia al respecto, su silencio más bien parece ser una suerte de equidistancia propicia que no la indispone, sobre todo ahora que casi la mitad del país no la apoya.

Guillermo Nugent, que al final de su visita guiada por el LUM estuvo conversando con varios jóvenes por largo rato, explicó que la “idea de reescribir la historia siempre ha sido un instrumento de poder”. En Perú, no es una maniobra desconocida ni mucho menos. Uno de sus ejemplos más antiguos, dijo Nugent, podría ser cuando el virrey Francisco de Toledo le encargó a Pedro Sarmiento de Gamboa escribir la historia de los incas como la de unos tiranos sanguinarios, para justificar y legitimar la conquista española.

Por otro lado, la administración de la memoria también es ansiada por las clases dominantes, señaló Nugent. Pero la memoria, al ser un recuento o reconstrucción de los hechos, resulta plástica y más pasible de modificación.

En cualquiera de los casos, eventos tan intrincados necesitan de reflexión y esta, según el sociólogo e historiador, nunca es plana. Puede ser incluso contradictoria. “Si hay reflexiones, hay una cosa heterogénea”, dijo. Habrá distintos puntos de vista y estos son “saludables para nuestra cultura pública”, para acostumbrarnos a la diversidad.

En eso coincide Godoy. Los eventos traumáticos de una sociedad siempre traen tensiones relacionadas con cómo los recordarnos. Hay distintos tipos de memoria, dijo Godoy, porque, para empezar, hay distintos lugares de enunciación de las víctimas. “Puedes tener una memoria desde distintas regiones, desde distintos tipos de víctima y de distintos tipos de perpetrador”, dijo.

Precisamente por eso es importante recordar que, en cuanto al conflicto armado interno, la CVR no solo recogió los testimonios de las víctimas, sino que también escuchó la versión de distintos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Hay que “recordar que estos no han sido procesos aislados; han sido procesos participativos donde han estado involucrados las Fuerzas Armadas y las víctimas”, dijo Vanessa Cuentas, coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú. “No han sido espacios donde no se haya dado la oportunidad de escuchar otras voces”.

Por supuesto, la propensión a controlar el relato del pasado violento no es una novedad en la región. Movimientos similares se están viendo en Chile y Argentina con José Antonio Kast y Javier Milei, respectivamente. Y si bien es cierto que el reacomodo del pasado no solo lo ejerce la derecha, en América Latina, los gobiernos derechistas, que a estas alturas ya son mayoría, sí están especialmente interesados en hacerlo.

En Perú no solo está la reinterpretación de la época de la violencia política y del régimen de Alberto Fujimori. También existe la negación del pasado más reciente a través de la indiferencia y/o la defensa de los más de 50 asesinatos cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas durante las protestas de los gobiernos de Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí.

Rossana Alayza, desde que comenzó como diputada, se ha reunido con las víctimas del conflicto armado interno, así como las víctimas de las más recientes protestas. En sus testimonios dijo haber reconocido cómo aún persiste el sentimiento perenne del vivir en la impunidad y el agotamiento ante la espera por la justicia.

Ahora bien, la reciente visita guiada al LUM que ella impulsó no era precisamente una respuesta al desencuentro de los ministerios, según dijo. La convocatoria, señaló, fue pensada desde antes. Pero su éxito quizá sí tuvo que ver con la coyuntura actual, que despierta en un sector de la población cierto ímpetu de protección de lo que se entiende como memoria.

Para Alayza, el éxito de iniciativa demuestra “la necesidad que tienen los ciudadanos por estos espacios”, que lejos de ser lugares de desunión o conflicto, como afirmó Beingolea, pueden llegar a ser unificadores.

El Banco Central de Chile ha entregado este martes el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio de 2026, que ha mostrado una caída de 1,5% en comparación al mismo mes del año pasado. Esta es la baja más pronunciada de la economía chilena desde marzo de 2023. Con este resultado el Imacec ha acumulado seis de los siete meses medidos del año en curso con derrumbes, y ha dejado atrás la excepcional alza que se ha mostrado en junio. Los sistemas frontales que han afectado a prácticamente todo el territorio chileno, y que han llegado con intensas lluvias que han perjudicado el funcionamiento normal de varias actividades, han incidido directamente en el débil desempeño de varias áreas.

