Category: Actualidad

  • Aguirre presenta una lista preliminar de 55 futbolistas para el Mundial: fuera ‘Chucky’ Lozano y esperanza para 14 jugadores

    Aguirre presenta una lista preliminar de 55 futbolistas para el Mundial: fuera ‘Chucky’ Lozano y esperanza para 14 jugadores

    Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Alex Padilla (Athletic) y Antonio Rodríguez (Tijuana)

    Defensas: César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Génoa), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (PAOK), Bryan González (Guadalajara), , Richard Ledezma (Guadalajara), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gómez (Tijuana), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Guadalajara) y Víctor Guzmán.

    Mediocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahçe), GIlberto Mora (Tijuana) Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Luis Chávez (Dinamo de Moscú), Luis Romo (Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Marcel Ruiz (Toluca), Jesús Angulo (Toluca), Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Diego Lainez (Tigres), Efraín Álvarez (Guadalajara), Elías Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (América), Isaías Violante (América), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls) y Kevin Castañeda (Tijuana)

    Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Guadalajara), Roberto Alvarado (Guadalajara), César Huerta( Anderlecht), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) y Germán Berterame (Inter de Miami)

  • Las autoridades despliegan 1.000 agentes en la Montaña baja de Guerrero ante la última crisis de violencia

    Las autoridades despliegan 1.000 agentes en la Montaña baja de Guerrero ante la última crisis de violencia

    Las autoridades federales y de Guerrero han reforzado la presencia de la fuerza pública en la zona de Chilapa, a unos 50 kilómetros de Chilpancingo, tras la última crisis de violencia en el extenso municipio, que ha llevado al desplazamiento de al menos 120 pobladores de la zona, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Gobernación. La dependencia ha informado del despliegue de 690 militares y 400 agentes de la Guardia Nacional y 200 policías. “En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo [dos de las comunidades más afectadas], fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios”, ha explicado la Secretaría, que asegura que se les ha proporcionado servicio médico, alimentación y seguridad.

    La violencia en la Montaña baja de Guerrero, al centro de México, ha sido recurrente en los últimos 12 años. En el último mes, criminales atacaron a las comunidades de Chilapa dejando un reguero de muertos y desplazados parecido al de otras ocasiones. Este mismo lunes, la policía comunitaria, CIPOG-EZ, denunciaba la arremetida del grupo criminal Los Ardillos, con base en el municipio vecino de Quechultenango. Sus ataques han dejado 76 muertos y 25 desaparecidos desde 2014, los últimos 6, entre abril y mayo.

    El despliegue de las autoridades federales y estatales llega una semana después de que el Gobierno de Guerrero informara del refuerzo de “la presencia institucional en comunidades del municipio de Chilapa, luego de que se reportaran agresiones armadas en la localidad de Tula”. El comunicado de este martes, en cambio, no hace referencia explícita a las comunicades de Tula y Xicotlán, dos de las más atacadas en este último mes.

    La Secretaría de Gobernación asegura que los 120 pobladores desplazados han manifestado su deseo de permanecer en las comunidades atacadas, “por lo que se les proporcionaron insumos de primera necesidad, como colchonetas y cobertores, y generadores de luz”. Las cifras oficiales mencionan hay seis heridos que ya han recibido atención médica en hospitales públicos. Las autoridades desplegadas ya han liberado la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera, que ha permanecido bloqueada en los últimos días junto a otras vías secundarias.

    Al dispositivo de seguridad, apunta la dependencia federal, se ha sumado la presencia, entre otros, del secretario de Seguridad de Guerrero, Daniel Ledesma. Las autoridades también han instalado un centro de mando en Chilpancingo, en el que se encuentran la gobernadora estatal, Evelyn Salgado, y la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez.

  • El Autódromo Hermanos Rodríguez de México también se someterá a una remodelación

    El Autódromo Hermanos Rodríguez de México también se someterá a una remodelación

    El circuito mágico de la Fórmula 1 se renueva. El Autódromo Hermanos Rodríguez necesita seguir el romance con la dirigencia de la Fórmula 1 para mantener el Gran Premio en Ciudad de México, todo un motor económico para el país. Los organizadores, CIE, han anunciado este martes que ya comenzaron con las obras de remodelación con un valor de 202 millones de pesos en una de las pistas bendecidas por el talento de Lewis Hamilton, Max Verstappen, Checo Pérez o Ayrton Senna.

