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Las muestras de que Brasil es un país brutalmente desigual son cotidianas. Esta misma semana quedó cruelmente expuesto. Mientras el porcentaje de familias brasileñas endeudadas bate un nuevo récord (el 80%) y entra con fuerza en el debate electoral, la reacción de una juez ante el temor de perder los extravagantes privilegios de la elite funcionarial ha causado estupefacción. Y escándalo. “Pronto no vamos a poder ni pagar las facturas”, se desahogó la magistrada durante una vista. Eva do Amaral Coelho, que es blanca, fue incluso más allá: “En breve, los jueces estaremos como esos funcionarios que trabajan en régimen de esclavitud”. La señora Coelho cobró en el mes pasado 91.211 reales entre salario y pluses (unos 18.000 dólares). Sus compatriotas lo saben gracias a las leyes de transparencia brasileñas.

Ocho de cada diez hogares deben dinero, según datos oficiales, sea al banco o a algún otro tipo de entidad financiera, a una empresa de telefonía o electricidad. Quizá a un pariente, o a un amigo.

Como tantos, Deborah Desa, de 21 años, hace malabarismos para pagarse la carrera de derecho y llegar a fin de mes. Trabaja de becaria en un bufete además de asesorar, por su cuenta, sobre derecho laboral. Y ya sabe lo que son los números rojos en la tarjeta de crédito, explicaba este viernes durante un descanso laboral en el centro de São Paulo. “Tuve que negociar un acuerdo con el banco”, dice. Lo habitual es, nuevos plazos, nuevos intereses a cambio de un perdón parcial.

Las deudas de las familias se han disparado en los últimos años y suman un volumen inédito. Un tercio de lo que ingresan va a pagar deudas. La causa es una tormenta perfecta con varios componentes. Y el resultado se traduce en situaciones dramáticas y nada excepcionales, como tener que pedir un crédito para pagar deudas pendientes.

También se puede resumir en un puñado de fríos datos: 81 millones de brasileños están en la lista oficial de morosos. La deuda personal acumulada supera los 900 billones de dólares (equivale al 35% del PIB de Brasil, según datos del Banco Central, frente a un 29% en Colombia o un 17% en México).

Ese endeudamiento masivo es uno de los motivos por los que los buenos números macroeconómicos no se notan en el bolsillo de buena parte de los brasileños de a pie. Y eso tiene de los nervios al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a menos de seis meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cierto es que el desempleo está en mínimos históricos (5,8%), la renta media ha subido y la inflación estuvo bajo control hasta que Donald Trump y Benjamín Netanyahu decidieron enzarzarse en otra guerra con Irán. Pero los créditos siguen por las nubes, con el tipo de interés oficial al 15% para mantener la inflación domesticada.

Cualquier emergencia amenaza muchos presupuestos

Cualquier emergencia entraña el riesgo de que el presupuesto familiar salte por los aires, incluso entre quienes tienen empleo estable, como bien saben Carlos Rocha, de 38 años. Este empleado público explica que tuvo que pedir lo que aquí llaman un crédito consignado (que la entidad descuenta directamente del salario) para pagar una cirugía de emergencia para su esposa, la periodista freelance Paola Carvalho, de 36 años. “Fue muy rápido, hechas las comprobaciones, tenía el dinero en la misma semana”, explica Rocha. Juntos han venido desde Boa Vista, casi en la frontera con Venezuela, a São Paulo de turismo. De todos modos, apunta, es un recurso para casos excepcionales “porque llegas a pagar hasta el doble de la cantidad que pediste”.

Muchos en Brasil recurren a la tarjeta de crédito para pagar alimentos o las cuentas básicas. Es habitual pagar a plazos la entrada a un concierto o unas zapatillas. Una tienda ofrece unas Nike Air de 360 dólares en diez plazos sin intereses. Un caramelo para clientes impulsivos. Todo el sistema incentiva el pago a plazos con sistemas de acumulación de puntos a cambio de ventajas de todo tipo.

Para el presidente Lula y su equipo, la culpa de la monstruosa deuda que han acumulado las familias es de lo caro que está el dinero y… las apuestas por Internet. Brasil es un país donde durante décadas los juegos de azar estuvieron prohibidos, pero ahora “ha entrado un casino en cada casa por el móvil”, proclamó un exasperado Lula en su reciente visita a Barcelona.

