La Secretaría de Marina ha detenido este lunes a uno de los hombres fuertes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, aliasEl Jardinero, en la comunidad de El Mirador, en el interior de Nayarit y muy cerca de la frontera con Jalisco. El arresto, otro golpe al corazón de uno de los carteles más poderosos de México, ha desatado narcobloqueos y quemas de negocios en el Estado. Ante las represalias del crimen organizado, el Gobierno estatal ha “invitado”, “de manera preventiva”, a los ciudadanos a “resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser necesario”. La ola de violencia se ha registrado especialmente en Tecuala, Acaponeta y Ahuacatlán, pero todavía no puede compararse con la que provocó el grupo delictivo en febrero tras la caída de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
El arresto de la Marina se ha desarrollado “de manera quirúrgica sin necesidad de efectuar un solo disparo”, según la dependencia federal, pese a que El Jardinero contaba con un anillo de seguridad de 30 camionetas y 60 personas armadas. El patrón del crimen organizado ante la caída de sus principales nombres incluye desatar una ola de violencia, especialmente con la quema de tiendas y vehículos, y el bloqueo de vías de comunicación.
En este caso, los principales incidentes se han localizado al norte del Estado, a más de 300 kilómetros del lugar del operativo. En Tecuala se ha confirmado el incendio de una gran bodega, además de tres tiendas de cadena y dos zapaterías. “Se está quemando la bodega, miren nada más, qué triste, espero que la gente haya estado fuera”, llora una mujer que graba la imagen. En otro video, se observa a los vecinos corriendo para sacar coches y motocicletas del aparcamiento de la bodega mientras las llamas consumen el establecimiento. El Ayuntamiento ha exhortado a la población a no salir a la calle “ante los hechos de inseguridad” y “hasta que las autoridades indiquen que la situación está controlada”. Tanto en Tecuala como Acaponeta, donde se han registrado bloqueos, son puntos clave que rodean la principal carretera del Estado desde Tepic, la capital, hacia Mazatlán, en Sinaloa.
El otro foco de represalias ha sido en el sur, muy próximo a la frontera con Jalisco. Se han reportado bloqueos en la Carretera Federal 15 cerca de Copales, Ixtlán del Río y Jala. El Ayuntamiento de Ahuacatlán también ha pedido a la población que no salga de sus casas “en la medida de lo posible” y ha puesto “refugios temporales” a disposición de quien se haya quedado varado en la carreta”. Varias compañías de autobuses suspendieron los trayectos en el Estado y también hacia Guadalajara o Mazatlán. Algunos como Autotransportes Medina ya han reactivado las rutas puesto que consideran que “las circunstancias que motivaron la suspensión preventiva del servicio han sido superadas”.
En las redes sociales del Gobierno, los ciudadanos preguntaban sobre si se van a suspender las clases escolares, como sucedió en más de una docena de Estados del país tras el operativo contra El Mencho.
El Jardinero, operador en Nayarit, Guerrero y Zacatecas, era uno de los posibles sucesores de Oseguera Cervantes al frente del Cartel Jalisco Nueva Generación. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE UU (OFAC, por sus siglas en inglés) lo tiene entre ceja y ceja por presuntamente controlar los laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. La dependencia estadounidense también lo señaló como responsable de las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit, por lo que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto.
El arresto de Audias Flores despeja el camino para Juan Carlos Valencia González, el hijastro del Mencho, conocido como El R3 y otro de los grandes nombres para tomar el control del CJNG.
Colombia revive en este comienzo de año algunos de los episodios más oscuros de su conflicto armado. Entre enero y abril se han registrado 48 masacres, que dejan al menos 229 víctimas mortales, en lo que ya constituye el arranque de año más violento con esa medición desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La ola de violencia, en medio de un clima electoral cada vez más tenso, se extiende de norte a sur del país: desde La Guajira, en el extremo norte caribeño, donde se han documentado dos casos, hasta Nariño, con tres masacres, y el amazónico Putumayo, que también suma un episodio reciente. El repunte de la violencia reabre heridas en un país que aún no logra dejar atrás la sombra de la guerra.
La masacre más grave de los últimos años, que representa este fenómeno en crecimiento, ocurrió este sábado cuando una bomba estalló en la vía Panamericana en el departamento del Cauca, acabando con un bus intermunicipal que pasaba por allí. Es una de las zonas del país que más ha sufrido la violencia en los últimos días, semanas y años. Hasta ahora, el hecho deja 20 víctimas fatales y unos 36 heridos. Es la masacre de civiles más sangrienta del país en más de una década, desde que en 2016 las oenegés expertas y el Estado identifican como tal los episodios de muertes simultáneas de tres o más personas. No es posible comparar con datos anteriores porque el criterio era otro, explica Leonardo González, director de la organización especializada Indepaz.
El crimen del sábado mereció el repudio de todos los candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo y reforzó la importancia de la inseguridad entre los temas centrales de la campaña. El presidente de izquierda Gustavo Petro calificó el ataque de terrorismo, en un mensaje en el que acusó a “la extrema derecha” de querer gobernar para “hacer sus negocios de cocaína y oro ilícito”. Es una respuesta al evidente deterioro.
A fines de abril de 2025, Indepaz contabilizaba 20 masacres, que dejaban 61 víctimas. La mayoría se concentraron en el Catatumbo, al noroccidente del país y en frontera con Venezuela, en el departamento nororiental de Antioquia, y en el Valle del Cauca, vecino al norte del Cauca. Hasta ese momento, era el año con menos masacres en lo que iba del Gobierno de Gustavo Petro: en 2024, la cifra para este momento era de 24 sucesos, con 80 víctimas; en 2023, cuando las negociaciones simultáneas de la política de paz total parecían avanzar, el dato era de 34 masacres.
