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Más de 20 millones de argentinos están endeudados con bancos, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y otras entidades que les otorgaron préstamos personales, mayormente destinados al consumo. De acuerdo con los últimos datos oficiales, un cuarto de los deudores (26,1%) está en mora. Y el monto de las deudas en situación irregular llega al 17,5% del total prestado, un crecimiento abrupto respecto del 4,2% registrado a fines de 2023, cuando asumió el Gobierno de Javier Milei.

Con diversos grados de magnitud, el problema abarca a todo el país y atraviesa a distintos sectores sociales y etarios. Mientras la oposición reclama que Milei enfrente la situación como una consecuencia directa del ajuste y de la desregulación que impone su plan económico, el Gobierno ultraderechista plantea que la solución debe surgir del mercado. “Es un problema entre privados”, han dicho y reiterado el presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo.

“El crédito a las personas físicas asciende a 97,1 billones de pesos” (unos 64.700 millones de dólares), indica un estudio nacional realizado por la Universidad Austral y la consultora Eco Go, a partir de la información del Banco Central argentino. “El dato central”, detalla, “sigue siendo la mora: la irregularidad por monto llega a 17,5% del crédito”, una cifra que alcanzó en junio su “vigésimo aumento mensual consecutivo”.

La economista Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, señala diversos factores detrás del incremento de la morosidad. Uno, el ciclo de crédito, que frenó a inicios de 2025 la expansión iniciada un año antes. Otro, “el cambio de régimen macroeconómico” bajo el actual Gobierno, “el paso de un esquema de alta inflación y tasas de interés negativas a un esquema donde la inflación disminuyó (aunque sigue alta para los parámetros internacionales) y las cuotas de los créditos dejaron de licuarse”.

Un tercer factor, apunta, se vincula con “un cambio estructural y global”, la aparición del crédito no bancario al alcance de un clic en el teléfono: “Las billeteras virtuales cambiaron el juego”, dice. Aunque las billeteras virtuales, las tarjetas de crédito no bancarias y otros entes no financieros solo explican el 14,1% de los préstamos a las familias argentinas, concentran el 31% del monto que cayó en la morosidad. Esa irregularidad duplica a la verificada en el sistema financiero.

El escenario termina de montarse, explica Dal Poggetto, con una evidente “insuficiencia de ingresos en las familias” y “con tasas de interés ridículamente altas”, que se dispararon durante la zozobra financiera que sufrió el Gobierno el año pasado, antes de las elecciones legislativas de octubre y hasta que llegó, desde EE UU, un multimillonario rescate de Donald Trump.

El apretón monetario instrumentado entonces para detener la devaluación del peso frente al dólar incluyó el alza de las tasas. Con el paso del tiempo, los intereses que pagan bancos y financieras a los ahorristas bajaron y hoy rondan, en el caso de las inversiones en plazo fijo, entre el 16 y el 22% nominal anual. Pero las tasas activas, las que cobran las entidades por prestar dinero, quedaron muy altas. Por ejemplo, un préstamo personal en un banco privado puede tener una tasa nominal anual de entre 55 y 172%, según los casos, mientras que en una billetera virtual puede variar entre 48 y 260%. El costo financiero total puede llegar incluso a superar el 1.000% anual.

Mientras tanto, la inflación interanual viaja hoy al 33,8% y los salarios registrados corren por detrás, aún debajo de los niveles reales de fines de 2023.

El Gobierno considera que el incremento de la morosidad es “un problema entre privados”, entre los deudores y sus acreedores. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza [para tomar deuda]?”, respondió Milei hace dos semanas, cuando fue consultado sobre una eventual intervención estatal. “Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás y eso no está bien”, insistió. El último jueves, el ministro Caputo repitió el argumento. Si bien admitió que las tasas en algunos casos son “abusivas” y que el Gobierno sugiere una refinanciación, abogó por una corrección endógena del mercado. “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”, dijo.

Desde diferentes sectores de la oposición, en cambio, advierten que la morosidad es consecuencia directa del ajuste fiscal, la desregulación y los aumentos de tarifas de servicios públicos, entre otras medidas promovidas por Milei que han mermado el poder adquisitivo de los salarios, empujando a las familias a endeudarse para poder sostener sus gastos ordinarios. En el Congreso ya se han presentado una treintena de proyectos con diversas propuestas para facilitar el desendeudamiento de individuos y de pequeñas y medianas empresas.

“El fenómeno de la mora se debe a la política económica del Gobierno”, asegura el economista Juan Cuattromo, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) y colaborador del gobernador peronista Axel Kicillof. “Durante el segundo trimestre de 2024 y hasta febrero de 2025, pública y activamente, el Gobierno incentivó al crédito como uno de los mecanismos de expansión del gasto doméstico. Se estaba sustituyendo ingreso con crédito”. Con el vertiginoso aumento de las tasas, “con la debilidad del mercado de trabajo, con el salario real sin recuperarse, las familias se encontraron sin poder pagar esos créditos y hoy tenemos un problema de morosidad con indicadores más altos que en la crisis de 2001″, advierte.

Esos indicadores, destaca Cuattromo, están “muy por encima de la media regional”, por lo que no puede atribuirse su incremento a la expansión del crédito a través de las billeteras virtuales y otras plataformas web. “Los nuevos canales digitales se están desarrollando en todo el mundo al mismo tiempo y no en todos lados se generó el nivel de endeudamiento que hoy tienen las familias de Argentina”.

En contraste con la decisión del Gobierno nacional, las Administraciones de varias provincias están desarrollando programas para ayudar a las familias a desendeudarse, ofreciendo planes de refinanciación con tasas más bajas y plazos más largos. Al igual que en el caso de los proyectos presentados en el Congreso, las iniciativas son transversales a la política: lo hacen el peronismo en Buenos Aires a través del Bapro, el radicalismo en la provincia de Santa Fe y la centroderecha del PRO en la capital del país, entre otras gobernaciones.

