Category: Actualidad

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida. Zaga Tawil, junto con su hermano y su hijo, están señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en un fraude relacionado con un contrato millonario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Aunque su detención se debe a irregularidades en su situación migratoria, el empresario enfrenta un proceso penal en México, donde es buscado por autoridades federales por su supuesta responsabilidad en el caso de la indemnización que el Infonavit pagó a su empresa tras la terminación anticipada de un contrato.

¿De qué se le acusa?

La FGR acusa al empresario y a su hijo, Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso Telra-Infonavit, en el que presuntamente recibieron una indemnización de 5.088 millones de pesos (294 millones de dólares) por parte de la dependencia, tras la terminación anticipada de un contrato. Las autoridades han señalado que dicha compensación económica fue resultado de un fraude presuntamente planeado por los Zaga, en complicidad con funcionarios del instituto. Teófilo Zaga Tawil, hermano de Rafael, fue detenido en 2021 por el mismo caso. Tras ingresar al Penal del Altiplano, en 2023 se determinó que podía continuar su proceso en libertad, pero portando un brazalete electrónico.

Cronología del caso

En 2014, el Infonavit firmó un contrato con la compañía Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga Tawil, para el desarrollo, implementación, operación y administración del Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH), un proyecto que permitiría a los derechohabientes intercambiar, comprar, vender o rentar propiedades que se adecuaran a sus necesidades habitacionales.

El 31 de mayo de 2017, bajo la dirección de David Penchyna, el Infonavit dio por terminados de manera anticipada los convenios con Telra, lo que derivó en la firma de un contrato de transacción por 5.088 millones de pesos como indemnización por daños y perjuicios. “A juicio de Telra, la decisión de terminar los contratos obedecía a un interés del instituto por ejecutar los programas inmobiliarios y la plataforma de forma independiente a efecto de conservar las ganancias que dichos programas arrojarían una vez que se concluyera su implementación”, se lee en un portal creado en defensa del empresario.

En 2020, la FGR emitió órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de los hermanos Zaga Tawil. Las autoridades señalaron que la indemnización que el Infonavit pagó a Telra fue ilícita porque la compañía no contaba con la experiencia profesional ni la infraestructura para llevar a cabo el proyecto. Adicionalmente, se bloquearon sus cuentas bancarias por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Por su parte, la familia Zaga Tawil denunció amenazas por parte del entonces fiscal, Alejandro Gertz Manero, quien presuntamente afirmó en una reunión privada que usaría “toda la fuerza del Estado” en su contra si no devolvían el monto de la indemnización. Los socios de Telra, la familia El-Mann Arazi, también fueron presionados para reponer una parte del dinero, un asunto que llegó a la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde Gertz Manero mostró un cheque como prueba de la devolución de recursos, cuyo destino finalmente fue incierto.

Desde entonces, los empresarios se ampararon y, en una instancia, se revocaron las órdenes de aprehensión en su contra. Sin embargo, en julio de 2024, el proceso contra ellos finalmente procedió. De acuerdo con reportes, a la investigación se sumó evidencia de una presunta dispersión de recursos en el extranjero, así como la adquisición de propiedades en Estados Unidos.

El arresto en EE UU

Este lunes se dio a conocer la detención de Rafael Zaga Tawil en Florida. De acuerdo con Reforma, el empresario ingresó a Estados Unidos el 13 de marzo de 2024 por el cruce fronterizo en Hidalgo, Texas. Bajo la figura de libertad condicional por beneficio público significativo, solicitó asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo que le permitió permanecer en el país mientras se resolvía su caso. “El Gobierno no ha ofrecido ninguna explicación de por qué una persona que fue liberada sin condiciones hace dos años ahora debe ser encarcelada”, señala la demanda de habeas corpus presentada en Miami para solicitar su liberación. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado si solicitarán la extradición de Zaga Tawil. En tanto, su situación migratoria se definirá en los próximos días.

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La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido mantener bajo reserva los resultados a la necropsia del líder criminal Nemesio Oseguera, El Mencho, muerto a finales de febrero en un operativo del Ejército mexicano, debido al “riesgo real” que podría suponer la difusión de esa información para la seguridad nacional. “[Dar a conocer esos datos] expondría las líneas investigación llevadas a cabo por este Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos [ya que la indagatoria todavía continúa]”, ha respondido este martes la dependencia a una solicitud de información de Milenio.

La caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, un municipio a unas dos horas de Guadalajara, Jalisco, desencadenó una fuerte ola de violencia en el territorio en los días siguientes. El medio mencionado recoge también que la FGR defiende que el perjuicio para el interés público de la divulgación de esos datos es “demostrable e identificable”, y asegura que supondría dejar expuestas la capacidad de las autoridades en el desarrollo de las investigaciones sobre los delitos por los que era señalado.

El Ejército mexicano desarrolló el domingo 22 de febrero un operativo en una zona de cabañas en Tapalpa con el objetivo de capturar al líder del Cartel Jalisco, para el que recibió apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses. El Mencho se había reunido con una pareja sentimental poco antes, lo que condujo a su localización. Un enfrentamiento entre sus escoltas y los militares dejó inicialmente herido al capo, que después falleció camino a un hospital. Su cuerpo fue trasladado ese mismo día a Ciudad de México. La FGR informó una semana después de que había entregado los restos a sus familiares tras agotar “todos los procedimientos protocolarios necesarios” y realizar “pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”.

La violenta reacción de los criminales a la caída del capo fue sofocada durante los días siguientes. Apenas una jornada después del operativo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó de que las acciones comerciales se retomarían ese miércoles, tres días después, aunque los bloqueos se mantuvieron más tiempo en algunas carreteras del Estado.

Las autoridades mexicanas descabezaron así al cartel más poderoso del país. Al menos por un tiempo. México y Estados Unidos identificaron un mes después a Carlos Valencia González, El R3, hijastro del Mencho, como posible sucesor del CJNG. Los analistas en seguridad han relacionado a menudo el operativo como uno de los gestos del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ante las constantes presiones de la Casa Blanca, que ha enfocado la lucha contra los carteles mexicanos como uno de los grandes frentes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las autoridades estadounidenses han detenido este martes a cuatro miembros de Los Salazar, una poderosa familia vinculada al Cartel de Sinaloa, en Lancaster y Hesperia, dos ciudades de California, ha informado la Oficina del Fiscal para el centro de ese Estado en un comunicado. Los capturados —uno de ellos con nacionalidad estadounidense— están imputados al otro lado de la frontera por tráfico de drogas y posesión ilegal de armas, delitos que podrían condenarlos a entre 10 años de cárcel y la cadena perpetua. El Ministerio Público estadounidense ha asegurado que esperan la primera comparecencia de los arrestados en la tarde de este martes, en el Tribunal de Distrito centro de Los Ángeles. También ha informado de que continúan en la búsqueda de un quinto señalado, José Ángel López Paniagua, de 23 años.

Las autoridades han detenido a tres de ellos en Lancaster, ubicada a poco más de 100 kilómetros al norte de Los Ángeles: José Luis Salazar-Cruz, alias El Oso, de 44 años; Alfonso Salazar, El Pirata, 46 años y hermano de El Oso; y José Manuel Salazar, Lil Oso, 22 años e hijo de El Oso y también el único con nacionalidad estadounidense. Jorge Humberto Salazar, alias Sharky, de 43 años, ha sido capturado en Hesperia, a unos 130 kilómetros al este de Los Ángeles.

La acusación federal apunta que entre febrero de 2024 y diciembre de 2025 Salazar-Cruz utilizó aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas para coordinar ventas de narcóticos, como fentanilo y metanfetamina, además de armas de fuego, que obtenían del Cartel de Sinaloa. Sobre el resto de acusados pesa la posible actuación como intermediarios en esas ventas.

Las autoridades estadounidenses se han encargado de recopilar evidencias acerca de esas acciones. El Ministerio Público recoge que Salazar-Cruz vendió casi medio kilo de metanfetamina y aproximadamente 320 gramos de fentanilo en enero de 2025; y que en julio del mismo año, vendió cerca de 1,2 kilogramos de metanfetamina. Son solo algunas de las transacciones de la familia, que en mayo de 2025 revelaron a un comprador que el suministro de drogas provenía de remolques llegados desde Tijuana y Mexicali, dos ciudades fronterizas de Baja California. Paniagua tenía como proveedores a miembros del Cartel de Sinaloa y después proporcionaba las sustancias a Salazar-Cruz.

