La presa política María Lourdes Afiuni ha salido este viernes del oscuro laberinto judicial al que estuvo sometida por más de 16 años. A la jueza se le ha concedido la libertad plena y se ha cerrado definitivamente el expediente que levantó las primeras banderas de alerta sobre la pérdida de independencia del poder judicial en Venezuela y la vocación autoritaria del chavismo.
La familia informó que la tarde del viernes recibieron la notificación que pone fin al proceso. La libertad le llega a los 63 años de edad y con un cuadro delicado de salud. Días antes de que se produjera esta medida, la familia había alertado de que requería que le levantaran las restricciones de arresto domiciliario para poder tratarse tres nuevas lesiones cancerígenas que le habían aparecido, luego de haber sobrevivido ya a un cáncer. “En la tarde de hoy mi padre recibió en manos de un funcionario la notificación de libertad plena y cierre total del caso contra la jueza. Ella junto con mi madre están en la clínica”, escribió su hermano Nelson Afiuni en sus redes sociales.
La cadena de irregularidades de este caso de persecución política es un inventario de horrores. Afiuni fue sometida a un proceso viciado por dictar una decisión judicial apegada a los procedimientos. La encarcelaron luego de que Hugo Chávez lo hubiese ordenado en televisión, pagó más años de cárcel de los que le correspondían en su condena, fue juzgada por un delito inexistente y fue torturada, violada y obligada a abortar, con graves secuelas en su cuerpo, mientras estuvo en la cárcel de mujeres de Los Teques, en las afueras de Caracas. En prisión le tocó convivir con reclusas a las que ella misma había condenado.
Afiuni ha sido llamada “la presa personal de Hugo Chávez”. En diciembre de 2009 fue detenida por funcionarios de inteligencia luego de que firmara la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño, que había pasado detenido sin juicio más de dos años por su presunta vinculación a corrupción en el manejo de divisas durante el control de cambio y, también, por sus vínculos con los líderes de oposición que se enfrentaban al chavismo en sus inicios.
“¡Bandida!”, gritó enardecido el expresidente Chávez en televisión y ordenó la pena máxima de 30 años de prisión para ella. Le imputaron supuesta corrupción y complicidad en la fuga del empresario. Dos años después, por razones de salud, se le concedió el arresto domiciliario y luego la libertad condicional. El proceso entró en un diferimiento tras otro que la mantuvo en un limbo judicial por años. En 2016 retomaron el juicio y en 2019 fue condenada a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”, es decir, corrupción sin que haya dinero o contraprestación involucrada, según la argumentación judicial.
Esta liberación es celebrada por defensores de derechos humanos que esperan que se cierre un capítulo oscuro en el sistema de justicia venezolano. La medida es tomada justo en la semana en que se han iniciado las negociaciones entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición representada en la Asamblea Nacional de 2015, un proceso dirigido desde Washington en el que se espera que se concreten medidas para la transición a la democracia. Las delegaciones están reunidas en sesión permanente desde el jueves pasado y seguirán en plenaria hasta el próximo miércoles. Afiuni había quedado excluida de la ley de amnistía promovida por Rodríguez este año como una forma de apertura política, pero desde instancias internacionales se había abogado durante años por su liberación.
La familia expresó su satisfacción por haber llegado al final “de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso”. “La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir”, dice el texto firmado por su hermano y Thelma Fernández, la representante legal. “Confiamos en que este cierre definitivo marque también el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse”.
La causa de los presos políticos ha subido de volumen este viernes, luego de semanas en las que las víctimas de los terremotos y la atención de la emergencia ocuparon totalmente la agenda. Decenas de familiares marcharon hasta la Cancillería para exigir la libertad de todos. Las ONG todavía contabilizan entre 400 y 500 presos políticos, buena parte de ellos militares, pese a que se concretaron centenares de excarcelaciones los últimos meses.
Los manifestantes rompieron los cercos policiales en el centro de Caracas y lograron entregar un documento en el que exigen que el Gobierno permita la entrada al país de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como también pidieron que la Comité Internacional de la Cruz Roja visite las prisiones, donde desde enero permanecen las familias en campamentos para exigir que se concreten las liberaciones que prometió entonces el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. “Estamos aquí exigiendo que por primera vez la Cancillería fije posición sobre requerimientos y recomendaciones de los organismos internacionales”, dijo Andreina Baduel, representante del Comité de Familiares de Presos Políticos. Y agregó: “Si estamos hablando de un nuevo momento político debería comportarse a la altura si es que de verdad tiene la voluntad de hacer las cosas distintas”.
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