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Estados Unidos ha reanudado este mismo jueves la importación de aguacates de Michoacán, según ha informado el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. La decisión llega una semana después de que el vecino al norte de la frontera pusiera el freno a esa importación al fruto por la violencia de los grupos criminales en el Estado mexicano, que llevó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a implementar medidas de seguridad. “Tras las medidas de seguridad implementadas en Michoacán por el Gobierno de México y nuestra evaluación de las condiciones sobre el terreno, el Gobierno de Estados Unidos reanudará plenamente sus actividades oficiales en Michoacán a partir del 13 de agosto de 2026″, ha apuntado Johnson en un escrito.

La captura en Jalisco a finales de julio de Ramón Álvarez Ayala, El R1, un líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, despertó una ola de violencia en el Estado aguacatero, que derivó en la salida de los supervisores estadounidenses de la región. Así lo confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que aseguró que su salida era una “medida preventiva” por parte de Washington por el clima de inseguridad. Ramírez Bedolla subrayó entonces que El R1 que Álvarez Ayala era “uno de los extorsionadores más importantes de la región de Michoacán”.

Johnson ha reconocido en su escrito las acciones del Gabinete de Seguridad, la dependencia que, ha explicado, ha hecho posible la “reanudación total de manera eficiente” de ese comercio. “Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustaremos nuestras operaciones según corresponda”. Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de la población de Michoacán”, ha añadido el embajador. La secretaria de Agricultura, Columba López, ha celebrado el anuncio de Johnson en redes sociales. “¡Buenas noticias para el campo michoacano!“, ha escrito en X, donde ha subrayado que las mesas de diálogo entre productores y autoridades de ambos países ha permitido la reanudación total de las inspecciones y exportaciones del fruto.

La pausa comercial ocurrió el pasado 5 de agosto, y pronto despertó el reclamo del gremio aguacatero. La Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) señaló que el Gobierno estadounidense les comunicó que solo aceptarían los aguacates que hubieran sido procesados antes del 4 de agosto, y empresarios Juan Carlos Venegas reclamaron a las autoridades mexicanas el restablecimiento de las condiciones para que se reanudara la exportación. “Resulta inaceptable que la inacción o los vacíos en materia de seguridad pongan en riesgo el sustento de productores, cortadores, empacadores, transportistas y trabajadores”, apuntó entonces Venegas en sus redes sociales.

El aguacate se ha convertido en un fruto popular al norte de la frontera, donde la migración latina ―con un gran peso de la población mexicana― lo incorpora también a la dieta diaria. Muestra de ello es el Super Bowl, la gran final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol americano (NFL, por sus siglas en inglés), cuya llegada es celebrada anualmente por el campo mexicano. A comienzos de este año, la APEAM previó envíos por 127.000 toneladas de aguacate mexicano a Estados Unidos, “un récord histórico”.

La importancia del aguacate en la gastronomía mexicana es muestra de su interés comercial el el país, pero ese mismo interés ha llevado al asedio de los grupos criminales contra los empresarios del sector, a menudo víctimas de la extorsión. El asesinato a comienzos de noviembre del exalcalde de Uruapan (Michoacán) Carlos Manzo mostró al resto del país la violencia criminal que sufre el Estado, donde los carteles han mantenido una fuerte presencia. La captura del R1 nueve meses después del asesinato supuso también la caída del autor intelectual del crimen.

El freno de las exportaciones mexicanas del pasado 5 de agosto volvió a traer el fantasma de febrero de 2022, la última vez que Estados Unidos había suspendido ese comercio, después de que uno de los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) fuera amenazado por un grupo criminal. Washington detuvo entonces el procesamiento del fruto durante ocho días.

Era de madrugada y hacía rato que se escuchaba un fuerte ruido de fondo. Era como si algo viniera. Después de eso, el río se desbordó y se llevó todo a su paso. Las primeras luces de la mañana mostraron casas destruidas, escuelas dañadas, centros de salud aislados, transporte interrumpido y familias intentando salvar lo poco que les quedaba. Algunos buscaban angustiados a seres queridos que habían desaparecido.

Escenas similares a esta se están repitiendo en distintos países de América del Sur durante este nuevo fenómeno de El Niño: lluvias extremas en unas regiones, sequías persistentes en otras, violentos aludes, pérdidas agrícolas, marejadas intensas y daños crecientes en infraestructura básica. Cada desastre parece distinto, pero todos revelan el mismo problema: el mayor costo no es el de la emergencia, sino el de haber llegado a ella sin preparación alguna.

Durante décadas, nuestros gobiernos han tratado los eventos climáticos como anomalías. Se movilizan recursos cuando el incendio ya avanzó, cuando la sequía se vuelve crónica o cuando el agua entra imparable a las ciudades. Sin embargo, el cambio climático está transformando lo excepcional en recurrente y cuando el riesgo deja de ser ocasional y se vuelve permanente, la respuesta ya no puede limitarse a la protección civil: debe convertirse en un asunto de seguridad pública.