El tráfico de drogas ha sido el gran frente abierto en la relación bilateral de Estados Unidos y México desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del año pasado. Ese frente ha supuesto una constante en las tensiones de ambos países, avivadas por las acusaciones del presidente republicano, que ha llegado a afirmar que México está controlado por las organizaciones criminales. Esas declaraciones han sido rechazadas de manera contundente por el Gobierno mexicano, que ha contestado desde entonces a las críticas con datos como el descenso de homicidios o las importantes capturas de esos grupos criminales. La última gran captura fue la de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido y abatido a finales de febrero.

31 minutos, la banda chilena de títeres que nació hace dos décadas como un programa de televisión pública para niños, se presentará el próximo 30 de abril a las 19.00 horas en el Zócalo de Ciudad de México, la plaza más grande del país. El evento, anunciado por la Secretaría de Cultura de la capital en redes sociales, será de acceso gratuito y coincide con la conmemoración del Día del Niño y la Niña.

El formato del programa, una sátira de un noticiero televisivo con eventos caóticos, incluía una barra musical donde se presentaban temas interpretados por artistas originales a modo de ranking. El éxito de esta sección musical dio paso a cuatro álbumes que se convirtieron en un éxito en todo el continente, con canciones como Mi muñeca me habló, Equilibrio espiritual o Bailan sin César. Todo protagonizado por una oferta inagotable de títeres: desde prendas como calcetines o guantes, hasta tijeras, un sacacorchos o una lata de aluminio.

Después de tres temporadas, 31 minutos salió del aire en 2005. Fue entonces cuando el formato mutó y pasó de ser un programa televisivo a un espectáculo en vivo, que combina elementos del noticiero y sus personajes más entrañables, como el conductor Tulio Triviño o el periodista estrella Juan Carlos Bodoque, con las canciones que suman dos décadas sonando entre generaciones en Latinoamérica. “[31 minutos] se ha convertido en un mundo que abarca mucho más que la televisión”, explicaba a este diario en octubre pasado Álvaro Díaz, periodista chileno y uno de sus creadores. “Primero se convirtió en película y después en una compañía en vivo que en los últimos 13 años ha girado por varias partes de Latinoamérica”. Este universo de títeres ha encontrado terreno fértil en México, donde sus presentaciones agotan entradas rápidamente y la mercancía falsificada de playeras, tazas, gorras y títeres de los personajes principales se ofrece de forma cotidiana en las plazas públicas y mercados de Ciudad de México.

En los últimos años, 31 minutos se ha presentado en algunos de los mayores festivales musicales de la región, como el Lollapalooza Chile, o el Vive Latino en México; sin embargo, su convocatoria en el Zócalo, la plaza pública más grande de Latinoamérica, será su mayor escenario hasta ahora. A inicios de marzo, Shakira cerró las fechas americanas de su gira con un concierto gratuito en la misma plaza ante 400.000 fanáticos, estableciendo un nuevo récord de asistencia.

Hace cinco años, luego de ganar la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo se declaró leal a la Cuarta Transformación. Había ganado las elecciones sin el apoyo de Morena, que compitió con su propia candidata, pero lejos de romper con el obradorismo, Gallardo convirtió la entidad en el bastión verde de la Cuarta Transformación. Hoy, todo se alinea para repetir esta historia en los comicios de 2027, con la esposa del gobernador, la senadora Ruth González Silva, como principal protagonista.

No es casual que la dirigencia del Partido Verde haya escogido San Luis Potosí para “el arranque de los trabajos electorales rumbo a 2027″, un evento que reunió el pasado lunes a las principales figuras del PVEM, encabezadas por su dirigente nacional, Karen Castrejón, quien ha aprovechado el escenario para declarar que están listos para refrendar la gubernatura sin necesidad de aliarse con Morena. La declaración cobra tintes de rebelión, pues desafía la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del nepotismo.

