Category: Actualidad

Sobre la Avenida Córdoba, una de las más transitadas de Buenos Aires, un carril permanece cortado. Con los pupitres sobre el asfalto, unos 50 estudiantes de Ciencias Económicas escuchan a un profesor que, mientras bosqueja sobre un pizarrón plástico, intenta imponerse al bullicio de autos y buses. La misma escena se repitió este lunes en diferentes calles y plazas de la capital argentina, también en otras ciudades del país.

Las clases públicas fueron el preludio de una nueva manifestación que reunirá a profesores, alumnos, trabajadores y autoridades de las universidades estatales para protestar contra el ajuste que continúa aplicando el Gobierno de Javier Milei, pese a que una ley y fallos judiciales le ordenan aumentar el financiamiento para la educación superior.

La marcha federal universitaria que se realizará este martes será la cuarta contra la motosierra de Milei. Si bien tendrá réplicas simultáneas en toda Argentina, su principal expresión tendrá lugar en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

“Desde 2023 hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%”, denunció Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la convocatoria a la movilización. “Lo más angustiante hoy, lo más urgente”, agregó, “es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario”. Entre los reclamos más apremiantes, también incluyó la necesidad de actualizar las becas de asistencia económica para estudiantes: “Muchos tienen dificultades para continuar con sus carreras si eso efectivamente no ocurre”.

En los dos años y cinco meses que lleva el actual Gobierno ultraderechista, los sueldos de los profesores y demás trabajadores de universidades estatales han perdido un tercio de su poder adquisitivo, según cálculos del CIN. Los sindicatos del sector denuncian que cada vez más docentes se ven forzados a renunciar o a sumar otros empleos ante la abrupta caída de sus ingresos. Las organizaciones gremiales han profundizado este año sus protestas y medidas de fuerza, por lo que la actividad académica está seriamente afectada en muchas instituciones.

En un país donde la universidad pública tiene amplio respaldo social, la comunidad académica espera una fuerte adhesión popular a la movilización de este martes. “Confío en que será una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto”, dijo Ricardo Gelpi, el rector de la UBA, la universidad más grande del país. En diálogo con Radio Mitre, advirtió que “afectar a la educación y la ciencia es hipotecar el futuro”.

Actores, músicos, escritores y otros artistas se pronunciaron en apoyo al reclamo y convocaron a participar de la marcha federal. “Que nadie nos saque lo que es nuestro. Este 12 marchemos todos juntos a favor de la universidad pública”, fue el mensaje al que adhirieron, entre otros, Ca7riel, Cecilia Roth, León Gieco, Samanta Schweblin, Mariana Enríquez, Mauricio Kartun, Selva Almada, Marcos López, Martha Argerich, Gabriela Cabezón Cámara, Paco Amoroso y muchos más.

El reclamo central de la protesta consiste en que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento universitario. Esa norma se limita a actualizar los presupuestos del sector a los valores reales vigentes a fines de 2023, antes de la puesta en marcha de la motosierra. Fue aprobada el año pasado por el Congreso, con el voto de casi toda la oposición, incluso de habituales aliados del Gobierno. Milei la vetó, pero los legisladores rechazaron el veto. El presidente intentó nuevamente derogar la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. Como de todas maneras Milei no cumplió la norma, las universidades recurrieron a la justicia. En dos instancias, los tribunales fallaron que el Gobierno debe comenzar a aplicar el financiamiento aprobado por diputados y senadores. Aun así, el Ejecutivo se resiste a hacerlo y apeló ante la Corte Suprema.

Pocas horas antes de la marcha, este lunes, se conoció la decisión del Gobierno de aplicar un nuevo ajuste para sostener el superávit fiscal. La medida supone un recorte de al menos 83.000 millones de pesos (unos 59 millones de dólares) que, según el presupuesto 2026 del propio Ejecutivo, estaban destinados a invertir en educación. Los fondos mutilados abarcan asignaciones para obras de infraestructura universitaria y para programas como el plan nacional de alfabetización, equipamiento escolar, gestión y políticas socioeducativas, o el fondo para compensar diferencias interprovinciales en los salarios docentes.

Por estos días tuvo lugar en Santiago una silenciosa reunión entre el presidente José Antonio Kast y el magnate Peter Thiel, fundador de PayPal y, sobre todo, gran patrón de ese imperio siniestro conocido como Palantir, especializado en inteligencia artificial y big data, el que amasa por estos días enormes cantidades de dinero en el sector defensa y, derechamente, en diversos escenarios de guerra. El viaje de Thiel a Chile es de la mayor importancia, dado el gran poder del que goza este oligarca de Silicon Valley, su nulo apego a la democracia (“la libertad y la democracia ya no son compatibles”, según sus propias palabras) y su desmedida ambición de interpretar y orientar los problemas del mundo a partir de categorías bíblicas, apelando a un vago fondo filosófico: anticristo, apocalipsis, katechon y tantas otras cosas por el estilo. Es sumamente inquietante, por lo demás, que el propio papa León XIV haya prohibido que Thiel utilizara las instalaciones del Vaticano para difundir ideas aparentemente herejes. Es evidente que su visita a Chile necesita ser explicada.

La sospecha de deriva iliberal del presidente Kast (porque de eso estoy hablando) se acentúa si se toma seriamente en consideración la trayectoria del presidente chileno en la esfera global reaccionaria, esa que se aprecia muy bien en los festivales Viva Europa que son anualmente organizados por el partido de derecha radical español VOX. Entre 2022 y 2024, José Antonio Kast fue ni más ni menos presidente del Political Network for Values, la principal plataforma conservadora a nivel mundial con gran protagonismo en la internacional reaccionaria: Kast participó dos veces en los festivales organizados por VOX, lo que nos habla de un agente conocedor de este ecosistema que se conecta, de modo complejo, no solo con las extremas derechas, sino con el mundo de Silicon Valley que propinó un golpe de Estado tecnológico tan eficiente como invisible, según Marietje Schaake.