El concepto de seguridad del siglo XXI ya no se limita al control del delito y de las fronteras, poniendo a prueba la capacidad del Estado para proteger a la población frente a amenazas que paralizan ciudades, afectan abastecimiento de agua, interrumpen la energía, destruyen viviendas y erosionan severamente la economía local. Un barrio inundado durante semanas, una carretera cortada que deja comunidades aisladas o un sistema sanitario llevado al límite por eventos climáticos, son problemas de seguridad tanto como de desarrollo.

Este nuevo escenario exige un cambio de enfoque profundo. La adaptación climática no puede seguir siendo un capítulo secundario de los ministerios de medio ambiente. Debe incorporarse, de manera urgente, a la planificación urbana, a la infraestructura, a la salud pública, a la vivienda, a la gestión del agua y sobre todo, a los presupuestos nacionales.

Los países que inviertan hoy en drenajes inteligentes, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial basado en gestión del riesgo, protección de cuencas y preparación comunitaria, gastarán mucho menos que aquellos que continúen financiando reconstrucciones una y otra vez. La experiencia internacional es clara: cada dólar invertido en prevención y adaptación evita gastar muchos más en pérdidas futuras.

El problema incluso es aún más complejo. Cuando el Estado no logra proteger a las personas frente a riesgos previsibles, también se erosiona la confianza pública en las instituciones. La repetición de desastres mal gestionados alimenta la sensación de abandono, profundiza desigualdades y debilita la cohesión social. La adaptación climática no es solo una cuestión ambiental; sino que una condición de gobernabilidad democrática.

No hacernos cargo de esta inseguridad climática tiene además otro costo, menos visible, pero irreversible: la pérdida del capital natural que sostiene nuestra resiliencia. Seguimos drenando humedales, fragmentando bosques, ocupando planicies de inundación y degradando cuencas como si fueran espacios vacíos. Acto seguido, nos sorprendemos cuando las ciudades se inundan con mayor rapidez, cuando los ríos arrastran más sedimentos o cuando las sequías se vuelven más severas. La naturaleza no es un lujo paisajístico o una pretensión caviar de los ambientalistas; es pieza clave de la infraestructura que amortigua los impactos.

Los humedales almacenan agua durante las lluvias intensas y la liberan gradualmente en períodos secos. Los bosques estabilizan suelos, reducen la erosión y regulan los flujos hídricos. Los ecosistemas costeros atenúan las marejadas y protegen asentamientos humanos. Cuando estos sistemas desaparecen, el riesgo no desaparece con ellos: se traslada de manera directa a las personas y a las finanzas públicas.

Conservar el capital natural que nos queda no es oponerse al desarrollo. Es reconocer que existe una infraestructura ecológica tan esencial como una carretera, un embalse o una red eléctrica. Cada hectárea de humedal protegida puede significar menos viviendas afectadas; cada bosque conservado, menos sedimentos en embalses y menos costos en infraestructura; cada cuenca restaurada, mayor seguridad hídrica para comunidades y actividades productivas. La pregunta ya no es si podemos financiar la adaptación y la conservación, sino cuánto estamos dispuestos a seguir pagando por no hacerlo.

El fenómeno de El Niño nos está dejando una señal política que no podemos ignorar. Necesitamos construir con urgencia una nueva generación de políticas públicas que entienda que la adaptación climática es una inversión en estabilidad social y que la conservación de ecosistemas es una inversión en seguridad, resiliencia y estabilidad territorial.

La próxima emergencia climática no será una sorpresa. Los riesgos ya están a la vista y las zonas vulnerables son conocidas. Lo que falta no es información; es decisión política.

La naturaleza nos está pasando la factura y con altos intereses. Lo que aún podemos decidir es si seguiremos pagando reconstrucciones cada vez más costosas o si comenzaremos, por fin, a invertir en la resiliencia que nos permita evitar parte de esas pérdidas.

El costo de la inacción ya no se mide solo en millones de dólares, se mide en vidas humanas, en comunidades que tardan años en recuperarse, en desigualdades que se profundizan y en la capacidad misma de nuestras democracias para proteger a quienes más las necesitan.