    La pista de la Magdalena Mixhuca necesita adaptarse a las condiciones de la nueva Fórmula 1, que inició con un nuevo reglamento este año. Los organizadores buscan repavimentar con asfalto en algunos sectores de la pista y se enfocarán en darle mantenimiento al drenaje del circuito. El autódromo está ubicado en una zona que en los últimos años ha sido muy golpeada por las lluvias. Se le dará mantenimiento a los lavaderos, esas zonas que delimitan los límites de pista pintados de rojo y blanco, que miden 4.304 kilómetros. Todas las obras la realizará la empresa Tilke de Alemania.

    Otra de las zonas que se someterá a una cirugía es la zona del paddock, la zona más exclusiva de la Fórmula 1 donde coinciden los pilotos, ingenieros y mecánicos de los equipos. “Esta inversión representa nuestro compromiso por preservar al Autódromo Hermanos Rodríguez como un recinto de clase mundial”, apunta Federico González Compeán, director del Gran Premio mexicano. Las obras, avisan, no afectarán a ningún concierto que se tiene planificado en la zona del estadio, el GNP, porque las tienen programadas en días de cero actividad.

    En Ciudad de México, las remodelaciones han asfixiado a sus habitantes por el tema del Mundial, que iniciaron desde 2024 con el Estadio Azteca, calles y repintado de vía pública. A diferencia de las obras por la Copa del Mundo, las del autódromo serán menores y con un impacto menor. Lo resentirán los ciclistas y corredores que aprovechan los días en que se pueda usar la pista libremente.

    México tiene contrato con la Fórmula 1 hasta 2028, se firmó en 2025 con todo el apoyo de la cúpula del automotor, los promotores mexicanos y las autoridades de la capital mexicana. Tener una carrera en el calendario de Fórmula 1 es el objetivo de decenas de ciudades que quieren un pedazo del millonario pastel de la F1. Los ingresos del año pasado fueron de 3.870 millones de dólares, un aumento del 14% con respecto a 2024. Tan solo en la edición de 2025, el Gran Premio de Ciudad de México dejó como botín 19.840 millones de pesos para todo el país durante la semana de carrera. Las entradas se agotaron prácticamente el primer día de su venta. Cada año, desde 2015, ha sido un éxito de ventas y un alivio para el turismo del país.

  • La Fiscalía reactiva la investigación sobre la influencia del narco en las elecciones de 2021 en Sinaloa

    La Fiscalía reactiva la investigación sobre la influencia del narco en las elecciones de 2021 en Sinaloa

    La Fiscalía General de la República ha reactivado la investigación sobre la supuesta influencia de los carteles del narcotráfico en las elecciones de 2021 en las que ganó el gobernador Rubén Rocha Moya, hoy acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado a cambio de apoyo electoral. El Ministerio Público, según una información de Milenio, que menciona a fuentes de la Fiscalía, también retomará el caso del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Cuén. El exrector falleció el 25 de julio de 2024 en la finca donde Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, secuestró a Ismael El Mayo Zambada, de acuerdo con las investigaciones previas de la FGR, tras una supuesta reunión a la que fue convocado junto a Rocha Moya. La decisión llega semanas después de que Estados Unidos señalara a Rocha y a otros nueve funcionarios sinaloenses de tener vínculos con el crimen organizado.

    La acusación de la justicia estadounidense ha despertado un auténtico terremoto político en la frontera mexicana y ha avivado, una vez más, las tensiones con el Gobierno de Donald Trump. Los señalamientos aseguran que el Cartel de Sinaloa ayudó a Rocha a ganar las elecciones a cambio de protección política. Un apunte que llegó cinco años después de que el político morenista negara rotundamente estar vinculado con el crimen organizado. Pocos días después de que salieran a la luz las acusaciones de Estados Unidos, Rocha abandonó el cargo temporalmente para permitir las investigaciones de la FGR.

    El Gobierno de México ha defendido que esa acusación de Estados Unidos no cuenta con pruebas contundentes para acusar a los funcionarios, y ha acusado que el objetivo no es judicial. La presidenta, Claudia Sheinbaum, lo expresó de esta manera en su conferencia de la mañana, a finales de abril: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”. La falta de pruebas es algo que también ha respaldado en todo momento la FGR, que también criticó que la justicia estadounidense hiciera pública la información sin esas pruebas. El Ministerio Público sí informó del inicio de las investigaciones sobre el tema.

