Category: Actualidad

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Una estrella y las iniciales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Son las referencias que la marca de moda española Grimey (GRMY, por su logo) ha llevado a una de las camisetas de fútbol de su catálogo. La prenda está a la venta por unos 75 euros en su página de España (cerca de 1.530 pesos) y por alrededor de 2.300 pesos en la de México, el país de origen del movimiento indígena. El nombre del diseño queda algo genérico en el buscador: “Camiseta de fútbol machetazos boxy red [de corte recto rojo]”. Fuentes cercanas a la cúpula del EZLN aseguran a EL PAÍS que la empresa española no ha contactado con ellos y que tampoco existe un arreglo económico por las referencias al movimiento. La dirección de GRMY, por su parte, expone que se trata de “un diseño más con una alusión a un movimiento”, algo común en la marca.

El zapatismo alzó la voz y las armas contra el Gobierno mexicano el 1 de enero de 1994. Miles de combatientes indígenas tomaron en aquellos días cinco municipios de Chiapas, al sureste mexicano, para llamar a la insurgencia y reivindicar los derechos negados históricamente: “Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”. Sus símbolos quedaron claros: una estrella roja y las iniciales del movimiento EZLN. Son los mismos —a excepción del color de la estrella— que la marca española ha trasladado a una camiseta de fútbol —que no corresponde a ningún equipo concreto— 32 años después.

Al tratarse de un movimiento social, el EZLN no cuenta como una marca registrada al uso, pero el abogado de Propiedad Intelectual Pablo Carrillo explica que en México el uso de una marca o simbología “otorga derechos”. “Si decimos que las siglas ‘EZLN’ como movimiento se ha venido usando desde 1994, evidentemente tienen un uso anterior. Ese uso les permitiría iniciar acciones [legales]”, explica el socio del área de Caype Abogados. Carrillo cuenta que si GRMY solo utilizara el logotipo en España, el movimiento podría escudarse en la notoriedad de las siglas para exigir que dejaran de usarlas. Pero, al usarlo en México, “sin duda, existe una acción muy clara de competencia desleal por el uso o apropiación de las siglas que representan al movimiento”. “Yo creo que más bien va por un caso de mala fe”, sintetiza.

GRMY nació en 2006 en Vicálvaro, un barrio a las afueras de Madrid, con un profundo mensaje social. “Desde que empezamos hace casi 20 años, hemos sacado muchos diseños con alusiones a movimientos sociales y políticos [pasados y presentes], e involucrándonos en mayor o menor medida”, cuentan desde su dirección ejecutiva por correo. Este diario no ha recibido respuesta a si la marca se pondrá en contacto con el EZLN o si destinará parte de las ventas de la camiseta al movimiento.

La marca española sí ha realizado en otras ocasiones actos solidarios con otros movimientos. La directiva pone de ejemplo el festival de música GRIMEY x PALESTINA, en el que “todos los beneficios obtenidos” van destinados a Pallasos en Rebeldía, un colectivo artístico-solidario internacional que apoya a los pueblos originarios. El año pasado lograron reunir a 14.000 personas, de acuerdo con las cifras de la empresa, y este año prevén celebrar una nueva edición el 12 de mayo. Pallasos en Rebeldía apunta que, entre otros temas, “defiende el fin de la ocupación sionista en Palestina” y que “forma parte del movimiento de solidaridad con la revolución zapatista en México”.

Un vistazo rápido a la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha mostrado a Carrillo que solo hubo un intento de registrar la marca EZLN. Fue en junio de 2021 y bajo el nombre “EZLN Quality Jeans”. La petición aludía a la imagen del Subcomandante Marcos con los iconos del movimiento superpuesto. “Está negada. El registro, que es el del IMPI, no lo otorgó. Lleva desde 2001, entonces prácticamente está abandonado”, comenta.

La apropiación de elementos característicos ha sido un tema sensible en México en la última década. El país ha mantenido una fuerte lucha para proteger el patrimonio cultural de los pueblos originarios, lo que ha llevado al Gobierno a criticar en repetidas ocasiones a marcas como Carolina Herrera, Adidas o el gigante textil asiático Shein por el uso de diseños y elementos identitarios. En 2023, la polémica también salpicó a Grupo Xcaret cuando un grupo de representantes del Gran Consejo Maya denunció a la compañía turística mexicana ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) por las violaciones del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, al utilizar elementos mayas para atraer turistas.