Un destino inesperado tendrá la emblemática casa del expresidente Salvador Allende (1970-1973), ubicada en la calle Guardia Vieja 392, en la comuna de Providencia, al oriente de Santiago: la familia la vendió por 1.000 millones de pesos (unos 1,1 millones de dólares) a una empresa de ingeniería y topografía. Hasta enero de 2025, sin embargo, la residencia en la que el xlíder de la Unidad Popular vivió con su esposa Hortensia Tencha Bussi entre 1953 y 1971, y donde crecieron sus tres hijas, se transformaría en un museo de memoria. El Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), intentó comprarla, pero la operación se canceló tras un proceso plagado de errores administrativos que derivó en un escándalo político. Dos de los cuatro propietarios, por los cargos públicos que ejercían, no podían celebrar contratos con el Estado, entre ellos Isabel Allende Bussi, quien fue destituida por este motivo del Senado, después de 31 años en el Parlamento, por el Tribunal Constitucional (TC). Por este caso, su sobrina y nieta del exmandatario, Maya Fernández Allende, renunció a su cargo como ministra de Defensa de Boric en marzo de 2025.

La firma que adquirió la residencia es Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA. Según informó el medio Ex-Ante, y de acuerdo con los registros del Conservador de Bienes Raíces, la transacción se concretó el pasado 4 de agosto. Previamente, el 10 de julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerró la investigación sobre la compraventa, luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar en la causa. Según la abogada de Allende y Fernández, Paula Vial, la resolución ratificó que “aquí no hubo delito alguno, como lo demuestra la decisión de tribunales. Fue un proceso ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas”.

Estaba previsto que la familia de Allende vendiese la casa de Guardia Vieja al Estado en 933 millones de pesos (unos 922.000 dólares), en un anuncio que realizó el Gobierno de Boric el 30 de diciembre de 2024, y del que tuvo que echar pie atrás apenas tres días después. La venta frustrada también le costó la salida a la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien el exmandatario de izquierdas le pidió la renuncia.

La residencia, hasta su venta, mantenía intacto el escritorio-biblioteca donde Allende celebraba sus reuniones políticas. La familia la adquirió con un préstamo que obtuvo Hortensia Bussi como funcionaria del Servicio Nacional de Estadísticas. Vivieron allí hasta 1971, un año después de la llegada de Allende a La Moneda, pero se cambiaron a otra residencia cerca de la cordillera en busca de aire puro debido a una enfermedad pulmonar que padecía Bussi.

La casa, de dos plantas, fue construida por la oficina del arquitecto Fernando Castillo Velasco dos décadas antes de que la familia la habitara. Fue hecha con materiales locales, como la piedra de la precordillerana chilena y la madera nativa para los marcos de las ventanas. Según contó a EL PAÍS Eduardo Labarca, autor de Salvador Allende. Biografía sentimental, quien conoció de niño a Allende y lo llamaba tío, cuando Tencha Bussi estuvo enferma de tuberculosis estuvo recluida en el segundo piso de la residencia. La describió como una gran lectora que convirtió su dormitorio “en una suerte de salón cultural y literario”, donde la visitaban el pintor Nemesio Antúnez y el escritor Manuel Rojas.

“Había dos ambientes en esa casa, el político abajo, en la biblioteca, y el cultural arriba”, contó Labarca. Y recordó que Isabel Allende Bussi, quien tras el golpe de Estado de 1973 se convirtió en la principal embajadora de su familia, “siempre tuvo inquietudes culturales. Era muy apegada a Tencha, y disfrutaba asistiendo a las tertulias del salón en torno a la cama de su madre. Beatriz, en cambio, tomaba distancia y era muy apegada a su padre en lo afectivo y lo político y solía asistir a las reuniones que tenía Allende”, contó Labarca sobre la madre de Maya Fernández, conocida como Tati.

Junto a la propiedad de Guardia Vieja, el plan de la Administración de Boric era también adquirir, por 1.300 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), las dos casas del democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición demócrática, electo tras 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Pero la compra de ambas propiedades, contiguas, ubicadas en la calle Arturo Medina en Providencia, tampoco prosperó.

Según dijo a EL PAÍS Mariana Aylwin, hija del exmandatario y exministra de Educación, cuando acababa el periodo de Boric los exministros de Seguridad y de Bienes Nacionales, Luis Codero y Francisco Figueroa, respectivamente, invitaron a la familia a La Moneda para comunicarles que la casa tenía que ser declarada patrimonio nacional antes de la compra. “Cuando estás con la escritura firmada y te piden un nuevo requisito, que es prácticamente imposible de cumplir en un Gobierno al que le quedaban cuatro meses… sentimos que era una excusa. Les dijimos que si querían desistir lo hicieran y nosotros íbamos a aceptar”, señaló.

El pasado 31 de julio, previo a poner en venta la propiedad, los cinco hijos de Aylwin abrieron las puertas de la casa al público y más de un centenar de personas fueron a comprar algunos objetos del exjefe de Estado que pusieron a la venta. Es un lugar, tal como la casa de Allende, que guarda una parte importante de la historia de Chile, pues en esa sala el democristiano recibió a George Bush, Dalai Lama y a Pinochet.

