Tag: El Pais

Chile se mantiene bajo la emergencia por el sistema frontal que desde la semana pasada ha afectado a, al menos, 10 regiones del país sudamericano y que ha dejado a 13 personas muertas, cuatro desaparecidas, 6.157 aislados y a 3.532 damnificados. Las lluvias se han mantenido de manera intermitente en gran parte del territorio, pero sus efectos devastadores concentrado en el llamado norte chico, que abarca a las habitualmente secas regiones de Atacama, en un temporal extremo que ha llevado al Gobierno de José Antonio Kast a decretar este lunes el estado de catástrofe para todo Coquimbo y la provincia atacameña de Huasco. Se estima que durante el jueves un nuevo frente de mal tiempo se traslade al sur del país. Este evento también afectará a Santiago de Chile, que a partir del jueves recibirá nuevas precipitaciones, las que serían menos intensas que las de la semana pasada. Este miércoles se ha ratificado la suspensión de las clases en los municipios de las regiones Atacama y Coquimbo hasta el resto de esta semana.

¿Cómo avanza el sistema frontal por Chile?

Tras su paso durante la semana pasada por las regiones del centro-sur del país —en especial en Valparaíso y Biobío—, el tren de sistemas frontales se desplazó a inicios de esta semana hacia el norte de Chile y se instaló en las regiones de Coquimbo y en el sur de Atacama. Las ciudades de Coquimbo, La Serena, Ovalle, Illapel y Vallenar recibieron la peor parte del frente climático. Hasta el pasado domingo, el municipio de Combarbalá acumulaba 275 milímetros de precipitaciones, una cifra récord para una zona que arrastra una grave sequía desde hace más de dos décadas. El temporal que causó estragos en el norte ha avanzado poco a poco hacia el sur, aunque con una intensidad menor a la registrada durante el pasado viernes. Las regiones Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule y Biobío recibirán un nuevo pulso de precipitaciones durante el jueves. En las regiones del sur también se esperan fuertes vientos con rachas que alcanzarán hasta los 80 kilómetros por hora.

¿Cuándo volverá de llover en Santiago?

La previsión de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el organismo oficial encargado de entregar la predicción del tiempo en el país, ha reportado que la lluvia en Santiago vuelve para el jueves 23 de julio. Durante esa jornada el cielo amanecerá nublado con algunos chubascos, aunque durante la tarde se cubrirá para dejar algunas precipitaciones que se extenderán hasta la madrugada del viernes 24. El fin de semana no tiene una previsión de lluvia, e incluso se estima que el domingo 26 la jornada sea levemente templada con una máxima de hasta 20°.

¿Qué ocurrirá con las clases?

El ministerio de Educación ha confirmado la suspensión de las clases para el resto de esta semana —el jueves 23 y el viernes 24 de julio— en los colegios de enseñanza parvularia, básica (primaria) y media (secundaria) en la provincia del Huasco (municipios de Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen) y en Tierra Amarilla; y en toda la región de Coquimbo. La autoridad ha enfatizado que la paralización de las actividades escolares se aplicará en los establecimientos públicos y privados.

¿Qué se espera para las próximas horas?

La DMC mantiene un aviso meteorológico por viento normal a moderado entre las regiones de Coquimbo y Biobío, que afecta a la zona costera, de la cordillera de la costa, del valle, la precordillera y la cordillera de cada territorio. La temperatura se mantendrá baja mientras avanza el sistema fontal, aunque para este domingo se prevén descensos en las mínimas en especial en Santiago, donde la mínima podría alcanzar los 4°.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Las autoridades recomiendan que en las zonas más afectadas con el sistema frontal se disminuyan los desplazamientos de personas, tanto a pie como a bordo de vehículos, para evitar accidentes. En cuanto a los cortes de energía eléctrica —que se han mantenido por casi 72 horas en algunos municipios de la región de Valparaíso como Nogales—, se ha pedido no utilizar velas para alumbrar por el peligro de generación de incendios, así como mantener linternas cargadas y una radio a pilas. Desde el inicio de la emergencia el Ejecutivo ha llamado a las familias a armar un kit de emergencia que contenga todos los elementos básicos de sobrevivencia.

¿Qué significa el estado de catástrofe?

