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Son uno de los encantos letrados de Buenos Aires y sus estantes ofrecen literatura en todo el país: unas 1.500 librerías y más de 500 empresas editoriales pequeñas y medianas existen hoy en Argentina. Ese ecosistema, advierten sus protagonistas, está en riesgo. “Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse”, señala una declaración conjunta de las principales organizaciones que representan a quienes publican, venden y escriben libros en el país sudamericano. La señal de alerta se encendió en rechazo a un proyecto del Gobierno de Javier Milei para desregular el sector.

La iniciativa pretende derogar la ley de protección de la actividad librera y es el tercer intento del Ejecutivo en esa dirección desde que la ultraderecha llegó al poder, a fines de 2023. Aprobada hace 25 años, la ley vigente establece que los libros solo se pueden comercializar a “un precio uniforme de venta al público”, fijado por el editor o importador. La norma admite unas pocas excepciones: descuentos no superiores al 10% en ferias del libro y actividades afines, rebajas de hasta el 50% únicamente para compras realizadas por organismos públicos, para distribución gratuita.

Se trata de un régimen similar al que opera en muchos países, como Francia, España, Alemania y México, entre otros. El propósito del precio único es impedir que los grandes supermercados —y hoy también las grandes plataformas web— ofrezcan los títulos de mayores ventas, los best sellers, con descuentos que destruyan ese mundo diverso que incluye a librerías de barrio y editoriales independientes.

El proyecto para terminar con ese esquema fue elaborado por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. Además de derogar el precio unificado, la propuesta del Coloso, como llama Milei a su ministro, desguaza el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

“En Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”, defendió Sturzenegger su iniciativa. “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores. Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”, argumentó a través de sus redes sociales. Sin precios establecidos, sostuvo, “la competencia simplemente los obligaría [a los actores del sector] a ofrecer más productos y a mejores precios”. Desde su perspectiva, la disyuntiva está planteada entre “defender un negocio protegido por una ley o pensar en la gente”.

El rechazo al proyecto del Gobierno ultra es ampliamente mayoritario en toda la cadena productiva del libro, reúne a filiales de empresas multinacionales y editoriales independientes, a grandes y pequeñas librerías. Así lo plasmaron en una declaración en defensa de la ley vigente la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Federación de Librerías, la Cámara de Librerías Independientes, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Escritores, entre muchas otras organizaciones del sector. “Si nuestra vida cultural, literaria e intelectual es reconocida en toda la geografía de nuestra lengua y más allá de ella, se debe en buena medida a una red amplia y diversa de librerías”, afirman en el pronunciamiento conjunto. “Son librerías que seleccionan cuidadosamente su catálogo, lo acercan a sus lectores en cada ciudad, en cada pueblo, y sostienen un sinfín de actividades culturales. Esa red es la que hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y son esas editoriales las que publican a los nuevos autores y autoras”.

En la misma declaración, responden los argumentos del Gobierno: “La experiencia internacional desmiente la promesa oficial. Donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron. En Suiza, el estudio que encargó la Secretaría de Estado de Economía tras la derogación de 2007 no halló cambios significativos en los precios. En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que, tras la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general, pese a descuentos más amplios y profundos. Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados”.

Más títulos, menos ejemplares

La drástica reforma que busca implementar el Gobierno se produce en una coyuntura particular para la industria editorial, afectada por la bajada del consumo y de los ingresos, sobre todo de las clases medias, y por el retiro del Estado. Las ventas en librerías, estiman en el sector, bajaron cerca de un 30%. Si bien en el último año, la Agencia Argentina de ISBN registró un total de 36.942 publicaciones, un incremento del 17% respecto de 2024, en el mismo lapso se produjo una marcada caída en la tirada total: pasó de 52,6 millones a 34,6 millones de ejemplares, una merma superior a un tercio. Esa contracción se explica, en buena medida, por el abrupto descenso de las compras institucionales y para programas de edición educativa estatal, que pasaron de representar el 29% de la tirada total en 2024 a solo un 5% el año pasado, según el último informe de la Cámara del Libro.

“Aún con problemas y con las crisis de Argentina, tenemos una industria editorial muy poderosa que provee excelentes libros de muy buenos autores, con grandes traducciones”, dice el escritor y editor Damián Ríos, codirector del sello Blatt & Ríos. “La ley vigente”, agrega, “permitió que pasáramos de unas 500 librerías a alrededor de 1.500 y que se crearan centenares de editoriales gracias a que podemos comercializar títulos que son de nicho en muchos casos, para un público argentino que es muy sofisticado en sus lecturas, con intereses muy diversos”. El editor enfatiza el peso dentro del sistema de los libros que no son grandes ventas. “El título que más vendió en los últimos años en el país es Sinceramente [el libro de la expresidenta Cristina Kirchner]. Vendió unos 400.000 ejemplares. Yenny [la cadena de librerías más grande del país] vende 5 millones de libros al año. O sea, 10 veces más que el libro que más vendió en los últimos 15 años. El peso de los best sellers es más o menos el 12% de las ventas totales. Los libros que no lee nadie son casi todos”, destaca.