El 10 de marzo pasado, en su última cadena nacional antes de entregar la banda presidencial a José Antonio Kast, Boric hizo un repaso de sus cuatro años en La Moneda y destacó los avances en salud, pensiones y seguridad. Pero también hizo un mea culpa por dos hechos: por el manejo del caso de Manuel Monsalve, quien, siendo el subsecretario del Interior, fue acusado de violación por una subordinada, y, agregó, por “el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad”.

Este miércoles, luego de que se divulgara la venta de la casa de Allende a la empresa Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, dos diputados del partido UDI, de la derecha tradicional del oficialismo, dijeron que la transacción “deja en evidencia que detrás de esta operación siempre existió un interés económico y que el museo no era más que una excusa”.

El expresidente Gustavo Petro, cuyo mandato terminó hace cinco días, ha pedido al Senado autorización para salir de Colombia durante todo el próximo año. Así lo revela una carta que envió a la mesa directiva del Senado, fechada el lunes 10 de agosto, en la que pide que en la próxima plenaria se vote la autorización que exige la Constitución. Su intención, escribe, es “atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones”. El presidente del Senado, el derechista Honorio Henríquez, canceló la sesión de plenaria este martes a causa del fuerte terremoto del día anterior, que ha dejado cientos de víctimas en el occidente del país. El Senado prevé reunirse el miércoles, en una sesión en la que podría debatir y votar la misiva del expresidente.

La Constitución de Colombia, en su artículo 196, establece que un presidente debe pedir permiso al Senado para salir del país, una exigencia que extiende a quien acaba de dejar el cargo: “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”. Como lo explica Luis Fernando Álvarez, exmagistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, la regla se establece porque “es importante una especial vigilancia para que responda por acciones u omisiones durante el ejercicio de su dignidad”.

Los críticos de Petro se adelantaron a decir que el Senado no debería permitirle la salida de Colombia. Una semana antes de terminar el Gobierno, el expresidente conservador Andrés Pastrana (1998 – 2022), ya le pedía al Senado no atender una solicitud de este tipo. “El Senado de la República no puede permitir la salida de Gustavo Petro del país sin que antes responda por los escándalos de su elección y la corrupción de él, su familia y su gobierno”, escribió en sus redes sociales.

La petición de Petro sorprende, en tanto hace pocas semanas aceptó el reto de ser jefe de la oposición como cabeza de su partido, el Pacto Histórico, la bancada más grande en el Legislativo. Ahora parece señalar que quiere ejercer ese rol desde fuera del país, incluso mientras Colombia atraviesa un momento crítico: el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la madrugada del lunes ha dejado más de 200 víctimas en el occidente del país. Petro ha pedido solidaridad con esas familias a su bancada de congresistas, quienes pusieron sus sedes a disposición para ser centros de acopio, sus redes sociales a favor de la información relevante para ayudar y donarán parte de su salario a la Cruz Roja.

La petición al Senado también es llamativa porque Petro enfrenta restricciones prácticas para viajar. Si bien tiene cierta libertad legal, pues a su nacionalidad colombiana suma un pasaporte italiano que le permite vivir en el Espacio Schengen y entrar fácilmente a decenas de países, una decisión del Gobierno de Estados Unidos pone trabas a su compra de tiquetes aéreos. En 2025, el Tesoro le incluyó en la llamada lista OFAC o lista Clinton desde el año pasado, señalado de tener vínculos con el narcotráfico, lo que lleva a posibles sanciones a las aerolíneas que le vendan pasajes. La situación es tal que Petro intentó viajar a Washington en su última semana de Gobierno para pedirle a la Casa Blanca el retiro de la lista, pero el viaje no se concretó.

En paralelo, el expresidente perdió su visa norteamericana: Washington se la canceló el año pasado después de que protagonizara una protesta propalestina frente a Naciones Unidas, en Nueva York, y tomara le micrófono para pedir a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump sobre Israel.

Con todo ese contexto, el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ganó prometiendo poner en la cárcel a Petro y ha dicho que está dispuesto a extraditarlo si algún órgano de la justicia internacional lo demanda. “Las fronteras no pueden convertirse en refugio para quienes pretenden esconder el producto de la corrupción”, dijo el viernes pasado, en su primer discurso tras tomar juramento como presidente. “Desde el día de mi victoria, mi equipo emprendió la tarea de documentar el vasto entramado de corrupción que deja el gobierno saliente. Toda la información y las evidencias serán puestas en conocimiento de las autoridades judiciales y de los organismos de control competentes. Acudiré a la justicia de otros estados y a los mecanismos de cooperación internacional”, afirmó.