Cada tanto, Jorge Quiroz Castro (Valparaíso, 62 años), ministro de Hacienda de José Antonio Kast y artífice de la megarreforma económica y tributaria del Gobierno, aprobada en el Congreso el 4 de agosto con la resistencia de la izquierda, abandona por un instante las cifras para deslizar alguna cita literaria. El integrante más influyente del Gabinete —a quien más de una vez le han preguntado si acaso tiene corazón— puede pasar, casi sin transición, de hablar de Joseph Schumpeter y, cómo no, Adam Smith a Borges, Ortega y Gasset, Huidobro, Parra, Barnes o Flaubert. No es casualidad: además de economista, Quiroz es lector y escritor. En 2015 publicó Cuentos pendientes (Ceibo), un libro de 15 relatos cuyos personajes —unas veces con drama, otras con humor negro— recorren distintos episodios de la historia política, económica y social de Chile de los últimos 60 años y en los que la realidad se mezcla varias veces con la ficción.

Es el caso, por ejemplo, de Dry Martini en el Ritz, un relato protagonizado por Isabel Margarita y Antonio, un matrimonio de Vitacura, un municipio acomodado al oriente de Santiago que vive austeramente —muchas veces, con disimuladas apreturas— mientras sueña con conocer Europa, especialmente, París. Ambos “votaron disciplinadamente que Sí” a la continuidad en el poder del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), en el referéndum de 1988, y sintieron mucho miedo al ver que ganó la opción No. Pero, según el narrador, al final “las cosas fueron bastante mejor de cómo las esperaban”. Quiroz, el autor, también estuvo en contra de Pinochet. “En el plebiscito de 1980 voté No. Y para 1988 estaba por el No, pero no pude votar porque estaba en Estados Unidos”, dice a EL PAÍS.

Quiroz es parte del Gobierno más a la derecha que haya tenido Chile, al menos desde el retorno a la democracia en 1990. Su padre y su madre, sin embargo, eran izquierda, ambos profesores que fueron exonerados de sus puestos por la dictadura de Pinochet: el lingüista Óscar Quiroz, exrector de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, y Elisa Castro, que enseñaba literatura norteamericana y a quien le dedicó Cuentos Pendientes. “¿Cómo es que salí de derecha? Esa era la inquietud de mi psicoanalista, porque me lo preguntaba mucho”, dice Quiroz con una leve sonrisa. “Discutí muchos años de política con mi padre, pero ellos me criaron libre”, agrega.

Sus padres le inculcaron la inquietud por los libros. Y es esa faceta la que el ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía por la Universidad de Duke, ha dejado entrever en estos cinco meses en el cargo. En julio pasado, por ejemplo, mientras la megarreforma atravesaba sus semanas decisivas de negociación en el Congreso y crecía su fama de ser uno de los más duros del Gabinete —ha liderado los controvertidos recortes fiscales—, en un giro inesperado, dijo: “Se ha dicho mucho que tengo el corazón áspero. Voy a citar a un escritor: corazón áspero, pero blando”. Quiroz parafraseaba así a Julian Barnes, y un pasaje de El loro Flaubert: “Hay personas que tienen el corazón blando y el alma dura. Yo, por el contrario, tengo el alma blanda y el corazón áspero”.

Meses antes, en marzo, durante una exposición ante la comisión de Hacienda del Senado, había echado mano a Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias”, dijo. Por esa fecha arrancaba la tramitación de la megarreforma —cuya parte tributaria sus críticos cuestionan por considerar que favorece a los más ricos— y Quiroz encabezaba, además, una de las medidas más controvertidas de la Administración de Kast: el alza del precio de los combustibles para trasladar a los consumidores el costo derivado de la guerra en Irán.

Quiroz recibe a EL PAÍS en su amplia oficina, en el piso 12 del edificio de las finanzas públicas, ubicado a metros de La Moneda, en una semana marcada por la decisión del Tribunal Constitucional de acoger parcialmente los requerimientos que la oposición presentó sobre la megerreforma, aunque no cambió sus aspectos de fondo. Durante la entrevista, el ministro de Hacienda mantendrá una coraza, pero a ratos bajará la guardia para hablar de sus momentos como lector, de los libros sobre capitalismo que contribuyeron a moldear su pensamiento —en contraste con las ideas de sus padres— y de su propia escritura.

La escritura como salvación

Hasta que conoció a Kast, Quiroz se dedicó a dar clases y a la actividad privada en su consultora Quiroz & Asociados, como asesor de empresas de diversos rubros, algunas de ellas involucradas en colusiones. También escribió en el Diario Financiero y El Mercurio, donde en 70 columnas entrenó su pluma política y económica. Fue el estallido social de 2019 el que lo empujó hacia las políticas públicas.

Pregunta. En febrero, contó en Radio Pauta que Cuentos Pendientes lo escribió en un momento complejo de su vida. ¿Se puede saber cuál?

Respuesta. No.

P. ¿Es muy personal?

R. Sí.

P. ¿Y de qué manera ese momento complejo, que no quiere contar, le ayudó a ponerse a escribir?

R. Hay periodos en la vida en que tú tienes una especie de crisis existencial, de no saber un poco a dónde uno va o qué quiere hacer. Hay una frase de Nicanor Parra, con la que me identiqué después, de cuando lo abandona una mujer y escribe el poema El hombre imaginario, que vive en una casa [mansión] imaginaria… En el fondo, dice que era eso o la pistola encima para pegarse un tiro, o sea, la escritura como salvación. Yo no tenía una pistola, no soy tan extremo, pero sí me doy cuenta ahora que yo volvía del trabajo, me sentaba y escribía como si me estuvieran dictando. Y las siguientes dos semanas, pulía.

P. No es terrible tener una crisis existencial. La suya terminó en un libro.

R. Una vez Cristian Warnken [de Radio Pauta] me preguntó en una entrevista: ‘¿Por qué escribes?’ Yo le inventé una respuesta medio estándar, pero la verdadera respuesta es que no sé por qué escribo.

