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La Comunidad Andina de Naciones (CAN) —organismo de integración regional que promueve el libre comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— ha ordenado a Ecuador y Colombia desmontar las medidas arancelarias y restricciones comerciales impuestas desde diciembre de 2025. Mediante tres resoluciones emitidas por su Secretaría General, el organismo calificó como ilegales tanto la restricción de Ecuador que limita el ingreso de mercancías colombianas al paso de Rumichaca, como la “tasa de control aduanero” que escaló del 30% al 100%, y también los aranceles retaliatorios que impuso Colombia y que llegaron al 75%. Las medidas ecuatorianas, adoptadas por el Gobierno del derechista Daniel Noboa bajo argumentos de seguridad fronteriza, fueron declaradas contrarias al Acuerdo de Cartagena, que regula la Comunidad estos asuntos. Ambos países tienen un plazo de 10 días hábiles para acatar el fallo.

“Son resoluciones que deben cumplirse”, explica a EL PAÍS Silvia Paula González, abogada especialista en comercio exterior y aduanas. “La resolución es vinculante para ambos países. Aunque ha habido antecedentes en los que algunos países no acatan, el ordenamiento jurídico andino les obliga a cumplir”, reitera. El gremio exportador colombiano, Analdex, ha celebrado la decisión. Su presidente, Javier Díaz, señaló que las resoluciones son “una muy buena noticia” y recordó que su organización “siempre ha sostenido que estas medidas eran ilegales a la luz del Acuerdo de Cartagena”. Díaz subrayó que el fallo constituye “una obligación para los países” y advirtió que de no acatarlo “estarían incumpliendo el ordenamiento jurídico”. El directivo gremial expresó su expectativa de que “tanto Ecuador como Colombia acaten de manera inmediata esta decisión de la Comunidad y se restablezca el 0% de arancel para el universo del comercio de los productos que tanto Colombia como Ecuador comercializan bilateralmente”.

La resolución 2581, emitida por el secretario general Gonzalo Gutiérrez Reinel, concluye que Ecuador falló en cuatro de los cinco criterios jurídicos que el Tribunal de Justicia de la CAN exige para justificar excepciones al libre comercio: finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Solo cumplió el requisito de no discriminación, al aplicar la misma medida con Perú (habilitando únicamente el paso de Huaquillas). El organismo determinó que cerrar el paso fronterizo de San Miguel, en la región amazónica, generó “efectos restrictivos que dificultan y hacen más onerosa” la importación de productos colombianos, sin demostrar mejoras verificables en seguridad.

El fallo evidencia que la medida ecuatoriana, respaldada por un informe militar del 23 de diciembre de 2025, falló en demostrar cómo cerrar pasos formales ayuda a controlar los 142 pasos fronterizos no autorizados que identificó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese país. “El informe técnico no establece la relación específica entre dicha finalidad y los efectos concretos de la medida sobre el comercio formal, particularmente en lo que respecta a su incidencia en la reducción de las actividades ilícitas que se desarrollan principalmente a través de pasos fronterizos no autorizados”, señala la resolución.

El análisis económico de la CAN reveló que el 43% de las principales mercancías que históricamente ingresaban por San Miguel —incluyendo bombas industriales, equipos eléctricos, polímeros y derivados del petróleo— dejaron de registrar operaciones de importación en enero y febrero, incluso considerando el redireccionamiento hacia Rumichaca. Los tiempos de despacho en ese único paso habilitado se dispararon, pasando de un promedio de un día a entre dos y tres días, con saturación de patios y concentración de tráfico que debilitó, en lugar de fortalecer, la capacidad de control aduanero.

En paralelo, la resolución 2582 califica como “gravamen encubierto” la Tasa por Servicio de Control Aduanero (TSCA) que Ecuador impuso exclusivamente a los productos colombianos. La CAN concluyó que no se trata de una tasa legítima porque no retribuye un servicio individualizado al importador, sino que financia funciones generales del Estado como inteligencia y seguridad estratégica. El organismo criticó que el cobro fuera ad valorem (basado en el valor de la mercancía) y no sobre el costo real del servicio prestado, además de ser discriminatorio al aplicarse solo a Colombia. Ecuador había establecido esta tasa en un 30% en febrero de 2026 y la escaló progresivamente, primero al 50%, y luego al 100%.

La tercera resolución, la 2583, rechaza las contramedidas adoptadas por Colombia. El Gobierno de Gustavo Petro había emitido el Decreto 0170 (agravado posteriormente por el Decreto 0455), imponiendo aranceles recíprocos de entre 30% y 75% a productos ecuatorianos y prohibiendo el ingreso de arroz, papa, cebolla y productos pesqueros por las aduanas de Ipiales (Rumichaca) y Puerto Asís (San Miguel). Colombia argumentó que actuaba para salvaguardar su seguridad nacional ante los “aranceles ilegales” de Ecuador que ponían en riesgo su sector productivo. Sin embargo, la CAN determinó que tanto el arancel recíproco como las prohibiciones de ingreso por aduanas específicas constituyen violaciones al Programa de Liberación. El organismo rechazó el argumento de seguridad nacional para justificar represalias comerciales, señalando que las excepciones del Acuerdo de Cartagena son taxativas y no permiten medidas unilaterales de retorsión.