Esta sospecha se alimenta, además, de la apertura de hostilidades por parte de Kast en diversas áreas en las que comienzan a librarse batallas culturales (las famosas “guerras culturales” estadounidenses): desde el juicio crítico bañado en ignorancia sobre la utilidad de la ciencia (por ejemplo en la creación de empleo, reactivando el peor de los anti-intelectualismos de derechas) hasta su denuncia de un supuesto monopolio progresista en los medios y las universidades. Esto se parece mucho al universo de la ilustración oscura, especialmente a Curtis Yarvin y su crítica feroz a la “catedral” (es decir al sistema de medios y universidades capturados por zurdos). No tengo ninguna duda que el presidente Kast no tiene la menor idea de quien es Curtis Yarvin, tampoco sobre la ilustración oscura de Nick Land, desconociendo a punta de ignorancia la naturaleza blasfema del “pensamiento” de Thiel (algo extraño para un presidente tan fervientemente católico). Esto no impide que Kast, precisamente porque forma parte de ese ecosistema, se encuentre desde hace años expuesto a ideas infecciosas, eventualmente iliberales.

¿Cómo no tomar en serio la visita que Kast hizo a Viktor Orbán pocas semanas antes de que asumiera la presidencia del Chile? ¿Cómo no asumir que Orbán era en ese momento, hace un puñado de semanas, el principal exponente de las democracias iliberales, cuyo proyecto fue explícitamente reivindicado por este líder corrupto y autoritario allá por el año 2014, tras lo cual cementó el iliberalismo con reglas y arreglos no muy distintos de la filosofía de los amarres de la dictadura de Pinochet? Seamos claros: Kast es y ha sido siempre, sin mediar negaciones ni autocríticas, un pinochetista de tomo y lomo. No puede entonces ser motivo de sorpresa que haya visitado a Orbán cuando este agonizaba en el poder (pocas semanas después terminará siendo aplastado en una elección parlamentaria por una coalición opositora de una amplitud rara vez vista).

La última fuente de sospecha la entregó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz quien, ante la eventualidad de que su megarreforma (con enormes implicancias tributarias) sea rechazada, argumentó que seguirá gobernando y reformando el sistema tributario a punta de gestión y de… decretos. Bastaron esas palabras para que se recordaran las palabras de José Antonio Kast durante la campaña presidencial cuando también deslizó la idea de gobernar a través de decretos, desatando una andanada de críticas incluso por parte de la derecha democrática. La meditación en público de Quiroz, sin medir los efectos políticos, desató una ola de críticas desde la propia derecha tecnocrática: es así como el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín bajo la segunda administración de Sebastián Piñera, hizo ver que la estrategia esbozada por Quiroz es inviable, ya que la reforma de los tributos se encuentra organizada por leyes que no son modificables por decretos.

Son demasiados los elementos que dibujan una vía hacia el iliberalismo.

Todavía existe una relativa garantía: hay una derecha muy relevante que asumió las reglas de la democracia representativa desde hace años y que de verdad es liberal, una dimensión muy escasa por estos días. Es esa derecha democrática la que tendrá que resolver todas estas dudas, en el marco de duras batallas al interior de derechas muy diversas, varias de las cuales abiertamente anti-liberales y anti-pluralistas. Para entender este cuadro local, basta con contrastarlo con el cuadro general de las derechas radicales: sin ir más lejos, y guardando todas las proporciones, en las últimas elecciones locales del Reino Unido se impuso a punta de promesas iliberales el partido de extrema derecha Reform UK, reduciendo el optimismo liberal y progresista que había generado la derrota de Orbán en Hungría.

El futuro no está escrito, para nadie. Lo que sí está escrito son las consecuencias del iliberalismo: llevamos un cuarto de siglo en este dilema sobre la democracia liberal y sus enemigos. Ya es hora de tomar conciencia y, como sostenía La Pasionaria, “¡No pasarán!”. El problema es que siguen pasando.

El sorteo magno 391 de la Lotería Nacional se realiza este domingo para celebrar, como cada año, el día de la madre. La ceremonia se desarrolla en el Teatro de Lotería Nacional, en el centro de Ciudad de México, con un premio mayor de 78 millones de pesos repartido en tres series.

Los números ganadores se extraen de los bombos en un acto público, con la participación de los célebres niños gritones, y se asignan los distintos premios de acuerdo con la numeración de los billetes participantes, cada uno con un costo de 120 pesos. El evento forma parte de los sorteos especiales que la institución organiza a lo largo del año y en esta ocasión coincide con una de las fechas más señaladas del calendario mexicano. Es también el primer sorteo magno de 2026.

Números ganadores del sorteo magno 391

Premio mayor, 78 millones de pesos: boleto 44404

Segundo premio, 7,5 millones de pesos: boleto 23362

Tercer premio, 1,2 millones de pesos (cuatro ganadores): boletos 34114, 58204, 41114, 43116

Cuarto premio, 600.000 pesos (cuatro ganadores): boletos 55413, 10983, 34285, 44320

Se puede revisar el listado completo de ganadores en el apartado correspondiente del portal oficial de la Lotería Nacional tras la publicación de los resultados finales.

Cómo cobrar un premio de la Lotería Nacional

El proceso para cobrar premios de la Lotería Nacional sigue un esquema regulado que prioriza la transparencia, la confidencialidad de los ganadores y el pago correspondiente de impuestos. Los premios tienen una vigencia de 60 días naturales contados desde la fecha del sorteo, según se indica en el reverso del billete.

En Ciudad de México

Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00, en las cajas de pagos de premios ubicadas en Plaza de la República No. 117, Colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Se requiere identificación oficial vigente —credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar— y, de ser necesario, comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses) si no figura en la identificación. Además, se presenta el formato de instrucción de pago bancario que emite la lotería al momento de cobrar premios superiores a 3.000 pesos.

• Premios de hasta 9.999,99 pesos: se abona directamente al monedero Broxel de forma inmediata, aplicando una retención del 7% por impuestos (1% federal más 6% estatal de Ciudad de México). Los reintegros quedan exentos de esta retención.
• Premios superiores a 9,999.99 pesos: se entrega un cheque nominativo por el monto neto, con la misma retención fiscal. Se solicitan datos como nombre completo, RFC, CURP, ocupación y dirección, que se manejan con confidencialidad conforme a la Ley de Transparencia.