Con su inofensiva apariencia, el atractivo inicial de las apuestas se convierte para muchos en adicción o en una ruleta rusa para conseguir con urgencia el dinero necesario para pagar una cuenta o devolver un préstamo. En nada, uno se puede encontrar hundido en un círculo vicioso que causa colosales destrozos en las precarias cuentas de millones de familias.

El Ministerio de Hacienda está al habla con los bancos y entidades financieras para lanzar un programa amplio de renegociación de impagos. Lula ya lanzó uno en 2023, nada más volver al poder y con la vista puesta en los más damnificados por la pandemia. El Gobierno confía en que los descuentos puedan alcanzar el 90% de la deuda.

Dinero inmediato, de la necesidad al impulso

El actual nivel de endeudamiento es el resultado de una nefasta tormenta perfecta. Un cóctel que incluye, los altos tipos de interés y las apuestas digitales, pero también la precariedad del empleo, la digitalización de las finanzas, las facilidades para acceder al crédito y el aumento del coste de la vida.

Unos 60 millones de brasileños se han bancarizado en la última década gracias a la expansión de Internet, a los teléfonos móviles y al pix, el popular método de pago instantáneo creado por el Banco Central de Brasil. Aquellos autobuses que eran sucursales bancarias itinerantes que circulaban entre ciudades del interior de este país continental compiten ahora con el celular. Para muchos, la vía más cómoda y barata de pagar, cobrar y también de pedir un crédito a golpe de click.

Si entender la letra pequeña de muchos productos financieros es a menudo un desafío hasta para los clientes mejor formados en casi todos los países, en uno con amplias capas de la población poco familiarizadas con los conceptos más básicos de las finanzas personales, es un reto descomunal.

Sistemas de puntos con ventajas

Fernando, de 23 años, atiende un puesto dentro de una tienda de electrodomésticos que promete “dinero al instante”. Trabaja para Ágil, una entidad financiera que vende préstamos personales. “Van de 200 a 13.000 reales [de 40 a 2.600 dólares] y solo empiezas a pagar dentro de con un interés de entre el 15% y el 18%”, explica. Poco sabe de quienes incumplen lo pactado, “de eso se encarga el departamento de recuperación financiera”.

En la caja de la tienda, un cartel con las normas para sacarse la tarjeta de fidelidad. Promete descuentos, pago a 12 plazos sin intereses y…. El gran gancho “aumento automático del límite [de crédito] con el pago de las facturas”.

Fernando, el vendedor de préstamos inmediatos, confiesa que entre la clientela a la que atiende desde que trabaja en el mundo de las finanzas calcula que como un tercio tiene educación financiera. “Muchos lo contratan por necesidad o por impulso, sin ser demasiado conscientes del riesgo”. Una de sus funciones, añade, es estar atento para evitar perjuicios a la empresa ante potenciales candidatos al impago.

Sus detractores la llaman el Ojo de Sauron y los que la defienden “el guardián de Chihuahua”. La Torre Centinela es una inversión millonaria, la apuesta de seguridad de una frontera. Es el edificio más alto de Ciudad Juárez y el que mejor representa el miedo a la vigilancia masiva, además, desde esta semana, es un nuevo terreno de la pelea política entre el Gobierno guinda de Claudia Sheinbaum y el de la panista Maru Campos. La torre, de 25 pisos, ha entrado al escrutinio tras el brutal accidente vial en el que murieron dos oficiales de la CIA y dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua. La presencia de agentes extranjeros sin autorización del Gobierno federal se ha convertido en la última batalla entre la Administración de Morena y uno de los pocos Estados todavía gobernados por la oposición. Desde entonces, todo gira alrededor de una pregunta: ¿hasta dónde llega el alcance de Donald Trump en operativos en México a través de los Estados?

El piso 18 de la Torre Centinela está reservado para “algo muy interesante, muy innovador”, explicaba en enero a EL PAÍS, Jorge Muro, director de los centros de mando de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua durante una visita al edificio, todavía en construcción. “Es donde van a estar las agencias nacionales, o sea, toda la fuerza nacional, estatal y municipal, y las agencias internacionales”, detallaba el funcionario: “Esas agencias internacionales van desde el CBP [la patrulla fronteriza], la ATF [la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos], parte de las Fiscalías de Texas y Nuevo México, que tenemos una excelente relación con ellos, la policía de El Paso que obviamente también tenemos mucha coordinación, comunicación y compartimos información, y el 911 de El Paso”.