    El nombre de Cuén apareció en el escrito del Mayo difundido tras su entrada en una prisión de Estados Unidos, el 10 de agosto de 2024, después de ser trasladado a la frontera por el hijo de su socio histórico. En su escrito, el capo apunta que Cuén fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán. “Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, apuntó El Mayo en la carta. Ese apunte echaba por tierra la versión mantenida por entonces por el Ministerio Público, que sostenía que al doctor Cuén lo mataron unos individuos en moto con el objetivo de robarle la camioneta cuando estaba en una gasolinera, también la noche del 25 de julio. El Mayo informó en los primeros días tras su arresto que el secuestro se produjo cuando acudió a una cita con el doctor Cuén y Rocha Moya. “Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo”, aseguró el capo en la carta.

  • Petro lleva al terreno penal su choque con la justicia

    Petro lleva al terreno penal su choque con la justicia

    El presidente Gustavo Petro, experto en hacer política a partir de la provocación, llevó este lunes su choque con la rama judicial colombiana a un nuevo nivel. Tras conocerse la decisión del consejero de Estado Juan Enrique Bedoya de suspender la totalidad del decreto con el que el mandatario buscaba trasladar desde los fondos privados a la estatal Colpensiones ahorros pensionales por 25 billones de pesos, Petro publicó un trino que cruzó una línea que ningún presidente colombiano había cruzado antes: “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”.

    No fue una declaración en una rueda de prensa ni un discurso en una plaza pública. Fue una instrucción directa a sus seguidores para que activaran la maquinaria penal del Estado contra un juez del tribunal encargado de revisar la legalidad de sus decretos.

    El choque de Petro con las altas cortes no es nuevo ni espontáneo. La relación ha sido difícil y el presidente, que se ha quejado de la dificultad de sacar adelante sus reformas y de las limitaciones que tiene el jefe de Estado —“No hemos conquistado el poder, hemos conquistado un gobierno administrador acorralado por otros poderes”, dijo en entrevista a este diario—, siente que entre las togas hay enemigos agazapados de su proyecto político, el que ha llamado el “Gobierno del cambio”.

    A lo largo del cuatrienio que se acerca a su fin, varias decisiones judiciales han exacerbado sus ánimos: la declaratoria de inexequibilidad de la ley que creó el Ministerio de Igualdad, la caída de los decretos con los que declaró estados de excepción, incluida una emergencia económica en diciembre pasado. En cada episodio, Petro ha recurrido al mismo argumento: las decisiones no son jurídicas, sino políticas, y quienes las toman actúan movidos por intereses ajenos al derecho.

    En una ocasión, en febrero de 2024, llamó a sus simpatizantes a movilizarse frente a la Corte Suprema, cuando esta tardaba en elegir a una nueva fiscal general de la terna que había enviado para definir el reemplazo de un fiscal convertido en su opositor político. Cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Justicia de Bogotá. Faltaban cinco días para que saliera el fiscal anterior, y la Corte sumaba dos meses de debate, algo que Petro había llamado “incumplimiento del deber judicial”. Ese día, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, dijo ante los micrófonos que “la democracia quedaba en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”.

    El presidente no solo ha cuestionado algunas decisiones, como han hecho todos los mandatarios, sino que ha señalado a los magistrados de formar parte de un “golpe blando” en su contra, de hacerle juego al lawfare o de formar parte de un “bloqueo institucional” que solo se puede superar mediante una Asamblea Constituyente. “Se generaron unas cortes ultraconservadoras, mancilladas por el cartel de la toga y el clientelismo judicial y que no congenian con el Estado Social de Derecho”, escribió en septiembre pasado, pese a decisiones de avanzada de esa misma justicia en asuntos que van del aborto a la no reelección.

    Este lunes, Petro fue más lejos. Ya no pedía presión colectiva sobre una institución: pedía una acción penal contra un individuo, quien además es del corazón de la Rama. Bedoya, un abogado de la Universidad Católica, ha hecho carrera desde escribiente hasta secretario general del Consejo de Estado durante 13 años.

    La decisión de este lunes es parte de una seguidilla de fallos que han bloqueado decretos con los que el ejecutivo buscaba recursos frescos ante un déficit fiscal que el propio gobierno cifra en 16 billones de pesos, unos 4.500 millones de dólares. Aunque esa falta de dinero no ha provocado hasta ahora una crisis fiscal aguda, se ha convertido en munición de campaña. La senadora Paloma Valencia, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y otros aspirantes que compiten por el segundo puesto hacen hincapié en la disciplina presupuestal como bandera opositora.

    El episodio ocurre a menos de tres semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, y en un momento en que Petro sigue siendo la espada más afilada de la campaña de izquierda. El senador Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, mantiene un perfil deliberadamente bajo: da pocas entrevistas, no asiste a debates y se concentra en movilizar las bases con la vista puesta en ganar en primera vuelta. Es Petro quien ocupa el centro del tablero.

