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La Corte Constitucional le dio este miércoles un respiro parcial a las fundaciones, universidades privadas y empresas en liquidación de Colombia al congelar el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio para esas entidades, que debe pagarse el 4 de mayo. El tributo fue creado por decreto en febrero, en el marco de la emergencia económica que el presidente Gustavo Petro declaró por las inundaciones en la Costa Caribe —la segunda que expide en menos de tres meses—. La suspensión no es una absolución: la justicia pausa el cobro mientras define si el impuesto es constitucional, y la primera cuota —pagada en miércoles Santo— está en las arcas de Hacienda.

Diego Rivera, asociado senior de Benavides Rivera Abogados, califica la decisión de “acertada y necesaria” al evitar, dice, “que se consolide una carga fiscal sobre la que existen profundas dudas técnicas y constitucionales”. En lo práctico, la suspensión de ese segundo pago “aligera el ahogamiento de caja” al que están expuestas estas entidades, pero aclara que la protección no se extiende automáticamente a las demás empresas obligadas por el decreto. Aclara que si otros sectores consideran su caso como inconstitucional deberán acudir por su cuenta a la justicia.

Son cerca de 15.000 empresas las que siguen tributando. El experto en derecho tributario Eric Thompson prevé que las que ya pagaron la primera cuota tributen también la segunda el lunes 4 de mayo. Las que no pagaron la primera y piensan hacer lo mismo con la segunda, asumirán el riesgo de cobro coercitivo por parte de la DIAN, aunque advierte que es probable que la entidad “no intensifique el uso de su arsenal cobratorio hasta la sentencia definitiva”, que previsiblemente llegará después del 4 de mayo.

El presidente Gustavo Petro declaró en febrero la emergencia económica por las inundaciones que golpearon ocho departamentos —Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó— y que han dejado más de 140.000 damnificados. Con esa declaratoria en mano, el Gobierno expidió el decreto 173, que creó un impuesto temporal al patrimonio para empresas con más de 10.474 millones de pesos en activos netos (unos 2,9 millones de dólares). La tarifa general es del 0,5% sobre el patrimonio, pero bancos, aseguradoras y empresas extractivas de carbón y petróleo pagan más del triple: 1,6%. El cobro se divide en dos cuotas. Hacienda esperaba recaudar alrededor de 2.200 millones de dólares, mientras que el centro de pensamiento Anif calcula que la cifra podría superar los 3.600 millones.

El decreto excluye a hospitales, empresas intervenidas por el Estado y algunos prestadores de servicios públicos en zonas de emergencia. Pero no a las entidades sin ánimo de lucro como las universidades privadas, las fundaciones y corporaciones de todo tipo. Estas entidades tienen patrimonios grandes sobre el papel —campus, laboratorios, auditorios— pero poca liquidez. Cobrarles un impuesto sobre esos activos equivale a pedirle a alguien que pague una deuda con la casa donde vive: para conseguir el dinero, es probable que deba vender lo que usa todos los días o endeudarse. Según Ascún, el gremio de las instituciones de educación superior, entre 75 y 80 universidades privadas quedaron atrapadas en esa situación.

Lo que sigue depende del fallo de fondo. Si la Corte declara la inexequibilidad de los decretos con efectos retroactivos, explica Rivera, “podría incluir algún mecanismo que permita a los contribuyentes solicitar la devolución de lo pagado”. Si en cambio los avala, o guarda silencio sobre los efectos temporales, quienes no pagaron la primera cuota deberán ponerse al día con el impuesto más los intereses de mora. Thompson, por su parte, ve en la suspensión focalizada una señal más profunda: “La decisión sirve de alerta sobre cuáles serían los límites de lo que ya pasaría a ser un impuesto confiscatorio inconstitucional”.