El trágico avance del temporal por el norte chico de Chile ha llevado a la Administración de Kast a declarar el estado de catástrofe. Esta medida, que es declarada por el presidente por un máximo de 90 días con una posibilidad de extensión con la aprobación del Congreso Nacional, implica que el mando de la zona afectada es tomado por un jefe de Defensa Nacional, un militar designado por el mandatario que debe velar por el mantenimiento del orden público y en la agilización en la entrega de los recursos. En paralelo a esta medida, el ministerio de Salud ha decretado una alerta sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo para disponer de todos los recursos necesarios ante la posible propagación de enfermedades asociadas con la emergencia climática.

Mientras se esperan avances en la larga audiencia que enfrenta el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo por acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de combustible, su familia ha denunciado las consecuencias con las que están lidiando por el caso. Verónica Ruffo, hija del exmandatario, ha publicado un vídeo a través de redes sociales del movimiento político Somos México en el que pide a Estados Unidos protección por el “hostigamiento” que están viviendo a causa de lo que consideran una persecución política. Además, ha señalado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado las cuentas de su padre, ha relatado en entrevista para el medio El Universal.

El exgobernador panista aparece en la lista negra de la autoridad financiera de México, ha indicado su hija. Además, asegura que la Fiscalía General de la República tiene bloqueado el acceso a las oficinas de Ingemar en la capital, la empresa que aparece vinculada a la trama de huachicol fiscal que investiga el Gobierno. “El día de hoy en la mañana, cuando íbamos a una bodega a recoger documentos resguardados por mi papá, había gente por parte de la fiscalía negando el acceso a la bodega. La fiscalía obstruye a la defensa y la información”, ha señalado a medios nacionales.

Verónica Ruffo ha acudido a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para pedir protección y ha documentado el proceso. “Vengo a buscar apoyo y a hacer unas denuncias”, dice en el interior del edificio diplomático. Según el grupo opositor al Gobierno Somos México, la familia de Ruffo ha sufrido acoso desde que el exgobernador fue detenido la semana pasada y acusa una campaña de persecución política. Según el colectivo, la familia de Ruffo responsabiliza directamente a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de la salud e integridad del expolítico de 79 años.

La audiencia para vincular a proceso al exgobernador ha sido retrasada este miércoles tras una pausa de cinco horas. Tanto Ernesto Ruffo como los siete coacusados en la trama de huachicol fiscal cumplen prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano, en el Estado de México. Entre los involucrados está Ricardo Thompson Navarro, el principal socio de Ruffo y de Ingemar, también detenido, para el que también se ha dictado prisión provisional. Su familia ha emitido un comunicado en el que acusa a Ruffo de haberles arrebatado la empresa hace años, aunque el padre de Thomson es otro de los acusados y está prófugo.

La estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum para denunciar ante los tribunales estadounidenses la muerte de al menos 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha tomado forma. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Roberto Velasco, ha detallado este miércoles las acciones jurídicas que el Gobierno ha emprendido desde el pasado 9 de julio, aunque sigue sin darse a conocer el contenido de los reclamos. México ha presentado 20 denuncias penales en Estados Unidos: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de los condados, por la muerte de connacionales ocurridas desde mayo de 2025. El movimiento más relevante es la formalización del recurso impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR), que ya fue remitido al Departamento de Justicia estadounidense con la petición expresa de abrir investigaciones y responder sobre el curso de cada expediente.

La Cancillería ha aportado datos adicionales sobre la estrategia anunciada semanas atrás. Las denuncias fueron interpuestas el 13 de julio por el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, con las autoridades competentes donde ocurrieron los fallecimientos, repartidas entre Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. En respuesta al reclamo de México, Estados Unidos devolvió, en un gesto de desaire, a Lazzeri las cartas remitidas al ICE en protesta por las muertes de mexicanos. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental rechazó el viernes pasado en un comunicado que el Gobierno de Sheinbaum pretenda meterse en la gestión de los agentes del ICE dentro del territorio de su país y aludió a la soberanía estadounidense.

Un día antes, el 14 de julio, la Embajada de México había remitido al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia elaborada por la FGR para solicitar formalmente la apertura de investigaciones sobre los 17 casos y conocer el avance de las pesquisas. El mismo día, el canciller envió una comunicación al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedir la intervención del organismo y que evalúe si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos.

El proceso confirma la decisión del Gobierno mexicano de llevar a tribunales un conflicto que hasta hace unas semanas se desahogaba por la vía diplomática. La Administración de Sheinbaum concluyó que las notas diplomáticas enviadas a Washington no habían producido resultados suficientes y optó por escalar el tema con acciones penales, presión política y mecanismos multilaterales para exigir responsabilidades por las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante las redadas migratorias. El caso que dio paso a ese giro fue el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, abatido por agentes migratorios en Houston, Texas, el 7 de julio. Desde entonces, México elevó el tono y colocó el tema entre las prioridades de la relación bilateral.