P. ¿Escribía metódicamente en ese periodo?

R. No hay nada metódico. En la crítica que hizo José Promis [en El Mercurio, sobre Cuentos Pendientes], dijo que no creía que esta haya sido la primera vez que yo escribía. Lo que hay es que yo estaba con mucha vida interior, a veces un poco aislado de mí mismo. Entraba a mi escritorio, me venía una ráfaga y me ponía a escribir de una sentada. Hay cuentos que empezaba y no sabía cómo iban a terminar, como en Cita con la niebla.

P. ¿Qué le provoca la escritura versus los números?

R. Las dos cosas me fascinan. La matemática es una tremenda experiencia en mi vida, porque estudié, además, un doctorado. Hubo una época en que mi señora se reía, porque nos íbamos de vacaciones a la playa, después de haber trabajado todo un año, y yo tomaba un libro de matemáticas, lo leía bajo el sol durante tres días y con eso estaba listo. Así podía volver al trabajo con toda la energía. Ya no lo hago, porque ahora estoy viejo, pero era un deporte juvenil.

P. Hay otro libro, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que usted ha dicho que cada vez que lo abre, en la página que sea, siempre le hace sentido.

R. Sí. Y ese libro me lo he llevado a las partes más increíbles.

P. ¿Por ejemplo?

R. A distintas partes. Yo soy reservado. Déjelo ahí no más. Es un libro fabuloso.

P. ¿Qué tiene de malo contar dónde ha llevado La riqueza de las naciones?

R. Una de las cosas choras [fascinantes] de la literatura es que a través de ella uno puede contar muchas cosas. Pero soy extremadamente reservado y celoso de mi vida personal.

Un libro neomarxista

Jorge Quiroz pasó gran parte de su infancia en una típica casona porteña en el cerro Barón, en Valparaíso, y cursó los primeros años en el Colegio Alemán de Valparaíso. Después sus padres se mudaron a la Villa Magisterio, un conjunto de viviendas para profesores en Villa Alemana. Quiroz, el segundo de tres hermanos —la mayor es profesora de música y el menor, arquitecto— entró a un colegio experimental y allí su profesor de Castellano, Arturo Gallegos, se saltó el programa y puso a sus alumnos a leer literatura chilena. “Leí a Vicente Pérez Rosales, Luis Orrego Luco, Joaquín Edwards Bello, Manuel Rojas”, recuerda el ministro.

Los libros abundaban en la biblioteca de los Quiroz Castro, en sus casas en Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar. La mayoría eran de literatura y lingüística, pero al menos dos escapaban a la regla, y son los que llamaron la atención de Quiroz. Uno fue Capitalismo, socialismo y democracia, de Schumpeter, que Quiroz se llevó de la casa familiar cuando se fue estudiar a Santiago a la Universidad de Chile. “El otro era de economía política, de Maurice Dobb, un economista neomarxista inglés. Lo empecé a leer y lo encontré muy fome [aburrido] y enredado. Incluso, pensé que la economía se trataba de eso”.

P. ¿Y por qué era tan fome?

R. Porque los libros de economía con tinte neomarxista son medios ilegibles. Ininteligibles, la verdad. Y está bien que lo sean, porque yo creo que es una teoría ininteligible. Pero también estaba en la casa Capitalismo, socialismo y democracia, que no era marxista, sino más bien la base de la filosofía capitalista. Ese libro me fascinó.

P. ¿Qué significó ese libro para usted?

R. Ese libro me ha marcado. Es bien fascinante de que Schumpeter, escribiendo en 1942, cuando no se daba por sentado que el capitalismo tuviera futuro, él hace cálculos y de modo muy autocensurado, dice que el capitalismo tiene un futuro enorme. Y es la época en que se pensaba que el socialismo tenía más futuro. Schumpeter, además, tiene una visión de la dinámica económica que se contrapone a Adam Smith. No es que se nieguen, pero Schumpeter destaca el concepto de creación destructiva, en la que cada vez que alguien inventa algo, destruye algo que había. Y ese es un elemento clave de la dinámica capitalista que hace crecer el mundo.

P. Cuando lo nombraron ministro, usted dijo, antes de asumir, que el Gobierno de Kast iba a ser totalmente ‘schumpeteriano’.

R. Cuando decimos schumpeteriano, lo que estamos diciendo es que tenemos que recuperar la máxima libertad de emprendimiento y de invento. Y, por lo tanto, generar el máximo de entorno que permita crear libre iniciativa. Chile está demasiado cubierto por regulaciones y reglas, que terminan matando las iniciativas. Por eso es un Gobierno schumpeteriano, porque vamos a tratar de remover mucha de esa maraña de regulaciones y, además, al bajar los impuestos, mejorar los retornos para que haya empuje empresarial. Hay personas que ponen todo el énfasis en la competencia perfecta, que es una visión más estática. Pero la visión schumpeteriana es más aventurera.

“Yo tenía los dos mundos”

P. Si sus padres eran de izquierda, ¿Qué lo influyó para tomar un camino distinto?

R. El fenómeno de la Unidad Popular fue muy traumático para toda mi generación. Pero también lo fue para mi familia, porque a los que yo llamaba tíos, que eran los amigos de mis papás, la mitad se fueron exiliados. Y mi padrino, Leopoldo Sáez, que es lingüista, tiene 88 años, lo adoro y es quien me animó a escribir este libro [Cuentos pendientes], también fue una persona que tuvo que salir de Chile.

P. ¿Y a usted qué le pasó con todo eso?

R. Es bien especial, porque la mayoría de la gente que viene de familias así, automáticamente es izquierdista, porque ven el mundo muy simple y no tienen cómo ser derecha. Pero yo tenía los dos mundos. En parte, porque estudié en el Colegio Alemán y casi todos mis compañeros eran de derecha. Pero la pregunta que más me hacía, desde niño, era por qué quedó ese descalabro económico en la Unidad Popular: las colas, la inflación, y qué se yo. La otra respuesta era infantil: estaban los buenos, los malos, los militares y lo que hicieron. Sin justificar el golpe de Estado, en ningún caso, empecé a cuestionar eso en forma recurrente y sentí que tenía que saber economía.

P. Y en su casa estaban los libros disponibles para eso.

R. ¿Como el de Maurice Doot, que era imposible de terminar? Ahí me compré Curso de Economía Moderna, de Samuelson. Me puse a leer y de repente empecé a caer en la cuenta de que todas las ideas del socialismo estaban malas.

