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El vicefiscal general de Sinaloa, Damaso Castro, ha pedido licencia de su cargo este martes tras la acusación de Estados Unidos de estar vinculado con el crimen organizado. El funcionario recoge así el guante de la titular de la Fiscalía, Claudia Zulema Sánchez, quien había justo confirmado que estaba estudiando apartarlo de su puesto mientras se realizaba la investigación. Castro aparece en el expediente del Departamento de Justicia de EE UU como una de las 10 figuras que trabajaban para el Cartel de Sinaloa. En el momento de la acusación, cuatro de ellos estaban entonces todavía en activo: Castro, el gobernador Rubén Rocha Moya, y sus alfiles Enrique Inzunza, senador de Morena, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán. Ya solo falta el congresista por apartarse del cargo.

Siguen las réplicas del terremoto originado por la acusación Estados Unidos contra Guzmán Salazar. Dentro de su investigación contra Los Chapitos —la facción liderada por los herederos del Joaquín El Chapo Guzmán—, la justicia estadounidense reveló 10 nombres, “todos ellos funcionarios actuales o antiguos del Gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa”, que presuntamente protegieron a los líderes del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales. Además, el expediente sostiene que los acusados también facilitaron a los criminales información sobre operativos a cambio de sobornos millonarios.

Damaso Castro, que es vicefiscal estatal desde 2021, utilizó su cargo para “informar a Los Chapitos de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los Estados Unidos”, según el Departamento de Justicia, que incluye entre los avisos aquellos operativos que iban contra los narcolaboratorios. “De modo que estos pudieran destruir o trasladar las pruebas de las actividades de tráfico de drogas antes de dichas operaciones”, se lee en el expediente, que resume que el funcionario ha protegido a Los Chapitos “para que no fueran detenidos”.

La acusación especifica que Castro recibía un soborno de 200.000 pesos cada mes (casi 11.000 dólares). Esto según unas listas, en poder del Departamento de Justicia, en el que el vicefiscal es identificado con el nombre de Culiacán Regio. Estados Unidos describe en el documento cómo funcionaba la red: “El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes”.

En esa lista aparece Castro y también los exdirectores de la Policía de Investigación de la Fiscalía Marco Antonio Almanza y su sucesor Alberto Jorge Contreras —denominados R1 en la lista, según EE UU— quienes recibían 300.000 pesos mensuales; el exdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, que ingresaba 100.000 pesos, y el exsecretario de Seguridad de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, que se llevaba 30.000 pesos. Todo esto según la acusación, que sostiene que los funcionarios “han permitido a los Chapitos traficar con toneladas de narcóticos y cometer actos de violencia masiva con total impunidad”.

No es la primera vez que el vicefiscal salta al escrutinio público. Castro fue muy cuestionado cuando en agosto de 2024 presentó, junto a la entonces fiscal de Sinaloa Sara Bruna, un video en el que supuestamente se mostraba el asesinato en una gasolinera de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, enemigo de Rubén Rocha y pieza clave en el caso de Ismael El Mayo Zambada. Con la divulgación de esa grabación, la Fiscalía estatal buscaba apuntalar su versión de que Cuén fue asesinado al tratarle de robar su coche. Esta línea de investigación fue rechazada después por la Fiscalía General de la República (FGR), quien confirmó que el video mostrado era un montaje y que el exrector fue asesinado en la misma finca donde fue secuestrado El Mayo el 25 de julio de 2024, con la intención de enviarlo a EE UU.

Este escándalo le costó el puesto a la fiscal Sara Bruna, sin embargo, no a Damaso Castro, quien de hecho se postuló para sustituirla y fue incluido por Rubén Rocha en la terna para ser fiscal de Sinaloa. El Congreso estatal eligió a Claudia Zulema Sánchez, quien ratificó a Castro en su cargo de vicefiscal. Tras ser nombrada, Sánchez afirmó que iba a revisar cómo se integró la carpeta de investigación por el asesinato de Cuén para deslindar irregularidades y responsabilidades. “Hasta la fecha se desconoce en qué concluyó la investigación que la fiscal inició hace dos años”, recoge el reconocido semanario Río Doce. Ahora, la fiscal ha pedido respetar “la presunción de inocencia” de Castro porque la investigación —otra— está todavía en curso.

Tras meses de negociaciones, México cederá ante las peticiones del Gobierno de Donald Trump en materia aeronáutica. El secretario de Transporte de EE UU, Sean Duffy, declaró este martes que México ha abordado el puñado de preocupaciones estadounidenses respecto al acuerdo aéreo bilateral de 2015. Garantizará que las aerolíneas estadounidenses tengan acceso justo para operar franjas horarias, denominadas slots, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). Esa decisión abre la puerta a que Washington quite el veto al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y reactive las 13 rutas que canceló en octubre de 2025 como protesta por el supuesto incumplimiento de su vecino del sur en este sector.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, priorizamos los intereses de Estados Unidos y hacemos cumplir nuestros acuerdos de transporte aéreo en todo el mundo. Al exigirle a México que rinda cuentas, finalmente ha accedido a cumplir con el acuerdo y cesar sus prácticas anticompetitivas. Este es un paso en la dirección correcta, pero necesitamos ver que estas promesas se traduzcan en acciones. Hasta entonces, nuestra restricción a las aerolíneas mexicanas se mantendrá vigente”, ha indicado, Sean P. Duffy, secretario de Transporte estadounidense (DOT). El acuerdo tiene lugar a menos de dos meses del Mundial de Fútbol 2026, a celebrarse en ambos países.

