Category: Actualidad

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá ha definido el calendario tributario 2026 que establece los plazos para el pago del impuesto predial unificado con descuento, el impuesto sobre vehículos y el impuesto de Industria y Comercio (ICA). El calendario establece fechas límite para acceder a descuentos por pronto pago y evitar sanciones.

Las fechas clave para pagar el impuesto predial en Bogotá en 2026

Las personas propietarias de inmuebles en Bogotá podrán acceder a un descuento del 10% al pagar el impuesto predial unificado antes del viernes 17 de abril de 2026. Para quienes no logren cumplir con esta fecha, el plazo máximo para pagar sin descuento es el próximo 10 de julio de 2026. A partir de ese día, podrían generarse sanciones o intereses por mora.

Asimismo, existe la opción del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite diferir el impuesto sin intereses. Para acceder a esta facilidad de pago, los contribuyentes deberán presentar su declaración inicial a través de la Oficina Virtual antes del 8 de mayo de 2026. El SPAC se divide en cuatro cuotas iguales, con las siguientes fechas de vencimiento en 2026:

• 5 de junio
• 14 de agosto
• 2 de octubre
• 4 de diciembre

Calendario del impuesto de vehículos en Bogotá

En la capital colombiana, los propietarios de vehículos pueden acceder a un descuento del 10% si pagan antes del 15 de mayo de 2026. De no pagar durante las fechas con descuento, el plazo máximo para cumplir con la obligación sin recargos es el próximo 24 de julio de 2026.

Para este tributo también es posible acogerse al SPAC presentando la declaración inicial antes del 12 de junio. El pago podrá realizarse en dos cuotas: la primera, con fecha límite del 3 de julio, y la segunda, el 4 de septiembre de 2026.

La declaración y pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA)

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) está dirigido a quienes desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios en Bogotá. Este se rige bajo un calendario tributario de pagos bimestrales para los contribuyentes del régimen común. En 2026, las fechas de vencimiento son:

• 10 de abril para el primer bimestre
• 12 de junio para el segundo
• 21 de agosto para el tercero
• 9 de octubre para el cuarto
• 11 de diciembre para el quinto
• El sexto bimestre deberá pagarse el 12 de febrero de 2027

Por otro lado, los agentes de retención del ICA deberán apegarse a un calendario diferente que establece las siguientes fechas:

• 20 de marzo para el primer bimestre
• 22 de mayo para el segundo
• 17 de julio para el tercero
• 18 de septiembre para el cuarto

La Secretaría Distrital de Hacienda ha recomendado a los contribuyentes consultar periódicamente el portal oficial para verificar posibles actualizaciones y efectuar los pagos de sus impuestos a través de los canales habilitados.

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“Olé, olé, olé, Diegoo, Diegoo”, cantaba con alguna circunspección un puñado de aficionados, en la puerta de los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires. Sostenían una bandera con la imagen de Maradona vistiendo la camiseta de la selección argentina, junto a una inscripción: “Justicia por D10s”. Superando un enjambre de funcionarios judiciales, policías y periodistas, dentro del edificio comenzaba en la mañana de este martes un nuevo juicio por la muerte del exfutbolista argentino. Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio por haber “desatendido” y propiciado que, el 25 de noviembre de 2020, falleciera el Pelusa. Los mismos imputados habían empezado a ser juzgados el año pasado, pero aquel proceso se anuló cuando se descubrió que, en secreto, una de las juezas participaba de la grabación de las audiencias para protagonizar una película sobre el juicio.

El proceso oral se desarrolla con nuevos jueces, ante quienes declararán más de un centenar de testigos. En la primera jornada, la sala de audiencias reunió a las hijas de Maradona, su última pareja y otros familiares, con los cuatro médicos, un psicólogo y dos enfermeros acusados, que afrontan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El deceso de Maradona se produjo en plena pandemia de la covid-19. El entonces entrenador había sido sometido a una cirugía craneal por un hematoma subdural y, en circunstancias que la justicia deberá determinar, se resolvió que su rehabilitación se realizara en internación domiciliaria. En una casa en un barrio privado de la localidad bonaerense de Tigre, presuntamente sin los dispositivos médicos adecuados, pasó sus últimas dos semanas de vida. En el marco de un crítico cuadro general que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia del corazón, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias, el desenlace lo provocó un paro cardíaco.