La maleta del Mundial. Así le llamaba Martín Saucedo a esa valija que guardaba oro puro para los futboleros. Ahí guardaba fotografías con Maradona, Pelé y de la selección de Alemania que hizo escala en León, Guanajuato. “Si uno quería encontrar a mi padre, lo encontraba en el Club Punto Verde viendo a las selecciones entrenar”, cuenta Julio Saucedo, su hijo. Cuando el señor Saucedo se casó con Benita Arenas y se mudaron, ocurrió una fatalidad. La maleta que también tenía hojas y hojas de autógrafos terminó en la basura. Ella pensó que se trataban de papeles viejos, él pensó que una parte de su infancia se había extraviado para siempre. O eso creía.

“A mi padre le tocaron los Mundiales de 1970 y el de 1986. Me dedico a lo que me dedico gracias a la pasión que tenía mi padre y por hablar de selecciones, de jugadores. Ya falleció, me hubiera gustado que me comparara las emociones del pasado con el actual. Decía que era una euforia total. Era un adolescente y se la vivía de entrenamiento a entrenamiento. De estadio a estadio: en León e Irapuato”, cuenta Julio Saucedo, hoy periodista de TV Azteca en el Bajío mexicano. Los recuerdos se mantuvieron intactos en la familia Saucedo, revivían cada vez que contaban aquella anécdota.

Para la Copa del Mundo de 1970 se eligieron cinco ciudades para albergar la Copa del Mundo de 1970: Ciudad de México y su Estadio Azteca, Guadalajara y el Estadio Jalisco, Puebla y el Cuauhtémoc, Toluca y el entonces llamado Guitérrez Dosal, y el Nou Camp de León. En 1986 se incrementaron las ciudades a nueve, con la incursión de Nuevo León (Estadio Universitario y el Tecnológico), Querétaro (La Corregidora), Nezahualcóyotl (Neza 86), Irapuato (Sergio León Chávez) y Zapopan (Estadio 3 de Marzo). También se usó el Estadio Olímpico Universitario en la capital mexicana.

Para 2026 la lista se cortó a solo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta apuesta se hizo desde 2018 cuando se aprobó la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá. La preferencia de partidos fue estadounidense con 78, para los mexicanos solo habrá 13. La FIFA mandó al demonio todo tipo de nostalgia para darle preferencia a las sedes de EE UU por encima de las mexicanas. Los estadios de Toluca, León y de Puebla hubieran podido celebrar lo mismo del Azteca: ser un recinto con tres Copas del Mundo jugadas en su campo.

El Nou Camp de León fue casa de Alemania Federal con Franz Beckenbauer como su capitán, Perú, Bulgaria y Marruecos en 1970. Cerca de ahí, en Irapuato, la Brasil se Pelé se preparó para el Mundial e incluso jugó un amistoso contra el equipo fresero. Dieciséis años después, albergó a la Francia de Platini, a la Unión Soviética, Canadá y Hungría. El joven Martín Saucedo pudo ver a algunos de los grandes jugadores cuando todavía el precio de las entradas al Mundial no superaban los 50.000 pesos.

En Puebla pueden presumir que en su césped, cobijado por decenas de iglesias en la ciudad, jugó la Albiceleste de Maradona y la España comandada por Emilio Butragueño. En la árida Ciudad Neza pudieron presenciar el gen goleador del danés Michael Laudrup. Grandes nombres que dejaron una huella en esos estadios que siguen de pie y que tienen el corazón partido por no tener un poco de esa fiesta mundialista.

“Era lógico que León no fuera considerada para un partido del Mundial porque no se actualizó el estadio, tiene un estadio obsoleto. No está apto para ser sede de un Mundial y creo que tampoco el Azteca, al cual le ayuda la nostalgia”, opina Julio Saucedo.

“Este Mundial se ha convertido en un evento elitista. Hoy es difícil que el aficionado tenga un acercamiento con el jugador. No hay entrenamientos abiertos. El jugador perdió cercanía con la gente”, reprocha Saucedo. Pese a la burbuja en la que viven los futbolistas siempre habrá aficionados que hagan de todo por hallar los hoteles de sus héroes deportivos o la forma de pedirles una foto. Lo malo, es que a diferencia de 1986, los desplantes de los millonarios jugadores quedan grabados en vídeo. Las ciudades desdeñadas por la FIFA, por su falta de modernización o no, se aferran a las memorias de que hubo días de sol con fútbol de élite en sus campos.