Estados Unidos argumenta que México no ha cumplido con el acuerdo bilateral desde 2022, cuando rescindió abruptamente los slots de las aerolíneas estadounidenses y obligó a sus empresas de carga aérea a reubicar sus operaciones en el AIFA. “Al restringir los slots y exigir que las operaciones de carga se trasladaran fuera de Ciudad de México, incumplió su promesa, desestabilizó el mercado y dejó a las empresas estadounidenses con millones de dólares en costos adicionales. En respuesta a este incumplimiento, el Departamento tomó medidas regulatorias para eliminar 13 rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, congelar el crecimiento de los servicios combinados de aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el AICM y prohibir que las aerolíneas de pasajeros mexicanas transporten carga”, detalló el Departamento de Transporte estadounidense.

Para EE UU el memorando de entendimiento con México es un primer paso, sin embargo, la parte crucial será la implementación de los compromisos y reformas establecidos. “México se comprometió, entre otras cosas, a llevar a cabo un proceso de declaración de capacidad conforme a las mejores prácticas internacionales, garantizar que las aerolíneas estadounidenses tengan acceso justo y transparente para solicitar y operar franjas horarias en el AICM y modificar sus políticas de franjas horarias para alinearlas con las mejores prácticas internacionales. México debe implementar las reformas antes de que el Departamento de Transporte pueda reconsiderar las restricciones impuestas a las aerolíneas mexicanas”, abunda.

Las autoridades mexicanas informaron, además, que la negociación se avanzó en la inclusión del AIFA en el Acuerdo de Transporte Aéreo firmado con EE UU. En materia de carga aérea, también se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo a la infraestructura aeroportuaria del AICM y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países. “Se conformará un grupo de trabajo bilateral que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en EE UU”, indica la Secretaría de Transportes de México.

La aerolínea bandera del país latinoamericano, Aeroméxico, celebró el avance de las negociaciones con Estados Unidos. La empresa aseguró que este diálogo binacional será en beneficio de la industria nacional. Por otra parte, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) afirmó, por escrito, que era la ruta correcta para lograr retomar la competitividad de la industria aérea mexicana.

El memorando preliminar entre México y EE UU llega solo una semana después de que la congestionada terminal capitalina elevará sus operaciones por hora de 44 a 46. La orden de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio el visto bueno a esta ampliación de vuelos tras considerar las obras de remodelación del aeródromo. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la medida es temporal para los periodos de verano e invierno de 2026, pero podría aplicarse en temporadas subsecuentes. Con esta orden, el Gobierno de Claudia Sheinbaim da un giro a la política de reducción de vuelos implementada en el sexenio anterior en el AICM. Este aeródromo recibe más de 44 millones de pasajeros cada año, mientras que su vecino el AIFA apenas rebasa los siete millones de viajeros anuales.

¿Sabes distinguir una idea corriente de una que se sale de lo común? ¿Qué hace que una conversación genere creación y no sea ruido? ¿Cómo saber si lo que producimos es lo uno o lo otro?

Hace unos días estaba en Barranquilla, en clase con estudiantes de comunicación de la Universidad del Norte, hablando de liderazgo. Les propuse pensarlo distinto, no como gestión ni como autoridad, sino como la creación de una obra de arte. La voz propia —la que se forma con años de pensar, de dudar, de afinar— como la creación más sofisticada que un líder puede ofrecer.

Entonces lancé la provocación. ¿Cómo se identifica un texto escrito con inteligencia artificial? No por los errores. Por lo contrario. Por la corrección sin rastro, por la ausencia de pregunta, por esa textura sin aristas donde todo está bien dicho y nada está realmente pensado. Un texto sin alma no falla. Simplemente no arriesga.

La inteligencia artificial produce lo probable, el promedio bien calculado, la frase que nadie objetaría. Lo que hace, lo hace bien. Pero no puede dar lo propio. Porque lo propio no se promedia. No nace del reconocimiento de patrones, sino de su ruptura. Lo probable llega rápido. Lo propio tarda.

Y, paradójicamente, incluso para sacarle provecho a la inteligencia artificial se necesita criterio. No basta con una pregunta genérica, hay que retarla con matiz, con giros, con contexto. Porque el contexto no es un dato que se agrega sino una lectura afinada del entorno, una construcción que complejiza en vez de simplificar. Sin él, hasta la mejor herramienta devuelve lo genérico.

Ahí aparece la sofisticación.

Sofisticarse no es complicarse. Es refinar. Es trabajar una idea hasta que encuentre su forma exacta, su ritmo. Richard Sennett, en El artesano, sostiene que el oficio bien aprendido exige una relación lenta y honesta con el material.

Ortega y Gasset decía que lo elegante no es lo que más brilla, sino lo que no sobra. Elegancia es forma lograda, resultado de un trabajo silencioso que ha quitado lo innecesario hasta dejar lo esencial en su punto justo.