“Todos los imputados abandonaron a su suerte a Diego Armando Maradona, condenándolo a la muerte”, alegó el fiscal Patricio Ferrari, al presentar los lineamientos de la acusación. “La prueba va a mostrar que se trató de una internación domiciliaria sin precedentes, cruel, lapidaria, desprovista de todo”, indicó. El fiscal calificó a los acusados como “una banda de improvisados” y aseguró que “no hicieron nada para evitar que Maradona muriera”. “La indiferencia criminal los tuvo a todos como responsables”, concluyó.

A la cabeza de las responsabilidades, la fiscalía ubicó al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Con diferentes grados de participación, a todos ellos les atribuyó haber omitido asegurar que la internación domiciliaria contara con los recursos necesarios, no haber realizado los debidos controles ni la correcta administración de medicamentos y haber ignorado síntomas de alerta, entre otras cosas. Al enfermero Ricardo Almirón le imputó no haber controlado los signos vitales de Maradona.

La fiscalía también acusó de incumplir sus deberes a los médicos Pedro Di Spagna, Nancy Forlini y el enfermero Mariano Perroni, designados por las empresas de salud involucradas (Swiss Medical y Medidom) para supervisar y coordinar la atención del excapitán del seleccionado argentino de fútbol.

“Diego Maradona fue asesinado”, sentenció el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, dos de las hijas del 10, al abrir las exposiciones de las querellas. Según Burlando, “alguien que aún hoy se oculta en las sombras” convocó a los profesionales de la salud acusados, quienes incurrieron en “acciones prácticamente demenciales” que derivaron en la muerte del extrenador. Si bien no lo nombró, su alusión pareció apuntar a Matías Morla, exabogado de Maradona, enfrentado con sus hijas mayores. Con otros términos y señalamientos, las demás partes querellantes del juicio adhirieron a las imputaciones contra los siete acusados.

Luego, antes de que la primera audiencia entrara en un cuarto intermedio, fue el turno de las defensas. Todas proclamaron la inocencia de los acusados, cuestionaron los lineamientos de la fiscalía e intentaron desvincular la muerte de la conducta de los imputados.

Los defensores de Luque, Francisco Onetto y Roberto Rallín, por caso, argumentaron que la acusación es inconsistente y contradictoria, e insistieron en que Maradona murió a causa de un infarto, no por un cuadro de dolencias desatendidas. “Si Diego estuviera vivo, diría que no condenen a Luque”, dijo Rallín, un comentario que provocó protestas de las hijas de Maradona. Otro aspecto resaltado por las defensas fue la peculiaridad del astro futbolístico como paciente. “El encargado de la salud de Maradona era el propio Maradona, que tomaba decisiones, algunas correctas y otras incorrectas”, planteó el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov.

Las audiencias se realizarán los martes y jueves y continuarán, se estima, durante al menos tres meses.

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá ha definido el calendario tributario 2026 que establece los plazos para el pago del impuesto predial unificado con descuento, el impuesto sobre vehículos y el impuesto de Industria y Comercio (ICA). El calendario establece fechas límite para acceder a descuentos por pronto pago y evitar sanciones.

Las fechas clave para pagar el impuesto predial en Bogotá en 2026

Las personas propietarias de inmuebles en Bogotá podrán acceder a un descuento del 10% al pagar el impuesto predial unificado antes del viernes 17 de abril de 2026. Para quienes no logren cumplir con esta fecha, el plazo máximo para pagar sin descuento es el próximo 10 de julio de 2026. A partir de ese día, podrían generarse sanciones o intereses por mora.

