Autores como Leila Guerriero y Martín Caparrós conversan sobre la literatura y el periodismo en el territorio
El desorden de América Latina | 50 Aniversario
América Latina es un territorio donde la realidad desafía cualquier intento de poner orden. Leila Guerriero, Juan Gabriel Vásquez, Martín Caparrós y Jorge Volpi conversan sobre cómo la literatura y el periodismo intentan entender y contar ese desbarajuste. Con la periodista de EL PAÍS Carmen Morán.
La violenta. La desigual. La caótica. Esos son algunos de los adjetivos habituales que aparecen en las conversaciones, las coberturas mediáticas y el imaginario colectivo al hablar de Latinoamérica (sobre todo fuera de Latinoamérica). ¿Es la región tal como la pintan? ¿Es posible simplificar las realidades que atraviesan un espacio geográfico en el que habitan más de 600 millones de personas? La respuesta corta es no. Así lo demostraron los columnistas de EL PAÍS Martín Caparrós, Leila Guerriero, Jorge Volpi y Juan Gabriel Vásquez en una charla moderada por la periodista de EL PAÍS Carmen Morán este viernes en el festival por el 50 aniversario del periódico en Madrid.
“Hay mucho más desorden en Europa que en América Latina y siempre lo hubo, pero se nos ha convencido de que América Latina es un lugar desordenado”, ha afirmado Caparrós, en respuesta directa al título del conversatorio, El desorden en América Latina, que se ha celebrado ante cientos de lectores y suscriptores que han abarrotado la Sala Azcona de Matadero Madrid. El nombre del encuentro ha servido como una provocación inicial, al que el escritor hispanoargentino ha dado la vuelta con la ironía y agudeza que caracterizan los textos que publica en este diario desde hace años. “Hay un prejuicio muy fuerte”, ha agregado Caparrós.
Las guerras, el auge de la extrema derecha y otros fenómenos que acaparan la cobertura informativa a diario están presentes también en “el mundo supuestamente civilizado”, ha subrayado el escritor y se ha preguntado por qué se presenta a menudo a Latinoamérica como un continente excepcionalmente violento y convulso. “Empecemos a poner las cosas relativamente en su lugar”, ha instado a la audiencia y a sus compañeros en el panel.
“América Latina es el equivalente a los adolescentes, solo sale en los diarios cuando tiene problemas”, ha señalado Guerriero. La periodista argentina ha puesto en el punto de mira las simplificaciones recurrentes al hablar de la región y el sesgo fatalista, a veces trágico, de las crónicas que se escriben desde y sobre ella. “Supongo que también es más fácil vernos así”, ha abonado, al tiempo que ha cuestionado la “mirada folclórica” y “los clichés” que predominan en esos relatos. “Pienso, por ejemplo, en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl y cómo todo mundo salió a decir ‘¡qué maravilla, que maravilla!“, ha contado ante las risas de los asistentes. ”Está muy bien que cante en español y todo, pero no tiene nada qué ver con nuestras realidades”, ha zanjado.
Guerriero también ha hecho un ejercicio de autocrítica y ha reconocido que ella misma ha incurrido en esos sesgos, en especial al plasmar realidades como la violencia de Estado o la inseguridad. Y ha invitado a abrir el abanico de historias que se cuentan. “Me gustaría un periodismo que contara más lo ordinario que lo extraordinario, cómo vivimos”, ha coincidido Caparrós. “La felicidad casi no tiene narrativa, es más difícil de contar”, ha complementado su compatriota. “Hay una responsabilidad también de quienes narramos Latinoamérica.
Volpi se ha sumado al reclamo de retratar la complejidad y evitar los lugares comunes, sobre todo en temas como el flagelo de la violencia y la desigualdad. “Se retrata a los carteles como estas fuerzas oscuras, gobernadas por un solo hombre y al mundo les encanta que existan personajes como El Chapo o El Mayo, o anteriormente Pablo Escobar... funciona narrativamente, pero la realidad es mucho más compleja”, ha apostillado.
El escritor mexicano ha ido un paso más allá y ha puesto sobre la mesa una pregunta que ha planeado permanentemente sobre la región y más allá de sus fronteras. “Hace muchos años que me pregunto siquiera si existe América Latina y qué significa”, ha planteado. Los columnistas han explorado la idea del hilo conductor que une a países tan diferentes como Uruguay o El Salvador, y han expuesto algunos elementos de esa base común, desde el lenguaje hasta ciertas fatalidades geográficas.
