Tag: El Pais

Después del tropiezo al inicio del año, la economía mexicana ha retomado su impulso. El Producto Interno Bruto (PIB) de México en el segundo trimestre del año creció 1,5%, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La recuperación del sector agropecuario, el avance de los servicios y el ímpetu del consumo y del turismo, debido a la celebración del Mundial de Fútbol en el país, impulsaron la actividad económica durante el segundo trimestre. El resultado del PIB de abril a junio supone una recuperación importante tras la contracción de 0,6% registrada en los primeros tres meses de 2026.

En el desglose de las cifras trimestrales, todas fueron positivas: las actividades primarias crecieron un 3,3%; el sector secundario, que abarca la industria y la manufactura, aumentó un 1,6%, mientras que las actividades terciarias (servicios) se elevaron un 1,5%. A tasa anual, el PIB mexicano reportó un incremento de 2,1%, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Inegi.

Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, explica que después de un decepcionante inicio de año, la economía de México repuntó sorpresivamente en el segundo trimestre, entrando en terreno positivo y sentando las bases para un mejor desempeño en el resto del año. Sin embargo, el experto advierte de que, dado que el crecimiento está impulsado principalmente por el consumo, el avance de la economía estará limitado, a menos que cambie de motor hacia la inversión. “Por el lado de la demanda, el consumo fue el principal motor, mientras que la inversión siguió contrayéndose en términos anuales”, añade.

El especialista refiere que la economía mexicana operó con un exceso de demanda, impulsada por la liquidez proveniente de las transferencias gubernamentales a las familias, el aumento del gasto en programas sociales y el incremento de dos dígitos del salario mínimo. Del lado de la inversión, Coutiño señala que el Gobierno de Claudia Sheinbaum se ha visto obligado a agilizar los proyectos de infraestructura y los contratos asociados. En el país, la inversión pública representa apenas alrededor del 3% del PIB, mientras que la inversión privada equivale a más del 18%.

La economía mexicana ha estado al filo este año debido a los nubarrones externos e internos. México aún padece los aranceles sectoriales estadounidenses en autos, aceros y otras materias primas, mientras negocia con el Gobierno de Estados Unidos el futuro del TMEC, lo que ha sumado más incertidumbre al entorno. Puertas adentro, el país latinoamericano también enfrenta la desaceleración del consumo, de la inversión pública y privada y del mercado laboral.

Para sortear esta cuesta arriba y con poco margen en las finanzas públicas, el Gobierno de Sheinbaum ha implementado diversos planes para apuntalar las inversiones en línea con su estrategia gubernamental, el Plan México. La batería de medidas va desde facilidades fiscales hasta la reducción de tiempos en cuestiones administrativas. Sobre el terreno, uno de los sectores que ha reactivado estos planes mixtos ha sido el energético, en específico, con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para concretar una veintena de proyectos energéticos.

Tras este óptimo resultado, habrá que esperar para ver si los pronósticos de crecimiento del Banco de México y de los organismos multilaterales se ajustan al alza para el resto de 2026. En julio pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su previsión de crecimiento para la economía mexicana este año a 1,2%, desde el 1,6% estimado anteriormente, mientras que el Banco de México sitúa su previsión en 1,1%. Del lado gubernamental, la Secretaría de Hacienda estima que el PIB de México crecerá entre 1,8 y 2,8% este año.

El caso de Sebastián González (Santiago, 1983) debe ser único en la escena gastronómica nacional y tal vez en el mundo. Estudió Física en la Universidad de Chile, donde continuó con su magister para luego doctorarse en Holanda. Estando en Europa comenzó a aburrirse de los estudios que lo hacían relacionarse mucho con computadoras, por lo que buscó desarrollar algo en que pudiera ocupar sus manos. Fue con esa idea que dio con el ofició de luthier, el cual lo llevó a moverse por Holanda, Alemania y Austria en una mezcla de perfeccionamiento y trabajo permanente. Volvió a Chile por un tiempo y se instaló con un taller de lutheria en Valparaíso. Más tarde volvió a Europa, esta vez a Cremona (Italia), donde continuó su vida como artesano de instrumentos ahora en el Museo del Violino, también conocido como Museo Stradivari. En eso estaba cuando comenzó a sufrir una curiosa alergia al polvo de la madera, por lo que decidió alejarse de este oficio y enfocarse en una antigua pasión: la cocina, más específicamente la pizza. Así, hace poco más de un año volvió a Chile y se estableció en Lo Barnechea, de donde confiesa no sale mucho y construyó un horno de estilo napolitano en forma de domo para comenzar a desarrollar sus muy particulares pizzas que combinan ingredientes tan especiales como kimchi (que él mismo prepara), pesto de khale o criadillas de cordero. Con esa propuesta presta sus servicios en fiestas particulares y algunos eventos, mientras sigue perfeccionando no sólo sus pizzas si no que otras preparaciones como quesos, charcutería e incluso vinos. “Siempre me interesaron los fermentos y otras cosas por el estilo, así que voy aprendiendo poco a poco”, explica.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. En Santiago, Masal (Alonso de Córdova 2767, Vitacura), más que nada por la carta de vinos y el buen ambiente. Además Sebastián, el sommelier, es un amor y sabe mucho de vinos. También recomendaría la Torrefazione Vittoria en Cremona (Italia), que es un café con cena y vinos naturales donde el menú cambia todos los meses. Hacen Slow Food y tienen un entendimiento de la cocina italiana, pero no desde la tradición, si no que desde la técnica y el ingrediente.

