Durante sus seis primeros meses de Gobierno, el presidente José Antonio Kast ha recibido más de 100 solicitudes de indultos, y la mayoría corresponde a exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que cumplen condenas por violaciones de los derechos humanos en la cárcel de Punta Peuco: homicidios, desapariciones y torturas. La información ha sido dada a conocer este domingo por el ministro de Justicia Fernando Rabat, quien ha dicho a Canal 13 que las peticiones, que son enviadas a su cartera para su tramitación, corresponden “mayoritariamente a hechos ocurridos en 1973″ y “muy pocos” a expolicías que fueron sentenciados por hechos de violencia en el estallido social de 2019.
Rabat explicó que para la resolución de los indultos “no hay un plazo establecido en la ley”, y que él tampoco tiene “un plazo autoimpuesto” pues “muchas veces lo que hay que hacer es un estudio muy cuidadoso siempre, y ese estudio tiene que llevar a una convicción”. Y agregó que “adquirir esa convicción es siempre un proceso lento tanto para aquellos casos en que corresponda pronunciarse afirmativa o negativamente de la solicitud”.
Los indultos presidenciales a los violadores a los derechos humanos en la dictadura es un tema que ha perseguido a Kast desde su campaña, sobre todo porque es el primer mandatario de Chile, desde el retorno a la democracia, que apoyó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, del que se acaban de conmemorar 53 años. Su Gobierno decidió no hacer un acto oficial, en una determinación que ha generado muchas controversias pues en 36 años jamás una Administración había omitido la fecha. Al respecto, Kast dijo: “Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados con nuestra historia y a no poder mirar el futuro”.
Rabat tambiÉn fue consultado sobre la postura del Gobierno de no conmemorar la fecha: “Han ocurrido 53 años desde los hechos ocurridos en 1973 y lo que corresponde es transmitirle al país que tiene un gobierno que está trabajando todos los días del año (…) hoy los chilenos tienen un sinnúmero de necesidades y necesitan un gobierno abocado a encontrar las formas para solucionarlo”.
La encuesta Criteria dada a conocer este domingo midió, precisamente, algunos aspectos de la conmemoración del golpe de Estado. Un 47% de los consultados consideró que Kast ha contribuido a aumentar la división política, seguido por el exmandatario Gabriel Boric (2022-2026), con un 44%.
En cambio, el 58% considera que el expresidente de la derecha tradicional, Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), es quien más contribuyó a disminuir la división política. A diferencia de Kast, Piñera fue opositor a Pinochet, siempre condenó las violaciones a los derechos humanos y en 2013 conmemoró los 40 años del golpe de Estado. “Desgraciadamente no podemos resucitar a los muertos ni recuperar a los desaparecidos. Pero sí tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en materia de verdad y reconciliación”, dijo entonces.
Criteria también consultó por los indultos a los exmilitares condenados por violaciones de los derechos humanos en la dictadura: un 59% se manifestó en contra, mientras que un 30%, a favor.
“Vamos a respetar el caso a caso”
El ministro de Justicia explicó que el centenar de solicitudes de indultos están en su escritorio, por lo que todavía no llegan a manos del mandatario. Y agregó que sí han adoptado un criterio: “Toda vez que se efectúa una petición al presidente de la República, esta debe terminar con una resolución fundada”, lo que significa que “debe existir una tramitación que se ajuste a derecho”.
“Lo que hemos conversado con el presidente de la República es que vamos a respetar el caso a caso sobre la base de los antecedentes que nos arrojen las carpetas administrativas” y que luego “se emitirá un pronunciamiento de acuerdo a la convicción que alcancemos”, dijo el ministro.
Hasta ahora, así como Kast no ha resuelto ningún indulto, tampoco se ha pronunciado si está de acuerdo o no con otorgarlos a los exagentes de Pinochet: usualmente su respuesta es general y señala, tal como Rabat, que se verá el caso a caso. Pero, lo que sí ha transparentado, y en varias ocasiones, es que es partidario de abrir un debate nacional, que podría darse en el Congreso, respecto de si los reclusos con enfermedades terminales o que ya no tienen conciencia de su situación, deben permanecer en prisión hasta fallecer. Es lo que Kast denomina como los “temas humanitarios” pues “nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel”. Sin embargo, no ha dicho si ese beneficio alcanzaría también a los violadores a los derechos humanos, lo que abre una interrogante luego que la mayoría de los condenados, que están recluidos en Punta Peuco, tienen entre 70 y 80 años y varios de ellos padecen enfermedades.
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