Claro que la sofisticación tiene su trampa. Puede volverse pose, distancia, pretensión. La diferencia está en si el trabajo apunta hacia afuera para impresionar o hacia dentro para precisar. La sofisticación verdadera no muestra el esfuerzo. Solo deja la huella.

Por eso, en tiempos donde lo común se multiplica sin fricción, sofisticarse es casi un acto de resistencia. No se trata de saber más sino de pensar de otra manera. De tener un tono, una voz, un brillo que no se confunde con el de nadie.

Sofisticarse es una decisión que se toma cada vez que uno no se conforma con la primera versión, que le exige más a una idea antes de soltarla, que sabe que una voz propia no se descarga: se construye.

Al final, liderar se parece a eso: sostener el rigor de una voz que ha sido pensada, madurada y hecha propia. Despacio. Con oficio. Sin atajos.

Tras semanas de especulaciones, este lunes se han formalizado las jubilaciones y las renuncias de 10 magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Sus cargos serán ocupados por suplentes mientras la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, ya ha iniciado el proceso legislativo para nombrar a los nuevos jueces del máximo tribunal del país.

El Supremo seguirá, de momento presidido por Caryslia Rodríguez, que también dirige la Sala Electoral. La misma presidenta que, en plenas protestas por los indicios de fraude en las elecciones de 2024, validó la victoria de Nicolás Maduro mientras se desataba la represión.

La renovación de tantos magistrados a la vez está orientada a eliminar la influencia que tenían Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sobre los tribunales y los poderes públicos locales. El anuncio es una de las patas de la política de renovación institucional que está llevando a cabo el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, en el que fueron capturados Maduro y Flores.

Por la vía de la jubilación, quedan relevados de sus cargos Edgar Gavidia, primer vicepresidente del TSJ y pariente de Cilia Flores, que será sustituido por Elías Bittar hasta que se nombre al titular. También salieron Luis Damiani y Maikel Moreno —amigo de Flores y expresidente del TSJ—, así como Henri Timaure, Carmen Alves y Elsa Gómez, de la Sala de Casación Civil, y Juan Carlos Hidalgo y Malaquías Gil, ambos de la Sala Político Administrativa.

Además de los diez cargos que se liberan, hay otras vacantes acumuladas que también deben ser cubiertas. Una de ellas es la de Carlos Alexis Castillo, a quien la presidenta encargada sumó el mes pasado a su gabinete como ministro de Trabajo. Desde 2024 hay también dos huecos en la Sala Constitucional por nombramientos de magistrados como embajadores: el de Gladys Gutiérrez, enviada a Madrid ese año y luego jubilada, y el de Calixto Ortega, quien apenas tres meses después de ser reelegido como magistrado por la Asamblea Nacional chavista fue nombrado representante de Venezuela ante la Corte Penal Internacional en 2020, cargo que dejó en 2024 sin reincorporarse al tribunal.

A esas vacantes se suma la de Bárbara César Siera, que dejó su plaza ese mismo año sin mayores explicaciones, pese a llevar una década en el cargo. El TSJ declaró su “falta absoluta” e incorporó al suplente tras la detención de dos de sus hermanos, ambos militares señalados de conspiración, según un reporte de Transparencia Venezuela.

El nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia no ha generado ninguna expectativa de renovación institucional real ni necesariamente abre la puerta a imaginar una transición democrática. Se especula con que los nuevos jueces estarán más alineados que nunca con el estilo y los objetivos de Delcy Rodríguez, comprometidos con la continuidad del proyecto revolucionario en el poder. El patrón ya se vio con los nombramientos de Larry Devoe en la Fiscalía y Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo, designaciones en las que el criterio de independencia tampoco prevaleció, nombrados durante un proceso en el que no ha prevalecido el criterio de la independencia.

Para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano que canalizará las candidaturas en la Asamblea Nacional, se han registrado 94 personas hasta el cierre de la convocatoria la semana pasada. El cuerpo estará integrado por 11 diputados y 10 representantes de los sectores de la sociedad civil. De los aspirantes, según la ley, se revisarán las credenciales académicas, trayectoria profesional y la ausencia de antecedentes penales o sanciones administrativas.

Como máximo tribunal del país, el TSJ fue una pieza clave para neutralizar los intentos de la oposición de llegar al poder por la vía electoral. En 2017, una sentencia dejó sin funciones constitucionales a la Asamblea Nacional elegida el año anterior, donde la oposición tenía mayoría tras una victoria aplastante, bajo el argumento de que el parlamento estaba “en desacato constitucional” por sus enfrentamientos con Maduro.

Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, el tribunal volvió a ponerse al servicio del régimen cuando la oposición denunció fraude. La Sala Electoral organizó entonces un acto protocolar en cadena nacional en el que unos supuestos “técnicos” autenticaron las actas y dieron por válida la discutida victoria de Nicolás Maduro, ignorando las actas alternativas que la oposición decía tener en su poder. Todo ello mientras el régimen desplegaba una feroz represión contra activistas opositores.

