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El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró este martes estado de excepción por catástrofe en la provincia de Tocopilla, 1.530 kilómetros al norte de la capital, tras registrarse en la zona aluviones y grandes deslizamientos de tierra que obligaron a las autoridades, en el marco del temporal, a decretar la Alerta Roja y evacuar varios sectores de la localidad.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, publicó en X el mandatario chileno.

La intensidad de las precipitaciones, que en pocas horas alcanzaron cerca de 30 milímetros de agua caída en un área que promedia cinco al año, provocó la activación de quebradas y remociones en masa que desataron la emergencia.

“Estamos viviendo en el país condiciones anormales del fenómeno de El Niño intenso, por tanto las capacidades del Estado han estado en la prevención; sin embargo, los niveles de lluvia hacen imposible que no hayan afectaciones”, afirmó en una rueda de prensa el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Diversos registros audiovisuales publicados por vecinos dan cuenta de la fuerza del fenómeno que aún se encuentra en desarrollo, con imágenes de vehículos, escombros y desechos siendo arrastrados por un río de agua y barro con dirección al mar a gran velocidad.

El temporal en la zona norte dejó ayer una persona fallecida y a la fecha se consignan por lo menos 2.000 damnificados en la región de Antofagasta.

La alcaldesa de Tocopilla: “Ha superado todas nuestras expectativas”

La alcaldesa del municipio de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, entregó un balance sobre la situación que vive su comuna, la más afectada con el sistema frontal en el norte del país. La autoridad local ha admitido que no esperaba que el fenómeno climático se presentara con esta intensidad y provocara tanta destrucción. “Es terrible. Ha superado todas nuestras expectativas. Es una tragedia. Esperábamos que no ocurriera lo mismo teniendo una parte del cordón de quebradas con medidas de mitigación”, dijo Kurtovic a Tele13. La jefa comunal también informó de la presunta desaparición de tres personas, un antecedente que no ha sido ratificado por el Gobierno.

Kurtovic llamó al Ejecutivo a acelerar las labores de mitigación para que la situación en la zona no empeore. “Pido a la autoridad de nivel central que puedan terminar lo que faltó de mitigación en el cordón de quebradas. Tocopilla es un cordón de quebradas. La geografía no está hablando desde hace mucho tiempo, desde que se creó la comuna y hasta ahora estamos sufriendo esto”, expresó.

Chile atraviesa un sistema frontal, que inició el 14 de julio y ha ido fluctuando en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones del país, entre el norte y el sur, y que ya había dejado 15 fallecidos. Hasta ahora la zona más afectada había sido Coquimbo, en el norte chico, que fue azotada con lluvias históricas que provocaron inundaciones, destrucción de viviendas, cortes de los servicios básicos e interrupción de los caminos. El temporal también dejó su estela de destrucción en las sureñas regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde incluso se generaron tornados por los fuertes vientos.

El exmandatario Gabriel Boric (2022-2026) dijo que espera una oposición “franca, respetuosa, abierta, clara y firme” a una de las reformas constitucionales sobre seguridad pública que el Gobierno de José Antonio Kast envió este lunes al Senado. Se refirió a la iniciativa que crea un nuevo estado de excepción constitucional para casos de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, sobre la que afirmó: “Busca instaurar un estado de sitio por 240 días, con atribución exclusiva del presidente de la República y una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”.

“Quienes estamos en política tenemos que estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el Gobierno para políticas de Estado, lo que no significa ceder en convicciones que son claras”, dijo Boric, en un video que divulgó The Clinic, durante la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), cuyo autor en su exministro de Hacienda, Mario Marcel.

El Gobierno de Kast impulsa una serie de proyectos de ley que bautizó como Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y en ese contexto envió al Senado un paquete de ocho cambios a la Ley de Leyes. Entre ellos está la propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional, que da amplias atribuciones al Presidente de la República para que lo declare “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”.

Esas amplias atribuciones, según señala el texto que se envió al Parlamento, implican que el estado de excepción constitucional lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por segunda por igual período sin consultar al Congreso, lo que puede implicar su alargue por 240 días. Pero que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.

Este nuevo estado de excepción, además, establece que el presidente de la República “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. En la propuesta se señala que un oficial general quedará al mando de la zona, pero no detalla si será de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.

Según explicó este lunes el ministro de Seguridad de Kast Martín Arrau en el programa Tolerancia Cero, de CNN, la medida está pensada para “intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas” para ciertas zonas “donde operan grupos terroristas o el crimen organizado que son de difícil penetración”. Añadió que la Administración considera que se necesitan “facultades extraordinarias para restringir la movilidad, poner toques de queda y saber qué comunicaciones, o cuando uno hace este anuncio, bajar las comunicaciones de ese tipo de grupos. Estamos pensando en polígonos bastante más acotados, dependiendo de lo que sea, y de otros más amplios”.