El policía contaba que el edificio iba a albergar a “personal de ellos”, pero matizaba: “No interviene para nada en la cuestión de que vayan a estar en nuestras bases de datos o nosotros en las de ellos, no, no. Ellos simplemente van a trabajar con sus propias herramientas, pero desde aquí. Ese trabajo en conjunto nos va a permitir una mejor coordinación en tiempo real. Porque si bien ahorita tenemos esa coordinación, pero hay que llamarles y luego ellos en lo que consultan… Entonces pues se pierde tiempo”. Esas declaraciones del funcionario estatal revelaban algo habitual en el Estado fronterizo: la profunda colaboración con Estados Unidos.

Estos datos habían pasado prácticamente inadvertidos hasta que a las dos de la mañana de un domingo, a más de 800 kilómetros de Juárez, un vehículo oficial se despeñaba por un barranco de la recóndita sierra Madre Occidental. Ahora con todo bajo la lupa, la presidenta se ha pronunciado sobre la presencia de estas agencias: “Solicitas la autorización, se establece en el gabinete de Seguridad o en el Consejo Nacional de Seguridad si es pertinente y qué tipo de colaboración debe de haber para poder autorizar a un Gobierno de un Estado”, ha zanjado.

Los detalles del operativo

En la madrugada del 19 de abril, un convoy de cinco vehículos viajaba del municipio de Morelos hacia la ciudad de Chihuahua. Uno de ellos derrapó entre los desfiladeros y cayó 200 metros. Todos los que iban dentro murieron. Eran Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, y el agente Manuel Genaro Méndez, y dos integrantes de la CIA, la agencia de espionaje de Estados Unidos. Venían de desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes hallados en México. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, trató de negarlo, pero la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó sin dudas que los cuatro agentes estaban “trabajando conjuntamente”.

Los detalles de la operación no han salido del Gobierno, ni del estatal —que mantiene su versión de que los estadounidenses eran instructores de dron y que la Agencia de Investigación solo les estaba apoyando en el traslado a la capital— ni del federal, que afirma no saber ni siquiera a qué agencia pertenecían. Fueron The Washington Post y The New York Times quienes revelaron un par de días después del accidente que los dos fallecidos eran oficiales de la CIA. Después Los Angeles Times detalló que los agentes llevaban incluso uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, que depende de la Fiscalía de Chihuahua, y que no eran dos, sino cuatro, pero que iban en dos vehículos distintos. Los otros dos agentes llegaron a bajar por el barranco con el objetivo de salvar a sus compañeros, pero ya era “demasiado tarde”.

La ley de Seguridad Nacional señala que los agentes extranjeros solo pueden “internarse temporalmente para fines de intercambio de información” y obliga a que sean acreditados por la Secretaría de Seguridad, la de Defensa, la de Relaciones Exteriores y la de Marina. “La celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los Agentes Extranjeros” fuerza a los Estados o municipios a enviar un informe por escrito dentro de los siguientes tres días a las dependencias federales, según el reglamento. Además, en las reuniones debe estar siempre presente alguien de la cancillería.

La presidenta apunta a que todo este protocolo no se siguió con los agentes de Estados Unidos en Chihuahua. De hecho, la mandataria contempla que se violara la Constitución y la propia Ley de Seguridad Nacional. “Nosotros no aceptamos la participación en campo, en los operativos. Lo hemos dejado muy claro”, ha insistido Sheinbaum, que lleva desde el regreso de Trump a la Casa Blanca invocando por activa y por pasiva la defensa de la soberanía nacional frente al aliento injerencista del republicano.

El Gobierno estatal trató de escudarse en que en el operativo participaba la Secretaría de la Defensa, pero ese argumento tampoco ha servido a Sheinbaum: “Evidentemente, la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del Estado de Chihuahua”. Ante estos embates, la gobernadora Maru Campos ha terminado anunciando este viernes que va a crear de forma “inmediata” una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, tanto el operativo del narcolaboratorio como el accidente. El propósito de esta unidad, que va a ser liderada por la que era fiscal especializada de Delitos contra la Mujer, Wendy Paola Chávez Villanueva, es “integrar las carpetas de investigación relacionadas con los hechos”, “recabar toda la información y darle claridad a los acontecimientos”. Mientras dure la investigación, se ha protegido convenientemente Campos, no va a hacer ningún pronunciamiento más sobre el tema.

Los ojos de la frontera

Incluso en esta última comparecencia, en la que la gobernadora panista trata de sacar la cabeza del agua ante el escándalo, ha recalcado que va a mantener “la colaboración que resulte necesaria para cumplir la misión de garantizar la paz” en el Estado frente a la delincuencia.