Guillermo Francella hablaba de su trayectoria artística cuando la bomba cayó. El actor argentino, distinguido este año con el Premio Platino de Honor, comenzaba a dialogar con la prensa cuando todos comenzaron a hablar de un personaje ausente. Isabel Díaz-Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se dijo víctima de un ataque del Gobierno de México para boicotear su participación en la entrega de los galardones a las películas y series iberoamericanas, que se entregarán este sábado en Xcaret, un resort turístico de la Riviera Maya mexicana. El anuncio hizo a los organizadores entrar en modo crisis. El mensaje de Ayuso convirtió de manera inesperada un evento cultural en uno político cargado de simbolismo.

Ayuso no había asomado la cabeza desde el miércoles por la tarde, cuando apareció por última vez en un evento en el Estado de Aguascalientes, en el centro de México. Allí recibió las llaves de la ciudad y fue cobijada por una de las pocas gobernantes de oposición en México. La tarde del jueves debía volar a Cancún, en la península de Yucatán, para participar después en la gala de los Platino. Era su penúltima parada en una extensa gira de diez días que la llevaba por cuatro entidades de todo el país y que debía terminar el lunes tras una visita a la norteña ciudad de Monterrey. Pero el resto de la gira ha sido cancelada ante lo que su equipo considera una amenaza.

“En un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”, indicó la Comunidad de Madrid en un comunicado emitido mientras Francella agradecía el haber sido reconocido con un premio que en otras ediciones ha recaído en manos de Sonia Braga, Antonio Banderas, Diego Luna, Carmen Maura, Ricardo Darín y Adriana Barraza, entre otros.

El empresario Enrique Cerezo, el CEO de los Platino y presidente del Atlético de Madrid, se ha referido a Francella como uno de esos actores que “construyen mitos” y cuya carrera actoral es “un viaje de 1.000 rostros” por su habilidad de convertirse en cualquiera de nosotros. Cerezo se mantuvo en su asiento mientras hablaba el actor de Homo Argentum, El encargado y El secreto de sus ojos. Su equipo, sin embargo, se notó tenso y abandonó sus asientos para pergeñar una respuesta a las acusaciones de la Comunidad de Madrid. Hasta la noche de este viernes, esta respuesta no había llegado.

Xcaret, el resort que alberga los Platino desde 2018, negó “categóricamente” que recibiera presiones del Gobierno federal o local para impedir la presencia de Ayuso en la gala del sábado so pena de ser clausurado. No obstante, admitió a través de un comunicado haber pedido a la organización de los premios retirar la invitación a Ayuso por las “desafortunadas declaraciones” vertidas a lo largo de la semana y para evitar que la gala del fin de semana sea utilizada como una plataforma política en lugar de una celebración del audiovisual iberoamericano. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, también rechazó haber intervenido para coartar la libertad de expresión de Ayuso.

“Ya se ha cargado los premios”, decía entre los pasillos alguien de la organización después de que se hiciera público el mensaje de Ayuso. Las fuentes consultadas confiaban su frustración porque el rifirrafe político entre la política popular y las figuras de Morena terminara por eclipsar una entrega de premios que cuenta con el apoyo económico de la Comunidad de Madrid, pero que también es reacia a ser utilizada como una arena política.

Ayuso comenzó su visita a México con un evento en la Basílica de Guadalupe, un guiño al credo católico fundacional de los mexicanos. Desde entonces comenzó a calentar el ambiente con dichos y actos abiertos de provocación, como un evento de reivindicación de la figura de Hernán Cortés. El guante fue recogido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien enfrenta una crisis interna después de que Estados Unidos señalara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de su partido, de tener vínculos con el narcotráfico. “No creo que sirva a quien la trajo, porque no va a ayudar que hable de Hernán Cortés y la Conquista para ganar una elección en nuestro país”, aseguró este viernes Sheinbaum en su rueda de prensa diaria, en referencia al PAN, el partido opositor que ha abrazado tibiamente la visita de Ayuso.

Ni los directivos de Xcaret ni los organizadores de los Platino han dicho cuándo se produjo la solicitud para la retirada de Ayuso y si esta tenía actividades programadas el viernes. Tampoco lo ha aclarado el equipo de comunicación de la Comunidad de Madrid, consultado por este periódico. El Gobierno madrileño dice que ha mantenido reuniones con los organizadores, pero se decidió no acudir a la gala para no perjudicar a empresarios mexicanos.