Como complemento de las acciones, el embajador Lazzeri ha sostenido reuniones con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del propio ICE para expresar la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos aquellos administrados por empresas privadas, y exigir el esclarecimiento individual de cada una de las muertes.

Mientras las investigaciones avanzan, según ha informado la Cancillería, la red consular mexicana mantiene el acompañamiento a las familias de las 17 víctimas mediante asesoría jurídica, apoyo para la repatriación de restos y gestiones administrativas. La SRE ha sostenido que dará seguimiento puntual a las respuestas de las autoridades estadounidenses, sin embargo, el desafío político apenas comienza. Presentar las denuncias era el primer paso; conseguir que las autoridades estadounidenses investiguen, deslinden responsabilidades y sancionen a funcionarios o instituciones vinculadas con los casos es una batalla que tiene largo camino por delante.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido al Gobierno de Tamaulipas supervisar los centros de educación militarizada del Estado tras la muerte de Dafne Zapata, una niña de 13 años que falleció por asfixia en circunstancias que se han mantenido opacas hasta ahora en un curso de verano en una academia de Ciudad Madero. La mandataria ha aclarado que la escuela no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y señala al Gobierno estatal como responsable de revisar su funcionamiento y garantizar que se haga justicia.

00:41

Tras la muerte de Dafne Zapata, Sheinbaum pide revisar las escuelas militarizadas

“No dependen de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina”, ha dicho Sheinbaum este miércoles. La Academia Militarizada Marina Doenitz está incorporada a la Secretaría de Educación Pública, pero no forma parte de la estructura de Defensa. “En este caso es de Tamaulipas y es el Gobierno del Estado quien debe hacer todas las investigaciones, revisar cómo están operando estos centros y hacer justicia”, ha añadido.

Dafne murió en la escuela donde iba a pasar el verano en un curso de formación militar. El internado, que debía durar tres semanas, del 13 al 31 de julio, tenía un costo de 25.000 pesos y ofrecía actividades como rapel. Su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada cuatro días después de que su hija ingresara al centro. Le informaron de que Dafne se había desvanecido mientras se bañaba y que “ya no presentaba signos vitales”. Quintos, sin embargo, rechaza la versión de la academia y sostiene que la menor murió “torturada, de una manera espantosa”.

La Academia Militarizada Marina Doenitz es una escuela de educación básica que ofrece primaria, secundaria y preparatoria. El centro promocionaba el curso de verano bajo el lema “Disciplina, lealtad y trabajo” y ofrecía “estricta disciplina, deportes y seguridad”, de acuerdo con los volantes que circulaban en sus redes sociales, que han sido dados de baja. El plantel ha sido cerrado como parte de las investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas. El fiscal del Estado aseguró este martes que las pesquisas “han permitido avanzar en un conocimiento de cómo ocurrieron los hechos”. Sin embargo, más de cuatro días después de la muerte de Dafne, las autoridades no han informado públicamente sobre las causas y circunstancias que provocaron el fallecimiento de la menor.

El caso ha abierto además sospechas sobre el funcionamiento de la academia. Después de la muerte de Dafne, otros alumnos y exalumnos han salido a denunciar que dentro había maltrato, abuso y castigos graves.

Las circunstancias y el motivo del asesinato de María Camila Potosí, una mujer de 21 años embarazada de ocho meses, siguen siendo un misterio. Su último rastro se remite al 16 de julio, cuando cámaras de seguridad de la ciudad de Cali la captaron subiéndose a la parte trasera de una motocicleta, conducida por otra mujer, quien se ha convertido en el foco de las investigaciones. La imagen fue captada hacia las 4:00 p.m. en el sector de Polvorines, un barrio de origen informal del suroccidente de la tercera ciudad de Colombia, donde Potosí había asistido a un control gestacional. Su cuerpo fue hallado cuatro días después, en inmediaciones del río Meléndez, al sur de la capital vallecaucana, a un par de kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. El cadáver presentaba signos de tortura y había sido apuñalado varias veces. El bebé había fallecido.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) ha asumido la investigación y trabaja en la reconstrucción de los movimientos que realizó Potosí antes de desaparecer. Sin embargo, hasta el momento no hay una declaración oficial ni una hipótesis clara. El mayor Alirio Acuña, subjefe de la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía de Cali, ha informado a través de un video que ese cuerpo apoyará la investigación “para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar alrededor de este caso”. Tanto la secretaria de Bienestar Social, Nigeria Rentería, como el personero de Cali, Gerardo Mendoza, han pedido a los responsables que la investigación se haga con celeridad y con enfoque de género.