En 2022, en pleno año electoral y en la transición entre el Gobierno de derecha de Iván Duque y Gustavo Petro, entre enero y abril se registraron 38 masacres, con 122 víctimas mortales. Uno de los casos más atroces ocurrió el 28 de marzo de ese año, cuando un operativo del Ejército contra una supuesta estructura armada terminó en una matanza de 11 personas, al menos ocho de ellas civiles. Fue uno de los más graves escándalos del Gobierno de Duque, en una agitada campaña electoral en la que la izquierda encabezada por el hoy presidente Petro enarbolaba las banderas de los derechos humanos y prometía cesar las masacres y los asesinatos de llegar al poder.
Para González, de Indepaz, el pico de este año no se debe al contexto electoral, sino a la crisis de la política de paz total. “Entre más dificultades se presenten en las mesas de negociación, más se va aumentar la violencia. Cuando había ceses al fuego, al menos había una presión política para exigirles un buen comportamiento”, argumenta. También explica que la violencia contra la población civil se debe a que los grupos armados consideran que son una forma de atacar al Estado. “Es la misma lógica que tenía Pablo Escobar. Ellos son los pequeños Pablo Escobar actuando sin consideración moral ni humana”, señala.
Una masacre sin antecedentes cercanos
El ataque del sábado, una bomba que estalló al paso de vehículos civiles sobre la carretera que conecta a Venezuela y Colombia con el resto de Suramérica, ocurrió en el Cauca. Se trata de un departamento empobrecido y convulso, con presencia de varios grupos ilegales, tensiones étnicas y cultivos de coca y marihuana. De allí es oriunda Aída Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, el aspirante del continuismo; y también la candidata presidencial uribista Paloma Valencia, quien encarna las banderas de la derecha. La senadora viajó hasta la región, donde prometió mano dura. “Aquí tienen a una mujer con carácter que no le va a temblar la mano para doblegar a los violentas”, dijo, acompañada de su padrino político, Álvaro Uribe Vélez. Cepeda, por su parte, escribió en sus redes sociales que los atentados podrían buscar “un clima de miedo que favorezca los intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país”.
Esas preguntas reflejan la creciente inseguridad que no solo se nota en las masacres. A inicios de 2025, el foco estuvo en el Catatumbo, subregión fronteriza con Venezuela y enclave cocalero, donde la guerra entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las extintas FARC se ensañó contra la población civil, en hechos que dejaron más de 80 víctimas mortales y 100.000 desplazados, en el episodio de desplazamiento forzado colectivo más grande en la historia de un país que ha sido por décadas uno de los de mayor incidencia de ese fenómeno en todo el mundo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado este lunes que la ola de calor que afecta a México continuará en los próximos días, con temperaturas extremas en gran parte del país. Las autoridades prevén máximas superiores a los 45 grados en regiones de Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.
En otras entidades como Sonora, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los valores oscilarán entre los 40 y 45 grados, mientras que en Estados como Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y el suroeste del Estado de México se pronostican temperaturas de entre 35 y 40 grados. En Ciudad de México y Tlaxcala, el termómetro alcanzará entre 30 y 35 grados.
El pronóstico del SMN se extiende hasta el jueves 30 de abril. Para el miércoles y jueves también se prevén rachas de viento fuertes en el noroeste y norte del país, debido a la interacción de la corriente en chorro subtropical con una circulación ciclónica en niveles altos. Además, el jueves se espera la aproximación de un nuevo sistema frontal al norte del territorio nacional.
Qué es una ola de calor
Una ola de calor se presenta cuando las temperaturas se mantienen por encima de los promedios habituales de una región durante varios días consecutivos. En México, este fenómeno puede llevar el termómetro a rebasar los 45 grados Celsius. Suele originarse por la presencia de un sistema de alta presión que inhibe la formación de nubes y favorece la acumulación de calor en la superficie. A esto se suman los efectos del cambio climático, que han intensificado la frecuencia y duración de estas condiciones extremas.
Cuáles son los riesgos
La exposición a este fenómeno puede provocar golpes de calor, una condición que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y puede derivar en desmayos, confusión e incluso la muerte, especialmente en niñas, niños, personas mayores y mascotas. También es común la deshidratación, que compromete el funcionamiento de órganos vitales, así como el agravamiento de padecimientos respiratorios y cardiovasculares, elevando el riesgo de eventos como infartos o complicaciones pulmonares.
Recomendaciones
Para protegerse de posibles golpes de calor, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México recomienda:
Evitar asolearse o hacer ejercicio entre las 11.00 y 16.00 horas
Usar ropa holgada de colores claros y manga larga
Mantenerse hidratado
Utilizar gorra, sombrero y sombrilla
Usar protector solar y
Evitar comer en la vía pública, los alimentos se descomponen rápidamente
No permanecer en vehículos estacionados y cerrados por tiempo prolongado
David Faitelson ha ofrecido este lunes una inesperada disculpa a José Ramón Fernández. Ambos periodistas, que fueron colegas, maestro y discípulo durante décadas, se enemistaron en 2023 y han protagonizado un cruce de duras acusaciones personales en el último año. El reencuentro se ha dado en el Salón de la Fama en Pachuca, al que Faitelson acudió para entregar un reconocimiento a Raúl Orvañanos. Allí coincidió con Fernández, tomó la palabra y dijo en el micrófono: “Quiero extenderle la mano a mi maestro, porque pudieron haber pasado muchas cosas, pero yo soy un hombre agradecido”, ha dicho.