Una de las piezas clave del huachicol fiscal de la Marina regresa a México para enfrentar la justicia. El contralmirante Fernando Farías Laguna será trasladado a su país para sentarse ante un juez por participar en la red de contrabando de combustible integrada por marinos, empresarios y funcionarios, la mayor red de corrupción del sexenio de Claudia Sheinbaum. “Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí, que va a haber un traslado. No sé si hoy, el día de mañana o pasado”, ha dicho la mandataria este lunes en rueda de prensa. El marino llevaba prófugo de las autoridades desde el pasado octubre, cuando no acudió a su citación para declarar ante el juzgado y huyó a Argentina, donde fue detenido antes de activar los esfuerzos del Gobierno mexicano para solicitar su extradición. Finalmente, el contralmirante será expulsado por el Gobierno argentino en las próximas horas, según han confirmado fuentes oficiales.

El contraalmirante está acusado de liderar la red de huachicol fiscal desde la Secretaría de la Marina de México y enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, con la posibilidad de cumplir una pena de 20 a 40 años de prisión. La trama de contrabando la componían él junto con otros 12 cómplices, entre ellos su hermano Manuel Roberto, bajo la presunta protección del tío de los hermanos, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. La investigación apunta a que la red conseguía introducir barcos con combustible burlando a la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), valiéndose de su grado, cargo, relaciones y vínculos dentro de la Secretaría de Marina, gestionaron los ascensos y promociones, esto en beneficio de sus propios intereses.

El equipo de abogados de Farias Laguna en México y su defensa en Argentina había asegurado a EL PAÍS que no existían planes para la salida del contraalmirante del país. “De ninguna manera, pueden decidir sobre su salida del país sin que conste en la causa de extradición. Y en ese sentido, me confirmaron que el proceso extraditorio sigue en pie, sin novedades”, aseguraron a EL PAÍS. El Gobierno de México había exigido su deportación alegando que había entrado a Argentina de forma ilegal, y amenazó con llevar el proceso por la vía de extradición si no se lograba. La estrategia de la defensa era que el contraalmirante solicitara asilo en Argentina, pero al conocerse su detención, la ministra argentina de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, desmintió esta posibilidad. “Está detenido y va a ser extraditado. La Argentina no es refugio de criminales”, dijo la titular. Finalmente, las autoridades han optado por la vía del proceso de expulsión.

El contralmirante llevaba en el país sudamericano para escapar de la justicia mexicana desde agosto de 2024, cuando voló de México a Florida, Estados Unidos. Finalmente, las autoridades emitieron una ficha roja de la Interpol con su nombre y consiguieron su captura en Buenos Aires, donde llegó desde Colombia con pasaporte falso de Guatemala. Su equipo de defensa había insistido a través de amparos en que fueran juzgados por la justicia militar, ya que ambos hermanos seguían recibiendo sus salarios de la Secretaría de la Marina.

El vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna fue detenido hace casi un año junto a una decena de funcionarios después de que las autoridades hallaran un buque que llegó al puerto de Tampico (Tamaulipas) con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando en junio de 2025, el hilo del que tiraron los investigadores para destapar una red de corrupción colosal. Desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde aguarda su juicio, el vicealmirante ha enviado varias misivas a la presidenta, Claudia Sheinbaum, para defender su inocencia y pelear por un proceso justo. Este martes, desde Palacio Nacional, la mandataria ha recordado los avances en la lucha contra el huachicol fiscal, acorralada por las acusaciones de que Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también esté involucrado en estas redes criminales de contrabando. “Prácticamente se terminó [el huachicol fiscal]. Gracias a las intervenciones que hemos estado haciendo en aduanas y las detenciones que se hicieron”, ha sentenciado. La expulsión de Farias Laguna de Argentina coincide con la visita del secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, a Buenos Aires para la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA, a la que ha asistido para exponer la estrategia en el combate del crimen organizado de México.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sigue en su empeño de lograr que Estados Unidos retire de manera temporal los aranceles que cobra a las importaciones de Colombia. Este martes, el jefe del Estado ha ordenado a su ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, que viaje a Washington para ponerse al frente de esa tarea. Ha asegurado, además, haber hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y ha añadido que el Gobierno de ese país, con el que se ha alineado, tiene “toda la disposición” de estudiar la posibilidad. “Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, ha escrito el ultra sobre su llamada telefónica con Rubio.

En la publicación de De la Espriella, difundida en sus redes sociales, además de informar de la orden que dio a Gómez Amín, dijo haber agradecido a Rubio por la ayuda que ha enviado Estados Unidos para atender la emergencia desencadenada en el occidente del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto. “También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos”, ha añadido quien ahora encabeza uno de los gobiernos latinoamericanos más alineados con las políticas de Donald Trump.

El sábado anterior, De la Espriella informó también que había hablado directamente, en una llamada telefónica de 10 minutos, con Trump, a quien le hizo la misma solicitud de levantar los aranceles, aunque fuera de manera temporal. “Nuestros empresarios están enfrentando momentos muy difíciles”, afirmó De la Espriella, quien dijo que el norteamericano se mostró “supremamente cálido” en la conversación. Ya entonces, el colombiano agradeció la ayuda para atender la emergencia por el sismo, de más de 26 millones de dólares, así como los equipos de rescate, que, junto con los que enviaron Israel, Ecuador y El Salvador, han sido los únicos que ha aceptado Colombia.