Desde el año pasado, Sheinbaum viene pronunciándose en contra de la herencia directa de cargos de elección entre familiares y ha promovido una reforma legal que lo prohíbe en la Constitución. Sin embargo, para que esa iniciativa prosperara, Morena tuvo que ceder ante sus aliados del Verde y el PT, moviendo hasta 2030 la entrada en vigor de la prohibición. Sheinbaum promulgó así la reforma constitucional, pero de inmediato ordenó que Morena colocara el candado en sus estatutos desde 2027, lo que cierra la puerta a las sucesiones familiares, no solo en San Luis Potosí, sino en Guerrero y Zacatecas, donde los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal ya se alistaban para suceder a su hija y su hermano, respectivamente.

Al no ser de Morena, el gobernador Ricardo Gallardo y su esposa mantuvieron firme su estrategia de lograr la sucesión entre ellos. Y el Partido Verde reaccionó con reformas a la legislación local que, entre otras cosas, obligan a los partidos a postular mujeres en 2027, como una supuesta acción afirmativa en pro de la equidad de género. La llamada “Ley Esposa” fue criticada por la presidenta y, finalmente, vetada por el propio gobernador; sin embargo, ni Gallardo ni su partido quitan el dedo del renglón y, en los últimos meses, los principales dirigentes del Verde se sumaron para favorecer de la senadora Ruth González Silva, quien aparece como favorita en todas las encuestas de cara a la elección del próximo año.

Por eso cobra sentido el desplante de ayer en San Luis Potosí, con el gobernador y su esposa cobijados por la crema y nata del Verde, un partido que se le ha vuelto indispensable para Morena, a pesar de su negro historial. “Estamos listos, y esto es lo más importante, para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”, ha dicho Karen Castrejón, en un evento al que también asistieron los posibles candidatos que podrían ser postulados sin alianza en los 59 municipios potosinos.

A su vez, Ruth González Silva ha roto el silencio que ha mantenido en los últimos meses, cuando ha sido cuestionada en el Senado sobre sus aspiraciones. Al calor del evento celebrado este lunes en su tierra, la probable candidata ha dicho que San Luis Potosí es un referente a nivel nacional, replicable en otras entidades. “Nos preparamos para el proceso electoral que nos permitirá refrendar el triunfo”, ha anunciado en sus redes sociales.

El pasado 10 de marzo, mientras se negociaba la reforma electoral dentro de la coalición oficialista, que a la larga fue frenada por el Verde y el PT, el senador Manuel Velasco destapó a 11 posibles aspirantes de su partido en algunas de las gubernaturas que se elegirán el próximo año. En la lista destacaban Ruth González en San Luis Potosí y Karen Castrejón en Guerrero. Pero también figuraban: Waldo Fernández, en Nuevo León; Ricardo Astudillo, en Querétaro; Carlos Puente, en Zacatecas; Ernesto Núñez Aguilar, en Michoacán; Ricardo Madrid, en Sinaloa; Virgilio Mendoza, en Colima; Jorge Ramos, en Baja California; Manuel Cota, en Baja California Sur, y Jaime Bugarín, en Nayarit. Un abanico de diputados, senadores, alcaldes y dirigentes locales del Verde que, según Velasco, están bien posicionados y deberían competir en las encuestas que hará Morena para definir las candidaturas del oficialismo.

La historia de 2021

Esto podría ser la repetición de una estrategia y no necesariamente una ruptura en la coalición gobernante. En 2020, el entonces dirigente morenista, Mario Delgado, había pactado con Ricardo Gallardo que competirían en alianza con el Verde en las elecciones de 2021, pero el Consejo Nacional de Morena rechazó postular a un político señalado por actos de corrupción, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y señalado públicamente como líder de “La Gallardía”, un grupo político vinculado con el crimen organizado al que se atribuían actos de extorsión y violencia a nivel local.

Mario Delgado tuvo que acatar la resolución de su partido y abrió la contienda interna por la candidatura, resultando ganadora Mónica Rangel Martínez, quien hizo una campaña testimonial. Ricardo Gallardo fue candidato de la alianza Verde-PT, que fue registrada con el nombre que usaba Morena en todo el país: Juntos Hacemos Historia en San Luis Potosí. Gallardo ganó las elecciones con 450.000 votos, equivalentes al 37,7%, seguido del candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Octavio Pedroza, que obtuvo 400.000 votos (32,9%). La candidata de Morena apenas sumó 139.000 votos y, con un 11,4%, quedó en un lejano tercer lugar.