Maru Campos ha hecho de la lucha contra el crimen organizado una bandera de su Gobierno y el símbolo de ese discurso tiene 25 pisos y un helipuerto. La Torre Centinela es la cara visible de un proyecto más amplio llamado Plataforma Centinela, que le ha costado al Estado más de 4.000 millones de pesos, es decir, unos 230 millones dólares. Este desembolso fue duramente criticado por organizaciones civiles, tanto por la cantidad como por la incorporación de datos biométricos, inteligencia artificial y miles de cámaras.

Jorge Muro explicaba a este periódico que actualmente hay instaladas 10.000 cámaras en todo el Estado, un tercio de ellas mirando a Ciudad Juárez, donde se concentran el 60% de los delitos. Son cámaras fijas, cámaras 360 y también lectores de placas. Pero no solo eso, la Plataforma tienen la posibilidad de solicitar y conectarse a las cámaras privadas, lo que aumenta la capacidad hasta 30.000 dispositivos. Los ojos de Chihuahua, pero no solo.

Desde su creación, Campos ofreció el trabajo de la Plataforma Centinela a Estados Unidos. “Estamos dispuestos a compartir esa información con las autoridades estatales de Texas y socios comerciales directamente”, firmó la gobernadora en abril de 2022 en un memorándum de entendimiento con el gobernador Greg Abbott. En una presentación, su Gobierno incluyó: “El Estado de Texas podría tener ojos en este lado de la frontera”. Esto llevó a Abbott a calificar la estrategia de la panista como “el mejor plan de seguridad fronteriza de ningún gobernador de México”. Esta colaboración ya hizo dudar a los expertos cuando se firmó hace cuatro años, puesto que este tipo de convenios son a nivel federal. Ahora, esa misma pregunta vuelve a rondar al Gobierno de Chihuahua.

Que la llegada de Citlalli Hernández —que es, en rigor, regreso— y el ascenso de Ariadna Montiel a la cúspide del partido sean reacción, castigo o ruptura, no termina de convencerme. La lógica de intrigas a menudo ensombrece lo que pretende explicar.

Sostengo, más bien, que el movimiento es la confirmación de que hemos entrado en un tiempo distinto: la elección de 2027 acaba de comenzar.

Si bien el proceso ya había escuchado el disparo de salida desde que el Consejo Nacional de Morena acordó el calendario y las reglas para sus aspirantes, los movimientos verdaderos comienzan ahora, cuando los caballos arrancan el trote.

Luisa María Alcalde saldrá de la dirigencia del partido. Y quienes intenten leerlo como retaliación por una mala relación con los aliados, o como consecuencia de las fricciones en la aprobación de las reformas electorales de la presidenta, se encontrarán con la dificultad de negar a los millones de personas que Alcalde afilió. A eso iba.

Cuando Morena habla de encargos y no de cargos, enmarca la forma en que percibe el ejercicio del poder. Para el partido guinda, los encargos son responsabilidades temporales con misiones precisas y no sillas de garantizada permanencia. En la agrupación, el encargo de Alcalde había terminado. Función mata designación.

Esa ya no era su misión. Su perfil —más administrativo, de coordinación y gestión— es contrario a lo que el partido exige en tiempos electorales: estrategia, negociación, movilización.

Esas virtudes recaen en las mujeres que marcharán al frente del partido. El dúo electoral: Ariadna Montiel y Citlalli Hernández. Perfiles diversos de idoneidad compartida.

¿A quién más podría confiarse el control interno de una elección en que la coalición se juega 17 gubernaturas, el control en San Lázaro, la composición de congresos locales y su presencia municipal, si no a ellas? La pregunta resulta retórica ante una respuesta que titila por su obviedad.

La llegada de Montiel y Hernández a encargarse de las elecciones de Morena es de una obviedad empalagosa.

Por un lado, el previsible cambio de banda de Ariadna Montiel de Morena —Gobierno— a Morena —partido— responde a la urgencia de control territorial y disciplinar de una estructura que daba señales de desbordarse. Quien ha administrado decenas de millones de beneficiarios de programas sociales acaso pueda lidiar con 11 millones de militantes. El paso de Montiel por la Secretaría del Bienestar la convierte, para efectos de organización y movilización, en pieza perfecta.

La maniobra, además, encierra un movimiento político importante: las riendas del partido son compensación justa para un perfil leal a la presidenta que aspiraba a gobernar el Estado de Chihuahua.