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. No es un sándwich propiamente tal ni está en Santiago, pero encuentro que los completos mojados con mayo casera del Carro Número 6 (5 Oriente 990, Talca), son de lo mejor que puedes encontrar. Además, queda al lado del Registro Civil de la ciudad, que tiene los divorcios más rápidos de Chile.

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. Cerró hace muchos años, pero la Convencería de Julio, que quedaba en la calle Merced, cerca de Lastarria, tenía el mejor café del mundo. En realidad el café no era tan bueno, pero el lugar era hermoso y la conversación nunca faltaba, algo que me parece no se encuentra en el Chile de hoy. Ahora, para mencionar algo que exista actualmente, están el Black Duck (Almirante Pastene 51, Providencia) y el Zho (Apoquindo 5877, Las Condes). En ambos lugares el café es bueno, aunque el ambiente es demasiado anglosajón para mi gusto. Es que algo que aprendí en Italia es que el ambiente es tan importante como lo que consumes y el third wave coffee (movimiento que la da al café un trato similar al de los vinos finos) lo encuentro demasiado pornográfico.

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. ¿Puede ser en el mundo? El Petit-Palais, en París, durante la noche de los museos, la única noche del año en que está abierto al público. En el jardín te puedes sentar a tomar una copa de vino y picotear algo. Además, puedes ver las performances que se hacen y cuadros que me encantan como El Circo Pobre, de Fernand Pelez, y El Sueño, de Courbet.

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. Por lo general los traigo a mi casa y les cocino yo.

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Kimchi en mucha cantidad. Me gusta preparar varios kilos a la vez cuando una amiga me trae repollos de la huerta de su padre en Linares (en la Regíon del Maule). Pero es un kimchi chileno, no coreano. Para prepararlo uso salsa de ají cacho de cabra fermentada y un smoothie de verduras picantes con ajo, jengibre, cebolla, cebollín y zanahoria.

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. Las pinzas de acero inoxidable, los cuchillos japoneses, el sartén de fierro forjado y la sal Maldon. Me falta el sartén para la pasta, que todavía está empacado en Cremona y que lo uso para hacer (pasta) carbonara, pero como no sabia si había guanciale (mejilla de chancho, curada) local cuando me vine, lo dejé allá. La Fiambreria (Apoquindo 2770, Las Condes) tiene uno buenísimo, así que en el próximo viaje me lo traigo.

P. ¿Dónde compa lo que come en casa?

R. El noventa por ciento en una verdulería que está cerca de mi casa. La proteína en Fundo Río Puelo (Av. Las Condes 14.528, Lo Barnechea), una tienda que está al lado de la verduleria. También me gusta traer cosas de los viajes que hago. Vinos de Herrera-Alvarado de Quilpué (Región de Valparaíso) o de Ravelo y Rabelo en Marchigüe (Región de O’Higgins). También compro miel en la carretera (Ruta CH-90) de Santa Cruz.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Si es placentero nunca siento culpa. O quizá sí, un poco, pero no creo que pueda dar los detalles acá.

El verano se ha convertido en una tortuosa cuenta atrás para estudiantes y profesores universitarios. Las pruebas de acceso de la UNAM, la mayor casa de estudios de México y América Latina, realizadas por primera vez en línea y a distancia, han arrojado resultados tan atípicamente excelentes que han obligado a las autoridades académicas a hacer un alto para analizar si hubo o no trampas con inteligencia artificial durante su realización. El dilema ahora es mayúsculo y no tiene precedentes. Una comisión de 16 expertos decidirá esta semana si valida las calificaciones o se repiten los exámenes con el tiempo encima por el inicio de curso, al que se deberán incorporar los nuevos estudiantes. “Esto puede sentar precedentes a nivel jurídico, tecnológico, educativo y evaluativo. Nos va a dar muchas lecciones”, resume Juan Manuel Flores Ayala, experto en monitoreo y evaluación en educación. Hay más de 158.000 aspirantes afectados y están en juego 22.000 plazas y la reputación de la universidad de referencia en la región.

El problema al que se enfrenta la comisión es un laberinto que no dejará satisfecho a todo el mundo. Los estudiantes que accedieron a su plaza reivindican las horas de estudio y el estrés acumulado para salvar unas pruebas que definen su futuro, pero la mancha de duda que se extiende sobre una parte de los aprobados obliga a tomar medidas. “Yo me decantaría por repetir la prueba y recorrer el semestre lo necesario para dar credibilidad y certeza a las personas a las que responde [la UNAM] como institución pública. Hay un costo político y de litigios en hacerlo, pero creo que se gana más de lo que se pierde”, argumenta el especialista, que augura una oleada de reclamos en caso de que vuelvan a tener lugar. Si optan por validarlas, agrega, deberán explicar con claridad cuál fue el problema y qué se hará con los casos fraudulentos en concreto.

El problema radica, precisamente, en cómo discernir quirúrgicamente y a posteriori cuáles son los exámenes contaminados. De la posibilidad de lograrlo dependerá la necesidad de repetirlas con carácter general o no, considera también Daniel Hernández Gutiérrez, coordinador de la Licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales de la UAM. Si es imposible discernirlo con los datos recabados, desarrolla, “se tendría que repetir y, por supuesto, no bajo las condiciones actuales de un examen en línea, porque marcaría nuevamente un proceso que está viciado desde el inicio”. Todo apunta hacia la presencialidad, el papel y la pluma.

