Category: Actualidad

Un nuevo caso de presunto abuso sexual sacude a la Iglesia católica. El sacerdote peruano Omar Sánchez Portillo ha sido denunciado por un joven que lo acusa de haber abusado de él entre 2019 y 2020, luego de invitarlo a participar como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas, una organización de acción social ubicada en Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, al sur de Lima. Sánchez Portillo, de 59 años y actual secretario general de Cáritas Lurín, se ha caracterizado además por mantener un perfil de confrontación y una activa presencia en medios masivos y plataformas digitales, donde suele pronunciarse más sobre asuntos políticos que sobre temas vinculados a la fe.

Durante la pandemia se destacó su labor para recolectar dinero con el fin de instalar plantas de oxígeno para los contagiados por covid-19. Se solía resaltar su solidaridad con las personas vulnerables; pero, al mismo tiempo, Sánchez Portillo dividía aguas con sus opiniones políticas. Lanzaba dardos contra el comunismo, defendía el estilo de Trump y Milei, y aseguraba ser de “una derecha verdadera como VOX [partido de ultraderecha español]”. Antes de la primera vuelta de las últimas elecciones, condujo un programa por internet donde entrevistó a un grupo de candidatos a la presidencia, entre ellos Keiko Fujimori, con quien mantiene una amistad desde los años noventa. Además, abogaba por la candidatura del ultraderechista Rafael López Aliaga al considerar que “era el único que podía combatir la corrupción”.

El portal de investigación Epicentro TV reveló esta denuncia ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, la cual permaneció en el secretismo absoluto. El proceso se inició en 2023 y está firmado por la víctima y por un familiar suyo. Sostienen que el sacerdote manipuló al joven —en ese entonces de 26 años—, aprovechándose de que era adicto a las drogas desde los 16. Se presentó como su “salvador” y lo llevó a vivir a la Asociación de las Bienaventuranzas, pero, según afirman, todo fue un engaño con fines sexuales.

“Nos hizo creer que sería su cuidador y, al cabo de tenerlo un tiempo bajo su cargo, ya lo tenía en su cama, abusando sexualmente de él como persona vulnerable que era, y es. El consentimiento de una persona vulnerable está viciado […] es alguien que no sabe distinguir ya nada en la vida”, ha contado el familiar con quien elevó el oficio hasta la Santa Sede. “Tejió una tela de araña alrededor de él, y de nosotros mismos, para satisfacer sus más bajos deseos. Todo fue una farsa”, agrega.

Según el relato, la víctima careció de figura paterna, recibió maltratos durante su infancia, su madre fue víctima de un secuestro y su juventud transcurrió en diversos centros de rehabilitación.

El sacerdote Sánchez Portillo no ha respondido a la denuncia y se ha limitado a compartir en sus redes sociales una imagen de Juan Pablo II con la Madre Teresa de Calcuta. La diócesis de Lurín, donde ejerce como secretario, emitió un comunicado firmado por el obispo de dicha jurisdicción y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader. Mencionan que están al tanto de lo sucedido y que se están “ejecutando las medidas pertinentes con la debida diligencia y celeridad, a fin de garantizar el procedimiento, la tutela de los derechos de las partes y el esclarecimiento de los hechos”.

La Sustancia, el programa digital donde el reverendo entrevistó a los aspirantes a la presidencia y opinaba sobre la coyuntura como un analista político rabioso, emitió un oficio donde aclaró que ya no tenía ningún vínculo laboral con él, pues este finalizó poco antes de la primera vuelta. Omar Sánchez Portillo estudió Derecho en la Universidad de Lima y recibió el llamado de la Iglesia a los 24 años, luego de vivir en Nueva York. Es diocesano. “Se enamoró de una chica vegetariana y se hizo 17 tatuajes que destacan el nombre de su entonces novia, una frase atribuida a Julio César y el número de una ley que dictó Adolf Hitler para perseguir y encarcelar homosexuales en los campos de concentración”, describe la periodista Paola Ugaz, quien ha destapado el caso.

José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana, ha deslizado la posibilidad de que existan más víctimas de Omar Sánchez Portillo. “Hace un tiempo me enteré de la denuncia y solo estaba esperando que se hiciera pública. Espero que se le investigue bien porque, quien tiene una víctima así, tiene más”, ha señalado. Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, ha salido en defensa del cura alegando que la denuncia es una estrategia de desprestigio para “neutralizar a los buenos pastores”. Sea como fuere, el cuestionado sacerdote continúa sin pronunciarse.

Finalmente, desde el entorno de la víctima insisten en que debe interponerse una pena canónica por el delito contra el Sexto Mandamiento con personas vulnerables, el delito de abuso de poder y el delito contra las obligaciones especiales. “Solo queremos evitar que este sacerdote pueda engañar a otras personas y las pueda utilizar como instrumentos de sus acciones delictivas”, afirman los familiares.

