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Ciudad de México, 29 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes de que el nuevo informe presentado por el Gobierno de México sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa no garantiza el acceso de las familias a la verdad, tras regresar a una narrativa centrada en actores locales y omitir la responsabilidad de órganos de seguridad nacionales.

A través de un comunicado emitido tras la presentación del informe en la Secretaría de Gobernación, la organización manifestó su preocupación por la falta de avances sobre la implicación de las Fuerzas Armadas y de las cadenas de mando político e instó al Gobierno mexicano a no sustituir los hallazgos previos con “nuevas narrativas” que centren la explicación de los hechos únicamente en el ámbito local.

“Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso”, declaró la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares Ferreto.

El caso de Ayotzinapa se remonta a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el Estado mexicano de Guerrero (oeste), cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron víctimas de desaparición forzada.

Tras 12 años de los hechos, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó este lunes un nuevo reporte gubernamental que incluye el análisis de llamadas telefónicas, la ubicación de 17 personas de interés y la vinculación a proceso de actores locales por la alteración de evidencias.

Amnistía Internacional enfatizó que la investigación debe ser “seria e independiente” para esclarecer la actuación de agentes de procuración de justicia, de las policías y de las Fuerzas Armadas en todos los niveles.

“Si la nueva etapa de la investigación pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, el primer requisito debe ser garantizar acceso a toda la evidencia existente”, agregó la directora ejecutiva.

AI recordó además que los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitieron identificar “graves irregularidades” que deben ser profundizadas para reconstruir los vínculos de las fuerzas de seguridad con grupos criminales en Guerrero.

La postura de la organización se enmarca en la creciente exigencia de los familiares de las víctimas y organismos internacionales para que se esclarezcan los hechos y se investigue la responsabilidad de diferentes grupos delictivos y políticos implicados en las desapariciones.

(c) Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha solicitado al Parlamento una reforma parcial de la llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, aprobada en 2017 y cuestionada desde entonces por organizaciones de derechos humanos y la oposición por su aplicación contra voces críticas.

En una carta dirigida a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la mandataria plantea “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la norma como parte de las medidas destinadas a “transformar el sistema de justicia penal” y favorecer el “reencuentro y convivencia democrática” en el país.

La petición, difundida este martes en el canal de Telegram de Delcy Rodríguez, aunque fechada el lunes, reclama que la iniciativa sea tramitada con carácter de urgencia. La presidenta encargada sostiene que la reforma contribuirá a recuperar la confianza en las instituciones y a dinamizar la vida democrática. Jorge Rodríguez ya había admitido en febrero el uso inadecuado de esta legislación y abierto la puerta a su modificación.

La denominada “ley contra el odio” fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el chavismo y constituida ese mismo año en paralelo al Parlamento elegido en las urnas, entonces controlado por la oposición. Su aprobación se produjo después de varios meses de protestas antigubernamentales que dejaron una profunda crisis política en Venezuela.

Qué castiga y por qué se quiere reformar

El entonces presidente Nicolás Maduro había reclamado la adopción de medidas contra los mensajes que el oficialismo vinculaba con la ola de movilizaciones registrada entre abril y agosto de 2017.

La ley se publicó en la Gaceta Oficial el 8 de noviembre de 2017. Su artículo 20 castiga con entre 10 y 20 años de cárcel a quien promueva el odio o la violencia por pertenecer a un grupo social, étnico, religioso, político o por orientación sexual, y declara esos delitos imprescriptibles. La norma también obliga a medios y redes sociales a retirar esos mensajes en seis horas, bajo amenaza de multas, y contempla el bloqueo de portales.

Las críticas llegaron desde el principio. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió de que sus disposiciones eran vagas y amplias, y permitían castigar expresiones legítimas. Espacio Público contabilizó más de 120 casos de vulneración de la libertad de expresión vinculados a la ley entre 2017 y 2024. Uno de ellos fue el del activista Nelson Piñero, condenado en febrero de 2025 a 15 años de prisión por lo que publicó en redes.

El discurso oficial ha cambiado este año. En febrero, Jorge Rodríguez reconoció una “mala utilización” de la ley y anunció que se revisaría. Ahora, Delcy Rodríguez ha pedido a la Asamblea una reforma parcial para despenalizar algunas conductas y corregir las desviaciones en su aplicación. Las primeras informaciones no detallan qué artículos se tocarían. Delcy Rodríguez presidía la Asamblea Nacional Constituyente cuando se aprobó la ley.

Una polémica por la virgen patrona de Brasil agita la campaña a seis días de las elecciones, con el presidente Lula y su rival Flávio Bolsonaro en disputa por votantes religiosos en uno de los países con más cristianos del mundo.