Citlalli Hernández, por su lado, asume la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas con dos misiones. En primer lugar, la exsecretaria de las Mujeres —quien afirma que la política es diálogo— estará a cargo de la alianza con el Verde y el PT, a quienes no reconoce como afines a Morena en el orden de las ideas, sino como aliados parlamentarios y electorales. Una alianza práctica, no cabal.

En segundo sitio, además de la relación con los socios, deberá hacerse cargo de la insaculación para los plurinominales y de las encuestas para los cargos uninominales del partido del que es fundadora. Negociar con los distintos grupos al interior de Morena, entregar la candidatura a los mejor posicionados, administrar rencores y dolores.

¿Quién más podría encargarse de ello? En el proceso electoral anterior—el simplificado bajo la expresión “tsunami guinda”—, Citlalli Hernández fue la coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas en Morena. Desde ahí condujo con precisión cuántica la arquitectura electoral que permitió a la coalición alcanzar la mayoría calificada. Buena parte del Plan C lleva su nombre y apellido. Las alianzas son lo suyo.

Citlalli Hernández en el partido es Citlalli Hernández en su encargo natural.

La llegada de ambas es un movimiento táctico bien cuidado. No permite hablar de una toma del partido desde la presidencia por encima del jubilado de Tabasco: ambos cuadros pertenecen, sin atisbo de duda, a los dos primeros niveles de la Cuarta Transformación.

Que en el movimiento salga sobrando el hijo de Andrés Manuel López Obrador no habrá de imputarse a la presidenta, sino a los errores de aquel.

Cierro reiterando que la llegada de Hernández y Montiel a la cúpula del partido no me interpela como castigo, ruptura ni reacción. Lo concibo, más bien, como la confirmación de una historia que siempre apuntó hacia este sitio.

Que el 27 no rime con el 21 —año maldito categorizado como irrepetible— correrá por cuenta de ambas.

A mediados de marzo, en la madrugada, un incendio mató a cinco personas en la refinería Olmeca en Dos Bocas en el Estado de Tabasco, cuando una chispa desató el fuego en “un desborde de aguas aceitosas” al lado de una de las bardas perimetrales. Menos de un mes después, hubo otro incendio, en el área de almacenamiento de coque, sin víctimas mortales. En esas fechas, en Deer Park, la refinería que Petróleos Mexicanos tiene en Estados Unidos, tuvo un derrame en uno de sus muelles. Y, para terminar, en Tula, una enorme columna de humo salió de un incendio en el complejo petroquímico que Petróleos Mexicanos describió como “incidente menor con presencia de humo”. Un mes horribilis, con una secuencia de eventos que ha sembrado dudas sobre el estado del Sistema Nacional de Refinación de México, su operación y mantenimiento. Expertos consultados por EL PAÍS explican que es un problema de la mezcla de crudo que usan dentro de las refinerías y la capacidad del personal de Petróleos Mexicanos para operarlas. Se preguntó a la empresa, pero a cierre de edición no habían contestado.

El Sistema Nacional de Refinación de México consta de siete refinerías. Seis de ellas fueron construidas hace más de 50 años, con un crudo más ligero que el actual en mente, y solo una, la reciente Olmeca en Dos Bocas, se creó para el petróleo maya, más pesado. Además está Deer Park, una planta que Petróleos Mexicanos tenía en copropiedad con la británica Shell y que adquirió en su totalidad en enero de 2022 por 596 millones de dólares. Si se le suma los al menos 20.000 millones de dólares que costó levantar el proyecto en Dos Bocas y los 3.700 millones que se pusieron para rehabilitar las otras seis, México ha invertido casi 25.000 millones de dólares en aumentar su producción de gasolina y demás refinados. Todo con la idea de cumplir uno de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador, que prometió que para 2021 México produciría toda la gasolina que consume. De acuerdo a los últimos datos disponibles, en el cuarto trimestre de 2025 la producción de petrolíferos promedió de 1.177 millones de barriles diarios, de los que 771 millones fueron de gasolinas, diésel y turbosina. De la capacidad instalada total, el Sistema Nacional de Refinación opera a casi el 60%. Pese a esto, el país sigue importando gasolinas.