Grupo Ollamani, escindido de Televisa y propietario del Club América y del Estadio Azteca, sigue resintiendo la carga de ser sede de la Copa del Mundo por tercera ocasión. Luego de perder una batalla legal de un año y medio contra los dueños de palcos y plateas del recinto, la empresa ha tenido que asumir ante la FIFA el costo de esos 15.000 lugares: 62,4 millones de dólares (unos 1.000 millones de pesos), para que los propietarios puedan usar y acceder sin costo a todos los partidos del torneo, que inicia en 38 días. Así lo informó la empresa en su reporte anual publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, donde detalló que deberá desembolsar la cifra antes de este 20 de mayo.

La historia se remonta a la década de los sesenta, cuando Televisa buscaba recursos para la titánica tarea de construir el Estadio Azteca. Para conseguirlos, ofertó los palcos como una jugosa propiedad privada: 10 asientos con vista privilegiada, baño privado, dos lugares de estacionamiento y el derecho a asistir a todos los eventos durante 99 años. Cada uno costaba 115.000 pesos (unos 9.000 dólares de la época) y, para 1966, ya se habían vendido todos. El primer Mundial (1970) pasó sin complicaciones para los propietarios. Fue en la Copa de 1986 cuando tuvieron que negociar con Emilio El Tigre Azcárraga, entonces presidente de la empresa, para ejercer sus derechos. Y lo consiguieron.

La disputa revivió durante la planeación del tercer Mundial en el estadio, cuando la FIFA reclamó el control de esos espacios bajo la cláusula que le otorga dominio total de los recintos sede desde 30 días antes del inicio del torneo y hasta una semana después de su clausura. Grupo Ollamani debía resolver el conflicto e intentó negociar con los palcohabientes, hasta que en septiembre del año pasado perdió oficialmente la disputa legal. Ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), firmó un convenio que les garantiza el ingreso gratuito a los cinco partidos del torneo, incluida la inauguración. “De los 16 estadios que serán sedes mundialistas, solo el nuestro tenía particularidades complejas”, dijo entonces la empresa. Actualmente, el valor de un palco en el Estadio Azteca ronda los 15 millones de pesos.

Roberto Ruano, líder de la Asociación de Palcos y Plateas, explicó entonces en diversas entrevistas: “Gratis no es, nosotros ya pagamos por cualquier evento en el recinto. Ahora tenemos el papel con la legalidad y el respeto que se merecía el asunto. Hay temas como estacionamiento, el ingreso de alimentos y bebidas que tendrán que hacerse distinto para ingresar, con lo cual no estamos de acuerdo, pero vamos a respetarlos”.

Para financiar la remodelación del estadio de cara al torneo, Grupo Ollamani firmó un acuerdo de publicidad y patrocinios con Banorte por 2.100 millones de pesos, que incluía el cambio de nombre del recinto en reconocimiento a la institución financiera. A poco más de un mes del pitazo inicial, los precios de reventa para el primer partido, que se disputará el 11 de junio, van desde los 123.000 pesos (casi 7.000 dólares) hasta los 1,37 millones de pesos (unos 77.700 dólares) en algunas plataformas de internet.

El esfuerzo del Gobierno de Gustavo Petro por reducir el hueco fiscal a punta de decretos ha sido infructuoso. No solo porque la Justicia ha suspendido o tumbado varias de sus medidas —como la emergencia económica de diciembre de 2025, que la Corte Constitucional encontró inconstitucional—, sino porque las pocas que han esquivado esos controles han tenido un efecto menor al esperado. El ejemplo más reciente es el impuesto al patrimonio para empresas con más de 10.474 millones de pesos en activos netos, que esa misma Corte suspendió parcialmente el pasado miércoles. El Ministerio de Hacienda había proyectado recaudar 4,15 billones de pesos (unos 1.140 millones de dólares) en la primera cuota, pero según datos de la DIAN solo entraron 2,43 billones (668 millones de dólares). El desfase de 473 millones de dólares (1,72 billones de pesos) evidencia la fragilidad de las proyecciones de un Ejecutivo que afronta un déficit fiscal creciente y un presupuesto anual sin ingresos suficientes.

El bajo recaudo tiene varias explicaciones. Según reveló El Colombiano a finales de abril, algunas empresas declararon el patrimonio ante la DIAN y pidieron planes de pago, pero no giraron el dinero. Otras decidieron no acatar la norma: ni declarar ni desembolsar. Lisandro Junco, director de la DIAN bajo el derechista Iván Duque, publicó en su cuenta de X un desglose del recaudo por sectores que confirma el desbalance: los sectores financiero, inmobiliario y de seguros aportaron 1,12 billones de pesos, casi la mitad del total. Le siguieron el comercio, transporte y alojamiento con 368.612 millones, y la manufactura con 237.892 millones. Las entidades sin ánimo de lucro —que la Corte ha protegido temporalmente— apenas pusieron 20.726 millones en la primera cuota; una cifra marginal que hace más simbólica que fiscal la suspensión ordenada por el alto tribunal.