La Corte ha comenzado a trazar una fina línea sobre hasta dónde puede llegar el Estado cuando grava patrimonios que no tienen cómo liquidarse. Ese debate ocurre en un momento político tenso que hace de antesala a las elecciones del próximo 31 de mayo. Este es el cuarto estado de excepción que el Gobierno Petro declara en menos de tres años. El anterior —decretado en diciembre de 2025 porque el Congreso no aprobó la ley de financiamiento— fue tumbado por la Corte en abril, con votación de 6 a 2. Semanas después llegó la emergencia invernal. Para el Gobierno es un golpe fiscal en un año en que el déficit supera el 6% y tiene banderas rojas por parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha respondido este miércoles a Estados Unidos que su pedido para detener al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “no cuenta con elementos de prueba”. Ha sido la respuesta institucional inmediata de México ante la acusación de la justicia estadounidense contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios por sus vínculos con el narcotráfico. Entre los señalados hay un senador de Morena, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de la seguridad y la policía de Sinaloa. La cancillería ha dado a conocer que este martes por la tarde recibió el pedido de Estados Unidos para la captura provisional de los 10 acusados con fines de extradición para que puedan responder por cargos que implican condenas desde 40 años de prisión a cadena perpetua. No obstante, ha matizado que en el requerimiento recibido “no se anexan pruebas”.

“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, ha indicado la Cancillería en un comunicado, en el que además se ha quejado porque el país vecino haya dado a conocer la información, con detalles y nombres de los implicados, contra las provisiones de confidencialidad que recoge el tratado. Por este motivo, enviará una carta de extrañamiento a la Embajada.

La cancillería ha indicado que trasladará la petición de detención y extradición a la Fiscalía General de la República que será quien “determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano”. La respuesta ha llegado minutos después de que se difundiera la acusación del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la agencia antidrogas (DEA), Terrance C. Cole, contra Rocha Moya, de 76 años, y nueve cargos más por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Entre ellos, se encuentran el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Todos pertenecientes a Morena, el partido de Gobierno. La máxima pena prevista por la Justicia estadounidense por los delitos a los que se les acusa –conspiración para importar narcóticos y posesión de armas– llega a la cadena perpetua; la mínima para la mayoría de los señalados sería de 40 años de prisión.

El gobernador sinaloense ha rechazado “categórica y absolutamente” las acusaciones del vecino al norte de la frontera en un comunicado difundido en redes, en el que se ha escudado en Morena y en la soberanía nacional para defender “el ataque”. Sobre el proceso, Rocha Moya ha asegurado que “demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno” que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

La postura mantenida por varios de los otros acusados ha ido en la línea de la defensa de Rocha Moya, al mantener el rechazo y la defensa de la soberanía como argumento. Ejemplo de ello ha sido Inzunza, quien ha relacionado la decisión de la Justicia estadounidense con la defensa de esa soberanía. “Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación […] Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida a Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el [ex]presidente Andrés Manuel López Obrador”, ha apuntado el senador morenista.

Jorge Quiroz, el influyente ministro de Hacienda de José Antonio Kast, quien lidera los recortes en el Estado, ha intentado este martes explicar el polémico oficio, emitido por la Dirección de Presuestos (Dipres), en el que se sugiere ajustes de programas públicos en el marco del Presupuesto 2027, entre ellos “descontinuar” iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que depende a la cartera de Educación (Mideduc) y que le ha causado, desde el viernes, duras críticas tanto del oficialismo como de la oposición, especialmente. Según el economista, el documento es una comunicación interna entre ministerios y, al no estar destinado a la divulgación pública, “ocupa palabras que no son las perfectas”, dijo en referencia al término “descontinuar”. Y precisó que la idea es quitar la continuidad, pero para su reformulación.

En una entrevista que Quiroz concedió a radio Infinita este martes señaló que el oficio “es parte de la formación de un presupuesto a mediano plazo que, como su tenor lo indica, contiene orientaciones programáticas para la contención y evaluación del gasto” y que, al tratarse de una comunicación interna entre ministerios, es “como que alguien venga y revise la carta de una pareja y empiece a dar opiniones”.