Uno de los argumentos centrales del Gobierno para impulsar su proyecto es que, sostiene, fomentará la competencia. “Las editoriales ya competimos, todas queremos que el lector dedique su tiempo a nuestros libros”, dice Ríos. “Competimos haciendo libros que estén bien escritos y bien editados… Hablamos con los autores desde que tienen una idea, nos mandan un borrador, lo comentamos, hacemos sugerencias, después lo corregimos, le buscamos una tapa atractiva, lo publicamos y nos ocupamos de distribuirlo. Un libro es un trabajo de meses o años”.

Para Rodolfo Hamawi, profesor de Economía de la Cultura y exdirector nacional de Industrias Culturales (2009-2014), la clave del actual régimen del libro es que “garantiza la bibliodiversidad: la existencia de cantidad de títulos, diversidad temática y accesibilidad. Esas tres características que se dan en Argentina no se ven en tantos países,menos todavía en América Latina”. El autor de Libros y gobiernos advierte que “no hay bibliodiversidad sin librerías. Porque se necesitan locales especializados para poder albergar y exhibir los más de 30.000 títulos que se publican cada año. Si los best sellers los vende más baratos un supermercado, esas librerías van a cerrar, porque para poder vender 500 libros de poesía al año necesitan también poder vender esos best sellers. Entonces, algo que en términos inmediatos puede, para algunos títulos, significar una baja de precios, va a terminar en un proceso de concentración”. El Gobierno, concluye Hamawi, “olvida o no le interesa que el libro es un bien cultural, un bien público. Ahí se expresan nuestros autores y nuestra cultura, se construyen nuestras identidades y se educan los jóvenes. Ahí compartimos miradas sobre nuestra historia, nuestro futuro y nuestro presente. Un libro es mucho más que una mercancía cualquiera”.

El consenso del sector en defensa de la ley y en rechazo a la desregulación se respira estos días en la Feria de Editores (FED), abierta en Buenos Aires hasta este domingo. Entre los libros exhibidos por más de 300 editoriales pequeñas y medianas de la región, se dejan ver carteles con consignas como “no a la derogación de la ley del libro”, “defendemos la actividad librera” y “Argentina defiende su soberanía cultural”. En los pasillos de la feria, que llevan los nombres de reconocidos escritores ya fallecidos, como Juan José Saer, Juan Forn, Sara Gallardo y Hebe Uhart, las sonrisas y los comentarios exhiben un repentino cambio de clima: el pesimismo que desde hace semanas reinaba entre editores, libreros y autores trocó en esperanza en las últimas horas. En la madrugada del viernes, el Senado argentino le puso freno a uno de los principales proyectos de Milei para este año, su propuesta de eliminar los límites a la extranjerización de las tierras del país. La ultraderecha perdió parte de los apoyos parlamentarios con que contaba y el fracaso dejó paso a la versiones que indican que el Ejecutivo podría postergar su batería de iniciativas desregulatorias. En la FED, la editorial cordobesa Documenta ofrece sellar sus ejemplares, a modo de exlibris, con dos leyendas: “un libro no es un yogur” o “los libros también son nuestro territorio”.

María Filomena Bonilla Oliva tiene 61 años y ya no puede caminar sin ayuda de su bastón o de alguien que le acompañe. Vive sola en su casa de la comunidad de San José de Gracia, a unos 50 kilómetros de Hermosillo, la capital de Sonora. En 2022, a Mena, como la conocen sus amigos y familiares, le confirmaron que en su cuerpo tenía la presencia de seis metales pesados. Ese mismo diagnóstico llegó tarde para su esposo, de 72 años, que murió cuatro meses antes de que recibieran los resultados. Bonilla Oliva y su marido son solo dos de los habitantes de la cuenca del río Sonora que fueron gravemente afectados tras el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que el 6 de agosto de 2014 la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó en aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi. Han pasado 12 años de maltrato institucional hacia los cientos de víctimas de este desastre y de impunidad en el caso en el que la empresa sigue operando con normalidad y ante la inacción de los gobiernos que han pasado de frente.

Mena sobrevive pagando ella misma sus tratamientos en medio de un continuo desgaste emocional y físico ante la indiferencia de las autoridades. “Me siento muy defraudada porque creo que la insensibilidad está en ellos. No importa de qué color, de qué partido sean, han sido igual. No han tenido sensibilidad con el pueblo que sufre, porque tienen todas las investigaciones, están todos los estudios realizados, pero siempre quieren volver a empezar. Ya son 12 años de espera, pero el gobierno hasta ahorita no ha dado resultados. Todo queda en veremos, en reuniones, en fotos, en los discursos y en su publicidad”, se lamenta con una voz triste y cansada al teléfono.

Mena necesita prótesis para sus rodillas; los doctores le dijeron que las venas de sus piernas se tapan. Tiene dos años “lidiando” con la tiroides, en donde también tiene quistes que, le dicen, solo basta con que sean monitoreados cada año. El dolor en sus piernas ya es insoportable; dice que también tiene un efecto emocional y psicológico grave porque ya no puede regar sus plantas o cuidar su terreno como solía hacerlo. Tampoco puede ir ya por sí sola al hospital del IMSS Bienestar más cercano; pagar un taxi es carísimo, y trasladarse a pie, aunque sea una distancia corta, le es insostenible.

