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Sinaloa tiene una nueva gobernadora. El Congreso del Estado norteño ha nombrado este sábado a Yeraldine Bonilla, hasta ahora secretaria de Gobierno, como mandataria interina. La número dos de Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia temporal el viernes, acorralado después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, asumirá inmediatamente el cargo de su exjefe.

Bonilla toma las riendas del Estado en un momento de estrés extremo. El hasta ahora gobernador morenista ha decidido hacerse a un lado mientras la Fiscalía General de la República (FGR) pone la lupa sobre su gestión y su campaña, ambas manchadas por la acusación de Estados Unidos. Esta semana, en un hecho sin precedentes en las relaciones entre Ciudad de México y Washington, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló formalmente a Rocha Moya y nueve funcionarios de la región de estar coludidos con el narcotráfico, concretamente con la facción de Los Chapitos.

La designación de Bonilla al frente del Gobierno de Sinaloa será temporal, no mayor a 30 días, a menos que el Congreso local decida ampliar el periodo en el que se desempeñará como gobernadora sustituta. La ahora gobernadora ha sido diputada local en dos ocasiones, la primera vez por la vía plurinominal y la segunda por elección popular. En esta última asumió además la presidencia de la mesa directiva del Congreso, pero más tarde dejó el cargo para convertirse en secretaria general de Gobierno. Este último cargo la catapultó como gobernadora interina, según lo establece la Constitución Política del Estado.

Irma Moreno Ovalles, líder del PRI en el Congreso de Sinaloa, ha señalado que la aprobación de la licencia a Rocha Moya ha demorado, ya que las acusaciones del Gobierno estadounidense ponen en contexto la crisis interna del Estado. “Es triste decirlo, pero estamos frente a un hecho histórico en el peor sentido. La separación del gobernador del cargo es insuficiente, llega tarde por la crisis”, expresó ante los legisladores, asegurando que “la licencia no resuelve todo, porque lo que sigue es claro, el juicio de procedencia para no evadir la ley”.

Al explicar la crisis, la legisladora recordó que en 20 meses se han registrado al menos 2.645 homicidios; ⁠3.688 personas desaparecidas; el asesinato de ⁠108 niñas, niños y adolescentes; y 333 menores desaparecidos. También⁠ han sido asesinadas 174 mujeres; al menos ⁠3.000 familias han sido desplazadas; más de 30.000 empleos se han perdido, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); ⁠4.569 negocios han cerrado; 13.000 automóviles han sido robados. Todo esto ha marcado una notable caída económica en la región estimada en más de 70.000 millones de pesos. “Aprobar a Yeraldine Bonilla es mantener el gobierno de Rocha Moya en el poder”, ha afirmado la legisladora priista.

Por su parte, la diputada priista Paola Gárate ha asegurado que la licencia a Rocha Moya es el resultado de la presión social, que desde enero de 2025 ha salido a las calles en diversas manifestaciones con expresiones como “Fuera Rocha” y “Rocha Narcogobernador”. “La licencia no borra los años de sospechas”, ha mencionado Gárate, recordando que el morenista ganó las elecciones el 6 de junio de 2021 tras un operativo criminal en el que fueron desaparecidos más de 50 operadores priistas. De ese registro hay hasta ocho denuncias penales, pero ninguna ha sido resuelta.

“Nuestra postura debe ser clara: sí a la separación del cargo, pero no a la simulación, no a la licencia como refugio, no a la impunidad disfrazada de trámite parlamentario. Lo que Sinaloa exige no es que se vayan unos días sino una investigación seria, que se investigue realmente a fondo, que se coopere con las autoridades competentes. Ningún partido, ningún movimiento y ningún gobernante puede estar por encima del derecho de las familias a vivir sin miedo. Esta licencia no cierra la crisis. Apenas la confirma”, ha añadido la legisladora del PRI.