Fuera de Ciudad de México

Para premios de hasta 9.999,99 pesos o reintegros, los beneficiarios deben acudir a sucursales bancarias autorizadas con el billete y la identificación oficial. El pago se procesa vía Broxel, reteniendo el 7% correspondiente a impuestos de Ciudad de México, independientemente del Estado de residencia. Los expendios no tienen obligación legal de pagar premios, aunque algunos lo hacen como cortesía. Los montos mayores siguen el procedimiento bancario o en oficinas centrales.

En casos de billetes rotos, deteriorados o mutilados, se realiza un análisis técnico que puede extenderse hasta un año; se recomienda presentarlos para verificación y posible reimpresión. Para dudas adicionales, se puede consultar toda la información relativa al cobro de premios en la sección específica del portal de la Lotería Nacional. También se puede seguir el calendario de sorteos semana a semana.

Flores, restaurantes llenos, festivales escolares y tráfico imposible. Cada 10 de mayo México se paraliza en nombre de las madres, en una de las celebraciones más arraigadas y lucrativas del año. Pero detrás de las serenatas, los regalos y el culto a la madre abnegada existe una historia mucho menos conocida: el Día de las Madres no surgió como una tradición espontánea, sino como una respuesta política al avance del feminismo en la década de 1920.

Según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el gasto puede ir desde unas flores con chocolates de 620 pesos, hasta paquetes de spa que superan los 4.200 pesos, además de perfumes, ropa, tenis y joyería. Las reservaciones en restaurantes se hacen con semanas —e incluso meses— de anticipación y algunos negocios incrementan sus ventas hasta en un 60%.

Susana Vargas Cervantes, doctora en Historia del Arte y Estudios de la Comunicación por la Universidad McGill (Montreal, Canadá), explica en su artículo Día de las madres: una invención capitalista que el origen de la festividad se remonta al 13 de abril de 1922, cuando el periódico Excélsior lanzó una convocatoria pública para instituir un día dedicado a las madres mexicanas.

“Tenemos como una capa de sentir el Día de las Madres como un deber casi nacional, pero que está escondiendo muchas capas de ideología, tanto de la mexicanidad como la capitalista, que trabajan a la par”, ha explicado la investigadora.

La convocatoria del diario surgió en respuesta a lo que ocurría en Yucatán: en enero de 1916, 617 mujeres asistieron al Primer Congreso Feminista, donde discutieron educación, sufragio y sexualidad. Desde entonces circulaban folletos sobre métodos anticonceptivos y el movimiento ganaba terreno.

La respuesta conservadora fue institucionalizar el 10 de mayo como el Día de las Madres. Así, lo que el periódico Excélsior presentó como un homenaje era, en realidad, un mecanismo para tachar de inmorales las demandas feministas sobre educación sexual y maternidad libre y anclar a la mujer mexicana en el rol de madre abnegada.

La campaña encontró respaldo en el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien ofreció su apoyo para que la niñez escolar rindiera homenaje a las “santas y abnegadas mujeres”. Ese mismo año, el arzobispo de México legitimó la iniciativa y la Iglesia retomó la imagen de la madre cuyo único interés era procrear.

Desde el Porfiriato, la idea de una mujer-madre había sido presentada como pieza clave para construir un México moderno, pues su tarea era la de criar a ciudadanos con valores capitalistas, como la higiene, la puntualidad y la organización dentro del hogar. Luego, en 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho puso la primera piedra del Monumento a la Madre, inaugurado por Miguel Alemán Valdés el 10 de mayo de 1949. Para ese momento, la fecha había dejado de ser una convocatoria periodística para convertirse en una política de Estado.

“Las madres son las que tienen que crear a los nuevos mexicanos. Entonces las empezaron a llamar ‘las ángeles guardianas del hogar blanco’. No había distinción entre mujer y madre. Era mujer-madre”, ha dicho Vargas Cervantes.

Pero la resistencia surgió, y desde los años setenta, los grupos feministas ya se manifestaban en contra del mito de la madre abnegada, abogando por la maternidad libre y el derecho al aborto, y más de siete décadas después, el mismo monumento se ha convertido en el punto de partida de madres que ya no marchan para celebrar, sino para exigir justicia.

Este 10 de mayo de 2026, diversos colectivos de madres buscadoras han convocado a una movilización en la Ciudad de México que partirá con rumbo al Ángel de la Independencia bajo la consigna “No hay nada que festejar”. En México, hay 133.679 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 5 de mayo de 2026. “Siempre ha habido protesta y resistencia en contra de esta ideología”, recalca Vargas. “Y entre más dominación, más resistencia. Ahí te va tu Día de la Madre, para que las mexicanas se acuerden lo que es ser madres”.

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El 7 de abril, el Economist Intelligence Unit (EIU) publicó su Democracy Index 2025. Por primera vez en una década, el puntaje regional de América Latina registró un aumento, pasando de 5,61 a 5,71 sobre diez. Según el informe, 13 de los 24 países evaluados mejoraron su calificación. Previamente, en abril del 2025, la Corporación Latinobarómetro había publicado su informe anual del 2024, con un hallazgo que apuntaba en la misma dirección: el apoyo ciudadano a la democracia en la región subió cuatro puntos porcentuales, de 48% a 52%, el mayor salto registrado desde 2010. Los dos principales termómetros de la democracia latinoamericana, tras años de deterioro sostenido, coinciden en señalar un cambio de tendencia.

La señal no es menor. La región venía de una secuencia de choques particularmente severa: una pandemia que dejó a América Latina como la región en desarrollo con la mayor contracción económica del mundo en 2020, con una caída del PIB del 7,7%, una ola inflacionaria, un brote de violencia política, y un ciclo de estallidos sociales en varios países de la región. En ese contexto, el hecho de que el apoyo a la democracia no solo no se haya derrumbado, sino que haya subido cuatro puntos en 2024 en el Latinobarómetro, es evidencia de una resiliencia estructural que conviene tomarse en serio. A ello se suma el caso de Bolivia, descrito por el EIU como “el desarrollo democrático más importante del año” en el 2025, tras haber recuperado elecciones libres luego de casi dos décadas de deterioro institucional, así como la estabilidad consolidada de Uruguay, Costa Rica y Chile, que mantienen los mejores indicadores regionales en ambos informes.

