Las organizaciones ambientalistas buscan frenar en la Justicia la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso argentino hace un mes. Este lunes presentaron un amparo colectivo con más de 850.000 adhesiones ante un juzgado federal para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma y solicitar una medida cautelar que la deje en suspenso.
El amparo solicita a la Justicia que impida la aplicación e implementación de la ley que elimina la protección automática de la que gozaban todos los glaciares y ambientes periglaciares desde que se sancionó la ley, en 2010. Las organizaciones impulsoras del amparo —Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina— sostienen que la nueva normativa permite habilitar proyectos mineros en zonas en las que hasta ahora estaban prohibidos con riesgo “de contaminación y alteración física” irreversible de estos cuerpos de hielo. En regiones en las que el agua es escasa, estos riesgos son incompatibles con la seguridad hídrica”, señalan.
Los glaciares abastecen de agua a cerca de siete millones de argentinos y sostienen actividades productivas como la viticultura. La reforma deja en manos de las provincias decidir si un glaciar debe o no estar protegido en función de su rol como reserva hídrica, en vez de someter la decisión a criterios científicos, como hasta ahora. Los demandantes recuerdan que aunque las provincias son las titulares de los recursos naturales, la Constitución obliga a garantizar un piso mínimo de protección que ahora puede vulnerarse.
La decisión de presentar el amparo en La Pampa, situada en la llanura central de Argentina, tiene que ver con que esa provincia “recibe agua de cuencas que nacen en San Juan y Mendoza”, dos provincias cordilleranas en las que hay planes para extraer cobre, oro y otros metales en áreas glaciares y periglaciares. “La reforma a la ley original de glaciares genera un perjuicio a la seguridad hídrica a nivel nacional”, opinan los demandantes.
Los críticos a la reforma legislativa opinan que perjudica la credibilidad internacional de Argentina al contradecir compromisos asumidos, como el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares ambientales para atraer inversiones extranjeras”. Alegan también que la acción judicial surgió después de que se negase la participación a más de 100.000 personas que se habían inscrito para participar en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados, “incumpliendo así con la participación amplia,integral e inclusiva que exige el Acuerdo de Escazú”.
Las más de 850.000 adhesiones al amparo colectivo son un nuevo intento de visibilizar que parte de la sociedad se opone de forma categórica a los retrocesos en materia de ambiente aprobados desde que Javier Milei llegó al poder. Por el contrario, otra parte de la población aplaude que el Gobierno ultra priorice el desarrollo económico frente a la protección de los recursos naturales y esa postura gana adeptos a medida que crece el desempleo y la precarización laboral. La modificación de la Ley de Glaciares se suma a los generosos beneficios fiscales e impositivos del régimen de incentivos para las grandes inversiones con los que Milei busca atraer a mineras a Argentina. En 2025, todavía con la Ley de Glaciares vigente, las exportaciones mineras en Argentina superaron los 6.000 millones de dólares, una cifra récord que supone un crecimiento cercano al 30% en un año.
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