Ayuso no es ninguna extraña en los Platino ni en el entorno de Enrique Cerezo. La presidenta de la comunidad fue anfitriona en la edición XII, celebrada el año pasado en la capital española. Hace una semana otorgó al empresario uno de los principales reconocimientos, la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.

La presidenta de la comunidad visitó por última vez la Riviera Maya en 2024, para participar en la decimoprimera edición de los Platino. El tono de la visita de entonces fue menos belicoso. Ayuso se reunió con la morenista Mara Lezama, su homóloga del Estado de Quintana Roo, para hablar de turismo y de intercambio comercial. “La de México y Madrid es una película que siempre acaba bien y continuará”, dijo Ayuso en abril de ese año. No ha sido así este 2026.

Germán Vargas Lleras, el poderoso vicepresidente de Juan Manuel Santos que lideró un ambicioso programa de infraestructuras y construcción de vivienda en Colombia, un político de mano dura que escaló todos los peldaños del servicio público hasta buscar sin éxito la Presidencia de la República, ha fallecido a los 64 años. El ex vicepresidente padecía desde hace años un cáncer del que nunca reveló mayores detalles.

Como cabeza indiscutida del partido Cambio Radical, Vargas Lleras fue en los últimos tiempos uno de los opositores más vocales al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro y mantuvo su influencia. Fue concejal, diputado, representante a la Cámara, senador, ministro, vicepresidente y candidato presidencial. A pesar de las especulaciones sobre otra candidatura en este 2026, optó por no aspirar nuevamente. Tampoco estuvo muy presente en la campaña para las legislativas del pasado 8 de marzo, aunque invitó a votar por las listas de su colectividad, que no tiene un candidato presidencial propio para la primera vuelta del 31 de mayo. Convaleciente después de haberse sometido a procedimientos médicos en Estados Unidos y en Bogotá, su salud fue un obstáculo insalvable para su esperado regreso a la arena electoral.

Desde las páginas de opinión en el periódico El Tiempo fijó posiciones a lo largo de este cuatrienio. “Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales”, escribió Vargas Lleras a finales de enero en la que fue la última de sus columnas, un espacio que llegó a suspender en algunos momentos por sus problemas de salud. “Nombramientos y despidos masivos, ampliaciones de plantas de personal, cientos de miles de millones en nuevos contratos a pocos días de entrar en vigencia la ley de garantías, disminución de requisitos para ocupar cargos, intervención en política por parte de los funcionarios y un sinnúmero de anuncios populistas para comprar conciencias”, se lamentaba entonces sobre la Administración de Petro, un presidente en las antípodas ideológicas.

“Las fuerzas de oposición, y aquellos sectores que creen que vamos por muy mal camino, tenemos que llegar unidos, con un solo candidato. Cualquier otra cosa sería un suicidio”, advertía Vargas Lleras en marzo del 2025 en su última entrevista con EL PAÍS. El 25 de abril de ese año fue sometido a “una intervención neuroquirúrgica programada”, según informó la Fundación Santa Fe, en Bogotá, y después pasó meses en Houston para otros tratamientos de los que trascendieron pocos detalles. El propósito de consolidar un frente único de oposición incluso lo llevó a acercar posiciones entre Cambio Radical y el Centro Democrático, el partido referente de la derecha más dura, fundado y presidido por el expresidente Álvaro Uribe, con quien mantenía una vieja rivalidad.

Vargas Lleras, con cicatrices de su dilatada carrera que saltaban a la vista, era reconocido como uno de los políticos más curtidos de Colombia. “Por suerte o por la Divina Providencia, en varios episodios logré salvar mi vida sólo por fracciones de segundos… o de centímetros”, recordaba en Hacer, cumplir, avanzar, el libro que publicó durante su fallida campaña presidencial de 2018. Se refería, entre otros, a dos atentados con explosivos atribuidos a la entonces guerrilla de las FARC, uno de los cuales le costó dos dedos de la mano izquierda. Por cuenta de esos ataques, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado, decidió acreditarlo hace dos años como víctima de las FARC.