Asimismo, existe la opción del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite diferir el impuesto sin intereses. Para acceder a esta facilidad de pago, los contribuyentes deberán presentar su declaración inicial a través de la Oficina Virtual antes del 8 de mayo de 2026. El SPAC se divide en cuatro cuotas iguales, con las siguientes fechas de vencimiento en 2026:

• 5 de junio
• 14 de agosto
• 2 de octubre
• 4 de diciembre

Calendario del impuesto de vehículos en Bogotá

En la capital colombiana, los propietarios de vehículos pueden acceder a un descuento del 10% si pagan antes del 15 de mayo de 2026, la fecha límite para acceder al descuento por pronto pago. De no pagar durante las fechas con descuento, el plazo máximo para cumplir con la obligación sin recargos, será el próximo 24 de julio de 2026.

Para este rubro también es posible acogerse al SPAC presentando la declaración inicial antes del 12 de junio. El pago podrá realizarse en dos cuotas: la primera, con fecha límite del 3 de julio, y la segunda, el 4 de septiembre de 2026.

La declaración y pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA)

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) está dirigido a quienes desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios en Bogotá. Este se rige bajo un calendario tributario de pagos bimestrales para los contribuyentes del régimen común. En 2026, las fechas de vencimiento son:

• 10 de abril para el primer bimestre
• 12 de junio para el segundo
• 21 de agosto para el tercero
• 9 de octubre para el cuarto
• 11 de diciembre para el quinto
• El sexto bimestre deberá pagarse el 12 de febrero de 2027

Por otro lado, los agentes de retención del ICA deberán apegarse a un calendario diferente que establece las siguientes fechas:

• 20 de marzo para el primer bimestre
• 22 de mayo para el segundo
• 17 de julio para el tercero
• 18 de septiembre para el cuarto

La Secretaría Distrital de Hacienda ha recomendado a los contribuyentes consultar periódicamente el portal oficial para verificar posibles actualizaciones y realizar los pagos de sus impuestos a través de los canales habilitados.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dirigió nuevas advertencias al sector privado este martes, en medio de una escalada de los precios al consumidor que muestra señales de persistencia. Como ocurrió con los gasolineros, esta vez el turno fue para los vendedores de tortillas, quienes han advertido de que se aproxima un encarecimiento del producto ante el alza de los insumos.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, aseguró que, según un sondeo del gremio, se espera un aumento de entre 2 y 4 pesos por kilo de este básico de la dieta mexicana. En declaraciones a una emisora de radio local, López señaló que el precio se ha mantenido contenido de manera artificial durante tres años, en línea con los pactos entre el sector y el Gobierno federal. Como muestra de las brechas existentes, el precio puede variar significativamente dependiendo de los costos de transporte y combustibles, variando desde 22 pesos por kilo en la Ciudad de México a 32 pesos por kilo en Sonora.

“Dijo una persona que iba a aumentar el precio de la tortilla. No es cierto, no tienen ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo de la historia”, ha dicho la mandataria este martes en alusión a López.

“Ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situacion internacional para subir el precio de un producto”, ha añadido la presidenta. Maseca, una de las grandes productoras de harina de maíz del país, también oficializó esta semana un incremento de 450 pesos por tonelada, lo que representa aproximadamente 25 centavos más por kilo de harina.

Los informes recientes sobre la producción estadounidense de granos indican que la zafra de maíz y trigo alcanzará niveles récord, creando un entorno de alta oferta y mejores precios para los importadores, incluido México. No obstante, el sector sostiene que los costos operativos, como el encarecimiento de fertilizantes, combustibles y la inseguridad en las carreteras, están afectando sus estructuras.

La mandataria señaló que esta semana su gabinete económico se reunirá con productores y vendedores integrantes del convenio Maíz-Tortilla, un acuerdo impulsado por el Gobierno con harineros y tortillerías para estabilizar los costes. Este forma parte de una estrategia más amplia contra la inflación, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que también está bajo revisión. Aunque estos mecanismos no fijan precios obligatorios, establecen compromisos voluntarios para contener incrementos y ofrecer precios preferenciales en zonas vulnerables.

La mandataria admitió en la víspera que las frutas y verduras –muy sensibles a los factores climáticos y a los precios de los enrgéticos– están impulsando al alza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que se aceleró en marzo en 4,59%, mostrando avances frente al 3,80% del año anterior.