El momento se tensó cuando desde el público Álvaro Morales, colaborador de ESPN, donde trabaja Fernández, interrumpió con un grito: “Le dijiste cocainómano”. Faitelson pidió respeto y siguió. Entonces vino la disculpa. “Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo de todo corazón le pido una disculpa. Usted fue como un padre para mí. Lo veo a los ojos y me equivoqué”, ha dicho con la voz entrecortada. “No estaba preparado para esto, pero en la vida hay que dar la cara”. Fernández escuchó sin responder. No hubo abrazo ni conciliación, pero sí un apretón de manos.
El gesto llega en medio de la escalada de la disputa, que había rebasado desde las diferencias profesionales para instalarse en los agravios personales. La fractura, según relata el propio Fernández en su libro El Protagonista (Grijalbo, 2015), comenzó con la salida de Faitelson de ESPN, donde eran compañeros, para irse Televisa. Fernández cuestionó la forma en que Faitelson se marchó a la televisora que ha criticado por años y cuestionado por su línea editorial. Estando al aire acusó a Televisa de contratar comentaristas “como metralletas” y, al ser cuestionado de si hablaba de Faitelson, respondió: “Un sicario”. Eso fue en mayo del año pasado.
La respuesta no tardó y fue igual de dura. Faitelson escribió en X que Fernández había tenido problemas con el consumo de cocaína en la etapa final de su paso por TV Azteca y aseguró que Ricardo Salinas Pliego, presidente de la empresa, lo había apartado del cargo y enviado a España para recuperarse. Fernández respondió días después. Admitió haber probado la cocaína en medio de problemas de salud como insomnio y tratamientos médicos, pero negó una adicción y rechazó la versión de que hubiera sido removido por ello. “La probé, no me funcionó y la dejé”, explicó. También relata en su libro de memorias que viajó a España por recomendación médica y con apoyo de Salinas Pliego, pero negó que hubiera sido una salida forzada. “Es mentira. Al contrario, me liquidó conforme a la ley”, escribe.
En el mismo libro, el veterano periodista abrió otro frente al relatar un presunto episodio de abuso protagonizado por Faitelson durante su etapa en TV Azteca, a principios de los años 2000. Fernández describe que testigos le narraron un incidente ocurrido durante la producción del programa La Polaka y asegura haber recibido fotografías del momento. Dice también que jamás las haría públicas ni las utilizaría para “destrozar familias”. En entrevista con este diario, Fernández describió el último tramo de su convivencia con Faitelson como “muy tóxico”. Señaló una fricción constante durante la salida de ESPN: “Que haga lo que quiera. De fútbol, no sabe nada”.
El ramal que conecta a la estación Buenavista del Tren Suburbano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha sido inaugurado este domingo 26 de abril. Se trata de una de las ampliaciones de infraestructura ferroviaria más relevantes de los últimos años en la zona metropolitana del Valle de México. El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno mexicano para reactivar la red ferroviaria de pasajeros y de carga en el país.
Durante la inauguración, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la falta de infraestructura para llegar al AIFA fue un problema que desincentivaba el uso del aeropuerto. Los usuarios tenían que pagar sumas elevadas por taxis de aplicación para llegar al aeropuerto, y hacer hasta dos horas y media de trayecto.
Ahora, el recorrido total desde Buenavista hasta el AIFA podría tomar alrededor de 43 minutos, según el anuncio de las autoridades. La frecuencia de los trenes es de 30 minutos, con los siguientes horarios de operación:
Lunes a viernes: de 5.00 a 0.00 horas
Sábados: de 6.00 a 0.00 horas
Domingos y días festivos: de 7.00 a 0.00 horas
Estaciones entre Buenavista y AIFA
El recorrido completo parte de Buenavista e incluye las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería, desde donde arranca el nuevo ramal. A partir de ahí, el tren continúa por Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga, Xaltocán y, finalmente, la estación terminal dentro del AIFA.
La llegada del tren se produce directamente en las instalaciones del aeropuerto. Así, los pasajeros descenderán en la estación subterránea, subirán unas escaleras y quedarán listos para documentar su equipaje y acceder a las terminales. Se estima que el sistema de transporte movilizará a 82.000 pasajeros al día.
Mapa de la línea dos del tren suburbano.TrenSuburbano
Tarifas y tarjetas aceptadas
Durante el primer mes desde la inauguración, el trayecto completo de la estación Buenavista al AIFA tendrá una tarifa promocional de 45 pesos. Los tramos intermedios costarán 11,50 pesos e incluyen cualquier trayecto que no llegue ni salga del AIFA.
Se espera que las tarifas sean reajustadas a finales de mayo. Las autoridades han garantizado que los nuevos precios seguirán siendo más accesibles que los del transporte tradicional.
Para utilizar el nuevo tren, es necesario contar con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), ya que la tarjeta del Tren Suburbano no permite el acceso ni la salida en el nuevo ramal.
Beneficios y próximas etapas
El ramal Lechería-AIFA cuenta con vías dobles y señalización automática para garantizar la velocidad y la seguridad en el trayecto. El proyecto integra seis estaciones intermedias que beneficiarán a municipios como Nextlalpan, Tultitlán y Tultepec, en el Estado de México.
La gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, ha destacado que la infraestructura reactivará la economía regional y mejorará la movilidad en el norte del estado. Como tercera etapa, está en construcción la extensión del servicio desde el AIFA hasta Pachuca, Hidalgo, con seis estaciones adicionales y un recorrido de 57 kilómetros.
La fiscal Lucy Marcela Laborde ha solicitado este lunes el arresto de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por ausentarse de las audiencias judiciales del proceso en que se lo acusa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la encargada, Petro Burgos no ha asistido a las diligencias en las que se ha solicitado su presencia física desde noviembre del año pasado. En todas las ocasiones, ha esgrimido dificultades en el desplazamiento. Laborde, no obstante, asegura que tiene información de que el acusado ha estado de vacaciones en Cartagena y Santa Marta en ese lapso.