No es raro que un informe de este tipo use la palabra “descontinuar”. En septiembre de 2025, cuando la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público presentó sus resultados, utilizó el concepto. Específicamente sobre el PAE, este grupo de especialistas -convocado por el presidente de Gabriel Boric- también determinó que se habían encontrado reiteradas fallas en los monitoreos que se le realizan en el tiempo. Pero, dado su importancia y que no tiene reemplazo, se ocupó el criterio político: “Excepción por tratarse de un programa para el cual no existe oferta programática para resolver el problema de política pública. Programa condicionado para resolver sus hallazgos durante el próximo año”.

Es habitual que los gobiernos hagan cambios sustanciales en sus programas sociales de cara al presupuesto del año siguiente, que están en constante evaluación de acuerdo a diferentes variables. El problema de Quiroz ha estado, más bien, en pensar que un oficio de estas características -que anuncia hallazgos de problemas en determinadas políticas públicas- puede sociabilizarse dentro de su ministerio o de otros, antes siquiera de negociarlos. Lo explica, en parte, su falta de experiencia política y una nueva prueba de que las empresas privadas no son lo mismo que el Estado.

El viernes pasado, Quiroz, quien llegó al Gabinete del Gobierno de derecha desde el mundo privado, ya se había pronunciado sobre la polémica, cuando dijo que “no va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”. Y que “no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa” pues “es un oficio” en el que “todavía no está el decreto en busca de gasto”, señaló.

Según Quiroz dijo este martes, el oficio menciona los mismos programas en los que se recomendó “bajar gastos” en la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público, de septiembre de 2025, y que lideró el ministro de Hacienda de Gabriel Boric (2022-2026), Mario Marcel, aunque entregó su informe cuando Marcel había dejado el Gobierno. “Estamos ocupando sus mismas palabras”, dijo el economista. “La recomendación de descontinuar implica que el programa en su diseño actual no debe continuar operando ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de modo efectivo”, citó.

Y agregó: “En este tema es importante tener un mínimo glosario de lo que son los programas y lo que son las modalidades. Un programa no es sino un conjunto de acciones destinadas a llevar a cabo de una política pública. Ahora, la política pública está definida en una ley con sus objetivos y no es la que está en discusión, sino que lo que muchas veces se discute es la modalidad bajo la cual se lleva a cabo”.

“El programa es el que no debe continuar, no la política [pública]. La política de la Junaeb que es una ley y obviamente que tiene que seguir continuando”, pero “el diseño está absolutamente malo”, dijo.

Cuando el viernes La Tercera divulgó el oficio, Quiroz comenzó a recibir fuertes críticas no solo por la sugerencia en torno al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que depende la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), sino también por su estilo. Hubo fuego amigo desde el propio oficialismo. Evelyn Matthei, excandidata presidencial de la derecha tradicional, en su cuenta de X le habló directamente al jefe de Hacienda, un economista especialista en microeconomía, no en macro. “En los anexos, la Dipres propone como recomendación descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”. Cristián Monckeberg, de Renovación Nacional (RN), quien fue tres veces ministro del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2014-2022), incluso antes del incidente del oficio dijo que el jefe de Hacienda de Kast tiene “falencias graves desde el punto de vista no economicista”, sino “de la bajada, de llegar a acuerdos, de entender el mundo político, que es distinto al mundo privado”.

También se pronunció este domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, del partido UDI, de la derecha tradicional. Dijo, sobre los cambios a los programas de la Junaeb, que “Hacienda comunicó mal y en el momento equivocado, no era la semana para comunicarlo y tampoco la forma. Las explicaciones han sido claras, no se trata del ítem, se trata del gasto”.