La Administración busca contener los aumentos de los combustibles, afectados por el choque energético ante la escalada de tensiones en Irán. Y Sheinbaum ha reiterado sus advertencias de sanciones a los gasolineros que incumplan los acuerdos voluntarios sobre los precios de la gasolina y el diésel.

“Vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación, incluido lo que estamos haciendo en gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante”, reiteró la presidenta.

Todo apunta a la Familia Michoacana. El Gobierno de México ha confirmado este martes que las primeras investigaciones sugieren que la organización, rival regional del temido Cartel Jalisco Nueva Generación, ha sido la responsable de secuestrar al alcalde morenista de Taxco (Guerrero, sur), Juan Andrés Vega, y a su padre. Ambos fueron rescatados el lunes por agentes del vecino Estado de México.

Las pesquisas aún están en sus primeras etapas. Pero el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha puesto el foco en un antecedente importante. De acuerdo con el funcionario, existen registros de al menos dos narcomantas —pancartas de tela usadas por el crimen organizado para enviar mensajes intimidantes— en contra del edil. Una de ellas apareció en 2025 y la otra este mismo año. Hasta el momento no hay detenidos y las investigaciones siguen su curso en la Fiscalía de Guerrero, de acuerdo con Harfuch.

El Ejecutivo federal también ha confirmado lo que ya circuló horas antes en la prensa mexicana. Vega fue secuestrado durante el operativo de rescate de su padre, desaparecido el pasado sábado. Sin embargo, no ha validado las versiones que circularon en distintos medios locales: los integrantes de La Familia Michoacana lo raptaron después de que intentara negociar la libertad de su progenitor directamente con los criminales. “El presidente municipal de Taxco inicia una búsqueda y también se reporta no localizado 24 horas después”, se ha limitado a asegurar Harfuch durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La desaparición de Vega y de su padre, el director de un hospital público en la localidad, llevó a una movilización de gran escala con agentes federales, estatales y locales, además de las Fuerzas Armadas. “Se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados”, ha destacado el titular de Seguridad.

De acuerdo con el Gobierno federal, los dos hombres fueron trasladados “por aire” de vuelta a Guerrero, en el municipio de Iguala, donde se les realizó un examen médico y entrevistas para incorporarlos a las investigaciones.

El hallazgo con vida de Vega y de su padre también llamó la atención por la rapidez con la que los agentes los rescataron. Después de horas de dudas y tensión —la prensa local aseguró que el secuestro del presidente municipal ocurrió en las primeras horas del lunes—, el Gobierno de Guerrero y la zona militar en la región confirmaron en sendos comunicados la desaparición sobre el mediodía. Al poco tiempo, Harfuch confirmó en redes sociales la locailzación de los dos hombres.

Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra el Cartel del Noreste (CDN). En el marco de su política antidrogas, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha dado a conocer la congelación de los bienes y propiedades en EE UU de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesus Reymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, así como los casinos en Tamaulipas Centenario y Diamante, ambos operados por la Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V.(CAMSA), por sus presuntos vínculos en el tráfico de fentanilo, de personas, el blanqueo de dinero y la extorsión para el Cartel del Noreste.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno estadounidense, todas las propiedades o bienes de las personas sancionadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de algún ciudadano de ese país, quedan embargados y deben ser reportados a la OFAC. La medida afecta, según se estipula en el documento, a cualquier entidad, organismo o empresa que sea propiedad, de forma directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de estos tres individuos que forman parte de la estructura del CDN.

Esta es la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados de CDN durante la administración Trump. El 21 de mayo de 2025, sancionó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas de esta organización criminal. El 6 de agosto de 2025, señaló también a tres miembros de alto rango de esta misma agrupación y al narco-rapero El Makabélico, quien, según la institución gubernamental estadounidense, brindó apoyo al CDN haciendo uso de sus plataformas de streaming y conciertos para generar ingresos y lavar dinero para el cartel.