Sin embargo, en esa elección Morena sumó una gubernatura más en el tablero de la cuarta transformación, pues Ricardo Gallardo juró lealtad a la 4T, se alineó, primero con Andrés Manuel López Obrador y después con Claudia Sheinbaum. Y, en las elecciones de 2024, San Luis Potosí aportó más de 800.000 votos a la candidata presidencial, quien ganó la entidad con más del 60% de la votación. El Verde ganó las dos senadurías de Mayoría Relativa y seis de los 12 diputados federales. El bastión verde de la 4T volverá a elecciones en junio de 2027, y Gallardo se ha declarado listo para volver a ganar, con o sin el respaldo morenista.

La economía y el empleo han desplazado a la seguridad como la principal prioridad que los chilenos consideran que debe atender el Gobierno José Antonio Kast. El giro en las demandas ocurre, además, en medio de una caída de la popularidad del presidente de derechas después de que no contuviera el alza del precio de los combustibles, que incidió en la inflación de marzo, y mientras se prepara para ingresar al Congreso esta semana su reiteradamente anunciado Plan de Reconstrucción Nacional, un proyecto de unas 40 medidas que busca, entre otras cuestiones, una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%.

El cambio de foco se refleja en las últimas encuestas en Chile. La de Cadem, difundida el fin de semana, muestra que un 65% de los consultados señala que la economía y el empleo deben ser la prioridad del nuevo Gobierno, superando por cuatro puntos —y por primera vez en años— a la seguridad. En la medición anterior, realizada en marzo, un 61% situaba en primer lugar la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico; mientras que un 56% apuntaba a las urgencias económicas y laborales. El control de la inmigración, como principal preocupación de los chilenos, sufrió un desplome en el primer mes de Gobierno de Kast, pasando desde un 21% en marzo hasta el 10% en abril, según este sondeo.

Otra medición, la de Criteria, también indica que el 64% cree que la prioridad del país debe ser el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El estudio señala que las expectativas económicas se han tornado mayoritariamente negativas respecto de una encuesta anterior, divulgada el 15 de marzo: un 43% de los encuestados cree que la situación del país empeorará en los próximos seis meses, una percepción que también se extiende a los hogares (36%) y al empleo (33%).

Kast llegó al Palacio de La Moneda el 11 de marzo con la promesa de encabezar un Gobierno de emergencia, orientado a enfrentar la delincuencia, contener la migración irregular y reactivar una economía de bajo crecimiento. Hoy, sin embargo, son el desempeño económico y la recuperación del dinamismo laboral (la tasa de desempleo se ubica en 8,3%) los que comienzan a definir el termómetro ciudadano y a reconfigurar el orden de las prioridades a las que debería poner foco La Moneda.

Pero los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán anticipan un escenario con escasos alivios para el bolsillo de los chilenos. En marzo, la inflación avanzó un 1% mensual —su mayor variación desde enero de 2025—, reflejando el primer impacto del alza en los combustibles, que no fue amortiguada por el Gobierno de Kast a través del mecanismo de estabilización financiado por el Estado, por lo que el incremento se está trasladando a los consumidores.

La Administración del ultraconservador, en paralelo, ha considerado subsidios acotados. El argumento de fondo, defendido por su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se resume en una consigna que se repite en el oficialismo: no hay margen fiscal. Es decir, no hay recursos suficientes en las arcas públicas y el país no puede seguir aumentando su nivel de endeudamiento. El aterrizaje recuerda al del presidente de Argentina, Javier Milei, muy cercano ideológicamente a Kast, en 2024, que repitió la frase “no hay plata”.

El deterioro de las expectativas económicas en Chile ha comenzado a erosionar la popularidad de Kast, según distintas encuestas. Con todo, este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de crecimiento para Chile al 2,4%, casi medio punto por encima del 2% estimado previamente, en una señal que introduce algo de alivio en medio del enfriamiento del clima económico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó este martes de manera significativa las sanciones impuestas a Venezuela y abrió la puerta a transacciones financieras con cuatro entidades bancarias —incluido el Banco Central— controladas por el Estado venezolano, así como con funcionarios del gobierno que hasta ahora tenían sus activos bloqueados.

Las dos licencias emitidas, firmadas por Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizan una amplia gama de operaciones que estaban explícitamente prohibidas bajo las Regulaciones de Sanciones a Venezuela, un régimen punitivo que Washington había endurecido de forma progresiva desde 2017.