Pero quien formuló un cuestionamiento inesperado fue el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, fundado por Kast. No criticó a Quiroz y dijo que hay errores comunicacionales que “se tienen que corregir”. Hizo un llamado al grupo de asesores estrechos del presidente que trabajan en La Moneda, el conocido como el Segundo Piso, a “tomar las riendas”. Las críticas de Squella apuntan al jefe de asesores del presidente, Alejandro Irarrázabal. Ambos conforman el círculo estrecho de Kast pero tienen visiones diferentes: Irarrázabal es más dogmático que Squella.

“Cuando tienes evaluaciones, no es necesario que se comuniquen vía oficio, dando a entender que hay una instrucción, digamos, de proceder en función de eso. Lo mismo en cuanto a la reserva de la documentación que no necesariamente es de trabajo, más bien, no es de exposición pública. Ahí creo que sería bueno que se revisara a quienes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir” dijo Squella. Y agregó que el Segundo Piso debe tomar las riendas apara que la situación no vuelva a ocurrir.

Según Squella, “solo alguien que quiera hacer mucho daño” puede dar “una interpretación de que se iban a cortar los programas de alimentación. Es maldad, en el fondo, tratar de instalar eso como si fuera un hecho real”.

La controversia en que se ha metido el ministro Quiroz ocurre en un delicado momento, pues como jefe de Hacienda lidera el Plan de Reconstrucción Nacional, una megarreforma con medidas con foco económico y tributario que ingresó la semana pasada al Congreso para su discusión inicial y se debata la idea de legislar. El proyecto es el corazón del Gobierno de derechas.

El economista, además, está a cargo de la solicitud que hizo a todos los ministerios de recortes del 3%, en una política agresiva de ajuste fiscal. Solo ha sido excluida la cartera de Seguridad, que lidera Trinidad Steinert, luego que el Gobierno echara pie atrás pues el control de la delincuencia es la gran promesa de campaña, junto al crecimiento económico y el control de la migración irregular.

La Justicia argentina ordenó este martes la elevación a juicio contra el último abogado y apoderado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, y contra sus hermanas Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, acusados de haber defraudado a los herederos legítimos del ídolo deportivo en el usufructo de sus marcas comerciales. A más de cinco años de la muerte del astro, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nº 43 decidió rechazar un pedido de sobreseimiento de los procesados y declarar clausurada la etapa de instrucción.

Además de Morla y las hermanas Maradona, serán sometidos a juicio dos asistentes del exfutbolista, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia, así como la escribana Sandra Iampolsky. La Justicia acusa a todos ellos de “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona” a través de una sociedad que administraba un total de 246 marcas comerciales ligadas deportista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

La resolución explica que si bien la sociedad —denominada Sattvica SA— se encontraba bajo la titularidad accionaria ficticia de Morla y Pomargo, sus movimientos comerciales se desarrollaban bajo las directivas de Maradona. Tras su muerte, como parte del tramite sucesorio, se intimó a los dueños de Sattvica a ceder y transferir en forma inmediata la totalidad de las marcas a los herederos legítimos de Maradona —sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Junior Maradona—, una disposición que Morla rechazó. Tiempo después, según la acusación, la totalidad de las acciones de Sattvica fueron cedidas a Rita Mabel y Claudia Nora, aunque Morla mantuvo un rol central en las decisiones de la sociedad.

“Así se procuraron con dicho accionar un lucro indebido, violando los deberes y obligaciones a su cargo y perjudicando con ello los intereses que les fueran confiados”, perjudicando así a los herederos, según afirmó la resolución. A fines de 2025, la Justicia argentina había confirmado el procesamiento de Rita Mabel y Claudia Nora como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta y, el pasado febrero, confirmó además la prohibición de utilizar la marca.

La decisión judicial de este martes se conoció mientras, en paralelo, se llevaba a cabo la quinta audiencia del nuevo juicio por la muerte de Maradona, en el que siete trabajadores de la salud están acusados de homicidio simple con dolo eventual. En la audiencia declaró precisamente Rita Mabel Maradona y, al igual que en el primer juicio —anulado en mayo de 2025 cuando se descubrió que una jueza lo filmaba para un documental que la tenía como protagonista—, apuntó contra las hijas del fallecido exfutbolista y enfatizó que ellas “dijeron que se iban a hacer responsables de su papá”.