“Dos Bocas [como es conocida popularmente la refinería Olmeca] es una instalación de punta, con el mismo concepto que se hizo para la fallida refinería de Tula, y se eligió, con excepción de un proceso, lo mejor de lo mejor”, alaba Julio Cesar Rentería Sandoval, director general de la consultora Catec, experto en operación y optimización de refinerías y asesor de Petróleos Mexicanos. Aclara que la refinería Olmeca y Deer Park son las más complejas de operar y que, “aunque hay una brecha dentro de las habilidades operativas en el personal de la empresa estatal”, muchos de los problemas que arrastran tienen que ver con “lo que estamos metiendo a las refinerías”.

El experto explica que el motivo por el que crecen los índices de paros no programados, las detenciones inesperadas de maquinaria que reducen drásticamente la productividad y aumentan costos, es el tipo de mezcla de crudo con el que se trabaja. “El crudo Maya tiene 3.2% de peso de azufre y una densidad de 21°, pero ahora Petróleos Mexicanos está sacando crudos que son el Maloob, Zaap y Ayatsil, que tienen menos densidad y mayor contenido en azufre”, explica. “Mandan este tipo de crudo al Sistema Nacional de Refinación, lo mezclan con crudo ligero, pero como no es estable ni la más adecuada para las refinerías, esto lleva a mayores pausas no programadas y problemas”, añade.

La frecuencia de accidentes en instalaciones de Petróleos Mexicanos siempre supera la media internacional, que oscila entre el 0.22 y el 0.24 por millón de horas-persona trabajadas que registra la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas. Este indicador es una tasa que sirve para poder comparar año con año más allá de los simples números y es una medida estándar en seguridad industrial que representa el número total de accidentes laborales con baja que ocurren por cada millón de horas de trabajo realizadas por una plantilla expuesta al riesgo. De acuerdo a los informes anuales de la empresa, en 2010 era de 0.57, y fue logrando bajarse hasta que el 2018 llegó al mínimo histórico de 0.23. Luego volvió a subir hasta 0.58 en 2022 y en 2025 se quedó en 0.28. Para saber el número total de accidentes, EL PAÍS realizó una estadística con todos los eventos que Petróleos Mexicanos considera lo suficientemente importantes como para enlistarlos en sus informes en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Desde 2010 y pese a la millonaria inversión en mantenimiento, la cifra se mantiene estable.

“En términos generales, tenemos un Sistema Nacional de Refinación modesto, con algunas instalaciones operativamente óptimas, y otras que son viejas y casi están para el desguace”, argumenta Santiago Arroyo, director en la empresa consultara del sector Ursus Energy. Entre las primeras están las refinerías de Tula en Hidalgo, Salina Cruz en Oaxaca, la Olmeca y Deer Park, mientras que el resto—Ciudad Madero en Tamaulipas, Cadereyta Jiménez en Nuevo León, Salamanca en Guanajuato y Minatitlán en Veracruz— las mete en el segundo saco.

“Las joyas de la corona son Dos Bocas y Deer Park, y las dos han tenido el mismo problema: las están operando personal que no está debidamente capacitado y eso hace que la operación sea deficiente y riesgosa”, afirma categórico. “Dos Bocas es como un Ferrari último modelo, pero quien lo está operando está acostumbrado a conducir un Volkswagen escarabajo”, ejemplifica. Arroyo señala a Deer Park como otro ejemplo de esta situación. Desde la década de 1990, Petróleos Mexicanos y la británica Shell compartían la propiedad de este complejo en Houston, Texas. En enero de 2022, la mexicana compró la mitad de la británica. “Ahora, cuando se va el resto del personal de Shell después del periodo de transición, y se queda a cargo todo de Petróleos Mexicanos, ahí empezamos a tener los incidentes mayores”, dice.

En octubre de 2024, en Deer Park, una fuga de 12 toneladas de gas ácido causó la muerte de dos personas y dejó hospitalizadas a otras 13. En Estados Unidos, cuando un incidente es lo suficientemente grave, amerita una investigación de la Junta de Investigación de Seguridad Química y Riesgos, una agencia federal independiente que investiga accidentes químicos industriales para prevenir futuras tragedias y que, aunque no tiene capacidad reguladora ni impone multas, emite recomendaciones de seguridad basadas en causas fundamentales.