P. ¿A qué edad fue eso?

R. Muy temprano, a los 15 años. Y el libro de Samuelson me lo compré yo, porque ganaba plata desde los 11 años. Tenía mis propios negocios. Como había inflación, saqué la plata de mi cuenta de ahorro del Banco del Estado, porque sabía que, si me la quedaba en el bolsillo, iba a desaparecer. Iba a comprar en tren lápices y cuadernos desde Villa Alemana, donde vivía, en un sector alejado, cerca de un bosque, hasta Valparaíso. Puse un cartel [en la casa de la Villa Magisterio] que decía: “Se venden artículos de librería”. La gente compraba para no tener que salir de la villa. Como les pagaban los días 15, y yo lo sabía, pasaba a cobrarles en las noches y les ponía un recargo por la inflación, y porque después tenía que reponer el inventario. Anotaba las cuentas en un cuaderno.

P. ¿A los 11 años sabía que había inflación?

R. Es que era un poco Manolito, el personaje de la Mafalda. Incluso, para sacar las cuentas del Gobierno, sigo siendo Manolito.

P. ¿Qué efecto le provocaron los libros de economía que leyó?

R. Me di cuenta rápidamente de que la izquierda estaba profundamente equivocada. Mi papás eran personas educadas, cultas, serias y no eran demagógicas. Y yo, con los años, también me di cuenta que cuando un país es tomado por la demagogia, se generan problemas que pueden tener dramas humanos gigantes, porque el golpe de Estado fue una tragedia nacional, y una tragedia que nace de la demagogia. Por eso, para mí la demagogia es uno de los ángeles malos de la sociedad moderna. Altazor ¿por qué perdiste tu primera serenidad?/¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa / Con la espada en la mano? Es precioso ese verso de Vicente Huidobro, y yo lo entiendo así: una angustia, como un fenómeno que ocurre ¿por qué perdiste tu primera serenidad? Uno podría hablar del golpe.

Un final de Borges

Por la familia en que nació y al Gobierno al que llegó, la historia de Quiroz bien podría ser uno de sus relatos que acaban con un final impredecible, como el que cierra Dry Martini en el Ritz. “El cuento canónico que siempre tengo en mente es El hombre de la esquina rosada, de Borges, en el que en la última frase sabes lo que está pasando”, dice.

De sus relatos, el ministro dice que en todos “hay una estética conservadora” y que “es canónica” pues es “contrario a los cuentos experimentales”.

P. ¿Y eso refleja también a Jorge Quiroz?

R. Sí. Yo tengo una dimensión conservadora, que mezclo con el tema liberal económico. Pero la dimensión conservadora no es de pacatería.

P. ¿Y cómo es?

R. De que uno, cuando va a cambiar ciertas cosas, sobre todo en el ordenamiento social, dice por algo está esta costumbre, hace tanto tiempo. Entonces, hay como un respeto por el legado que te viene, y eso tiene que ver también con la estética, de tener cierta cautela con las cosas experimentales.

P. ¿Qué libro leyó mientras tramitó la megarreforma?

R. Un libro de cuentos Ferdinand von Schirach, Der stille Freund, que me permitió distraerme. Me lo regaló mi amigo Klaus Schmidt-Hebbel, que es un gran lector. Me gusta mucho leer en alemán porque me obliga a concentrame, pues es un pelito menos fluido que el inglés. Este libro es distinto a otros de Von Schirach, porque son cuentos que terminan un poco a lo William Trevor, con una sensación. Algún día voy a escribir algo así.

P. ¿Qué quiso transmitir cuando dijo que su corazón era áspero, pero blando?

R. Obviamente que uno tiene que comunicar ciertos números y entonces se ve como duro. Pero si usted lee mis cuentos, verá que tengo el corazón blando por dentro, y que le tengo cariño a mis personajes. Soy muy empático con el sufrimiento humano.

P. ¿En qué se traduce esa empatía?

R. La expreso cuando estoy en relación cercana. Y cuando tengo mayor cercanía se nota que no soy el personaje hiper frío que a veces han dicho.

P. ¿Hay alguien en el Gabinete con el que pueda hablar de libros?

R. No me he encontrado aún; pero seguramente debe haber. Hay parlamentarios con los que he hablado muy cortito. A Luciano Cruz-Coke [senador de Evópoli] lo vi el otro día con Anatomía de un instante, de Javier Cercas, que es un gran autor. Me encanta Cercas. Corrí a comprar el libro, pero no lo encontré.

P. ¿Y con el presidente Kast?

R. No hemos hablado mucho de libros.

P. ¿Qué libro le regalaría a la oposición?

R. Capitalismo, socialismo y democracia, de Schumpeter. Bastaría con que leyeran un capítulo: el de la creación destructiva.

Estados Unidos ha apretado el acelerador en su política de retirada de visas y esta semana se ha cobrado el permiso de una de las piezas clave de la política mexicana. La cancelación del documento migratorio de Andy López Beltrán no es una más de las 175.000 que ha ejecutado Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca, es un golpe sin precedentes al corazón de Morena y un mensaje para todos los políticos del partido de la presidenta, Claudia Sheinbaum: nadie en la cúpula oficialista se salva de la vigilancia, ni siquiera el hijo y heredero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La supresión de la autorización de entrada no implica ningún tipo de acusación, pero el silencio total de las autoridades estadounidenses y el contexto en el que se produce dan rienda suelta a la especulación y alientan la narrativa de la oposición, que ha avivado las acusaciones de corrupción contra el Gobierno. La esfera morenista, a cambio, ha acusado al Ejecutivo del norte de “injerencia política” y ha cerrado filas en torno a su antiguo secretario de Organización, que desveló la nueva medida en una dura carta dirigida al propio Trump.