Maestranza San Eugenio. Es donde yo iba a buscar a mi papá. Antes del golpe [de Estado de 1973] ahí trabajaban 5.000 ferroviarios. Después del golpe eso se terminó. Ahí guardan ahora todas las máquinas antiguas, las a carbón. Ahí están hechas mierda, en la plazoleta. Está todo sucio. Lo único que se va a estacionar ahí es el ‘Tren del recuerdo’, que es con la máquina eléctrica. Pero lo demás está feo, feo, feo, feo. Carros botados, horrible. (San Alfonso con Carlos Caszley Garrido, Estación Central)

Estadio de Ferrobádminton (Estadio San Eugenio). Ya no existe. Ahí hay un paradero de buses. Siempre estuve muy vinculado a los trenes, toda la vida. Abuelos, papá y tíos. Eran toda una familia dedicada a los ferrocarriles, cuando existían. Mi papá era el ‘dueño de la casita’, como le llamaban. Al final de los trenes de carga iba una casita, donde la mitad eran repuestos para llevar hasta Barrancas [estación en las cercanías del puerto de San Antonio], y donde se traían los repuestos viejos, y en la otra mitad tenía el escritorio, la cocina, el dormitorio y el living de ‘la casita’. Mi abuelo Guatón y mi tío Enrique eran maquinistas, mi tío Carlos era jefe de estación y telegrafista. Toda la familia vinculada a los trenes. (Avenida Rondizzoni con San Alfonso, Estación Central).

Estación Central. Desde ahí salíamos a veranear, desde el 2 de enero hasta el 5 de marzo. Salimos en tren, y como la familia era ferroviaria, teníamos pase para ir en clase B. La clase A era de felpa, rojo; la B era asiento de cuero y de madera, y la C de madera. Íbamos a Llolleo [110 km al este de Santiago, en la costa de Chile central] donde mis abuelos, que tenían casa detrás de la estación. Estábamos allá dos meses de veraneo. Era maravilloso, muy lindo. (Avenida Bernardo O’Higgins 3170).

Estación Mapocho. Desde ahí partíamos a Valparaíso. Pero nos íbamos por el día. Tomamos el tren en la mañana, 10 para las siete, y volvíamos en el de la tarde, a las 7.10. Se demoraba tres horas el viaje. (Plaza de la Cultura sin número, Santiago).

Fuente Alemana. En la fuente que está en el Parque Forestal nos íbamos a bañar con los pelusas [niños que se la pasan en la calle] del barrio o con los compañeros del Dario Salas.

Liceo Darío Salas. Ahí yo estudiaba. El eslogan del liceo era “Ata tu carro una estrella y tu vida, a un ideal”. Con los amigos de ahí nos juntamos una o dos veces al año. No terminé el liceo ahí: hice el quinto o sexto de humanidades [los dos últimos años de la educación secundaria de esos años] en el Vespertino Nº 1. Porque, como comencé a jugar fútbol a los 15 años, tuve que cambiarme de colegio. Hice los últimos años de noche, para jugar fútbol. (Avenida España 585, Santiago).

Fuente de soda Munich. La dueña es la señora María. Toda la vida ahí, ligada al fútbol. Debe tener mil años esa fuente de soda. Yo era cabro chico y ya iba para allá. Ahora voy menos, pero siempre he ido. Ahí iban los viejos del fútbol. El viejo Leonel [Sánchez), [Humberto] Chita Cruz, Carlos Reinoso. La señora María era dirigente del Audax [Italiano] y tiene ahí fotos de futbolistas. Muy bonito, muy entretenido. (Av. Vicuña Mackenna 480, Providencia).

Estadio Nacional. Ahí viví los momentos más alegres y más tristes de mi vida. Lo más alegre, por haber jugado al fútbol y lo más triste cuando algún compañero o amigo estuvo preso [luego del golpe de Estado de 1973]. Recuerdo el gol que metí con Colo Colo, [el 28 de marzo de 1973, frente a Emelec de Ecuador, por la Copa Libertadores de América] en que 77.000 personas gritaron “¡Se pasó, se pasó!”. Un gol que yo hice y que me metí con la pelota dentro del arco. También hay goles por la selección, como el que le hago a Brasil [el 21 de mayo de 1985]. (Avenida Grecia 2001, Ñuñoa).

Departamento de Educación Física de la Universidad de Chile. El Físico [que durante la dictadura pasó a formar parte de otra universidad], donde estudié de 1970 a 1973. Fueron años maravillosos y donde conocí a la mejor mujer del mundo, María de los Ángeles [su esposa, fallecida en 2022]. Ahí nos nos tomamos de la mano y ahí empezamos a caminar. Ese fue el primer título universitario que saqué. El segundo fue en España, administración de empresas por la Universidad de Navarra, y el tercero, periodismo en la Usach [Universidad de Santiago]. Hasta ahora nos juntamos con los amigos del Físico, todos profesores jubilados, dos veces a la semana a jugar pádel, nos divertimos y los pasamos bien. (Las Encinas 3370, Ñuñoa).