El primero ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando Vargas Lleras era senador y recibió en su oficina del Congreso de la República un libro bomba que inexplicablemente pasó todos los controles de seguridad. Al detonar, le provocó graves heridas. “Solo recuerdo un ruido demencial, un dolor infinito y mucha sangre. Mi mano derecha quedó, literalmente, colgando de un hilo y los dedos meñique, anular y parte del medio volaron en mil pedazos”, rememoró el propio Vargas Lleras años después en un artículo periodístico.

El segundo, ocurrió cerca de la medianoche del 10 de octubre de 2005, cuando salía de las instalaciones de Caracol Radio. La explosión de un carrobomba impactó el vehículo en el que se transportaba y dejó un saldo de nueve personas heridas, entre ellas sus escoltas. Luego de firmar la paz a finales de 2016, las FARC reconocieron la autoría de ambos atentados y manifestaron su voluntad de aportar a la verdad ante la justicia transicional en una carta dirigida en 2020 al ya expresidente Santos.

Nieto del presidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y abogado de la Universidad del Rosario, Vargas Lleras comenzó muy joven su carrera política de la mano de Luis Carlos Galán, asesinado en 1989. Más allá de esas raíces en el liberalismo, se posicionó como un político de mano dura con sus feroces críticas desde el Congreso a la negociación de paz de El Caguán, en el periodo de Andrés Pastrana (1998-2002). Fue ministro del Interior y luego de Vivienda durante el primer periodo de Santos (2010-2014), y en el segundo (2014-2018), ya en la Vicepresidencia, se extirpó un tumor cerebral benigno, detectado después de que se desplomó en una tarima.

Distanciado del proceso que llevó al acuerdo de paz, como vicepresidente inauguró un ambicioso programa de infraestructuras y entregó 100.000 casas gratis a las franjas sociales más vulnerables. Construyó la imagen de un ejecutor eficaz. Con ese protagonismo, arrancó como favorito la campaña del 2018, pero quedó cuarto en la primera vuelta, con menos de un millón y medio de votos, por detrás de Iván Duque, de Petro –quienes disputaron la segunda vuelta– y también de Sergio Fajardo. No por eso dejó de proyectar su influencia sobre la política colombiana, e incluso mantuvo representantes de Cambio Radical en el Gabinete de Duque (2018-2022).

El Estado venezolano tardó 16 meses en confirmarle a Carmen Navas el paradero de su hijo, desaparecido desde que fue detenido el 1 de enero de 2025 en Caracas —con una caja de bombones para su madre— y que acabó en la cárcel del Rodeo, donde enfermó y finalmente falleció en un hospital. Tras el reconocimiento oficial de la muerte este jueves, en menos de 24 horas, las autoridades han exhumado el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, enterrado el pasado julio en una tumba compartida de un cementerio en las afueras de Caracas. Sin que nadie avisara a su madre, el cuerpo fue sepultado con una lápida de papel y una fecha de muerte distinta a la informada oficialmente.

La tarde de este viernes, la madre, de 82 años, reconoció el cuerpo de su hijo durante la exhumación realizada por la policía judicial venezolana. A Quero le realizaron la autopsia, un procedimiento que duró hasta casi el final de la tarde, como parte de la investigación que ordenó abrir el Ministerio Público el jueves. Los restos se los llevó Navas para darles sepultura en otro camposanto.

En sus redes sociales, la periodista Mayorin Méndez, que ha acompañado el caso de cerca como parte de un documental, contó que la madre se quitó las medias y pidió que se las pusieran al cuerpo, junto a la gorra con la que se cubrió del sol en las interminables horas de espera frente a la cárcel mientras buscaba a su hijo.

El camino de la investigación comienza ahora. “En teoría, se deberían determinar las responsabilidades. La señora Carmen Navas también es una víctima por todo lo que ha vivido”, dijo Stefanía Migliorini, abogada del Foro Penal que la asiste. Que el chavismo, a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios, terminara de admitir en público lo que Navas ya presumía fue resultado de su presión sostenida y de una reunión que tuvo el domingo pasado con la defensora del pueblo, Eglée González Lobato. Fue en esa oficina donde Navas se enteró de la noticia de boca del ministro Julio García Zerpa, quien rige el sistema carcelario desde junio de 2024.