Según el comunicado de la OFAC, el Casino Centenario es utilizado por el CDN como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como para blanquear dinero ilícito e integrarlo al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. La sanción también apunta a que el cartel utiliza las trastiendas de este negocio, ubicado en Nuevo Laredo, para torturar e intimidar a presuntos enemigos de esta organización criminal. CAMSA también opera el Casino Diamante, que tiene una sede en Tampico, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre.“Muchos miembros del CDN frecuentan el Casino Centenario”, detalla el documento.

[Noticia de última hora. Habrá más información en breve]

México ha logrado revertir la tendencia al alza de los asesinatos relacionados con el crimen organizado, según cifras oficiales. El Gabinete de Seguridad ha documentado este marzo un promedio de 51,4 homicidios diarios, la cifra más baja desde el mismo mes de 2016, cuando se registraron 55,1 asesinatos en promedio. La tendencia ha venido a la baja al menos desde 2021 ―en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador―, y cada año se ha logrado disminuir ligeramente la violencia y de manera muy gradual. Sin embargo, el mayor desplome en la estadística se ha dado, justamente, de 2025 a 2026, en el primer tramo del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha apostado por una estrategia de combate al crimen organizado que apunta a la desarticulación de redes y los golpes de precisión.

El de López Obrador fue considerado el sexenio más violento porque fue allí cuando se alcanzó el mayor pico de asesinatos relacionados con el narco: 90 en marzo de 2018 ―en promedio diario―, 93 en 2019 y 98 en 2020. Al año siguiente comenzó el descenso. El expresidente defendía sin embargo su política de seguridad, el famoso paradigma de “abrazos, no balazos”, que consistió en evitar la confrontación directa entre las dependencias de seguridad y las organizaciones criminales. Mientras los críticos consideraron que esa política significó una permisividad con el narco, el expresidente explicaba que, de no haber virado en la estrategia, las cifras de muertos seguirían al alza indefinidamente. De alguna manera, López Obrador aplanó la curva. Su sexenio cerró con un promedio de 77,8 homicidios diarios.

El Gobierno de Sheinbaum ha profundizado la caída en la violencia. Según cifras presentadas por el Gabinete de Seguridad en la conferencia diaria de la presidenta este martes, el sexenio arrancó con un promedio de 87 homicidios diarios en octubre de 2024, el primer mes de su mandato. Mes con mes, el número ha ido a la baja, aunque con picos de subida, hasta alcanzar la cifra histórica de 51,4 de este marzo. La disminución ha sido del 41%.

Promediar las muertes sirve para la estadística, pero la realidad en algunos Estados es alarmante y da cuenta de la dinámica del crimen organizado en esos territorios. 7 de las 32 entidades federativas concentran el 50% de las muertes registradas este mes: Guanajuato —por mucho tiempo el Estado más violento—, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. Pese a su lugar a la cabeza de la lista, el Gobierno de Sheinbaum asegura que en esos y otros Estados los homicidios también van a la baja: 63% menos en Guanajuato (en promedio diario desde septiembre de 2024), 42% menos en Baja California, 54% menos en Estado de México.

Información en desarrollo…

Con un liderazgo todavía sin rivales, el gigante petrolero Chevron firmó el lunes dos acuerdos clave con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez que le permitirán reorganizar sus activos en Venezuela para enfocarse en la expansión de sus operaciones de crudo extrapesado en un área clave de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Bajo los acuerdos firmados en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Chevron aumentó su participación en una de las empresas mixtas que opera con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la explotación de crudos extrapesados en la Faja del Orinoco, Petroindependencia: pasó de 35,8% a 49%, explicó la empresa en un comunicado.

Además, acordó recibir los derechos para desarrollar otro bloque, el Ayacucho 8, que le permite incrementar el área geográfica de su proyecto más grande en Venezuela, Petropiar. Esto reafirma la posición que la empresa ha ganado en años recientes como el mayor productor privado del Orinoco, una región esencial para el desarrollo de crudos pesados y extrapesados con más de 80% de las reservas totales del país.