Luis Carlos Reyes, el primer director de la DIAN que tuvo Petro, advierte que el problema va más allá del recaudo fallido de un impuesto creado por decreto y apunta a que el déficit tiene una raíz más profunda: un crecimiento más rápido de los gastos inflexibles que el de los ingresos del gobierno. “El Ministerio de Hacienda lo ha encarado de manera incorrecta al inflar artificialmente el recaudo para cumplir en el papel con la regla fiscal, mientras que se recortaban ingresos; no vía un presupuesto más ajustado, sino a través de suspensiones de fondos a las entidades”, dice a EL PAÍS.

El centro de estudios económicos ANIF advierte que el déficit fiscal de 2025 —que alcanzó el 6,4% del PIB— es el cuarto más alto en la historia del país y es solo comparable con periodos de crisis económica. “Lo preocupante es que Colombia no afronta un choque macroeconómico que lo justifique”, sentenció la semana pasada su presidente, José Ignacio López, en el marco del evento Respuestas al Desafío Fiscal. “La deuda pública neta ronda el 58% del PIB, niveles no vistos desde finales del siglo XIX”, agregó. De no corregirse, el centro de estudios proyecta que podría superar el 71% en tres años, un umbral que la regla fiscal considera incompatible con una senda sostenible para la economía colombiana.

Reyes señala que, incluso con la metodología dudosa de inflar recaudos, resultaba muy complicado mantener la regla fiscal, que se rompió a mediados del año pasado. “Es común acusar al Gobierno Petro de gastar a manos llenas cuando realmente ha hecho recortes de gasto de inversión muy fuertes para distintos sectores”, matiza. La solución requiere, en su visión, una lucha directa contra la evasión —que le cuesta al Estado unos seis puntos porcentuales del PIB— y modificaciones del gasto que son políticamente muy complicadas. “Estamos en una situación que no se va a solucionar el 7 de agosto tras un cambio de Gobierno”, concluye. ANIF calcula que el recaudo bruto de 2025 quedó 9,5 billones de pesos (2.600 millones de dólares) por debajo de la meta establecida.

El problema de recaudo va más allá del impuesto al patrimonio. Según la DIAN, existen 382.599 contribuyentes con obligaciones pendientes por un valor de 30,8 billones de pesos (8.466 millones de dólares). Aunque el Gobierno ofreció alivios tributarios que reducían los intereses de mora al 4,5% y las sanciones al 15%, solo 126.230 contribuyentes se acogieron a esos beneficios, que vencieron el 30 de abril.

El precedente que se deja

La suspensión que decretó la Corte Constitucional está delimitada. Aplica únicamente para la segunda cuota y para un grupo específico de contribuyentes: entidades sin ánimo de lucro como las universidades privadas o las fundaciones, y empresas en liquidación. Con eso, quedan cerca de 15.000 empresas obligadas a hacer el pago que vence hoy 4 de mayo: sociedades comerciales, industriales y de servicios con operaciones activas en el país, sucursales de compañías extranjeras, holdings empresariales y entidades financieras que superan los topes definidos. El argumento de la Corte para eximir del segundo pago a las organizaciones protegidas ha sido técnico y contundente: cobrar un impuesto sobre activos ilíquidos —campus universitarios, laboratorios, auditorios— mientras la constitucionalidad del tributo está en duda, comprometería la prestación de servicios básicos o generaría un daño irreversible a los acreedores de una empresa a punto de cerrar. La primera cuota, en cambio, quedó en firme.

Andrés Quitian Calderón, abogado tributarista, anticipa que la Corte podría validar el impuesto para todas las empresas restantes y anularlo para las protegidas por la suspensión. “Las razones de la suspensión parcial de un decreto legislativo suelen ser análogas a las de la decisión final”, explica a EL PAÍS. Quitian calcula que el impacto fiscal no sería mayor, “precisamente por el recaudo limitado que ha mostrado este impuesto”. Además, señala que muchas entidades sin ánimo de lucro optaron por declarar pero no pagar: “Hay que ver si la DIAN decide fiscalizar en un escenario de alta probabilidad de inconstitucionalidad”, ahonda. Y advierte que la decisión podría abrir la puerta a esquemas de planeación tributaria, ya que el precedente podría dar a esas entidades “una mayor relevancia como forma asociativa”.

En la banda práctica, el experto tributario de Crowe Colombia, Pedro Sarmiento, recomienda que las empresas que han quedado fuera de la suspensión cumplan con el pago de la segunda cuota para evitar intereses de mora y sanciones. “Para aquellas empresas que consideren que el impuesto vulnera sus derechos, el camino más seguro es pagar bajo protesta y evaluar posteriormente la solicitud de devolución por pago de lo no debido”, señala.

Lo que sigue depende del fallo de fondo. Si la Corte declara la inexequibilidad de los decretos con efectos retroactivos, podría incluir algún mecanismo que permita a los contribuyentes solicitar la devolución de lo pagado. Pero si los avala o modula los efectos hacia el futuro, quienes no pagaron la primera cuota deberán ponerse al día con el impuesto más los intereses de mora acumulados.

Las autoridades de Perú aprobaron este lunes la extradición a Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J y considerado el presunto autor intelectual del triple feminicidio que conmovió a Argentina el 19 de septiembre de 2025. Lara Gutiérrez —de 15 años—, Morena Verdi y Brenda Del Castillo —ambas de 20 años— fueron torturadas, asesinadas y enterradas luego en el jardín de una vivienda de las afueras de Buenos Aires, en lo que se supone que se trató de una venganza narco.