Quero era un hombre alto, rubio, casi pelirrojo y fornido. El 1 de enero de 2025 esperaba reunirse con su madre para desearle feliz año. Le había comprado una caja de bombones de regalo. Pero fue interceptado en Plaza Venezuela, en el centro de la ciudad, por una comisión de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, la temida Dgcim, de hombres encapuchados vestidos de negro.

“A él lo metieron en la causa donde estaban todos los extranjeros”, presume Migliorini, aunque los expedientes de esas causas son clasificados, incluso para los defensores de los acusados. “Lo que hemos podido recabar es que lo detienen básicamente porque tiene rasgos de extranjero, como todos los que estaban agarrando presos en ese tiempo”.

Luego de las elecciones de julio de 2024, el aparato represivo del Gobierno aumentó la presión. En cualquier lado había un enemigo, y la detención de ciudadanos de otra nacionalidad —como los cinco turistas españoles, el profesor de yoga francés o el gendarme argentino— se convirtió en un patrón bien documentado. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, ha señalado que estos casos han sido usados como ficha de canje con países con los que el Gobierno tenía algún interés, práctica que llevó a que en los registros de presos políticos llegase a haber hasta cien extranjeros. Quero, por sus rasgos físicos, habría entrado en esa misma pesca, según Migliorini.

La abogada recuerda que hace semanas pidió al tribunal juramentarse como defensa de Quero. Le dijeron que no podía hacerlo porque el imputado ya había tenido una audiencia preliminar recientemente. “Cuando solicité la fecha, alegaron que por problemas en el sistema no podían informarla. Pero si es así, ¿cómo es que una persona muerta se presentó en una audiencia?”, pregunta Migliorini.

No sería la única actuación judicial en la que se obvió que Quero había fallecido. En octubre, la Defensoría del Pueblo le notificó a Navas en un documento que su hijo estaba detenido en el Rodeo, aunque ya llevaba tres meses muerto. La anomalía más reciente involucra al Tribunal Segundo de Control en Terrorismo, que esta semana negó la amnistía y alegó que los cargos contra Víctor Quero no entran en la ley —como si el acusado siguiera vivo.

La confirmación de la muerte de Quero ha puesto en evidencia un patrón que se viene denunciando en Venezuela desde hace años. Las desapariciones forzadas son una práctica común en el sistema represivo que el chavismo ha perfeccionado, y varios casos sustentan el expediente de la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.

El de Carmen es el caso de muchas madres, esposas y hermanas de presos políticos. A la detención arbitraria, sin orden judicial, le sigue el limbo de la desaparición. Pueden ser horas, días, meses, y puede terminar en la muerte, como le pasó a Quero. El caso ha generado conmoción en un país que ha vivido de todo en los últimos meses. El Gobierno solo ha reaccionado a través de comunicados. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se ha referido al asunto.

La ONG Cofavic, que reúne a las víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos durante el Caracazo —el estallido social de 1989—, expresó su solidaridad con Navas. “No puede normalizarse que una madre busque durante meses información sobre su hijo sin recibir respuesta de las autoridades. Exigir verdad y rendición de cuentas es una obligación ética y jurídica ineludible”, dijeron en un comunicado. El Observatorio Venezolano de Prisiones también ha exigido una investigación independiente.

México dará el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA el próximo jueves 11 de junio. El Estadio de la Ciudad de México abrirá sus puertas para la ceremonia de apertura del torneo más visto del planeta y, a partir de ese día, arrancará una competencia que se extenderá por Estados Unidos y Canadá.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que el torneo “es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”. México será la primera nación en inaugurar una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Toronto y Los Ángeles. Infantino ha explicado que estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje la individualidad de cada nación.

Horario y cómo será la ceremonia de inauguración

La apertura del Mundial 2026 comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para las 11.30 horas del 11 de junio. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del encuentro, con activaciones y experiencias exclusivas para los asistentes. Con este evento, el recinto se convertirá en el primero en el mundo en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA.

Los artistas confirmados para la inauguración del Mundial en México

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla son algunos de los artistas que subirán al escenario para interpretar el álbum oficial de la Copa Mundial, en una actuación que pretende representar la diversidad sonora de América.

La ceremonia integrará muestras de la danza y el arte mexicano, con la participación de talentos indígenas y artistas folclóricos que llevarán la cultura mexicana al escenario más visto del planeta a través del tradicional papel picado.