No es fácil para De la Espriella, sin embargo, poner a Petro tras las rejas. Como presidente, el político de izquierda fue acusado de corrupción, de participación indebida en política y traición a la patria, en expedientes que difícilmente avanzarán en la justicia colombiana. Al ser presidente, las denuncias las tramita la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano de 17 congresistas también conocido como “Comisión de Absoluciones”, pues por su carácter político casi ningún proceso contra expresidentes prospera. Ni siquiera ahora, con el cambio de presidente, el oficialismo de derechas tiene mayorías para moverlos.

Petro solo tiene un caso judicial importante que pasa a la justicia ordinaria y que ya ha avanzado: uno que lo señala de violar los topes permitidos para financiar su campaña política del 2022. Como en el momento de hacer campaña aún no tenía el fuero presidencial, al perderlo el pasado 7 de agosto, el caso pasa de la Comisión de Acusaciones a la Fiscalía. Cuando avance, si el Senado lo permite, Petro estará fuera del país.

La agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer este martes la detención de cuatro mexicanos en Chequia con presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quienes acusa de narcoterrorismo, tráfico de armas y de drogas. Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López, alias Bado, y José Miguel Alvarado Morales fueron detenidos el pasado 11 de junio en el país europeo. Los imputados, según el comunicado de la DEA, pagaron por la artillería con fentanilo y metanfetamina para ser importadas a Estados Unidos para su distribución.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida, en EE UU, en febrero de 2026, López Velasco y Díaz Jiménez negociaron la venta de ametralladoras y artefactos destructivos procedentes de la República Checa con destino a México, con el fin de cometer actos de violencia contra carteles rivales, civiles, fuerzas policiales y personal militar en México. Estas armas incluían diversos tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas propulsadas por cohete y morteros, así como la munición y el armamento de uso militar.

López Velasco, de 44 años, y Alvarado Morales, de 23, fueron extraditados a Estados Unidos, donde comparecieron este lunes ante un tribunal en Florida por primera vez y quedaron en custodia de las autoridades. Los dos enfrentan cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, para proporcionar apoyo material al terrorismo, para la importación de drogas y para el tráfico de armas de fuego. El primero es señalado como representante de un alto mando del CJNG, mientras que el segundo es identificado como “ahijado” de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, detenido en abril en Nayarit y considerado uno de los cinco hombres fuertes de la organización criminal tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco. Ambos enfrentan una posible sentencia de cadena perpetua.

El comunicado de la DEA menciona que un día después de la detención de los cuatro acusados en Chequia, las autoridades mexicanas desmantelaron un laboratorio que pertenecía a Díaz Jiménez de metanfetaminas y opioides sintéticos en la colonia Mesa Colorada de Zapopan, Jalisco. En el operativo se aseguraron un kilo de fentanilo, diversos productos químicos para la elaboración de metanfetaminas, así como un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación. “Con esta acción se evitó la producción de aproximadamente 625.000 dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en más de 714.000 pesos a las organizaciones criminales que operan en la entidad”, detalla un comunicado del Gabinete de Seguridad en México.

Bado y Díaz Jiménez aún aguardan por su extradición en Chequia. El segundo enfrenta los mismos cargos que López Velasco y Alvarado Morales, mientras que el primero ha sido imputado por conspiración para la importación de drogas y para el tráfico de armas de fuego.

Este caso fue investigado por la DEA, el FBI, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, las autoridades checas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Marina de México. La Interpol y la oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia brindaron una asistencia fundamental para lograr la captura y la extradición de López Velasco y Alvarado Morales.

La semana pasada, Estados Unidos acusó formalmente a varios miembros de alto rango del CJNG y aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura de sus líderes a más de 100 millones de dólares. La Administración Trump designó a este grupo criminal como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. El cartel está acusado de operar una red global extremadamente violenta que trafica con fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Tenía 27 años y había ido al médico. Cuando salió de la consulta, avisó que regresaría a casa “cerca de la tardecita”. Fue lo último que se supo de Mario Golemba, en el año 2008. Casi dos décadas después, la justicia argentina detuvo este lunes a 16 policías de la provincia de Misiones, en el noreste del país, investigados por la desaparición forzada de Golemba. La fiscalía los acusa de haber participado, con distintos grados de involucramiento, de un plan criminal que incluyó la detención ilegal de la víctima, su sometimiento a violencia física y un posterior “pacto de silencio” para ocultar los hechos.

Aunque aún se desconoce su paradero y no fueron hallados sus restos, los investigadores creen que Golemba fue asesinado en la comisaría del pueblo Dos de Mayo, a 1.100 kilómetros de Buenos Aires.

Mario Golemba trabajaba como agricultor y vivía con su familia en el paraje rural conocido como Picada Indumar, una zona yerbatera, cerca de ese pueblo misionero. Era muy delgado y buscaba ganar peso. Con ese propósito, aquel 27 de marzo, 18 años atrás, visitó a un médico nutricionista en la ciudad de Oberá, a unos 80 kilómetros de su hogar. El mensaje de texto anunciando su vuelta a casa se lo mandó, desde su teléfono, a su pareja: iban a casarse a fines de ese mismo año.