“No lo están pidiendo extraditado ni están diciendo que tenga vínculos [con el narcotráfico]. Estados Unidos lo utiliza como arma de presión, como los aranceles. Es una forma de decir que el Gobierno mexicano no está haciendo lo suficiente en el tema de la ‘narcopolítica’ y una manera muy fuerte de decir: ‘Les estamos pisando los talones”, apunta la internacionalista Pía Taracena, de la Universidad Iberoamericana. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, manifestó hace unos días en una entrevista con Newsmax que “la seguridad en los visados se traduce en seguridad en las fronteras”. Las visas son solo una herramienta más en su cruzada contra el narcotráfico y la migración, y una que no requiere intervención ni autorización de ningún otro Gobierno, pues es prerrogativa de cada Estado. “Son un privilegio, no un derecho”, enfatizó en ese sentido Pigott. México solo puede sentarse y mirar.

A pesar de que no hay ninguna carpeta abierta contra López Beltrán en ninguno de los dos lados de la frontera, al menos que se conozca públicamente, a la especialista le parece que este representa un revés mayor, si cabe, que el asestado tras la imputación formal del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado abril, por vínculos con el crimen organizado. “Aunque no tenga todavía un cargo, él se consideraba —y quizá algunos más también— el delfín de la nación”, argumenta. Con él se mueven todos los cimientos del movimiento morenista. El PAN, principal partido de la oposición, ya ha exigido que la Fiscalía General de la República abra una investigación por posible tráfico de influencias y vínculos con el huachicol fiscal, y también a la UIF que rastree sus cuentas y las de su círculo cercano.

La sombra de la duda es más que suficiente para empañar el inicio de la campaña del político incluso antes de que esta empiece oficialmente. El año que viene, el hijo del expresidente se disputará una diputación federal por Tabasco, Estado natal de su padre y fundador del partido que hoy ha conquistado casi todas las plazas clave del territorio. Las elecciones de 2027 ya se antojaban, antes de esto, una batalla encarnizada entre el oficialismo y la oposición, ávida de recuperar algo del terreno perdido en la última década. La retirada de las visas a Andy y otros dirigentes destacados, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, solo añaden más carne en el asador.

En esa clave ha leído las últimas acciones del Ejecutivo de Trump la mandataria mexicana, que también salió en defensa de Rocha Moya por falta de pruebas en su contra. “Esto tiene un sentido de injerencia en la política mexicana, porque no veo yo otra razón, ¿y lo usa quién? La derecha mexicana, que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos”, ha denunciado este viernes Claudia Sheinbaum. La presidenta ha sido especialmente dura con Alejandro Alito Moreno, que encadena varios viajes a Washington para denunciar el “autoritarismo” del partido en el Gobierno. “Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten la visa a los mexicanos. ¿Qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse, frente a Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de una persona así?”, le ha lanzado.

La relación con Estados Unidos se ha vuelto un asunto interno de primer nivel desde hace aproximadamente un año, cuando la senadora Lilly Téllez abrió la primera grieta en el muro de contención mexicano. La panista fue entonces a la principal cadena conservadora del país vecino, Fox News, a pedir la ayuda del republicano en la lucha contra los carteles de la droga, una solicitud que fue leída en el oficialismo como una traición y que rompió el consenso que había primado hasta ese momento de conformar un bloque común frente al afán intervencionista de Donald Trump.

Aquella primera llamada de apoyo que levantó una enorme polvareda en el país y acaloradas discusiones sobre la injerencia extranjera se ha vuelto, con el tiempo, en la tónica general, especialmente en los últimos meses. El descubrimiento de que agentes estadounidenses habían participado, sin conocimiento del Gobierno federal, en un operativo en Chihuahua, territorio de la oposición, elevó las críticas de injerencia hacia el país anglosajón por parte del Ejecutivo de Sheinbaum. Desde el otro lado de la frontera, sin embargo, solo ha recibido una ola implacable de cuestionamientos contra múltiples funcionarios del partido.

Mientras el Ejecutivo se ha envuelto en la defensa de la soberanía nacional, la oposición, mermada hasta la irrelevancia en el plano institucional, ha encontrado en Washington una voz autorizada y un amplificador necesario para darle proyección a sus acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. “Hay un triángulo perverso entre Morena, la oposición y Estados Unidos en esta nueva forma de hacer política”, sintetiza Taracena. De momento, la retirada de la visa a uno de los principales operadores del oficialismo ha levantado muchos interrogantes. La explicación de las autoridades estadounidenses aclararía gran parte de las incógnitas, pero no tienen la obligación de darla ni tampoco han mostrado ninguna intención de hacerlo. Mientras las interpretaciones vuelan y chocan entre sí al sur del río Bravo, al norte se guarda un silencio sepulcral.

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha acusado este sábado a Estados Unidos de ir tras el fundador de Morena al cancelar la visa de su hijo Andy López Beltrán. “Realmente al que quieren no es al chico, sino al grande. Nada más que están pensando los vecinos. Yo creo que es un asunto político, no tiene nada que ver con otro tema”, ha dicho a la prensa. El político ha sostenido que el objetivo de ese movimiento es el “desprestigio”: “Creen ellos que logran hacer daño a los ciudadanos que están luchando para que en este país al pueblo de México le vaya mejor”.

La postura del hermano de López Obrador coincide con la que ha mantenido la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, gobernadores y el resto de cargos dentro de Morena. La mandataria ha dejado claro que no piensa abrir una investigación contra López Beltrán únicamente porque Washington le haya retirado la visa. “No hay nada contra el hijo del presidente”, sostuvo en su conferencia mañanera del viernes. Sheinbaum, que refiere que hasta donde le ha informado la Fiscalía General de la República (FGR) no existe ninguna investigación sobre el heredero de López Obrador, ha afirmado que el movimiento de Estados Unidos “tiene un sentido de injerencia en la política mexicana”.

Andy López Beltrán, de 40 años, dejó la Secretaría de Organización de Morena en mayo para competir por una diputación federal en Tabasco, el Estado del que partió el proyecto político de su padre y del que ahora es secretario de Gobierno su tío José Ramiro. El funcionario ha negado haber hablado con Andy sobre el tema “porque anda allá ocupado, está ahí caminando”, en referencia a sus recorridos por el Estado para conseguir el voto, ni tampoco con su hermano Andrés Manuel: “No lo he visto a él, pero sabemos lo que quieren, nada más que lo están pensando”.