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva citó el domingo versiones de redes sociales según las cuales Bolsonaro retiraría el título de patrona de Brasil a la santa católica Nossa Senhora Aparecida, una acusación desmentida por el candidato derechista.

La virgen de Aparecida tiene uno de los mayores templos religiosos del planeta en Brasil y es venerada por los católicos, mayoritarios en el país y que, según los sondeos, prefieren a Lula para las elecciones.

En cambio Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), se hace fuerte entre evangélicos, una confesión de crecimiento acelerado en años recientes que no reconoce a esta virgen como objeto de culto.

Lula lleva una leve ventaja en encuestas para la primera vuelta del 4 de octubre, aunque empata con el senador Bolsonaro para la segunda del 25 de octubre.

Con el famoso Cristo Redentor de Rio de Janeiro como símbolo nacional, Brasil concentra la segunda mayor población cristiana del mundo, sólo detrás de Estados Unidos, según un estudio del Pew Research Center publicado en 2025.

“Eso de meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable (…), será patrona de Brasil porque el pueblo quiere y tiene fe”, dijo Lula a la emisora Band.

Lo hizo después de que Bolsonaro afirmara que “jamás existió” un plan para retirarle ese título y acusara al gobierno de diseminar “fake news”. “Todo el mundo sabe que respeto las religiones. ¡A todas!”, se defendió.

La polémica empezó por informaciones periodísticas sobre una presunta preocupación en la Iglesia católica acerca del estatus de la virgen.

Simpatizantes de izquierda rescataron en redes un proyecto archivado de 2007 de un diputado bolsonarista para retirarle el patronato.

Pronto viralizaron las versiones sobre las supuestas intenciones actuales de Flávio Bolsonaro, aunque no hay declaraciones públicas del candidato al respecto.

El 48% de los católicos pretenden votar a Lula el domingo contra 29% para Bolsonaro, según una encuesta del instituto Quaest.

Entre evangélicos, la ecuación se revierte con 46% para el derechista y 27% para Lula.

El mito de Nossa Senhora Aparecida reza que, en 1717, tres pescadores vieron sus redes llenarse de peces después de rescatar del río una imagen de madera de la virgen.

ffb/app/mvl

Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña.

En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP.

“Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta.

El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual.

Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

– Celular para ladrones –

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30% de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

– Pérdida múltiple –

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos.

Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

– Mudarse a la Amazonía –

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil.

Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses.

Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad.

“Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

fb/jss/app/mel

En Puerto San Carlos, en Baja California Sur, a medida que Polo se acercaba, el viento se hizo más intenso, con un silbido que anunciaba las ráfagas más fuertes y doblaba las palmeras, reportó un equipo de la agencia AFP sobre el terreno. El servicio eléctrico cesó al poco tiempo y, caída la noche, todo quedó a oscuras.

Polo es el primer huracán de la temporada que toca tierra en Baja California Sur. Esta una de las zonas de México más expuestas a ciclones tropicales. Sin embargo, este año, se prevén eventos meteorológicos más intensos por la influencia del fenómeno de El Niño.

Polo se mostró errático desde el inicio, con cambios de intensidad repentinos, pasando de categoría 4 a 5 en varias ocasiones antes de llegar a la costa.

De hecho, inicialmente se preveía que tocara tierra con categoría 1. Pero el reporte meteorológico lo ubicó al final justo en el límite entre las categorías 2 y 3 sobre 5 en la escala Saffir-Simpson.

El ciclón avanzó hacia Baja California afectando con lluvias intensas y fuertes oleajes al estado de Jalisco, donde dejó al menos dos muertos y tres desaparecidos.

El ojo del huracán pasó justo al sur de Las Barrancas, a unos 180 km de Puerto San Carlos. La alerta de huracanes ahora se extendió a Sonora, en el México continental.

Inundaciones y evacuaciones

La crecida del mar rompió varios tramos de una barrera de arena que servía de contención. Las autoridades prevén inundaciones en este pueblo de unos 6.000 habitantes que vive principalmente del turismo.

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Cables, señales, árboles caídos y casi 7.000 efectivos desplegados

“Hay que protegernos por la familia, la propiedad”, estimó Juan Manuel Sarabia, de 53 años, que colocó tablones en la fachada de su casa, reforzados con listones largos de madera. Como muchos habitantes de Puerto San Carlos, vive de llevar a los visitantes a pescar y a avistar ballenas.

Las fuerzas militares desplegaron casi 7.000 efectivos en Baja California Sur, donde además se suspendieron clases y trabajo presencial para empleados públicos. Tampoco hay actividad marítima, ni acceso a playas. Antes de la orden de resguardo, la Marina se topó con cables, señales y árboles caídos.

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rml (afp, ap)