Las imposiciones arancelarias han sido una de las herramientas de presión más agresivas que ha puesto en marcha la Administración de Trump contra todo el mundo. Colombia, uno de los grandes aliados históricos del país en Sudamérica, no se salvó de ello. El país, al igual que al menos otros 50 países, enfrentó un arancel universal del 10%, que el pasado 26 de julio aumentó hasta el 12,5% para la mayoría de productos, aunque algunas de las mayores exportaciones, como el café y el carbón, están exentas. Una eventual suspensión de los aranceles sería un gesto muy favorable hacia el Gobierno que encabeza De la Espriella, quien en sus 11 días en el poder ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de acercarse al Ejecutivo de Estados Unidos —país del que, además, es ciudadano—.

En menos de dos semanas de Gobierno, De la Espriella se ha dedicado a descongelar las relaciones con Estados Unidos, que pasaron por un periodo áspero durante la Administración de Gustavo Petro. Así, el abogado anunció el ingreso del país en el Escudo de las Américas, la estrategia contra el crimen impulsada en todo el continente por Estados Unidos, y se ha alineado con la potencia norteamericana al ofrecer un respaldo irrestricto al Gobierno de Israel —por ejemplo, al reconocer la soberanía del Estado judío sobre los Altos del Golán, pese a la postura contraria de las Naciones Unidas que Colombia había mantenido—. Todas esas complacencias pueden jugar a favor de De la Espriella para lograr el alivio tributario en un momento de crisis tras el terremoto que dejó devastada a buena parte del país.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago ha decretado este martes la prisión preventiva para cuatro imputados del llamado caso Sartor, uno de los mayores escándalos financieros del último tiempo que habría causado perjuicios por 180 millones de dólares a múltiples inversionistas. La jueza Paulina Moya ha decretado la medida cautelar para el empresario Michael Clark Varela, que hasta abril de 2026 se desempeñaba como presidente del directorio de Azul Azul, la sociedad anónima deportiva a cargo de la concesión del club de fútbol Universidad de Chile. También se ha dispuesto la prisión para Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor; Carlos Larraín Mery, exdirector de la Administradora General de Fondos (AGF); y Sergio Yáñez, excontrolador del factoring Emprender Capital.

En su resolución, la jueza Moya ha dicho que la libertad de Clark, de los hermanos Larraín, y de Yáñez implicaba un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Rodrigo Bustamante, exsocio de Sartor, y Juan Carlos Jorquera, exejecutivo del holding, también imputados por el caso, han quedado con arresto domiciliario parcial y arraigo. El juzgado ha decretado 120 días para el desarrollo de la investigación. Los acusados que quedaron en prisión pueden apelar y pedir un cambio en la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones.

El tribunal ha dado por acreditado seis de los siete delitos por los que la Fiscalía imputa a los involucrados. Entre estos están el lavado de activos, administración desleal, estafa y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA), entre otros. La decisión se ha tomado tras casi dos semanas de audiencias de formalización —la etapa del sistema procesal chileno en donde los acusados conocen los delitos que se les imputan—, en las que todas las partes han entregado sus argumentos.

El Grupo Sartor es una entidad que, en su origen, se dedicaba a prestar servicios de asesoría financiera y comercial, como también la gestión de inversiones y finanzas. La investigación del Ministerio Público, que surgió a partir de una fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha señalado la existencia de fondos que se prestaban a sociedades de propiedad de los mismos socios y ejecutivos del grupo financiero. Este movimiento habría afectado directamente a las personas que invirtieron en estos instrumentos, quienes alegan la pérdida de gran parte de su patrimonio.

La investigación también tiene una arista vinculada al deporte, ya que el Grupo Sartor entró durante el año 2021 a la propiedad de Azul Azul. Lo hizo a través de Tactical Sport, un fondo de inversión que compró las acciones vendidas por el empresario Carlos Heller por 15,5 millones de dólares. El titular de Tactical Sport era Michael Clark, que durante ese año ingresó al directorio de la Universidad de Chile como representante del máximo controlador de la sociedad anónima, con el 63% de la participación. En diciembre de 2024, una sociedad llamada Inversiones Antumalal, de propiedad de Clark, acordó pagar 5.719.482 de dólares por el 90% de las cuotas de Tactical Sport a Sartor, con lo que el empresario consiguió un control mayor de la concesionaria deportiva. Ese último movimiento ha sido indagado por la Fiscalía, ya que se presume que estaría conectado con las operaciones realizadas por los otros ejecutivos de Sartor para usar los fondos.

En abril de 2026, a pocas semanas de la formalización, Clark renunció a la presidencia de la Universidad de Chile y la dejó en manos de Cecilia Pérez, la exportavoz del Gobierno de Sebastián Piñera. Después el empresario pidió anular y retrotraer la compra que realizó a través de Inversiones Antumalal. En una de las jornadas de audiencia, el ejecutivo aseguró que no estaba directamente vinculado a Sartor y que tenía un grado de participación menor en la cuestionada gestora de fondos. “Para nadie es agradable estar acá. Siempre he dicho que creo que estoy involucrado un poco de rebote”, dijo ante la prensa en las puertas del Centro de Justicia de Santiago.