Acuerdos como los firmados este lunes son parte de una sorpresiva apertura a la inversión extranjera que está surgiendo tras la operación militar con la que Estados Unidos arrestó al mandatario Nicolás Maduro y forzó la constitución de un gobierno en manos de Rodríguez. Desde entonces, el presidente Donald Trump intenta impulsar un ambicioso plan —de 100.000 millones de dólares— para la reconstrucción energética en Venezuela. En tiempo récord, la Asamblea Nacional de Venezuela —de mayoría chavista— aprobó en enero una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos que flexibiliza las condiciones de participación de las petroleras privadas.

Las negociaciones entre Chevron y el Gobierno de Rodríguez no son casuales. La corporación fue la única productora estadounidense en acceder a una migración forzosa hacia el modelo de empresa mixta del expresidente Hugo Chávez, mientras sus competidoras —principalmente ConocoPhillips y Exxon Mobil— se marcharon del país tras introducir demandas —que siguen sin resolverse 20 años más tarde— por el cobro de sus activos expropiados.

Al estrechar manos con Rodríguez este lunes, Chevron puso un pie en firme para expandir su capacidad operativa en la Faja, un área de más de 55.000 kilómetros cuadrados que concentra las mayores reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo. Ocurre en momentos en que otras empresas energéticas evalúan si existen las garantías jurídicas para invertir en una Venezuela bajo el mandato de una exfuncionaria de Maduro.

Los acuerdos le permiten a Chevron, el principal socio de la estatal PDVSA, reforzar su rol “en el apoyo a la seguridad energética regional”, dijo Javier La Rosa, presidente de la unidad de Activos Base y Países Emergentes de la corporación.

A cambio de la expansión de Petropiar al bloque Ayacucho 8, las filiales de Chevron en Venezuela devolvieron activos durmientes y remanentes: entregaron dos bloques de gas costa afuera que forman parte del aún inactivo Proyecto Plataforma Deltana, así como su participación en la empresa mixta Petroindependiente, en la zona occidental del país.

En enero, Chevron estimó que, manteniendo su infraestructura actual, podría aumentar la producción petrolera en Venezuela en cerca de 50% en unos dos años. Según cifras de Reuters, sus empresas mixtas con PDVSA producen al día 260.000 barriles de crudo, que representan casi una cuarta parte de la producción total del país sudamericano.

La firma entre Chevron y Rodríguez se conoce semanas después de un encuentro entre empresarios energéticos con la líder opositora María Corina Machado en la mayor conferencia petrolera del mundo celebrada en Houston, la CERAWeek. En ella, la opositora enfatizó que el Gobierno de Rodríguez no brinda la seguridad jurídica ni operativa para el regreso inmediato de la inversión extranjera petrolera a Venezuela.

Pero desde Miraflores, la presidenta garantizó a La Rosa y a funcionarios estadounidenses que el acuerdo firmado no debía ser visto como “una inversión pasajera ni momentánea”.

Selma dos Santos Dealdina Mbaye (Sapê do Norte, Brasil, 43 años) es una reconocida activista brasileña y lideresa en la lucha por los derechos del pueblo quilombola, comunidad descendiente de esclavos africanos que escaparon y formaron asentamientos libres llamados quilombos. “Ser quilombola es pertenecer a un pueblo que lucha por sus territorios, por la defensa de la naturaleza y por la valorización de la juventud”, explica en una entrevista con EL PAÍS en Brasilia, la capital. “Somos la continuidad de una historia que empezó con la esclavización de nuestros antepasados, cuando nuestro pueblo buscó espacios para reorganizarse y construir nuevas formas de vida colectiva en libertad. De ahí nacieron los quilombos”, añade.

El Quilombo dos Palmares es el más conocido, pero Dealdina insiste en desmontar una idea muy extendida en Brasil: “Se piensa que los quilombos se acabaron cuando Palmares fue destruido. No es así. Los quilombolas seguimos aquí, y los quilombos atraviesan mi cuerpo, mi vida y mi identidad”. Hoy existen más de 9.000 comunidades quilombolas en Brasil, que suman más de un millón y medio de personas en 24 Estados del país.

Desde hace años, la activista es uno de los referentes políticos de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Quilombolas (CONAQ, por sus siglas en portugués), la principal organización dedicada a defender los derechos de este pueblo, que acaba de cumplir 30 años de activismo ininterrumpido.