El organismo emisor ha detallado que esta caída en la actividad económica se explica, principalmente, por un debilitamiento de la minería y, en menor medida, por los servicios y la industria. En la serie desestacionalizada -sin considerar las variaciones propias del calendario- el Imacec ha disminuido un 1,7% respecto del mes precedente y 2,1% en 12 meses.

La producción de bienes ha caído un 3,2% en términos anuales, un resultado que ha sido determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre, el que se ha visto afectado por menores leyes del mineral, mantenciones y las condiciones climáticas adversas. El factor del tiempo también ha explicado la caída de la industria, que ha presentado una menor elaboración de combustibles y productos químicos. La producción de otros bienes ha sido beneficiada con los temporales, ya que han crecido un 3,4% debido a un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, incidido por una mayor disponibilidad de agua. En términos desestacionalizados, la producción de bienes ha registrado una disminución de 3,4% respecto del mes precedente, explicada por la minería.

El comercio ha registrado un crecimiento de 0,7% en términos anuales. Este aumento se ha explicado por el comercio minorista, lo que ha sido compensado por menores ventas mayoristas. En el primero se han destacado las mayores ventas realizadas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. En tanto, la caída del comercio mayorista ha sido incidida principalmente por las menores ventas de materiales de construcción. Por su parte, el comercio automotor ha crecido marginalmente debido a un aumento en los servicios de mantención y a una caída en las ventas de automóviles.

En los servicios, la caída ha sido del 0,7% en términos anuales. Este resultado se ha explicado por el desempeño de los servicios personales, empresariales, de transporte y restaurantes y hoteles. Los primeros se han visto afectados por menores servicios de educación debido a suspensiones de clases por las malas condiciones climáticas.

Chile enfrenta un complicado panorama económico, que ha estado marcado por un prolongado estancamiento económico y una profunda crisis laboral que mantiene el desempleo al borde del 10% desde hace varios meses. A ello se agrega el pesimismo generalizado de la ciudadanía sobre su panorama financiero, que se ha agudizado desde marzo pasado cuando el Gobierno decidió traspasar por completo el alza del precio de los combustibles provocada por el conflicto en Irán.

La Administración de Kast ha intentado revertir el mal momento. Su gran apuesta ha sido la megarreforma económica y tributaria, la que ha logrado aprobar en tiempo récord y que, de acuerdo a las autoridades del Ejecutivo, permitirá atraer inversiones al país por la disminución impositiva y de regulaciones. También se han puesto las fichas en el denominado Modo Empleo, una iniciativa del ministerio de Economía que busca dinamizar el alicaído mercado laboral con medidas que incentiven la contratación de mujeres, personas mayores y jóvenes, los grupos que han sido más afectados con la cesantía.

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, que dirigió el país de 2017 a 2021, fue declarado culpable por un tribunal de Quito por el delito de cohecho, dentro de una trama de corrupción relacionada con la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país. La sentencia se leyó este viernes 28 de agosto, cuando el tribunal ha detallado los elementos que sustentan su decisión. Tras declararlo culpable, los jueces han pedido un receso y aún está por anunciarse en qué consistirá la condena. La Fiscalía le pedía seis años y seis meses de prisión.

La causa gira en torno a una red que, según la acusación de la Fiscalía y lo expuesto durante el juicio, operó entre 2009 y 2018 y utilizó empresas y 20 personas procesadas para canalizar pagos vinculados al contrato de construcción de la hidroeléctrica. El tribunal ha señalado durante la lectura de la sentencia que en la trama se movieron alrededor de 76 millones de dólares en sobornos. Esa cantidad equivale, según la Fiscalía, al 4% del valor del contrato suscrito con Sinohydro, la empresa china que se adjudicó la construcción de la obra.