A México empezó a llegar en finísimos pliegos de papel ligero, como piel de cebolla sin más peso que las palabras que lo entintaban como Morse de hormigas en prosa periódica. Se aliviaba la imaginación adolescente con la sensación de que EL PAÍS entero cabía enrollado en la palma de una sola mano, mientras que la mayoría de la prensa azteca solía doblar cinco o seis secciones, la mayoría de sus espacios para pura publicidad y un peso total que sólo se justificaba por su utilidad para envolver vasos en mudanza o para entrenar cachorritos caninos. EL PAÍS aleteaba entre una selecta cofradía de lectores incondicionales que lo atenazábamos como iluso pasaje para volar en Iberia, nostalgia de exilios pasados o la ensoñación colorida que de vez en cuando se abría en EL PAÍS Semanal para ejemplo de entrevistas, moda, famoseo y mueblería. No pocos memorizaban nombres, teléfonos y ensueños cuadriculados en la ahora prohibida sección donde se anunciaba el inexplicable griego total o un pichichi impostado. Otros muchos buscaban qué de México resonaba en la Villa y Corte y cuál de todas las Españas ganaba la Copa del Rey.

Atesoro algunas portadas históricas y casi todas las crónicas de la magna pluma de Joaquín Vidal, uno de los escritores más chipén del diario que merecería un homenaje si no fuera porque el mundo se volvió antitaurino y así quiero empezar a celebrar medio siglo de una casa que me ha dado cobijo como lector desde el principio del placer. Hablo de reportajes alucinantes y editoriales de pensamiento puro y andante, de una reseña de golf de cuyo autor no recuerdo su nombre, pero que por unos minutos me hizo comprender que ese juego es contra uno mismo (y por ende, quien lo practica con trampa es no más que imbécil). En sus páginas este periódico enseñaba entresijos y vericuetos, rondas y revolcones de la política española mucho antes de que no pocos miembros de mi generación soñásemos con doctorarnos en la península y cuando aquello se cumplió ni soñar que el diario de papeles finísimos terminaría por consolidarse al paso de las décadas como un periódico mexicano, un portal de reflexión e información continental con tanto peso que ya ni se imprime en papel de este lado del Atlántico.

Publiqué mi primer columna hace 30 años para aplaudir sin conocer personalmente a Antonio Muñoz Molina con motivo de su ingreso como el miembro más joven de la Irreal Academia de la Lengua y al paso de las décadas nos hicimos amigos, aunque le debo tanto y al paso de esas mismas décadas he firmado tres columnas que me llenan de vida: “Café de Madrid” que se extendió como programa de televisión en México, “Estar sin Estar” que navega semanalmente con mis propios dibujos y estas “Cartas de Cuévano” que volví ocasionales y esporádicas para no alimentar más la clara envidia de quienes quizá no tengan el inmenso orgullo y gratitud que le debo a esta nao que conocí desde las épocas en que aún giraban sus rotativas en casa, la época en que la redacción era de niebla de humo y apenas sonaban los primeros móviles. Entre 2015 y 2020 asistí a diario al diario, compartiendo cubículo con un arcángel que echó a volar la modernísima edición digital y lidiando Madrid con la guía de un arqueólogo de joyas escondidas que insertaba mi café semanal con una minuciosa precisión de relojería. Había lectores que elogiaban el dibujo sin leer mis párrafos y otros que debatían con mi entrega sabatina sin fijarse en la imagen que intentaba aligerarla.

Quiero abrazar con estas letras a todos y cada uno de los protagonistas anónimos de EL PAÍS: a los de mono azul y escritorio secretarial, a los que han cargado bultos de ejemplares amarrados como pacas en madrugadas de frío y a todo el equipo de limpieza desde la era de los ceniceros atiborrados a la onda de la separación de basuras orgánicas. Agradezco a los compañeros de cafetería y camareros de comidas al vuelo. Quiero abrazar a quienes llevan la nómina de las piezas publicadas, las cuentas por cobrar y los dineros que sostienen con vida a las plumas, todas las plumas que informan y conforman un pueblo como EL PAÍS. Un lugar de la mancha tipográfica donde se honra la Verdad con mayúscula, preguntas en ristre, indagación de detectives, no pocas virtudes del oficio de historiar con prisa o contar como crónica lo que parece invisible en torno al arte del hecho.

Agradezco la libertad de expresión en una casa que ha sido trinchera en el lobby de un hotel de lujo para volvernos testigos de una infamia militarista y trasnochada que atentó contra la democracia y agradezco el respeto al derecho ajeno cuando el diario rompió con un protocolo impostado y permitió un homenaje para el mejor boxeador de todos los tiempos cuando ha tiempo que el diario había dejado de informar sobre ese deporte que algunos aún llaman la dulce ciencia. Agradezco cuando el periódico quedaba olvidado en las barras de los bares de Madrid o de algunos de los caminos de España con el Autodefinido intacto y los recortes del sabio del ajedrez que a veces servían para saciar una partida inolvidable en la banca de un parque. Me conmueve recorrer los arrugados pliegos que se van descolorando en talleres mecánicos de Vallecas o Iztapalapa, la fotografía de un gol de cabeza que mereció portada para eternizarse en una vieja panadería de Mixcoac o en un local que vende frutos secos en Chamberí.

Por estas páginas hemos leído a las mejores poetas y delicados cuentistas, novelistas de tirón y cronistas entregados a la narración tatuada del entorno. Por su Babelia nos hemos guiado en el ancho mar de las mil y una ediciones y en otras secciones nos han despertado el antojo con recetas que si no se recortan se memorizan con sartén… y sí, he de insistir que todo lo que tiene de cultura la tauromaquia se debe también a la sabia información sin prejuicios de estas páginas como ventana.