    Hay una lógica política en esta escalada que va más allá del impulso. El argumento de las decisiones judiciales ilegales o políticamente motivadas le ha servido a Petro como pararrayos frente a uno de los cuestionamientos más persistentes de sus propias bases: el incumplimiento de promesas a los jóvenes de la primera línea que fueron judicializados tras el estallido social de 2021, o a los pobladores de la Costa Caribe que siguen pagando tarifas desorbitadas de energía eléctrica. En casos como esos, Petro ha señalado al poder judicial como el obstáculo.

    La acusación de prevaricato contra Bedoya encaja en ese patrón. Si el decreto cayó, no es por ser inconstitucional o ilegal: es porque los jueces están capturados. Aunque la narrativa es conocida, Petro da un paso nuevo, pues pasa de denunciar a las instituciones a pedir que sus seguidores persigan penalmente a las personas que las integran.

    En un país de abogados, y en un momento en que la judicialización de la política se ha convertido en una tendencia de todo Occidente, el trino de Petro del lunes no es solo un exabrupto. Es también un recordatorio de lo que, en el fondo, está en juego en esta campaña: no tanto si gana Cepeda, Valencia o Espriella, sino si Colombia continúa o no con el experimento que representa su primer Gobierno de izquierda en décadas.

  • Lula presenta un plan para asfixiar las finanzas del crimen organizado y combatir el tráfico de armas

    Lula presenta un plan para asfixiar las finanzas del crimen organizado y combatir el tráfico de armas

    La seguridad pública es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía en Brasil. Lógico, porque cuatro de cada diez brasileños, casi 70 millones de personas, ven en su barrio cómo opera el crimen organizado, según una encuesta divulgada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública este lunes. No necesitan que la prensa o los políticos les cuenten cómo trafica con drogas, exhibe sus armas, extorsiona o dicta normas a los vecinos. En ese contexto y con las elecciones de octubre en el horizonte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentado este martes en Brasilia un plan para asfixiar económicamente a los grupos criminales, retomar el control de prisiones, combatir el tráfico de armas y mejorar la investigación de los homicidios. Un paquete de unos 2.250 millones de dólares para afrontar uno de los flancos en el que el electorado ve más débil a este Gobierno.

    “Esto no es solo el lanzamiento de un programa, es la señal al crimen organizado de que, en poco tiempo, ya no dominarán territorios [en Brasil], serán devueltos al pueblo brasileño”, ha prometido el mandatario en tono triunfante, acompañado de ministros y del jefe de la Policía. Para los gobiernos del Partido de los Trabajadores siempre ha sido arduo diseñar una receta propia en materia de seguridad frente al discurso de mano dura, incluidas las recurrentes matanzas policiales, que la derecha defiende y una mayoría de la población aplaude.

    Una de las prioridades de Lula es atacar a las bandas por el flanco de las finanzas y para eso busca la colaboración entre los 27 Estados brasileños y con Estados Unidos. Es uno de los temas que abordó la semana pasada en su visita al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El brasileño ha recordado que alguno de los criminales brasileños más buscados vive refugiado en Miami, que las mafias de su país blanquean dinero en Delaware y ha enfatizado, en línea con el Gobierno de México, que buena parte de las armas ilegales en circulación proceden de Estados Unidos. “Y esto conviene decirlo porque si no cunde la idea de que todo el mal está acá y allá no hay nada”.

    En el punto de mira de las autoridades brasileñas, principalmente el PCC (el Primeiro Comando da Capital) y el Comando Vermelho (CV). Pero también las bandas integradas por antiguos policías que se han pasado al lado de los criminales (las llamadas milicias, muy asentadas en Río de Janeiro) y grupos menores con implantación regional.

    El PCC es una mafia que nació en una prisión para exigir los derechos humanos más básicos; hoy tiene unos 40.000 miembros, opera en todo Brasil, en una treintena de países extranjeros y se estima que factura cada año 2.000 millones de dólares, algo menos de la inversión anunciada por el presidente. El CV, su rival histórico, suma 30.000 delincuentes. Unos y otros conforman un extenso poder paralelo al del Estado que en las últimas décadas, alimentado por el dinero del narco, ha expandido su dominio en cientos de barriadas, en la red carcelaria e infiltrado en cada vez más sectores de la economía formal.

    Frente a la imagen que asocia delincuencia y favelas, Lula ha enfatizado que los tentáculos del crimen organizado “están también en empresas, en el fútbol o en el Congreso Nacional”.