Según el Tribunal, Moreno utilizó su posición cuando era vicepresidente del país (2007-2013) para favorecer la red vinculada a Conto Patiño, empresario, lobista y amigo cercano del exmandatario. La sentencia reconstruye también el recorrido de los pagos: Sinohydro habría transferido el dinero a empresas vinculadas a Patiño, algunas constituidas en Panamá, desde donde se distribuyó mediante transferencias, cheques y otros mecanismos. Parte de esos recursos terminó, según el fallo, en manos de personas del entorno familiar de Moreno y de funcionarios que habrían intervenido en gestiones relacionadas con el contrato y el financiamiento de Coca Codo Sinclair.

Tras casi siete horas de lectura, el Tribunal comenzó a dar a conocer la sentencia individual de cada uno de los 20 procesados y declaró culpable al exgerente de Coca Codo Sinclair Luciano Cepeda Vasco como autor directo de cohecho pasivo. Según los magistrados, Cepeda recibió 175.000 dólares de Comercial Recorsa, una empresa vinculada a Conto Patiño, mediante un cheque y transferencias desde Panamá. Los pagos, señala la sentencia, no tuvieron un respaldo comercial o tributario legítimo y estuvieron relacionados con las funciones que ejerció en la adjudicación y ejecución del contrato con Sinohydro.

Una vez que conoció la sentencia, Moreno rechazó la decisión y dijo que para comprobar el delito de cohecho, es necesario que esté procesado un funcionario de alto rango en el Gobierno que haya estado a cargo del contrato con Sinohydro, “porque si no el cohecho se cae”, añadió. “No hay caso, no he recibido un solo centavo”, dijo en los exteriores del Palacio de Justicia y señaló al entonces ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas. “El mismo Jorge Glas dijo que él desempolvó el proyecto y que llevó adelante todo el proyecto y que en el 2010 fue a obtener el financiamiento”, señaló Moreno. “Me pregunto dónde participé yo, en qué parte intervine yo… ¿Por ser amigos de la familia Patiño tenía yo que haber intervenido directamente en el tema?”, añadió.

Durante el juicio, que duró 31 días, declaró como testigo de la Fiscalía el exvicepresidente Jorge Glas, que entonces era ministro coordinador de los Sectores Estratégicos y actualmente cumple una condena en la cárcel de máxima seguridad. Glas relató que Moreno lo llamaba para preguntarle por el avance del proyecto y por su financiación, pese a que, según su testimonio, esos asuntos no estaban entre sus competencias.

“Yo recibía llamadas de Lenin Moreno preguntándome detalles de cómo avanzaba el proyecto, el financiamiento, cosa que me llamaba la atención porque no estaba dentro de sus competencias”, declaró Glas.

Según su relato, cuando Glas ya era vicepresidente, recibió otra llamada de Moreno desde Suiza. El entonces mandatario le pidió que recibiera a Xavier Macías Carmigniani, uno de los procesados en la causa. Macías, según Glas, le comunicó que, por decisión de Moreno, a partir de ese momento todos los asuntos relacionados con Sinohydro debían tratarse con él.

Los hechos investigados se remontan a 2009, cuando Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. En aquel momento, la construcción de Coca Codo Sinclair estaba en manos del Gobierno de Correa y Sinohydro se encontraba en el centro del proceso para ejecutar el proyecto.

Coca Codo Sinclair es el proyecto hidroeléctrico más importante construido en Ecuador y una de las obras emblemas de la década de Gobierno de Rafael Correa. La obra comenzó a construirse en 2010 y fue inaugurada en 2016. Desde entonces ha sufrido problemas que han limitado su funcionamiento. Entre ellos están las fallas en los distribuidores de las turbinas y la erosión regresiva del río Coca, que amenaza con destruir las instalaciones.

Moreno fue vicepresidente de Correa durante dos periodos, entre 2007 y 2013, y llegó a la Presidencia en 2017 como candidato de Alianza PAIS, el movimiento político creado por su antecesor. Su llegada al poder estuvo marcada inicialmente por la continuidad del proyecto político de Correa. Pero, pocos meses después de asumir el cargo, ambos rompieron políticamente.