Como defensa, la diputada morenista Juana Minerva Vázquez González ha señalado que la designación de Bonilla Valverde es una decisión consensuada, que busca garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo y dar certeza a la vida pública de Sinaloa. “Este acto debe de leerse desde una óptica de preservar el republicanismo y preservar las instituciones por encima de todo”, ha afirmado la diputada, “este Congreso no emite juicios, no sustituye ni invade autoridad”.

La aprobación se dio por la mayoría necesaria, aunque la oposición –que fue reducida desde las elecciones locales de 2023–, rechazó que Bonilla Valverde pueda ser un cambio que pueda resolver, al menos de manera temporal, la crisis de violencia en Sinaloa.

Cada día, miles de personas cruzan fronteras en busca de algo fundamental: una vida mejor. Muchas esperan crecer profesionalmente; algunas anhelan ofrecer a sus hijos un futuro digno; otras huyen de la violencia o del hambre. La migración no es un fenómeno nuevo ni excepcional: es tan antigua como la humanidad misma. Lo que sí es relativamente nuevo es nuestra capacidad para gestionarla mejor, con más humanidad y visión. Para eso existe el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Adoptado en 2018 por la inmensa mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas, el Pacto parte de una premisa poderosa: la migración, cuando se gestiona bien, beneficia a toda la sociedad. Este acuerdo global no es una idea abstracta: es una hoja de ruta que orienta la toma de decisiones concretas para construir sociedades más seguras, economías más dinámicas y comunidades más cohesionadas, donde se amplían las oportunidades para las personas y se libera el potencial de la migración.

El Pacto se articula en 23 objetivos que abarcan desde la protección de los derechos de las personas migrantes hasta su acceso a servicios básicos y el reconocimiento de sus aportes económicos y culturales a sus comunidades de acogida.

Cuando los gobiernos se comprometen con estos objetivos, el impacto en la vida de las personas es tangible. En Brasil, una política migratoria visionaria dio lugar a la Operación Acogida, que combina regularización con acceso real a oportunidades para personas venezolanas. Los resultados hablan por sí solos: el 77% de quienes se beneficiaron de esta iniciativa encontró empleo en un par de semanas, y el 98% accedió a servicios esenciales como salud y educación.

Estas políticas, inclusivas y bien diseñadas, también fortalecen a los países de acogida. América Latina y el Caribe lo están demostrando con hechos: cerca del 70% de las personas venezolanas en la región cuenta con un estatus regular, lo que ha facilitado que sus hogares aporten más de 10.600 millones de dólares anuales a la economía, fortaleciendo sectores clave como la vivienda, la alimentación, la educación y la salud. Estos datos son la prueba de que, cuando se abren puertas, los beneficios son compartidos.

Para que los compromisos del Pacto se mantengan vivos y se consoliden en el tiempo, los países se reúnen periódicamente en el Foro de Examen de la Migración Internacional, conocido como FEMI. Convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, este espacio permite que los gobiernos compartan sus logros con honestidad, reconozcan los desafíos pendientes y definan prioridades para los próximos años. No es un foro de declaraciones: es un mecanismo de aprendizaje colectivo.

Del 4 al 8 de mayo, el FEMI vuelve a celebrarse en Nueva York. Será una oportunidad para revisar lo alcanzado, identificar brechas y ajustar el rumbo cuando sea necesario. Será también una oportunidad para que las buenas prácticas se expandan entre regiones; para que América Latina y el Caribe demuestren que la migración puede ser un motor de progreso; y para reafirmar que la buena gobernanza migratoria transforma vidas.

Puntual, como pocas veces, el presidente Gustavo Petro pronunció su último discurso como mandatario en el día del trabajo. Desde el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, Petro llegó para azuzar y aterrizar, ahora sí, su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. “Fui elegido solamente con un objetivo: volver realidad el Estado Social de Derecho que proclama, como orden y mandato, la Asamblea Nacional Constituyente”.