    El plan gubernamental contempla, asimismo, inversiones para retomar el control de cárceles, buena parte de las cuales están gestionadas por las propias bandas. Las autoridades quieren reforzar (con drones, escáneres, detectores de metales…) la seguridad de 138 presidios para impedir que los jefes criminales encarcelados sigan manejando sus negocios ilícitos desde la celda.

    También está previsto mejorar los medios de los forenses que investigan los asesinatos. U optimizar el rastreamiento de las miles de armas ilegales.

    El principal adversario electoral de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado, apuesta por reducir la edad penal y por que Estados Unidos catalogue al PCC y al CV como organizaciones terroristas. El fin de semana pasado, en un mitin en Florianópolis, anunció a los criminales que si gana las elecciones más les vale abandonar el país porque “irán presos o serán neutralizados”, según prometió en uno de los Estados más seguros de Brasil. También es uno de los menos desiguales.

    Más allá de los discursos, Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo tras Estados Unidos y China. Y también destaca, incluso dentro de América Latina, por la violencia de sus agentes de policía. Matar a sospechosos (o transeúntes alcanzados por balas perdidas) es cotidiano. El 14% de las 44.000 muertes violentas contabilizadas en 2024 fueron obra de uniformados.

    Brasil, acostumbrado a matanzas en favelas y cárceles, registró en octubre pasado la más letal de su historia, con 121 muertos en Río de Janeiro, incluidos cuatro agentes, cuando las fuerzas de seguridad asaltaron uno de los bastiones del Comando Vermelho.

  • Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de “abandonarla” en “una situación de peligro extremo” en México

    La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha empleado este martes una entrevista en la cadena Cope para acusar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de “echar fuego” supuestamente alentando protestas contra ella durante su visita de la pasada semana a ese país, y al Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, de haberla “abandonado” en “una situación de peligro extremo”. El Ejecutivo mexicano ya desmintió la semana pasada que hubiera pedido una lista de las personas que se reunieron con la política española, como ha repetido este martes Díaz Ayuso, y el español ha precisado que la baronesa conservadora no solicitó asistencia en materia de seguridad, ni para sus traslados, durante su viaje al país americano, interrumpido abruptamente con la cancelación de su presencia en la gala de los Premios Platino. Además, el PSOE de Madrid ha acusado a la líder regional de victimizarse para intentar tapar el fiasco de su desplazamiento internacional.

    “Esta señora [en referencia a la presidenta Sheinbaum], desde su programa de las mañanas, se ha dedicado el día entero, todos los días, de una manera incomprensible, a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros”, ha dicho en conversación con Carlos Herrera en la Cope. Se refería a los comentarios sobre la visita de Ayuso que hizo la mandataria mexicana en las Mañaneras, un programa “para hacer propaganda como están haciendo ahora mismo con la televisión pública en España”, según ha criticado Ayuso, que ha empleado gran parte de su entrevista para cargar contra el Gobierno de Sánchez.

    Ha señalado que su equipo avisó del viaje a las autoridades españolas “como corresponde” y “como hacen siempre”, pero que “nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nadie ha preguntado absolutamente nada”. Luego ha denunciado el presunto “abandono de un representante del Estado, como es un presidente autonómico, a su suerte, en un país sumido en la violencia”, donde les “podría haber ocurrido cualquier cosa, en cualquier sitio”.

    Desde Moncloa confirman que el equipo de la líder regional anunció el viaje, como corresponde a cada desplazamiento internacional de un presidente autonómico, pero que no informó de su agenda, ni pidió traslados, seguridad o protección. Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ha dado esta mañana para informar sobre la evacuación de los pasajeros contagiados por el hantavirus, ha evitado “polemizar con alguien que es profesional en crear problemas no solo en nuestro país sino, como hemos visto estos días, también fuera”.

    Las palabras de Ayuso tras su polémico desplazamiento a México, sin embargo, sí han provocado la inmediata reacción del PSOE de Madrid, que dirige el ministro Óscar López. “Hoy Ayuso ha madrugado para contarnos que sus vidas corrían peligro en México”, se lee en un mensaje publicado por el partido en la red social X. “De primero de estrategia de MÁR: hacemos el ridículo, nos victimizamos y echamos la culpa al Gobierno”, se añade. “Si los narcos la perseguían, ¿por qué se quedaron cuatro días más en la playa? Delirante”.