Moreno se distanció del expresidente, desmontó buena parte de su legado político y respaldó investigaciones judiciales contra antiguos funcionarios del correísmo. Esa ruptura convirtió a quien había sido uno de los hombres de confianza de Correa en uno de sus principales adversarios políticos, a quien lo consideran un traidor.

Los resultados del Examen de Control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que cerca de 58.000 aspirantes fueron convocados a repetir de manera presencial tras las irregularidades detectadas en la prueba de admisión en línea, se publicarán este último fin de semana de agosto.

El calendario deja poco margen para los aspirantes, pues la UNAM tiene previsto que el 31 de agosto comiencen las clases para los estudiantes de nuevo ingreso, tanto para quienes obtuvieron un lugar mediante pase reglamentado como para quienes participaron en el concurso de selección.

¿Cuándo publican los resultados del Examen de Control UNAM 2026?

La UNAM informó que los resultados serán publicados el último fin de semana de agosto, es decir, entre el sábado 29 y el domingo 30 de agosto. El rector Leonardo Lomelí Vanegas explicó que las personas seleccionadas podrán completar su proceso de inscripción en su facultad o escuela asignada el lunes 31 de agosto, la fecha prevista para el inicio de clases.

Esto ocurre poco después de que dos personas fueran detenidas por el fraude en el examen de ingreso de la UNAM. Se trata de dos hombres que, según las investigaciones de las autoridades, habrían cobrado a los estudiantes para responder por ellos las preguntas de la evaluación.

¿Cómo consultar los resultados del examen?

La consulta deberá hacerse mediante los canales oficiales de la universidad. El proceso de ingreso a licenciatura se gestiona a través de TU SITIO, la plataforma en la que las personas aspirantes realizaron buena parte de los trámites del concurso.

Para consultar el resultado hay que ingresar con el correo electrónico y la contraseña previamente establecida. De acuerdo con las autoridades universitarias, los estudiantes podrán consultar su resultado en el examen, en qué facultad y carrera fueron asignados así como el proceso de inscripción a seguir. El rector estimó que seis de cada 10 estudiantes que presentaron el examen de control obtendrán un lugar en la llamada máxima casa de estudios.

¿Quiénes tuvieron que presentar el Examen de Control?

La prueba extraordinaria fue convocada después de que la UNAM detectara irregularidades en el examen de admisión en línea, realizado entre mayo y junio. A finales de julio, la Universidad informó que había identificado resultados que consideró atípicos y creó una Comisión Técnica de Personas Expertas para revisar el proceso de ingreso a licenciatura. El grupo recomendó aplicar un examen presencial que permitiera verificar los resultados obtenidos originalmente. La UNAM adoptó la medida y estableció que la asignación de lugares para las personas convocadas estaría determinada por el resultado de esta nueva prueba.

El Examen de Control se aplicó entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro ciudades: León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México. En León tuvo lugar los días 12 y 13; en Oaxaca, el 13; en Tijuana, el 15 y 16; y en Ciudad de México, el 17, 18 y 19 de agosto. La prueba constó de 120 reactivos y se realizó en tabletas sin conexión a internet, bajo supervisión presencial. La UNAM aseguró que en todas las sedes se implementaron mecanismos para garantizar el resguardo y la custodia de los exámenes, así como de los resultados.

Las calles de la capital volverán a ser el escenario del Maratón de Ciudad de México en la edición número 43 de la competencia, que se realizará el 30 de agosto. El evento deportivo reunirá a 30.000 corredores nacionales y del resto el mundo, quienes recorrerán los 42,195 kilómetros de una ruta certificada y homologada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS, por sus siglas en inglés) y World Athletics.