Las cuatro instituciones beneficiadas son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela S.A., el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. La medida también alcanza a cualquier entidad en la que alguno de estos bancos tenga una participación directa o indirecta igual o superior al 50%.

El alcance práctico de la medida es considerable y es parte del alivio financiero que venía pidiendo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. A partir de ahora, bancos corresponsales, procesadores de pagos, plataformas de remesas y otras instituciones financieras con sede en Estados Unidos podrán prestar servicios a las entidades venezolanas autorizadas sin incurrir en violaciones de las sanciones. Eso incluye transferencias bancarias, cambio de divisas, servicios de tarjetas, depósitos y operaciones de nómina, entre otras.

La decisión se enmarca en el proceso de intervención estadounidense en Venezuela que se puso en marcha desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Washington lleva más de cien días marcando el ritmo y el fondo de decisiones trascendentales para el país caribeño —desde las leyes para la explotación de petróleo y minerales a nombramientos clave—, mientras se resistía a flexibilizar el bloqueo financiero.

El anuncio supone un balón de oxígeno para Delcy Rodríguez. “El levantamiento de las sanciones es crucial, siempre lo ha sido”, advierte un miembro destacado del chavismo. También ha llegado incluso antes de lo esperado. Aunque encima de la mesa, estos días en Caracas se especulaba con que Washington condicionaría la flexibilización a que Rodríguez renovase toda la dirección del Banco Central de Venezuela. Aun estando dispuesta a hacerlo, los nombramientos no son fáciles, pues muchos de los candidatos aptos para puestos de dirección a los que se había tanteado han rechazado jugarse su reputación en lo que consideran una misión incierta, según las fuentes consultadas. Al final, Washington abrió la mano antes de asegurarse esos cambios.

Las licencias, sin embargo, no equivalen a un levantamiento total de las sanciones y, además, pueden revertirse. El documento aclara que no autoriza el desbloqueo de activos y que cualquier transacción no contemplada expresamente sigue estando prohibida, salvo que cuente con una autorización específica.

Las sanciones que afectan a individuos concretos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, es decir, a los altos funcionarios señalados individualmente por corrupción, narcotráfico u otras violaciones graves, permanecen intactas. A excepción de Delcy Rodríguez —a quien Trump levantó las sanciones hace solo dos semanas— Washington mantiene un mecanismo de presión individual sobre el entorno más próximo a Maduro al tiempo que abre un canal de normalización económica con las instituciones del Estado venezolano.

Hace exactamente una semana, al mediodía de un martes, Yormai Sebastián Contreras Castillo fue secuestrado por la guerrilla del ELN cuando regresaba de visitar a su familia en compañía de su hermano mayor. Según Blanca Castillo, su madre, fue retenido en el corregimiento de La Gabarra del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo. Regresaba a la capital departamental, Cúcuta, tras las vacaciones de Semana Santa. “Lo retuvieron y le dijeron al hermano que vinieran los papás y lo entregaban. De ahí, no hemos sabido nada de él”, cuenta la mujer de 39 años. Blanca espera a Yormai en el lugar en el que fue visto por última vez, el kilómetro 25 de la carretera, aferrada a la súplica de que la guerra no le arrebate la vida que apenas empezaba a construir.

Castillo no duerme desde el secuestro. “Hay días en los que no tengo fuerzas para nada. Solo quiero volverlo a ver. Es lo único que me motiva”, relata por teléfono con un hilo de voz. Según ella, los miembros del grupo armado revisaron el teléfono de Yormai y se lo llevaron sin dar mayores explicaciones. La familia, oriunda de La Gabarra, ha intentado establecer diálogos en la zona para su liberación, pero la respuesta es que el adolescente “está bajo investigación”. “Nos dicen que nos vayamos para la casa y esperemos, que pueden ser 15 días, un mes, seis meses…”, cuenta la madre, con un tono de zozobra ante el futuro del menor de sus tres hijos. Las pistas sobre su paradero tampoco han sido claras por parte del grupo armado. “No sabemos si está por aquí, o en la frontera, o afuera. No tenemos idea”, complementa Carmen García, tía del adolescente.

