Alineación incondicional con Washington

Se ha cumplido un cuarto de siglo desde el ataque en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Su respuesta inmediata tras esos actos fue la destrucción de la organización que los había llevado a cabo y, en la búsqueda de su objetivo, el desencadenamiento de la guerra contra el terrorismo que se extendió desde Oriente Medio hasta los lugares que Estados Unidos consideró como amenazas.

En medio de esta confrontación, Afganistán se convirtió en el teatro de una guerra de más de veinte años que terminó con el regreso de los talibanes al poder. En ese mismo marco, Estados Unidos invadió a Irak, en 2003, sin que hubiera en ese caso relación alguna con los atentados. Veinticinco años después, el mundo es diferente, pero la inestabilidad con la que se inauguró el siglo XXI repercute en la actualidad. El así llamado 11-S dejó tras de sí consecuencias hasta entonces inéditas que dieron paso a una gran estrategia de vigilancia, recopilación de datos, control territorial, elaboración de listas de enemigos y sospechosos, entre otros resultados múltiples que incluyen la ampliación de poderes ejecutivos, la dramatización de la migración, ciberseguridad, para mencionar tan solo algunos.

Después del 11 de septiembre, se hizo célebre la declaración del entonces presidente estadounidense, George W. Bush: “O estás con nosotros, o estás con los terroristas”, enunciado en un discurso en el Congreso nueve días después de los ataques. Con esta afirmación se terminó cualquier posibilidad de que hubiera neutralidad en las relaciones internacionales y se estableció el inicio oficial de la denominada “Guerra contra el terrorismo”.

El autoritarismo dejó de ser una marca distintiva de regímenes tan solo vistos por fuera de Estados Unidos para convertirse en un rasgo que se puede dar dentro de las democracias. Son los propios Estados los que imponen un poder que puede atentar contra los pueblos. Ha crecido el poder de grandes corporaciones tecnológicas dominantes con influencia política, económica y militar.

América Latina es nuevamente un territorio en disputa y es fundamental para Washington en la carrera por el control geopolítico en el hemisferio occidental. El ascenso del poderío militar y político, más notorio aún bajo el actual gobierno, evidencia su interés en asegurar su dominio hegemónico en la zona en el siglo XXI. Es de interés particular su competencia con China. Están en juego también recursos naturales como tierras raras y minerales críticos. Desde México hasta Argentina, Estados Unidos quieren el control del Océano Pacifico, por ser el canal de comunicación con Asia Oriental. Con ese fin, le viene bien a la retórica estadounidense insistir en la invocación a la lucha contra el “narcoterrorismo” como la justificación para intervenir militarmente. A lo largo de estos años, la región pasó de ser patio trasero a territorio en disputa que contribuye a definir el orden global. Se entiende así el interés en controlar puertos y rutas marítimas, inversiones, mientras China, por su parte, quiere competir con alianzas comerciales, acuerdos, soberanía latinoamericana, apoyo con infraestructura.

Una de las prioridades de la visita reciente del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la región, que inició en Colombia y siguió a Ecuador y Perú, fue la agenda del “Escudo de las Américas” y los temas de cooperación militar en la lucha contra el narcoterrorismo y la cooperación militar conjunta en el marco de la seguridad hemisférica. En Colombia, Rubio señaló que Estados Unidos busca retomar una “época dorada” porque considera que es su aliado más importante en la región. Desde comienzos del 2000, con el Plan Colombia, Estados Unidos postuló a Colombia como su principal aliado en América Latina. Cabe recordar que el Plan Colombia fue la nomenclatura utilizada para la ayuda para combatir el narcotráfico y la guerrilla. El Plan Colombia convirtió al país en el mayor receptor de apoyo militar estadounidense en la región.

La respuesta del actual gobierno colombiano de alineación incondicional con Washington, lo puede llevar a adoptar un perfil bajo en los escenarios globales, al aceptar en forma casi exclusiva la agenda de la Casa Blanca. La política de Bogotá en su relación con Estados Unidos se está caracterizando por una aceptación de alianzas que comprometen la soberanía a nombre de la cooperación internacional en seguridad y narcotráfico. Es alto el riesgo de que se llegue a ceder control territorial en esta alineación incondicional con el gobierno estadounidense y su estrategia geopolítica.

Así, por ejemplo, debe recordarse que ningún funcionario estadounidense había atacado la Corte Penal Internacional como lo ha hecho Marco Rubio, quien anunció “desmantelar la CPI”, tras señalarla de institución corrupta y politizada. Ya en agosto le habían impuesto más sanciones a la presidenta de la Corte, además de las ya impuestas a 12 funcionarios. Recordemos que la jurisdicción de la CPI se ocupa de delitos como genocidio, crímenes de guerra y agresión en conexión con el uso de la fuerza armada contra la soberanía o independencia política de otro Estado.

En línea con una alianza que pone en riesgo, no solo la soberanía colombiana, como ya se señaló, sino también la participación de Colombia en sus relaciones multilaterales y sus compromisos con el ordenamiento penal internacional, el presidente De la Espriella anunció que quiere retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional siguiendo la agenda estadounidense. De materializarse este propósito, sería nocivo en grado sumo el impacto, en Colombia, en lo tocante a los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Si tenemos en mente que el presidente Trump ya firmó un decreto mediante el cual Estados Unidos se retira de 31 organismos de la ONU y de otras 35 organizaciones internacionales, se hace inocultable el desprecio de la administración Trump hacia las organizaciones internacionales y hacia el Estado de derecho, en particular. Colombia necesita salvaguardas internacionales que protejan los derechos humanos. Esta necesidad es ya una urgencia teniendo en cuenta el contexto marcado por un gobierno que dio inicio a su mandato con una ofensiva militar total contra grupos armados para imponer el orden por la fuerza. La población civil será la mayor afectada. Una alineación incondicional con Washington supedita principios como los de la soberanía nacional y derechos fundamentales.