Sin embargo, al leer con detenimiento los dos documentos, emerge una paradoja que debería moderar cualquier lectura triunfalista. La encuesta del Latinobarómetro, que registra el repunte del apoyo a la democracia, evidencia un desplome simultáneo y generalizado de la confianza en las instituciones que la sostienen. Según los datos del informe 2024, la confianza en los partidos políticos es de apenas 17%, la del Congreso 24%, la del poder judicial 28%, y la satisfacción con el funcionamiento efectivo de la democracia llega apenas a 33%. Más preocupante aún, la confianza interpersonal —indicador clave del capital social que sostiene cualquier democracia— se ubica en 15%, un mínimo histórico para la región.

El Democracy Index mide esta misma fractura, pero desde un ángulo institucional. Según el EIU, América Latina obtiene calificaciones superiores al promedio mundial en proceso electoral, pluralismo y participación política, pero se hunde en el indicador de “cultura política”, el pilar más débil de la región. Es decir, los dos informes, construidos con metodologías distintas y desde perspectivas complementarias, llegan a una conclusión convergente: el edificio institucional se mantiene en pie, pero los cimientos que lo sostienen están erosionados.

Como han documentado Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en How Democracies Die, este es precisamente el patrón que precede a los procesos contemporáneos de erosión democrática. La democracia del siglo XXI ya casi no muere por golpe de Estado, como ocurrió en buena parte de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Muere por erosión gradual, a manos de líderes electos que debilitan contrapesos, capturan cortes, presionan a la prensa y erosionan la independencia de los organismos electorales, todo ello contando con mayorías ciudadanas que no identifican estas prácticas como amenazas a la democracia. El ciudadano latinoamericano, de acuerdo con los datos, apoya la democracia como idea, pero ha perdido la capacidad —o el interés— de defender las instituciones concretas que la hacen posible.

El caso paradigmático de esta paradoja es El Salvador. Según el Latinobarómetro, Nayib Bukele es el presidente más popular registrado en América Latina desde que el informe comenzó a publicarse, en 1995. Simultáneamente, el EIU señala que su gobierno autorizó en 2025 un segundo mandato consecutivo en flagrante violación de la Constitución salvadoreña, militarizó funciones civiles y erosionó de manera sistemática los contrapesos institucionales. Pese a este escenario, el apoyo a la democracia en El Salvador subió apenas un punto porcentual —de 46% a 47%—, lo que sugiere que, para una parte importante del electorado salvadoreño, el régimen actual no constituye una amenaza democrática sino precisamente lo contrario.

Un escenario aún más inquietante es el venezolano. Pese al fraude electoral documentado en 2024 y ampliamente reportado por observadores internacionales, el Latinobarómetro constata que el apoyo a la democracia en Venezuela “no se derrumba, permanece incólume”. Esto solo es explicable si se asume que la palabra “democracia”, para amplios sectores de la ciudadanía, ha dejado de nombrar el régimen existente y ha pasado a nombrar una aspiración abstracta, una ausencia, un deseo. Y cuando un mismo término puede ser reclamado por regímenes tan distintos como el uruguayo y el venezolano, su capacidad analítica para discriminar entre democracia y autoritarismo se debilita.

El caso colombiano ilustra la otra cara del fenómeno. De acuerdo con el EIU, Colombia registra la caída más pronunciada en puntaje democrático de la región durante 2025. A los 26 asesinatos de políticos, incluyendo el de Miguel Uribe Turbay, se suma que existen 81 municipios identificados como de “alto riesgo electoral”. Igualmente, es importante mencionar que actualmente los grupos armados tiene presencia en al menos 790 municipios del país, equivalente a 71% del territorio nacional. En otras palabras, la erosión democrática en Colombia no es simbólica, sino material. La capacidad del Estado para garantizar el ejercicio básico de la política —postularse, votar, representar— está siendo directamente desafiada.

El riesgo del actual repunte, entonces, no radica en su fragilidad numérica, sino en que puede ocultar una dinámica de vaciamiento institucional profundo. Según los datos del Latinobarómetro, 25% de los encuestados declara indiferencia ante el tipo de régimen que los gobierne, y 17% apoyaría un gobierno autoritario bajo ciertas circunstancias. Adicionalmente, el 65% de los ciudadanos está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. Estas cifras, combinadas con el colapso de la confianza institucional, describen el terreno fértil sobre el cual operan los populismos iliberales. Como señala Yascha Mounk en The People vs. Democracy, la amenaza principal a la democracia no proviene de golpes militares o dictaduras clásicas, sino de líderes elegidos democráticamente que, una vez en el poder, erosionan los contrapesos liberales (tribunales, prensa, minorías), apelando a una legitimidad otorgada por un apoyo popular mayoritario.

Las perspectivas para 2026 no son alentadoras. El propio EIU describe el panorama regional como “incierto” y enumera los motivos: elecciones presidenciales con riesgos de polarización y daño democrático en Perú, Colombia y Brasil; una reconfiguración del equilibrio externo bajo el segundo gobierno de Donald Trump, cuya política exterior ha abierto espacio para el abrazo explícito de líderes iliberales en la región; y un deterioro significativo de la seguridad en varios países, que convierte cada ciclo electoral en una apuesta de mayor riesgo institucional. Sobre una base de 15% de confianza interpersonal y 17% de confianza en los partidos políticos, cada una de estas elecciones puede actuar como reafirmación democrática o como un escalón adicional en el proceso de erosión.