Es ese mismo hospital, ubicado a más de 50 kilómetros de su casa, al que dejó de ir porque en su primera visita la doctora de turno le preguntó sus síntomas y sus enfermedades, y sin revisarla le preparó una receta médica con una orden para los análisis que pudieran determinar la presencia de metales en su cuerpo. Cuando Mena preguntó si esos estudios se los harían ahí mismo, la médica le respondió que no, que el Estado no contaba con esos recursos, que fuera a pedírselo a la empresa que había sido responsable. “Me dijo que fuera a Grupo México para que me los patrocinaran. ‘¿Cómo me dice usted eso, doctora, cree que si los estamos demandando me van a recibir con los brazos abiertos?’, le respondí yo”.

El 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre minero que se recuerda en la historia de México. Los desechos tóxicos que se vertieron en los cuerpos de agua que abastecen a las comunidades alrededor de la cuenca del río Sonora afectaron la salud y la vida de unas 22.000 personas de las comunidades de Cananea, Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

Muchas de esas familias abandonaron los pueblos ante una tierra enferma en la que ya no pudo cultivarse nada. También el agua y el aire están aún contaminados y las acciones de remediación han quedado en el papel. Pobladores de los municipios afectados crearon los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), a través de los que comunican y mantienen su lucha en contra de la empresa a la que han demandado por unas 55 omisiones comprobadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y 11 juicios de amparo para empujar a que lleven a cabo una verdadera reparación del daño que hasta ahora no ha sucedido pese a lo que el Gobierno ha comunicado reiteradamente.

La abogada Cynthia Arco, de la organización civil Poder Latam —que ha acompañado a las ocho comunidades afectadas tras el derrame desde los primeros momentos posteriores a la tragedia— define el actuar de los gobiernos de todos los niveles y de la empresa como “una simulación”.

“Los CCRS han obtenido victorias en la última instancia judicial del país, en la que han determinado que Grupo México no ha cumplido con la remediación, que el fideicomiso Río Sonora, que sería el mecanismo de pago de las afectaciones, fue una simulación, un mecanismo fallido. Y a pesar de todas estas decisiones judiciales y de todas estas victorias, Grupo México acude a tribunales administrativos que son inferiores a la Suprema Corte con el propósito de mantener estos procesos de justicia interminables, de estar impugnando con argumentos que no tienen base legal para retardar la justicia”, dice.

Arco recuerda que en 2014 la Profepa celebró un convenio con Grupo México para reparar las afectaciones del derrame y de ese convenio nació el fideicomiso Río Sonora, que, en comunicados, se anunció que se comprometían a aportar la cantidad de 2.000 millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones. “En estos procesos jamás se les dio participación ciudadana a las víctimas”, reclama. Además, tres años después, en 2017, ese fideicomiso fue cerrado con opacidad sin que se verificara el cumplimiento de lo prometido.

Es algo que también menciona Mena, que, asegura, ha estado en presencia de todas las autoridades que se han acercado a los comités, de los que ella forma parte, y a quienes en persona les ha pedido una y otra vez que sus testimonios sean tomados en cuenta en las decisiones que se toman y que sean informados sobre lo que el Gobierno ha negociado con la empresa. Arco, añade: “Todos estos datos, las dudas, todas estas faltas de garantía, esta falta de transparencia, esta simulación por parte de las autoridades, hacen que la gente se sienta que se están repitiendo los mismos vicios que en 2014. Porque se está celebrando otra vez un convenio con la empresa a puerta cerrada, con cláusulas de confidencialidad, sin dar participación a la gente, sin atender realmente todas las demandas históricas de las comunidades”. Hasta ahora, ni la defensa legal de las comunidades afectadas y mucho menos los habitantes, muchos de ellos enfermos de gravedad, saben con exactitud lo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la empresa han pactado en este caso, que en los hechos lleva 12 años de impunidad y de abandono a las víctimas.

A finales de 2021 y principios de 2022, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), realizó análisis en sangre y orina a 1.500 personas, entre las que identificó 705 casos que dieron positivo a presencia de plomo en sangre que requerían tratamiento de por vida, y determinó, además, que el 99,8 % de la población está expuesta a metales pesados de una manera “homogénea”.

“Esto quiere decir que en los ocho municipios hay presencia todavía de contaminantes y requieren una vigilancia epidemiológica y atención a la salud en materia de toxicología en toda la cuenca. Sin embargo, de estas 1.500 personas, hay 705 que ya requieren tratamientos de por vida, que ya presentan enfermedades crónicas como arsenicosis, cáncer, daño renal. Incluso hay ciertas personas que van a requerir quelaciones [una terapia que usa fármacos intravenosos u orales para atrapar metales pesados o minerales tóxicos en la sangre y eliminarlos del cuerpo a través de la orina]”, recuerda la abogada.