Está la dama que lo lee en su tablet para no perder ni un segundo de sus prisas y sigue vigente el canoso abuelo que lo lleva bajo el brazo en un trayecto corto del Metro nomás pa’que se sepa de qué lado masca la iguana; están los jóvenes que comparten como golosina las notas raras de lo inverosímil a contrapelo de lo inverificable que inunda este mundo de mentiras y están los ejecutivos que lo devoran en aviones o trenes donde todo se puede transfigurar y están los millones de fantasmas que leyeron diversas vidas de España y luego Hispanoamérica en un polifacético y sorprendente recorrido impreso o plasmado en pantallas de diverso tamaño como para nunca olvidar que 50 años son nada y que mañana habrá otro titular ondeando a ocho columnas para alivio de una incertidumbre.

“Colombia es el país más diverso en aves en el mundo”. La frase bien podría ser un eslogan nacional, el que podríamos repetir a los hijos como el mayor orgullo de su tierra. Muchos colombianos—en el torbellino de las malas noticias— olvidamos observar o, mejor, escuchar el país de pajaritos que nos rodea incluso en medio y a pesar de los sonidos de las balas o las bombas. Y eso, la enorme diversidad, fue lo querecordó esta semana el reportaje del periodista estadounidense Anderson Cooperen el reputado programa ’60 minutos’ de CBS. “Colombia es el hogar de unas 2.000 especies de aves, más que en cualquier otro lugar de la Tierra. Décadas de conflicto mantuvieron a las personas alejadas de muchas áreas, preservando el hábitat de las aves. Ahora los observadores de aves están llegando en masa”, dijo en la introducción a doce minutos emocionantes que permitieron ver la magnificencia de los bosques colombianos.

En medio de la campaña política fría y de las insoportables peleas de redes sociales, hablemos de pajaritos. Primero, sobre la diversidad que hay en el territorio colombiano. El país cuenta con más de 1.912 especies registradas, 79 de ellas endémicas, y es punto clave en las rutas migratorias del hemisferio occidental. Los pajareros van detrás de joyas como la tangara multicolor, la perdiz colorada, el colibrí pico espada o la tangara de anillo dorado —esta última es la que pudo ver el periodista—. “Ahora perteneces a un culto de mortales que lo ha visto”, le dijo Diego Calderón Franco, investigador y guía de observación de aves, consciente de que son instantes únicos para capturar la belleza de sus colores y plumaje. Las posibilidades de vivir momentos así aumentan en Colombia, que concentra el 20% de todas las especies de aves del planeta.

Desde hace al menos una década, es cierto, ha aumentado la posibilidad de hacer turismo sostenible y se han multiplicado losbirdwatchers(observadores de aves). Hoy existen —ojo al dato— 27 reservas naturales donde se puede hacer avistamiento de aves en cualquier mes del año: el Aviario de Cartagena, el Parque Nacional Los Nevados, Las Tángaras, el Colibrí del Sol, la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros.En Cali se acaba de realizar la 12.ª edición de la Colombia Birdfair, que reunió a 7.000 personas y donde se aseguró a la capital del Valle como sede conjunta de la Feria Mundial de Aves y la Feria de Aves de Suramérica de 2027.

Sin ir más lejos, este sábado 9 de mayo se realiza elGlobal Big Day, que organiza e Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell/ E-birdpara celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias. Se trata de un evento simultáneo en el que ciudadanos, aficionados y expertos de todo el mundo se dedican a registrar especies de aves en esta plataforma digital. Este año la meta es registrar 8.000 especies y que haya más de 1,7 millones de personas participando.Colombia se une bajo el lema ‘Un país que vuela unido’.

Si bien, como dice Cooper en su reportaje, elAcuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARCayudó a abrir espacios para el avistaje de aves, e incluso excombatientes de esa guerrilla se convirtieron en guías de avistaje o fotógrafos de aves, no podemos olvidar que el conflicto en Colombia persiste. Precisamente en esas zonas más apartadas aún hay presencia dedisidencias y otros grupos que hacen control social y ha aumentado la deforestación. Sumado a que las nuevas formas de la guerra —hecha hoy con drones—así como la ganadería extensiva, podría ahuyentar y poner en riesgo a esas aves que tanto orgullo producen. En algunas regiones, debido al interés de los pajareros, muchas comunidades están conservando los bosques donde pueden verlas.

En el reportaje de ’60 minutos’, el biólogo Calderón narró que a él lo “salvaron las aves” cuando fue secuestrado por las FARC en 1996. Se dedicó a verlas, a escucharlas y a anotar cada detalle. Se vale pensar que en un tiempo las aves salven al país y se cambien los verbos feos y ruidosos del conflicto por otros más amables como caminar, observar, pajarear.

Dos recomendaciones:

Otras historias

Esta es una breve selección de otras noticias recomendadas de EL PAÍS América Colombia:

Rita Segato en Colombia: “Los hombres tienen que burlarse del mandato de la masculinidad”.

En diálogo con EL PAÍS, la feminista cuestiona los límites del progresismo en la región y pone en discusión el lugar de algunas mujeres dentro de los gobiernos en América Latina.