Estadio Monumental. Yo llegué a Colo Colo a los nueve años. Íbamos a entrenar ahí [cuando aún no se terminaba de construir el estadio de Colo Colo]. Llegábamos hasta el paradero 5 de Vicuña Mackenna en micro [bus] y de ahí nos íbamos caminando cuatro paraderos por entremedio de las zarzamoras y los conejos para llegar al hoyo, porque el Monumental era un hoyo en esa época. Verlo crecer, cómo terminó, es algo maravilloso. Jugué ahí de viejo y me tocó ir como comentarista. El año pasado, para los 100 años del club, fui declarado embajador de Colo Colo. Después de David Arellano [fundador y primer capitán de Colo Colo], vengo yo. (Av. Marathon 5300, Macul).

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reunido este jueves en Palacio Nacional a diputados y senadores de Morena, el PT y el PVEM en un encuentro cerrado marcado por un mensaje de disciplina política, cohesión interna y defensa nacional frente a la presión creciente de Estados Unidos contra figuras del oficialismo mexicano. La mandataria pidió a los legisladores “cerrar filas” y salir a territorio a defender el discurso de la soberanía y la independencia nacional, pero también advirtió que su Gobierno “no protegerá a nadie” y exhortó a que “se investigue a quien se tenga que investigar”. Con un matiz: si existen pruebas. Esto en medio del terremoto político que ha provocado la acusación desde Washington contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las advertencias del fiscal general en funciones estadounidense sobre que pueden venirse nuevas indagatorias contra políticos mexicanos.

El encuentro ocurrió en un momento de máxima tensión para el bloque gobernante. La ofensiva judicial y política del Gobierno de Donald Trump ante presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico ha colocado al oficialismo en alerta máxima y ha abierto una crisis sin precedentes para Morena. Asistentes al encuentro han narrado a EL PAÍS que Sheinbaum evitó a toda costa mencionar directamente a Rocha Moya, pero sí reconoció ante los legisladores que existen solicitudes de investigación sobre integrantes del movimiento y dejó claro que su Gobierno no protegerá a nadie si existen pruebas.

“Dijo que estamos enfrentando esto por un tema electoral en Estados Unidos, pero que no vamos a proteger y a defender a nadie. Dijo que se investigue a quien se tenga que investigar, pero con pruebas. Lo mismo que ha dicho en la mañanera”, refiere un legislador de Morena. El nombre del gobernador de Sinaloa se ha convertido en innombrable para Sheinbaum, refieren en el oficialismo. “Lo que ella mencionó es: ‘Hay una solicitud para investigar a algunos compañeros del movimiento y se van a investigar’. No mencionó a Rocha, no dijo el gobernador”, relató otro de los asistentes.

El mensaje, dicen, buscó equilibrar los dos frentes más importantes en este momento para el oficialismo: rechazar lo que consideran una embestida política proveniente del Gobierno estadounidense y, al mismo tiempo, evitar aparecer como una agrupación que encubre a integrantes señalados por posibles vínculos criminales.

La posibilidad de nuevas revelaciones que involucren a dirigentes o funcionarios ha comenzado a generar nerviosismo en distintos sectores del oficialismo, particularmente entre legisladores, gobernadores y liderazgos regionales, refieren fuentes consultadas por este periódico. “Podemos tener algunas diferencias, como en la revocación de mandato, pero en lo que no podemos tener ningún tipo de diferencia, es en la defensa de la soberanía”, apuntó la mandataria. En el bloque oficialista ha quedado clara la prioridad política de Sheinbaum: mantener unido al movimiento en el momento de mayor presión externa que ha enfrentado Morena desde su llegada al poder.

La reunión arrancó con la intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y continuó con los posicionamientos del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal; del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya; y del senador del PVEM, Manuel Velasco, antes de que la presidenta tomara la palabra para fijar su mensaje.

Según otro de los asistentes, tanto Monreal como Anaya insistieron en la necesidad de reforzar el trabajo territorial ante el impacto que la crisis comienza a tener en la percepción pública. “Ella dijo que la gente debe saber en territorio que la lucha desde ahora es por la independencia y la soberanía del país”, contó una fuente del PT.

La narrativa de la soberanía se ha convertido en el nuevo eje de defensa del oficialismo frente al endurecimiento del discurso estadounidense. En Morena existe la percepción de que sectores políticos de Washington han comenzado a utilizar la seguridad y el combate al narcotráfico como arma electoral de cara a los comicios intermedios de Estados Unidos, una lectura que Sheinbaum compartió frente a los legisladores.

El llamado de Sheinbaum ha sido interpretado por varios asistentes como una orden para evitar divisiones públicas y mantener un discurso uniforme. “Nos llamó a la unidad, a que caminemos en la ruta de los principios y a que cerremos filas en defensa de la soberanía y la independencia”, relató otro legislador al término del encuentro. “Hablamos de la fortaleza de ir juntos. Luego la gente no es objetiva y tiene otras intenciones y es ahí donde se descompone todo”.

