Cuando el 19 de diciembre del 2025, Luis Andrés Monterroso López, de 29 años, pisó por primera vez en tres años el suelo guatemalteco, estaba muy enfadado. Vestido con un mono gris y pantuflas azul oscuro, el uniforme de los migrantes detenidos en Estados Unidos, hablaba con su madre por teléfono, sentado en el exterior de la sede de la Fuerza Aérea de Guatemala, donde aterrizan los vuelos de los deportados. “Ni a los animales los tratan así. Vine amarrado de pies y manos”, le contaba, indignado.
En la bolsa de plástico con su nombre y el número de identificación que le dieron en el centro de detención de Alvarado, en Texas, tenía dos hojas: el documento de salida voluntaria y un papel con instrucciones para cobrar 1.000 dólares (853 euros). La cantidad era una especie de bonificación que los agentes del ICE, el servicio de control de inmigración y aduanas de EE UU, prometen a migrantes detenidos sin antecedentes penales, a cambio de que acepten su salida voluntaria.
“Y todos firmamos por salir de la cárcel y no por el dinero, que por lo que sé, nadie consigue cobrarlo. Pero igualmente lo intentaré”, dijo ese día Monterroso a este periódico.
Ni a los animales los tratan así. Vine amarrado de pies y manos
Luis Andrés Monterroso, deportado guatemalteco
En la hoja de instrucciones se indicaba que el dinero estaría disponible cinco días después, accediendo a la página web mail.cbp-stipend.com con el nombre de usuario y contraseña indicados. A los días de regresar a Quesada, en el departamento de Jutiapa, Monterroso siguió las indicaciones al pie de la letra y fue redirigido a la plataforma Zoho, software utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU para, supuestamente, comunicarse con quienes firman su salida voluntaria del país.
La cuenta existía. También los mensajes de bienvenida del portal. Pero del dinero, ni rastro. El 24 de enero, Monterroso escribió un correo al servicio de soporte de la página web pidiendo información para cobrar la bonificación. No obtuvo respuesta. Volvió a revisar el correo el 19 de febrero. Nada.
Hasta que el 19 de marzo, lo abrió una última vez, a raíz de la elaboración de este reportaje. Y allí estaba el correo de CBP Home con las instrucciones para cobrar el dinero a través de Western Union. Y no eran 1.000, sino 2.600 dólares emitidos por Soterex Financial Services LLC, empresa de transferencia monetaria con sede en Virginia. El mensaje estaba fechado el 25 de febrero, 68 días después de su deportación.
“Ha sido un calvario cobrar este dinero. Con este retraso, ya había perdido la esperanza”, cuenta Monterroso.
Y, de hecho, muchos no lo cobran.
“Me engañaron”
Cada semana llegan a Guatemala unas 1.180 personas deportadas desde EE UU, en su mayoría desde Alexandría, en Luisiana. Muchas traen consigo esa hoja en la que firman su salida voluntaria y la promesa, a veces sólo verbal, de una compensación económica.
“En la cárcel no comes, no duermes, no te lavas. Es horrible. Para salir ahí firmarías cualquier cosa, más si sabes que casi nadie gana su caso”, cuenta Eric, deportado el 21 de marzo tras 18 años en Estados Unidos. “Por eso acepté cuando el agente de ICE me instó a firmar ofreciéndome 3.000 dólares”, agrega. Sin embargo, en el centro de detención de Alabama no recibió ninguna hoja de instrucción. “Me engañaron. ¿Cómo voy a cobrar ese dinero si no me dieron ni una cuenta ni una clave?”, dice.
Lo mismo les ocurrió a otros detenidos. “Sólo nos pidieron un número de teléfono, pero una semana después de ser expulsados no hemos recibido ningún mensaje”, cuenta Juan Gaspar desde una aldea cercana a Quetzaltenango.
En la cárcel no comes, no duermes, no te lavas. Es horrible. Para salir ahí firmarías cualquier cosa, más si sabes que casi nadie gana su caso
Eric, deportado guatemalteco
En los últimos meses, los deportados reportan que la cifra ofrecida para firmar la salida voluntaria ha variado entre 1.000 y 2.600 dólares, y a veces ha llegado hasta 3.000. Es el caso de Willy, de 19, que recibió esa promesa si firmaba su salida voluntaria mientras estaba en el centro Alligator Alcatraz, en Florida. “Intenté acceder a mi cuenta, pero la contraseña no funciona. De todas maneras, no me importa, yo solamente quería salir de ese infierno”, denuncia el joven, que no se quita de la cabeza el momento en que un anciano detenido se desmayó frente a él. “Creo que murió”, asegura.
Entre 2025 y comienzos de 2026, 44 personas han muerto bajo custodia de ICE, el número más alto de las últimas décadas, según Detention Watch Network (DWN), una red nacional que quiere abolir la detención de migrantes en el país.