Justo el pasado febrero salió el informe final sobre ese accidente, que apunta a que la causa principal del accidente fue la falta de identificación adecuada de las tuberías. La fuga mortal comenzó debido a que dos trabajadores de la contratista Repcon Inc abrieron la brida equivocada en una tubería mal etiquetada. Si bien la refinería proporcionó planos y listas de las bridas, estos no fueron suficientes para ayudar a los trabajadores a distinguir entre “segmentos casi idénticos”. De acuerdo a una parte del informe, “antes de que Petróleos Mexicanos fuera la única dueña y operadora de la refinería, el departamento de Ingeniería de Factores Humanos de Shell tenía un documento donde especificaba que estas tuberías debían estar debidamente marcadas”, pero “Petróleos Mexicanos no continuó con está práctica” y, “en consecuencia, no había etiquetas que diferenciaran los sistemas”, siendo el cumplimiento de Petróleos Mexicanos de las guías de seguridad “inefectivo o no existente”.

Más de 100 días después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, que propició la captura de Nicolás Maduro y su sustitución por Delcy Rodríguez, el país ofrece una imagen que durante años pareció inalcanzable: cierta apertura económica, señales de reactivación, instituciones que empiezan a moverse, menos miedo inmediato. Todo eso debe reconocerse, pero conlleva una advertencia: el trayecto hacia la normalidad no puede confundirse con el destino de una democracia. Sin un calendario rápido para unas elecciones libres, el peligro es que el régimen se eternice bajo otros nombres y ropajes.

Venezuela ha entrado en una fase que, en apariencia, corrige distorsiones profundas. La economía vuelve a conectarse con el exterior, el aparato estatal se reacomoda, algunas decisiones alivian tensiones acumuladas. Son avances para una sociedad que ha vivido años de emergencia prolongada. Sería un error minimizarlos, pero más aún sobredimensionarlos. La normalidad, tal como se plantea, es un proceso sin garantías. Se pueden estabilizar precios, abrir mercados, reducir el conflicto visible, pero nada de eso asegura derechos cívicos, ni distribuye poder ni establece reglas para la alternancia.

Venezuela requiere una transición democrática real y no un trayecto indefinido hacia un semblante de normalidad. La primera fijaría un horizonte compartido; el segundo proporciona una zona de confort para quienes gestionan el poder. Cualquier mejora será reversible sin una apertura completa del sistema y una amnistía general e incondicional de los presos políticos, y sin el retorno con garantías para exiliados como María Corina Machado o Edmundo González, reconocido por varios países como presidente electo. Venezuela necesita transformaciones de fondo, incluso constitucionales, para romper el cerrojo de un poder que lleva demasiado tiempo en las mismas manos.

La estabilización no ha surgido de un acuerdo interno, sino de una intervención extranjera, y este punto de partida condiciona lo que viene después. Con una normalización inducida desde fuera, la tentación de administrarla sin democratizarla es mayor. Quien impulsó la intervención, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha demostrado que su prioridad no es la democracia. Y una construcción democrática no se delega, y requiere acuerdos incómodos, renuncias mutuas y un compromiso inequívoco con reglas que limiten el poder.

La oposición y sus liderazgos más visibles afrontan una prueba decisiva. El respaldo ciudadano no es solo un capital político: es una responsabilidad. Defender la democracia implica aceptar la pluralidad y evitar la tentación de la exclusión. No hay transición posible si se construye sobre vetos absolutos o sobre la negación del otro como interlocutor. Machado, cuyo apoyo mayoritario fuera y dentro de su país es indiscutible, no estuvo atinada al rechazar reunirse con el presidente Pedro Sánchez o su ministro de Exteriores durante su reciente visita a Madrid. Al mismo tiempo, el diálogo con todos los sectores de la oposición resulta imprescindible si España quiere contribuir a la democratización.

La normalidad puede ser un camino necesario en Venezuela, pero no el objetivo final, que sigue siendo una democracia con reglas claras, contrapoderes y ciudadanos que no dependan de equilibrios precarios para ejercer sus derechos. El resto, por más que alivie, es transitorio. Y, si se prolonga, esta provisionalidad condenará a los venezolanos a vivir bajo un protectorado de Estados Unidos, sin dirigentes legítimos ni libertades.

La candidata presidencial Paloma Valencia quiere al expresidente Álvaro Uribe, su padrino político y cabeza de la derecha colombiana, como su ministro de Defensa. En un evento de campaña en Antioquia, bastión de la derecha y región de origen de Uribe, Valencia advirtió que, con ella, “se acaba esta vagabundería de la paz total, donde consienten a los criminales. Se acaba la paz total y llega la seguridad total”. En un sábado marcado por un atentado de las disidencias de las extintas FARC contra viajantes civiles en una carretera del suroccidente del país, Valencia ha publicado en sus redes sociales un video con una parte de ese discurso: “Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática“. Uribe no ha respondido hasta el momento.