Maradona murió a los 60 años, mientras recibía cuidados domiciliarios en una vivienda en las afueras de Buenos Aires. Antes de ser trasladado allí, el ídolo había estado internado en una clínica donde fue sometido a una intervención quirúrgica. En aquel centro se celebró una reunión entre médicos, abogados y familiares en la que se decidió continuar con los cuidados bajo una modalidad domiciliaria, algo que, según varios testigos, resultó determinante en la muerte del astro.

Por eso, en este segundo juicio para determinar responsabilidades por la muerte del ídolo argentino son juzgados el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Este martes declaró también Verónica Ojeda, que fue pareja de Diego Armando Maradona y es madre de su hijo menor, y aportó la grabación completa de una reunión en la que se decidió bajo qué modalidad se trataría al futbolista. Se trata de una prueba clave en el proceso, que se prolongará durante los próximos meses.

Vicente Carrillo Fuentes, el último gran heredero del Cartel de Juárez, y hermano del Señor de los Cielos, negocia un acuerdo con Estados Unidos. La defensa del capo, conocido como El Viceroy, y la Fiscalía han pedido este martes en una audiencia en la Corte de Distrito del Este de Nueva York más tiempo para concretar los últimos detalles del pacto de culpabilidad, según han informado medios mexicanos. La próxima vista está programada para el 28 de julio. La justicia estadounidense acusa a Carrillo Fuentes de siete delitos federales. Todos están relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y asesinato.

Viceroy es un vestigio del liderazgo original del Cartel de Juárez, una de las primeras organizaciones del narcotráfico en México. Junto con su hermano, elevado a leyenda en la narcocultura y protagonista de una serie de televisión en EE UU, establecieron contacto antes que muchos otros narcos con las mafias colombianas para cruzar cocaína al otro lado de la frontera. Esa incursión, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, convirtió al corredor entre Ciudad Juárez (Chihuahua) y El Paso (Texas) en el mayor punto de entrada de la droga a Estados Unidos. Carrillo Fuentes formó parte del grupo de 29 narcotraficantes extraditados por México al vecino del norte en febrero.

Asumió el liderazgo de la organización criminal más temida en su época después de que su hermano muriese en un quirófano de Ciudad de México en 1997 tras una fallida cirugía estética. Los hermanos Carrillo Fuentes se granjearon respeto a través del terror. Ambos eran conocidos por sus métodos sanguinarios para amedrentar a sus rivales y refrendar su liderazgo en la región. También iniciaron una de las etapas más negras para las mujeres en México: Ciudad Juárez se convirtió en el sinónimo de violencia machista y ganó una fama mundial por la ola de feminicidios impunes que se disparó desde los noventa.

Fue detenido finalmente en 2014 en Torreón (Coahuila, norte). Se le dictó prisión un año después, pero en 2016 ganó un juicio de amparo para reponer desde cero el procedimiento que se le abrió. Finalmente se le dictó prisión en 2017. La sentencia firme se concretó en 2021. En esa fecha, un juez lo condenó a 28 años de cárcel por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego.

Al momento de su detención, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de más de dos millones de dólares por su captura. Durante su liderazgo al frente del Cartel de Juárez, fue responsable de introducir y distribuir cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 1990 y 2014, según un informe de la agencia norteamericana de 2019.

En mayo abundan las efemérides y los días festivos en México, pero no en todos los casos se trata de jornadas oficiales de descanso. El mes inicia con su único día de asueto oficial establecido por la ley: el 1 de mayo, que conmemora el Día del Trabajo y es uno de los siete feriados oficiales nacionales del año. En esta fecha, trabajadores y estudiantes deben suspender labores, excepto actividades esenciales. Debido a que este año caerá en viernes, representa también el primer fin de semana largo del mes, y se espera que se registre un importante aumento en la movilidad turística y en el uso de carreteras y aeropuertos del país. Se trata del único día oficial en varios meses, pues el siguiente llega hasta el 15 de septiembre, con junio, julio y agosto sin feriados.