Los partidos entre los tres países anfitriones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se extenderá a lo largo de 104 partidos que se disputarán en 16 ciudades sede de los tres países anfitriones. La final será el domingo 19 de julio en el New York, New Jersey Stadium, en Estados Unidos.

Las entradas y los paquetes de hospitalidad continúan disponibles a través de los canales oficiales de la FIFA, y continuarán a la venta de forma progresiva durante el torneo, sujeto a disponibilidad.

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Laura Fernández Delgado juró este viernes sobre una Biblia como la presidenta número 50 de Costa Rica, con la promesa de consolidar el movimiento de ruptura política iniciado en 2022 por su mentor, Rodrigo Chaves. Fernández se alinea con la tendencia internacional de derecha conservadora que repudia a los poderes tradicionales, ante los temores y críticas de opositores por conductas autoritarias.

El nuevo impulso a la herencia de Chaves —quien se mantiene en el poder como un superministro— fue el mensaje central y previsto de Fernández para la ceremonia celebrada en el Estadio Nacional, en la capital, ante cientos de seguidores en las graderías. En las delegaciones destacaron el presidente de Israel, Isaac Herzog; el emisario de Estados Unidos, Christopher Landau; y el rey de España, Felipe VI, quien invitó a la mandataria a la Cumbre Iberoamericana de noviembre. También asistió el presidente de Chile, José Antonio Kast, y otros mandatarios de Centroamérica, pero no el salvadoreño Nayib Bukele, aliado cercano de Chaves.

“Mi promesa no es solo administrar la herencia, sino multiplicarla”, dijo en su discurso de investidura, en el que también reiteró sus intenciones de aplicar medidas de “mano dura” contra el crimen organizado. Estas pasan por reformas al Poder Judicial, señalado por el oficialismo como “culpable” de la escalada de la violencia, protector de las élites y, por tanto, enemigo de los intereses populares.

Fernández, que construyó su carrera en mandos medios de la burocracia estatal y ascendió en 2022 al puesto de ministra en el gabinete de Chaves, asume la silla presidencial acuerpada por el propio Chaves, juramentado en la ceremonia como ministro de Finanzas y de la Presidencia, con lo cual intervendrá en la conducción de la nueva administración y en el manejo crítico del presupuesto estatal. Esta continuidad se reafirma con el resto del gabinete, que en su mayoría continúa en los cargos, y con la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.

La nueva gobernante pretende aprovechar el control parlamentario para impulsar cambios legales profundos hasta entrar a una nueva era constitucional para “corregir” el sistema institucional en el país, considerado por décadas como un ejemplo de estabilidad. “Estamos a las puertas de construir una Tercera República, una nueva Costa Rica que no tiene miedo al cambio”, dijo alzando la voz sobre una posibilidad para la que requeriría apoyo de algunos de los partidos opositores para alcanzar la mayoría calificada.

Sobre la inseguridad por el narcotráfico, dijo que impulsará medidas profundas para combatir la filtración del crimen organizado en las instituciones, aunque no las detalló. “Costa Rica no puede normalizar la vergüenza de ver a sus instituciones penetradas por el crimen; no podemos aceptar que el narco encuentre grietas en nuestro sistema”, afirmó. La violencia es el principal problema señalado por la población; tiene raíces sociales y se expresa en ataques armados cada vez más frecuentes, como el que ocurrió este jueves por la tarde en una importante avenida de la capital, en momentos de traslados y actividades de las delegaciones internacionales para la ceremonia de hoy.

“Muy pronto inauguraré una megacárcel (con capacidad para 5.000 internos, inspirada en El Salvador) y uno de los centros de vigilancia policial más modernos del mundo, pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los más peligrosos o si las leyes los protegen”, abundó en su mensaje contra el Poder Judicial. A pocos metros estaba su presidente, Orlando Aguirre, un veterano magistrado de quien Chaves se atrevió a decir que es “criminal o bruto”. El discurso presidencial ha sido un factor en el clima hostil que marcó el cuatrienio 2022-2026 y que partidos opositores esperan se atenúe, al desear y ver algunas señales de moderación de Fernández, a pesar de su expreso apego a la continuidad del “chavismo”.