“Es un movimiento gigante que lucha por la titulación de los territorios y enfrenta el racismo estructural, energético y ambiental, y todas las formas de violencia contra nuestros cuerpos y nuestras tierras”, resume en la conversación con este diario, que tuvo lugar durante la segunda Marcha Nacional de las Mujeres Negras, que aglutinó a finales de noviembre a miles de mujeres llegadas desde quilombos, riberas, campos, periferias urbanas, universidades y desde los territorios más invisibilizados de toda la región latinoamericana.

Cuando se le pregunta por las prioridades actuales para las comunidades quilombolas, la activista responde con una tríada que repite casi como un mantra: “Si pudiera pedir tres deseos, serían titulación, seguridad y continuidad”. La titulación, explica, es el núcleo de todo. De los miles de quilombos existentes, solo una parte mínima ha logrado el título legal de propiedad colectiva; incluso las comunidades ya certificadas (el paso previo a la titulación) pueden esperar décadas hasta que concluya el proceso.

“La lentitud del Estado brasileño nos ha costado vidas. Permite que sigan las amenazas, los atentados, los asesinatos de nuestras lideresas y nuestros líderes”, afirma. Cita el informe Vidas interrompidas, publicado en 2025 en el marco del proyecto Resistência Quilombola financiado por la Unión Europea, que documenta homicidios, tentativas de asesinato y agresiones contra defensores. En el periodo que va de 2019 a 2024, el estudio documenta 46 asesinatos registrados contra líderes en la defensa de los derechos humanos de las comunidades quilombolas. “No titular hoy es no reconocer y no reparar. Nosotras ayudamos a construir este país ayer y hoy, pero seguimos siendo una parte excluida de la sociedad por efecto del racismo”, reivindica.

La lentitud del Estado brasileño nos ha costado vidas. Permite que sigan las amenazas, los atentados, los asesinatos de nuestras lideresas y nuestros líderes

Para Dealdina, la titulación es también una condición indispensable para que las políticas públicas no sean meros parches: “Algunas políticas llegan, pero sin titulación no hay garantías plenas. Queremos que la titulación llegue mientras todavía estemos vivas”.

En este punto introduce una distinción que considera esencial: “Para el agronegocio, la tierra es mercancía, algo que se explota y se saquea sin devolver nada. Nosotras y nosotros hablamos de territorio. Cuando morimos, es a ese territorio al que volvemos”. Para la lideresa quilombola, el territorio no es un activo negociable, sino un bien común y colectivo, el lugar donde se tejen la vida, la memoria y el futuro. “Es donde cuidamos de la naturaleza, donde pisan nuestros pies, donde construimos la casa, la familia, nuestro modo de vivir”, añade.

Por eso le resulta especialmente grave que esa conexión se pague con amenazas y muerte. Entre 2019 a 2024, el informe Vidas interrompidas documenta 46 asesinatos registrados contra defensores de los derechos humanos de las comunidades quilombolas. “Tenemos que preguntarnos por qué necesitamos morir para defender lo que es nuestro. Las personas son asesinadas como si fueran desechables, como si sus vidas no importaran. Y las vidas quilombolas importan”, reclama.

Algún día, dice, Brasil tendrá que dejar de tratarlas solo como índices y estadísticas y empezar a mirarlas como seres humanos “que tienen hijas, hijos, nietas, nietos, que dejan una comunidad entera huérfana”.

Hay mujeres actuando en todos los Estados y en espacios internacionales en América Latina y el Caribe donde se encuentran las luchas negras

Como referente del Colectivo de Mujeres de la CONAQ, Dealdina defiende que no es posible contar la historia de los quilombos ni discutir la titulación sin colocar a las mujeres en el centro. “Nuestro cuerpo es un cuerpo político, habla de nosotras y para nosotras. Hay mujeres actuando en todos los Estados y en espacios internacionales en América Latina y el Caribe donde se encuentran las luchas negras”, explica.