Por este motivo, la pregunta estratégica relevante ya no es si la democracia latinoamericana va a sobrevivir. Los datos sugieren que, como aspiración, probablemente lo hará. La pregunta es que significará la palabra “democracia” dentro de una década: seguirá caracterizándose como el conjunto de prácticas que tradicionalmente la han definido—elecciones competitivas, contrapesos efectivos, prensa libre, alternancia, garantías de derechos— o será reducida a una etiqueta flexible que cualquier gobierno pueda reclamar sin pagar costo reputacional. Esa batalla no se libra en los informes del EIU ni en los promedios regionales del Latinobarómetro. Se libra en ese 15% de confianza interpersonal, el 17% de confianza en los partidos, el 24% de confianza en el Congreso y en ese 28% de confianza en el poder judicial.

Por ello, es imperativo que los gobiernos de la región, los partidos políticos y los actores de la sociedad civil entiendan que el repunte de 2024 y 2025 no son un punto de llegada, sino una oportunidad frágil. Reconstruir la legitimidad de las instituciones democráticas —a través de reformas judiciales que garanticen independencia, partidos políticos con reglas internas creíbles, parlamentos que recuperen funciones de representación y control, y políticas públicas que reduzcan la distancia entre el Estado y el ciudadano y puedan otorgar los avances sociales y de desarrollo económico que promete la democracia— son la única forma de que el repunte estadístico se traduzca en consolidación real. De lo contrario, la democracia latinoamericana sobrevivirá como palabra en las encuestas, pero continuará vaciándose como práctica institucional concreta. Y, como ha demostrado la historia reciente del continente, cuando una democracia solo se sostiene en la palabra, tarde o temprano termina perdiendo también la palabra.

“Yo no elegí esto. No quiero que mi vida cambie. Y no quiero ser parte de esta familia”. Las anteriores frases fueron pronunciadas por una niña de solo nueve años, hija de la candidata presidencial Paloma Valencia, en un video de campaña que me llegó con un mensaje intrigante: “Una reflexión válida para todos”. Al abrir el enlace encontré un relato que, bajo la superficie de una anécdota familiar, revela la cruda realidad de cómo las ambiciones políticas pueden permear hasta lo más sagrado e íntimo del hogar.

En el video, la candidata asegura tener el corazón roto porque al volver a casa encontró a Amapola diciéndole eso, y que tampoco quería hacer el sacrificio que se le pedía. Cuenta que su respuesta fue tranquilizarla diciéndole que no se preocupara, que “de pronto perdemos”, y que la niña tras echarse al suelo a llorar le respondió: “Pero se quiebra el país, se acaba todo”. “Pero mi gorda, ¿entonces en qué estamos?”, le espeta la madre.

El auditorio suelta una sonora carcajada, seguida de la de Paloma, quien cuenta la anécdota como si de una situación jocosa se tratara. Comenta que el argumento que la pequeña terminó aceptando fue “saber que ser parte de una familia es eso: que a veces todos tenemos que hacer esfuerzos por uno y luego haremos esfuerzos por otros. Que tener una familia es saber que hay quien está dispuesto a hacer sacrificios por uno”. Y acto seguido, le asegura a la audiencia que no puede parar porque tiene una misión: salvar el país.

El todo vale, en la propaganda

Desde la perspectiva comunicacional y propagandística, la publicación es un éxito. Muestra a una madre dispuesta a sacrificar a su hija porque su decisión no está en ella sino en una voluntad superior. ¿Y qué mayor prueba de amor y entrega a Colombia que esa? Así obró Agamenón, rey de Micenas, quien sacrificó a Ifigenia —su hija con Clitemnestra— para apaciguar el enfado de la diosa Artemisa, que había detenido los vientos e impedía que la flota griega zarpara hacia Troya. En algunas versiones, Artemisa se apiada de Ifigenia y, en el último instante, la sustituye por una cierva, llevándosela a Táuride —la actual Crimea— para que le sirva como sacerdotisa.

En la Biblia está el pasaje de Abraham. Según el relato del Génesis, Dios le pidió matar a su hijo Isaac como prueba de fe. Abraham obedeció, pero en el momento crucial un ángel detuvo su mano y le proporcionó un carnero para el sacrificio en lugar de su hijo.

El episodio de Amapola amerita algunos comentarios, porque muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los políticos con tal de hacerse con el poder. Hay varias conductas que merecen reproche ético.

La primera tiene que ver con la trivialización de la angustia de la niña. Según dice la candidata, Amapola experimentaba una angustia genuina, al extremo de no querer ser parte de la familia. Pero la madre, en lugar de consolarla, descarga sobre ella un agobio mayor: la posibilidad de perder las elecciones y que por ello el país se acabe. Eso revela que Amapola ha sido objeto de un adoctrinamiento político que la obliga a creer que la responsabilidad histórica de su madre es salvar la nación y que, si no gana, “se acaba todo”. Es un doble sacrificio: primero, para que su mamá no pierda; segundo, para que Colombia no se hunda.

Es normal que los hijos crean que sus padres son superhéroes: es algo que debe respetarse porque forma parte del derecho a la inocencia que tiene cada niño. Pero hacerle creer —o dejar que crea— que si su madre pierde unas elecciones el país se quiebra y se acaba todo conspira contra la salud emocional de la niña. Es célebre la película La vida es bella, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. En el marco de la persecución a los judíos y la Segunda Guerra Mundial, un padre detenido en un campo de concentración junto con su hijo pequeño se esfuerza por alterar la realidad haciéndole creer que la pesadilla que sufren es en realidad un juego. Lo hace para preservarle la inocencia y la esperanza. Un buen ejemplo de la obligación que tienen los padres de mantener a sus hijos al margen de sus odios, temores y patologías políticas y religiosas.

En el caso que nos ocupa existe otro factor significativo: la ausencia del padre en el relato, como si no existiera. No aparece para nada. Tampoco debe ser fácil para la niña entender cómo es posible que si ganan los ‘mamertos’ el país se vaya a pique, siendo que su padre —tal y como lo ha dicho la propia Paloma, con absoluta superioridad moral— es un ‘mamertico’. Su madre lucha, y la sacrifica, para derrotar a quienes piensan igual o parecido a él.