    El viaje de Ayuso pasó como un huracán por el escenario político mexicano. Su primera parada fue un homenaje a Hernán Cortés y a la Conquista de América junto a la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y miembros del partido conservador PAN. “El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría”, dijo en su primer discurso en un país al que ha calificado de “narcoestado” y de ser una “dictadura” como la cubana.

    Ante esas declaraciones, Sheibaum, en un primer momento, se refirió veladamente a Ayuso reivindicando la soberanía mexicana frente a la injerencia extranjera. No obstante, el enfrentamiento fue subiendo de nivel hasta que este lunes la presidenta de México calificó el periplo de la madrileña como “visita fallida”.

    Esa calificación resulta de que Ayuso decidiera cancelar su agenda justo antes de los Premios Platino para “no comprometer” un evento que “adora”, según ha confesado este martes, ni tampoco a los empresarios con los que se iba a reunir porque, supuestamente, Sheinbaum “pidió una lista de nombres y apellidos para ir contra ellos”.

    Sin embargo, Ayuso culpa por el fracaso de su viaje al hostigamiento de Sheinbaum, a quien también ha acusado de amenazar a los organizadores de los premios y al complejo Xcaret, en la Riviera Maya, donde se iban a celebrar, de “cerrar” el recinto en el caso de permitir la presencia de la madrileña. “Directamente llamó al complejo, y tengo pruebas, y dijo: ‘Como esa señora entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto, lo cierro”, ha asegurado, aunque ni ha mostrado ni ha dicho qué tipo de pruebas tiene. Vuelve a verter así acusaciones sobre la mandataria mexicana que ya han sido desmentidas por los propios organizadores, que aseguraron a EL PAÍS no tener constancia de amenaza alguna, y por el Grupo Xcaret, que negó “categóricamente” la supuesta injerencia del Gobierno mexicano.

    “Eran actos protocolarios de lo más normal entre administraciones”, ha declarado la presidenta en su primera entrevista tras el viaje fallido, en la que los premios eran la tercera etapa y la visita a la localidad de Monteleón, en el estado de Michoacán, la cuarta. “Todo eso lo corté porque no quise poner más peligro a mi equipo, y, por supuesto, a mí tampoco”, ha dicho.

  • Un incendio en la refinería de Pemex en Salina Cruz deja seis lesionados

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    Un incendio en la refinería de Pemex deja seis lesionados

    Explosión la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, el 11 de mayo de 2026.Foto: cedida | Vídeo: epv

    Hasta el momento no se reportan riesgos para la población más cercana, de acuerdo con la información de Petróleos Mexicanos

    El Gobierno del Estado de Oaxaca informó que la noche de este lunes se registró una explosión dentro de la refinería de Pemex Antonio Dovalí Jaime, ubicada en el municipio de Salina Cruz. Hasta el momento hay seis personas lesionadas, tres de ellas trabajadoras de Pemex, que fueron reportadas como estables. El incendio ocurrió en la planta Hidros 2, en la torre de enfriamiento.

    La petrolera del Estado informó que las llamas ya fueron controladas y no existe riesgo para la población cercana. Las autoridades de Oaxaca dieron a conocer en un comunicado que supervisaron las viviendas aledañas a la refinería y no identificaron daños. También fueron activados los protocolos de seguridad para brindar atención médica.

    Los vecinos de la refinería han compartido en redes sociales los videos de los minutos posteriores a la explosión que se registró alrededor de las 20.30 horas.

    [En breve más información…]

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  • Profesores, estudiantes y autoridades universitarias marchan contra la motosierra de Milei

    Profesores, estudiantes y autoridades universitarias marchan contra la motosierra de Milei

    Sobre la Avenida Córdoba, una de las más transitadas de Buenos Aires, un carril permanece cortado. Con los pupitres sobre el asfalto, unos 50 estudiantes de Ciencias Económicas escuchan a un profesor que, mientras bosqueja sobre un pizarrón plástico, intenta imponerse al bullicio de autos y buses. La misma escena se repitió este lunes en diferentes calles y plazas de la capital argentina, también en otras ciudades del país.

    Las clases públicas fueron el preludio de una nueva manifestación que reunirá a profesores, alumnos, trabajadores y autoridades de las universidades estatales para protestar contra el ajuste que continúa aplicando el Gobierno de Javier Milei, pese a que una ley y fallos judiciales le ordenan aumentar el financiamiento para la educación superior.