“A quienes pensaron que podían recuperar privilegios, que se iban a reinstaurar las viejas prácticas, a quienes creyeron que conmigo como presidente se iban a volver a acomodar la corona en sus cabezas, les digo que están muy equivocados (…). No dejaré ningún espacio a retrocesos”, sentenció después de que la nueva presidenta del Congreso, la oficialista Yara Jiménez, le dijera en la bienvenida que la población espera de ella serenidad ante las críticas y la diversidad de opiniones.

La ceremonia incluyó también la intervención con oraciones de un sacerdote católico y un pastor evangélico, reflejo del acercamiento conservador que exaltan Chaves y Fernández, aunque la cúpula de obispos católicos se mantiene distante y ha expresado críticas diversas al oficialismo, llamando a bajar los enfrentamientos políticos y proteger la libertad de expresión.

Pese al ambiente de enfrentamientos retóricos y tensiones, grupos religiosos y empresariales también han expresado buenos deseos para la presidenta, quien manifestó su intención de mantener la imagen del país. “En el ámbito internacional, Costa Rica seguirá siendo un país de paz, de democracia y de respeto a los derechos humanos”, dijo a pesar de las críticas al Gobierno por la cercanía con Israel y con Bukele. También por los acuerdos con Estados Unidos para recibir migrantes deportados y por las relaciones cordiales con la dictadura de la vecina Nicaragua, representada en la investidura en San José por el canciller Valdrack Jaentschke, pese a los reclamos de grupos exiliados nicaragüenses.

Esta es una de las pocas ocasiones en las que el fútbol mexicano ha cerrado filas entorno a un futbolista. Y vaya futbolista. Gilberto Mora (Tuxtla Gutiérrez, 17 años) ha recibido el respaldo de su club, los Xolos de Tijuana, para recuperarse en tiempo récord de una dolencia en la pelvis que le aquejó desde enero pasado. Su entrenador, Sebastián El Loco Abreu, le concedió todo tipo de permisos para que pudiera rehabilitarse en Estados Unidos y que tuviera la mayor bendición para un futbolista: tiempo para sanar. Regresó a las canchas el 10 de abril y nadie puede negarle el sueño de competir en un Mundial absoluto, aunque no tenga todavía la credencial del INE.

Javier Aguirre le consideró como uno de los 12 futbolistas seguros para la lista final del Mundial. Mora agradeció el espaldarazo con un viaje desde Tijuana a Ciudad de México dos días antes de que iniciara la concentración para el Mundial en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Hubo jugadores que llegaron seis minutos antes de la hora límite para entrar al campamento, como Alexis Vega y Jesús Gallardo del Toluca. “Llegué desde lunes. Estaba aquí entrenando solo, pero muy contento de poder estar otra vez en selección. Físicamente me siento muy bien, ya estoy al 100%. Disfrutando el momento”, comentó este viernes.

Mora cumplirá la mayoría de edad el 14 de octubre, pasando el Mundial. Si Aguirre le hace jugar, lo cual puede beneficiar la parte creativa del equipo, será el futbolista más joven en disputar un Mundial para México con 17 años y 240 días. El más joven hasta hora es Manuel Rosas, quien con 18 años jugó el Mundial de Uruguay 1930. Otro juvenil que destacó por su precocidad en el fútbol fue Andrés Guardado en Alemania 2006 con 19 años y ocho meses cumplidos. Uno de los futbolistas que rozan el mito, Pelé, jugó en Suecia 1958 con 17 años y 249 días. El camerunés Samuel Eto’o disputó el Mundial de Francia 1998 con 17 años y 98 días. Aunque el jugador más joven es Norman Whiteside de Irlanda del Norte con una edad de 17 años y 40 días en España 1982.

“No lo tomo como una presión, sino como una motivación siempre. Trato de ser yo dentro del campo, de jugar, de divertirme y creo que eso me ha ayudado mucho hasta ahorita y espero poder seguir así”, dijo con una tranquilidad que algunos de sus compañeros quisieran igualar. El tema de la lesión, la pubalgia, pudo apartar su sueño mundialista “pero siempre confié en mí, en Dios, que siempre los tiempos de él son perfectos y siempre trabajé todos los días para poder estar aquí en la selección. Sabía que podía llegar”, contó.

Gilberto Mora debutó en Primera División con 15 años y 10 meses cumplidos. El entrenador que le dio la confianza fue Juan Carlos Osorio, el exseleccionador de México entre 2015 y 2018. Juega como un mediocampista con desparpajo, que sabe leer jugadas antes que nadie y que tiene una capacidad de conducción con el balón que sorprende. No por nada es vigilado por los visores del Real Madrid y del Barcelona, además de otros clubes europeos.