La investigación sobre Sartor y Michael Clark ha complicado a Universidad de Chile, uno de los equipos de fútbol más populares del país. La opacidad sobre el origen de la inversión de la administradora y del ejecutivo ha abierto las dudas sobre quién es el verdadero propietario de Azul Azul. Durante los últimos años han surgido nombres como los de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, dueños de Huachipato, y de Patricio Kiblisky, expropietario de Ñublense, a quienes se los asocia por algunas transferencias de jugadores con la U que han desatado los cuestionamientos en el ambiente deportivo. La posible asociación del club universitario con accionistas de otros equipos es compleja, ya que la ley de sociedades anónimas deportivas prohíbe la multipropiedad de los equipos.

El club recibe el nombre de la Universidad de Chile, institución que ha mirado con atención el desarrollo de la investigación contra Michael Clark. La prorrectora Dorotea López Giral ha endurecido el tono en contra de Azul Azul y ha dicho que la casa de estudios evaluará todas las acciones disponibles, entre ellas quitar el nombre de la institución a la sociedad anónima deportiva. “Resulta inaceptable para la Universidad que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias, sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores”, ha declarado.

La primera crisis en el nuevo gabinete del presidente Abelardo de la Espriella llegó solo una semana después de arrancar a gobernar, y arranca con el ministro de Vivienda en el centro, el pastor cristiano Jaime Andrés Beltrán. En la noche del domingo, varios medios locales publicaron fotos de el funcionario descansando frente a la playa en una residencia de lujo en la ciudad de Santa Marta. Un descanso frente al mar Caribe a solo una semana desde que hubo un terremoto de magnitud 7,4 en el occidente del país, y cuando miles de familias duermen en refugios carpas o en la calle tras perder sus viviendas. Las fotos del ministro frente a la playa generaron una ola de indignación de ciudadanos y de congresistas en todo el espectro político, y la Cámara de Representantes ya pidió agendar una moción de censura contra el ministro.

Beltrán respondió hacia el medio día del lunes. “No estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo”, dijo el funcionario en un mensaje compartido en redes sociales. “No podemos olvidar que detrás del ministro, hay un padre, hay un esposo, hay un hijo. De nada vale construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, la familia. Mi reto es construirle casa a los colombianos pero sin destruir el hogar”.

“Si en este momento la prioridad de Jaime Andrés Beltrán es irse de vacaciones a la playa, destitúyalo Abelardo de la Espriella”, dijo desde la izquierda la senadora Jennifer Pedraza. “No es momento para miembros del gabinete desconectados y que prefieran andar de paseo. Orden, responsabilidad y seriedad necesita el país”, dijo desde la derecha el representante Daniel Briceño, sin mencionar el nombre de Beltrán.

De acuerdo al último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD), el mismo domingo en el que se conocieron las fotos del ministro frente a la playa, en Colombia se reportaron 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados. La mayoría de estos en los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Más del 90% de las viviendas del país carece de polizas que les protejan contra terremoto, por lo que las víctimas esperan la ayuda del Estado, y especialmente del ministro de Vivienda. Beltrán no se ha pronunciado aún sobre las fotos de él en la playa.

Jaime Beltrán es un político de Bucaramanga que fue muy cercano al presidente Abelardo de la Espriella durante la campaña a la presidencia, y por ello fue uno de los primeros que el mandatario consideró para su gabinete. El mismo Beltrán criticó duramente a un exalcalde de su ciudad por salir de vacaciones, en enero del 2021, durante la pandemia. “El compromiso que se adquiere con una ciudad cuando se es elegido y más en medio de una pandemia, nunca puede irse de vacaciones”, le dijo al entonces alcalde. “Usted tuvo el respaldo de mucha gente que creyó en su proyecto, no les dé la espalda, no sea indiferente”, añadió. Ahora es el mismo Beltrán que es juzgado por su indiferencia.

“Es una lástima que el desatino y la falta de criterio de un ministro empañe la gran gestión que ha hecho el gobierno para atender la crisis del terremoto”, critica también desde la derecha el senador Andrés Forero.

El gobierno de Abelardo de la Espriella, que está comprometido con descentralizar el poder del Ejecutivo, ha hecho un gran esfuerzo por viajar durante toda la semana a las zonas más afectadas del terremoto, y no aparecer como un grupo de burocratas dando órdenes desde Bogotá. El propio presidente, que lleva solo una semana en el cargo, se ha desplazado varias veces al departamento del Chocó, epicentro del terremoto. Movilizó también a varios de sus ministros, incluído Beltrán, a las ciudades más afectadas, como Pereira y Cali. El tener ahora uno de sus ministros, y uno que es clave para la reconstrucción, en una foto descansando frente a la playa, es la imagen completamente opuesta a la que quería dar el nuevo presidente.