La retirada de la visa de López Beltrán es un derechazo al corazón de Morena y así se lo ha tomado el partido. Todos los gobernadores han cerrado filas con el hijo del expresidente y la formación incluso ha convocado más de 200 asambleas por todo el país este fin de semana para defendar la “Transformación y la soberanía nacional”.

A menos de un año de las elecciones de 2027 —en las que se decidirán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y más de 1.800 cargos municipales— la narrativa de una injerencia de Estados Unidos para influir en los comicios se ha convertido en la principal trinchera de Sheinbaum y de Morena, especialmente tras las acusaciones a Rubén Rocha Moya. Al descalabro del gobernador de Sinaloa, quien está señalado por el Departamento de Justicia de trabajar con el Cartel de Sinaloa, se añade la retirada de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y también las presuntas cancelaciones de sus documentos migratorios a los mandatarios de Tamaulipas y Sonora. Tanto Américo Villarreal como Alfonso Durazo han negado que les hayan retirado sus visas.

El subsecretario de Estado de Donald Trump, Christopher Landau, quien se hace llamar El Quitavisas, publicó el viernes en X tras el anuncio de López Beltrán: “¿Están disfrutando el show? Preparen las palomitas, porque les encantará la segunda parte”.

El Gobierno de José Antonio Kast ha recibido críticas tras la puesta en escena con la que difundió el traslado masivo de reclusos de alta peligrosidad hasta la cárcel de La Laguna, ubicada cerca de Talca, a unos 250 kilómetros de Santiago. Los canales oficiales del Ejecutivo mostraron a los presos sentados en el suelo, en fila y con las manos hacia adelante, en unas imágenes que no han tardado en compararse con el estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele en sus operaciones penitenciarias.

Pero la controversia se ha intensificado por el tratamiento audiovisual que hizo la Administración de derecha a la Operación Cancerbero (como fue bautizado el procedimiento penitenciario): los vídeos difundidos incluyen canciones de los grupos NSYNC, Metallica y Rage Against the Machine. Ha sido el video que incluye el tema Bye Bye Bye (Adiós, Adiós, Adiós), de la banda estadounidense N SYNC, el que ha despertado mayores cuestionamientos porque ha servido para mostrar a los prisioneros en distintas etapas del traslado a La Laguna, mientras que en la pantalla ha aparecido, en grandes letras rojas y blancas, el lema “Operación Cancerbero. Cárceles de verdad. El crimen no tendrá escapatoria”. El montaje cierra con un mensaje: “Adiós crimen, bienvenida máxima seguridad”.

Sin embargo, el Gobierno ha defendido el despliegue comunicacional con el que mostraron el traslado de casi 300 reos al Complejo Penitenciario de La Laguna: una transmisión en directo, una alocución del presidente Kast y mensajes en redes sociales. En una entrevista con 24 Horas, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, señaló que se transmitió el mensaje que buscaba La Moneda: “Es decir, aquí cambió la mano”. Señalo que no le producía inconvenientes el polémico vídeo en el que se musicaliza con N SYNC. “Entiendo que a alguien se lo pueda producir, pero creo que mirar esa imagen y [escuchar] esa música solo bajo un aspecto negativo sería esconder la mitad del asunto, porque creo que tiene una lectura positiva”, agregó. Según Silva, la ciudadanía ha acogido “muy favorablemente la imagen o el mensaje que la imagen incluyó” en el registro.

Las críticas más punzantes han venido de exautoridades del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), como la exministra Carolina Tohá, que calificó de “espectáculo” el modo en que se presentó el despliegue; un comentario que no quedó sin respuestas por parte del Ejecutivo, puesto que el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, refutó: “Lamento que cuando se hace un traslado de reos de alta peligrosidad en una cárcel que se les pueda tener contenidos se hable o se refieran a estos términos de espectáculo”.

Sin embargo, el exministro de Justicia, Luis Cordero, ha alertado que la estrategia comunicacional de La Moneda debe ser vista con cuidado debido a que la difusión de imágenes y procedimientos no solo podría suponer complejidades en materia de seguridad, sino también para evitar transformar el sistema penitenciario en una forma de degradación de las personas privadas de libertad. En una entrevista con Radio Universo, el abogado sostuvo que la apuesta comunicacional de Kast fue “muy al estilo Bukele”, a la vez que subrayó que el modelo del mandatario salvadoreño “descansa en un autoritarismo”.

“Este es el estilo chileno”

Después de que Kast fue electo presidente, en diciembre de 2025, uno de los primeros mandatarios que visitó fue a Bukele, en enero, y una figura internacional que gozaba de alta popularidad en Chile hasta hace dos años. En El Salvador, el fundador del Partido Republicano, de la extrema derecha, hizo un recorrido por el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de El Salvador denunciada por organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW), por presuntas torturas y abusos a sus internos.

En esa visita, Kast pidió colaboración a Bukele “para mejorar nuestro sistema penitenciario”, aunque en varias ocasiones recalcó que no realizaría una copia del modelo salvadoreño.

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, ha sido más directo, al afirmar que el Gobierno comparte con el presidente de El Salvador el espíritu de terminar con la impunidad, aunque negó que quieran calcar el modelo penitenciario del país centroamericano: “No, este es el estilo chileno”.

La puesta en escena de la Operación Cancerbero ocurre unas semanas después de que el Ejecutivo presentó su agenda de seguridad, que impulsará en el Congreso, y reforzó el concepto de que “la mano ha cambiado” en Chile. Detener el avance del crimen organizado y disminuir los delitos fue una de las mayores promesas de Kast cuando fue candidato. El jueves, el presidente se trasladó a Talca, en la región de Maule, para recorrer la cárcel de La Laguna. Vestido con chaqueta de Gendarmería, el mandatario dijo en una rueda prensa: “Hoy día es un día histórico, porque a partir de hoy comienza un cambio de mano importante”.