Con esa información, Laborde ha hecho la solicitud de arresto de hasta cinco días, aduciendo la desobediencia de Petro Burgos a las órdenes que le impartió el juzgado de asistir a las diligencias. La fiscal, además, ha pedido incluir en la sanción a la defensa del acusado, ya que fue la que expuso ante el juzgado la aparente imposibilidad de trasladarse a las audiencias, que se llevaron a cabo en Barranquilla, a las que sí asistieron las demás partes involucradas en el proceso. El juez del proceso, Hugo Carbonó, no ha tomado una decisión por ahora.
Tras conocerse la solicitud de la Fiscalía, Petro Burgos reaccionó en sus redes sociales, asegurando que ha asistido a todas las audiencias presenciales y virtuales del proceso. Además, se preguntó si hay un “seguimiento ilegal” de parte del ente acusador por la información que tiene de los sitios en los que ha estado junto a su familia. “Si algo me llega a pasar a mí, a Laura y a mi bebé, responsabilizo directamente a la fiscal Laborde”, añadió Petro.
He asistido a todas las audiencias que se han realizados, presenciales y virtuales. públicamente la Fiscal reveló sitios que frecuentó con mi familia. Hay un seguimiento ilegal?
Si algo me llega a pasar a mí a Laura y a mí bebé, responsabilizo directamente a la fiscal Laborde.
Petro Burgos ha estado de manera intermitente en el centro de la atención nacional desde marzo de 2023, siete meses después de la posesión de su padre como presidente. En ese momento, Daysuris Vásquez, su expareja, lo señaló de haber recibido dineros de aparente origen opaco para financiar la campaña presidencial de Petro. Entre ellos estaban Santander Lopesierra, antiguo narcotraficante y contrabandista de La Guajira, y personas cercanas al contratista Alfonso Hilsaca, una figura muy poderosa en el departamento de Bolívar. Petro Burgos en un principio negó los hechos, pero en julio de ese mismo año cambió su versión, reconoció haber recibido dinero en efectivo y haberse apropiado de esos recursos. Luego, sin embargo, denunció supuestas presiones por parte de la Fiscalía para dar esa versión. El proceso, desde entonces, ha estado activo.
El Comando Unificado de labores de búsqueda extraerá el cuerpo localizado en la mina de Santa Fe tras 33 días de tareas de rescate ininterrumpidas
Trabajos de búsqueda y rescate en la Mina Santa Fe (Sinaloa), el 6 de abril.SSPC
Tras algo más de un mes de trabajos de rescate, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha informado de que por fin ha localizado al último minero atrapado en la mina de Santa Fe, Sinaloa, pero sin vida. El cuerpo de Leandro Isidro Beltrán, 54 años y originario de Hidalgo, era el único que faltaba por encontrar después del derrumbe del pasado 25 de marzo, en el que cuatro trabajadores quedaron atrapados en los intestinos del yacimiento de oro. Dos salieron con vida, uno fue localizado ya fallecido y Beltrán era el último que quedaba por encontrar. Las autoridades han asegurado que están esperando el proceso de extracción del cuerpo en el cierre de uno de los episodios más trágicos de la historia minera de la región.
El Comando Unificado de labores de búsqueda llevaba 33 días con el aliento contenido y trabajando a contrarreloj para hallar a Beltrán. Cuando la presa de jales encima del yacimiento colapsó y comenzó a inundar los túneles de la mina de oro operada por Industrial Minería Sinaloa de lodo, había 25 hombres trabajando dentro. Solo 21 consiguieron salir a tiempo. Beltrán quedó atrapado con sus compañeros Francisco Zapata Nájera, José Alejandro Cástulo Colín y Abraham Aguilera Aguilera. Este último, de 33 años, es la otra víctima mortal del derrumbe.
Hace unos días se conoció el dato de la inflación de marzo y trajo muy malas noticias para el Gobierno de Javier Milei. Si bien se esperaba un aumento, por el impacto de los combustibles y por cuestiones estacionales que analizaremos a continuación, el dato sorprendió por lo elevado, registrando un incremento del 3,4%.
Lo más preocupante es que no se trata de un desvío menor ni de un tropezón aislado. Después de haber tocado un piso de 1,5% en mayo de 2025, la inflación no solo dejó de bajar: empezó un proceso lento, pero persistente, de aceleración que ya lleva varios meses.
Arranquemos por la explicación oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo, apenas conocido el dato, que el mal resultado de marzo respondió básicamente a una corrección de precios relativos. Es decir, a los aumentos de tarifas, a la subida de los combustibles en medio del conflicto en Medio Oriente, al salto del precio de la carne y al impacto estacional del inicio de clases. Acá hay que reconocerle un punto al Gobierno: algo de eso efectivamente hubo. Los números del propio Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) muestran que los regulados subieron 5,1%, Educación saltó 12,1%, Transporte avanzó 4,1% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,4%, con fuerte incidencia de carnes y derivados.
El tema es que esa explicación sirve para entender una parte del dato, pero no alcanza para explicar por qué la inflación dejó de bajar hace ya bastante tiempo. Si el fenómeno fuera solo un problema de precios relativos, lo lógico sería que al limpiar esos componentes apareciera una inflación subyacente claramente descendente. Pero eso no es lo que muestran los números. En marzo, la inflación núcleo fue de 3,2%, apenas por debajo del nivel general. Dicho de otra manera, aun sacando los precios regulados y los estacionales, la dinámica sería similar.