Nicolás Samper: “Un mundial de 48 equipos ya no es un mundial, es un invitacional en donde se factura muy bien”.

El periodista bogotano publica ‘El arquero que murió en la cancha’, un compendio de pequeños relatos sobre anécdotas poco conocidas en el mundo del fútbol con la intención de revivir la chispa de un deporte cada vez más dirigido por los negocios.

Los inversionistas apuestan contra Colombia tras la decisión del Banco de la República de mantener inalterada la tasa de interés.

El varapalo lo resienten el peso, los bonos y la Bolsa de Colombia. JP Morgan recomienda vender la moneda local por la “politización de la política monetaria”.

Estados Unidos aumenta la presión sobre México y Colombia en su nueva estrategia para el control de drogas.

La Administración de Trump plantea un enfoque más agresivo con la exigencia de resultados medibles a los demás países.

Petro arremete contra el Congreso para impulsar su Constituyente: “Las fuerzas cavernarias bloquearon las reformas”.

El presidente promete presentar cinco millones de firmas al Legislativo que se instala el 20 de julio, para avanzar en su proyecto de ajustar la Constitución de 1991.

El viernes, una nueva entrega del seguimiento de la campaña electoral.

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Los científicos argentinos sospecharon pronto que el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius podía haber sido causado por una de sus variantes más agresivas, la Andes sur (ANDV), porque es la única capaz de transmitirse persona a persona. Vieron de lo que era capaz en 2018, cuando hubo 34 contagios y 11 muertos en una pequeña localidad patagónica. La confirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la infección en el crucero fue con la especie Andes (a la que pertenece la variante Andes sur) ha dado fuerza a una de las hipótesis: el primer infectado pudo contraer la enfermedad por el contacto con un roedor —el virus se contagia al inhalar partículas procedentes de heces, orina o saliva de un animal infectado— en alguno de los lugares de Argentina o Chile en los que circula esta variante y, tras embarcarse, contagiar a otros ocupantes de la embarcación. Hasta ahora hay ocho infectados, de los que tres han muerto.

La noticia ha puesto en la mira al Gobierno de Javier Milei por la retirada de la OMS y un recorte presupuestario en salud cercano al 30% que complica la vigilancia epidemiológica. Además, ha arrojado luz sobre el aumento de casos en los últimos meses y refrescado el recuerdo del brote de hantavirus de Epuyén de 2018, el peor hasta la fecha.

Requisitos sanitarios

El puerto de Ushuaia, del que zarpó el pasado 1 de abril el MV Hondius con más de 150 personas a bordo, está en Tierra del Fuego, la provincia más al sur de Argentina. Desde allí, a lo largo de todo el verano austral, parten cruceros con destino a la Antártida, un destino remoto para el que se extreman las precauciones en materia de salud.

Las navieras exigen a los pasajeros rellenar un formulario médico con anticipación, les recomiendan contar con un seguro que les cubra una evacuación de urgencia, llevar toda la medicación que crean que van a necesitar y estar en buen estado físico para realizar “actividades que pueden requerir un esfuerzo moderado”, según informa el Instituto Fueguino de Turismo. El último balance cerró con más de 60 cruceros y 150.000 pasajeros.

La sorpresa inicial por el brote en el MV Hondius tuvo que ver con el punto de partida. Tierra del Fuego es una región excluida de las cuatro áreas endémicas de hantavirus en Argentina, en la que nunca se ha registrado un caso de esta enfermedad. La situación es distinta mil kilómetros al norte, en la provincia de Chubut, donde sí hay presencia del virus y de la variante Andes sur.

“El hantavirus tiene un período de incubación de unos 15, 20 días”, detalla el biólogo especializado en roedores Raúl González Ittig. Ese plazo permite pensar que el primer infectado pudo ingresar al crucero sin síntomas y comenzar a sentirse mal ya en alta mar. “Se están evaluando las rutas y trayectorias [que hizo el caso testigo] en la Patagonia argentina y chilena”, cuentan desde el Ministerio de Salud de Argentina.

Desde la cartera sanitaria advierten que falta información para descartar otro posible origen del brote, la presencia de un ratón con el virus dentro del barco. Los epidemiólogos consultados creen que esa segunda hipótesis es más improbable. Enzo Lavarra, infectólogo del hospital de Esquel, subraya que la variante Andes sur tiene un reservorio muy específico, el oligoryzomys longicaudatus, más conocido como ratón colilargo, que habita en zonas boscosas y de sotobosque de la Patagonia muy alejadas del puerto de Ushuaia. “Pensar que un roedor pueda haber llegado del lado de Chile o de nuestra región hasta la costa y se haya subido a un barco no es imposible, pero es difícil”, asegura.

Lavarra formó parte del equipo de médicos que atendió el brote letal de Epuyén, a finales de 2018, en el que se probó que el virus se había propagado de persona a persona. Aunque esa vía de contagio es mucho menos frecuente que la ambiental —a través de respirar partículas de heces, orina o saliva de roedores infectados—, el último caso de transmisión entre personas se registró hace sólo un par de meses, con tres nuevos casos, según Lavarra. Ser conscientes de esa vía de contagio lleva a tomar medidas de aislamiento radicales, muy distinto a lo que pasó en el crucero, según algunos pasajeros, donde en un primer momento se les dijo que no había riesgo de infección. “Existe un escepticismo a nivel mundial de que existe transmisión interhumana [de hantavirus], quizás ahora se verá de otra manera”, señala este infectólogo, en referencia a la repercusión mundial del brote del MV Hondius.