Pequeño J, de 20 años, fue entregado a la Policía Federal de Argentina en la base aérea de la policía peruana, situada en el Callao, provincia aledaña a Lima, para ser trasladado en avión desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta Buenos Aires. En Argentina será juzgado por el delito de homicidio con agravantes de premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

Según la reconstrucción que pudo hacer la policía local, Lara, Brenda y Morena salieron de sus casas el viernes 19 de septiembre por la noche rumbo a una supuesta fiesta que en realidad era una trampa. Subieron engañadas a una furgoneta que las llevó hasta una casa de Florencio Varela, en la periferia sur de Buenos Aires, donde fueron asesinadas.

La policía dio con la casa tras cinco días de búsqueda siguiendo la señal del teléfono móvil de una de las víctimas. Cuando entraron a la vivienda, ubicada en un barrio precario, una pareja limpiaba manchas de sangre en las paredes y los pisos. En el jardín encontraron tierra removida; las mujeres habían sido enterradas a gran profundidad, cubiertas con mantas, piedras y cemento en un hoyo abierto antes del asesinato.

De acuerdo con la investigación, los criminales le asestaron a las mujeres golpes de puño, patadas y utilizaron elementos de filo para “lesionar a las víctimas de manera tal que, previo a llegar al designio criminal final, con su accionar aumentaron de forma deliberada e inhumana el sufrimiento de las jóvenes, provocándoles lesiones agónicas (amputaciones y luxofracturas, entre otras)”.

El crimen fue transmitido en vivo por un grupo cerrado de una red social con el presunto objetivo de imponer respeto dentro del universo narco mediante el terror. De acuerdo a los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, el hecho sería parte de una venganza por un robo de drogas cometido por allegados a las víctimas contra la banda narco integrada por Pequeño J.

La entrega del narco peruano se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad que comenzó el domingo, cuando fue trasladado desde la prisión de Cañete, a 155 kilómetros al sur de Lima, hasta la cárcel de Ancón II, también conocida como Piedras Gordas II, donde pasó la noche antes de ser llevado en la madrugada de este lunes al aeropuerto. En las imágenes se lo ve con la cabeza rapada y delgado, distinto al momento en que fue detenido tras escaparse del país.

Valverde fue capturado el 30 de septiembre pasado en el sur de Lima, al mismo tiempo que fue detenido en otra zona de la capital peruana su presunto cómplice argentino Matías Agustín Ozorio, después de que ambos hubiesen huido del país. De acuerdo a las autoridades peruanas, ambos buscaban llegar hasta la ciudad de Trujillo, situada en la costa norte de Perú, a unos 550 kilómetros de Lima, de donde es originario el Pequeño J, descendiente de una familia marcada por la delincuencia y el narcotráfico en esa jurisdicción.

Ozorio, al haber entrado al país de manera irregular y clandestina, fue expulsado de inmediato a Argentina, también en una mediática entrega donde fue exhibido encadenado de pies y manos. En cambio, el Pequeño J, al tener nacionalidad peruana, tuvo que someterse a un proceso formal de extradición con los plazos correspondientes, ya que no aceptó ser extraditado y la solicitud tuvo que ser aprobada por todas las instancias correspondientes de la Justicia peruana para que sea juzgado en Argentina por el crimen del que se le señala como autor intelectual.

Los antecedentes de Pequeño J se remontan a su familia. Su padre era Janzen Valverde Rodríguez, jefe de Los Injertos de Nuevo Jerusalén, una banda surgida en La Esperanza, un distrito pobre a las afueras de la ciudad de Trujillo, en la costa norte peruana. Janzen fue apresado en más de una oportunidad por dedicarse a la extorsión y la venta de drogas. El 16 de diciembre de 2018, cuando Pequeño J tenía trece años, un sicario de una banda rival asesinó a Janzen. El adolescente juró entonces venganza. “Te prometo que esto no va a quedar así, porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia”, escribió en las redes sociales de su padre.

Fue Janzen quien trazó el camino delictivo de su hijo: lo bautizó como Tony por el mítico narcotraficante de Caracortada, Tony Montana. El joven fue rebautizado como Pequeño J en homenaje a su padre muerto. Sus tíos, los hermanos de su padre, Luis y Manuel, también han estado envueltos en líos con la justicia. Pequeño J llegó a Argentina en el 2020, a los quince años.

Además de Pequeño J y Ozorio, hay otros diez imputados en la causa. La semana pasada, la Justicia dictó la falta de mérito del peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como Señor J, como partícipe del triple crimen. Por otro lado, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín cambió la calificación de la imputación de Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Parra, la pareja que fue descubierta limpiando la casa de Florencio Varela, que quedaron acusados del delito de encubrimiento y no como partícipes del triple crimen.