El video, sin proponérselo quizás, expone la trampa del discurso del “sacrificio noble”. No obstante, quien realmente paga el precio no es quien habla desde la tribuna, sino quien llora en casa y debe aprender a callar para ayudar a “salvar el país”.

¿Cuáles son los límites?

Hay un ángulo no menos trascendente: la utilización con fines propagandísticos del sufrimiento de Amapola. Este episodio debió quedar en la esfera íntima de la familia. Al hacerlo público, Paloma renuncia al derecho a la intimidad de esta y convierte a su hija en parte de la escenografía electoral. Si mañana sus adversarios y críticos vinculan a la niña al debate —y ojalá ni siquiera lo piensen— la candidata no tendrá nada que reclamar.

Amapola no eligió estar ahí. No puede votar, no puede dar su consentimiento informado, no comprende que su frase “entonces se acaba todo” será vista por millones de personas que, conmovidas, quizás depositen un voto por su madre. Y la madre, en lugar de abrazarla y consolarla, decidió que esa herida familiar era un buen argumento de campaña. Censurable.

Valencia es una mujer combativa y con recursos intelectuales y profesionales para adelantar una campaña electoral sin necesidad de recurrir a esto. Este episodio no la descalifica como candidata, pero sí revela algo seriamente preocupante: sus límites éticos. Si es censurable que un padre o una madre, en evidente estado de necesidad, utilice a sus hijos para pedir limosna en la calle, con mayor razón que lo haga una política para conseguir votos. No todo vale. De allí a recurrir a otros recursos y armas hay solo un paso.

Epílogo

La cuestión no va de género, de ninguna manera. Hace unos días, el candidato Abelardo de la Espriella decía que no estaba en política por vanidad personal, que también estaba sacrificando a su mujer y a sus hijos, dejando de llevarlos al colegio —lo cual me parece una bonita costumbre, si es que en verdad lo hace— y todo para “ponerse la armadura de gladiador y proteger la salud de la República”. Conmovedor.

Y tampoco va de partido ni de ideología. Recuerden el episodio de Nicolás Petro. Cuando le preguntaron al presidente Gustavo Petro por el asunto, se vio obligado a decir: “ Yo no lo crie”. Afirmó que conoció a su primer hijo cuando estaba en la cárcel, que le impactó su mirada triste, que no pudo darle el afecto debido porque vivía en la clandestinidad y que, por razones de seguridad, decidió separarse de él y de su compañera. Petro también prefirió sacrificar a su hijo y darle prioridad a su lucha.

La primera obligación de todo hombre y toda mujer es ser un buen padre y una buena madre. Y el cumplimiento de ese deber pasa por mantener a los hijos a salvo de costos inmerecidos y, por supuesto, jamás utilizarlos para conseguir votos ni conmover electores.

El acto electoral iba a arrancar este sábado a las 14.22, un guiño deliberado al número 22, el que hay que marcar para votar a los Bolsonaro en las urnas electrónicas en las elecciones del próximo octubre. Pero empezó con una hora de retraso, a las 15.22. Estamos en Florianópolis, una de las ciudades más limpias, seguras y menos desiguales de Brasil, capital de Santa Catarina, el gran bastión de la derecha que el clan quiere convertir en su escaparate. En la puerta, bajo la lluvia, los ambulantes han actualizado la mercancía. Venden gorras de Flávio Bolsonaro 2026.

El bolsonarismo y los votantes que apostaron por el ultra han asumido con naturalidad el relevo. Mientras ensalzan a Jair Messias Bolsonaro como “nuestro eterno presidente”, abrazan a su elegido para la gran misión del momento, el senador Flávio Nantes Bolsonaro, de 45 años, el hombre llamado a derrotar al presidente Lula y volver a conquistar el poder para la derecha. Sin el carácter explosivo del patriarca ni su carisma, es el menos estridente de los hermanos. Desde el primer día se presenta como “un Bolsonaro moderado”, para aminorar el brutal rechazo que suscita su padre. También recuerda que sí se vacunó de la covid.

En familia, a Flávio Bolsonaro le llaman 01 porque es el primer hijo. Lleva media vida en cargos electos —cuatro mandatos de diputado estatal en Río de Janeiro y uno de senador en Brasilia— y eso da para mucho. Entre quienes han seguido de cerca su carrera, hay quien considera que ofrece la misma receta que el patriarca en un envoltorio menos agresivo. Señalan otros que es el Bolsonaro más salpicado por la corrupción (aunque se ha librado de ser juzgado). Pero, sobre todo, destacan su juego de cintura, que es el más conciliador y pragmático de la familia. Dialoga bien con el centrão, una constelación de siglas de centro-derecha que se ofrece al mejor postor y es a menudo el fiel de la balanza. Como su padre, sazona su discurso con frecuentes referencias a Dios.

La velocidad a la que el más gris de los hijos ha consolidado su candidatura ha sorprendido a críticos y afines. A cinco meses de las elecciones, está en empate técnico con Lula. Así explica él ese ascenso: “Primero, porque Bolsonaro es el mayor líder político de la historia de América Latina, sufre una persecución injusta y creo que eso sensibiliza al pueblo”, declaró a este diario el viernes, al llegar al preestreno de un documental en homenaje al patriarca. “Llevo 24 años en la vida pública. Estoy demostrando que tengo los principios y valores que defiende el presidente Bolsonaro. Y, obviamente, hay una fatiga, Lula es mercancía caducada”.

Cientos de fieles lo recibieron este sábado en una sala de conciertos repleta a pie de carretera en Florianópolis. Ahí estaban los colores nacionales, el orgullo de ser de derechas y la defensa del cuarteto Dios, patria, familia y libertad. Los votantes de Bolsonaro, que perdió por la mínima en 2022, han abrazado a Flávio sin grandes reticencias.

Para la coronel Fátima, de la Policía Militar de Santa Catarina, “es el candidato más preparado porque tiene la vivencia política de ser senador y acompañó a su padre mientras fue presidente”, explica en el evento. Nara Alves, una activista y jubilada de 71 años, apunta convencida: “Yo sabía que iba a ser uno de los hijos; los educó para esto, para hacer lo correcto”. Las élites económicas deseaban inicialmente un gobernador ajeno a la familia.