Con estos datos, Poder Latam promovió ante un juzgado una solicitud de medidas cautelares vía amparo. “El juez de distrito catalogó el asunto como urgente y grave y ordenó que se le brindara la atención médica integral a las personas, que se coordinaran las autoridades ambientales y sanitarias para emitir alertas a la población, que se hicieran monitoreos y también se emitieran medidas a favor de niños y niñas que habitan en los diferentes planteles escolares de la cuenca, precisamente porque los niños no saben y consumen agua directamente de la llave, lo que ha arrojado que las infancias tengan altos niveles de plomo en su sangre. A la fecha, las autoridades no han dado cumplimiento a estas medidas cautelares. En el Río Sonora no existe un plan de atención urgente para atender estas problemáticas de salud”, dice Arco.

Al contrario de las decenas de compañeros de Mena que han muerto en estos años y de las enfermedades y afectaciones a las comunidades que resultaron directamente dañadas por el vertido tóxico, la actividad de la compañía responsable, Grupo México, del empresario Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, va viento en popa. El grupo acaba de firmar un acuerdo en abril pasado con BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, para crear una plataforma de energía con 14 centrales de generación estratégicamente ubicadas en zonas de alta demanda en todo México. Aunque las demandas por su manejo de residuos o vertidos ilegales en varias partes del país no han cesado. En 2019, el Gobierno mexicano abrió una investigación sobre el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, una joya y reserva natural al noroeste del país, solo por mencionar otro ejemplo.

Un hospital ‘fantasma’

En diciembre de 2025, el Gobierno federal anunció la construcción de un hospital especializado para dar atención a esta población. Hace solo unos días, por el aniversario de la tragedia, el Gobierno de Sonora, liderado por el morenista Alfonso Durazo Montaño, colocó simbólicamente -otra vez- la “primera piedra” de un centro médico que antes, en 2015, también había sido prometido como medida de remediación y “justicia ambiental”. A través de un comunicado público leído en medio de la ceremonia, los CCRS dijeron: “Ese proyecto nunca se completó; fue el monumento a la impunidad que hoy sigue de pie, y a nuestra vista. Hoy se coloca, por segunda vez, la primera piedra de un hospital que representa una deuda enorme para las comunidades del río Sonora”.

Hasta el 4 de agosto, aseguraron, y pese al tiempo transcurrido desde los anuncios del hospital, no existe evidencia pública de que la obra haya iniciado. “Esto no impide que la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar o cualquier autoridad sanitaria de los tres niveles implementen las acciones que fueron ordenadas. Así como dice Mena, no hay ni siquiera un médico toxicológico en la región que atienda esta problemática. A pesar de ser uno de los principales estados mineros en México, no hay medios de prevención. Seguimos peleando por ellos. Entonces, el hecho de que no haya un plan de atención a la salud no resuelve el hospital; la problemática seguiría siendo un edificio [además sin el presupuesto necesario], pero realmente sin capacidad para atender una problemática grave como es la del caso del río Sonora, en materia epidemiológica y toxicológica”, dice Arco.

Ni el Diario Oficial de la Federación (DOF) ni otros documentos formales dan cuenta de los acuerdos entre el Gobierno de Sheinbaum y Grupo México. Tampoco hay rastros oficiales del dinero del que se dispone para remediar las afectaciones a la salud y al territorio tras 12 años del peor desastre minero en la historia del país.

El primer comunicado del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue una orden para demostrar que entre sus principales prioridades está la mano dura carcelaria ―la misma que caracteriza a otros líderes de la región, especialmente al salvadoreño Nayib Bukele―. En texto y luego en video, De la Espriella anunció que 117 reclusos, 103 en la cárcel de Itagüi ubicada cerca a Medellín, serán trasladados a otras cárceles de máxima seguridad alrededor del país. “Perderán los privilegios y no podrán continuar dirigiendo actividades criminales”, afirmó. “En la Era del Tigre se acabó la cárcel como centro de operaciones para los bandidos. ¡Mano de hierro contra la delincuencia!”

El presidente, en un video que comparte en su cuenta en la tarde del sábado, dice que está coordinando el traslado de los 117 prisioneros, “personalmente”. Mientras habla, aparecen en el video las caras de varios de los prisioneros trasladados, caminando junto a oficiales altamente armados hacia avionetas, o camiones blindados del sistema de prisiones. Los agentes les ponen las esposas en las muñecas.

La primera decisión ejecutiva del presidente es una señal en dos vías. Primero, un mensaje contra el petrismo, pues los 117 prisioneros estaban vinculados a los diálogos de paz que el expresidente Gustavo Petro mantuvo en su política de Paz Total. “La opción del diálogo está completamente agotada”, anunció el presidente De la Espriella en su discurso de juramento un día antes.

