El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lleva una contabilidad pública diaria y detallada. No se trata de pesos o dólares, de ingresos o gastos, de activos o pasivos de un Estado que enfrenta un abultado déficit fiscal. Tampoco se trata de las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, los subsidios entregados a ellas o las viviendas por reconstruir. Se trata, en cambio, de los datos de la suma de las operaciones judiciales, policiales y militares. “Desde el 7 de agosto, ya son 17.692 capturas, 75.613 kg de estupefacientes incautados, 1.821 armas de fuego fuera de circulación y 1.590,4 hectáreas de coca erradicadas,” se leía en su cuenta de X este viernes 11 de septiembre, en un mensaje que se repite día a día, con datos crecientes.
En un Gobierno que cuida sus comunicaciones al detalle, esa elección muestra un mandatario que inicia su gobierno más bajo la sombra de la política de mano dura de un Nayib Bukele que con el énfasis económico de un Javier Milei. Sobre todo cuando él ha aparecido personalmente reivindicando operaciones de seguridad, mientras ha delegado en su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la defensa de un presupuesto más alto que el que había dejado su predecesor y el anuncio de que los recortes vendrán después, en un proyecto de ley de ajuste fiscal del que no han dado detalles.
De la Espriella hizo campaña con una suma las banderas de la nueva oleada de ultraderecha de América Latina: el fin de las negociaciones de paz y el regreso de una política de mano dura contra los criminales, que tiene antecedentes en Colombia y un reflejo reciente en Bukele en El Salvador, o en Daniel Noboa, en Ecuador; una promesa de reducción del Estado, por la que llegó a decir que eliminaría casi la mitad de los ministerios, en línea con la Argentina de Javier Milei; o una visible alianza con sectores religiosos movilizados, como la que tuvo Jair Bolsonaro en Brasil.
De ellas, la religiosa es quizás la que más ruido ha hecho. Se trata de un cambio muy notorio tras décadas de laicismo relativamente asentado y creciente, luego de que la función de la religión en la política fuera una diferencia ideológica central entre los conservadores y los liberales que chocaron en una guerra civil no declarada a mediados del siglo veinte ―una que dejó entre 200.000 y 400.000 muertes, alrededor del 2% de toda la población del momento―. De la Espriella ha tenido que pedir disculpas si eso ofende a quien tenga otras creencias, pero termina sus mensajes oficiales con un “¡Viva Cristo Rey!“.
El énfasis en la seguridad, en cambio, ha producido menos dilemas, probablemente por ser más esperable y más conocido. En los espacios que le ha dejado su agitada agenda de viajes y la urgencia que le impuso el terremoto, De la Espriella ya ha sacado tiempo para mantener su contabilidad de capturas, para presentarse ante las cámaras junto a cadáveres embolsados al lado de armas o municiones y para levantar oficialmente todas las negociaciones de la fallida política de paz total de su predecesor, Gustavo Petro.
A excepción de su silencio frente a las declaraciones de Estados Unidos sobre tener operaciones militares conjuntas en el país —algo que, en principio, requiere un aval que De la Espriella no ha pedido al Congreso—, el presidente que convirtió tanto el saludo militar como el grito “firmes por la Patria” en mecanismos de identidad y formas de comunicación, ahora aparece vestido de verde oliva, rodeado de hombres armados y uniformados, actuando como un verdadero líder militar. El crecimiento que han vivido en los últimos años una decena de grupos ilegales explica el deseo de muchos por sentirse protegidos y sentir que el presidente tiene una política de seguridad clara.
Una que el mandatario dejó clara tras la muerte de un cabecilla intermedio de uno de esos grupos, alias Bendito Menor. Si bien no se trataba de uno de los grandes objetivos militares, como pueden ser los líderes de las disidencias de las FARC Iván Mordisco y Calarcá, los miembros de la cúpula del ELN o los jefes del Clan del Golfo, Bendito Menor era una figura notoria por su exhibicionismo casi estrafalario en redes sociales. Su muerte fue una ocasión para que el presidente reiterara su discurso: al presentar el cuerpo de Bendito Menor, su pareja y dos de sus escoltas, De la Espriella recordó su ultimátum. “Ahora son los criminales los que deben temer al imperio de la ley: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado”, se lee en sus publicaciones en redes sociales.
En esa misma línea, esta semana tomó con la debatida decisión de levantar la suspensión al porte legal de armas en el país. Si bien eso no significa que los colombianos puedan armarse de manera libre e indiscriminada —se mantiene un sistema de permisos y requisitos que existe hace más de 30 años—, De la Espriella interrumpe más de una década de decisiones de presidentes de todas las ideologías que buscaban reducir las armas que circulan en las calles, facilitar a las autoridades la captura de quienes las llevan y, sobre todo, que había mostrado una reducción en las muertes violentas en ciudades como Cali o Bogotá desde hace ya más de dos décadas. Por ello, la gran mayoría de expertos en seguridad lamentan una decisión que, sin embargo, deja el mensaje de que la preocupación del gobierno no se limita a los conflictos armados que se concentran en zonas rurales, sino también a la criminalidad que afecta a esa mayoría de colombianos que vive en las ciudades.
Mientras tanto, la discusión sobre la austeridad y el recorte del Estado ha pasado a segundo plano. El gobierno ha señalado que se vio obligado a presentar un presupuesto más abultado porque la Administración de Petro habría ocultado o dejado por fuera del presupuesto gastos ineludibles. Ese ejercicio de “sinceramiento”, como lo ha llamado el Gobierno, no ha evitado las críticas y cuestionamientos, incluso de las bancadas de derecha que son fundamentales para que De la Espriella tenga mayorías en el Congreso. Los libertarios colombianos aún no ven a su Milei a la vista. La molestia de congresistas de distintos partidos en una de las sesiones de presentación del presupuesto, o las exigencias de que se presente ya la Ley de Ajuste Fiscal para que quede claro cómo se va a financiar el gasto y qué posibilidades hay de recortarlo, refuerzan ese contraste.
Al final, en un país con problemas de seguridad inveterados y con cerca de 29.000 integrantes de grupos armados ilegales, según cálculos de la Fundación Ideas para la Paz, puede resultar más fácil rendir cuentas de bajas y capturas que de una reducción de subsidios o de encargos públicos. Sobre todo para un presidente que, al tiempo que prometió reducir el gasto, se comprometió a subir otros, como aumentar el dinero que el Estado da a los adultos mayores sin pensión. Las cuentas del Estado no son aún claras, pero las de los golpes en seguridad son públicas todos los días.