Fecha y horario

El Maratón de Ciudad de México se realizará el 30 de agosto. Los corredores tendrán un horario de salida escalonado: el primer bloque corresponde a los participantes en silla de ruedas y débiles visuales, que está programado para las 5.45, seguido por el bloque Elite Femenil a las 5.50 y el Elite Varonil a las 6.00. A partir de entonces, los corredores se distribuirán en tres bloques: A, desde las 6.00; B, desde las 6.15; y C, desde las 6.30.

Salida

El punto de salida será en Ciudad Universitaria, entre la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico de la UNAM.

Ruta

El recorrido inicia en la avenida Insurgentes Sur y continúa hasta la Glorieta de Insurgentes. Desde ahí, los corredores atravesarán las colonias Roma y Condesa, para después pasar por un tramo del Bosque de Chapultepec y Polanco. En los últimos kilómetros, la ruta atraviesa algunos de los puntos más emblemáticos de la capital hasta llegar a la meta, ubicada en el Zócalo.

Premios

• Primer lugar: 50.000 dólares y un reloj Garmin
• Segundo lugar: 20.000 dólares y un reloj Garmin
• Tercer lugar: 10.000 dólares y un reloj Garmin

Calles cerradas

Debido a que la ruta atraviesa distintas avenidas importantes, algunas vialidades permanecerán cerradas al tránsito vehicular en diferentes puntos de la ciudad durante la competencia. Las calles cerradas son:

• Avenida Insurgentes Sur (Estadio Olímpico – Glorieta de Insurgentes)
• Avenida Oaxaca
• Avenida Nuevo León
• Avenida Sonora
• Avenida Chapultepec
• Calle Florencia
• Paseo de la Reforma (en ambos sentidos)
• Calle Julio Verne
• Presidente Masaryk
• Moliére
• Avenida Ejército Nacional
• Calle Thiers
• Calle Darwin
• Calle Rubén Darío
• Avenida Juárez
• Calle Simón Bolívar
• Calle República del Salvador
• Calle 20 de Noviembre
• Plaza y Avenida de la República

Entre las principales alternativas para evitar las zonas afectadas se encuentran las avenidas División del Norte, Tlalpan, Eje 3 Oriente, Periférico, Aztecas, Río Churubusco, Viaducto Miguel Alemán, Legaria, Marina Nacional y Circuito Interior.

Transporte público

Las líneas 1,2, 3 y 9 del metro de Ciudad de México estarán abiertas a partir de las 5.00 horas para que los corredores se puedan trasladar de manera gratuita al punto de salida al mostrar el número de corredor. En tanto, el servicio de Metrobús sufrirá algunas afectaciones en las líneas 1, 2, 3, 4 y 7.

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La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) amplía oficialmente sus límites. Por primera vez, incorpora un municipio de Morelos. La nueva delimitación también suma siete municipios de Hidalgo, con lo que la región pasa de 76 a 84 demarcaciones territoriales, incluyendo las 16 alcaldías de Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.

La modificación fue acordada el 3 de agosto de 2026 y entra en vigor este 26 de agosto. En ese entonces, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que veía la decisión como una oportunidad para construir “una gobernanza democrática en el Valle de México” y crear instituciones metropolitanas que trasciendan a los gobiernos en turno.

¿Cuáles son los municipios que se integran?

El cambio se concentra en Hidalgo y Morelos. Los siete municipios de Hidalgo que se incorporan son:

• Atitalaquia
• Atotonilco de Tula
• Tepeji del Río de Ocampo
• Tlaxcoapan
• Tolcayuca
• Tula de Allende
• Villa de Tezontepec

Con ellos, Hidalgo queda representado por ocho municipios en la ZMVM, al mantener también a Tizayuca, que ya formaba parte de la delimitación.

El otro municipio que se incorpora es Huitzilac, en Morelos. Es la primera vez que Morelos forma parte formalmente de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Por qué se amplió la Zona Metropolitana del Valle de México?

La inclusión responde, de acuerdo con la declaratoria, a la creciente interdependencia territorial, económica, social, ambiental y de movilidad entre las entidades que forman la metrópoli. El Gobierno federal y las cuatro entidades justificaron la nueva delimitación a partir de la evolución de los asentamientos humanos y de los vínculos que existen entre los territorios.