La reunión evidenció la preocupación del oficialismo por el impacto político que la narrativa estadounidense puede tener en el ánimo social. Sobre todo, en las preferencias electorales de cara a los comicios intermedios de 2027 en México, donde el botín no es menor. Se disputarán 17 gubernaturas, incluida Sinaloa, y unos 3.000 cargos locales y federales. Morena y sus aliados temen que las investigaciones y acusaciones provenientes de Washington terminen permeando en la opinión pública y erosionen la principal bandera del movimiento: no mentir, no robar y no traicionar. La herencia moral del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cambio súbito para millones de niños y padres en México. El Gobierno ha anunciado este jueves que las clases terminarán el 5 de junio, más de un mes antes de lo que establece el calendario oficial. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha afirmado que la decisión se ha tomado por el inicio de la Copa del Mundo, que se inaugurará en la capital del país el próximo 11 de junio, y por la “extraordinaria ola de calor” que se ha registrado en el territorio mexicano.

La medida, extraordinaria por la premura y la forma con la que se divulgó, ha sido confirmada en redes sociales por el secretario de Educación, Mario Delgado. El titular de la SEP ha afirmado que el cambio se ha materializado tras un acuerdo “unánime” entre las secretarías de los Estados. “Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios, así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes”, ha justificado Delgado. La modificación en el calendario escolar afectará a unos 24 millones de estudiantes desde preescolar hasta secundaria.

El acuerdo, del que no se conocen más detalles, establece que el personal administrativo de los colegios trabajará hasta el 12 de junio, un día después del inicio de la Copa del Mundo. El regreso a clases no se modificó: será el 31 de agosto, como estaba previsto antes del anuncio de la SEP.

Noticia en desarrollo…

En medio de la controversia del mercado, el Banco de México (Banxico) ha decidido recortar en 25 puntos la tasa de interés y situarla en 6,50%, dando por concluido su ciclo de rebajas iniciado en marzo de 2024. A pesar de haber elevado al alza su expectativa de inflación para el resto del año, la autoridad tomó su decisión mayoritaria considerando la debilidad de la economía que se contrajo en el primer trimestre un 0,8%.

“Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”, reseñó el banco central en un comunicado. En su decisión de finales de marzo, la Junta también se decantó por un recorte de 25 puntos básicos, lo que fue leído por analistas del mercado como un desatino de la autoridad, en medio de un entorno de precios altos, particularmente de alimentos básicos, como el jitomate y el chile, o de los combustibles.

La inflación moderó su avance en abril. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0,20 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4,45%, frente al 3,93% de abril del 2025.

El banco central adelantó que se ajustaron al alza los pronósticos de inflación para el segundo y tercer trimestre de 2026, debido a una previsión de niveles más elevados para la inflación no subyacente, que incluye los precios más volátiles de la economía, principalmente en energéticos y alimentos frescos. “Se continúa anticipando que la inflación general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027″, añadió. Banxico mantiene una meta cercana a 3%.

Asimismo, identificaron como riesgos para las presiones de los precios un listado de factores internos y externos: disrupciones por políticas comerciales, conflictos geopolíticos, una tendencia a la depreciación del peso mexicano o afectaciones climáticas, como las que impactaron en el encarecimiento del jitomate recientemente. “Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la agudización de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones”, agregó.

“Entre la última reunión del banco y esta, se reconoció que el peso se apreció y las tasas locales bajaron en plazos cortos y medios, mientras que los plazos largos aumentaron. El banco mantiene un sesgo al alza en riesgos, destacando tensiones geopolíticas”, analizó Jaime Álvarez, vicepresidente de Inversiones en Skandia. Tres integrantes de la Junta, incluyendo la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, votaron a favor de la decisión, mientras que dos se inclinaron por mantenerla sin cambios.

La economía mexicana, la segunda de Latinoamérica, atraviesa un momento de inflación al alza y crecimiento a la baja. En este escenario, el recorte del tipo de referencia se convierte en un intento de reactivar el desempeño productivo. “Hubo mucha crítica al Banco de México por haber bajado la tasa de interés la última vez, porque esa quincena hubo un ligero aumento de la inflación”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su programa matutino este jueves, antes de conocerse la decisión. “Pero en realidad está haciendo un gran trabajo (…) que baje la tasa de interés es muy bueno porque reactiva la inversión”.

El Gobierno ha utilizado una combinación de acuerdos con sectores industriales y comerciales sensibles, como las centrales de abasto, las tiendas de autoservicio y las gasolineras, para mantener contenidos los precios en mercancías con gran incidencia en la cesta de consumo. A la vez, ha anunciado un plan de facilidades fiscales para tratar de incentivar las inversiones privadas que reanimen el motor productivo del país.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado oficialmente a tomar declaraciones a los implicados en el operativo en Chihuahua en el que participó la CIA. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) han dado su versión este jueves en la sede de la FGR en la localidad chihuahuense de Ciudad Juárez. Entre los declarantes está Arturo Zuani, quien se encarga de supervisar el departamento de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía regional, según los periódicos El Universal y Milenio. Por el momento, ni la FGR ni el Gobierno panista de Chihuahua —en medio de una fuerte presión del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum— se han referido a las comparecencias.