Varios de los cabecillas en zonas rurales y selváticas alrededor del país que hacían parte de la Paz Total serán perseguidos por los militares en los próximos días. Pero los 117 en la cárcel de Itagüí ya estaban al alcance del poder del presidente, por lo que la mano dura les podía llegar más rápidamente a ellos. Se trata de un grupo muy criticado ante la opinión pública, pues, en abril de este año, organizaron una parranda vallenata dentro de la prisión, que luego fue denunciada por la oposición. Nueve de ellos, además, fueron criticados tras hablar en una tarima, junto a Petro, de paz urbana en una ciudad donde fueron cabeza del crimen que atemorizó a la urbe. Los mediáticos cabecillas del célebre ‘tarimazo’, los de la criticada parranda vallenata, indica el nuevo presidente, ahora estarán más encerrados que antes.

La segunda señal tiene que ver más con mantener un mismo estilo mediático. El presidente De la Espriella no quiere perder la imagen que conquistó en la campaña, cuando logró hacer virales videos de inteligencia artificial que lo convertían en superhéroe contra lo que ve como el mal: los corruptos, “los de siempre”, los de Petro. Con la imagen de un tigre “que ruge y muerde”, y su saludo militar en cada intervención pública, logró la atención de los colombianos cansados de la extorsión y el crimen. De la Espriella busca mantener desde su primer día la atención mediática con un video que es una continuación de lo que prometió en los videos de campaña: esposas en las muñecas, oficiales altamente armados, criminales controlados.

El video como forma de demostrar mano dura es algo que han usado dos de los políticos que De la Espriella admira: el salvadoreño Nayib Bukele, quien hizo superproducciones mostrando la humillación de oficiales a jóvenes capturados en megacárceles; y Donald Trump, cuyos oficiales de migración de la agencia ICE también han grabado sus cientos de detenciones a migrantes para deportar. El video de De la Espriella no muestra un trato tan humillante como los de Bukele o Trump, denunciados por violar los derechos civiles de sus detenidos. Pero es la confirmación de que la política de seguridad prometida vendrá también en video.

Abelardo de la Espriella ha prometido construir megacárceles del estilo Bukele y, según contó el viernes el presidente de Chile, José Antonio Kast, al salir de su reunión con el presidente colombiano, uno de los temas que discutieron fue cómo mejorar la política carcelaria de los dos países.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la decisión, pero también puso una alerta: mover a los cabecillas de cárceles puede traer retaliaciones de los mismos grupos criminales que aún controlan, algo que le ocurrió a Petro cuando hizo ese tipo de traslados también durante su cuatrenio. “El traslado de los criminales condenados, que pagaban sus penas en la cárcel de Itagüí, obliga a la Fuerza Pública a estar en máxima alerta”, dijo el gobernador en redes sociales. “Estas estructuras, que delinquen en Medellín y otros municipios de Antioquia, intentarán reorganizarse. Ya lo han hecho en el pasado”.

La que no fue mencionada en las palabras de Abelardo de la Espriella fue Daneidy Barrera, conocida como la influencer Epa Colombia, quien también fue trasladada de cárcel. Ella fue condenada en 2025 por atacar una estación de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, durante las grandes protestas sociales de 2019. Petro, cuya victoria en 2022 fue en parte con el apoyo de quienes protestaron entonces, la defendió durante su cuatrenio y pidió mejorar sus condiciones de encarcelamiento. En el primer día de De la Espriella, Epa Colombia contó que fue trasladada de cárcel: fue trasladada de Carabineros de Bogotá a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña de Ibagué.

“Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo”, compartió ella en sus redes sociales al ser trasladada, con un video que muestra sus zapatos caminando. “Solo le pido a Dios que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto”. Luego borró el mensaje.

La crisis por la exportación de aguacates de Michoacán ha durado dos días. La embajada de Estados Unidos en México ha anunciado este viernes que reanudará la supervisión y el envío del fruto después de verificar la condiciones de vigilancia que ha implementado el Gobierno mexicano en las últimas horas, que incluyen el envío de 1.500 militares a la región. El miércoles, la legación diplomática publicó una alerta de seguridad que obligó a los inspectores de la Secretaría de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés) a abandonar sus puestos en las empacadoras que exportan aguacates a Estados Unidos, bajo el argumento de que la zona se había tornado más violenta en los últimos días.

El embajador Ronald Johnson ha expresado, a través de un comunicado, su beneplácito ante las medidas que ha tomado la Administración de Claudia Sheinbaum en las últimas horas. El mensaje señala que, a partir del sábado, los inspectores reanudarán parcialmente sus actividades en los municipios de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan, y el área entre Morelia and Pátzcuaro. “Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según sea necesario. Un sector agrícola seguro beneficia a ambas naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica”, ha añadido Johnson.

El clima de violencia en Michoacán se ha recrudecido tras el arresto a finales de julio de Ramón Álvarez Ayala, alias R1, operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región y a quien las autoridades consideran el principal extorsionador de empresarios del sector aguacatero. Sheinbaum había prometido reforzar la vigilancia para garantizar la seguridad de la industria. “Estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas, donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional”, comentó en su conferencia matutina del jueves.