“La presencia de Estados Unidos marca a todo el continente”, ha afirmado Vásquez. El autor colombiano ha subrayado que la influencia estadounidense es uno de los “vasos comunicantes” que conectan el pasado y el presente común latinoamericano, muchas veces en resistencia a los embates de Washington, ahora magnificados por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La última intervención militar en Venezuela, el asedio sobre Cuba o el impulso a gobiernos conservadores y ultraconservadores son un testimonio reciente de que esa influencia es determinante para entender la región y cómo es percibida desde fuera.
“Creo que en España está cambiando poco a poco la perspectiva sobre nuestros países y hay un interés cada vez mayor”, ha afirmado la colombiana Olga Brito, de 55 años, una de las asistentes, al concluir la charla. “Hay una oportunidad para el resto del mundo de conocer todo lo que somos”, agrega. Durante cinco décadas, la vocación latinoamericana de este diario se ha volcado en narrar, entender y abrir el diálogo sobre la región, en un intento por que ambas orillas del Atlántico estén cada día un poco más cerca, como esta mañana en Matadero Madrid.
En el juicio por la muerte de Diego Maradona (1960-2020), los testigos que declararon este jueves avalaron las hipótesis que sostienen la acusación contra siete profesionales de la salud. “Ellos mataron al padre de mi hijo”, aseguró ante el tribunal Verónica Ojeda, expareja del Pelusa y madre de su hijo menor. También dio testimonio un médico del barrio donde Maradona cumplía internación domiciliaria: “La habitación estaba muy desordenada, dejada, sucia […] Menos elementos médicos había cualquier cosa”, describió Colin Campbell la situación que encontró cuando, aquel 25 de noviembre de 2020, fue convocado de urgencia para intentar reanimar al Diez.
El proceso oral y público que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, intenta determinar si el ídolo del fútbol argentino murió a causa del abandono y la desatención de quienes debían cuidarlo, mientras se recuperaba de una cirugía craneal. Los principales acusados de homicidio con dolo eventual son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y el enfermero Ricardo Almirón. También están imputados los médicos Pedro Di Spagna y Nancy Forlini, y el enfermero Mariano Perroni, designados por dos empresas de salud para supervisar la atención de Maradona.
La audiencia del jueves comenzó con la declaración de Ojeda, quien fue pareja de Maradona entre 2005 y 2014. Interrumpido por el llanto y la bronca, su testimonio recordó el estado de la casa en que el exentrenador de la selección argentina permaneció sus últimas dos semanas de vida. “La casa no estaba en condiciones para una internación domiciliaria”, dijo, “había mucha suciedad, la habitación de Diego estaba en muy mal estado. Había un olor terrible, no se podía estar”.
Después de escuchar mensajes y diálogos que constan en la causa, intercambiados por los acusados en aquel momento, y donde parecían menospreciar a la familia del paciente, señaló: “Todas las cosas que nos hacen estos asesinos hijos de puta. Toda la manipulación a la familia, porque a mí me decían una cosa y a las hijas otra para que nosotros nunca estemos unidos […] Toda gente podrida que quería sacarle cosas a Diego”.
“Ellos mataron al padre de mi hijo, que perdió a su papá. Mi hijo necesitaba estar con su papá más que nada. Él lo sigue padeciendo, llorando”, dijo sobre Diego Fernando, hoy de 13 años. Ojeda contó que, a una semana de su muerte, vio a Maradona en mal estado y les avisó a los médicos Luque y Cosachov. Según relató, volvió a verlo 48 horas antes del deceso. “Diego estaba en la habitación a oscuras, todo hinchado como una pelota, barbudo y con mucho olor”.
El segundo testigo de la jornada fue el cirujano plástico Colin Campbell, vecino del barrio San Andrés. Ante los jueces relató que, cuando fue convocado de urgencia, encontró a Maradona ya muerto y que las maniobras de reanimación no dieron resultado. “Estaba muy frío y con un edema muy importante”, dijo. “Pregunté si había otros elementos en la habitación, pero solamente pude usar mi estetoscopio y tensiómetro”, aseguró. “La habitación estaba muy desordenada, dejada, sucia. Había un baño químico a la derecha y un sillón de masajes en la izquierda. Menos elementos médicos, había cualquier cosa. No había botiquín, tubo de oxígeno, elementos de ningún tipo”, recordó.
