La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha solicitado al Parlamento una reforma parcial de la llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, aprobada en 2017 y cuestionada desde entonces por organizaciones de derechos humanos y la oposición por su aplicación contra voces críticas.
En una carta dirigida a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la mandataria plantea “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la norma como parte de las medidas destinadas a “transformar el sistema de justicia penal” y favorecer el “reencuentro y convivencia democrática” en el país.
La petición, difundida este martes en el canal de Telegram de Delcy Rodríguez, aunque fechada el lunes, reclama que la iniciativa sea tramitada con carácter de urgencia. La presidenta encargada sostiene que la reforma contribuirá a recuperar la confianza en las instituciones y a dinamizar la vida democrática. Jorge Rodríguez ya había admitido en febrero el uso inadecuado de esta legislación y abierto la puerta a su modificación.
La denominada “ley contra el odio” fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el chavismo y constituida ese mismo año en paralelo al Parlamento elegido en las urnas, entonces controlado por la oposición. Su aprobación se produjo después de varios meses de protestas antigubernamentales que dejaron una profunda crisis política en Venezuela.
Qué castiga y por qué se quiere reformar
El entonces presidente Nicolás Maduro había reclamado la adopción de medidas contra los mensajes que el oficialismo vinculaba con la ola de movilizaciones registrada entre abril y agosto de 2017.
La ley se publicó en la Gaceta Oficial el 8 de noviembre de 2017. Su artículo 20 castiga con entre 10 y 20 años de cárcel a quien promueva el odio o la violencia por pertenecer a un grupo social, étnico, religioso, político o por orientación sexual, y declara esos delitos imprescriptibles. La norma también obliga a medios y redes sociales a retirar esos mensajes en seis horas, bajo amenaza de multas, y contempla el bloqueo de portales.
Las críticas llegaron desde el principio. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió de que sus disposiciones eran vagas y amplias, y permitían castigar expresiones legítimas. Espacio Público contabilizó más de 120 casos de vulneración de la libertad de expresión vinculados a la ley entre 2017 y 2024. Uno de ellos fue el del activista Nelson Piñero, condenado en febrero de 2025 a 15 años de prisión por lo que publicó en redes.
El discurso oficial ha cambiado este año. En febrero, Jorge Rodríguez reconoció una “mala utilización” de la ley y anunció que se revisaría. Ahora, Delcy Rodríguez ha pedido a la Asamblea una reforma parcial para despenalizar algunas conductas y corregir las desviaciones en su aplicación. Las primeras informaciones no detallan qué artículos se tocarían. Delcy Rodríguez presidía la Asamblea Nacional Constituyente cuando se aprobó la ley.
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