“Es la gran aparición del fútbol mexicano en los últimos 15, 20 años. Me hizo acordar al Chino Álvaro Recoba, por la edad y por aparecer tan temprano con ese nivel”, contó Abreu sobre su pupilo en El Espectador Deportes. “Previo a que llegue el balón, ya sabe qué movimiento hacer. Tiene buena habilidad de espaldas, sabe evitar el contacto físico. Es muy difícil encontrar eso en un chico de su edad”, dijo en otra ocasión. Los elogios han sido una constante para Gilberto Mora. Ahora le toca corresponderlos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó hace unos días una tesis seductora: “La mejor política social —idealmente, la única— es el pleno empleo”. La frase suena a sentido común. Si todos trabajan, todos tienen ingresos. Si todos tienen ingresos, el Estado no necesita intervenir. Simple, claro, pero cierto solo a medias.

La afirmación descansa en una confusión —o en una convicción— más profunda: trata como equivalentes dos problemas sociales fundamentalmente distintos. Por un lado, están los problemas absolutos: carecer de lo suficiente para vivir bien. Por otro, los relativos: quedar sistemáticamente rezagado en la jerarquía que organiza el acceso a las oportunidades. El pleno empleo y el crecimiento —¡de lograrse!— pueden aliviar los primeros, pero dejan intactos los segundos.

Imaginemos un país que crece sostenidamente y donde todos acceden a un empleo. Las condiciones materiales mejoran: menos pobreza, mejor nutrición, mayor acceso a salud. Todo eso es real y de crucial importancia. Pero el crecimiento, por sí solo, eleva el piso sin alterar la distribución de posiciones.

En una economía de mercado, varios de los logros más relevantes —acceso a educación superior, trabajos satisfactorios y bien remunerados, vivienda en comunas con buena calidad de vida— no se definen por umbrales absolutos, sino por posiciones relativas. La Universidad de Chile no admite a todos quienes superan un puntaje mínimo: admite a quienes obtienen los mejores puntajes disponibles ese año. Las empresas más productivas no contratan a todos los trabajadores “suficientemente” calificados: contratan a los relativamente más calificados. La competencia es posicional, no de umbral. Y las familias lo saben: por eso los padres no buscan para sus hijos “una buena educación”, sino la mejor posible. Entienden —correctamente— que el juego es relativo.

Ningún nivel de crecimiento altera esa lógica. Si todos mejoran en igual proporción, las posiciones relativas permanecen invariantes. Más aún: dado que quienes parten con ventaja disponen de mayores recursos para invertir en el destino de sus hijos —colegios, redes, capital cultural—, con cada generación aparece una nueva cancha que nivelar.

Lejos de ser nuevo, este es el ABC de la política social en las democracias avanzadas: para que la suerte de las personas no esté determinada por los accidentes de la cuna, se requieren políticas que redistribuyan el acceso a oportunidades. ¿Cuáles son esas políticas? Justamente las que el ministro Quiroz estima prescindibles: gasto social progresivo en educación, salud, primera infancia, vivienda.

La evidencia comparada respalda este punto. Un estudio reciente del Banco Mundial muestra que países que enriquecen sin invertir en política redistributiva no solo no aumentan la movilidad, pueden incluso reducirla. El crecimiento, en otras palabras, abre la posibilidad de financiar la igualdad de oportunidades, pero no la produce automáticamente. Chile lo ilustra con claridad: según un informe de la OCDE en Chile persisten techos y pisos pegajosos —las familias más aventajadas y las más desaventajadas transmiten su posición con particular fuerza a sus hijos—. Tres décadas de crecimiento no han bastado para cambiar esta realidad, porque el problema no es de piso, sino de cancha.

El crecimiento y el empleo son condiciones necesarias —pero no suficientes— para mejorar la calidad de vida de las personas. Una economía que crece pero mantiene alta desigualdad, sin política social que redistribuya oportunidades, es una economía donde las ventajas y desventajas de los padres se perpetúan en los hijos. Confiar la solución de los problemas sociales únicamente al crecimiento y al empleo es una apuesta por el gatopardismo social: una donde todo puede mejorar aún cuando todo siga igual.