    La marcha federal universitaria que se realizará este martes será la cuarta contra la motosierra de Milei. Si bien tendrá réplicas simultáneas en toda Argentina, su principal expresión tendrá lugar en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

    “Desde 2023 hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%”, denunció Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en la convocatoria a la movilización. “Lo más angustiante hoy, lo más urgente”, agregó, “es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario”. Entre los reclamos más apremiantes, también incluyó la necesidad de actualizar las becas de asistencia económica para estudiantes: “Muchos tienen dificultades para continuar con sus carreras si eso efectivamente no ocurre”.

    En los dos años y cinco meses que lleva el actual Gobierno ultraderechista, los sueldos de los profesores y demás trabajadores de universidades estatales han perdido un tercio de su poder adquisitivo, según cálculos del CIN. Los sindicatos del sector denuncian que cada vez más docentes se ven forzados a renunciar o a sumar otros empleos ante la abrupta caída de sus ingresos. Las organizaciones gremiales han profundizado este año sus protestas y medidas de fuerza, por lo que la actividad académica está seriamente afectada en muchas instituciones.

    En un país donde la universidad pública tiene amplio respaldo social, la comunidad académica espera una fuerte adhesión popular a la movilización de este martes. “Confío en que será una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto”, dijo Ricardo Gelpi, el rector de la UBA, la universidad más grande del país. En diálogo con Radio Mitre, advirtió que “afectar a la educación y la ciencia es hipotecar el futuro”.

    Actores, músicos, escritores y otros artistas se pronunciaron en apoyo al reclamo y convocaron a participar de la marcha federal. “Que nadie nos saque lo que es nuestro. Este 12 marchemos todos juntos a favor de la universidad pública”, fue el mensaje al que adhirieron, entre otros, Ca7riel, Cecilia Roth, León Gieco, Samanta Schweblin, Mariana Enríquez, Mauricio Kartun, Selva Almada, Marcos López, Martha Argerich, Gabriela Cabezón Cámara, Paco Amoroso y muchos más.

    El reclamo central de la protesta consiste en que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento universitario. Esa norma se limita a actualizar los presupuestos del sector a los valores reales vigentes a fines de 2023, antes de la puesta en marcha de la motosierra. Fue aprobada el año pasado por el Congreso, con el voto de casi toda la oposición, incluso de habituales aliados del Gobierno. Milei la vetó, pero los legisladores rechazaron el veto. El presidente intentó nuevamente derogar la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. Como de todas maneras Milei no cumplió la norma, las universidades recurrieron a la justicia. En dos instancias, los tribunales fallaron que el Gobierno debe comenzar a aplicar el financiamiento aprobado por diputados y senadores. Aun así, el Ejecutivo se resiste a hacerlo y apeló ante la Corte Suprema.

    Pocas horas antes de la marcha, este lunes, se conoció la decisión del Gobierno de aplicar un nuevo ajuste para sostener el superávit fiscal. La medida supone un recorte de al menos 83.000 millones de pesos (unos 59 millones de dólares) que, según el presupuesto 2026 del propio Ejecutivo, estaban destinados a invertir en educación. Los fondos mutilados abarcan asignaciones para obras de infraestructura universitaria y para programas como el plan nacional de alfabetización, equipamiento escolar, gestión y políticas socioeducativas, o el fondo para compensar diferencias interprovinciales en los salarios docentes.

  • Hacia el iliberalismo

    Hacia el iliberalismo

    Por estos días tuvo lugar en Santiago una silenciosa reunión entre el presidente José Antonio Kast y el magnate Peter Thiel, fundador de PayPal y, sobre todo, gran patrón de ese imperio siniestro conocido como Palantir, especializado en inteligencia artificial y big data, el que amasa por estos días enormes cantidades de dinero en el sector defensa y, derechamente, en diversos escenarios de guerra. El viaje de Thiel a Chile es de la mayor importancia, dado el gran poder del que goza este oligarca de Silicon Valley, su nulo apego a la democracia (“la libertad y la democracia ya no son compatibles”, según sus propias palabras) y su desmedida ambición de interpretar y orientar los problemas del mundo a partir de categorías bíblicas, apelando a un vago fondo filosófico: anticristo, apocalipsis, katechon y tantas otras cosas por el estilo. Es sumamente inquietante, por lo demás, que el propio papa León XIV haya prohibido que Thiel utilizara las instalaciones del Vaticano para difundir ideas aparentemente herejes. Es evidente que su visita a Chile necesita ser explicada.