Para esquivar esa cuestión, el Gobierno eligió difundir una apertura todavía más acotada, una suerte de inflación “núcleo pero sin la carne”, que dio 2,5%. Incluso si se acepta ese recorte metodológico, la conclusión tampoco es la que sugiere el Gobierno. Como se desprende del gráfico a continuación, utilizando cualquiera de las tres variantes la inflación viene aumentando desde hace varios meses.
A partir de lo anterior, resulta claro que, si bien tuvo impacto el aumento de la carne y los combustibles, eso no alcanza para explicar todo el proceso. De hecho, hay otro dato que ayuda a ordenar mejor la discusión. En marzo, los bienes subieron 3,0%, mientras que los servicios aumentaron 4,2%. La diferencia no es menor. Porque cuando los servicios corren sistemáticamente por encima de los bienes, lo que suele aparecer no es un shock transitorio, sino algo bastante más persistente: contratos indexados, paritarias, cuotas escolares, prepagas, alquileres y una larga lista de precios que se ajustan mirando la inflación pasada. Acá está el corazón del problema. No tanto en las correcciones de precios relativos, sino en una inercia que se resiste a bajar.
Por eso, a mi juicio, la discusión relevante no pasa tanto por los shocks de marzo, sino por la falta de un ancla nominal clara. En Argentina, históricamente, se utilizó al tipo de cambio para esto. En una economía bimonetaria y con memoria inflacionaria, el dólar funciona como una referencia central para las empresas, los sindicatos y los hogares. Sirve para fijar precios, renegociar contratos y anclar las expectativas.
Milei, fiel a su dogma monetarista, insiste en que la clave pasa por mantener a raya el resultado fiscal y la cantidad de dinero en circulación. Si bien es un elemento necesario, no es suficiente. Basta con marcar que esas políticas se vienen aplicando desde el inicio de su gestión, con la diferencia de que la inflación bajó de manera contundente hasta principios del año pasado y ahora no. ¿Qué se modificó en el medio? El esquema cambiario. Durante la primera etapa, el Banco Central adoptó un régimen de tipo de cambio administrado que fue clave para anclar expectativas y lograr que la inflación bajara rápidamente.
A partir de abril del año pasado se dejó atrás ese esquema, para pasar a otro donde el tipo de cambio se mueve con relativa libertad entre dos bandas cambiarias establecidas por la autoridad monetaria. El problema es que, al volverse más incierta la trayectoria del dólar, dejó de funcionar como una referencia tan clara como era antes. Esto es, en mi opinión, el otro factor clave (combinado con los ajustes de precios relativos) que es necesario incorporar para entender por qué la inflación se vino incrementando en los últimos meses. Al no tener un ancla nominal, estos shocks de precios (la carne primero y el combustible después) se traducen rápidamente en un aumento de la inflación.
De todos modos, es necesario aclarar que el Gobierno decidió este cambio de régimen para poder eliminar las estrictas regulaciones cambiarias (el famoso “cepo”), algo totalmente necesario para mejorar el funcionamiento de la economía. Parafraseando a Friedman, no hay decisiones “gratis” en economía: el Gobierno optó por un esquema de mayor libertad para el tipo de cambio y los flujos financieros a costa de resignar el ancla cambiaria y pasar a un proceso de desinflación más lento.
Y justamente ahí aparece el riesgo más grande, porque cuanto más lento sea el proceso, mayores son las probabilidades de que aparezcan más eventos de este tipo (nuevos shocks, correcciones pendientes o episodios de incertidumbre política) que interrumpan el sendero. Sin un ancla nítida y con esta inercia todavía tan presente, el proceso va a ser más frágil y, por lo tanto, bastante más riesgoso de lo que admite el discurso oficial.
“Poguear y cascarse” en un concierto de death metal. Ese es el paraíso para el guardián Lelio Camacho, miembro del equipo de atención psicosocial de la cárcel de mediana seguridad La Modelo, en Bogotá. Metalero hasta los huesos, dice ser único entre los 17.000 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec). “Con mucha humildad, me considero una persona única por hacer lo que amo en mi trabajo”, afirma sentado en el patio número uno del penal. En 2022 cumplió su sueño de formar una banda en la cárcel. Pero no cualquiera: la mitad de los miembros de Simbiontes, como llamaron a la agrupación, es personal del Inpec; la otra mitad, personas privadas de la libertad. “Es una simbiosis, una fusión”, dice apretando los dientes y agarrándose las manos, emocionado, antes de subirse al escenario del auditorio de la cárcel para tocar ante los visitantes. El público los celebra.
Simbiontes se declara la primera banda en Colombia, y quizás del mundo, en hacer lo que bautizaron como “rock carcelario”. Se trata de un proyecto de resocialización a través de la música. “Queremos mostrar que en la cárcel también hay vida, que guardias e internos podemos trabajar juntos, ayudarles a transformar su vida y enseñarle a las personas afuera a que no caigan acá”, dice Camacho, guitarrista y líder de la banda, conocido muros adentro como Mi Soo. “Acá el mote es lo más importante”, asegura.
Jefrey Otavo ‘Otto’ durante un ensayo del grupo de rock, el 22 de abril.Andres Zea
La banda era un proyecto frustrado hasta que el dragoneante Óscar Betancourt, conocido como Lobito, músico aficionado y actual bajista de Simbiontes, asumió la dirección del área de Creación Artística del penal, encargada de la resocialización a través del arte y la cultura. “Tenemos un lema muy claro: la música libera”, asegura. “La idea es promover la unión, la reducción de la hostilidad, porque el ambiente en la cárcel es pesado entre internos y funcionarios. Nosotros no somos enemigos; estamos juntos porque así nos tocó, nosotros trabajando y ellos pagando su pena. La idea es poder llevarlo de la mejor manera, y la música es de gran ayuda”.