Esta pasarela de agentes del Estado norteño ocurre apenas tres días después de que la Fiscalía general citase a 50 personas que participaron en el operativo del 19 de abril, en el que autoridades mexicanas y agentes de la CIA buscaban desmantelar un narcolaboratorio. Después de aquella operación, los dos estadounidenses fallecieron, junto con el director de la AEI y un trabajador de la dependencia, en un accidente de tráfico en la sierra Tarahumara.

El suceso destapó la presencia de los agentes de inteligencia extranjeros en México, un hecho que desconocía el Gobierno federal y que terminó provocando un escándalo político que ha tensado aún más la relación con Washington. La polémica que generó ese hecho y las distintas versiones que dio el Ejecutivo de la conservadora Maru Campos para justificar la colaboración con los norteamericanos provocaron la renuncia del fiscal del Estado.

El tema escaló en Palacio Nacional, la sede de la Presidencia en México. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que los cuatro fallecidos estaban “trabajando conjuntamente” en una misión de la que el Gobierno federal no estaba informado. De acuerdo con las leyes federales, las Administraciones regionales deben contar con el visto bueno del Ejecutivo central.

La FGR indicó el lunes que ya se han realizado los “requerimientos de ley para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos”. Asimismo, el Ministerio Público desveló la semana pasada que existen dos carpetas de investigación sobre este asunto. Una de ellas fue iniciada hace meses por las autoridades locales por el hallazgo del narcolaboratorio. La otra, que es federal, pone el foco en la posible comisión de delitos contra la seguridad nacional por la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.

En medio de la polvareda, la Casa Blanca ha aprovechado el terremoto para intensificar su presión sobre México, un país que el presidente, Donald Trump, considera controlado por los carteles de la droga. El miércoles por la tarde, el mandatario estadounidense amenazó por enésima vez a su vecino al sur del río Bravo con comenzar operativos militares por tierra para atacar al crimen organizado. “Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, sentenció .

El homenaje de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a Hernán Cortés ha reavivado la polémica en torno a la figura del capitán extremeño y la interpretación de la Conquista, en un choque que la ha enfrentado directamente con la presidenta de México Claudia Sheinbaum. “A quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, les decimos: están destinados a la derrota”, dijo la mandataria como respuesta a la visita auspiciada por la oposición mexicana.

Durante la semana, Sheinbaum se ha referido en varias ocasiones a los abusos y crímenes cometidos durante la Conquista y, este jueves, compartió en redes sociales un edicto del rey Carlos I de España (Carlos V) en el que se especifican las condenas de la Corona española contra Cortés por los actos cometidos en América. “Había traído muchos indios e indias, que había tomado pacíficamente, los cuales eran del pueblo de Cachula. Este había hecho apartar de los dichos indios a 400 hombres que eran para pelear, y los había hecho matar a todos, y los otros que habían quedado que eran mujeres y niños, en una cantidad de hasta 3.000, los había hecho herrar (es decir marcar con hierro) como esclavos”, se lee en la traducción que publicó la presidenta.

El resto del texto describe otras instancias en las que Cortés, entonces marqués del Valle de Oaxaca —título otorgado por la Corona española— saqueó pueblos, vendió a indígenas como esclavos, ordenó asesinatos y mandó herrar a miles de personas, incluso después de que se hubieran rendido ante los conquistadores. “Cuando el dicho don Hernando hizo la guerra sobre la ciudad de Cholula (18 de octubre de 1519), y los indios de esta habían salido en paz, y le habían dado de comer y lo necesario para él, y para su gente, y que al tiempo que quiso salir de esa ciudad, mandó a los caciques de ella que le trajeran indios para que le llevasen la carga, y la de los españoles que con él estaban, trayéndole 4.000 indios poco más o menos, y que traídos los había mandado meter en un patio, y metidos sin causa alguna así, y mandó a los dichos españoles que los matasen”, se explica. En su visita a México, Ayuso ha defendido la hispanidad como “una forma de ser alegre, mestiza”.

Hernán Cortés (Medellín, Badajoz, 1485-Castilleja de la Cuesta, Sevilla, 1547) encabezó una expedición por el Atlántico que culminó con la caída de Tenochtitlan. Tras la Conquista, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Nueva España, acumuló títulos, tierras y privilegios otorgados por la Corona. Sin embargo, su relación con la monarquía española fue cada vez más tensa: enfrentó investigaciones, juicios de residencia y disputas políticas por abusos de poder. Una de las obras pictóricas más reveladoras del trato de los conquistadores a los pueblos indígenas es El Manuscrito del Aperramiento, un códice que muestra una matanza ordenada por Cortés a la nobleza de Cholula en 1523. La imagen representa a uno de los señores de la región siendo brutalmente atacado a mordidas por un perro.

Recientemente, el propio Gobierno español ha matizado su tono respecto a la figura de Cortés. En marzo, el rey Felipe VI reconoció públicamente que durante la colonización de América “hubo mucho abuso” y “controversias éticas”, durante un recorrido por la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, en la que se exhiben piezas arqueológicas cedidas por México. Un mes después, en abril, el canciller José Manuel Albares visitó el país como parte de los esfuerzos por tejer puentes con el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum. Estos acercamientos ocurren después de años de distanciamiento diplomático, a raíz de la petición que hizo en 2019 el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que España ofreciera una disculpa formal por los abusos cometidos durante la Conquista.