El hilo del que tiran los investigadores es el de la mujer que recogió a Potosí y que, según declaraciones de los familiares de la víctima, ha cambiado de versión varias veces. En la mañana de ese día, María Camila acudió a un control médico y luego a la casa de su cuñada, ubicada en el barrio Meléndez, cerca de donde fue vista por última vez. Allí, ayudó a cuidar a un primo de su cuñada, quien se encontraba enfermo, y salió dos horas más tarde.

Antes de hacerlo, María Camila envió un mensaje a la hermana de su pareja: “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”, decía, según una reconstrucción hecha por el diario El País de Cali. Su esposo llegó a recogerla más tarde y, al no poder contactarla, poco después alertó sobre su desaparición. Según la información conocida por las autoridades, eso ocurrió sobre las 4:40 de la tarde.

Juliana Meneses, hermana de la víctima, ha relatado al programa Primer Impacto, de Univisión, sus sospechas alrededor de la conductora de la motocicleta. “Esa mujer nadie la conocía (…) Después nos llegó el cuento de que hace dos meses (María Camila) la había conocido en un proyecto de FAMI, que es como un proyecto donde van las mujeres embarazadas”, relató respecto del programa Familia Mujer e Infancia (FAMI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ofrece apoyo en lactancia y crianza a mujeres gestantes en condiciones de vulnerabilidad.

Meneses señala que la mujer “siempre da otra versión”. Dice “que la recogió, que la llevó a comprar un champús (una bebida típica de la región), que la llevó a una pañalera, que Camila se quedó afuera, y ella se entró a un puesto de salud a ver sus exámenes también y la dejó allí”. Otra hipótesis señala que la habría llevado a un lugar donde supuestamente le iban a regalar ropa. Regina Potosí, madre y abuela de las víctimas, especula sobre lo que pudo haber sucedido: “La cogieron para, de pronto, quitarle la bebé”, una teoría sobre la que no se conoce ninguna prueba. Mientras tanto, los investigadores buscan establecer la identidad de la conductora, su relación con la víctima y el recorrido que realizaron ese día.

El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) vive hoy días de tensión. La remoción de la directora del Hospital de San Antonio ha generado una intensa polémica respecto de los actuales mecanismos de desvinculación de altos directivos públicos. El sistema de selección de postulantes a altos cargos públicos logra resguardar el mérito, la confidencialidad del proceso, el principio de no discriminación y la transparencia. Quienes postulan quedan, en su gran mayoría, conformes con el proceso aun cuando no hayan sido seleccionados. La bajísima tasa de reclamos, inferior al 1%, así lo demuestra.

El problema radica en los mecanismos de remoción. La herramienta que la ley dispuso para ello es el despido aduciendo falta de confianza. ¿Tiene sentido un sistema exigente en mérito a la entrada, pero amplias atribuciones de la autoridad política para el despido?

La reforma introducida por la ley N° 20.955, en 2016, mantuvo esta regla, aunque la matizó respecto de los cargos de segundo nivel jerárquico, estableciendo que la autoridad debe expresar el motivo de la solicitud de renuncia, el que puede basarse en razones de desempeño o confianza.

El sistema ADP fue diseñado para profesionalizar la gestión del Estado, asegurando que los cargos directivos se provean por mérito, idoneidad y experiencia, resguardando un espacio acotado de confianza política. Sin embargo, el abuso de este mecanismo evidencia la necesidad de generar nuevas reglas, especialmente en cargos ejecutivos y técnicos, donde el desempeño debiese ser el criterio principal de evaluación y remoción. Existen cargos que, por definición, son de exclusiva confianza porque diseñan políticas públicas, pero no ocurre lo mismo con quienes deben ejecutarlas.

Los cuestionamientos al sistema ADP están llegando a un punto crítico, erosionando la confianza en un modelo que ha mostrado logros. Diversos estudios evidencian mejores resultados cuando un directivo es seleccionado por ADP, especialmente en salud y educación. Sin embargo, sin reglas claras de evaluación y desvinculación, esa confianza se debilita, afectando la modernización del Estado.