Más roedores por las lluvias

En Argentina se han registrado 101 casos de hantavirus y 32 muertes en lo que va de temporada, desde el último trimestre de 2025 hasta la actualidad. La cifra es casi el doble que en la temporada 2024-2025. “En el último año estuvo lloviendo mucho más y, a partir de las lluvias, hay mayor abundancia de alimento con roedores, lo que facilita que haya más roedores y aumenta las posibilidades de que un humano entre en contacto con orina, heces o saliva de un animal infectado”, detalla González Ittig, investigador independiente del Conicet y profesor asociado de genética de poblaciones y evolución de la Universidad Nacional de Córdoba.

La mayor preocupación es que han comenzado a detectarse casos fuera de las cuatro áreas endémicas. Así ocurre en la provincia de Buenos Aires, la más extensa y poblada de Argentina, donde el virus se ha alejado de las cuencas de los ríos para extenderse a otras zonas. “Falta una vigilancia epidemiológica más fina, vamos corriendo detrás de la enfermedad”, lamenta González Ittig. “El desfinanciamiento actual del Ministerio de Salud complica analizar muestras e ir de campaña para capturar roedores”, critica.

Lavarra coincide en el efecto negativo del recorte presupuestario del sistema sanitario y científico. “Se han resentido todas las estructuras de la salud pública; lo que se mantiene es porque la gente le sigue poniendo el pecho”, opina. “Son trabajos que se hacen en terreno. No se está desfinanciando el último recurso, que es el insumo, pero si no puedes llegar a tomar la muestra porque el vehículo no funciona porque no tiene mantenimiento, no puedes llegar a tomar la muestra”, pone este infectólogo a modo de ejemplo.

Los profesionales que trabajan día a día con enfermedades infecciosas engloban la retirada de la OMS dentro del declive generalizado de la salud pública por el ajuste gubernamental. Para la oposición, en cambio, se trata de un nuevo motivo de descrédito del país en el exterior. “¿Cuánta vergüenza internacional más deberemos soportar en este experimento distópico que nos toca vivir?”, criticó el médico y diputado peronista Pablo Yedlin a través de las redes al recordar que Argentina oficializó la salida de la organización responsable de supervisar la evolución del brote en aguas internacionales. El ministro de Sanidad argentino, Mario Lugones, mantiene la comunicación bajo mínimos, mientras el MV Hondius se dirige rumbo a las islas Canarias.

El presidente de EE UU ha mencionado que extenderá a zonas terrestres las intervenciones que ha desarrollado hasta ahora contra cargamentos de droga por mar

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Hace 36 años, la dictadura de Augusto Pinochet llegaba a su fin en Chile. Una parte importante de la población actual no vivió ese periodo ni apenas lo conoce de oídas. Desde hace 16 años, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos trabaja precisamente contra ese olvido y por ello ha sido reconocido este miércoles con el Premio Rey de España de Derechos Humanos. Su directora, María Fernanda García Iribarren, subraya en una entrevista el martes en la Universidad de Alcalá de Henares que el museo no mira solo hacia atrás. La memoria, explica, es una herramienta activa: “No solo cuenta el pasado, sino que dialoga con el presente y el futuro”. El espacio se plantea como un lugar de encuentro y, en sus palabras, como una forma de “reparación simbólica de las fracturas sociales del país”.

Pese a las tensiones políticas que existen en el país, la directora confía en la continuidad institucional. “El museo tiene 16 años y ha pasado por ocho gobiernos de distintas señales políticas. Con todos hemos trabajado bien”, afirma. A su juicio, esto se debe a que su labor no responde a ideologías, sino que “es una obra del Estado en materia de reparación”.

Este centro para la memoria colectiva no ha estado exento de resistencias. “Hay una parte de la sociedad a la que no le gusta que la muestra principal sea la del día del golpe de Estado contra Salvador Allende”, explica Iribarren. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de La Moneda fue bombardeado por tropas bajo el mando de Pinochet. Las grabaciones de ese ataque forman parte del recorrido expositivo. “El Gobierno de Allende, que puede generar distintas interpretaciones, fue elegido democráticamente”, insiste la directora. “El mandato del museo es poner a disposición los archivos de violaciones de los derechos humanos desde el quiebre de la democracia en Chile”.

Para ello, la institución se apoya en las informaciones y datos recabados por las comisiones de la verdad Rettig y Valech. La primera presentó sus conclusiones en 1991, cuando la dictadura, que terminó oficialmente en 1990, aún estaba muy presente. En conjunto, ambas comisiones documentaron más de 40.000 víctimas —entre detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos—, de las cuales 3.065 fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

Ese pasado es el punto de partida, pero no el único eje. Para García Iribarren, el desafío es interpelar a un público cada vez más joven y distante con los acontecimientos ocurridos medio siglo atrás. El museo, señala, convoca a distintas comunidades a “participar activamente en la construcción de la memoria”. Esa mirada a futuro también marcó el final de la dictadura. En 1988, la mayoría de los chilenos votó no a la continuidad de Pinochet en un plebiscito. La campaña por este voto apeló a la esperanza con el lema “Chile, la alegría ya viene”.