La presencia de Ayuso en territorio mexicano ha removido un nuevo pulso en este tema. El homenaje de la política del PP finalmente se canceló por la polémica. Como respuesta, algunas figuras cercanas al oficialismo han pedido que los restos de Cortés sean exhumados y trasladados nuevamente a España.

En una iglesia ubicada en el Centro Histórico de Ciudad de México, una discreta placa apenas delata la ubicación de la tumba de Hernán Cortés. En realidad, el capitán extremeño falleció en Europa, pero dejó como última voluntad que sus restos fueran trasladados a América. Tras un entierro provisional en Sevilla, su familia finalmente logró cumplir su petición y envió la urna a México.

Tras la Independencia y en medio del fuerte sentimiento anticolonial de la época, sus restos fueron ocultados para evitar posibles actos de profanación. El político e historiador Lucas Alamán organizó su resguardo y durante años se difundió la versión de que habían sido enviados fuera del país. Finalmente, quedaron depositados en la Iglesia de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, junto al Hospital de Jesús, donde permanecen hasta hoy. “En España no lo querían, y aquí tampoco, al final acabó ahí en el abandono”, apuntó Sheinbaum.

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El Gobierno de Nayib Bukele ha escalado sus ataques contra la prensa independiente en El Salvador. El periódico digital El Faro, referente del periodismo de investigación en la región, anunció este jueves que las autoridades han congelado una cuenta bancaria y una propiedad de dos socios de Trípode S.A., la sociedad gestora del medio. El hostigamiento ocurre después de que el diario revelara los pactos secretos entre distintas administraciones salvadoreñas —incluida la de Bukele— con las pandillas. Carlos Dada, director de El Faro, explicó que la intervención de los bienes fue detectada de manera fortuita cuando uno de los socios revisaba su banca en línea. “No hemos sido notificados por ningún juez, nos enteramos por nuestra propia cuenta”, afirmó.

La ofensiva se remonta a 2020, cuando Bukele anunció en conferencia de prensa una investigación “grave” por presunto lavado de dinero contra el medio. A raíz de aquello, el Ministerio de Hacienda inició cuatro auditorías centradas en las donaciones recibidas mediante una campaña de suscriptores. Posteriormente, la acusación viró hacia la evasión de impuestos. “Ninguna de esas auditorías ha llegado a sentencia definitiva, todas están siendo litigadas. Nosotros no evadimos impuestos. Los impuestos están pagados y lo hemos demostrado”, defendió Dada en declaraciones a este diario. El secretario de Prensa del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, no respondió a la solicitud de comentarios de este periódico.

En la comparecencia ofrecida este jueves participó Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y actual directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Paz y Paz, quien representa al medio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que han solicitado acceso a los expedientes penales. “El Estado de El Salvador está usando estos procesos como un intento de disciplina para callar las voces de periodistas que informan a la población y un intento de silenciar las voces críticas”, advirtió.

Para El Faro, esta medida representa un peldaño más en una estrategia de acoso sistemático. Según el último informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), publicado este miércoles, más de 50 informadores se vieron obligados al exilio en 2025 por temor a ser encarcelados, incluyendo a toda la redacción de El Faro. El gremio contabilizó 426 agresiones contra la prensa el año pasado, la mayoría ejecutadas por agentes del Estado. El Salvador ha descendido 74 puestos en la calificación sobre la situación de la libertad de prensa desde la llegada de Bukele al poder en 2019 y se ubica en el número 143, según el último informe presentado la semana pasada por Reporteros Sin Fronteras.

La estructura administrativa del diario ya se había visto forzada a trasladarse a Costa Rica en abril de 2023, tras la intensificación del acoso administrativo y las amenazas de procesos penales. “Evidentemente, es un paso más en la escalada que venimos recibiendo desde 2020. No solo por la vía legal, sino por la asfixia económica, los ataques políticos, las falsas acusaciones, el espionaje o la intervención de nuestras comunicaciones”, enumeró Dada.

El periódico denunció en enero de 2022 que 22 de sus integrantes sufrieron 226 intervenciones con el software espía Pegasus. Según la organización The Citizen Lab, el programa —que solo se comercializa a gobiernos— también fue utilizado contra otros periodistas y activistas salvadoreños.

Esta última embestida coincide con la publicación de The Deal, un reportaje elaborado en conjunto con la cadena estadounidense PBS que reconstruye los acuerdos del Ejecutivo de Bukele con las maras MS-13 y Barrio 18. “Todos los ataques a El Faro han ocurrido tras una revelación periodística”, recordó Dada.