La distancia que separa a la ministra Lenia Batres del resto de sus compañeros aumenta a gran velocidad a medida que se acerca el primer año desde que los nuevos integrantes entraron en la Suprema Corte. Al largo historial de enfrentamientos se ha sumado, este jueves, un último episodio, mientras el Pleno debatía una contradicción de criterios de la juzgadora. La mayoría de los togados se ha opuesto al proyecto, un escenario relativamente frecuente que Bates, sin embargo, ha atribuido a causas ajenas a las jurídicas. “Me desconcierta mucho esta discusión”, ha anticipado antes de sugerir que la razón real del rechazo no era la diferencia de criterios sino su discrepancia a la solicitud de aumentar un 17% los presupuestos del Alto Tribunal, que votaron a puerta cerrada la semana pasada. “Veo una animadversión insana, voy a retirarlo [el texto] y espero sus observaciones, y de verdad, quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, ha lanzado al resto de sus compañeros.

El desconcierto entonces se ha extendido hacia el resto del Pleno, que escuchaba por primera vez la existencia de tal documento. “Acabo de enterarme”, le ha respondido el presidente, Hugo Aguilar, tratando de calmar las aguas y evitar una confrontación directa en la transmisión en vivo, en la que busca primar los consensos. Más dura ha sido Yasmín Esquivel, con la que Batres ha protagonizado numerosos desencuentros, que se ha defendido de las acusaciones de falta de seriedad. “Señalar que es insano lo que se está presentando aquí… No veo dónde esta ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la ministra ponente. Son expresiones en contra del proyecto que se nos presenta. Veo poca voluntad para que se vean las consideraciones”, le ha espetado, y ha agregado, en referencia al oficio mencionado: “Sería muy pertinente que nos dijeran de qué se trata, nos estamos enterando en este momento”.

Lenia Batres, no obstante, se ha mantenido firme en sus acusaciones y ha hecho público más tarde, desde sus redes sociales, el documento por el que cree que sus compañeros se han opuesto esta mañana a su proyecto en materia administrativa. En él, se muestra contraria a la resolución que aprobó la Suprema Corte la semana pasada para solicitar un presupuesto de 6.104 millones de pesos, un 17,2%% adicional respecto del monto autorizado por la Cámara de Diputados para el 2026. “De aprobarse”, argumenta la ministra en su escrito, “habrían sido nugatorios los esfuerzos de austeridad realizados, obligación que, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Austeridad Republicana, también debe realizar este Poder Judicial”. Al incremento, agrega, se suma “sin estudio previo, la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300″ trabajadores que se había eliminado el año anterior y que es contraria, ha especificado, al artículo 22 de la citada ley de austeridad.

La sobriedad en el gasto de los nuevos togados es uno de los puntos que más polémica ha levantado desde que fueron elegidos en las urnas, en junio del año pasado, dispuestos a acabar con los “privilegios” de sus predecesores. La compra y devolución de unas camionetas blindadas ya hizo tropezar al Alto Tribunal en enero con su propio mandato de austeridad, y el documento de Batres devuelve el asunto al centro de la discusión.

Para la ministra, acostumbrada a enfrentarse a las opiniones mayoritarias del Pleno, sea cual sea la cuestión, y a doblegar a sus compañeros en más de un debate, este nuevo frente supone añadir un obstáculo nuevo en su camino hacia la Presidencia. La Corte todavía no ha debatido cómo resolverá la contradicción entre los dos artículos de la Constitución que dictan métodos distintos para designar la joya de la Corona: si aplicará el mecanismo rotatorio incluido en la reforma judicial o se apegará a la elección por parte del Pleno que regía (y rige, hasta que no se elimine) antes de la entrada en vigor de la nueva normativa. Fuentes del Alto Tribunal apuntan que Batres “está casada” con la primera fórmula, que le daría la dirección del Pleno dentro de 13 meses, pero las reticencias de sus compañeros y de gran parte de los sectores civil y empresarial comprometen ese horizonte.

El presidente, Hugo Aguilar, reconoció este fin de semana en una entrevista con La Jornada que la cuestión genera tensiones en el interior de la Corte, y ha descartado entrar a debatirlo antes de enero de 2027. “Ahorita no me parece ni siquiera prudente abordarlo”, señaló. La cuestión, causada por el descuido y la falta de pulcritud de los legisladores a la hora de redactar el proyecto original, se ha vuelto en un problema político mayor que nadie quiere tratar, al punto de que, ni la nueva propuesta de reforma de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ni la de su partido, Morena, desenredan el nudo. La contradicción se mantiene intacta en el pleno legal, a la espera de que lo resuelva un Pleno cada vez más enfrentado a su potencial próxima presidenta.

La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado, por 10 votos contra dos, un proyecto de ley que busca autorizar la caza de perros asilvestrados. La iniciativa, que busca modificar la actual Ley de Caza, ha desatado un fuerte debate por una medida que pretende controlar a la población de canes ferales que ataca a la fauna nativa y a la ganadería en jaurías. Los impulsores defienden la cacería como una solución para resguardar a los animales salvajes —algunos de ellos seriamente amenazados como el pudú— y a las especies criadas para la producción. Los detractores cuestionan la norma y apuntan a sancionar el abandono animal en su origen.

En julio de 2024 el Congreso tramitó una iniciativa similar, la que fue rechazada por los diputados. En la propuesta, que fue archivada, declaraba a los perros asilvestrados como una especie exótica invasora y se planteaba la autorización de la caza cuando los animales estuvieran fuera de zonas o áreas urbanas y de extensión urbana. La iniciativa también daba luz verde para que cualquier persona pudiese capturar perros asilvestrados y ponerlos a disposición de la municipalidad o autoridad correspondiente. En 2015, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el ministerio de Agricultura intentó poner en marcha un decreto para autorizar la captura de los canes salvajes, pero echó pie atrás por el rechazo de algunas organizaciones animalistas.

¿Qué propone el proyecto sobre la caza de perros asilvestrados?

El corazón del proyecto de caza contra los perros asilvestrados es la autorización del control de esta especie a través métodos letales. A esto se suma una modificación en la Ley de Caza vigente con un texto modificado. “Será un deber del Estado proteger la fauna silvestre, para lo cual los órganos competentes adoptarán todas las medidas dirigidas a cuidar a las especies”, señala el escrito.