Los supervisores del USDA están encargados de verificar las condiciones en las que los aguacates se exportan a Estados Unidos. Ningún fruto puede cruzar la frontera si su empaque no ha sido aprobado por ellos. Al salir de la región, han paralizado a una buena parte de la industria. La última vez que México suspendió la exportación de aguacate a Estados Unidos fue en febrero de 2022. Entonces, uno de los inspectores de la USDA fue amenazado por un grupo criminal, por lo que Washington detuvo el procesamiento del fruto durante ocho días.

El Estado de Michoacán es el principal productor de aguacate de México, con el 88%. El Gobierno local estima que al menos la mitad de la producción se exporta a Estados Unidos, mientras que el resto se distribuye en el mercado nacional. La semana pasada, la Secretaría de Agricultura de México presumía de que las exportaciones del fruto a Estados Unidos habían subido un 35% en los primeros cuatro meses de 2026. En 2025, el aguacate fue el segundo producto alimentario más enviado a Estados Unidos y lo que representó el 8,1% de las exportaciones agrícolas sumando unos 3.653 millones de dólares.

La presa política María Lourdes Afiuni ha salido este viernes del oscuro laberinto judicial al que estuvo sometida por más de 16 años. A la jueza se le ha concedido la libertad plena y se ha cerrado definitivamente el expediente que levantó las primeras banderas de alerta sobre la pérdida de independencia del poder judicial en Venezuela y la vocación autoritaria del chavismo.

La familia informó que la tarde del viernes recibieron la notificación que pone fin al proceso. La libertad le llega a los 63 años de edad y con un cuadro delicado de salud. Días antes de que se produjera esta medida, la familia había alertado de que requería que le levantaran las restricciones de arresto domiciliario para poder tratarse tres nuevas lesiones cancerígenas que le habían aparecido, luego de haber sobrevivido ya a un cáncer. “En la tarde de hoy mi padre recibió en manos de un funcionario la notificación de libertad plena y cierre total del caso contra la jueza. Ella junto con mi madre están en la clínica”, escribió su hermano Nelson Afiuni en sus redes sociales.

La cadena de irregularidades de este caso de persecución política es un inventario de horrores. Afiuni fue sometida a un proceso viciado por dictar una decisión judicial apegada a los procedimientos. La encarcelaron luego de que Hugo Chávez lo hubiese ordenado en televisión, pagó más años de cárcel de los que le correspondían en su condena, fue juzgada por un delito inexistente y fue torturada, violada y obligada a abortar, con graves secuelas en su cuerpo, mientras estuvo en la cárcel de mujeres de Los Teques, en las afueras de Caracas. En prisión le tocó convivir con reclusas a las que ella misma había condenado.

Afiuni ha sido llamada “la presa personal de Hugo Chávez”. En diciembre de 2009 fue detenida por funcionarios de inteligencia luego de que firmara la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño, que había pasado detenido sin juicio más de dos años por su presunta vinculación a corrupción en el manejo de divisas durante el control de cambio y, también, por sus vínculos con los líderes de oposición que se enfrentaban al chavismo en sus inicios.

“¡Bandida!”, gritó enardecido el expresidente Chávez en televisión y ordenó la pena máxima de 30 años de prisión para ella. Le imputaron supuesta corrupción y complicidad en la fuga del empresario. Dos años después, por razones de salud, se le concedió el arresto domiciliario y luego la libertad condicional. El proceso entró en un diferimiento tras otro que la mantuvo en un limbo judicial por años. En 2016 retomaron el juicio y en 2019 fue condenada a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”, es decir, corrupción sin que haya dinero o contraprestación involucrada, según la argumentación judicial.

Esta liberación es celebrada por defensores de derechos humanos que esperan que se cierre un capítulo oscuro en el sistema de justicia venezolano. La medida es tomada justo en la semana en que se han iniciado las negociaciones entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición representada en la Asamblea Nacional de 2015, un proceso dirigido desde Washington en el que se espera que se concreten medidas para la transición a la democracia. Las delegaciones están reunidas en sesión permanente desde el jueves pasado y seguirán en plenaria hasta el próximo miércoles. Afiuni había quedado excluida de la ley de amnistía promovida por Rodríguez este año como una forma de apertura política, pero desde instancias internacionales se había abogado durante años por su liberación.

La familia expresó su satisfacción por haber llegado al final “de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso”. “La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir”, dice el texto firmado por su hermano y Thelma Fernández, la representante legal. “Confiamos en que este cierre definitivo marque también el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse”.

La causa de los presos políticos ha subido de volumen este viernes, luego de semanas en las que las víctimas de los terremotos y la atención de la emergencia ocuparon totalmente la agenda. Decenas de familiares marcharon hasta la Cancillería para exigir la libertad de todos. Las ONG todavía contabilizan entre 400 y 500 presos políticos, buena parte de ellos militares, pese a que se concretaron centenares de excarcelaciones los últimos meses.