Después de los testigos, habló por primera vez en el juicio el acusado Carlos Díaz. El psicólogo declaró que conoció a Maradona “29 días antes de su muerte” y que fue convocado para tratar sus adicciones por el abogado Matías Morla, quien oficiaba como apoderado del exfutbolista. “La primera imagen que vi me impactó porque me recordó a mi padre alcohólico”, dijo Díaz. Aseguró que Maradona padecía “un trastorno bipolar” y que inicialmente lo encontró bien, con deseos de recuperarse. “El 18 de noviembre fue un día bisagra porque Maradona echó a todos de la casa”, añadió luego, reforzando un argumento reiterado por las defensas, según el cual el paciente no se dejaba atender. “Yo no cobré un centavo por todo esto. Yo quería ayudar a Diego”, afirmó Díaz y resaltó los resultados del examen toxicológico: “Maradona terminó limpio con 23 días sin consumir. Me parte el alma eso. Estoy convencido de que se podía lograr, es lo que me da más bronca”.
La jornada terminó con una nueva declaración de Luque, otro de los acusados. En el juicio iniciado el año pasado, luego suspendido y anulado, el neurocirujano se había mantenido en silencio. En este segundo proceso, su estrategia cambió y no pierde oportunidad de hablar en las audiencias. “Yo no quiero responsabilizar a nadie penalmente porque mi teoría es que Diego muere durmiendo y lo voy a probar”, dijo el imputado a los jueces. De acuerdo con su hipótesis, la salud de Maradona no se estaba deteriorando desde los días previos, sino que el desenlace fue imprevisto. “No desconozco ser médico de Maradona, yo aclaro mi incumbencia”, señaló y precisó que no es “médico clínico, psicólogo y tampoco psiquiatra”. Luque aseguró “entender el dolor de los familiares”, pero puso en duda los dichos de Verónica Ojeda y responsabilizó a la familia del Pelusa por facilitarle alcohol. Presente en la sala, Ojeda le respondió con un insulto y la audiencia pasó a un cuarto intermedio, hasta el próximo martes.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el aumento del ingreso mínimo prometido a los trabajadores hace unas semanas. El monto sumará 240 dólares para los salarios y 70 dólares para las pensiones. Rodríguez no especificó, sin embargo, qué parte de los aumentos son bonificaciones de alimentación y otras que ha implementado el Gobierno.
Lo previsible es que este incremento del ingreso mínimo tenga un impacto en la base salarial de los venezolanos, cuyo mínimo está congelado en 130 bolívares, el equivalente a 0,27 centavos de dólar. Hace cuatro años ese salario suponía una ganancia de 30 dólares, pero la hiperinflación ha acabado reduciéndolo a monedas. Tras cuatro años sin aumentos, la mandataria había dicho que se haría un “aumento responsable”. “No habíamos podido tener un aumento de este nivel”, dijo Rodríguez. El ajuste es significativo para la precariedad que hay, pero sigue quedando por debajo del costo de la canasta básica familiar, que ronda los 700 dólares.
Este jueves los sindicatos intentaron por segunda vez llegar a Miraflores para reclamar un salario justo y exigir elecciones. La movilización fue bloqueada desde el comienzo. Los pocos manifestantes que lograron concentrarse fueron cercados en todos los flancos por cordones policiales que superaban en número a los manifestantes. El Gobierno también convocó a una manifestación para la que cerró por completo un sentido de la principal autopista de Caracas para ponerle en broche final a una serie de movilizaciones por el país en las que han pedido el fin de todas las sanciones contra Venezuela. Desde una tarima colocada sobre la vía, Rodríguez hizo el anuncio y también se refirió a la protesta.
“A quienes protestaron hoy, tienen razón. Tenemos que lograr que el salario vuelva a tener poder adquisitivo”, dijo Rodríguez y pidió a las inspectorías laborales escuchar las demandas de los trabajadores sobre las condiciones laborales. También prometió trabajar en una nueva convención colectiva “para el crecimiento económico en beneficio de los trabajadores”. “Es la hora de pensar qué vamos a hacer en el futuro, en el 2030, 2040 y 2050. He llamado a esta etapa el renacer de Venezuela; vamos a dejar atrás la década perdida producto de las sanciones”.
La composición del aumento no es un asunto menor y aún hay dudas sobre el impacto del anuncio. Los funcionarios públicos son un buen ejemplo de la ingeniería salarial en Venezuela, construida por el chavismo. Aunque todos ellos cobran el salario mínimo de 130 bolívares, cuentan con dos bonificaciones: 40 dólares para alimentación y 150 dólares del llamado “bono de guerra”. Eso sumaba un ingreso de 190 dólares que son distribuidos a través del Sistema Patria, la plataforma digital con la que el chavismo sustituyó el pago de la nómina. Las transferencias son electrónicas, en bolívares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela, aunque la economía se rige por el mercado paralelo. A partir de esta base, el incremento anunciado representaría 50 dólares adicionales para estos casos.