De acuerdo con el análisis de la declaratoria, se tomaron en cuenta factores como el crecimiento urbano, la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos, la movilidad, los aspectos sociodemográficos y económicos, así como las condiciones ambientales e hidrológicas. El estudio también identificó a la ZMVM como una región con potencial para recibir una parte importante del crecimiento urbano futuro.

¿Qué implica para los municipios que se incorporan?

El principal efecto es la incorporación de estos territorios a una lógica de planeación metropolitana conjunta. La Zona Metropolitana del Valle de México no es un nuevo Gobierno ni supone que los municipios pierdan su autonomía administrativa. Se trata de una unidad territorial para coordinar políticas, proyectos y acciones entre distintos órdenes de gobierno.

Esto significa que los municipios incorporados pasan a formar parte de los instrumentos de planeación de la ZMVM y de las discusiones sobre asuntos que tienen efectos regionales, como movilidad, transporte, vivienda, infraestructura, agua, medio ambiente y gestión del territorio.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado que Somos México, partido de reciente creación, debe cambiar su nombre, emblema y elementos gráficos antes del 31 de agosto, por considerar que el verbo somos en combinación con la palabra México “genera un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional colectiva”. El golpe del Tribunal al partido surgido del movimiento marea rosa será respondido mañana jueves, cuando sus dirigentes hagan pública su nueva denominación e identidad.

La controversia inició en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde los consejeros aprobaron en junio el registro del nuevo partido, pero le ordenaron cambiar su nombre (“Somos México”), su emblema (“Somos Mx”) y su color rosa mexicano, que identificó a la ciudadanía que entre 2022 y 2024 se manifestó en contra de las reformas electorales con las que el Gobierno buscaba modificar el funcionamiento del INE. La resolución fue impugnada por Somos ante el Tribunal Electoral, argumentando que los consejeros introdujeron restricciones no previstas en la ley: neutralidad semántica y apropiación simbólica de la nación.

“La interpretación del INE es arbitraria y restrictiva, ya que su motivación se basa en inferencias especulativas y no en elementos objetivos, además de que aplicó un estándar más estricto que a otros partidos con denominación y emblemas similares, lo cual se aparta de criterios previos y precedentes jurisdiccionales que permiten el uso del vocablo México cuando existen elementos diferenciadores suficientes”, argumentó la nueva organización, que obtuvo su registro en junio.

El Tribunal ha desechado este miércoles esos argumentos y confirmado la decisión del INE, por lo que Somos tiene hasta el lunes 31 de agosto para acatar la sentencia. Dirigentes de Somos han informado que acatarán bajo protesta y mañana mismo harán entrega a la autoridad electoral de su nuevo nombre, emblema e identidad gráfica.

El magistrado presidente del Tribunal, Gilberto Bátiz García, defendió su proyecto de sentencia, argumentando que la ley exige que el significado integral de la denominación de un partido permita “caracterizar e individualizar suficientemente a la organización como una opción particular dentro de la pluralidad democrática”. El magistrado Reyes Rodríguez se ha pronunciado en contra de la resolución, pues parte de argumentos falaces, incluye criterios no previstos en las leyes, restringe libertades y no maximiza los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, el resto de magistrados respaldaron a Bátiz y la sentencia se aprobó por mayoría, con la ausencia de la magistrada Mónica Soto, quien hace dos semanas anunció su separación del cargo.

Después de la decisión, Somos ha emitido un pronunciamiento en el que lamenta que las autoridades lectorales los despojen de la identidad que, durante dos años, hizo confluir a cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que construyeron el partido a través de asambleas y más de 200.000 afiliaciones en todo el país. “Para Somos México, sustituir una justificación insuficiente por otra interpretación igualmente discutible no aporta certeza jurídica; cambia los argumentos, pero conserva el castigo. Se nos exige modificar nuestra identidad prácticamente en vísperas del inicio del proceso electoral. El atropello no es únicamente jurídico, lo es también político y democrático”, argumenta la organización.