La llegada al poder del presidente José Antonio Kast, en marzo de 2026, ha tenido importantes consecuencias sobre el modo en el que tiene lugar el debate económico, y sobre la forma de gobernar la economía. Qué duda cabe: estamos en presencia del proyecto económico más regresivo desde el retorno a la democracia desde 1990, retornando a esa gran ortodoxia con la que tuvieron que lidiar los primeros gobiernos democráticos.

Es importante precisar los términos del problema con el fin de no quedar atados a la caricatura y a un lenguaje cuyas categorías han sido demasiado manoseadas: neoliberalismo, modelo, regresividad y tantas otras cosas por el estilo.

El punto de partida del actual momento económico chileno ha consistido en la exitosa instalación, por parte del Gobierno, del diagnóstico referido a una importante deuda pública y a severos problemas de viabilidad presupuestaria que fueron heredados por el nuevo oficialismo. La deuda pública existe y es importante: si bien su crecimiento se desaceleró, Chile terminó más endeudado en 2026 que cuando el presidente Gabriel Boric asumió el mando de la nación en 2022. Las cifras no mienten: a marzo de 2022, la deuda bruta equivalía al 35,8% del PIB, mientras que al cierre del año 2024 ascendía al 42,3% del PIB, proyectándose al 42,1% para el 2025. Las explicaciones se han multiplicado de lado y lado: para la derecha, es el efecto irresponsable de la disminución de la jornada laboral, ineficiencia del gasto, una proclividad de la izquierda a gastar sin mucho control y a su incapacidad de generar crecimiento, mientras que para la izquierda la deuda se explica por fallas reiteradas en la proyección de la recaudación tributaria, en un persistente dilema en materia de productividad, en la enorme concentración de los ingresos y la desigualdad que esta genera (la que necesita ser corregida mediante transferencias desde el Estado), y un largo etcétera. En la realidad de las cosas económicas, es probable que todas estas razones participen de la explicación: el problema consiste entonces en ponderarlas, lo que no se resuelve técnicamente (aunque el razonamiento económico importa), sino políticamente.

Pero lo esencial de la controversia no está allí: el verdadero foco lo entrega la racionalidad económica e ideológica del plan gubernamental de recortes presupuestarios, en el marco de una megarreforma miscelánea en la que se encuentran contempladas todo tipo de materias. El ajuste presupuestario se veía venir: el propio José Antonio Kast lo anunció durante la campaña presidencial, comprometiendo una reducción gradual del gasto público de 6.000 millones de dólares, sin nunca explicar en qué consistirían esos recortes. Pues bien, poco a poco los comenzamos a conocer, a partir de una comunicación gubernamental plagada de fallas que han llegado a molestar incluso a algunos partidos del oficialismo, especialmente a Renovación Nacional, y a ofuscar a todas las izquierdas (las que, en cualquier caso, se encuentran en clara minoría en las dos cámaras del Congreso). El plan del Gobierno contiene una verdadera reforma tributaria encubierta: desde la reducción de la tasa corporativa al 23% (sin compensaciones) para alinearse con el promedio OCDE hasta la eliminación de permisos que venían frenando la inversión, lo que podría generar un déficit permanente del orden del 0,6% del PIB de no mediar la satisfacción de la expectativa de crecimiento, lo que descansa enteramente en el comportamiento de los inversores (en donde los más grandes se ven favorecidos por una muy discutible propuesta de invariabilidad tributaria durante un cuarto de siglo). Es la famosa teoría del “chorreo” que predominó en la década del 80, cuyo corazón descansa no en la evidencia comparada de su éxito (inexistente), sino en una dimensión más subjetiva: que los inversionistas perciban rápidamente que los cambios son fiscalmente sostenibles y, sobre todo, que no serán fáciles de modificar en el futuro (de allí la importancia de que la idea de legislar sea aprobada por una mayoría holgada de diputados).

Sin embargo, es en materia de recortes presupuestarios en políticas y programas concretos en donde se delata la dimensión genuinamente neoliberal del proyecto económico del Gobierno. En oficios (suponemos que son documentos oficiales) y anexos técnicos que se filtraron, se sugerían recortes considerables y hasta discontinuidades de programas sociales completos, lo que desató una andanada de críticas que el Gobierno aun no logra contener. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz tuvo que salir a explicar el significado semántico de la palabra descontinuidad (una palabra que no existe en español, no así la palabra discontinuidad que habla por sí sola), la que él asoció a la idea de “reforma”, lo que introducía una dimensión absurda en el debate político. Sea lo que fuere, la sola mención de la idea de ajustes y recortes en programas sociales, desde los almuerzos de escolares en establecimientos públicos hasta la muy valorada Pensión Garantizada Universal (PGU), ponía en entredicho la idea misma de “derecho social”, con la que la centroderecha se había familiarizado tras los gobiernos de la Concertación (y hasta convencido durante las dos presidencias de Sebastián Piñera). Es en este sentido que los recortes y la megarreforma del Gobierno contienen una dimensión evidentemente regresiva, la que carece de precedentes desde 1990.