Los manifestantes rompieron los cercos policiales en el centro de Caracas y lograron entregar un documento en el que exigen que el Gobierno permita la entrada al país de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como también pidieron que la Comité Internacional de la Cruz Roja visite las prisiones, donde desde enero permanecen las familias en campamentos para exigir que se concreten las liberaciones que prometió entonces el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. “Estamos aquí exigiendo que por primera vez la Cancillería fije posición sobre requerimientos y recomendaciones de los organismos internacionales”, dijo Andreina Baduel, representante del Comité de Familiares de Presos Políticos. Y agregó: “Si estamos hablando de un nuevo momento político debería comportarse a la altura si es que de verdad tiene la voluntad de hacer las cosas distintas”.

Cali amaneció este viernes vigilada por más de 11.000 uniformados y con las calles engalanadas con banderas de Colombia. La tercera ciudad más poblada del país se vistió de fiesta para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, un hito sin precedentes: por primera vez, un mandatario jura el cargo fuera de Bogotá. “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la libertad y la autoridad”, anunció en su primer discurso. El presidente dio la orden de combatir a todas las estructuras criminales. “El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, gritó.

De la Espriella juró su cargo en un escenario inusual, el auditorio de una universidad donde suelen celebrarse conciertos. El recinto, con capacidad para más de 2.500 personas, se convirtió por unas horas en el centro de poder del país. Mientras el ya expresidente Gustavo Petro abandonaba serio la Casa de Nariño, autoridades internacionales e invitados del mundo político, empresarial y social se paseaban por las alfombras del teatro con sus mejores galas.

Tras el paseo de los jefes de Estado —el argentino Javier Milei fue vitoreado con fervor por un nutrido grupo de los acreditados como periodistas—, el nuevo presidente apareció con más de una hora de retraso, vestido de traje azul oscuro y camisa blanca, acompañado de su esposa y sus cuatro hijos, todos protegidos por guardaespaldas, ametralladoras y escudos antibalas.

Ya en el auditorio, y sin esas protecciones, De la Espriella recibió la banda de manos del presidente del Senado, Honorio Henríquez, y fue breve: “¡Firmes por la patria!”. Se transmitió el disparo de 21 salvas en su honor, realizado en Bogotá, y besó a su esposa, Ana Lucía Pineda.

En una esquina del escenario, una Virgen de Fátima rodeada de claveles blancos observaba la ceremonia. Un rabino pronunció casi una oración y pidió poner a Dios por delante. “¡Viva Colombia y viva Israel!”, gritó. Luego habló un pastor evangélico que puso a todos de pie a orar. Después, un sacerdote católico. Y, por último, un monseñor.

Mientras hablaban esos líderes religiosos, antes de finalizar el acto protocolario, el presidente salió apresurado para llegar a un batallón militar cercano. Fue allí, ante decenas de uniformados formados en cuadro y con uniformes de gala, y no ante los congresistas ni el resto de autoridades, donde pronunció su discurso de investidura.

Lo primero que hizo De la Espriella fue agradecer a “Nuestro Señor Jesucristo” por sostener a Colombia “a través de una historia marcada por la violencia” y afirmó que llegaba “a cerrar un largo capítulo de resignación nacional”. Destacó el simbolismo de dar su discurso en el cantón militar Pichincha, se declaró presidente de todos los colombianos y reivindicó que su triunfo fue el de “la democracia colombiana”, lejos de “los modelos totalitarios bolivarianos”. En la “Patria Milagro nadie será perseguido por pensar distinto”, aseguró quien como candidato no concedió entrevistas a medios críticos.

Frente a decenas de militares formados en cuadro y con rostros inalterados, el presidente repasó los problemas que atraviesan Colombia, atribuyó parte de ellos a las “decisiones equivocadas” de su antecesor y prometió medidas en todas las áreas. Anunció una reforma tributaria, la eliminación del impuesto al patrimonio, la erradicación de cultivos de coca y la persecución del crimen organizado. Prometió a los trabajadores informales que se esforzará en incluirlos en la economía y los créditos, aseguró que fortalecerá energéticamente al país y se comprometió con la prosperidad del campo y sus campesinos. Juró acabar con la crisis en la salud y mejorar la educación, que jamás podrá ser “un instrumento de adoctrinamiento ideológico”. La batalla cultural está servida, advirtió.

El presidente de Colombia ha llegado hasta aquí por el margen más estrecho que ha dejado una segunda vuelta presidencial en 32 años: apenas 250.830 votos, o menos de un punto porcentual, de ventaja sobre Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, la apuesta de Gustavo Petro para continuar con sus políticas. La tarde del 21 de junio se vivió un conteo de taquicardia, con Petro cuestionando en vivo las elecciones.

El Gobierno de El Tigre, como a De la Espriella le gusta llamarse, inaugura un experimento de ultraderecha inédito en Colombia: un abogado sin trayectoria política que se vendió como outsider y prometió desmantelar el establecimiento del que él mismo hace parte. Un hombre que desafió a las maquinarias partidistas con una estrategia de marketing. Colombia eligió presidente, pero también compró una marca, la suya.

Sus primeras decisiones, sin embargo, no corresponden a un outsider. Entregó las finanzas del Estado a un heredero de una de las dinastías conservadoras más antiguas. En la cancillería apostó por un militante del trumpismo MAGA que pasó dos décadas en la ONU, organismo al que hoy acusa de estar secuestrado por el “globalismo”. Y en salud eligió a la presidenta del gremio de empresas subcontratadas para sostener un sistema en crisis, que ella misma deberá regular.