Aunque el presidente lleva dos años hablando de cambiar la carta política de Colombia, esta es la primera vez que concreta esa idea al convocar abiertamente a la ciudadanía a reunir firmas para llamar a votación. El propósito del Ejecutivo, dijo, es reunir cinco millones de firmas para radicar ante la Registraduría y poder hacer el llamado a las urnas con el propósito de modificar la Constitución Política de 1991. Lo hace, incluso, desafiando al próximo Gobierno. “Tendrán la obligación de promulgar la convocatoria a la Constituyente, y entonces nos veremos otra vez en las calles y en las plazas”, dijo en medio de arengas.

Según el mandatario, no quiere reformar todo el texto, sino que agregaría dos capítulos a la Constitución. El primero, dice, para introducir actos legislativos; es decir, para hacer realidad las reformas sociales que en su Gobierno no lograron pasar en el Legislativo, como la reforma a la salud y la reforma pensional. Y el segundo apartado sería una reforma al sistema político en contra de la corrupción. “Son los dos capítulos que le hacen falta a la Constitución. Son mejoras. Ese es el objetivo para este año. Antes de que se acabe. No es para el próximo siglo”, advirtió.

Convencido de que en el Congreso de la República sabotearon su intención de introducir cambios de fondo durante su Gobierno, Petro dice que la única forma de que se cumpla “el mandato del pueblo” es a través de esta vía constitucional. Y aunque se prepara para salir de la Casa de Nariño en agosto, ya anticipó que continuará con las banderas de la Constituyente incluso como expresidente. “Es eso o pasar otros cuatro años bajo la extorsión politiquera de una mayoría en el Congreso que no ha sabido cambiar las costumbres de sus líderes políticos. Solo esto puede cambiar el pueblo de Colombia”.

En medio de su discurso, el mandatario aseguró que este mismo día se consolidarán en todo el país los comités por la Asamblea Constituyente, encargados de impulsar la recolección de las cinco millones de firmas necesarias para la convocatoria. Con alguien hablándole al oído, Petro detalló paso a paso cómo los ciudadanos pueden participar en esa tarea. También afirmó, sin tono jocoso, que él mismo volverá a Medellín para contribuir con la consolidación de las firmas.

El mandatario, aunque consciente de que no puede participar en política, dijo varias veces que esperaba que se repitiera un mandato progresista en Colombia. Desde la capital antioqueña, una de las regiones más a la derecha del país y cuna del uribismo, pronunció estas palabras. “Ya casi terminamos este Gobierno. Ojalá vengan más gobiernos progresistas. Espero que no nos devuelvan al espanto. Que no nos devuelvan a La Escombrera”, pronunció, en relación con la icónica fosa común en la que los paramilitares, entre 2002 y 2003, desaparecieron cuerpos de civiles.

Petro sabe que, en el poco tiempo que tiene el Congreso para sesionar, no se terminarán de aprobar todas sus reformas sociales, pero se niega a aceptar su derrota. Aunque dejó en claro que dejará la Presidencia de Colombia, su intención de modificar la carta magna se proyecta más allá de su cuatrenio. “Hay que hacerlas aprobar. Es orden del pueblo. Fue mandato popular en las elecciones del 2022, y las encuestas hoy demuestran que siguen siendo la orden y el mandato popular el pueblo de Colombia”, dijo para justificar su iniciativa.

Durante cuarenta y cinco minutos, el presidente habló acompañado de su gabinete y funcionarios más cercanos. A su derecha, Armando Benedetti, su cuestionado ministro del Interior, lo acompañó todo el tiempo. Y a su izquierda el presidente de la CUT, el más grande sindicato de los trabajadores. El resto de su discurso fue casi un autobalance de su Gobierno, aunque sin detenerse en los errores. Para Petro, algunos de sus enemigos durante su Administración fueron el Congreso de la República y las altas cortes, que varias veces truncaron sus iniciativas por razones de procedimiento.