Por último, la activista subraya la paradoja de Brasil, un país donde la población negra es mayoría y casi no se ve representada en el Senado o en la Cámara. “La lucha de las mujeres quilombolas no es solo una lucha de mujeres. Es una lucha de toda la sociedad que entiende que el patriarcado y el machismo tienen que ser cuestionados para que otros paradigmas y valores puedan surgir”, añade.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha anunciado esta mañana que, sobre la medianoche del lunes, llegó a un acuerdo con la delegación departamental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que llevaría a levantar el paro de campesinos que afecta a su departamento. Según el político derechista, la entidad nacional aceptó revisar los incrementos del avalúo catastral para los municipios y, con eso, revisar el aumento del impuesto predial en cientos de predios rurales. “El IGAC nacional firma una resolución para autorizar a su delegación regional para hacer la revisión de los ajustes de los avalúos catastrales en los municipios que tienen problemas en el departamento de Santander”, ha manifestado Díaz en Caracol Radio.

El también general en retiro ha explicado que un predio en el municipio de Lebrija las afueras de la ciudad de Bucaramanga, vio disparar su avalúo de 200 millones de pesos a 2.200 millones de pesos. “Haciendo el ajuste y la revisión, pasaría a valer unos 700 millones de pesos”, ha dicho el mandatario, quien ha agregado que el dueño aceptó que ese aumento “era lo justo”. Con esa noticia, ha indicado que espera que el bloqueo que mantiene incomunicada a la quinta ciudad de Colombia con su aeropuerto se levante sobre las dos de la tarde.

El gobernador ha añadido que se acordó que los voceros de los manifestantes viajarían a Bucaramanga hoy a inicios de la mañana. Allí, los recibirá el secretario departamental de Planeación, quien, junto con el director del IGAC, comenzará a revisar los aumentos “municipio por municipio”. “La idea es que en 15 días, de acuerdo al IGAC, estén revisados los avalúos catastrales de los municipios que tienen problemas”, ha expresado Díaz.

El acuerdo se socializará en la mañana en Lebrija, donde una multitud de campesinos bloquea la vía que conecta la capital departamental con el puerto petrolero de Barrancabermeja, incluyendo el acceso al Aeropuerto Internacional Palo Negro. Los líderes campesinos habían anunciado que, si se firma un acta de compromiso garantizando sus exigencias, entre las que está la revisión del incremento en los avalúos catastrales y del impuesto predial, levantarían el paro.

La noticia llega en el sexto día de bloqueos en varios departamentos del país, de los que Santander, en el nororiente de Colombia, ha sido el departamento más afectado, registrando pérdidas comerciales de hasta 120.000 pesos diarios, según la Federación de Empresarios Comerciantes. En Bogotá se instaló el lunes una mesa de diálogo con siete representantes de campesinos de diferentes departamentos, así como de los gobiernos locales y departamentales, del Gobierno nacional y del IGAC. Al final de esa primera jornada los ánimos continuaban tensionados.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro amenazó con llevar a la cárcel a los alcaldes y gobernadores que no cumplieran su orden de “hablar con su pueblo” y presentar proyectos a los concejos municipales para reducir el impuesto predial de los campesinos e incluso exonerarlos. “Estamos explorando los caminos jurídicos, pero la Constitución dice que pueden salir por problemas de orden público”, dijo al respecto el presidente.

Las protestas campesinas iniciaron el pasado jueves a causa de los incrementos repentinos en el impuesto predial para cientos de predios rurales en el país, que determinan los concejos municipales con base en una actualización en el valor de la tierra establecida por el IGAC en su Resolución 2057, expedida el 30 de diciembre de 2025. Como esa resolución se expidió en el penúltimo día del año anterior, las autoridades locales aducen que no tuvieron tiempo suficiente para prepararse.

El objetivo del alza es acercar el valor de los predios a su precio real de mercado, pero la medida ha generado rechazo por su impacto inmediato en el impuesto predial que deben pagar los propietarios. Campesinos y organizaciones comunitarias critican que el incremento no tiene en cuenta su capacidad económica y aseguran que, en algunos casos, el cobro ha subido hasta en un 500%.