“El Ministro de Vivienda paseador Jaime Andrés Beltrán debe renunciar o el Congreso de la República debe aplicarle la moción de censura”, exigió desde la izquierda el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El presidente De la Espriella tampoco se ha pronunciado sobre la actitud de su funcionario.

Un avión privado procedente de Palm Beach aterrizó en Caracas el pasado 27 de junio. De él bajó un multimillonario venezolano investigado por desfalcar miles de millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA. Viajaba con su esposa, Andreina, y un segundo hombre, además de la tripulación, según ha confirmado EL PAÍS en los registros de vuelo de aquellos días. La llegada pretendía ser discreta, pero trascendió. Y escandalizó. El protagonista de esta historia es demasiado conocido en Venezuela para pasar inadvertido. Fue el primero de al menos dos viajes envueltos en un halo de misterio.

Alejandro Betancourt es famoso en su país por ser uno de esos jóvenes aburguesados que supieron hacerse millonarios con el chavismo. Hijo de un músico y una diseñadora de joyas, sorteó los señalamientos judiciales en su país, aunque está siendo investigado en España y Suiza por blanqueo y fraude fiscal.

El contratista pródigo volvía a ocupar titulares porque retornaba tres días después de los dos brutales terremotos en los que ya han muerto más de 6.000 personas y que pusieron en jaque la recuperación del país. Hasta ese momento y desde hacía casi ocho meses, para ver a Betancourt había que visitarlo en alguna de sus dos mansiones inglesas porque no podía salir del Reino Unido. No cargaba una tobillera electrónica, pero era hasta hace muy poco un rico enjaulado que se paseaba por sus mansiones en Chelsea y en Oxfordshire, a las que se desplazaba en helicóptero como un aristócrata.

A pesar de las investigaciones sobre él, Betancourt se ha convertido en uno de los empresarios con mayor control sobre la producción petrolera privada de Venezuela. Ahora es él el que viene y va en aviones privados, acompañado de su familia, socios, inversores y hombres y mujeres de negocios de la banca y la minería.

Betancourt hizo mucho dinero en Venezuela, hasta que a partir del año 2010 su rastro empieza a difuminarse y reaparece en España, donde se casa y adquiere carísimas propiedades y empresas. Allí, tras desembolsar millones de euros, se puso detrás de la marca de gafas Hawkers —un fenómeno de ventas online— y construyó un imperio de inversiones que van del petróleo venezolano a conocidas start-ups españolas.

Ahora, seis meses después de la caída de Nicolás Maduro, el empresario volvía a Venezuela a asesorar a la presidenta, Delcy Rodríguez, en la reactivación del negocio petrolero: el mismo sector en el que infló su fortuna y por el que hoy responde a las dos investigaciones que tiene abiertas en Suiza y España. Nadie ha confirmado oficialmente cuál es su rol ni si lo tiene, pero varias fuentes cercanas al poder de Caracas aseguran que su asesoría se extiende al sector minero y a la reestructuración de deuda que está llevando a cabo el país.

¿Pero por qué Delcy Rodríguez, que se ha vendido como la depuradora de los desmanes del madurismo, confiaría en él para esta misión?

Mauricio Claver-Carone, hasta hace pocos días emisario informal para Venezuela del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio algunas claves.

Claver-Carone, que ha ejercido durante meses un poder desmesurado en las sombras, reconoció a la agencia Reuters que él y otros funcionarios estadounidenses habían usado a Betancourt como intermediario. El venezolano entendía el negocio petrolero en ambos países y podía tender puentes entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Rodríguez, dijo.

Las palabras del que fue enviado especial de EE UU para América Latina muestran cómo los procesos pendientes con la justicia y las graves sospechas de corrupción que pesan contra Betancourt —y contra tantos otros poderosos venezolanos— no son relevantes para Washington. “Es una pieza de Estados Unidos y la usan. Betancourt se ha sabido vender y los americanos son compradores”, explica una fuente diplomática que reconoce su “sorpresa” al enterarse del retorno del empresario al entorno presidencial.

El vuelo fantasma

Betancourt se marchó una semana después de aquel 27 de junio y volvió a Venezuela el pasado 22 de julio, según otro plan de vuelo al que ha tenido acceso EL PAÍS. Supuestamente lo hizo en una aeronave privada que salió de Florida con destino a Maiquetía. Según ese documento, lo acompañaban su mujer, su hermana, sus dos hijos y unos cuantos emprendedores españoles, amigos e inversores en los distintos negocios por los que ha apostado Betancourt. El chárter que aparece en el registro salió de Estados Unidos a las 14.42 y aterrizó en Venezuela a las 17.30, según el rastreador de vuelos FlightAware, pero hay algo misterioso en este viaje.

Aunque el documento sitúa la aeronave en Venezuela, dos de los pasajeros niegan haber estado allí y aseguran que, esos días, el viaje que hicieron con Betancourt fue de Nueva York a Miami tras asistir a la final del Mundial. Además, la información de ese mismo vuelo se envió dos veces con datos diferentes y en el segundo documento —mismo trayecto, mismo día, misma aeronave, misma tripulación— enviado con el avión en el aire ya no hay rastro de Betancourt ni sus invitados.