    La sospecha de deriva iliberal del presidente Kast (porque de eso estoy hablando) se acentúa si se toma seriamente en consideración la trayectoria del presidente chileno en la esfera global reaccionaria, esa que se aprecia muy bien en los festivales Viva Europa que son anualmente organizados por el partido de derecha radical español VOX. Entre 2022 y 2024, José Antonio Kast fue ni más ni menos presidente del Political Network for Values, la principal plataforma conservadora a nivel mundial con gran protagonismo en la internacional reaccionaria: Kast participó dos veces en los festivales organizados por VOX, lo que nos habla de un agente conocedor de este ecosistema que se conecta, de modo complejo, no solo con las extremas derechas, sino con el mundo de Silicon Valley que propinó un golpe de Estado tecnológico tan eficiente como invisible, según Marietje Schaake.

    Esta sospecha se alimenta, además, de la apertura de hostilidades por parte de Kast en diversas áreas en las que comienzan a librarse batallas culturales (las famosas “guerras culturales” estadounidenses): desde el juicio crítico bañado en ignorancia sobre la utilidad de la ciencia (por ejemplo en la creación de empleo, reactivando el peor de los anti-intelectualismos de derechas) hasta su denuncia de un supuesto monopolio progresista en los medios y las universidades. Esto se parece mucho al universo de la ilustración oscura, especialmente a Curtis Yarvin y su crítica feroz a la “catedral” (es decir al sistema de medios y universidades capturados por zurdos). No tengo ninguna duda que el presidente Kast no tiene la menor idea de quien es Curtis Yarvin, tampoco sobre la ilustración oscura de Nick Land, desconociendo a punta de ignorancia la naturaleza blasfema del “pensamiento” de Thiel (algo extraño para un presidente tan fervientemente católico). Esto no impide que Kast, precisamente porque forma parte de ese ecosistema, se encuentre desde hace años expuesto a ideas infecciosas, eventualmente iliberales.

    ¿Cómo no tomar en serio la visita que Kast hizo a Viktor Orbán pocas semanas antes de que asumiera la presidencia del Chile? ¿Cómo no asumir que Orbán era en ese momento, hace un puñado de semanas, el principal exponente de las democracias iliberales, cuyo proyecto fue explícitamente reivindicado por este líder corrupto y autoritario allá por el año 2014, tras lo cual cementó el iliberalismo con reglas y arreglos no muy distintos de la filosofía de los amarres de la dictadura de Pinochet? Seamos claros: Kast es y ha sido siempre, sin mediar negaciones ni autocríticas, un pinochetista de tomo y lomo. No puede entonces ser motivo de sorpresa que haya visitado a Orbán cuando este agonizaba en el poder (pocas semanas después terminará siendo aplastado en una elección parlamentaria por una coalición opositora de una amplitud rara vez vista).

    La última fuente de sospecha la entregó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz quien, ante la eventualidad de que su megarreforma (con enormes implicancias tributarias) sea rechazada, argumentó que seguirá gobernando y reformando el sistema tributario a punta de gestión y de… decretos. Bastaron esas palabras para que se recordaran las palabras de José Antonio Kast durante la campaña presidencial cuando también deslizó la idea de gobernar a través de decretos, desatando una andanada de críticas incluso por parte de la derecha democrática. La meditación en público de Quiroz, sin medir los efectos políticos, desató una ola de críticas desde la propia derecha tecnocrática: es así como el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín bajo la segunda administración de Sebastián Piñera, hizo ver que la estrategia esbozada por Quiroz es inviable, ya que la reforma de los tributos se encuentra organizada por leyes que no son modificables por decretos.

    Son demasiados los elementos que dibujan una vía hacia el iliberalismo.

    Todavía existe una relativa garantía: hay una derecha muy relevante que asumió las reglas de la democracia representativa desde hace años y que de verdad es liberal, una dimensión muy escasa por estos días. Es esa derecha democrática la que tendrá que resolver todas estas dudas, en el marco de duras batallas al interior de derechas muy diversas, varias de las cuales abiertamente anti-liberales y anti-pluralistas. Para entender este cuadro local, basta con contrastarlo con el cuadro general de las derechas radicales: sin ir más lejos, y guardando todas las proporciones, en las últimas elecciones locales del Reino Unido se impuso a punta de promesas iliberales el partido de extrema derecha Reform UK, reduciendo el optimismo liberal y progresista que había generado la derrota de Orbán en Hungría.

    El futuro no está escrito, para nadie. Lo que sí está escrito son las consecuencias del iliberalismo: llevamos un cuarto de siglo en este dilema sobre la democracia liberal y sus enemigos. Ya es hora de tomar conciencia y, como sostenía La Pasionaria, “¡No pasarán!”. El problema es que siguen pasando.