Aunque el tiempo corre y la decisión no puede hacerse esperar mucho más, ambos profesionales consideran que el margen es suficiente para reconducir la situación sin dañar el prestigio de la institución. No sería la primera vez que se retrasa el inicio del curso, explican: ya se ha hecho como consecuencia de paros o huelgas y también la pandemia de covid obligó a hacer algunos ajustes. Es precisamente en el aciago 2020 cuando, forzados por las circunstancias, se comenzaron a implementar este tipo de evaluaciones en línea que han pasado a formar parte de la nueva normalidad académica. La experiencia acumulada, sin embargo, todavía es incipiente y su capacidad real de implementación sigue en pañales. Los sistemas de inteligencia artificial avanzan a velocidad de la luz y las respuestas no siempre llegan a tiempo.

Hay otras experiencias en las que fijarse. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la que trabaja Daniel Hernández, también ha elaborado pruebas de acceso en línea y a distancia en los últimos años sin grandes problemas. “No hemos tenido un número de casos extraordinarios ni hemos visto que hayan aumentado los intentos de hacer trampa o de usar alguna herramienta de IA”, apunta el responsable. “Pero lo cierto es que no se puede ser demasiado inocente y pensar que esto no se podría burlar”, matiza después. La UAM utiliza un sistema de doble candado que implica usar dos dispositivos: la computadora donde se realiza el examen, con el software de control incorporado, y otro más pequeño —una tablet o un móvil— donde se realiza una videollamada simultánea. Eso garantiza, explica el experto, que no todo recaiga en la eficacia del primer mecanismo.

En el caso de la UNAM, solo se contemplaba el uso de un único dispositivo controlado mediante inteligencia artificial, más una persona por cada 150 estudiantes monitoreando a distancia. Todavía se desconoce si el fallo estuvo en el sistema de supervisión durante el examen, si hubo una filtración de las pruebas o si todo funcionó como debía y, aun así, hubo quienes lograron sortear los candados implementados. Averiguar dónde estuvo la grieta es la clave para determinar cuál es la solución más idónea. “Al menos a nivel macro, sí es posible saber lo que pasó”, alega Flores Ayala.

Otras experiencias exitosas se desmarcan en algunas variables de los exámenes cuestionados, como el Ticómetro implementado por la propia UNAM, una prueba de diagnóstico que evalúa las habilidades digitales de los estudiantes. Su universo es muy menor, de en torno a 35.000 alumnos, y no tiene un gran impacto en el futuro académico de quienes lo realizan, por lo que los incentivos para la trampa se ven muy reducidos o prácticamente anulados.

La prueba se realizaba en línea y presencialmente hasta la irrupción de la pandemia, que obligó a realizarla desde los hogares. El cambio no modificó la distribución de notas, explica Marina Kriscautzky, exdirectora del departamento encargado, pero sí observaron una brecha en la infraestructura con la que contaba cada alumno para realizar el examen, especialmente en las colonias populares, donde las condiciones de ruido y convivencia familiar no siempre alcanzan las exigencias de los sistemas de control digitales. Un 2% de los exámenes de la UNAM han sido cancelados por “conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria”. Ante la falta de mayores detalles, se desconoce si alguno de los eliminados podría formar parte de este supuesto.

En el episodio sometido al ojo público confluyen todos los desafíos posibles: la masividad de un examen al que se presentaron 158.000 aspirantes y que tensiona todos los mecanismos de vigilancia; la relevancia de los resultados para los potenciales nuevos egresados, que ven su futuro definido en apenas unas horas; y el reto de añadir a la modalidad en línea, la distancia de las viviendas, cada una con sus propias circunstancias. La UNAM ha exhibido músculo con los mecanismos tradicionales a la hora de garantizar un acceso limpio a sus aulas, puesto de golpe en entredicho tras el salto a la modalidad digital. El reto para la comisión de expertos es doble: encontrar la fórmula menos dañina para los aspirantes que se sometieron con transparencia al calvario de unos exámenes cruciales para ellos y mantener la credibilidad de un proceso que marca la pauta en el resto del subcontinente.

El Gobierno de José Antonio Kast ha tomado distancia de la propuesta del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de vender a privados la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor empresa estatal de Chile. En una entrevista concedida el martes a La Tercera, el líder de la formación de extrema derecha sostuvo que, con el proyecto de megarreforma a un paso de ser despachado como ley por el Congreso, el siguiente paso debería ser la privatización de la minera o, al menos, de una parte de su propiedad, para que “le entre oxígeno privado”.

El planteamiento recibió una respuesta desde el Palacio de La Moneda. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó que el Gobierno esté evaluando privatizar Codelco, aunque reconoció que el Ejecutivo se inclina por la venta de “algunos bienes que son prescindibles” para mejorar el flujo de caja de la compañía. En la misma línea se pronunció el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien aseguró en conversación con Cooperativa que esa posibilidad “no está en los planes” de la Administración de Kast.

El debate sobre el futuro de la cuprífera ha resurgido con fuerza desde la llegada de Kast al poder, en medio de la delicada situación financiera de la minera, que arrastra una deuda cercana a los 25.000 millones de dólares y un estancamiento en su producción de cobre. La tensión política se agudizó después de que una auditoría interna de Codelco revelara en mayo que la producción de la empresa había sido sobreestimada en 26.875 toneladas de cobre fino durante 2025. Ese informe llegó después de un tenso cruce, ocurrido en una junta directiva, entre Máximo Pacheco —entonces presidente del directorio— y los ministros Mas y Jorge Quiroz, de Hacienda.