Uno de los proyectos actuales del museo se llama “Mala memoria” e invita a jóvenes artistas a reinterpretar los archivos históricos a través de distintas disciplinas —danza, fotografía, música electrónica o estilo libre—. “Muchos jóvenes crean sus propias canciones en torno a las memorias de la dictadura”, acota la directora. Pero también amplía el enfoque hacia problemáticas contemporáneas como “la migración forzada” o la vulnerabilidad de las personas refugiadas. El diálogo con el presente también se refleja en exposiciones recientes “sobre el genocidio en Gaza o sobre los niños desaparecidos en la guerra en Ucrania”, relata Irribaren. Asimismo, la institución busca consolidarse como “un espacio seguro” para diversas comunidades, como el colectivo LGBTIQ+ o las mujeres con cáncer de mama.

Este trabajo se desarrolla en un contexto político cambiante. Bajo la actual Administración de José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo, Chile se ha abstenido, por ejemplo, de adherir a una declaración de la OEA sobre derechos LGBTIQ+ y ha anulado el proyecto para convertir el antiguo asentamiento de inmigrantes alemanes Colonia Dignidad en un lugar de memoria.

García Iribarren defiende la importancia de espacios de memoria histórica. Recuerda que Colonia Dignidad fue escenario de abusos sistemáticos y funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura. “Se merece un espacio de reparación para las miles de víctimas”, sostiene. Aun así, destaca que en Chile se ha logrado recuperar muchos de estos centros, algo que no ha pasado todavía en muchos lugares del mundo.

El museo tiene uno de los mayores mandatos. Más allá de su función expositiva, es también “el mayor archivo de derechos humanos del país”. Según la directora, recibe solicitudes de tribunales “varias veces por semana” para aportar documentación en causas aún abiertas. Su acervo sigue creciendo gracias a las donaciones que llegan de distintos países, de universidades, medios y organismos internacionales.

Chile, sostiene, ha avanzado en justicia transicional más que otros países. Ha condenado a responsables de violaciones de derechos humanos y mantiene una cooperación internacional en la materia. Como ejemplo, menciona el caso de Miguel Krasnoff, exoficial del ejército con más de mil años de condenas acumuladas.

El Premio Rey de España de Derechos Humanos tiene carácter bienal, con una dotación de 25.000 euros, y ha sido entregado por Felipe VI durante una ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares.

Para García Iribarren, el reconocimiento llega en un momento en que los riesgos para la democracia siguen presentes. “Los problemas de la democracia se enfrentan con más democracia”, afirma. Desde su trabajo como gestora cultural, reivindica el papel de las artes y la cultura para generar conciencia en las nuevas generaciones. El mensaje del museo, insiste, sigue vigente: “No puede volver a ocurrir. Por muy polarizados que estemos, no podemos ver en el otro a un enemigo. No podemos volver atrás”.

A comienzos de este siglo, cuando la inteligencia artificial no formaba parte de ninguna discusión pública y los teléfonos inteligentes no eran parte de la vida cotidiana, la película Minority Report imaginó un problema que entonces pertenecía por completo a la ficción: la posibilidad de anticipar la comisión de crímenes antes de que ocurrieran, a partir de herramientas predictivas del comportamiento humano.

Con el tiempo, esa lógica de anticipación dejó de ser enteramente imaginaria. Primero apareció en el mundo del consumo, donde el análisis de datos permitió proyectar hábitos, preferencias y propensiones individuales. Sobre esa capacidad de anticipar conductas se construyó buena parte de la economía digital contemporánea, lo que Shoshana Zuboff describió como un mercado de “futuros probables”.

Hoy esa pregunta se desplaza a un terreno mucho más delicado. Ya no se trata de anticipar decisiones de compra, sino de preguntarse qué valor puede tener una advertencia de riesgo cuando todavía no existe delito, daño consumado ni acto punible.

Hace algunos días sorprendió la noticia de que Sam Altman, CEO de OpenAI, escribió una carta a los residentes de Tumbler Ridge, una pequeña localidad canadiense golpeada por una matanza ocurrida en febrero de este año. Según lo informado, OpenAI había bloqueado previamente una cuenta vinculada a la autora del ataque por conversaciones con contenido violento, pero no informó de ello a las autoridades. Lo inquietante del episodio no es una falla técnica, sino la existencia de una advertencia previa, tratada como un asunto interno, que una vez ocurrido el daño adquiere una relevancia completamente distinta.

La primera tentación frente a casos así es equivocarse para un lado o para el otro. O pensar que toda advertencia de riesgo debiera activar una respuesta estatal inmediata, o sostener que mientras no exista delito consumado nada de lo advertido tiene importancia jurídica. Ninguna de las dos posiciones resulta satisfactoria.

En una sociedad libre, la predicción de una conducta futura no puede confundirse con culpabilidad. La expresión de fantasías violentas o conversaciones inquietantes no equivale por sí sola a la predicción de un delito, ni puede transformarse sin más en fundamento de vigilancia o intervención preventiva. Pero tampoco parece razonable tratar como irrelevante una advertencia de ese tipo cuando quien la recibe decide no hacer nada más con ella.