Ante su ausencia, la desesperación de su familia creció desde esa misma noche. A las 48 horas, sus padres presentaron una denuncia judicial. Los carteles con su rostro se multiplicaron por toda la provincia: “¿Dónde está Mario?”, “¿qué pasó con Mario?”, “¿hasta cuándo esta agonía?”, preguntaban. La gobernación de Misiones ofreció una recompensa. Pero nada sirvió. El rastro se perdía en Oberá.

La morosa investigación que esta semana desembocó en la detención de 16 policías tuvo su primera pista un año después de la desaparición de Golemba. Dos presos que habían estado detenidos en la comisaría de Dos de Mayo declararon como testigos de identidad reservada. “Me dio la impresión de que decían la verdad”, contó por entonces el padre de la víctima, Antonio Golemba, fallecido en 2016. “Cada uno por separado cuenta lo mismo. Ellos dicen que vieron a Mario llegar esposado [a la comisaría], uno de ellos lo conocía de la cooperativa de yerba de Indumar. Dice que [los policías] lo golpearon y que después pudo ver cómo se llevaban a Mario en una camioneta”.

Una versión que la familia de Golemba creyó verosímil indicaba que la policía confundió a Mario con un sospechoso buscado en aquella época, un presunto integrante de una banda de ladrones que operaba en la región.

La pesquisa inicial, a cargo del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, no logró determinar qué había pasado. La causa se reactivó a mediados de 2021, cuando la querella que representa a los familiares de Golemba logró que el expediente pasara a la justicia federal de Posadas, la capital de Misiones. Allí comenzó una investigación centrada en el delito de desaparición forzada de persona, un crimen de lesa humanidad, imprescriptible.

Sobre la base de pruebas, escuchas telefónicas a los sospechosos y testimonios recabados, la jueza María Verónica Skanata ordenó este lunes la detención del comisario Evaldo Katz, quien al momento de los hechos estaba a cargo de la sede policial de Dos de Mayo; los oficiales de guardia Edgardo Arce y Liliana Saft; el jefe de guardia Carmelo Cerdán Cruz; el secretario José Pereyra Da Silva; el chofer Alejandro González Samudio; los guardias Maximiliano Gutiérrez, Ramón Cardozo, Mario Villar y Diego Armando Amarilla; los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva, y los agentes Wiliams Gabriel Lunge, Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra, Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer. Varios de los imputados ya son personal retirado. Salvo en el caso de Ortiz, que permanece prófugo, las detenciones fueron realizadas por la fuerza de Gendarmería en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía federal, los policías habrían utilizado la estructura de la comisaría para concretar la detención ilegal de Golemba y hacerlo desaparecer. La fiscalía entiende que los acusados participaron de un plan criminal común, con diferentes aportes funcionales.

Además, la fiscal Silvina Gutiérrez señala que, tras la desaparición, pusieron en marcha un “pacto de silencio institucional” que incluyó “la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”. El resultado de ese pacto fue, afirma la parte acusatoria, “mantener oculta la suerte de Mario Fabián Golemba y prolongar hasta la actualidad el desconocimiento acerca de su destino”.

La familia de Golemba espera ahora poder avanzar en el esclarecimiento total del crimen. “La verdad ya está explicitada. Estamos convencidos de la participación criminal de este grupo en un plan común”, dijo el abogado querellante Rafael Pereyra Pigerl a Radio Up. “Esperemos que puedan empezar a hablar y que en corto tiempo se haga justicia”, añadió. Cuando hace cinco años se abrió la causa federal, la primera persona en declarar ante la fiscalía fue, recordó el diario Clarín, la madre de Mario, Irma Komka: “Solo les pido un huesito para poder llevarle una flor”.

Nunca tantos colombianos se habían santiguado tanto, y nunca todos a la vez. Este viernes, mientras Abelardo de la Espriella pronunciaba su primer discurso como presidente, sus fieles vibraban y rezaban al mismo tiempo. En el centro de prensa habilitado en Cali, varios de los presentes —colaboradores de medios cristianos, canales afines al nuevo Gobierno o activistas provida, más que periodistas— prefirieron santiguarse ante la pantalla antes que tomar notas. “Amén”, “esto es un milagro”, “ay, pero mírale qué lindo”, susurraban, mientras el mandatario prometía una nueva era de “orden, libertad y autoridad”.

Colombia se adentra desde el viernes en un experimento político que promete un resultado nuevo con ingredientes más que conocidos. De la Espriella dejó clara, desde la primera frase, cuál será la brújula de su Gobierno: Dios. Y quién ejecutará sus decisiones: los militares. También quién le inspirará: Estados Unidos. Sus simpatizantes, la nueva y vieja derecha, amplifican las enormes expectativas generadas, mientras la izquierda se lleva las manos a la cabeza ante lo que interpretan como un regreso al pasado. Unos ven progreso, otros retroceso.

