La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha anunciado las fechas y el procedimiento para acceder al pase reglamentado, un método de ingreso directo a licenciatura para los estudiantes de nivel medio superior incorporado a la institución. La convocatoria está dirigida al alumnado de la UNAM egresado de alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), sin necesidad de presentar examen de admisión.
El pase reglamentado se rige por disposiciones institucionales que determinan las condiciones de elegibilidad, el registro y la asignación de carrera. El objetivo es garantizar la continuidad académica de quienes han cursado el bachillerato dentro de la propia universidad. Así es como se puede acceder a este mecanismo, las fechas clave y los requisitos.
Los requisitos del pase reglamentado
De acuerdo con la convocatoria oficial, los aspirantes deben cumplir con una serie de criterios académicos y administrativos para participar en el proceso de admisión por pase reglamentado.
Para ingresar a la UNAM, es necesario haber concluido el bachillerato en alguno de los sistemas de la UNAM (preparatorias o CCH), cumplir con la condición de alumno regular y finalizar los estudios dentro del tiempo establecido en el plan académico correspondiente.
Asimismo, es indispensable contar con un promedio mínimo de 7,0. En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, también se establece que el alumnado debe haber cubierto totalmente el plan de estudios para poder ejercer el derecho al pase reglamentado.
Algunas licenciaturas de la UNAM requieren condiciones adicionales, como cursos propedéuticos o procesos internos de la facultad. Es necesario revisar las particularidades de cada carrera en: dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html.
¿Cómo es el proceso de registro?
El registro para el pase reglamentado de la UNAM se lleva a cabo en línea a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Los aspirantes deben ingresar al sistema con sus datos escolares, verificar su historial académico y seleccionar las opciones de carrera de su interés.
El sistema permite elegir distintas alternativas de carrera, las cuales serán consideradas en el proceso de asignación. Es importante completar cada etapa en los tiempos establecidos, ya que el incumplimiento de algún paso puede invalidar la participación en el proceso. La convocatoria completa se puede consultar aquí.
Las fechas clave del pase reglamentado 2026
La convocatoria del pase reglamentado 2026 fue publicada en marzo y el registro se realiza en línea hasta las 23.59 horas del 15 de abril (hora del centro de México), en el sitio primeringreso1.dgae.unam.mx/2026/sitios/PR/. Las fechas son determinadas por la UNAM y deben ser atendidas de manera puntual por los aspirantes.
El proceso de asignación de carrera en el pase reglamentado
El pase reglamentado es una vía de ingreso directa para los estudiantes de la ENP y el CCH, siempre que cumplan con los requisitos académicos y administrativos definidos. Sin embargo, la asignación de carrera por este mecanismo no es automática.
El proceso depende de varios factores institucionales, como el promedio obtenido por el aspirante, la demanda de la licenciatura solicitada y el cupo disponible en cada plantel. Si bien es posible seleccionar varias opciones, la asignación final se realiza conforme a los criterios establecidos por la UNAM.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado un acuerdo para incrementar la producción petrolera de Chevron. Con estos anuncios, Chevron, una de las mayores energéticas de Estados Unidos y del mundo, se consolida como el principal inversor en las operaciones petroleras venezolanas. “Este acuerdo nos permitirá dar importantes avances en materia de producción y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente al beneficio del pueblo de Venezuela”, aseguró. La mandataria chavista ha agradecido a la compañía su compromiso con el país “en los peores momentos” y aprovechó para demandar el levantamiento de sanciones al país, una de sus prioridades actuales. “Es una manera de brindar seguridad jurídica e institucional a los inversionistas que vienen a Venezuela. Que se entienda que no es una inversión pasajera ni momentánea”, defendió.
El acuerdo, anunciado en el Palacio de Miraflores, se enmarca en el proceso de apertura del sector energético impulsado por Rodríguez desde enero, tras la intervención militar estadounidense. Desde entonces, buena parte de las decisiones estratégicas pasan por Washington, que busca aprovechar los recursos energéticos venezolanos y favorecer la expansión de sus empresas en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Las firmas —“que llevaron días de negociaciones”, aseguró Rodríguez— se estamparon bajo la presencia sonriente de la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, y el subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Kyle Haustevit.