Bernardo Fontaine, quien asumió la presidencia del directorio de Codelco tras la salida de Pacheco a fines de mayo, afirmó que la estatal ha perdido su liderazgo en la minería mundial del cobre. “Por siete años Codelco no ha cumplido sus proyecciones y este año no es una excepción. Va a ser un año difícil. Hay un plan que en cinco, cuatro años más debiera producir 1.700.000 toneladas. No hay ninguna posibilidad de eso”, dijo a Radio Infinita. Ocho días antes, el directivo ya había advertido de una “crisis” en la imagen y los resultados de la compañía, aunque remarcó que esta seguirá siendo 100% estatal.

La eventual privatización planteada por los Republicanos no formaba parte de la agenda de La Moneda, que hasta ahora ha tratado el asunto con cautela. De hecho, el propio Kast había señalado hace tres meses que primero había que conseguir que “a la empresa le vaya bien y después abrir el debate”.

Tras el rechazo del Ejecutivo, Squella —uno de los políticos más cercanos al presidente Kast— matizó sus declaraciones este miércoles y precisó que su propuesta apuntaba solo a una parte de la cuprífera. “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”, dijo a Radio Pauta, al mismo tiempo que sostuvo que, de haber sido así, “habría dicho: hay que vender Codelco”.

“Traspasa un límite”

La propuesta del líder de los Republicanos, el partido que Kast fundó en 2019, tampoco ha convencido a la derecha tradicional. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, consideró que la idea merece ser analizada, pero advirtió que esta discusión no debería postergar otras prioridades, como los proyectos en materia de seguridad: “El Gobierno ha sido claro en las etapas: primero el proyecto de reconstrucción para ir mejorando la economía chilena; luego estos proyectos en materia de seguridad, que son una de las promesas más importantes del presidente”.

En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional (RN), se mostró en desacuerdo con la propuesta de Republicanos. “La única manera de que Codelco salga adelante es capitalizando esa empresa, manteniendo el control”, dijo a EmolTV.

La oposición, por su parte, ha criticado de manera transversal una eventual venta de la estatal. El exministro del Interior del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), Álvaro Elizalde, aseguró que una desestatización no se traduce en modernización: “La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar”,

La comisión política del Partido Socialista (PS) rechazó el llamado del Partido Republicano y acusó además al Gobierno de intentar avanzar, “mediante la venta de activos estratégicos, en una privatización encubierta de la principal empresa del Estado”. En un comunicado, la colectividad que lidera la senadora Paulina Vodanovic sostuvo que “pretender vender a Codelco, o desprenderse de parte de sus activos, significa debilitar la soberanía económica nacional y entregar un patrimonio estratégico a intereses privados”.

El Frente Amplio (FA) también salió en defensa de que la productora de cobre permanezca en manos chilenas. “Quieren hacer negocios con lo que es de Chile. Primero fue la rebaja de impuestos para los más ricos. Ahora, quieren abrir la puerta para privatizar Codelco y financiar sus promesas vendiendo el patrimonio de todas y todos”, planteó la colectividad en X.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia ha emitido una segunda orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por supuestamente haber instigado las manifestaciones sociales de mayo y junio que pedían la renuncia del presidente, Rodrigo Paz. Morales es acusado en esta ocasión de seis delitos, entre ellos terrorismo o alzamiento armado contra el Estado, crímenes que se habrían cometido durante las protestas que duraron 53 días y dejaron 22 fallecidos. La Policía ya tiene pendiente desde octubre de 2024 ejecutar otra orden de detención contra el exmandatario, por no haberse presentado al juicio en su contra por presunto abuso de una menor.

Morales calificó la acción judicial como una persecución política y aseguró que es un “desvío de atención” de la crisis económica que atraviesa el país. “Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico (…) No nos intimidarán”, escribió en su cuenta de la red X, desde su feudo político del Chapare, la región tropical de Cochabamba. Allí permanece refugiado y resguardado por campesinos cocaleros armados con lanzas improvisadas y escudos fabricados a partir de latas de basura.

Desde su guarida ordenó en los meses pasados que sus seguidores se unieran a las movilizaciones que ya habían comenzado los indígenas aimaras de La Paz y los sindicatos obreros. Las organizaciones sociales demandaban una mayor inclusión en las decisiones políticas del Gobierno, por lo que sitiaron la capital administrativa durante casi dos meses.

Por las pérdidas económicas causadas y la intransitabilidad, el Comité Cívico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la urbe más productiva y conservadora del país, presentó una demanda contra Morales, a la que luego se sumó el Ministerio de Gobierno.

La ofensiva judicial del Comité Cívico alcanza a otros líderes de movimientos sociales que habrían protagonizado los disturbios. La terna de acusados incluye al jefe aimara Vicente Salazar, en detención preventiva desde el 6 de julio junto con al menos otros tres rebeldes, y a Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). La detención de este último es un tema sensible para el Gobierno, ya que fue el principal negociador para la pacificación con el presidente Paz, quien firmó un acuerdo en el que una de las estipulaciones era respetar el fuero sindical y renunciar a cualquier proceso judicial contra los miembros de la central.

Durante dos décadas, Gustavo Petro hizo política apuntando el dedo acusador y destapando graves escándalos en Colombia, desde la parapolítica —esa alianza entre paramilitares y políticos para las legislativas de 2006— hasta el llamado carrusel de la contratación, un robo de recursos públicos de Bogotá encabezado por políticos de la izquierda a la que él mismo pertenecía. Ese historial fue fundamental para que un poco conocido congresista de la naciente izquierda colombiana de los años noventa se convirtiera en una figura nacional: candidato presidencial en 2010, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, y de nuevo candidato en 2018 y en 2022, cuando finalmente llevó a la izquierda a ganar una Presidencia esquiva por décadas.