Blanca cuenta que Yormai es un joven alegre, sin problemas y dedicado por completo a sus estudios en Cúcuta, donde cursaba el grado octavo. “Me lo había llevado a la ciudad viendo todo lo que estaba pasando en el territorio”, explica la mujer de 39 años, que decidió establecerse en la ciudad fronteriza junto a sus hijos ante la escalada del conflicto en el Catatumbo, que ha desplazado a cerca de 100.000 personas desde 2025, de acuerdo con datos del Consejo Noruego para los Refugiados.

Ante el secuestro, la familia acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de la protección de los menores de edad. Cuentan que la institución les ha brindado apoyo psicosocial y que ha compartido la imagen del menor pidiendo su liberación. La entidad no ha dado declaraciones sobre el caso a EL PAÍS, al igual que la Gobernación de Norte de Santander.

Según el defensor del Pueblo regional, Pepe Ruíz, quien también ha acompañado a los allegados del adolescente, el regreso es incierto. “Lo que nos dijeron es que el grupo realizará un juicio para decidir la situación de Yormai, pero aún no se sabe cuándo será liberado”, apunta el responsable de la protección de los derechos humanos. Ruiz explica que acompañó a la familia el pasado fin de semana en su búsqueda de Yormai, justo cuando las disidencias de las extintas FARC liberaron a dos hombres que habían secuestrado a principios de año.

Para el defensor, el caso de Yormai es un reflejo de la debacle humanitaria del Catatumbo, donde más de 30.000 personas han tenido que estar confinadas en algún momento de los últimos 16 meses. “Hacemos un llamado para que dejen a los niños, a las familias y a los civiles en paz y fuera de este conflicto”, resalta el defensor sobre la guerra entre el ELN y esas disidencias.

Una lucha familiar

Carmen, la tía de Yormai y lideresa social, ha acompañado a su hermana Blanca desde el principio de la tragedia. Ella encabeza la Asociación Madres del Catatumbo, una red de mujeres que se opone a perder su descendencia a manos del conflicto, bajo el lema “No parimos hijos para la guerra”. Desde el 2019, ella se ha plantado en contra del reclutamiento infantil; ahora, por medio de sus redes sociales, ha pedido entre lágrimas la liberación de Yormai. “Hoy, con el corazón en la mano, le hago un llamado al grupo del ELN para que le respeten la vida a mi sobrino y que me lo entreguen lo antes posible”, dijo sollozando en un vídeo compartido en Tiktok el 7 de abril.

La lideresa permanece junto a su hermana en la zona del secuestro. “Yormai es mi hijo. Desde muy pequeño lo he criado. Lo recibí cuando la madre lo trajo al mundo”, relata, consternada por vivir esta situación en carne propia. “Uno no se imagina que, como defensora de derechos humanos, esto le pueda pasar”, apunta.

Gracias a su trabajo en el Catatumbo, García ha obtenido apoyo de asociaciones territoriales y de las Naciones Unidas para presionar el regreso a casa de su sobrino. Este martes, ha convocado a las organizaciones regionales del Catatumbo para unir fuerzas en torno al caso de Yormai. En un post de X, ONU Derechos Humanos Colombia, hizo un llamamiento urgente sobre la retención. Según un boletín de la organización del pasado febrero, el reclutamiento de niños por parte de grupos armados aumentó en un 300%, en los últimos cinco años en el país.

García lleva siete años defendiendo a los hijos de las mujeres del Catatumbo. Ahora, el secuestro de su sobrino le pone una nueva prueba y arrastra la vida de sus seres más queridos. La mujer teme por la salud de Blanca. Sus problemas de asma y fibrosis pulmonar se han agravado desde que Yormai está ausente.

En una de sus últimas publicaciones de Tiktok, el adolescente había compartido un vídeo junto a su madre con un texto: “Te prometo que cuando logre salir adelante, te daré todo a manos llenas porque te mereces eso y mucho más”. Castillo cree ciegamente que su hijo logrará todo cuanto se proponga y lucha contra las fuerzas de su propio cuerpo para volverlo a ver. “Él tiene que volver para estar conmigo y sus hermanos. Tiene un hermanito por parte del papá de solo tres años que lo está esperando”, comenta la madre. Para ella no hay otra opción diferente a recuperarlo. “No me voy a ir de aquí hasta que regrese”, susurra.