En su lugar aparecen solo Laura Hietamies, financiera finlandesa, y su esposo, el estadounidense Jacob Hirshman, cofundador del banco digital Erebor, que presta servicios a empresas de tecnología, cripto y defensa. Hirshman ha viajado varias veces este año a Caracas para conectar al país con el sistema financiero de EE UU. Ninguno de los dos respondió a los mensajes de EL PAÍS.

El baile de nombres y documentos, la sustitución completa de un pasaje por otro es, según una fuente conocedora del caso, un intento deliberado de disfrazar la llegada de Betancourt a Venezuela. EL PAÍS envió varios mensajes al empresario, pero no hubo respuesta. Dos de sus allegados se negaron a hacer de intermediarios.

Independientemente de si Betancourt llegó o no en ese vuelo del 22 de julio, otro documento revela que volvió a salir del país el 30 de ese mismo mes con destino a un aeropuerto privado de Miami. Esta vez en la aeronave lo acompañaban tres hombres, entre ellos Sean Pi y Henry Heeney, cofundadores de Heeney Capital, una firma de inversión privada centrada en minería y recursos naturales, el segundo negocio más codiciado en Venezuela. En mayo de 2026, Heeney Capital firmó acuerdos de compra anticipada de producción para proyectos mineros y de oro en el país, dentro de una iniciativa respaldada por la Casa Blanca para reactivar ese sector. Tampoco ellos respondieron a las consultas de este periódico.

Betancourt sigue ganando terreno en el sector petrolero venezolano. Harry Sargeant III —viejo intermediario entre Washington y Caracas— vendió por 300 millones de dólares su participación minoritaria en NABEP, la segunda mayor petrolera privada del país, tras la presión del Tesoro de EE UU para que se retirara del negocio. El comprador, según Bloomberg, fue una parte cercana a Betancourt, que ya era el accionista mayoritario de la compañía.

La joven promesa de la era Chávez

A sus 46 años, Betancourt conoce muy bien el mundo de los negocios, sobre todo el sector petrolero y el eléctrico: los dos más estratégicos de Venezuela y los que más se han utilizado para enriquecer a unos pocos durante casi tres décadas de chavismo. Entró en el primero antes de cumplir los 30 años y su empresa recién fundada, Derwick Associates, sin experiencia previa, se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas termoeléctricas en plena emergencia decretada por Hugo Chávez.

El sobreprecio de los contratos, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones de dólares y varias de esas plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive a oscuras y sin electricidad varias horas al día. De ahí nació el apodo con el que se le conoce hasta hoy: bolichico, término acuñado para los jóvenes empresarios —muchos sin experiencia previa— que se enriquecieron gracias a contratos públicos millonarios durante la revolución bolivariana de Hugo Chávez y Maduro.

Del sector eléctrico saltó al petrolero, donde sigue hoy, y es ahí donde pesa la causa más activa contra él: la que la Audiencia Nacional reabrió en junio —tras haberla archivado meses antes— por blanqueo de capitales y delito fiscal. Se le acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de la petrolera estatal venezolana con 42 millones de dólares para defraudar 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo. Ese dinero, según pretende demostrar la justicia española, acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de altísimo valor en España.

Esa causa deriva de otra más antigua: la suiza, abierta por blanqueo de capitales, que a su vez proviene de una investigación en Estados Unidos donde sus supuestos cómplices ya han sido condenados.

Suiza le impuso una orden de extradición desde el Reino Unido y la retención de sus pasaportes italiano y venezolano, hasta que en mayo de este año el cantón de Zúrich levantó las restricciones. Una fuente diplomática desliza que detrás de esa decisión está el influjo de Estados Unidos. Otra, cercana a actores políticos en Washington, lo confirma.

En Venezuela, donde la propia Delcy Rodríguez ha denunciado la corrupción del sistema judicial, los casos abiertos contra Betancourt nunca llegaron a convertirse en una imputación formal.

Algunas de las reformas constitucionales que el Gobierno de José Antonio Kast pretende impulsar en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) han abierto una grieta en el oficialismo. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI —uno de los partidos más leales al Ejecutivo en el Congreso— anunció este domingo que su bancada no está dispuesta a respaldar el proyecto que, según un borrador filtrado, propone suspender las prestaciones sociales financiadas con recursos estatales a las personas condenadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, tanto durante el cumplimiento de la condena como en los 15 años posteriores. “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, declaró el líder gremialista en una entrevista con La Tercera.

Kast firmó hace seis días el proyecto de ley que bautizó como Reforma Constitucional Pro Seguridad, que establece, entre otros cambios, regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas. El Gobierno, sin embargo, no ha presentado oficialmente los detalles de la iniciativa, aunque se espera que los haga públicos en las próximas horas.