Según el proyecto, los perros asilvestrados son que aquellos que no tienen un dueño o poseedor conocido e identificable, que, al no relacionarse con el ser humano, ha devenido en un peligro para las personas, para la fauna local o para la salud pública. Durante los últimos años se han reportado múltiples ataques de jaurías de canes en estado salvaje en contra de ganado, otros animales de compañía, fauna nativa e incluso contra algunas personas, con consecuencias fatales.

¿En qué casos se permitiría cazar a estos perros?

De acuerdo con la propuesta, se eximiría de sanciones por el delito de maltrato animal a quien capture un perro asilvestrado “en defensa propia, de un tercero o del ganado, frente al ataque actual o inminente de uno o más perros salvajes o ferales”. Para ejecutar la cacería se requerirá una denuncia previa que deberá estar acompañada por registros fotográficos o audiovisuales, informes veterinarios, u otros medios probatorios, que den cuenta del daño causado por los canes. También se eximirá de sanciones a quienes maten a perros asilvestrados por las causales de protección de la salud pública, la seguridad de las personas, la conservación de la biodiversidad y fauna silvestre nativa y la propiedad privada.

¿Qué diferencia hay entre un perro asilvestrado y uno doméstico?

El perro asilvestrado es un animal que ha perdido su condición doméstica para regresar a su estado salvaje, sin depender de los seres humanos para su crianza y reproducción. Entre sus características está la agresividad frente a las personas, el uso de la caza para alimentarse y su comportamiento de manada. Un perro doméstico es totalmente dependiente del ser humano. Los animales abandonados que están en las calles siguen siendo domésticos y no pertenecen a la categoría de asilvestrados que dispone la iniciativa, por lo que no deberían ser capturados o asesinados.

¿Cómo avanza el proyecto en el Congreso?

La aprobación por parte de la comisión de Agricultura es solo un paso inicial en el avance del proyecto. A partir de esta etapa la comisión debe elaborar y enviar un informe —que con esta aprobación será positivo— a la sala de la Cámara de Diputados. El informe de la comisión no es vinculante, por lo que puede ser aprobado o rechazado.

¿Qué falta para que la caza de perros asilvestrados sea ley?

Si la Cámara Baja aprueba la propuesta pasará al Senado, para luego devolverla a los diputados para que la despachen al presidente de la República, que la deberá promulgar con su firma. Si hay discrepancias entre las votaciones de la Cámara de Diputados y del Senado, el proyecto será enviado a una comisión mixta con representantes de ambas cámaras legislativas para modificar la propuesta. El trámite no tiene un calendario definido y depende de los ritmos del Poder Legislativo.

¿Qué cambiaría si se aprueba el proyecto?

El principal cambio es que las personas que cacen perros asilvestrados y que cumplan con los requisitos definidos por la ley estarán exentos del delito de maltrato animal, que está tipificado en una norma de Tenencia Responsable de mascotas, que es conocida popularmente como al Ley Cholito, cuyo nombre surgió a partir del caso de Cholito, un perro callejero que fue golpeado hasta la muerte en Santiago en 2017. Además se autorizarán las medidas de captura o abate en zonas rurales, siempre que existan antecedentes sobre ataques de perros salvajes.

El equipo de Flávio Bolsonaro sufre problemas para registrar oficialmente su candidatura a presidente para las elecciones de octubre porque, sorpresa, al entrar en el sistema informático del tribunal electoral el senador aparecía afiliado a un partido distinto al suyo. Quedan dos días de plazo para oficializar las candidaturas. El juez que preside el Tribunal Superior Electoral ha descartado que el incidente sea fruto de un ataque informático y ha abierto una investigación.

Bolsonaro hijo ha difundido un vídeo en el que proclama: “Han falsificado mi afiliación política. El sistema intentará por todos los medios detenerme, pero no lo logrará, porque Dios tiene el control”.

Flávio Bolsonaro, como su padre, sus hermanos y su madrastra, (con la que acaba de reconciliarse), milita en el Partido Liberal, la sigla derechista de la vieja política a la que el patriarca se unió en busca de aliados para evitar ser destituido en tiempos de la pandemia. Pero resulta que en el sistema informático del tribunal electoral, Flávio, cabeza de lista del PL, aparece afiliado a Missão (Misión), un partido de derechas, liberal y antisistema que batalla por asomar la cabeza en las encuestas. Su candidato presidencial, Renan Santos, genera entusiasmo entre los electores más jóvenes, ronda el 4% en las encuestas que lideran Lula y Bolsonaro hijo.

La confusión respecto a su filiación partidaria ha impedido que el principal rival del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, registre oficialmente su candidatura. En el sistema consta que Bolsonaro hijo cambió del Partido Liberal a Missão el pasado día 12. El juez Kassio Nunes, presidente del tribunal electoral, ha descartado la acción de un hacker y ha explicado que el cambio fue realizado por alguien del partido Missão, según el rastro dejado en los ordenadores. El cambio ha sido revertido y, en horas, Bolsonaro hijo volvía a su hogar político.

No es el primer incidente de este tipo. Hace como tres años, el izquierdista Lula apareció en el sistema de la justicia electoral como miembro del PL, el partido de los Bolsonaro. La investigación policial concluyó que el cambio había sido realizado por un adolescente de 13 años que no pirateó el sistema, informa Metropoles.

El incidente actual enrarece el ambiente en un clima electoral marcado por una profunda polarización y un Bolsonaro candidato que repite sin pruebas las insinuaciones que su padre ya hacía cuestionando la seguridad del sistema de votación electrónica. El plazo para presentar las candidaturas a la Presidencia, los gobiernos estatales y el Congreso concluye el sábado por la tarde.

La campaña arranca oficialmente el domingo. Lula y Bolsonaro han citado a sus seguidores en sus respectivas cunas políticas. El izquierdista, en el estado de la zona metropolitana de São Paulo, donde protagonizó el salto del sindicalismo a la política. Bolsonaro hijo, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.