Luego, el martes 5 de mayo conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla, fecha incluida en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como día sin clases para la educación básica, aunque no es un feriado obligatorio para los trabajadores.

Otros días de descanso y conmemoraciones

El 10 de mayo de este año caerá en domingo, por lo que el Día de las Madres se conmemorará sin alteración del calendario laboral oficial, aunque muchas empresas y dependencias pueden optar por acortar la jornada del viernes anterior o entregar un día extra como política interna. Aunque no es un feriado obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT), la fecha se ha consolidado como un descanso social para las madres trabajadoras en algunos sectores, para facilitar reuniones familiares y actividades dedicadas a ellas.

Por su parte, el viernes 15 de mayo marca el Día del Maestro, fecha en que la Secretaría de Educación Pública suspende clases en el nivel básico, pero el descanso no se extiende a los trabajadores fuera del ámbito educativo.

Reparto de utilidades

El 30 de mayo representa la fecha límite para el reparto de utilidades, según establece la LFT. Este derecho beneficia a trabajadores del sector privado que hayan laborado al menos 60 días en una empresa durante el último año fiscal, y aquellos patrones que no cumplan con esta obligación pueden recibir sanciones económicas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las cuales van de 250 a 5.000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 29.327 y 586.550 pesos.

Se trata de un derecho constitucional de los trabajadores que les otorga una parte de las ganancias obtenidas por una empresa o patrón por su actividad productiva o los servicios que brinda. Aquellos trabajadores que no las reciban pueden buscar asesoría legal gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

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El presidente Gustavo Petro ha informado a inicios de la tarde de este miércoles la captura de José Alex Vitoncó, conocido por los alias David o Mi Pez, y a quien identificó como el principal responsable del atentado terrorista del pasado sábado sobre la vía Panamericana, que dejó 21 muertos y más de 36 heridos, en lo que se perfila como el ataque contra civiles más grave de las últimas décadas. La justicia lo señala de ser cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las extintas FARC, con presencia en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, los dos departamentos golpeados por una ofensiva terrorista en los últimos días.

La Policía ha informado, en un comunicado, que la captura ocurrió en una zona rural de Palmira, ciudad del departamento del Valle del Cauca en la que el viernes pasado fueron lanzados varios cilindros bomba contra un complejo militar. “El sujeto se movilizaba para adelantar coordinaciones criminales, acompañado de su compañera sentimental y un esquema de seguridad armado”, dice la Policía, quien también confirma que es requerido por la justicia por el delito de terrorismo.

Según las autoridades, Mi Pez trabaja de la mano con Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, a quien señalan de ser la máxima cabeza de las disidencias del Estado Mayor Central —la federación de grupos que encabeza alias Iván Mordisco— en el suroccidente del país. De acuerdo con la Policía, entre los antecedentes de Vitoncó está la dirección y coordinación de 40 acciones terroristas en esta región colombiana, y el control de unos 600 hombres en armas que operan en el Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y el Huila. “Es el principal dinamizador del narcotráfico en el suroccidente, con rutas hacia Panamá y Estados Unidos, financiando la adquisición de explosivos y drones para acciones terroristas”, se lee en el comunicado.

En el operativo de captura, los uniformados reseñaron también la incautación de una pistola 99 milímetros junto a siete celulares.

Esta es una noticia en desarrollo. Habrá más información en breve.