El esquema de remuneraciones a través de bonos que hace el Gobierno desde hace años es totalmente opaco. No todos reciben los mismos ingresos, ni se saben cuáles son los criterios para asignarlos. Este nuevo anuncio también está lleno de dudas. La mandataria no especificó en cuánto quedaría el salario mínimo como indicador base de la economía, pero señaló que también sería aplicado al sector privado.
Sobre las pensiones, Rodríguez dijo que el aumento de 70 dólares, que asegura representa un incremento del 40%, sigue siendo insuficiente: “No es suficiente, nos falta mucho y por eso pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos y abuelas”. En el anuncio fue acompañado por el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, quien informó que se suscribió un acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales con la firma tanto de sindicatos bolivarianos como de sindicatos de la oposición y representantes del sector empleador.
El empleo en México ha comenzado a mostrar los síntomas de una economía estancada. Los últimos datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre las cifras de trabajo muestran que los empleos formales, principalmente en el sector industrial, no crecen al ritmo deseado para un país con las características de México y que al mismo tiempo los trabajos informales no desaparecen, sino que siguen aumentando. Esta fotografía refleja la realidad del país que no consigue crecer más allá del 1% —el PIB de 2025 fue de 0,8%— debido a que el sector industrial atraviesa dificultades para seguir adelante e incentivar la inversión.
Esta semana el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, ha comparecido en la conferencia mañanera para defender la cifras de empleo. Bolaños destacó que 60 millones de personas en el país están ocupadas, como indica el Inegi, y que la población económicamente activa sin ocupación es del 2,4%, por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Es resultado de una economía que sigue generando oportunidades, permitiendo que más personas tengan acceso a un ingreso y mayor estabilidad para sus familias”, defendió en su mensaje ante la prensa. Sin embargo, su análisis evitó profundizar sobre el tipo de empleo que se está generando.
Existe un consenso entre los analistas económicos sobre que las cifras de empleo son, en general, estables como argumenta el Gobierno mexicano, sin embargo, apuntan a que la caída de la inversión en el sector industrial ha comenzado a mermar la creación de empleo formal. La incertidumbre por el futuro del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC) y las medidas arancelarias impuestas por la Administración de Donald Trump han presionado desde el inicio de 2025 a la industria. “Si bien se anticipa que el empleo podría retomar una senda de mayor crecimiento en lo que resta del año, este escenario depende en gran medida de una recuperación de la inversión y de un mayor dinamismo en la actividad empresarial. Hasta ahora, el entorno económico no ha favorecido estas condiciones, lo que ha limitado la creación de empleo formal y ha incidido en el cierre de empresas, particularmente de micro, pequeñas y medianas (mipymes)”, apunta el BBVA Research en un informe.
Los datos que ofrece el IMSS muestran que el empleo formal en México —aquel con contrato fijo y prestaciones— sigue creciendo, pero que cada mes su ritmo no es el adecuado para la cantidad de personas, la mayoría jóvenes, que se integran al mercado laboral. Según, el think thank de análisis económico México ¿cómo vamos?, ese paso debería de estar cercano a los 100.000 empleos nuevos al mes, algo que difícilmente ha ocurrido en el último año. “Nosotros vemos una desaceleración desde finales de 2024 sobre todo en la generación de empleo para la industria manufacturera”, señala Axel González, coordinador de datos de la organización.
Mientras esto ocurre en el sector formal, los datos del Inegi señalan que en el último año el empleo informal ha ido creciendo y se ha situado en el 54,8% a finales de marzo. Los analistas estiman que si las personas no están consiguiendo participar en el mercado laboral formal, lo están haciendo en el informal. Por ello, la tasa de desocupación se mantiene prácticamente intacta. “Que la tasa sea tan baja tiene que ver con lo amplio que es el sector informal en el país”, añade González. El florecimiento del trabajo informal en México ha sido una constante en las últimas dos décadas en México, no obstante aunque mantiene a un importante sector de la población con una ocupación e ingresos, estos empleos no tributan impuestos, ni suman significativamente al desarrollo económico del país. “La evidencia sugiere que, en un entorno de bajo dinamismo económico, aumentos sostenidos podrían estar contribuyendo a desalentar la formalidad o incluso a propiciar el desplazamiento hacia esquemas informales”, advierte el BBVA.