El director del medio sostiene, además, que la intervención es ilegal, porque según el Código de Comercio salvadoreño, las sociedades gozan de personalidad jurídica independiente y los accionistas no deben responder con sus bienes personales por las obligaciones de la empresa. Bukele sigue de esta manera la estela de persecución a la prensa de otros regímenes en Centroamérica, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha cumplido dos décadas de acoso a la prensa, ha encarcelado, obligado al exilio o arrebatado la nacionalidad a decenas de periodistas, además de cerrar medios de comunicación y expropiar sus redacciones.

Tras la publicación en mayo del año pasado de una entrevista con líderes del Barrio 18, que detallaron negociaciones con Bukele desde su etapa como alcalde de San Salvador, el exilio se convirtió en la única salida para la redacción. “Es una injusticia, pero no es sorpresivo. Todo ha sido ilegal desde el principio. Pero también sabemos que mientras nosotros no paremos, ellos no van a parar. Y nosotros no tenemos intención de detenernos”, concluyó Dada.

La tributaria que el presidente Gustavo Petro ha intentado aprobar por una serie de decretos recibe un nuevo golpe. Este miércoles, la Corte Constitucional ha tumbado por unanimidad (8-0) un tributo a las empresas generadoras de energía y ha ordenado al Ejecutivo devolver lo recaudado. La sentencia C-115 de 2026, con ponencia de Vladimir Fernández Andrade, declara inexequible el Decreto 44 de enero pasado, que buscaba rescatar a la intervenida Air-e, encargada del suministro en cuatro departamentos de la Costa Caribe y que acumula deudas con el sistema eléctrico por 2,5 billones de pesos (671 millones de dólares). Amparado en la emergencia económica decembrina, que la Corte ya tumbó, el decreto gravó a las generadoras con una contribución del 2,5% sobre sus utilidades de 2025 y un aporte en energía del 12% para las hidroeléctricas que venden en bolsa. La decisión llega en medio de un año en el que el Ejecutivo camina con un hueco de 16 billones de pesos (unos 4.300 millones de dólares) en el Presupuesto General de la Nación.

La Superintendencia de Servicios Públicos —encargada de liquidar y cobrar la contribución, y de la intervención de la empresa privada— solo alcanzó a publicar para comentarios una resolución para hacer el cobro, pero nunca llegó a generar los recibos de pago, aclaran a EL PAÍS fuentes conocedoras. Aun así, la Corte ordenó que cualquier valor de la energía entregada bajo el decreto se reconozca en el impuesto de renta y, si supera los límites, el excedente podrá trasladarse a períodos futuros. El sector había calculado que los tributos habrían implicado un pago de 300.000 millones de pesos, unos 81 millones de dólares.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, dijo que la decisión “muestra la independencia de los poderes” y confirma que “el Gobierno actuó mal y no actuó en derecho”. Asimismo, destacó que la orden de devolución es “muy extraña” en la jurisprudencia de la Corte y refleja la gravedad de los vicios del decreto. El sector había rechazado el decreto desde su expedición porque obligaba a los generadores a financiar el pago de deudas que ellos mismos tienen pendientes por cobrar a Air-e.

Pocas horas después del anuncio, el presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión de la Corte. En X criticó que anulen los tributos a “los poderosos dueños de generadoras después que estafaron al pueblo de Colombia con tarifas diez veces más altas que lo que debían cobrar”. Defendió que la emergencia económica de diciembre “era necesaria y lo sigue siendo” para que los recursos “salgan de la bolsa de los grandes especuladores del país y no del bolsillo de los trabajadores”.

La emergencia económica fue una apuesta del presidente Petro para recaudar los 16,3 billones de pesos que buscaba con una reforma tributaria que el Congreso negó dos veces. La estrategia pasaba por declarar la emergencia dadas esas negativas y expedir decretos con fuerza de ley para crear tributos, algo que le corresponde a la rama legislativa. El 22 de diciembre, el presidente declaró la emergencia. Siete días después llegó el Decreto 1474, con un paquete tributario: IVA del 19% a licores, aumento al impuesto de renta para financieras, triple tributación al sector minero-energético. Ya el 21 de enero, vino el Decreto 44 para el sector eléctrico.

Pero la estrategia se estrelló contra la Corte, como lo han hecho otras medidas y otros entes de control. El 9 de abril, la Corte desechó el decreto madre. El tribunal consideró que los argumentos no cumplían los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad que exige la Constitución. “La posibilidad de que el Congreso niegue o archive proyectos de ley de financiamiento no es imprevisible, repentina ni extraordinaria”, dijo la ponencia del magistrado Carlos Camargo. Seis días después, el 15 de abril, y en consecuencia, la Corte anuló el Decreto 1474.

El intento de recaudar por decreto deja resultados mixtos para el Gobierno Petro. La emergencia económica decembrina recogió 1,6 billones de pesos mediante alivios tributarios a morosos, recursos que se mantienen en las arcas del Estado porque corresponden a situaciones jurídicas consolidadas que la Corte no puede revertir. Esa cifra representa apenas el 10% del hueco que el Gobierno buscaba llenar. Con la decisión de hoy, que ratifica la suspensión y declara inexequible el decreto, queda definitivamente sin efecto, aunque el faltante mantiene los aprietos financieros del Estado.