Sandro Nei Lopes, auxiliar administrativo, ha venido con otra veintena de simpatizantes en autobús desde Barra Velha. “Me gusta Flávio porque hará lo que haría el padre. Lo primero, la amnistía por el 8 de enero, porque es una injusticia”, señala en referencia al intento de golpe de Estado, en 2023.

Cuentan que el padre, Jair Messias Bolsonaro, 71 años, es un neurótico obsesionado con la traición. Se formó como militar en una dictadura temerosa de la infiltración comunista, de que EE UU le robara la Amazonia. Así que en sus horas más bajas, cumpliendo una pena de 27 años por liderar una conspiración golpista, buscó heredero político en su círculo de máxima confianza, entre sus vástagos, porque las suspicacias alcanzan incluso a su esposa. “Michelle no está preparada para la política por ahora”, apunta la bolsonarista Alves.

En un mensaje de tono mesiánico a sus compatriotas, el día de Navidad ungió al primogénito para la más ambiciosa entre la infinidad de misiones que encomienda el exmandatario, líder de un emporio político-familiar que abarca sucesivas esposas.

Bolsonaro hijo todavía estudiaba (derecho y ciencias políticas) cuando a los 21 años entró en política siguiendo instrucciones de su padre, como él y sus hermanos han hecho toda la vida. De sus 16 años como diputado estatal en Río de Janeiro, se recuerda tanto su discurso de mano dura contra los criminales como su defensa de la policía fluminense (una de las más letales de Brasil) y de los grupos paramilitares que ofrecen seguridad. Flávio Bolsonaro consiguió que Río de Janeiro impusiera su mayor distinción, la medalla Tiradentes, a un policía que resultó ser un sanguinario sicario, Adriano de Nóbrega.

Queda también en la memoria el desmayo que sufrió en un debate electoral. La candidata del partido comunista, médica, intentó socorrerlo, pero el padre lo evitó al grito de que le iba a dar estricnina.

Un carioca que lo frecuentaba en aquella época, y que prefiere hablar desde el anonimato, cuenta que les gustaba pasar los fines de semana en la piscina, con amigos. Bolsonaro hijo no era de playa, prefería la intimidad de las urbanizaciones. “Era muy afable. Una vez le dije que mi madrastra era fan de los Bolsonaro y rápidamente grabó un vídeo para ella”.

En aquellos años, se casó con una dentista y tuvo dos hijas, que tienen 12 y 14 años. En un reciente vídeo, su esposa presume de ser la artífice de Flávio, el moderado, porque, enfatiza: “Yo lo reeduqué”. Él se pasea con una camiseta con el lema “padre de niñas”, en contraste con su progenitor, que achacó a una flojera el hecho de tener una niña tras cuatro varones.

De senador, a Flavio se le aparecieron los fantasmas de Río. La fiscalía le acusó en 2020 de corrupción. “El Ministerio Público le acusó de un desvío de seis millones de reales, un millón de dólares, por liderar un fraude en su gabinete”, recuerda la periodista Juliana dal Piva, autora del libro El negocio de Jair, como era conocido el sistema, que está extendido en América Latina: empleados fantasmas en los gabinetes de los políticos de la familia. Cobraban de las arcas públicas sin trabajar y devolvían al jefe entre el 70% y el 90% del sueldo. “Funcionó al menos hasta 2018”, explica Dal Piva en una entrevista.

La reportera del Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación destaca que, junto a los movimientos de dinero revelados por el levantamiento del secreto bancario de Flávio, una de las empleadas fantasmas confesó la trama.

El caso dañó al entonces presidente Bolsonaro, que siempre presumió de estar libre de cualquier sospecha de corrupción. Aunque el proceso, conocido como de las rachadinhas, contra 01 murió sin llegar a juicio, la periodista enfatiza que fue “por un error de forma, porque el Tribunal Superior de Justicia entendió que el juez de primera instancia no había argumentado de manera suficiente los motivos por los que autorizaba el levantamiento del secreto bancario”.

En esta campaña, Flávio busca el apoyo de los evangélicos, propone austeridad fiscal, reducir la edad penal y declarar como terroristas a las grandes organizaciones del crimen, en línea con el reclamo de Estados Unidos.

Bastante tirante es la relación entre Flávio, que como abogado de la defensa puede visitar a su padre a diario, y la actual esposa, Michelle, que lo cuida. Ante las ambiciones políticas de ella, él la acusó de ser “autoritaria”.

Sus hermanos ejercen de escuderos. El hijo 02, Carlos, busca un escaño de senador por este estado de Santa Catarina. Eduardo, 03, le apoya desde la distancia. Tras instalarse en Texas, hace lobby ante la Administración Trump y, con tanta ausencia, ha perdido su escaño de diputado. Además, es investigado por obstrucción de la justicia.

El clan Bolsonaro ha depositado en el primogénito la esperanza de vencer las elecciones, liberar al patriarca y protagonizar un regreso triunfal al palacio presidencial de Brasilia, el que sus fieles invadieron en 2023.

Colombia afina los últimos detalles antes de su regreso a una Copa del Mundo tras su ausencia de Qatar 2022. El camino de la selección dirigida por Néstor Lorenzo antes del arranque del Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, incluye dos amistosos previos a su debut ante Uzbekistán y una concentración con sede en Guadalajara, una decisión estratégica para facilitar los desplazamientos previstos durante el torneo.

Los últimos amistosos antes del Mundial

La actividad de la selección previa al Mundial comenzará la última semana de mayo con un partido amistoso ante Costa Rica el 29 de mayo en El Campín de Bogotá. Será el último compromiso antes de viajar a Norteamérica. Tres días después, el 1 de junio, Lorenzo y su cuerpo técnico presentarán la nómina oficial de los 26 convocados a la Copa del Mundo. Se trata de la fecha límite establecida por la FIFA para que las 48 selecciones participantes entreguen la lista final, apenas una semana después del final de las grandes ligas europeas. Está previsto que los seleccionados que militan en el fútbol europeo, como Luis Díaz del Bayern Múnich o Richard Ríos del Benfica de Portugal, reporten con la Tricolor antes del encuentro contra Jordania tras un breve descanso. Otros elegidos, como el capitán James Rodríguez del Minnesota United, de la MLS, podrían unirse a la concentración a finales de mayo.