Apoyos y ausencias

La ceremonia congregó a 10 jefes de Estado, dos vicepresidentes y 15 cancilleres, buena parte aliados regionales de derecha que comparten sus valores conservadores y su batalla cultural contra la izquierda. Por la mañana, De la Espriella sostuvo encuentros bilaterales con Milei, el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, la delegación estadounidense y el rey Felipe VI.

Pero algunos vacíos en la lista de invitados llamaron la atención. Nayib Bukele, cuya estética y discurso de mano dura inspiró la campaña de De la Espriella; Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú; y los presidentes de izquierda Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi.

También destacó el bajo rango de la delegación estadounidense. Ni Donald Trump, ni JD Vance, ni Marco Rubio viajaron a Cali. Trump envió una comitiva encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche, junto a la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, y el asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente, Cliff Sims: un perfil judicial, antidrogas y de seguridad, sin funcionarios de rango de jefe de Estado o de gobierno.

Tampoco asistió Petro, que sigue sin reconocer el resultado electoral, ni los congresistas del Pacto Histórico, que prefirieron liderar marchas en Bogotá, Barranquilla y Cali. Tampoco estuvieron los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, excluidos de forma expresa de la lista. Álvaro Uribe, líder de la derecha colombiana, mantuvo dudas sobre su asistencia, pero finalmente apareció.

La elección de Cali refuerza uno de los mensajes centrales de campaña: gobernar desde las regiones y no solo desde Bogotá. En su entorno se insiste en que la elección del suroccidente no es solo simbólica, sino el punto desde el que el nuevo gobierno disputará terreno al narcotráfico, la gran batalla de todos los presidentes colombianos.

En el entorno del presidente electo se ha insistido en que la elección del suroccidente del país es más que puro simbolismo, es el punto desde el que el nuevo gobierno empezará a disputarle terreno al narcotráfico, la gran batalla de todos los presidentes de Colombia.

El lugar del acto fue, hasta última hora, motivo de disputa. De la Espriella quería posesionarse en una guarnición militar para reforzar su mensaje de mano dura junto a los uniformados. El presidente saliente se lo impidió y ordenó que ninguna instalación militar o policial adelantara preparativos, amparado en que, hasta el último segundo de su mandato, seguía siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sostuvo que un civil debe posesionarse ante el pueblo y no ante las armas. Pero De la Espriella encontró la brecha para salirse con la suya.

La Fiscalía de Coahuila ha dado a conocer la detención de Chad N, un ciudadano estadounidense de 35 años, quien es acusado de triple homicidio e intento de secuestro de un menor en Saltillo, la capital del Estado. El también expolicía fue aprehendido por autoridades mexicanas cuando se disponía a cruzar la frontera en Piedras Negras, una importante ciudad justo enfrente de Eagle Pass, Texas, tras haber asesinado a tres familiares de su expareja, Litzy Mora, quien resultó herida en el tiroteo cuando trató de sustraer al hijo de ambos para llevárselo a EE UU. El Ministerio Público ha dicho este jueves en un comunicado que el hombre enfrenta cargos por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

De acuerdo con la información de las autoridades locales, Chad N, un exsoldado que pertenecía al Cuerpo de Infantería de Marina y exveterano de guerra, acudió este martes a una casa ubicada en la colonia Espinoza Mireles donde se encontraba Mora, de 26 años, por un conflicto familiar sobre la custodia del menor, de quien se reporta tiene tres años. Tras discutir, el acusado presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra los presentes. Ana Laura de León Morín, de 44 años y madre de Litzy; Laura Mora, la hermana de Litzy, de 23 años; y Emanuel Montero Gómez, de 44 años, quien era pareja de la progenitora de ambas, fallecieron en el lugar a causa de los impactos de bala.

Según el informe policial, Litzy recibió un disparo en la región craneal. Fue intervenida quirúrgicamente y permanece hospitalizada en estado grave, con pronóstico reservado. Tras el tiroteo, Chad N sustrajo al menor y huyó hacia la zona norte del Estado en una camioneta con placas estadounidenses. A través de un operativo con el apoyo de cámaras de videovigilancia, junto con elementos de las corporaciones de seguridad estatales, militares y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU, entre las 21.00 y 22.00 del mismo día lograron interceptar al tirador cuando se disponía a cruzar el retén hacia Eagle Pass. El menor fue rescatado ileso y quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

Las pesquisas indican que el detenido contaba con una orden de restricción en Estados Unidos por presuntos hechos de violencia familiar, lo que le prohibía tener contacto con su hijo y su expareja. Asimismo, Federico Fernández, titular de la Fiscalía de Coahuila, ha revelado que el expolicía del municipio de Lockney, en Texas, tenía prohibida la portación de armas de fuego debido a estos mismos hechos. De acuerdo con la misma autoridad, Chad N habría permanecido en el Estado al menos varios días previos al ataque.