El sector industrial también se ha encontrado en los últimos años con un giro que, según argumenta el sector empresarial, ha afectado su capacidad para expandirse: el aumento del salario mínimo. Desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, el Gobierno mexicano emprendió una serie de alzas históricas al salario mínimo que ya han acumulado un crecimiento del 135%. La medida fue aceptada por el empresariado pero con ciertas reservas sobre su impacto en la industria. Algunas firmas en el norte del país, principalmente dedicadas a la manufactura, han optado por echar el cierre y relocalizar sus fábricas en otros países, argumentando que su capacidad financiera no es la suficiente para cubrir los nuevos sueldos. “Uno de los factores que podría estar incidiendo en esta dinámica de cierre de microempresas es la política de incrementos al salario mínimo, que si bien ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, al mantenerse en ritmos elevados y en un contexto de bajo crecimiento de la demanda y productividad, podría estar comenzando a generar presiones adicionales sobre los costos laborales”, indica el análisis del BBVA Research.
La incertidumbre económica ha empezado a tocar de diversos sectores y se refleja de alguna forma en las mediciones de los indicadores, como el empleo. Aunque para 2026, el Gobierno mexicano auguraba una recuperación significativa por el impulso de diversas medidas económicas desde el Estado y el cierre de la revisión del TMEC en julio, la guerra en Oriente Medio y la volatilidad generada por esta ha complicado el futuro de la economía mexicana. Este jueves, el Inegi hará público el PIB del primer trimestre de 2026, un dato que en los últimos meses ha mostrado la debilidad del sector industrial, que es uno de los que tiene mayor peso en el desarrollo económico del país. El mercado estima que el PIB se sitúe a la baja en -0,5%, según un sondeo de Reuters.
El Gobierno mexicano anunció el lunes 27 de abril una medida para disminuir las comisiones que pagan las gasolineras cuando sus clientes compran con tarjeta de crédito, débito o vales. La estrategia ha sido presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y consiste en un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La iniciativa pretende eliminar la llamada “cuota de intercambio”, un cargo que los bancos cobran a las gasolineras por procesar cada pago electrónico. Esta cuota representa el 80% del total de la comisión que actualmente enfrentan las estaciones de servicio. Al desaparecer este cobro, el costo de operar con pagos digitales baja de forma sustancial para los establecimientos y se espera que ese ahorro se traslade al precio final del combustible.
En el caso de los vales de gasolina —usados principalmente por flotillas de transporte y logística—, las empresas emisoras aplicarán un descuento de un peso con 10 centavos por transacción.
La reducción de comisiones planteada por el Gobierno mexicano entrará en vigor este viernes 1 de mayo y tendrá vigencia al 31 de octubre de 2026. La presidenta Sheinbaum ha adelantado que existe la posibilidad de extender la medida más allá de la fecha propuesta, dependiendo de la evolución de los precios internacionales del petróleo y el avance en la digitalización de pagos en México.
La propuesta ha surgido frente al alza de los precios internacionales del crudo, impulsada por la tensión en Medio Oriente. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ha señalado que la reacción del Gobierno mexicano fue rápida ante la posibilidad de que los combustibles registraran incrementos significativos.
La presidenta de México ha afirmado que, sin la intervención del Gobierno, la gasolina ya estaría por encima de los 30 pesos por litro. “Ese incremento que se provoca con lo internacional, el Gobierno está apoyando para que no se incrementen los precios de los combustibles, cuánto está apoyando, como unos 2.500 millones de pesos semanales”, ha dicho el lunes desde su conferencia en Palacio Nacional.
La mandataria ha subrayado que si bien el ahorro por transacción puede parecer pequeño —alrededor de 2,57 pesos en una compra promedio—, el impacto es significativo al tomar en cuenta el volumen de millones de operaciones diarias. Asimismo, el precio del diésel es crucial en esta estrategia debido a su efecto en la cadena de distribución de mercancías.
Además del alivio en los precios de las gasolinas, la medida pretende reducir el uso de dinero en efectivo en las gasolineras y casetas de cobro en el largo plazo. De acuerdo con el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, los pagos digitales son más transparentes y tienen menores costos. El acuerdo para la digitalización de los pagos también involucra al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de las empresas emisoras de vales.
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Un decreto presidencial permite disminuir la edad requerida para tramitar la pensión por jubilación y adelantar el retiro para algunos trabajadores al servicio del Estado. La medida establece una reducción progresiva de la edad mínima para la jubilación, y otorga una ventaja particular para las mujeres.
El decreto se dirige a quienes cotizan bajo el régimen Décimo Transitorio del ISSSTE, es decir, aquellos empleados que se encontraban activos cuando entró en vigor la Ley del ISSSTE de 2007, y que optaron por mantenerse en el régimen modificado, sin aceptar los bonos de pensión disponibles en ese momento.