Sin embargo, los cuatro años de su mandato, que terminan en nueve días, han quedado salpicados por una serie de escándalos que afectan a algunas de las personas más cercanas a él, y que no dan tregua ni siquiera en esta recta final. Angie Rodríguez, quien fuera directora de la Presidencia (DAPRE) hasta enero y hoy gerente del Fondo de Adaptación, ha insistido en denuncias de corrupción que ya venía haciendo: asegura que frenó una maniobra para desviar más de 1,2 billones de pesos de esa entidad hacia una entidad que permite gastarlos rápidamente y sin controles, y había señalado tanto al entonces director de la UNGRD, Carlos Carrillo. Este martes, en Blu Radio, dijo que Petro la presionó a renunciar tras hacer esas denuncias, y dijo que la insultó, acusó y amenazó. Aseguró incluso que teme por su vida. Petro respondió que la demandará: “No la conocía hasta que tomó su puesto, y fue un desastre”, escribió en X, y la acusó de tener una “relación subordinada a sectores políticos herederos del paramilitarismo”. En medio del cruce, el mandatario reveló que Rodríguez tiene una incapacidad médica por razones psiquiátricas, algo que ella calificó de estigmatizante.

No se trata de un hecho aislado. Antes de su elección en junio de 2022, Petro recibió cuestionamientos por las reuniones de su hermano Juan Fernando con personas privadas de la libertad, incluyendo narcotraficantes. El hermano mayor del mandatario argumentó que buscaba caminos para la paz de Colombia, mientras voces de la derecha lo señalaban de conseguir dineros o alianzas oscuras para las votaciones.

Esa sombra, que parecía marginal, pasó casi al olvido cuando llegó un caso más fuerte y directamente vinculado con el presidente. Su primogénito, Nicolás, había sido parte de la campaña presidencial en el Caribe. Era diputado del partido del mandatario en el departamento Atlántico cuando fue señalado por su exesposa, Day Vásquez, de haber recibido dineros para la campaña de un antiguo contrabandista y un cuestionado contratista. Nicolás fue detenido, aceptó los cargos y dijo que su papá sabía de sus acciones; el expresidente negó todo y dijo de su hijo: “Yo no lo crié”, en referencia a que Nicolás creció con la familia de su madre mientras su padre pertenecía a la extinta guerrilla del M-19. Padre e hijo se reconciliaron poco después, y desde entonces Nicolás ha negado lo que inicialmente aceptó. El juicio en su contra está en proceso.

Si con el caso del hijo del presidente el fantasma de la corrupción se instaló alrededor de Petro, el gran estallido lo dio la confusa situación que afectó a inicios de 2023 a quien fuera la mano derecha del presidente a inicios del Gobierno, Laura Sarabia. La pérdida de una maleta con varios cientos de millones de pesos en efectivo de su vivienda llevó a que personas de la seguridad de Palacio usaran un polígrafo contra su niñera, Marelbys Meza, algo que luego se vio como un abuso de fuerza. En medio de esas confusas investigaciones —sobre la procedencia y el destino del dinero, y sobre cómo se decidió llevar a la mujer a un sótano cerca de la Presidencia— un oficial de la Policía que trabajaba en la seguridad de Palacio, el coronel Óscar Dávila, investigado por unas escuchas ilegales en los primeros meses del Gobierno, murió de un tiro. Las autoridades han señalado que se trató de un suicidio, aunque Angie Rodríguez ha dicho, sin aportar pruebas, que policías de la Presidencia le confiaron que no fue así.

Pero no fue el último escándalo. Luego vino el de la UNGRD, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. La institución, que tiene mecanismos de contratación con pocos controles para responder rápido ante emergencias, compró 40 carrotanques para llevar agua al árido departamento de La Guajira. Nunca llegaron, se deterioraron y las investigaciones periodísticas y judiciales demostraron que habían sido adquiridos con enormes sobrecostos. Se trataba de un entramado corrupto encabezado por el propio director de la entidad, Olmedo López, un político de izquierda de vieja data a quien Petro había puesto en el cargo. El caso afectó especialmente a Petro cuando las investigaciones señalaron que el dinero se había destinado en parte para sobornar a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para asegurar que facilitaran la aprobación de proyectos de ley del Ejecutivo. El escándalo sigue vivo, tiene detenidos a los dos excongresistas y a la primera consejera presidencial para las regiones de Petro, Sandra Ortiz, y ha llevado a dos exministros de Petro a enfrentar un juicio.

Mientras ese entramado se develaba poco a poco y Petro buscaba rebobinar su Gobierno con cambios de gabinete, apareció una joven llamada Juliana Guerrero. Se trata de una activista de base de la izquierda, de 24 años, a quien el presidente presentó públicamente en un Consejo de Ministros televisado a inicios de 2025: “Que pueda conocer la gente a Juliana… Juliana es un poco joven, pero muy activa, rebelde”, dijo sobre la mujer que enfocaban las cámaras y estaba sentada a la misma mesa que todos los ministros. En las semanas siguientes, tras la pregunta de quién era la mujer a la que Petro había señalado como parte de la jefatura de despacho, empezaron a circular versiones de que la entonces asesora del ministro del Interior acumulaba poder en distintas instituciones y pasillos. Se supo que Petro la había designado delegada de la Presidencia en el consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar, la institución pública del departamento de origen de Guerrero, y luego fue candidata al viceministerio de las Juventudes. El escándalo estalló cuando quedó claro que, para lograr ese cargo, había presentado un título universitario con sustentos falsos, un caso por el cual hoy está llamada a juicio penal.