En la primera semana de junio, la selección viajará a la costa oeste de Estados Unidos, donde cerrará su preparación para el Mundial con un amistoso ante Jordania el 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. Esa será la última parada antes de recalar en México, donde la Tricolor disputará sus primeros dos partidos mundialistas.

La selección ha elegido Guadalajara, la ciudad mexicana donde disputarán su segundo encuentro mundialista ante la República Democrática del Congo, como campamento base durante el torneo. El cuadro de Lorenzo se establecerá en la Academia AGA, el complejo deportivo del club Atlas de Guadalajara, ubicado en el extrarradio de la ciudad. Desde allí, se desplazará primero a Ciudad de México y después a Miami (Florida) para afrontar sus partidos de la fase de grupos.

El camino de Colombia en el Mundial 2026

La selección debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio ante Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca de la capital mexicana. Seis días después, el 23 de junio, se medirá en el Estadio Akron de su ciudad sede ante la República Democrática del Congo. En el papel, la selección tiene cómo acceder al mejor escenario, el de conseguir un pleno de victorias ante sus primeros dos rivales —y por lo tanto, asegurar su boleto a dieciseisavos de final— antes de viajar a Miami para enfrentarse a la Portugal de Cristiano Ronaldo y Vitinha, y así cerrar su participación en la fase de grupos.

El camino de la selección a partir de entonces dependerá de su posición final en el grupo: calificarse como líder garantiza un cruce en dieciseisavos de final con una de las selecciones que avancen como mejor tercer lugar, mientras hacerlo en segundo implica enfrentar en Toronto, el 2 de julio, a un rival que saldrá del grupo integrado por Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajará a La Haya (Países Bajos), donde se están celebrando las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la disputa que mantiene el país con Guyana por la región fronteriza del Esequibo. La mandataria asumirá personalmente la defensa de la posición venezolana ante el tribunal. En un primer momento, Rodríguez anunció su viaje de forma misteriosa, sin decir adónde iría en “las próximas horas” para “defender” los derechos de su país, hasta que fuentes conocedoras de la misión confirmaron el destino final.

La presidenta encargada de Venezuela está sancionada por la UE y tiene prohibido viajar a su territorio, pero Rodríguez cuenta con una exención, el llamado waiver. Se trata de una autorización excepcional para realizar una actividad que normalmente estaría prohibida por las sanciones. Este será su primer viaje internacional —fuera del Caribe— desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por EE UU en enero de 2026.

“A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria, y cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da, el orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela, defenderlos sin descanso, porque es honrar nuestra historia”, dijo Rodríguez este sábado. Aunque Venezuela ha rechazado que la controversia se resuelva en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, mantiene su defensa en esa instancia. En 2024, Rodríguez ya estuvo en La Haya por última vez, cuando entregó cajas de papeles en los que presentaba sus argumentos de Venezuela para defender como suyo el territorio.

Venezuela mantiene una disputa histórica con Guayana para determinar el límite de la frontera entre ambos países. En conflicto está la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana. Venezuela reivindica esta zona, rica en petróleo y otros recursos naturales bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo.

Una porción del Esequibo formó parte del territorio venezolano durante el siglo XIX, pero Guyana —entonces bajo dominio británico— fue expandiendo progresivamente sus fronteras, atraída por la riqueza de sus yacimientos de oro y bauxita, hasta absorber la totalidad de la región. Venezuela agotó las vías internacionales sin obtener resultado alguno: un arbitraje celebrado en 1899 falló a favor de los británicos. Diversos historiadores venezolanos han argumentado que aquella decisión fue fraudulenta, producto de la manipulación cartográfica perpetrada por un explorador.

Entre el 4 y el 11 de mayo, la CIJ celebra audiencias para estudiar la validez de ese Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, que fijó los límites entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.

La del Esequibo se convirtió en una de las grandes banderas del chavismo, una disputa con la que siempre ha amenazado con llevar hasta el final. En 2023, Venezuela creó una entidad administrativa sobre la franja en disputa con una capital en territorio venezolano. Lo hizo luego de someter a un referendo cuyos resultados y nivel de participación quedaron en entredicho. Pero el movimiento casi desató un conflicto regional, en el que tuvieron que intervenir Brasil y la Caricom, la Comunidad del Caribe.

Tras la creación del estado del Esequibo en 2023, Venezuela actualizó su cartografía oficial incorporando ese territorio a sus mapas, a pesar de que la disputa continúa dirimiéndose ante los tribunales internacionales. La medida encendió las alarmas en Guyana y, desde entonces, las tensiones entre ambos países no han hecho más que escalar. La crispación ha llegado a extremos llamativos: hace apenas unas semanas, el presidente guyanés, Irfaan Alí, expresó su malestar por el broche que lucía en su solapa la presidenta encargada venezolana, un broche dorado con la silueta del país que incluía el Esequibo como propio.

Hoy la batalla se da con distintos aliados de Venezuela, que han cambiado después del 3 de enero. Es clave ahora la posición de Estados Unidos, que ejerce una especie de tutela sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez, y que se pondrá a prueba en este nuevo capítulo. Históricamente, Estados Unidos ha respaldado la posición de Guyana e incluso ha ofrecido apoyo militar cuando han escalado las tensiones entre los dos países. Guyana fue uno de los países que apoyó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que precedió a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El pasado viernes, el canciller venezolano, Yván Gil, quien forma parte de la delegación que viajó a La Haya, consideró que la disputa terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, y rechazó los argumentos finales de Guyana presentados en la CIJ, al calificarlos de “negacionistas” y “repetitivos”. El ministro de Exteriores insistió en que la única vía para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un instrumento jurídico para alcanzar una solución mutuamente aceptable, informa EFE.