El primer episodio que trajo a la memoria fue el hundimiento de la consulta popular que convocó el Ejecutivo el año pasado, justamente para intentar aprobar por referendo las reformas a la salud y laboral. Pero la iniciativa se hundió en el Capitolio Nacional en junio pasado, después de que el legislativo sí aprobó la laboral. “¿Qué hicieron en el Congreso? Trampa. Hasta le impidieron votar a los que asistían”, lanzó Petro.

En referencia a la reforma pensional, aprobada en el Capitolio pero aún pendiente de revisión en la Corte Constitucional, el jefe de Estado lanzó varias críticas a la senadora Paloma Valencia, quien demandó la iniciativa ante la justicia. “La congresista demandó la reforma, los banqueros aplaudieron, y un magistrado amigo de ella decidió guardarla en su escritorio”, dijo. También aprovechó para enviar un mensaje al alto tribunal: “Les pido que aprueben la reforma. Colombia la necesita”.

En materia de salud, el mandatario cuestionó las versiones sobre una supuesta crisis del sistema. “La televisión de los oligarcas dice que hay un caos en salud”, afirmó, antes de defender su reforma que, en medio de una campaña electoral, enfrenta nulas posibilidades en el Legislativo. En ese contexto, desde Medellín, hizo un llamado a su recién nombrado superintendente de Salud, el exalcalde de esa ciudad, Daniel Quintero Calle. Desde el atril, y con Quintero a sus espaldas, le dio un plazo de dos semanas para entregarle un informe detallado sobre el estado del sistema de salud del Fomag, el fondo de los maestros.

En ese espacio habló de sacar adelante la reforma agraria, otra de las banderas del Gobierno, y defendió, también, el incremento desproporcional de un 23% del salario mínimo en el 2025, un aumento mucho mayor del que pedían los sindicatos. “Si las condiciones económicas se deterioran, el Gobierno nacional vuelve a aumentar el salario para mantener el poder adquisitivo del pueblo trabajador”, prometió.

El discurso abrió y se sostuvo sobre un símbolo: la espada de Simón Bolívar. Esta vez, el icónico elemento no estuvo sobre la tarima, como el año pasado, pero sí en las palabras del mandatario, que volvió a invocarla como emblema de su proyecto político. “Esto es una democracia y hay que hacer más democracia”, dijo, hilando la imagen con un llamado a ampliar la participación. El lugar elegido para el último discurso de Gustavo Petro en el Día del Trabajador tampoco fue casual. Desde Antioquia, una región tradicionalmente conservadora, retomó esa idea hacia el cierre de su intervención: “Hace cuatro años lo dije. Si Antioquia cambia, Colombia cambia. Y esta inmensa manifestación demuestra que han cambiado, y por tanto hay que cambiar a Colombia”.

Ciudad de México se hunde, pero los datos publicados recientemente por la NASA no apuntan a un cambio drástico, de acuerdo con científicos mexicanos. Las imágenes captadas por NISAR —un nuevo satélite de apertura sintética desarrollado por la NASA y la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO)— corresponden a pruebas para validar la precisión del instrumento, y han confirmado información que ya ha sido ampliamente documentada por investigadores en el país.

La capital mexicana es una de las ciudades con mayor velocidad de hundimiento en el mundo. Construida sobre un acuífero y antiguos lagos, la extracción de agua subterránea y el peso de la urbe han compactado el suelo por más de un siglo. En las zonas con mayor afectación, el suelo se hunde a ritmos superiores a 40 centímetros por año. Como referencia, estudios han documentado que Los Ángeles registra hundimientos de hasta 20 centímetros anuales, mientras que Teherán alcanza cerca de 30 centímetros por año.