Su nombre revivió este fin de semana, cuando la revista Semana reveló una denuncia de varios empresarios: Guerrero y su hermana Verónica les habrían cobrado coimas a cambio de contratos con entidades del Estado, que nunca se dieron. Guerrero lo ha negado y Petro la ha defendido, pero ella renunció este lunes a su rol en la Universidad Popular del Cesar y Angie Rodríguez ha reiterado que ella ya había avisado a Petro de las conductas de Guerrero, así como de otros casos de corrupción.

En paralelo a todo ello, el gerente de la campaña presidencial y presidente de la mayor empresa del país, Ecopetrol, enfrenta otros escándalos. Uno derivado de una posible violación de las reglas de financiación electoral; otro por una compra de un apartamento por lo que parecería ser un valor inusualmente bajo a un empresario del sector petrolero. Petro no solo llevó a Ricardo Roa a encabezar la compañía de mayoría estatal, sino que lo ha defendido y lo sostuvo pese a las críticas; la semana pasada, sin embargo, los vientos empezaron a cambiar en la junta directiva y Roa dejará su cargo este jueves. Esa determinación, como los avances en los procesos judiciales contra los ministros por el caso de la UNGRD o las denuncias contra Juliana Guerrero, han empañado los últimos días de la administración de izquierda.

El presidente entrante y férreo crítico de Petro, Abelardo de la Espriella, ha aprovechado el ruido. Si las promesas de luchar contra la corrupción que hizo Petro en 2022 resultaron insatisfactorias para muchos, las que hizo De la Espriella durante su reciente campaña presidencial están aún vigentes. Por ahora, su ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, señala que protegerán a Angie Rodríguez, quien dice tener miedo por su vida.

Poco antes de que Keiko Fujimori se dirigiera por primera vez al país como presidenta de la República, los congresistas de la oposición se retiraron del Hemiciclo. Portaban fotos impresas en blanco y negro de las víctimas de la represión estatal de los últimos años. Gritaban “justicia”. Otros simplemente la abuchearon. En ese momento, Keiko Fujimori, quien suele manejar sus emociones al milímetro, empezó a pestañear repetidamente, con el rostro desencajado. Fue el primer gesto de rechazo institucional hacia un Gobierno que llega al poder en un país fracturado.

Como hizo durante toda la campaña, Keiko Fujimori situó la seguridad ciudadana en el centro de su primer discurso como presidenta. En una nación golpeada por la extorsión y el crimen organizado, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un rol protagónico en el combate contra la delincuencia y aseguró “devolverle el respeto” a la Policía Nacional. Para ello, ofreció un “ambicioso proceso de modernización tecnológica” que incluirá sistemas de videovigilancia interconectados, herramientas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito y un fortalecimiento de las labores de inteligencia. “La lucha no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”, afirmó.

El anuncio más polémico fue el del papel que desempeñarán los militares en la seguridad interna, en la lucha contra el crimen. Fujimori dejó entrever que declarará en estado de emergencia diversas ciudades del país y que, en esos territorios, los militares asumirán un papel activo en el control del orden público. “Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, anunció.

Fujimori aseguró haber encontrado un “Estado a la deriva” que pretende fortalecer, e hizo hincapié en la desigualdad, en atender a los que “históricamente han sido relegados”. Para eso, dijo que va a reorganizar los programas de ayuda estatales y que va a relanzar del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, creado durante el Gobierno de Alberto Fujimori para distribuir alimentos a poblaciones empobrecidas, especialmente a escolares. Agregó que priorizará la primera infancia con la meta de reducir a la mitad la desnutrición crónica infantil y la anemia. “Hoy el 12% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica y el 35% padece anemia. Reduciremos ambas cifras a la mitad, concentrando el esfuerzo en las poblaciones más vulnerables”, sostuvo.

A varias cuadras del Congreso, frente al Palacio de Justicia, otro símbolo reforzaba esa misma idea. Decenas de ciudadanos participaron en un lavado de la bandera peruana (sumergirla en agua y jabón para limpiarla simbólicamente), una acción de protesta que evocó las movilizaciones de comienzos de los años 2000, cuando se convirtió en un emblema del rechazo a la corrupción durante el ocaso del régimen de Alberto Fujimori. Esta vez, los organizadores afirmaron que buscaban “limpiar al país del mal” y expresar su rechazo al retorno del fujimorismo al poder.

En su primer mensaje presidencial, Fujimori dedicó apenas unas frases a la reconciliación nacional y evitó pronunciarse sobre dos asuntos que marcaron buena parte de la campaña y de su herencia política: las violaciones de derechos humanos y su propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Estoy empeñada en lograr que los objetivos de orden y de reconciliación nacional sean términos perfectamente compatibles (…) Hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, afirmó durante su discurso ante el Congreso.

Para el analista político José Carlos Requena, esos silencios forman parte de una decisión deliberada. “No quiere discutir estos temas. No les quiere dar mayor relevancia. No quiere sentir que le imponen algunos cánones. Es una omisión convencida”. La estrategia parece orientada a desplazar el debate hacia la seguridad, la economía y la gestión pública, ámbitos en los que el nuevo Ejecutivo pretende construir sus bases.

Como su padre, quien hizo del tractor su insignia, Keiko Fujimori ha situado la infraestructura en el centro de su proyecto de Gobierno. En su primer mensaje a la nación prometió conectar el país mediante nuevas carreteras y corredores logísticos para fortalecer la producción y acercar los mercados. También ofreció culminar la Línea 2 del Metro de Lima —una obra iniciada en 2014 que, tras sucesivos retrasos, sigue inconclusa— y ejecutar las líneas restantes de la red.

