El exmandatario Gabriel Boric (2022-2026) dijo que espera una oposición “franca, respetuosa, abierta, clara y firme” a una de las reformas constitucionales sobre seguridad pública que el Gobierno de José Antonio Kast envió este lunes al Senado. Se refirió a la iniciativa que crea un nuevo estado de excepción constitucional para casos de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, sobre la que afirmó: “Busca instaurar un estado de sitio por 240 días, con atribución exclusiva del presidente de la República y una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”.
“Quienes estamos en política tenemos que estar dispuestos a colaborar con quien quiera que sea el Gobierno para políticas de Estado, lo que no significa ceder en convicciones que son claras”, dijo Boric, en un video que divulgó The Clinic, durante la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), cuyo autor en su exministro de Hacienda, Mario Marcel.
El Gobierno de Kast impulsa una serie de proyectos de ley que bautizó como Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y en ese contexto envió al Senado un paquete de ocho cambios a la Ley de Leyes. Entre ellos está la propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional, que da amplias atribuciones al Presidente de la República para que lo declare “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”.
Esas amplias atribuciones, según señala el texto que se envió al Parlamento, implican que el estado de excepción constitucional lo declarará “el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, y que no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el jefe de Estado puede prorrogarlo por segunda por igual período sin consultar al Congreso, lo que puede implicar su alargue por 240 días. Pero que, para sucesivas ampliaciones, el presidente requerirá “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.
Este nuevo estado de excepción, además, establece que el presidente de la República “podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión” y, además, “restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes”. En la propuesta se señala que un oficial general quedará al mando de la zona, pero no detalla si será de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.
Según explicó este lunes el ministro de Seguridad de Kast Martín Arrau en el programa Tolerancia Cero, de CNN, la medida está pensada para “intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas” para ciertas zonas “donde operan grupos terroristas o el crimen organizado que son de difícil penetración”. Añadió que la Administración considera que se necesitan “facultades extraordinarias para restringir la movilidad, poner toques de queda y saber qué comunicaciones, o cuando uno hace este anuncio, bajar las comunicaciones de ese tipo de grupos. Estamos pensando en polígonos bastante más acotados, dependiendo de lo que sea, y de otros más amplios”.
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