Sin embargo, más que una aceleración reciente en México, los especialistas señalan que se trata de un comportamiento sostenido. “En investigaciones con varias misiones satelitales, con GPS, con bancos de nivel, y métodos topográficos más convencionales se ve una tendencia lineal, no se está acelerando. La expectativa es que la ciudad continúe moviéndose a las mismas tasas registradas en los últimos 100 años”, explicó a EL PAÍS el doctor Darío Solano Rojas, científico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. “Los Ángeles se hunde, el Valle de San Joaquín se hunde, el valle de Santa Clara se hunde, no es un problema exclusivo de Ciudad de México, sí es más dramático acá, pero es un fenómeno relativamente lento”, agregó.

Actualmente, el monitoreo del hundimiento en la Zona Metropolitana del Valle de México se realiza con los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, una misión con más de una década en operación. La llegada de NISAR aporta una geometría de adquisición complementaria, lo que permitirá combinar datos de ambos sistemas y mejorar la precisión de las mediciones, un avance que la comunidad científica en México considera prometedor. “Hay muchas partes interesadas en poder mitigar este proceso y va a tomar tiempo. Lo importante es que este tipo de trabajos ayudan a que haya una mayor concientización tanto de la sociedad en general como del Gobierno para atender esta situación. Esta es nuestra tarea a futuro, aunque en realidad no podemos revertirla por las características físicas del acuífero y del acuitardo bajo Ciudad de México”, dijo a este diario el doctor Enrique Cabral, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Cabral forma parte de un equipo de investigadores que participan en un proyecto de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), que incluye una red de estaciones GPS para estudiar el hundimiento, como parte de los esfuerzos que se desarrollan en el país para entenderlo mejor y tratar de mitigarlo.

El impacto humano en el hundimiento de la ciudad

Más allá de las cifras, este fenómeno tiene repercusiones en la infraestructura y los servicios urbanos de la ciudad, desde el transporte hasta el suministro de agua. “El hundimiento muy rápido puede generar fallas, fracturas y oquedades en el subsuelo, lo cual hace que mucha de la infraestructura crítica urbana de la ciudad se vea afectada, como puede ser el metro, los sistemas de drenaje, el transporte, las vialidades, incluso las casas habitación en varias zonas de Ciudad de México se ven afectadas por este proceso de manera indirecta. A largo plazo, la subsidencia (el progresivo hundimiento de una superficie) también tiene implicaciones en el abasto de agua potable para Ciudad de México”, advirtió Cabral.

En la capital, la principal fuente de agua no es el Sistema Cutzamala, como suele creerse, sino el subsuelo. Especialistas señalan que cerca del 70% del agua para consumo humano proviene de acuíferos, cuya sobreexplotación —junto con las condiciones geológicas de la ciudad— está directamente relacionada con el hundimiento del terreno.

A diferencia de otros fenómenos como los sismos, el hundimiento del suelo avanza de forma gradual, con efectos que se acumulan y pueden pasar desapercibidos. “Un sismo ocurre y después de unos cuantos minutos ya colapsaron los edificios. El hundimiento del terreno permite un poco más de adaptabilidad de parte de la sociedad. Es un problema tan común, tan del día a día que ya nos acostumbramos a ver ese tipo de noticias: todas las reubicaciones del metro, los baches en las calles, la aparición de socavones, todo eso está de algún modo relacionado al subsuelo y el hundimiento. No va a producir efectos tan catastróficos como un sismo, pero sí va a tener consecuencias que se van acumulando a lo largo del tiempo. Como es un fenómeno relativamente lento, es muy difícil de cuantificar económicamente las consecuencias”, mencionó Rojas.

Para el experto que ha dedicado la última década a estudiar el hundimiento de la capital, la problemática no se resuelve, sino que se atiende de manera constante a través de intervenciones, reparaciones, correcciones en edificios y estructuras para evitar riesgos graves a mediano plazo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido y ampliado desde este viernes las ya muy duras sanciones que su país imponía contra el Gobierno de Cuba. Ahora, este tipo de medidas se dirigirán contra las personas “extranjeras o estadounidenses” que desarrollen actividades que generen ingresos de divisas a la isla. El paso complementa el embargo energético que Washington impone a La Habana desde el 29 de enero, mediante la amenaza de aranceles secundarios y de sanciones.