La apuesta responde a un problema tangible. La congestión vehicular se ha convertido en uno de los mayores costos para la productividad de la capital. Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), los habitantes de Lima y Callao pierden, en promedio, 198 horas al año atrapados en el tráfico. Fujimori anunció además la puesta en marcha de sistemas de metro para las regiones Arequipa, Piura y Trujillo, así como la culminación de proyectos emblemáticos como la Nueva Carretera Central.

Sin embargo, el discurso dejó abiertas las principales interrogantes. La presidenta no explicó cómo financiará ese ambicioso paquete de infraestructura, cuál será la hoja de ruta para ejecutarlo ni en qué plazos espera concretarlo. El equipo de la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello ha calculado que una parte de dichas obras tendría un costo de 76.900 millones de soles (unos 22.600 millones de dólares), el cual equivaldría al 7% del Producto Bruto Interno. “Les recuerdo que la esperanza debe venir acompañada de realismo, compromiso y trabajo”, cuestionó la exministra de Justicia.

Fujimori también anunció que elevará el salario mínimo de 1.130 soles (332 dólares) a 1.300 soles (383 dólares). El anuncio supone, además, un giro respecto de su discurso de campaña. Entonces cuestionó la misma propuesta de su rival, Roberto Sánchez, al considerar que buscaba el “aplauso fácil”. Ahora ha hecho suyo ese compromiso y lo ha incorporado entre las primeras decisiones de su Gobierno. Sin embargo, evitó precisar cuándo entrará en vigor el aumento y bajo qué criterios económicos se implementará.

El experto en finanzas Jorge Carrillo Acosta sostuvo que el aumento del sueldo mínimo podría generar mayor informalidad laboral, pues “generará un sobrecosto para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas”. Indica que el empleador se vería obligado a pagarle a sus empleados “por fuera de la planilla”. “En el extremo, otra medida que podría tomar la empresa es despedir trabajadores, generando un perjuicio mayor al beneficio que se pretendía conseguir”, explica.

Este martes también ha juramentado el primer gabinete de Fujimori. Cuenta con solo dos mujeres de 19 cargos: Maritza Canales, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y María Seminario, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No hay muchas sorpresas. Figuran ministros y funcionarios públicos de gobiernos pasados como el nuevo ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fue el primer ministro durante el gobierno de José Jerí. Y también hay cuadros que no tienen experiencia en el cargo, como el canciller Carlos Espá, quien no es un diplomático de carrera o como el flamante ministro de Cultura, Alberto Beingolea, cuya trayectoria se ha centrado en el periodismo y la docencia universitaria.

La encuestadora Ipsos publicó un sondeo antes de la toma de mando. Ante la pregunta de qué sensación produce la elección de Keiko Fujimori como presidenta, el 39% de los encuestados respondió “preocupación”. Superó al “optimismo” (37%) y también a la indiferencia (16%).

La larga disputa entre México y Estados Unidos por 2.000 hectáreas de piedra caliza cerca de Playa del Carmen (Quintana Roo) terminó con una resolución favorable para el Gobierno mexicano. El fallo del organismo arbitral del Banco Mundial, publicado este lunes, ordena a México pagar a la minera estadounidense Vulcan Materials menos del 1% de los 1.500 millones de dólares que la compañía solicitó por el cierre de sus operaciones mineras en el país latinoamericano. El Gobierno de Claudia Sheinbaum destacó que el tribunal arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de Vulcan, confirmando únicamente una reclamación relativa al cierre de una sola mina en 2018. En respuesta, la empresa declaró que el tribunal internacional determinó que México violó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (antes TLCAN) en varios aspectos y calificó como “insignificante” la indemnización fijada por la corte arbitral, aunque se reservó la cifra específica de la compensación.

Tras conocer la resolución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la mina permanecerá clausurada y que, una vez concluido el periodo de confidencialidad de 30 días, el Gobierno dará a conocer más detalles sobre el fallo y las acciones que realizará el Ejecutivo. “Ellos tienen que resarcir el daño ambiental. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando la mina esté clausurada”, dijo. La mandataria también reconoció que existe la posibilidad de solicitar la nulidad de la reciente resolución por parte de alguna de las partes y que se continúa en diálogo con la minera estadounidense.

El desencuentro entre Vulcan Materials y las autoridades mexicanas se remonta a 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades al considerar que la extracción era mayor que la autorizada. Esta orden motivó la presentación en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN, que ahora ha sido resuelta a favor del Gobierno de México. Sin embargo, personas allegadas al proceso aseguraron a EL PAÍS que aún queda parte del caso por resolver bajo las reglas del TMEC, ya que algunos de los hechos señalados como la clausura de la mina, la toma del puerto Venado y la posterior declaratoria de la zona en litigio como área natural protegida ocurrieron entre 2022 y 2024, durante la Administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y bajo las directrices del renovado acuerdo comercial.

Aunque la minera, presente en México desde 1986, ya había enfrentado en el pasado desavenencias con autoridades locales y federales, durante el sexenio de López Obrador estas se agudizaron. El entonces presidente de México acusó a Vulcan de provocar una “catástrofe ecológica”, incluyendo la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano, por la extracción de piedra caliza. Aunque tuvieron lugar reuniones entre la Administración mexicana y los directivos de la minera, el pleito, lejos de zanjar, subió de tono y el Ejecutivo optó por la clausura de la mina en 2022.