El nuevo mandatario, que ganó las elecciones presentándose como un outsider, promete imprimir el trumpismo en el país, cambiar las negociaciones de paz por disparos y acabar con otro mal endémico en la región: la corrupción. “La Patria Milagro” lo llama.

En solo unas horas como presidente, De la Espriella reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, trasladó presos involucrados en los diálogos con el gobierno, anunció la declaración como “terroristas” de varias organizaciones para dar más margen de acción militar, prometió eliminar el impuesto al patrimonio que pagan los más ricos, dar espacio a la iniciativa privada, acabar con el supuesto adoctrinamiento en las aulas y congelar inmediatamente el gasto público. “Debemos poner la casa en orden”, dijo.

La posesión se dividió en dos actos sin un solo renglón torcido. Todo estaba pensado para escenificar mensajes. En el auditorio, entre 2.500 personas y 10 jefes de Estado, De la Espriella apenas pronunció cuatro palabras —“Firmes por la Patria”— antes de ceder el atril a un rabino, un pastor evangélico, un sacerdote y un obispo católico, uno detrás de otro.

La segunda ceremonia, la que de verdad le importaba, se desplazó a un batallón militar: ahí llegó el mensaje sobre la lucha contra el crimen, la promesa de un país nuevo como si fuese el primero en intentarlo y el de trabar la misma guerra que lleva años en ciernes en todo el mundo: disputarle a la izquierda su discurso.“Mi Gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”, dijo antes de recorrer las tropas a bordo de un vehículo militar.

El presidente llegó al poder por menos de un punto porcentual, lejos de la victoria arrolladora a la que aspiraba, y ha insistido en que gobernará para todos los colombianos. “Nadie será perseguido por pensar distinto, ni privilegiado por respaldar al Gobierno”, dijo, mientras la izquierda replegaba las manifestaciones convocadas contra él en varias ciudades con muy poca repercusión. Está aún por ver cómo De la Espriella maniobra en un país dividido casi por la mitad. Y cómo gobierna no solo para los que nunca le votarían sino para esos “nunca” históricamente despreciados por la élite del país.

Las trincheras ya han comenzado a levantarse. Salvación Nacional, el partido que avaló su candidatura y que debuta con una bancada de cuatro congresistas, eligió como uno de sus primeros gestos respaldar un proyecto para modificar la Constitución y proteger la vida “desde la fecundación”. Tienen la mira puesta en revertir la despenalización del aborto que la Corte Constitucional consolidó en 2022. Es el mismo guion que gobiernos de derecha —Brasil, El Salvador, Argentina, Estados Unidos— han resucitado en otros países.

Su gabinete también deja ya algunas pistas. Hay paridad entre hombres y mujeres, pero ninguna voz afrocolombiana, indígena o campesina, las que Gustavo Petro sí visibilizó. Y sus ministros destacados son parte de los de siempre, cuadros que varios analistas describen como un regreso al Gobierno de Iván Duque pero con un envoltorio más actual. Hacienda, por ejemplo, quedó en manos de la familia Gómez, descendencia directa de Laureano Gómez, símbolo histórico de la derecha conservadora. “Cuando en ese gabinete no hay una sola voz afrocolombiana, indígena o campesina, lo que interpretan millones de colombianos es que vuelven a ser invisibles”, advirtió Luis Gilberto Murillo, el primer y único excanciller afrodescendiente del país. “Se vuelve a aplicar la fórmula de lo que no ha funcionado”, criticó.

A pesar de las promesas luminosas de un nuevo destino, hay mucho de pasado en el nuevo Gobierno. En su discurso, al menos, los referentes fueron viejos conocidos de la derecha colombiana de los últimos 50 años, la que ha gobernado el país la mayor parte de su historia. El presidente que prometió romper con el establishment alabó a Álvaro Uribe, por su gestión de la seguridad —la misma que dejó al menos 7.837 civiles asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar resultados—, y a Álvaro Gómez Hurtado, el histórico dirigente conservador asesinado en 1995, un crimen reconocido por las FARC.

Meticuloso y astuto, todo parece apuntar que De la Espriella controlará el mensaje, como ya hizo durante su campaña electoral. “El márketing es tan importante como los resultados”, repitió hace unos días su estratega y amigo Carlos Suárez.

De momento su relación con los medios será al estilo de Donald Trump y muy distinta al modelo Petro, en el que el presidente marcaba los temas compulsivamente desde su cuenta de X, pero todos sus ministros eran bastante accesibles a los periodistas.