El esquema gradual permitirá a las trabajadoras retirarse desde los 53 años, mientras que para los hombres la edad mínima será de 55 años a partir de 2034. La política reconoce la doble jornada laboral que enfrentan históricamente las mujeres, razón por la cual ellas acceden al retiro dos años antes que sus compañeros en cada etapa del calendario.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que para ser elegibles, los trabajadores deben cumplir con tres condiciones simultáneas: pertenecer al régimen Décimo Transitorio, haber estado activo al momento de la entrada en vigor de la Ley del ISSSTE de 2007 y no haber optado por los bonos de pensión del organismo durante la transición.
Asimismo, los años de cotización requeridos permanecen sin cambios: 30 años de servicio para hombres y 28 años para mujeres. El beneficio aplica exclusivamente para la modalidad de pensión por jubilación. Quedan excluidas la pensión por edad y tiempo de servicio, así como la pensión por cesantía en edad avanzada.
La disminución de la edad mínima se implementa por etapas de tres años cada una, conforme al siguiente esquema publicado en el DOF:
Para el año en curso, la edad mínima vigente es de 56 años para mujeres y 58 años para hombres.
Los trabajadores que ya cuentan con los años de servicio requeridos (28 para las mujeres y 30 para los hombres) y han alcanzado la edad establecida para 2026 pueden iniciar su trámite directamente ante las oficinas del ISSSTE. El decreto otorga certeza jurídica a los trabajadores del régimen anterior y pretende un avance en las condiciones de acceso a una pensión digna para quienes dedicaron décadas de trabajo al servicio público.
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sufrido este miércoles un duro golpe de parte de los senadores, cuando faltan menos de seis meses para las elecciones. El Senado dijo ‘no’ al nombre que había propuesto para ocupar una plaza vacante en el Tribunal Supremo Federal. Es algo que no ocurría desde 1894, hace más de 130 años. Normalmente, el Senado ratificaba, con más o menos esfuerzo, el nombre que llegaba desde el Palacio del Planalto, pero no ha sido así esta vez. El candidato en cuestión era Jorge Messias, un jurista de 46 años, evangélico que integró el Gobierno como abogado general de la Unión y que llevaba años labrándose la confianza del presidente.
El portazo a Messias es una señal de alarma para Lula, cuya legendaria capacidad de movilización y de tejer alianzas queda en entredicho. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, maniobró en la sombra pidiendo votos contra el candidato de Lula, contrariado porque el presidente no escogió a su favorito para el Supremo. Como telón de fondo están los difíciles equilibrios de gobernabilidad de Lula, en minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que le obliga a hacer continuas concesiones (ministerios, altos cargos, pedazos del presupuesto) a cambio de apoyos y genera un constante clima de celos, frustraciones y deseos de venganza.
Ahora, los puentes con el mandamás del Senado están rotos, algo especialmente peligroso a las puertas de la campaña electoral, justo cuando Lula más necesita al Congreso para sacar adelante leyes como la que reduce la jornada laboral y acaba con el esquema 6×1, seis días seguidos de trabajo y uno de libranza. Lo necesita más que nunca. Su popularidad está en horas bajas y las encuestas apuntan que está empatado con el principal candidato de la derecha, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.
Desde los pasillos del Senado, Flávio no tardó en celebrar la derrota de Gobierno: “Día histórico para Brasil, (…) el Gobierno Lula se acabó, no tiene gobernabilidad, ya no tiene el respeto de nadie, está cosechando todo lo que plantó en tres años y medio de desgobierno, de maltratar la política, de desdeñar la política, de intentar gobernar usando el Tribunal Supremo”, dijo en sus redes sociales.
Messias fue rechazado con 42 votos, con 34 favorables y una abstención. El ministro de Lula necesitaba el apoyo de 41 de los 81 senadores, la mayoría absoluta. Ahora Lula tendrá que intentar reconstruir el diálogo con el Senado, pensar en alguien que pueda pasar el filtro, y hacerlo rápido. La oposición confía en que no lo consiga, que la plaza quede vacante y que el responsable sea el presidente que salga de las urnas en octubre.
En lo que va de legislatura Lula colocó a otros dos jueces en el tribunal que vela por el cumplimiento de la Constitución: el abogado que le sacó de la cárcel y el que fuera su ministro de Justicia. En ambos casos fueron premios a la fidelidad y apuestas por alguien de confianza. Messias, que ya transitaba por los pasillos del Palacio del Planalto en tiempos de Dilma Rousseff, también encajaba en ese perfil. Además, tenía a su favor que era evangélico, miembro activo de la Iglesia Bautista Cristiana de Brasilia, algo que podría haber seducido a los senadores conservadores.