“Las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba (…) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, apunta la orden ejecutiva que ha firmado el mandatario. “No solo están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos, sino que también resultan repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas”, sostenía el documento.

El anuncio se ha dado a conocer cuando Trump se desplazaba a Florida, donde la comunidad cubano-estadounidense tiene una fuerte presencia y cuenta con una gran influencia política, para participar en un acto de promoción de su política económica para los jubilados en la localidad de The Villages.

Las nuevas medidas, que no mencionan a ninguna persona en particular, se centran en los sectores básicos de la economía cubana, especialmente en la minería, los servicios financieras, energía y defensa. Cualquier persona o empresa que desarrolle actividades en ellos o haga negocios con el régimen de Cuba sufrirá el bloqueo total de sus activos en Estados Unidos. Y si un banco de otro país facilita una “transacción significativa” a alguno de los afectados, afrontará la congelación de sus cuentas en Wall Street o la prohibición de operar en dólares, entre otros castigos.

La orden ejecutiva va mucho más allá que hasta ahora. No solo castiga a los miembros del Gobierno cubano, sino también a empresarios, funcionarios o individuos de cualquier nivel que participen en las actividades sancionadas: es una medida que extiende las penalizaciones potencialmente a un buen porcentaje de la población cubana. Los familiares de los castigados también se verán afectados.

Quienes se vean incluidos en esos criterios tampoco podrán viajar a Estados Unidos, salvo si el secretario de Estado, Marco Rubio, dictamina que su presencia sería necesaria para los intereses nacionales de Estados Unidos.

Las sanciones entrarán en vigor de inmediato, “debido a la capacidad de transferir fondos o activos de manera instantánea, que según la Administración de Trump permitiría evadirlas en caso de que hubiera existido una notificación previa.

Las medidas se han dado a conocer en paralelo con una nueva andanada de sanciones de Estados Unidos contra Irán, cuando Teherán ha presentado su tercera propuesta para poner fin a la guerra, y contra el comercio entre el régimen teocrático y China.

En varias ocasiones, Trump ha sugerido que una vez haya concluido la guerra en Irán —para la que no se avista aún el fin— pondrá la mirada en Cuba, de cuyo régimen ha asegurado una y otra vez que está en las últimas económicamente y a punto de caer. El Gobierno estadounidense mantiene contactos con representantes de La Habana y en varias ocasiones ha insinuado, con Marco Rubio -hijo de inmigrantes cubanos- al frente, que se plantea un cambio de régimen en la isla.

La orden ejecutiva despertó la alegría de varios congresistas republicanos de origen cubano en Florida. La legisladora María Elvira Salazar ha escrito en la red social X: “Elogio a la Administración de Trump por tomar medidas decisivas y ampliar las sanciones contra esta dictadura. La era de la política de apaciguamiento ha terminado: no permitiremos que un régimen alineado con nuestros enemigos opere a solo 150 kilómetros de nuestras costas”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cerrado filas con el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, y ha ido elevando el tono con Estados Unidos, que busca su extradición y la de otros nueve funcionarios por vínculos con el narcotráfico. La petición del Departamento de Estado ha llegado en un momento delicado en las relaciones bilaterales, tras el escándalo en Chihuahua por la colaboración con la CIA sin autorización federal, y la apertura de la investigación ha caído como un balde helado en el oficialismo. La mandataria, que desde el primer momento se negó a concederle al país vecino una entrega en extremo sensible para el Gobierno, ha reiterado este viernes la ausencia de pruebas y ha insistido en enmarcarlo como un acto de injerencismo estadounidense. “Frente al embate exterior, debe haber unidad nacional”, ha dicho en su conferencia matutina por el Día del Trabajador, en la que ha participado la plana mayor del sindicalismo mexicano. Los líderes sindicales se han sumado al discurso de la presidenta y el evento se ha convertido finalmente en un acto de defensa de la soberanía.