La necesidad de perfeccionar el sistema ha sido abordada por el Consejo Alta Dirección Pública, que ha recogido propuestas impulsadas por los ex presidentes Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, elaborado una propuesta integral en el marco de los 20 años del sistema. Entre sus ejes destaca otorgar mayor estabilidad a los directivos de segundo nivel, dada su naturaleza técnica.

Avanzar hacia mayores grados de claridad en los criterios de desvinculación -especialmente en los altos directivos públicos responsables de ejecutar políticas-, otorgará mayor certeza al sistema, reforzando la preeminencia del mérito. Revisar las actuales reglas de egreso es urgente para sostener y readecuar la Alta Dirección Pública a los desafíos de una mejor gestión estatal.

La decisión de la actual Administración presidencial es clave para avanzar en estas modificaciones legales, que se arrastran ya por tres periodos presidenciales sin ver la luz. Estos cambios son necesarios para fortalecer el sistema, clarificar sus zonas grises, robustecer las facultades del Consejo y resguardar de mejor manera el equilibrio entre mérito y confianza política que inspira el modelo.

Cuidar la Alta Dirección Pública no es solo una cuestión administrativa; es una condición esencial para la calidad de nuestra democracia y para un mejor Estado.

El futuro de Gustavo Petro comienza a despejarse. Lejos de jubilarse, el todavía presidente de Colombia ha aceptado la invitación del senador Iván Cepeda, el candidato que perdió la segunda vuelta, para presidir el Pacto Histórico, el partido unificado de la izquierda colombiana, cuando deje el poder. Petro estrenó ese liderazgo, antes incluso de asumir la tarea, impulsando la primera derrota en el Congreso de su sucesor, el presidente electo Abelardo de la Espriella, que se posesiona el próximo 7 de agosto.

El lunes, cuando se celebraba el Día de la Independencia y se instalaba el nuevo Legislativo, Petro se despidió de la plaza pública con un baño de masas, un despliegue de símbolos y una reivindicación de su Gobierno en el populoso sur de Bogotá. “El pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda”, insistió en su discurso de más de dos horas, en el que se reafirmó en su teoría de un fraude electoral que ninguna otra autoridad ha acompañado, ni siquiera la inteligencia del Estado. Además de las numerosas críticas a De la Espriella, lanzó una advertencia al confirmar que asumirá la jefatura del Pacto Histórico.

“Ningún aliado o partido político que vote por el fascismo esta tarde contará con ningún apoyo de la fuerza popular para gobernadores y alcaldes de Colombia”, advirtió a pocas horas de la elección de las mesas directivas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, en referencia también a los comicios regionales de octubre de 2027. Esa es la próxima gran cita electoral, en la que el Pacto tiene el reto de disputarle alcaldías y gobernaciones tanto a los clanes regionales como a la nueva derecha que emerge junto a De la Espriella.

La amenaza surtió efecto. Ya en la noche, el Senado escogió como su presidente a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, por encima de Alfredo Deluque, el aspirante del Gobierno entrante. Fue una dura derrota para De la Espriella por cuenta de una inesperada alianza entre Petro, con los votos del Pacto, y el expresidente de derecha Álvaro Uribe, fundador del Centro Democrático. Aunque en extremos ideológicos opuestos, son las dos principales bancadas del Legislativo. Hasta el propio Cepeda, que lleva años enfrentado a Uribe ante la justicia, exhibió su voto por Henríquez, que ahora será el encargado de ponerle la banda presidencial al abogado de ultraderecha.

“Petro ya está mandando”, apunta el analista León Valencia. “Fue una cosa coordinada, eso tuvo que ser concertado. Cepeda es un hombre de mucho carácter, ahí va a haber un diálogo”, le dice a este periódico. “Si los dos líderes de la izquierda logran establecer una relación deliberativa y armoniosa, pueden forjar una gran fuerza de oposición, aunque no es nada fácil”, valora el director de la Fundación Pares, autor de una biografía de Cepeda. En su lectura, Colombia se encamina a dos escenarios de oposición: una clásica en el Congreso, que va a dirigir el senador, y otra en las calles, que va a encabezar el expresidente; incluso con huelgas, si el próximo Gobierno intenta echar para atrás las reformas sociales que sacó adelante la Administración de izquierdas. “Vamos a ver cuál de los dos consigue más protagonismo, eso va a depender de las circunstancias políticas”, apuntilla.