A lo largo de la audiencia en que fue interrogado por sus señorías durante ocho largas horas, Messias se definió como “siervo de Dios” y aseguró estar “absolutamente en contra del aborto”, aunque también defendió el Estado laico y que la Constitución se interprete desde la fe, pero no a través de la fe. Las continuas referencias religiosas no bastaron para agradar a los senadores, que aunque seguramente no tenían nada personal contra el jurista ya habían decidido que era más estratégico propinar un golpe al Gobierno Lula.
El Gobierno de Javier Milei recorta el presupuesto y los salarios de las universidades públicas mientras, a la vez, cuestiona a los sindicatos docentes del sector por organizar medidas de fuerza e intima a las casas de estudios a garantizar las actividades educativas. La respuesta de la comunidad académica ha sido un nuevo paro que afecta a numerosas universidades, incluida la mayor de Argentina, la UBA, así como la convocatoria a una marcha federal para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada el año pasado y hasta ahora desconocida por el Ejecutivo ultra.
“Es perverso que se les destine a las universidades la mitad de los recursos y se les exija el normal funcionamiento. Empiecen por cumplir la ley”, reclamó Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que representa a las casas de estudios superiores del país.
El superávit fiscal alcanzado por el Gobierno de Milei se basa, en su mayor parte, en el ajuste de los fondos destinados a pensiones para jubilados, obras públicas, salud, educación y otras áreas y servicios a cargo del Estado. En el caso de las universidades nacionales, sus recursos han sufrido “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026”, según los cálculos del CIN. En el mismo lapso, los salarios del personal de las universidades enfrentaron “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”.
Los sindicatos de profesores y demás trabajadores universitarios están realizando huelgas, clases públicas y otras protestas desde el comienzo del año. Con apoyo de las autoridades académicas y de las federaciones estudiantiles, reclaman los aumentos salariales y presupuestarios previstos en la ley de financiamiento vigente, que contempla una actualización por inflación. La ley fue apoyada en el Congreso por un amplio consenso opositor. Milei la vetó y los legisladores la ratificaron.
“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país”, señaló el Ministerio de Capital Humano, del que depende el sistema educativo. En un comunicado, la cartera a cargo de la ministra Sandra Petovello agregó que “ha intimado a los rectores de las universidades nacionales a que informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes” que “son víctimas de los paros”. Les reclamó la puesta en marcha de “modalidades alternativas” para “recuperar el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones”.
Desde el CIN, los rectores le respondieron al Ejecutivo que “las universidades permanecen abiertas” y operando “en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias”. Pero advirtieron sobre “el flagrante incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la ley de financiamiento universitario”, de donde deriva “la situación de tensión que atraviesa el sistema”. Y destacaron que “las universidades nacionales no son la causa de esta crisis; son, por el contrario, instituciones que sostienen, con enorme esfuerzo cotidiano de su comunidad, el funcionamiento del sistema aun en un escenario de extrema precariedad como el actual”.
También los sindicatos de profesores y de trabajadores no docentes rechazaron la declaración del Gobierno y lo acusaron de llevar adelante, “desde el primer día de su mandato […], una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las universidades públicas”. “Pretende restringir el derecho constitucional de las y los trabajadores a ejercer su derecho a huelga y transferirnos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación”, agregaron los gremios Aduba, UTE, Feduba y Apuba, que llamaron a una huelga de 24 horas para este miércoles en la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras durante toda la semana se cumple un paro nacional organizado por la federación Conadu Histórica.
A su vez, todos los sindicatos de docentes y no docentes del país ratificaron la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria, la cuarta desde que asumió Milei, para el 12 de mayo.
El Gobierno ultra se niega a aplicar la ley de financiamiento universitario porque, sostiene, atentaría contra su objetivo de sostener el superávit fiscal. Este miércoles, ante las preguntas de legisladores opositores, el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, argumentó que “el Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever su fuente de financiamiento”, como estipula normativa previa, y que “no puede ejecutarse” al haberse incumplido esa “condición básica de operatividad”.
Las universidades nacionales han recurrido a la justicia y, en marzo pasado, obtuvieron un fallo de segunda instancia confirmando una medida cautelar que ordena actualizar y recomponer los salarios universitarios y las becas estudiantiles. El fallo original objetó el argumento del Gobierno y sostuvo que una ley posterior puede desplazar una anterior, incluso en cuestiones presupuestarias. El trámite judicial continúa abierto: el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario apelando ante la Corte Suprema y los tribunales federales aún no resolvieron si lo aceptan o rechazan.