“Ya se juzgó a todos, y ni siquiera han sido investigados”, ha incidido Sheinbaum, que se ha lanzado con fuerza contra la oposición por estar, ha dicho, a favor de la entrada de Estados Unidos en el país. “No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX que fueron a pedir la intervención extranjera en México. Ellos lo que quieren es la intervención porque no tienen proyecto de nación, no tienen nada que ofrecerle a los mexicanos más que mentiras, mucha hipocresía y la intervención”, ha criticado con severidad. El PAN y el PRI, los principales partidos de la bancada contraria, habían hecho de las acusaciones de corrupción contra Rocha una de las banderas de su discurso de confrontación con el Gobierno morenista. Las investigaciones de Estados Unidos les han dado el asidero definitivo para apretar más si cabe con esa cuestión, agrupada siempre bajo el apelativo de los “narcogobiernos” de Morena.

También ha funcionado como un balón de oxígeno para los panistas, quienes gobiernan en Chihuahua y quienes hasta hace dos días padecían debajo del foco de atención por la supuesta colaboración del Ejecutivo local con la agencia de espionaje estadounidense, para la que todavía no hay una explicación clara. Sheinbaum ha insistido en llegar hasta el fondo y Estados Unidos, por lo pronto, ha respondido revelando la investigación contra algunos altos funcionarios morenistas, que también incluyen al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y al senador Enrique Inzunza, antiguo secretario de Gobierno de Rocha. Todos enfrentan cargos que incluyen conspiración con el cartel para importar a Estados Unidos cantidades masivas de droga, y podrían recibir penas de cárcel de entre 40 años y la cadena perpetua.

Con la tensión bilateral por esa cuestión enmarcándolo todo, el Gobierno ha sentido la petición de extradición de los morenistas como una afrenta casi personal, y están devolviendo al centro, con más énfasis que antes, el férreo discurso de defensa de la soberanía. “La presidenta está fuerte, está sólida y muy segura, por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo”, ha remarcado Sheinbaum este viernes. “Es tiempo de la defensa de los principios, y hay un principio que se llama soberanía, y esa no se negocia”, ha agregado. Poco antes, el líder de la CTM, Tereso Medina Ramírez, había abundado en lo mismo, abriendo el camino al resto de sindicalistas: “Los trabajadores de México estamos con ella. Lo primero que deseamos es que en la unidad nacional defendamos también la soberanía nacional que, como ella ha dicho, no está en negociación”.

La presidenta, que se ha remitido a las indagaciones de la Fiscalía General tanto en el caso de Sinaloa como en el de Chihuahua, ha indicado la llegada a un posible punto de inflexión en la relación entre los dos países, que hace unos meses firmaron un entendimiento para temas de seguridad. Este se basa en cuatro principios ―respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación― que, “hasta ahora”, se habían cumplido, ha dicho, sin aclarar si considera que su contraparte ha dejado de guiarse por ese acuerdo. La entrega de 92 capos al otro lado de la frontera palidece frente a la petición de esta semana.

La relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, se está volviendo cada vez más complicada para la mandataria, que hasta ahora le ha llevado con mano izquierda y cabeza fría. Su impredecibilidad y su coordinación con el resto de gobiernos conservadores en la región ha obligado a Sheinbaum a salir a buscar nuevos aliados que nutran la autonomía de México con su vecino del norte, con quien comparte 3.000 kilómetros de frontera y miles de millones de dólares en intercambios comerciales cada año. “Es tiempo de la defensa de los principios”, ha referido la presidenta, y eso la está llevando a elevar su perfil internacional.

A la vuelta de la esquina están las elecciones intermedias en las que se elegirán gran parte de las gubernaturas y las dirigencias locales del país. Todos los partidos están ya preparándose para dar el pistoletazo de salida, y cualquier evento resuena ya en todas sus aristas.