Es importante tomar nota de lo que la sola sugerencia de recortes en materia de goce de derechos sociales implica. Es en esta dimensión en donde se aprecia con meridiana claridad un imaginario económico de derechas y neoliberal: las personas son llamadas a encontrar soluciones para sus propios problemas e intereses haciendo uso de sus libertades personales y no de derechos colectivos y universales. Dado que en el centro de este imaginario neoliberal se encuentran presentes las libertades de los individuos que, por muy pobres que sean, siguen siendo agentes económicos (dotados de racionalidad y comportamiento estratégico), son estas libertades las que necesitan ser ampliadas, mientras el Estado reduce su presencia y, junto a él, los derechos sociales. La idea (distorsionada) de derechos sociales es idealmente pertinente ante personas demostradamente incapaces de satisfacer sus necesidades, lo que deja de ser un derecho: es aquí en donde interviene la racionalidad de los estándares, lo que en este caso se asemeja mucho a mínimos vitales (cómo garantizar la continuidad de la vida biológica misma) y no a mínimos en dignidad (de clase media en el pensamiento socialdemócrata de Esping-Andersen, quien influyó duraderamente en los gobiernos de centroizquierda entre 1990 y 2014, así como en el gobierno del presidente Boric). Esto es lo que se conoce como neoliberalismo, un término que en la política chilena funciona como mote y estigma, que la derecha aborrece y que, sin embargo, tiene a su favor una enorme literatura económica y de ciencias sociales que razona con ese término. Esta es la razón de por qué el libro El otro modelo fue relevante en Chile hace poco más de una década, y por qué el neoliberalismo que permitió su redacción sigue siendo un concepto pertinente.

Este es el meollo de la controversia política chilena por estos días: es la idea de Estado mínimo y de un proyecto neoliberal en forma, con todas sus letras. ¿Cómo no entender, entonces, la rápida polarización del debate político y legislativo, inevitablemente reorganizado en torno a la polaridad entre trabajo versus capital, con todas las caricaturas que la lucha ideológica implica? Cada reforma que se adopte y que desmedre el goce de un derecho social será un triunfo de derechas, a secas, mientras que cada paso atrás será una victoria de contención de izquierdas, pero victoria al fin.

Si la megarreforma del Gobierno es aprobada en general, como todo indica que así será, entonces en cada debate por cada medida de reforma propuesta estará algo muy importante en juego. En cada una de estas batallas se jugará el alcance y la profundidad de un proyecto económico que es neoliberal, y que es neoliberal porque afecta la organización de las cosas económicas y de los derechos asociados, en una forma de capitalismo que no tiene mucho que ver con el modelo que se heredó en 1990, y que bien podría retrotraerse a su espíritu ochentero.

El fútbol mexicano comenzó su fase decisiva, el manjar de cada seis meses, sin los jugadores que participarán en la Copa del Mundo. Una selección de 12 futbolistas convocada por Javier Aguirre, el seleccionador, supuso un mordisco para algunos de los clubes que aspiran a ser campeones de la Liga MX. La sangría, sin embargo, se ensañó con las Chivas de Guadalajara, equipo que aportó cinco jugadores y que este fin de semana cayeron en la ida de los cuartos de final ante los Tigres (3-1).

Los rojiblancos causaron sensación durante el torneo gracias a los goles de su goleador Armando Hormiga González. Ese apetito goleador le llenó el ojo a Aguirre para ser tomado en cuenta para la selección. A él se le unió el guardameta Raúl Tala Rangel, quien ha tomado la ventaja para ser el titular en la Copa del Mundo por encima de Guillermo Ochoa. También fueron requeridos Roberto Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez. Esas ausencias pesaron tanto que las Chivas sucumbieron ante unos Tigres que no aportaron ningún futbolista, ni a Diego Lainez, Ozziel Herrera o Jesús Angulo. La vuelta será hasta el próximo sábado 9 de mayo en Guadalajara (19.07 horas).

Los Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, mantienen ese fuego que encendieron con mucho tesón y garra. El club universitario terminó como líder del torneo regular y le tocó enfrentarse con el peor clasificado, el América, su mayor rival en Ciudad de México. Los universitarios y las águilas perdieron un hombre cada uno: el delantero Guillermo Martínez y el defensa Israel Reyes, respectivamente. Los de la UNAM y los de propiedad de Televisa protagonizaron un empate (3-3) de locura. Los de Juárez llegaron a tener la ventaja de 1-3 hasta que los azulcremas recurrieron a la experiencia para encontrar jugadas en el área chica. Ahí encontraron dos penaltis a favor que supieron engañar a una leyenda como Keylor Navas. La serie queda abierta para el Día de la madre en el césped del Estadio Olímpico Universitario (19.15 horas)

El Cruz Azul, que a días de encarar la liguilla despidió a Nicolás Larcamón como su entrenador, se midió contra el Atlas. El equipo de la cementera se quedó con el triunfo de forma agónica en los últimos minutos (2-3) para tener mayor tranquilidad en la vuelta del 10 de mayo (21.15 horas). El plantel celeste está guiado ahora por Joel Huiqui, uno de sus exfutbolistas y que hace méritos para poder quedarse con el puesto. La otra serie la definirán el Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, y el Pachuca. Los diablos dejaron ir a Alexis Vega y a Jesús Gallardo para que, como el resto de convocados a la selección, se tomaran unos días de descanso antes del inicio de la concentración pactada para el miércoles 6 de mayo.