El presidente Gustavo Petro ha asistido este miércoles a la presentación del libro Diario de una transición histórica (Planeta, 2025), escrito por su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En la conversación que ha tenido el mandatario con Raquel Serur, subsecretaria mexicana para América Latina y el Caribe, ha comentado diversos temas como la equidad de género en el poder público, la transformación de la izquierda latinoamericana o la necesidad de convertir la región en un “faro para la humanidad”.
Petro ha hecho una larga reflexión sobre la “segunda ola” del progresismo latinoamericano que representan figuras como él o Sheinbaum. El colombiano considera que su distinción frente a distintos líderes de la izquierda clásica es querer perpetuarse en el poder. “El poder es una droga, transforma a la persona y quizá a mí mismo. Por eso el paso debe ser rápido; si no, una persona se degrada y eso lleva al crimen, al genocidio y hacia el autoritarismo sobre el pueblo”, ha examinado, sin dar ejemplos concretos.
El mandatario ha recalcado que no veía “correcto” buscar una reelección —prohibida por la Constitución colombiana—, pero ha considerado que ha seguido la estela de Andrés Manuel López Obrador en este aspecto. “Había que dejar un mensaje de que las transformaciones se pueden hacer sin que la figura más determinante permanezca en el poder”, ha añadido.
Así como hizo López Obrador, Petro busca la reedición de su proyecto político en cuerpo ajeno. El mexicano dio su voto de confianza a Sheinbaum, mientras que el colombiano da su respaldo a Iván Cepeda, actual senador y, según las encuestas, el candidato más opcionado a ser elegido presidente en los próximos comicios de mayo y junio (en una eventual segunda vuelta).
Diario de una transición histórica documenta precisamente el periodo entre el fin de la era López Obrador y el inicio de la era Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. En el volumen, relata su experiencia al recorrer todos los Estados mexicanos en compañía del presidente saliente y recalca que, pese al importante liderazgo del fundador de Morena, él solo es un punto de partida. “Él es el origen. Nosotros, la continuidad”, escribe Sheinbaum.
Petro, que publicó en 2021 sus memorias Una vida, muchas vidas (Planeta), ha destacado la relevancia de las obras biográficas de los líderes políticos. “Si no se entregan testimonios, se tiende a cometer los mismos errores y estos traen las mismas consecuencias. Esas experiencias concretas pueden transmitirse en lo que resultó bien y no tan bien para un próximo gobierno o para que una próxima generación pueda tomar las lecciones”, ha manifestado.
En un auditorio lleno, el presidente no ha desaprovechado la oportunidad para hablar de temas locales. Por un lado, ha defendido su política ambiental, enfocada en la transición energética. En esta lucha, se considera a sí mismo un pionero. “Ha sido difícil llevar dentro de los progresismos latinoamericanos la discusión de alejarse de los combustibles fósiles. Lula, México, Bolivia… aún pretenden no encuadrar esa idea de sociedad descarbonizada con sociedad democrática”, ha indicado. Y ha lanzado un guiño a la mexicana: “Hoy, quizás los dos movimientos que mejor pregonan estas ideas fuera de los movimientos indígenas son Claudia y el gobierno colombiano actual”.
En otro momento, ha sacado pecho por su partido, aunque sin mencionarlo directamente. Al hablar de paridad de género y la lucha de las mujeres —otro tema central del libro de Sheinbaum—, ha resaltado que el Pacto Histórico fuera a las elecciones legislativas con una lista paritaria, alternada entre hombres y mujeres. “Eso debería ser para todos y la mitad del Congreso debería estar con mujeres. Que no sea el techo, sino el piso”, ha instado. Solo 3 de cada 10 escaños en el próximo Congreso estarán ocupados por mujeres. La lista del partido oficialista, que está lejos de ser mayoría, compone el 41% de toda la participación femenina en el Senado.
El izquierdista ha cerrado su intervención con una alusión a la oportunidad que tiene la región para ser más decisiva como región en el concurso de naciones. “Europa está perdida, las sociedades están desesperanzadas y pasan a la extrema derecha. América Latina empieza a ser un faro para Europa y estoy convencido de que los pueblos en Estados Unidos también nos empiezan a mirar”. Cree que el primer paso ocurrió a mediados de abril durante la cumbre progresista en Barcelona, en la que se reunió con Sheinbaum, con Lula o con el español Pedro Sánchez. “América Latina puede ser un faro de la humanidad, que vive bajo misiles y oscuridad. Nosotros tenemos esperanza”.