Ahí aparece una zona nueva y especialmente incómoda para el derecho. Durante mucho tiempo, la responsabilidad operó sobre hechos ya ocurridos: una conducta, un daño, una imputación. La lógica predictiva introduce algo distinto: conocimiento anticipado, aunque sea probabilístico, sobre una posible fuente de daño. Ese conocimiento no puede convertirse en una licencia para sacrificar libertades individuales, pero tampoco puede ser completamente indiferente para quien lo administra.

El problema del caso OpenAI es precisamente ese. No se trata de una investigación penal ni de un deber legal de denuncia claramente configurado. Se trata, más bien, de una empresa privada que habría contado con información sugerente de un riesgo serio y que, según lo conocido, decidió no ir más allá de su propia respuesta interna. Eso no convierte automáticamente su conducta en ilícita. Pero sí obliga a formular preguntas que hasta hace poco parecían prematuras: ¿qué deberes nacen del conocimiento anticipado de un riesgo?, ¿qué estándares deben exigirse a quienes administran estas herramientas? y ¿qué consecuencias puede tener no haber hecho más?

No es casual que incluso dentro del propio mundo tecnológico hoy convivan impulsos muy distintos: mientras algunos ven en la IA una herramienta para ampliar seguridad, defensa y capacidad de acción, otros empiezan a restringir el acceso a ciertos modelos, precisamente por los riesgos que su poder puede entrañar. El derecho, mientras tanto, sigue sin resolver qué hacer cuando una plataforma privada detecta un peligro serio, pero no tiene, o no cree tener, un deber claro de actuar más allá de sus propios protocolos.

Por eso, la IA no elimina la responsabilidad; la redistribuye. La cuestión ya no es solo quién causa un daño, sino también quién lo advirtió, qué hizo con esa advertencia y si era razonable no hacer nada adicional. La carta de disculpas de Altman, en ese contexto, no debiera leerse solo como un gesto comunicacional. También puede entenderse como un indicio de algo más incómodo: que incluso para la propia empresa el caso no se agota en el plano reputacional, sino que asoma como una situación potencialmente relevante desde el punto de vista jurídico. Si una organización advirtió señales previas de un riesgo serio y optó por no hacer más que aplicar su protocolo interno, la discusión puede dejar de ser solo moral y transformarse, con el tiempo, en una discusión sobre deberes, omisiones y consecuencias patrimoniales.

Ese es, probablemente, el problema de fondo. No elegir entre indiferencia privada y prevención sin límites. Lo difícil será construir criterios capaces de reconocer relevancia jurídica al conocimiento anticipado sin convertir la predicción en una forma encubierta de condena previa.

El choque entre los dos principales candidatos presidenciales de la derecha colombiana se intensifica cada semana. El candidato ubicado más al extremo, el penalista Abelardo de La Espriella, ahora repite lo que antes solo decían influencers que hacen campaña en su campo. “Tú con los de siempre; yo con los nunca”, escribió este martes, en X, a la senadora uribista Paloma Valencia. Es una forma de catalogarla, una vez más, como la opción del establecimiento, por tener el apoyo de varios partidos y líderes políticos. Ella devolvió el golpe. “Tienes razón, yo soy la de siempre defendiendo a Colombia, y a ti te queda muy bien el nunca”, respondió la congresista, de forma también pública y recordándole que ella hizo oposición al presidente de izquierdas Gustavo Petro en el Legislativo “mientras tú vivías en Italia”. La también abogada le dijo al ultra que él votó sí en el referendo de 2016 sobre el acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las FARC, mientras ella hacía campaña por un no que ganó y se convirtió en distintivo de la derecha colombiana. Él lo negó, y envió con una columna en la que promovía el voto por el no. Mientras los votantes de izquierda miran cómodos y a distancia esa pelea desde lejos, los de derecha se preocupan porque puede crear diferencias irreconciliables.

La pelea se hizo pública este martes cuando la uribista Paloma Valencia envió esta mañana una carta al ultra Abelardo de La Espriella en la que le pide que organicen un debate solo entre los dos. “Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos” dice ella. La candidata que venía aumentando su intención de voto, desde la consulta que ganó en marzo, está ahora estancada y no ha logrado aún desbancar a De La Espriella del segundo lugar en los sondeos.

De la Espriella no saltó a la invitación. Más bien dijo que Valencia fue quien antes rechazó una oferta de debates, que moderaría el presentador Luis Carlos Vélez, y que su oferta parecía ser más bien una movida desesperada: “¿Cambiaste de opinión después de los resultados en las encuestas?“, le espetó en X, aumentando la tensión.

Detrás de las cámaras que enfocan a los candidatos, la pelea tiene un tono aún más crudo. El fin de semana, tres influencers cercanos al candidato ultra publicaron videos similares entre sí, en los que especulaban que el alfil del presidente Petro y ministro del Interior, Armando Benedetti, estaba apoyando la campaña de Valencia. Los argumentos eran enrevesados y el ministro los desmintió, pero ellos buscaban reforzar su señalamiento a Valencia de ser la candidata del establecimiento, en contraste con la idea de que el penalista es el verdadero outsider de la política. Se trata de un argumento fundamental en un país que ha visto crecer la emoción antipolítica. Fue la plataforma que impulsó al ingeniero Rodolfo Hernández a la segunda vuelta presidencial en 2022.