Ubicada en el centro-occidente de Bogotá, La Modelo ejemplifica la crisis estructural del sistema penitenciario colombiano. Construida entre 1957 y 1960, en las afueras de una ciudad que rondaba el millón de habitantes, hoy queda en medio de la amplia mancha urbana que suma unas 10 millones de personas. El crecimiento demográfico y los cambios sociales la han superado hace ya décadas. Es una realidad cruel, dolorosa, sobre la que canta Simbiontes.
Tan cruel es que la Corte Constitucional declaró en 1998 un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, y lo reiteró en 2013, 2015 y 2022, al constatar una vulneración masiva de derechos de las personas privadas de la libertad: hacinamiento extremo, insalubridad, violencia, corrupción y ausencia de políticas eficaces. Diseñada para 2.662 internos, La Modelo alberga a 4.496, según cifras oficiales del Inpec, aunque Camacho eleva el dato a 5.000. El penal se divide en 15 patios, distribuidos en dos alas, la norte y la sur. Hay un patio específico para personas con trastornos psiquiátricos y otro para los encarcelados por delitos sexuales, una conducta extremadamente perseguida por el resto de los internos.
Integrantes del grupo de rock Simbiontes, en la carcel La Modelo.Andres Zea
Cada patio tiene su “pluma” o “cacique”, quien ostenta el poder de facto. “De rejas para allá, mandan ellos”, dicen varios funcionarios. Pese a ser una cárcel de mediana seguridad en la graduación de penales de Colombia, desde allí se articulan redes urbanas de crimen organizado, particularmente de extorsión y sicariato. Para los recién llegados, la violencia es inmediata: “¿Lava o pelea?”, suelen preguntarle los antiguos a los nuevos nada más ingresan, mientras sostienen un cuchillo en una mano y un jabón en la otra. Algunos optan por lavar, y se convierten en sirvientes de los más poderosos; otros eligen pelear y con frecuencia la guardia debe sacarlos heridos. En otros casos, ellos mismos se suturan las heridas.
Eso es poco, cuentan los guardianes, comparado con lo que pasaba a finales de la década de 1990 y durante los primeros años de los 2000, cuando el conflicto armado en Colombia atravesaba sus años más violentos. Los guerrilleros tomaron el control interno del ala norte y los paramilitares de la sur, y continuaron la guerra que asolaba al país. Cometieron asesinatos sistemáticos, masacres, descuartizamientos; incluso arrojaron cuerpos en las cañerías o hicieron fosas comunes. Entre 1999 y 2001, según la Fiscalía, al menos 100 personas fueron descuartizadas en la cárcel y sus restos arrojados por alcantarillas. Uno de los episodios más brutales fue una masacre cometida por paramilitares entre el 27 y el 29 de abril de 2000, cuando asesinaron a 32 personas. Un mes después, la periodista Jineth Bedoya, la única que ingresó al penal para investigar lo ocurrido, fue secuestrada, torturada y violada masivamente durante 16 horas por paramilitares.
Óscar Betancur ‘El lobo’ durante un concierto en La Modelo.Andres Zea
El penal también quedó marcado por el violento motín del 21 y 22 de marzo de 2020, cuando los reclusos se levantaron por el avance del covid y las precarias condiciones sanitarias que, sentían, los condenaban a la muerte. El enfrentamiento dejó 23 presos muertos y 83 heridos. En octubre de 2025, frente a la cárcel, un sicario mató a un funcionario del Inpec e hirió a otros tres en el marco del llamado “plan pistola” que activó Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada y quien estaba recluido en otra cárcel.
“La cárcel es dura, eso es una realidad. La gente tiene que cuidarse de no parar acá”, dice Jonathan Pedraza, conocido como Cabito, guitarrista, vocalista y principal compositor de Simbiontes. Cruzado de brazos y rodeado de ventanas con rejas de metal de las que cuelgan cobijas, ropa, tenis, peluches, zapatos y varias imágenes de la Virgen de Las Mercedes, patrona de los reclusos, agrega: “Pero la banda es vida, es como un volver a nacer, un refugio en medio de la tormenta”. Hace cinco años y medio llegó a La Modelo y le faltan cinco más. Lo más difícil, dice, es no ver a sus hijos, estar alejado de la familia y de la sociedad “por hacerle daño”. De joven era músico en una iglesia cristiana y desde entonces toca la guitarra. “Para un músico, primero está la música y después la vida: intentemos llevarla a nuestro diario vivir”, dice, y eso es lo que ha hecho en la cárcel.
Miguel Ángel Barrero, ‘El profe’ en los pasillos de la carcel, el 22 de abril.Andres Zea
Miguel Ángel Barrero, El Profe, es saxofonista de Simbiontes y describe la experiencia en la banda como un “bálsamo total”. Lleva 12 años en prisión, de una condena de 16 que ha logrado reducir gracias al sistema de redención, en el que por cada dos días de trabajo en actividades de resocialización como estudio, trabajo o enseñanza, se reduce la pena un día. “La banda me ayudó a decir, ‘estoy en la cárcel pero no me siento privado de la libertad”, asegura, saxofón en mano. Músico profesional, espera la autorización de un juez para salir. Dice que retomará su carrera como músico y describe a Simbiontes como “una escuela maravillosa para proyectarme a una vida futura”.
Con el sol en la cara y de espaldas a La Jaula, como bautizaron al antiguo pabellón de máxima seguridad, el dragoneante y baterista Jeffrey Otavo, Otto, sonríe después del concierto a las familias. “Siempre ha habido un estigma de que la guardia y el interno no tienen nada que ver”. Dice que es algo que la banda desmiente: “Somos una unión para generar música, en el escenario somos una familia. Rompemos ese muro”. Y Barrero agrega: “Antes de guardianes e internos, somos seres humanos con un gusto por la música”.
