El Gobierno detalla que ha presentado 20 denuncias por la muerte de migrantes a manos del ICE

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La estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum para denunciar ante los tribunales estadounidenses la muerte de al menos 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha tomado forma. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Roberto Velasco, ha detallado este miércoles las acciones jurídicas que el Gobierno ha emprendido desde el pasado 9 de julio, aunque sigue sin darse a conocer el contenido de los reclamos. México ha presentado 20 denuncias penales en Estados Unidos: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de los condados, por la muerte de connacionales ocurridas desde mayo de 2025. El movimiento más relevante es la formalización del recurso impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR), que ya fue remitido al Departamento de Justicia estadounidense con la petición expresa de abrir investigaciones y responder sobre el curso de cada expediente.

La Cancillería ha aportado datos adicionales sobre la estrategia anunciada semanas atrás. Las denuncias fueron interpuestas el 13 de julio por el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, con las autoridades competentes donde ocurrieron los fallecimientos, repartidas entre Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. En respuesta al reclamo de México, Estados Unidos devolvió, en un gesto de desaire, a Lazzeri las cartas remitidas al ICE en protesta por las muertes de mexicanos. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental rechazó el viernes pasado en un comunicado que el Gobierno de Sheinbaum pretenda meterse en la gestión de los agentes del ICE dentro del territorio de su país y aludió a la soberanía estadounidense.

Un día antes, el 14 de julio, la Embajada de México había remitido al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia elaborada por la FGR para solicitar formalmente la apertura de investigaciones sobre los 17 casos y conocer el avance de las pesquisas. El mismo día, el canciller envió una comunicación al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedir la intervención del organismo y que evalúe si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos.

El proceso confirma la decisión del Gobierno mexicano de llevar a tribunales un conflicto que hasta hace unas semanas se desahogaba por la vía diplomática. La Administración de Sheinbaum concluyó que las notas diplomáticas enviadas a Washington no habían producido resultados suficientes y optó por escalar el tema con acciones penales, presión política y mecanismos multilaterales para exigir responsabilidades por las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante las redadas migratorias. El caso que dio paso a ese giro fue el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, abatido por agentes migratorios en Houston, Texas, el 7 de julio. Desde entonces, México elevó el tono y colocó el tema entre las prioridades de la relación bilateral.

Como complemento de las acciones, el embajador Lazzeri ha sostenido reuniones con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del propio ICE para expresar la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos aquellos administrados por empresas privadas, y exigir el esclarecimiento individual de cada una de las muertes.

Mientras las investigaciones avanzan, según ha informado la Cancillería, la red consular mexicana mantiene el acompañamiento a las familias de las 17 víctimas mediante asesoría jurídica, apoyo para la repatriación de restos y gestiones administrativas. La SRE ha sostenido que dará seguimiento puntual a las respuestas de las autoridades estadounidenses, sin embargo, el desafío político apenas comienza. Presentar las denuncias era el primer paso; conseguir que las autoridades estadounidenses investiguen, deslinden responsabilidades y sancionen a funcionarios o instituciones vinculadas con los casos es una batalla que tiene largo camino por delante.

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