De La Espriella tiene unos sustentos para mostrarse así: nunca ha sido candidato a un cargo de elección popular, algo en lo que ha hecho énfasis en su pelea contra Valencia como equivalente a ser independiente del establecimiento. Eso a pesar de que sí tiene apoyos de políticos con raíces en partidos tradicionales, que van desde los conservadores (Enrique Gómez, nieto de Laureano Gómez, es su jefe de debate) hasta Cambio Radical (Rodrigo Lara), pasando por el Partido Liberal (Mauricio Gómez Amín). Incluso han llegado a su campaña figuras relevantes del Gobierno de Juan Manuel Santos, némesis del expresidente de derecha Álvaro Uribe e impulsor del acuerdo con las FARC (Sandra Bessudo, alta consejera presidencial de Gestión Ambiental y Samuel Azout, director de la extinta Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema). Es más, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, fue ministro de Hacienda del expresidente Iván Duque. Es un anti-establecimiento con mucho establecimiento en la espalda.

Esa imagen de outsider, que ha llevado al poder a políticos desde Donald Trump hasta Javier Milei, es algo que el uribismo le resiente. Los hijos del expresidente Uribe rechazaron la semana pasada que miembros de la campaña de De La Espriella compartieran videos hechos con Inteligencia Artificial en los que pintan a Valencia como aliada de sus archienemigos como el expresidente Santos o la exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial de centro Claudia López.

El escalamiento de la pelea revela la ansiedad de las campañas. A menos de cuatro semanas de las votaciones, el relato de la ultraderecha es que Valencia no se juntó solo con el centrista Juan Daniel Oviedo y políticos tradicionales para ganar, sino incluso con aquellos a quienes siempre ha hecho oposición, como Benedetti, López y Santos – algo que está lejos de ser realidad. Por el lado de Valencia, el mismo Álvaro Uribe acusó a dos miembros de la campaña de De La Espriella de hacer complots y amenazas contra su candidata, acusaciones que no terminaron en una denuncia penal ni Valencia las retomó. Pero sin un claro ganador entre los dos y con margen para marcar la diferencia, los choques solo tienen como límite la necesidad de sumar votos para esa segunda vuelta.

Las organizaciones ambientalistas buscan frenar en la Justicia la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso argentino hace un mes. Este lunes presentaron un amparo colectivo con más de 850.000 adhesiones ante un juzgado federal para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma y solicitar una medida cautelar que la deje en suspenso.

El amparo solicita a la Justicia que impida la aplicación e implementación de la ley que elimina la protección automática de la que gozaban todos los glaciares y ambientes periglaciares desde que se sancionó la ley, en 2010. Las organizaciones impulsoras del amparo —Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina— sostienen que la nueva normativa permite habilitar proyectos mineros en zonas en las que hasta ahora estaban prohibidos con riesgo “de contaminación y alteración física” irreversible de estos cuerpos de hielo. En regiones en las que el agua es escasa, estos riesgos son incompatibles con la seguridad hídrica”, señalan.

Los glaciares abastecen de agua a cerca de siete millones de argentinos y sostienen actividades productivas como la viticultura. La reforma deja en manos de las provincias decidir si un glaciar debe o no estar protegido en función de su rol como reserva hídrica, en vez de someter la decisión a criterios científicos, como hasta ahora. Los demandantes recuerdan que aunque las provincias son las titulares de los recursos naturales, la Constitución obliga a garantizar un piso mínimo de protección que ahora puede vulnerarse.

La decisión de presentar el amparo en La Pampa, situada en la llanura central de Argentina, tiene que ver con que esa provincia “recibe agua de cuencas que nacen en San Juan y Mendoza”, dos provincias cordilleranas en las que hay planes para extraer cobre, oro y otros metales en áreas glaciares y periglaciares. “La reforma a la ley original de glaciares genera un perjuicio a la seguridad hídrica a nivel nacional”, opinan los demandantes.

Los críticos a la reforma legislativa opinan que perjudica la credibilidad internacional de Argentina al contradecir compromisos asumidos, como el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares ambientales para atraer inversiones extranjeras”. Alegan también que la acción judicial surgió después de que se negase la participación a más de 100.000 personas que se habían inscrito para participar en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados, “incumpliendo así con la participación amplia,integral e inclusiva que exige el Acuerdo de Escazú”.

Las más de 850.000 adhesiones al amparo colectivo son un nuevo intento de visibilizar que parte de la sociedad se opone de forma categórica a los retrocesos en materia de ambiente aprobados desde que Javier Milei llegó al poder. Por el contrario, otra parte de la población aplaude que el Gobierno ultra priorice el desarrollo económico frente a la protección de los recursos naturales y esa postura gana adeptos a medida que crece el desempleo y la precarización laboral. La modificación de la Ley de Glaciares se suma a los generosos beneficios fiscales e impositivos del régimen de incentivos para las grandes inversiones con los que Milei busca atraer a mineras a Argentina. En 2025, todavía con la Ley de Glaciares vigente, las exportaciones mineras en Argentina superaron los 6.000 millones de dólares, una cifra récord que supone un crecimiento cercano al 30% en un año.