“Algunos detenidos son forzados a firmar su salida voluntaria para cubrir casos de detenciones ilegales que podrían ser impugnados”, explica Carlos Valenzuela, abogado de inmigración en EE UU. “Se presenta el dinero como un incentivo, pero en la práctica es un mecanismo de presión psicológica para que renuncien a defender su caso”.
Valenzuela asegura haber visto sólo a un cliente cobrar el estipendio. “Lo más frustrante es que una vez firmada la salida voluntaria, pueden permanecer detenidos hasta tres meses antes de ser deportados”.
Otros reportan que los agentes de ICE les prometen que podrán regresar legalmente a EE UU. “Ese es el peor de los engaños”, añade el abogado. Quienes han permanecido más de un año en situación irregular se enfrentan una prohibición de entrada en el territorio de hasta 10 años.
¿Deportados o “autodeportados”?
Para impulsar a las personas a irse por sí solas, en marzo 2025, la administración Trump lanzó la llamada “autodeportación voluntaria” a través de la aplicación CBP Home. El programa permite a una persona extranjera que no goza de un estatus regular reportarse ante el ICE, recibir un billete de avión en un vuelo comercial y acceder a un bono que hoy asciende a 2.600 dólares, frente a los 1.000 ofrecidos inicialmente.
“No hemos acompañado a ninguna persona que haya aplicado a este programa y es poco probable que quienes hemos vivido 10 o 20 años en EE UU nos acerquemos al Gobierno y menos por tan poca cantidad”, afirma Esmeralda Flores, de Otros Dreams en Acción, que trabaja con la comunidad migrante de retorno. Esta organización mexicana también cuestiona el uso de la expresión “autodeportación”. “La deportación implica la presencia de una autoridad migratoria. Nadie puede autodeportarse”, señala Flores, considerando que el término busca culpabilizar a las personas.
Se presenta el dinero como un incentivo, pero en la práctica es un mecanismo de presión psicológica para que renuncien a defender su caso
Carlos Valenzuela, abogado
En el aeropuerto La Aurora, en Ciudad de Guatemala, aterrizan cada día una veintena de vuelos procedentes de EE UU. Algunos pasajeros regresan con numerosas maletas y la decisión de no volver a marcharse, pero es difícil encontrar a alguien que declare haber regresado a través de CBP Home. “Nadie se vende por 1.000 dólares”, dice un taxista que trabaja en el aeropuerto.
Graciela, de 19 años, lo confirma: “Mi abuela volvió después de siete años porque está enferma y cansada de estar en EE UU. Se pagó el boleto sola y no quiso este dinero de Trump. Además, todos dicen que no lo dan”.
Según los datos del Departamento de Estado de EE UU, casi dos millones de personas han salido del país a través de CBP Home desde enero 2025. Sin embargo, no hay información pública sobre cuántas logran cobrar el bono ni si la cifra incluye como “autodeportación” casos que en realidad son deportaciones. La ambigüedad aparece incluso en los documentos entregados por el ICE a algunos deportados, donde se lee: “Al salir voluntariamente bajo el programa CBP Home, usted puede recibir un estipendio”, afirmando que personas que se ven obligadas a firmar durante su detención se marchan de manera voluntaria. “Yo quería salir de la cárcel, no de EE UU” suspira Willy. “No tengo ni un cliente que, estando en libertad, haya utilizado CBP Home. Además, cobrar es complejo”, corrobora Valenzuela.
Según Flores, de Otros Dreams en Acción, esto es “parte de la estrategia de crueldad contra los migrantes. ”Al hacer el proceso difícil, saben que la mayoría se desanima y no cobran”, zanja.
Menos de un mes de trabajo
Cuatro meses después de su deportación, Monterroso ha abierto un taller mecánico en la aldea Amatón, en el departamento de Jutiapa. Lo hizo con sus ahorros y con el dinero de la venta de su furgoneta y sus pertenencias en EE UU. Ha pintado la fachada de amarillo y colocado como rótulo la llanta de un camión en la que se lee: “Pinchazo 24h”.
Con los 2.600 dólares de bonificación, piensa comprarse una lavadora y acondicionar el rincón del taller donde vive por ahora, a la espera de ahorrar el dinero suficiente para tener una casa propia. “En EE UU trabajaba como fontanero y ganaba 34 dólares la hora. Estos 2.600 dólares de ICE son menos de un mes de trabajo allá”, cuenta.
La diferencia económica pesa en los recuerdos de Andrés, aunque tampoco extraña del todo aquella vida. “Me levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar y por la noche regresaba a una casa compartida. Y al día siguiente lo mismo. Así es la vida del migrante: trabajas y ya”, resume.
Junto a la puerta de entrada del taller está la bolsa plástica blanca con su nombre y el número de identificación que le dio ICE en diciembre. Hoy sirve como papelera. “La creatividad del emprendedor”, dice, sonriendo..
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