Del otro lado de la trinchera, Vulcan Minerals acusó al Gobierno mexicano de expropiar ilegalmente sus activos y de incumplir las obligaciones del TMEC al no otorgar un trato “justo y equitativo” a la inversión privada. En 2023, en un intento por destrabar el litigio internacional, el Gobierno mexicano puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera por 8.000 millones de pesos, pero la minera declinó la oferta y, en septiembre de 2024, López Obrador declaró como área natural protegida una extensa zona que abarcaba las concesiones en disputa con la minera, lo que detonó un choque con EE UU. En ese entonces, el Congreso estadounidense puso sobre la mesa la aprobación de una ley para proteger los bienes de sus compañías en el extranjero.

Ahora, a casi dos años de distancia, el arbitraje internacional ha resuelto una parte del laberíntico proceso con un fallo que supone, para el Gobierno mexicano, una victoria parcial. Sin embargo, dada la complejidad del proceso binacional, la disputa aún parece estar lejos de terminar.

Villa Gesell es un pueblo ubicado en la costa del mar Argentino, a 370 kilómetros de Buenos Aires, que cada verano se llena de jóvenes y familias que vacacionan en la playa. La muerte por asfixia de Isabella, una niña de dos años, enturbió la atmósfera festiva que esa localidad proyecta al convertirse en el escenario de un caso que conmociona al país. Por el episodio fue detenida su madre, Lucía Sosa, que ya había sido investigada antes por la muerte de otras dos hijas en circunstancias similares. Uno de sus hijos mayores, que fue entregado en adopción a otra familia cuando era pequeño, denunció que su progenitora es una “persona agresiva y sin corazón” y reclamó que “esté presa o en un psiquiátrico”.

Isabella, que estaba a pocos días de cumplir tres años, ingresó el martes 21 de julio sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde intentaron reanimarla sin éxito. La autopsia determinó que falleció por asfixia a partir de una obstrucción en su sistema respiratorio.

El caso tomó relevancia por la muerte en sí y por los antecedentes que rodean a la madre. Su hija Candela, de seis meses, murió en 2013 y Yazmín, de once meses, en 2016. Por este segundo caso, la mujer estuvo dos años detenida, al igual que su pareja de ese momento y padre de seis de sus nueve hijos, Germán Picart, bajo cargos de abuso sexual y homicidio. Finalmente, ambos fueron absueltos.

Luego de ese episodio, Sosa, de 43 años, se mudó desde la ciudad de Mar del Plata a Villa Gesell, a 100 kilómetros, donde formó nuevamente pareja y tuvo otros dos hijos: Isabella y un niño mayor, que actualmente tiene cuatro años y que, a partir de los hechos recientes, se encuentra bajo custodia judicial. En el pasado, la mujer ya había perdido la custodia de otros cuatro hijos, sospechosa de maltrato infantil y de generar un “ambiente de convivencia inconveniente”, según detalló el diario local La Nación. Algunos de ellos ingresaron a hogares de acogida y otros fueron adoptados por familias.

Este lunes por la tarde, casi una semana después de la muerte de Isabella, una camioneta llegó hasta la casa de Sosa y se la llevó detenida, mientras vecinos vociferaban pedidos de justicia por la niña. Sosa enfrenta el cargo de “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” y se espera que declare en las próximas horas. El cuerpo de Isabella, por otra parte, no será entregado hasta que se hayan completado las pruebas forenses solicitadas.

José Daniel Aguirre, el padre de Isabella, relató que el 21 de julio pasado encontró a su hija “tirada en la cama” al regresar de trabajar, ya sin pulso. “La tomé en brazos, salí corriendo por el pasillo de la vereda hasta un taller donde había una camioneta y pedí, por favor, que llevaran a la nena”, relató Aguirre, para quien se trató de “un accidente”. El hombre aseguró que desconocía por completo los antecedentes judiciales de Sosa y que incluso no sabía de la existencia de Lucas Ruiz, uno de sus hijos, que habló con los medios cuando se conoció la muerte de la niña.

Ruiz tiene 17 años y fue dado en adopción cuando era pequeño, luego de haber vivido episodios de violencia en su hogar. “Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos”, dijo en una entrevista con el canal de noticias TN. “Vuelve a ser una historia que se repite. Nosotros creímos que esto ya había cerrado hace muchos años. Luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años y que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión, matando a otra de mis hermanas, duele muchísimo”, afirmó.

El adolescente aseguró que durante años advirtió sobre la peligrosidad de su madre y cuestionó que el sistema judicial intentara revincularlo con ella en contra de su voluntad, aunque pidiera “salir de esa casa”, que identificó como un lugar “feo, muy oscuro”. Según contó, su historia comenzó cuando tenía apenas 21 días de vida, cuando fue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras sufrir un paro respiratorio producto de una intoxicación. A partir de entonces, quedó bajo la protección de Hogares de Belén e inició un proceso que terminó en la adopción por parte de su familia actual.

“Me golpearon muchísimo, sobre todo en el momento del proceso de revinculación. En el día de mi tercer cumpleaños me obligaron a ir a esa casa y fue una de las golpizas más grandes que me dieron. Me tiraban de las orejas. Durante muchos años tuve una lesión porque me las tironeaban constantemente”, contó sobre el vínculo con las personas de su entorno biológico.

El adolescente será convocado a declarar como testigo en el transcurso de esta semana, en el marco de la causa que investiga el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Pinamar, del Departamento Judicial de Dolores. También se le tomará testimonio en Cámara Gesell al hijo más pequeño de Sosa, de cuatro años, que habría sido testigo presencial del momento previo a la muerte de su hermana.

El Departamento de Justicia estadounidense señala a Amaral Arévalo de usar más de medio millón de dólares para el pago de una colegiatura en un centro educativo de Florida

Archivado En