El Banco Central de Chile ha presentado este miércoles las nuevas monedas de 10 pesos (0,011 dólar) y 50 pesos (0,054 dólar), las de menor denominación en el país sudamericano. La entidad emisora ha dicho que estas piezas, que entrarán en circulación entre octubre de 2026 y enero de 2027, mantienen algunos elementos de diseño de los actuales metálicos, aunque tienen algunos cambios sutiles en el tamaño y en su peso, ya que son más livianas. Las renovadas monedas se fabrican con una tecnología que disminuye el costo de producción sin alterar su valor en el mercado.

Cecilia Feliú, la gerenta tesorera del Banco Central, ha explicado que tanto las monedas que circulan hoy como las nuevas estarán disponibles al mismo tiempo y pueden ser usadas por los ciudadanos para cualquier compra, por lo que no será necesario cambiarlas. “Se sumarán al circulante existente y se incorporarán gradualmente junto con las monedas que hoy conocemos. Las monedas actuales seguirán siendo completamente válidas y podrán seguir utilizándose con total normalidad. No es necesario canjearlas”, ha dicho Feliú.

Cómo son las nuevas monedas de 10 pesos y 50 pesos

Las nuevas piezas mantienen el mismo diseño de las actuales (ambas tienen en el adverso el perfil del prócer de la patria, Bernardo O’Higgins, y su respectivo número en el reverso), pero tienen leves cambios físicos. La moneda de 50 pesos mantiene el mismo diseño y diámetro de la actual, pero es levemente más liviana: pasa de 7 a 6,5 gramos. Por su parte, la moneda de 10 pesos pesa 3,46 gramos y conserva su diseño, pero reduce su diámetro de 21 a 18,7 milímetros. Además, tiene un canto liso, lo que ayudará a distinguirla de otras denominaciones.

Cuándo se lanzan las monedas

La denominación de 50 pesos entrará en circulación en octubre de este año, mientras que la de 10 pesos lo hará en enero de 2027, con el fin de facilitar una transición ordenada. El Banco Central ha dicho avanzará en un proceso de coordinación con bancos, comercios, empresas de transporte de valores y otros actores vinculados al manejo de efectivo.

Qué pasará con las actuales monedas

Las monedas de 10 pesos y 50 pesos que en la actualidad circulan entre los chilenos seguirán siendo válidas, incluso después de la entrada en circulación de los nuevos metálicos. Las autoridades han enfatizado que no es necesario cambiar o canjear las piezas que hoy están disponibles por las que se lanzarán próximamente.

De qué están hechas las nuevas piezas

El Banco Central ha explicado que estas nuevas monedas se acuñan mediante una tecnología de amplio uso internacional que permite reducir sus costos de producción. Este proceso utiliza electricidad para recubrir un núcleo de acero con capas de metales y disminuye el uso de aleaciones no ferrosas, como cobre o níquel, cuyos precios suelen ser más altos y volátiles. Esta tecnología se utiliza desde hace décadas en países como Reino Unido, Canadá, México, Brasil y Colombia, entre otros. Debido a su núcleo de acero, las monedas pueden ser atraídas por un imán, característica propia del material utilizado en su fabricación.

Cuáles son las otras monedas y billetes disponibles en Chile

Las monedas de 10 pesos y 50 pesos son las de menor denominación en el país desde noviembre de 2017, cuando se sacaron de circulación las monedas de 1 peso y 5 pesos. Los otros metálicos acuñados en el país sudamericano son los de 100 pesos (0,11 dólar) y 500 pesos (0,54 dólar). En cuanto a los billetes, el de valor mínimo es el de 1.000 pesos (1,9 dólar). El efectivo se completa con los billetes de 2.000 pesos (2,17 dólares), 5.000 pesos (5,44 dólares), 10.000 pesos (10,87 dólares) y el de 20.000 pesos (21,74 dólares), que es la máxima denominación.