El anuncio llega horas después de conocerse el brutal atentado en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, que deja al menos 14 muertos y más de 38 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad. El ataque terrorista, que el Gobierno ha atribuido alias Marlon, uno de los jefes de la disidencia de las extintas FARC que comanda Iván Mordisco, ha despertado la indignación y las acusaciones al Gobierno de izquierda de Gustavo Petro de haber fracasado en materia de seguridad, por haberla dejado como un elemento secundario de su política de paz total, con la que buscaba negociar en simultánea con una decena de organizaciones de todo tipo.

Ante la noticia, la candidata interrumpió sus actos de campaña para desplazarse a Palmira, pero antes de viajar lanzó otro tuit con tinte electoral. “Este es un Gobierno cómplice de los violentos; los deja libres, como a Calarcá, para subirlos a las tarimas, para que hagan fiestas en las cárceles y para que salgan a poner bombas y asesinarnos”, dijo en un evento público, en referencia a la paz total y las críticas que esta ha ido sumando ante sus escasos avances en un cuatrienio que se acerca a su fin.

El expresidente Uribe, quien atendía junto a Valencia la campaña electoral, celebró la decisión de su traslado a Palmira. “Cambió toda la agenda para irse a darle presencialmente toda la solidaridad y su más sentido pésame a todos los afectados en Cali y en el Cauca”. Sin embargo, no se pronunció respecto de la oferta de Valencia.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, principal competidor de Valencia entre el sector conservador del país, señaló directamente a Petro y Cepeda de haber “abrazado a los violentos mientras daban la espalda a los ciudadanos, a los camioneros, a comerciantes y emprendedores”. Y añadió: “Petro y sus bandidos quieren hacer arder el país, quieren otros cuatro años de impunidad y narcotráfico. Quieren seguir saqueando y quemándolo todo”, afirmó, en alusión a las votaciones del próximo 31 de mayo.

La elección de Uribe como ministro de Defensa sube el tono en una campaña política que ha dado bandazos entre la derecha más moderada que ha liderado Valencia, con un discurso permanente de sumar entre diferentes, y el tono extremista que impone De la Espriella, abogado penalista que aboga por más mano dura en el país, aplaude la motosierra de Javier Milei y el estado de excepción del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Con la propuesta, Valencia recuerda que es ella y no De la Espreilla la ficha del expresidente que ha tenido como gran bandera la mejora de la seguridad.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado este martes la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México por una alta concentración de ozono en la atmósfera. La dependencia ha dado a conocer que la tarde de este sábado se registraron concentraciones máximas de ozono de 163 partes por billón (ppb) en la estación ubicada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

“Se activa la fase 1 de contingencia ambiental con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes”, ha dicho la dependencia en un comunicado.

Esta es la octava contingencia ambiental provocada por ozono en lo que va de 2026. Los habitantes de la capital lograron superar casi un mes luego de las últimas medidas hechas a la población para reducir la concentración de contaminantes debido a la temporada de calor. De acuerdo con la CAMe, se ha observado un sistema de circulación anticiclónica que mantiene su influencia en el centro del país desde hace cuatro días y que hoy incrementó su intensidad, generando estabilidad atmosférica fuerte. “A esto se sumó a la radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, que limita de manera significativa la ventilación atmosférica, ocasionando la acumulación de precursores de ozono”.

A este fenómeno, se suman las elevadas temperaturas de los últimos días, con registros de hasta 30 grados en la zona del Valle de México, lo que fomentó la formación y concentración de ozono. La CAMe ha recomendado a la población evitar exponerse a los picos de contaminación entre la una y las siete de la tarde, en especial a los niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La activación de la Fase 1 de contingencia incluye la restricción del 20% del parque vehicular de la capital a través del programa Hoy no circula. Mientras que los días domingo no existe una restricción de circulación a los autos particulares, este fin de semana no podrán circular quienes cuentan con holograma de verificación 2, los de verificación 1 —con los últimos dígitos 2, 4, 6, 8 y 0— . Además, los autos que pueden circular diariamente, que cuentan con holograma de verificación 0 y 00 pero que cuenten con holograma amarillo o matrícula con terminación 5 o 6, deberán de quedarse sin circular.

La dependencia ha infomado de la restricción de los vehículos oficiales de uso administrativo, excepto los vehículos híbridos o eléctricos, de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos y de emergencias médicas.