Pueden buscar una repartición de los roles, con el presidente saliente dirigiendo el partido y el senador la bancada en el Congreso, coincide el politólogo Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, en Bogotá. “Petro va a tener que defender su legado, incluso jurídicamente, y eso va a ocupar buena parte de su tiempo. Por eso no es tan seguro que tenga las manos libres para ser el líder del Pacto Histórico”, advierte el experto. “Al mismo tiempo, el partido lo necesita, pues es difícil que la izquierda se mantenga unida sin él. El peligro es que Petro, justamente porque ya no puede ser candidato, no va a mirar el futuro; va a mirar y reivindicar su Gobierno”.

De momento, la izquierda se prepara para pasar a la oposición en torno a dos ideas. Por un lado, Petro insiste en denunciar un supuesto fraude y desconocer tanto el resultado de las elecciones como la legitimidad del presidente electo –aunque siempre ha dicho que se propone dejar el poder–. Y por el otro, Cepeda, aunque concedió su derrota, invoca la desobediencia civil pacífica –a menos que De la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense y cese la persecución contra Petro y sus opositores–. “Se está configurando un gobierno paramilitar”, ha llegado a denunciar el veterano senador, que ocupará el escaño que el Estatuto de la oposición le garantiza al perdedor de la segunda vuelta presidencial.

Aunque cuenta con 26 senadores, más que ninguna otra bancada, el Pacto Histórico es en muchos sentidos una novedad en la política colombiana. Petro ha sido, en varios momentos de su larga carrera, un político sin partido. Después de militar en la Alianza Democrática M-19, heredera de la guerrilla a la que perteneció en su juventud, trasegó como congresista, alcalde de Bogotá y candidato presidencial por un puñado de partidos y movimientos –Vía Alterna, Polo Democrático Alternativo, Progresistas o Colombia Humana–. A la Casa de Nariño llegó apoyado por el Pacto, para entonces una variopinta coalición de fuerzas progresistas. El largo camino para convertirlo en un partido unificado ha sido accidentado. Ahora debe consolidarse sin un presidente que lo aglutine, y al mismo tiempo, organizar la resistencia a los recortes y contrarreformas que promete De la Espriella.

México se plantea reclamar parte de los 15.000 millones de dólares que la justicia de Estados Unidos ha ordenado decomisar a Ismael El Mayo Zambada, condenado a cadena perpetua este lunes por un tribunal federal de Brooklyn. La Fiscalía General de la República (FGR) analizará si el país puede acceder a parte de los bienes y recursos de su patrimonio construido con el narcotráfico. “Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, ha dicho este martes la presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la reparación impuesta al Mayo en su sentencia por los daños causados durante décadas de tráfico de drogas.

La presidenta no ha detallado los mecanismos que podrían utilizarse ni confirmó que México tenga derecho a participar en el decomiso. El juez estadounidense Brian Cogan dictó este lunes cadena perpetua a Zambada, de 76 años y pasará el resto de su vida en prisión. El antiguo líder del Cartel de Sinaloa se declaró culpable de haber traficado durante décadas con cocaína, heroína y, en los últimos años, fentanilo.

En la carta que leyó el capo en su audiencia de sentencia, se disculpó ante las víctimas de sus actos criminales, pidió el fin de la violencia y reclamó a los jóvenes que no cometieran lo que él dijo que habían sido sus errores. “Elijan un camino diferente”, escribió. Sheinbaum ha opinado sobre ese llamado: “Viniendo de quien viene, es difícil citarlo”. Aseguró que su Gobierno trabaja en atender las causas de la delincuencia en el país para que ningún joven caiga en ella. “Acercarse a un grupo de estos es acercarse a la muerte, es una vida de penuria y una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza, por eso, es un llamado a los jóvenes a que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante”, ha dicho la presidenta.

Zambada fue detenido hace dos años en una polémica operación que ha tensado la relación entre ambos países. La presidenta volvió a cuestionar este martes la versión de Estados Unidos sobre la captura del Mayo y la participación de las autoridades de ese país. El narcotraficante fue trasladado bajo engaño a Estados Unidos en julio de 2024, en un avión junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, un episodio que fue considerado una traición por los herederos del Mayo en el cartel y que derivó en una guerra intestina entre su facción y la de los Chapitos. Desde entonces, las autoridades mexicanas, que enfrentan el impacto de la violencia y los miles de asesinatos y desapariciones en Sinaloa, han cuestionado la operación y reclaman información a Washington sobre cómo se produjo el traslado.