La banda cuenta con un amplio repertorio de covers en español y en inglés, así como siete temas propios que hablan de su experiencia en la cárcel. Le cantan a la ansiedad, la superación, incluso al amor. “Cantarle desde la cárcel es muy simbólico”, dice Camacho, agregando que el amor propio y el amor hacia la familia son temas recurrentes para ellos. Pedraza, quien ha compuesto cinco de las siete canciones, dice que encontrar creatividad en la cárcel no es complicado, pero que los temas, inevitablemente, suelen repetirse. “La soledad, la fortaleza, la superación…“Lo más difícil es proyectar la felicidad, que no se manifiesta como tal, sino a través de cosas como la resiliencia”, expresa.
Lelio Camacho en uno de los patios de la carcel en Bogotá.Andres Zea
En el penal son auténticos rockstars, en particular Camacho. Con sus 190 centímetros de altura, no pasa desapercibido. Son pocos los que no se detienen a saludar cuando camina por los oscuros y húmedos pasillos de la prisión; unos le chocan el puño, otros le dan un abrazo. Él, a diferencia de otras estrellas, corresponde cada gesto con otro igual de sincero. “¡Qué pasa Mi Soo!”, se escucha constantemente, evidenciando cómo la banda ha logrado romper la barrera entre los dos mundos.
Simbiontes ha tocado en varios escenarios fuera de los muros, incluyendo la Casa de Nariño (la residencia presidencial en Colombia), y les gustaría hacer un “tour carcelario” por todos los penales del país. Su sueño más grande, sin embargo, es presentarse en el festival Rock al Parque, que se realiza anualmente en Bogotá y es uno de los festivales gratuitos más grandes de América Latina. Han pasado bandas icónicas como Sepultura, Anthrax o Testament, y Fabulosos Cadillacs, Auténticos Decadentes y Aterciopelados. “Yo he ido todos los años a Rock al Parque a poguear, me encanta”, dice Camacho, emocionado. “Sería un orgullo para mí y para toda la banda pisar la tarima y que la gente se sorprenda y diga, ‘¿cómo así que una banda de internos y de funcionarios?”. Quiere pasar del público a la tarima y ser él quien provoque los pogos, lejos de los muros entre los que trabaja.
Daniel Johnson (Santiago, 51 años) es ingeniero civil y director ejecutivo desde 2017 de Paz Ciudadana, una fundación chilena dedicada hace 34 años a las políticas públicas en áreas de seguridad pública, delincuencia y prevención. Y es desde esa experiencia que cuestiona la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de entregar semanalmente las cifras de homicidios levantadas desde Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), pues señala que medir un lapso tan corto puede inducir a diagnósticos erróneos.
Chile atraviesa por una crisis de seguridad, empujada por la irrupción de bandas transnacionales de crimen organizado, lo que ha implicado un alza en los secuestros y extorsiones. Y si su tasa de homicidios era relativamente estable, de tres de estos delitos por cada 100 mil habitantes, en 2023 tuvo su peor registro, pues subió a 6,7, aunque el año pasado la cifra bajó a 5,4.
Según la subsecretaría de Prevención del delito que dirige Ana Victoria Quintana, repartición que depende del ministerio de Seguridad liderado por Trinidad Steinert, la entrega de un reporte semanal de los homicidios es por razones de transparencia. Y si bien Johnson destaca esa motivación, advierte que los homicidios son delitos complejos para ser medidos en un lapso tan breve pues tienen variaciones. Un ejemplo es que se concentran en los festivos, lo que implica que pueden tanto subir como bajar, dependiendo del contexto.
Y agrega un elemento clave: que hay ocasiones en que la baja de homicidios no necesariamente es un éxito, pues cuando una organización criminal tiene el control territorial, ya no necesita los homicidios: “Los periodos de mayor paz en zonas tomadas, es cuando el crimen organizado es más fuerte”.
R. ¿Qué efecto puede tener esta medida tomada por el Gobierno?
R. Supongo que buscar el efecto de transparencia y de percepción de que la institución está haciendo su trabajo. Pero los homicidios son muy complejos para mostrar datos semanales. De hecho, hace unos 10 años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su informe puso a Chile como ejemplo de país que tenía problemas no tener una cifra única, sino que distintas instituciones mostraban distintos números. Entonces, había una necesidad muy potente de unificar los datos.
P. Por eso surgió el Centro para la Prevención para los homicidios y delitos violentos en el Gobierno de Boric.
R. Sí, y el centro aunaba la información de las policías, con las del Ministerio Público y el Servicio Médico Legal, con informes semestrales de las cifra. Y eso es una muy buena noticia porque tenemos una cifra unificada que da cuenta de un acuerdo de la realidad delictual de este fenómeno. El problema de por qué no podemos tener cifras con mayor frecuencia es debido a que los homicidios cambian.
P. ¿Evolucionan?
R. Los homicidios en Chile son alrededor de 1.200 año y los robos y delitos contra la propiedad, son unos 600 mil. Entonces, las órdenes de magnitud hacen que los homicidios sean delitos menos estables. Puede ser que en una semana suban demasiado y, en otra, bajen.
P. Los fines de semana largo, suben.
R. Efectivamente. Se concentran en las vísperas de festivos: viernes y sábado, y en vísperas de un feriado que puede estar en medio de la semana. Entonces, cuando comparamos dos semanas, que pueden tener días feriados, tedremos tasas de homicidios radicalmente distintas. Y podemos sacar conclusiones apresuradas, como, por ejemplo, un incremento en las tasas de homicidios que están dadas más bien por una condición del entorno.