Los reparos surgieron después de que trascendiera un borrador de 15 páginas con diez cambios a la Carta Fundamental. Una de las modificaciones más relevantes establece que los responsables de delitos como el narcotráfico y el terrorismo quedarán inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales “respecto de los derechos y garantías establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19”, tanto durante la condena como en los 15 años siguientes a su cumplimiento. “Si a la fecha de la respectiva condena las personas recién referidas estuvieren recibiendo alguna de las prestaciones indicadas, las perderán de pleno derecho. Asimismo, quedarán inhabilitados por 15 años para acceder a medidas alternativas a la privación de libertad, a la libertad condicional y a cualquier otro beneficio penitenciario”, señala el texto, que más adelante matiza que “las inhabilidades y restricciones establecidas no afectan los derechos en su esencia ni imponen condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

El documento plantea además ampliar la misión de las Fuerzas Armadas a la protección de la ciudadanía en situaciones especiales calificadas por ley, otorgándoles base constitucional para actuar en casos que hoy exigen la declaración de estados de excepción. Por el momento, el Ejecutivo no ha desmentido el documento, mientras los propios legisladores de las derechas debaten los aspectos que se han filtrado.

La Moneda ha entrado en una fase en la que busca mostrar resultados rápidos en materia de seguridad, la principal preocupación de los chilenos, y en un contexto en que la desaprobación hacia Kast supera el 55%, según una encuesta de Criteria divulgada este domingo. Esta misma medición apunta a que el 54% de los consultados considera que la gestión en seguridad del Gobierno de derecha ha sido peor de lo esperado, frente a un 19% que la valora mejor. Además, el estudio de opinión revela que el 61% prefiere que el Ejecutivo priorice la aprobación de nuevas leyes y atribuciones contra la delincuencia, frente a un 30% que opta por aplicar las normas ya vigentes. Las expectativas de que la Administración de Kast cumpla con sus medidas de seguridad superan por unos pocos puntos el 50%.

La seguridad ha sido la principal promesa de campaña de Kast, quien prometió instalar un Gobierno de emergencia al llegar al poder el 11 de marzo. Sin embargo, el Ejecutivo de derechas tuvo algunos tropiezos durante sus primeros meses en esta materia, entre los que destacó la polémica protagonizada por la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, unos días antes de su destitución el 19 mayo, al no presentar un plan de seguridad formal ante el Congreso.

Hoy, la estrategia gubernamental se ha apoyado en una sucesión de anuncios, en la repetición de que “la mano ha cambiado” en Chile y en la exposición pública de Kast y sus ministros —como el de Seguridad, Martín Arrau— en operativos policiales. El jueves, el mandatario se puso una chaqueta de Gendarmería para recorrer la cárcel de La Laguna, cerca de Talca, adonde fueron trasladados centenares de reclusos de alta peligrosidad en una operación bautizada como Cancerbero. El despliegue fue comparado con el estilo de Nayib Bukele en El Salvador por mostrar, entre otros aspectos, a los prisioneros sentados en filas y con las manos hacia adelante.

La puesta en escena del procedimiento —que incluyó la difusión, a través de canales oficiales, de vídeos musicalizados con canciones de NSYNC y Metallica— fue criticada por exautoridades de izquierda, como la exministra Carolina Tohá, que la calificaron de “espectáculo”.

La agenda de seguridad de Kast se puso en marcha justo después de que el Ejecutivo lograra sacar adelante su megarreforma económica en el Congreso. También se anuncia en medio de un creciente pesimismo entre los chilenos, lo que el mandatario atribuye a que “la esperanza de la gente ha caído porque empezamos a hablar con la verdad”.

Kast presentó el 5 de agosto, en cadena nacional, su agenda de seguridad: “Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país, que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”.

Los apoyos de la derecha

La UDI, de la derecha tradicional, fue clave para aprobar la megarreforma —el primer triunfo político del Gobierno de Kast—, ya que sus cinco senadores y 18 diputados, incluido Ramírez, respaldaron la llamada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social durante su tramitación legislativa. A los reparos se sumó el senador independiente Matías Walker, quien había votado a favor de uno de los artículos decisivos de la megarreforma, el mecanismo de compensación fiscal a los municipios después de la exoneración de contribuciones a adultos mayores por sus primeras viviendas. “No cuenten con mi voto para esta locura”, escribió en X el jueves, un mensaje que fue respondido por el senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, en la misma red social: “Matías, la condescendencia con quienes secuestraron, asesinaron y mutilaron, simplemente desconcierta. Entiendo que lo que te motiva es rehabilitar a presos, pero el foco para eso está en menores, primerizos o personas condenadas por delitos menores. Tu preocupación por integrantes del crimen organizado, sinceramente confunde y asusta mucho (…) estar inquieto por el control de salud de estos criminales, habla de una distorsión que simplemente no se entiende”.

En una entrevista con el Diario Financiero, Squella aseguró que había “colaborado bastante en el enfoque legislativo y constitucional” y que la agenda reflejará lo que la ciudadanía ya conoce de los republicanos. Sobre los votos necesarios para su aprobación, el senador sostuvo que habrá parlamentarios inclinados a mantener las reglas de seguridad pública y otros que no.