La Secretaría de Marina ha detenido este lunes a uno de los hombres fuertes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en la comunidad de El Mirador, en el interior de Nayarit y muy cerca de la frontera con Jalisco. El arresto, otro golpe al corazón de uno de los carteles más poderosos de México, ha desatado narcobloqueos y quema de negocios en el Estado. Ante las represalias del crimen organizado, el Gobierno estatal ha “invitado”, “de manera preventiva”, a los ciudadanos a “resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser necesario”. La ola de violencia se ha registrado especialmente en Tecuala, Acaponeta y Ahuacatlán, pero todavía no puede compararse con la que provocó el grupo delictivo en febrero tras la caída de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El Gabinete de Seguridad ha confirmado que no hay lesionados ni fallecidos, y al final de la tarde ha asegurado que ya no hay bloqueos en las carreteras.

El arresto de la Marina se ha desarrollado “de manera quirúrgica sin necesidad de efectuar un solo disparo”, según la dependencia federal, pese a que El Jardinero contaba con un anillo de seguridad de 30 camionetas y 60 personas armadas. Ante la caída de sus principales nombres, el crimen organizado —tanto el CJNG como el Cartel de Sinaloa— responde desatando una ola de violencia.

En este caso, los principales incidentes se han localizado al norte del Estado, a más de 300 kilómetros del lugar del operativo. En Tecuala se ha confirmado el incendio de una gran bodega, además de tres tiendas de cadena y dos zapaterías. “Se está quemando la bodega, miren nada más, qué triste, espero que la gente haya estado fuera”, llora una mujer que graba la imagen. En otro video, se observa a los vecinos corriendo para sacar coches y motocicletas del aparcamiento de la bodega mientras las llamas consumen el establecimiento. El Ayuntamiento ha exhortado a la población a no salir a la calle “ante los hechos de inseguridad” y “hasta que las autoridades indiquen que la situación está controlada”. Tanto Tecuala como Acaponeta, donde se han registrado bloqueos, son puntos clave que rodean la principal carretera del Estado desde Tepic, la capital, hacia Mazatlán, en Sinaloa.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, ha afirmado unas horas más tarde que el Estado se encuentra “en una dinámica normal”. “La población se encuentra tranquila, las carreteras se encuentran en una dinámica normal, al igual que las casetas. La actividad social se encuentra en plena paz”, ha asegurado el mandatario estatal en un video compartido en redes.

El otro foco de represalias ha sido en el sur, muy próximo a la frontera con Jalisco. Se han reportado bloqueos en la Carretera Federal 15 cerca de Ahuacatlán, Copales, Ixtlán del Río y Jala. El Ejército ubicaba a Flores Silva como productor de drogas justo en estos municipios. El Ayuntamiento de Ahuacatlán también ha pedido a la población que no salga de sus casas “en la medida de lo posible” y ha puesto “refugios temporales” a disposición de quien se haya quedado varado en la carreta”. Varias compañías de autobuses suspendieron los trayectos en el Estado y también hacia Guadalajara o Mazatlán. Algunos como Autotransportes Medina ya han reactivado las rutas puesto que consideran que “las circunstancias que motivaron la suspensión preventiva del servicio han sido superadas”.

El Gabinete de Seguridad, que ha cifrado en seis vehículos y seis tiendas incendiadas, ha rechazado que se vayan a suspender las clases escolares en Nayarit, como sucedió en más de una docena de Estados del país tras el operativo contra El Mencho.

El Jardinero, operador en Nayarit, Guerrero y Zacatecas, era uno de los posibles sucesores de Oseguera Cervantes al frente del Cartel Jalisco Nueva Generación. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE UU (OFAC, por sus siglas en inglés) lo tenía entre ceja y ceja por presuntamente controlar los laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. La dependencia estadounidense también lo señaló como responsable de las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit, por lo que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su arresto.

El arresto de Audias Flores despeja el camino para Juan Carlos Valencia González, el hijastro del Mencho, conocido como El R3 y el favorito para tomar el control del CJNG. Además de Valencia y Flores, suena para el trono criminal Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, quien controla la zona de Puerto Vallarta y el lucrativo reclutamiento forzado en el cartel.