P. Además, hay homicidios en contexto de crimen organizado y otros no.
R. Y es muy difícil hacer esa apertura en un tiempo tan corto. En el informe del Centro de Prevención, sí tienen una apertura en las tipologías. Pero cuando entregas las cifras semana a semana, no es posible tener certeza de cuál es el ámbito en el que se están produciendo los homicidios.
P. ¿Qué tipo de movilidad tienen estos delitos?
R. Una lesión grave puede transformarse, más adelante, en un homicidio y ser reclasificado, y una muerte puede ser determinada después como un homicidio. Tampoco vamos a tener la clasificación [con los datos semanales] sobre el contexto en que ocurrió, y eso es fundamental para entender cómo podemos abordar ese delito. Es muy distinto un crimen en contexto de violencia intrafamiliar a uno de crimen organizado. Entonces, tampoco tendremos esa claridad para saber cuáles son las medidas que podríamos haber implementado y que podrían explicar una reducción.
Otro problema es que es difícil identificar políticas que tengan un impacto directo en la disminución de los homicidios.
P. ¿En qué sentido?
R. Por ejemplo, yo puedo patrullar en una esquina y medir cuántos delitos menos se cometen allí, pero los homicidos no son predecibles en el sentido de decir que mañana habrá uno, a diferencia de los hurtos. Es muy difícil definir cuál es la política pública que está mejorando el desempeño de los homicidios, sobre todo semana a semana, incluso, cuando son en contexto de crimen organizado. Esto está muy estudiado, en particular, en Colombia, donde había periodos de mucha calma de homicidios, pero eso no significaba que hubiese menos operación del crimen organizado.
P. ¿Es ‘peor’ la calma?
R. Cuando hay una organización que tiene el control territorial, ya no necesita los homicidios, por lo tanto, bajan. Los periodos de mayor paz en zonas tomadas, es cuando el crimen organizado es más fuerte y no está compitiendo con otras organizaciones, sino que hay una preponderante. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién le adjudicamos el éxito de una disminución de homicidios, y también si esa reducción es realmente un éxito. Evidentemente, que una muerte menos por ese delito es algo totalmente deseable, pero también hay que tener cuidado respecto a qué está generando esa baja. Y esto pasa en todos los Gobiernos.
P. Entonces ¿de qué sirve este reporte semanal?
R. Creo que hay otras cifras pertinentes para poder medir el desempeño de las instituciones y con un plazo, evidentemente, no semanal. Los homicidios no son el mejor instrumento para poder evaluar el impacto que están teniendo las políticas públicas o el desempeño del Gobierno o de las distintas instituciones en seguridad.
P. ¿Y cuáles sí son pertinentes?
R. Por ejemplo, mirar al Ministerio Público y ver cuántas sentencias condenatorias tiene en delitos graves; o a Gendarmería en reinserción social y ver cuántas personas se están escapando; cuántas tienen lesiones dentro de las cárceles; cuántos delitos se cometen en su interior y cuántas personas vuelven a cometer delitos una vez que son egresadas. Ahí hay cuatro indicadores rápidos que podrían medir el desempeño de Gendarmería. O en Carabineros, que tiene un rol preventivo, hay otras tasas que son más decidoras, pero no los homicidios. Y también en un periodo de tiempo más largo y no semanal, porque los datos inmediatos no van a estar lo suficientemente asentados, por lo que podemos tomar decisiones erróneas con respecto a eso.
P. ¿En políticas públicas?
R. Efectivamente. Cuando las medidas son muy cortas en el tiempo, las políticas públicas van a buscar tener impacto inmediato. Y en seguridad, cuando se busca eso, se van a tomar medidas que son reactivas. Por ejemplo, si quiero evitar que una persona se enferme de diabetes, al final solamente le voy a dar un remedio para que baje las condiciones hoy, pero no voy a evitar en un niño disminuir la obesidad infantil, porque eso es a largo plazo. Lo mismo pasa en seguridad: si trato de tener un impacto hoy día, las medidas que voy a tomar son de control o de persecución. Puedo poner iluminación y a Carabineros en la calle, que está bien y es muy útil, pero no voy a tener medidas que tengan un impacto más sostenible en el tiempo, como prevención temprana de involucramiento delictual y una mejor reinserción social.
P. ¿Cómo ha visto al Gobierno de Kast en seguridad?
R. Es poco tiempo…Estamos a la espera que exista una clara definición de cuáles son las políticas públicas que van a implementar. Han habido anuncios que estaban en la campaña, como el plan frontera norte y la persecución de inmigrantes irregulares, pero ahora hay que ver cómo se materializan. No hay todavía grandes anuncios de políticas públicas que nosotros pensemos que pueden hacer cambios relevantes, pero estamos a la espera de que esas noticias surjan, porque necesitamos saber cuál es el plan más profundo de cada una de estas medidas para poder evaluar y poder recomendar, que es nuestro papel como fundación. Al igual que consideramos que es precipitado entregar datos de homicidios semanalmente, también lo es hacer una evaluación de un Gobierno que tiene poco más de un mes de ejercicio.
P. ¿Y cómo vio al Gobierno de Boric? ¿Hubo un cambio con la llegada de Carolina Tohá a Interior, cuando ese ministerio estaba a cargo de la seguridad?
R. Hubo cambios que fueron muy pertinentes. Nosotros, como funación,fuimos empujadores del ministerio de Seguridad y si bien todavía está en proceso de implementación, lo importante es que cumpla el objetivo para el que fue diseñado: implementar políticas públicas basadas en evidencia. No más que eso. Y para ello, necesita hacer diagnósticos correctos y no inventar la rueda, sino implementar políticas que hayan sido exitosas en otros lados y tener la capacidad de evaluar el desempeño institucional. Además, del rol rector de las policías.