Tampoco en la ultraderecha están garantizados los respaldos en el Congreso. El excandidato presidencial Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), aseguró que su colectividad no tiene asegurado el apoyo para los trámites que deberá revisar el Congreso sobre la ACOT del Ejecutivo. “Si usted quiere entonces andar reformando cositas en la ley, y quiere sacar a carabineros a recuperar el control a balazos en las poblaciones, les tienes que dar garantías. ¿Qué garantías le das cuando el tema de los indultos no está resuelto?”, planteó el pasado domingo.

Consultado al respecto, Squella respondió a DF que, “conociendo muy bien a los parlamentarios del PNL y a Johannes Kaiser”, no duda de que se sentirán “muy reflejados” con lo que se propondrá en el texto constitucional y en las bajadas a nivel legal que se discutirán.

Si estas aprensiones hacia algunos aspectos de la propuesta persisten, el Gobierno podría sufrir un revés en el Congreso, donde las reformas constitucionales requieren un quorum de cuatro séptimos para su aprobación.

Las intensas lluvias que tuvieron lugar en Caracas durante la madrugada de este 15 de agosto han dejado un saldo de tres personas fallecidas, a causa del desborde de algunas quebradas embauladas que circundan la ciudad. Todavía no se ha informado sobre el número de heridos. Numerosas viviendas fueron rebasadas temporalmente por el agua. Los torrenciales aguaceros han producido también el colapso de vías y afectación de cultivos en los estados Trujillo, Yaracuy, Amazonas y Táchira.

Este desastre natural se concreta poco más de mes después del doblete sísmico que afectara a la región capital del país el pasado 24 de junio – el desastre natural más grave de Venezuela en dos siglos-, que hasta el momento ha contabilizado más de 6.000 muertos, casi 20.000 personas desaparecidas y centenares de miles de damnificados.

En algunos sectores del centro de Caracas, como Santa Rosalía, cerca de un centenar de familias perdieron las carpas provisionales en las cuales estaban durmiendo tras el terremoto del pasado 24 de junio, a causa de las lluvias, de acuerdo a información de los Bomberos del Distrito Capital. Muchas personas que siguen durmiendo en refugios temporales improvisados tuvieron que hacer frente a las severas condiciones del tiempo la noche del 15. En la avenida Bolívar, en pleno centro de la ciudad, decenas de carpas quedaron inundadas con las lluvias, afectando a varias familias.

El jefe de la policía del Municipio Chacao –uno de los cinco del área metropolitana de Caracas–, Alberto Prato, confirmó que dos de las víctimas de las lluvias en la capital eran adolescentes de 15 y 17 años. Se informó que fueron arrastrados por una crecida en la parroquia La Vega, ubicada al suroeste de la ciudad. La tercera víctima es una mujer de 49 años, vecina del sector El Peñón, parroquia Macarao, otro gran barrio de chabolas en el extremo suroeste. Su vivienda fue arrollada tras una crecida imprevista de las corrientes de lluvia.

Las lluvias en Caracas produjeron también inundaciones y anegaciones en varias vías céntricas de La Candelaria, San Bernardino, Petare, Antímano, Caricuao y la carretera Panamericana. El alcalde de Baruta, otro municipio capitalino, Darwin González, fue visto en la madrugada decretando la alerta en las zonas residenciales bajo su jurisdicción.

El río Guaire –una quebrada de desechos, alguna vez río, que atraviesa todo Caracas– tenía anoche un aspecto furioso, y estaba muy cerca de desbordarse. El inusual desborde del Guaire tiende a generar pánico en la población. La fuerza del agua encabritada llegó a arrastrar algunos vehículos en zonas populares del extrarradio de la ciudad, como Maracao y Ruiz Pineda. Se reportaron también cortes parciales o fluctuaciones del servicio de luz en muchos puntos de la ciudad.

La alcaldesa metropolitana de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que los cuerpos de Protección Civil y Bomberos del Distrito Capital se mantienen desplegados trabajando en las comunidades afectadas. Las lluvias produjeron también el derrumbe de varios de los gigantescos árboles que atesora la capital, algunos de los cuales terminaron afectando propiedades al derrumbarse aparatosamente. El día 16 de agosto se ha presentado sin lluvias en Caracas, pero las autoridades mantienen el llamado de alerta, siguiendo el paso de una de las varias tormentas tropicales que cruzan el sur del Caribe en estos meses.

Antes y después de los estragos de las lluvias, con lentitud, las autoridades anuncian varios planes para soluciones habitacionales definitivas y temporales para las víctimas del terremoto en Caracas, y con más lentitud en la Guaira. Se ha hecho un censo con el estado de habitabilidad de la mayoría de las residencias de la capital. Al menos 12 edificios colapsaron totalmente en la capital, pero un número mucho más alto presenta estructuras parcialmente afectadas o con grietas. Los condominios que pueden afrontarlo han encarado las refacciones por cuenta propia. Muchas personas han decidido volver a sus casas, aunque estén deterioradas o no habitables, antes que seguir durmiendo en parques o estacionamientos. La gran mayoría de los damnificados sabe que les espera un prolongado período de tiempo viviendo en la provisionalidad y la incertidumbre, dependiendo de la volátil ayuda pública y el interés de los demás.