El Gobierno De la Espriella tendrá una portavoz oficial y limitará las apariciones públicas de sus subordinados. “Nuestra meta es que se pueda lograr todo lo que queremos para la Patria Milagro y los periodistas no tendrán tanto acceso”, adelantó la jefa de comunicaciones del presidente María Fernanda Sandoval. “Pero nosotros todo el tiempo estaremos mandando comunicados, imágenes y videos de todo lo que está pasando”. De momento le funciona. Mientras Petro salió de forma fulminante de la agenda, el nuevo presidente y todos sus mensajes, símbolos y promesas ya monopolizan la conversación.

Pocas horas después de que la imagen de De la Espriella con su barba perfectamente recortada y la banda presidencial sobre su hombro derecho diese la vuelta al mundo, Estados Unidos hacía un anuncio importante. El Departamento de Estado ofrecía un paquete de 1.000 millones de dólares para respaldar la nueva estrategia de seguridad: erradicación de coca, guerra contra las drogas y el narco y la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas. Un encaje perfecto para ocupar el lugar que Washington ya le tenía reservado.

En una ceremonia íntima, con la única presencia de los familiares y allegados más cercanos a la familia, Lionel Messi participó en la mañana de este domingo en Rosario de la despedida de los restos de su padre, Jorge, fallecido en la madrugada del sábado. Acompañado por su esposa, Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, el astro argentino había arribado a su ciudad natal el sábado por la noche en un vuelo privado procedente de Miami, donde juega para el Inter Miami, y de inmediato se reencontró con su madre, Celia Cuccittini, y sus tres hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol.

El último adiós al principal guía en la carrera del futbolista, que murió a sus 68 años en una clínica de Rosario en la que había permanecido internado dos semanas, se realizó en absoluta privacidad en un cementerio de Pérez, una de las localidades que conforman la periferia de esta ciudad del centro de Argentina, situada 300 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

Se esperaba la presencia de algunos de los futbolistas de la selección argentina que juegan en los clubes locales, pero ninguno de ellos se acercó al lugar. Tampoco participaron los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), seguramente por indicación del entorno de la familia, que prefirió una ceremonia discreta.

Antes del sepelio, y en medio de fuertes medidas de seguridad, la policía local les informó a los periodistas ubicados en la puerta del camposanto que no se permitiría el vuelo de drones en la zona para obtener imágenes aéreas. Una de las pocas fotografías tomadas a la distancia detectó la tristeza de Messi, caminando en solitario con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos de su pantalón. También se conocieron imágenes en las que Roccuzzo abrazaba a otros familiares del futbolista. El entierro estuvo acompañado por coronas florales enviadas por la AFA, el cuerpo técnico de la selección argentina que lidera Lionel Scaloni y Newell’s, el club en el que Messi inició su carrera.

“Te abrazo, capitán”

En una jornada fría y soleada en Rosario, decenas de admiradores del capitán de la selección argentina se acercaron al cementerio para dejar mensajes de apoyo. Carteles como “Fuerza Leo”, “Fuerza Lionel, te amamos por siempre” y “Te abrazo capitán”, más diversas coronas fúnebres de particulares, adornaron las rejas del establecimiento.

A pocos kilómetros, los vecinos de la casa natal de Lionel en el barrio Las Heras, donde la familia Messi vivió más de 20 años hasta que el pequeño genio viajó a Barcelona, también colgaron frases de recuerdo y agradecimiento. Además de múltiples banderas de Argentina, también las hubo de Perú y Colombia. “Gracias por tanto, un colombiano agradecido por haberme firmado el brazo”, expresaba una de ellas.

Messi se había dirigido por primera vez al cementerio en el que descansa el cuerpo de su padre en la noche del sábado, apenas arribado de Miami. Luego de haber dormido en otro lugar de Rosario, Lionel y sus familiares regresaron al camposanto este domingo por la mañana para participar en la ceremonia final.

El futbolista y el resto de los acompañantes dejaron el camposanto al mediodía. Aunque se esperaba que Messi regresara de inmediato a Miami, donde su equipo jugó anoche ante Monterrey por la Leagues Cup —lógicamente sin su presencia—, el avión en el que llegó a Rosario dejó el aeropuerto local también por la mañana, por lo que aún no queda claro cuánto tiempo más Messi permanecerá en Argentina.

Durante todo el fin de semana, el fútbol argentino acompaña con dolor al capitán de la selección. La hinchada de Independiente, antes de su partido de este sábado por la noche ante Platense, colgó la bandera “Fuerza Messi”. También los simpatizantes de Boca, en los momentos previos al duelo ante Vélez, cantaron “Leo querido, la Boca está contigo”. Los encuentros de todas las categorías están precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, las banderas de los clubes fueron colocadas a media asta en señal de duelo y los futbolistas y los árbitros portan un brazalete negro.