La clave del acuerdo con Chevron es beneficiar la entrega de un campo de gas que estaba en manos de la compañía a cambio de poder explotar un bloque petrolero, llamado Ayacucho 8, un enrome bloque de crudo extrapesado. El campo está ubicado en la Faja del Orinoco, el mayor yacimiento del mundo, un gigantesco reservorio de crudo extrapesado de 55.000 kilómetros cuadrados. Las beneficiarias son las empresas mixtas compuestas por Chevron y la estatal Petróleos de Venezuela.
La Venezuela post Nicolás Maduro busca ahora con urgencia cómo acelerar su producción de petróleo que se mantiene en un millón de barriles por día. En una entrevista con EL PAÍS, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmaba que estaban “un poco hartos de estar diciendo todo el tiempo que somos la principal reserva petrolera” del mundo. “El petróleo que está debajo de la tierra no le sirve a nadie para nada. En cambio, el petróleo que logramos sacar, que logramos atraer inversiones, es un petróleo que se puede convertir en hospitales, en salarios, en escuelas, en vialidad, en progreso, en desarrollo, en cultura, en universidades…”, explicó. Falta todavía que el dinero derivado del petróleo llegue al bolsillo de los venezolanos, algo que aún no está ocurriendo.
Buque Chrysopigi Lady, con el primer cargamento de petróleo venezolano, en in Barcelona (Venezuela) el 29 de enero.MIRAFLORES PALACE (via REUTERS)
Mientras el oficialismo —con el apoyo de Washington— defiende la búsqueda de la estabilidad y la mejora económica antes de plantearse cualquier elección, la oposición insiste en que la convocatoria de elecciones debe ser también una prioridad en la agenda política de Venezuela.
El petróleo no es el único sector de interés para los norteamericanos, pero es la locomotora que arrastrará al resto. La ley de hidrocarburos fue, de hecho, la primera gran medida que siguió a la captura de Maduro. Menos de un mes después de que tropas de élite estadounidenses se lo llevaran a una cárcel de Nueva York, la Asamblea Nacional ya estaba aprobando una reforma de la normativa para facilitar la entrada de capital extranjero y resucitar el sector.
Se trata en cualquier caso de nueva entrada de inversiones, clave para la mejora de la mermada economía venezolana. Porque a pesar de los anuncios de Donald Trump de compra de millones de barriles de petróleo, la situación económica del país sigue siendo grave.
La multinacional energética Chevron, que cumple este mes 103 años en Venezuela, ha sido una de las pocas compañías estadounidenses que ha navegado en todo el trayecto de la prolongada crisis política y económica de Venezuela en los últimos años. Los ingresos que ha obtenido el Estado por sus perforaciones salvaron varias veces el flujo de caja durante el mandato de Nicolás Maduro, una gestión marcada por el colapso gerencial y operativo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que llevó la producción local a sus mínimos históricos.
Incluso cuando las administraciones estadounidenses endurecieron su política de sanciones al régimen chavista, Chevron ha mantenido sus operaciones en los campos petroleros considerados prioritarios. Y ahora que Washington ha autorizado la emisión de licencias y ha relajado la presión contra Caracas, Chevron amplía sus inversiones en lo posible.
El paro campesino convocado desde el jueves pasado por el aumento del impuesto predial en distintos municipios se agrava. Las protestas y bloqueos, concentrados en los departamentos de Santander y Boyacá, aunque con presencia también en Norte de Santander, Cesar y Risaralda, se extienden por quinto día consecutivo y amenazan con desabastecer a esos territorios. Los manifestantes, en su gran mayoría miembros de organizaciones campesinas y rurales, denuncian un alza desproporcionada en los avalúos de predios de 527 municipios del país, que ha derivado en un incremento, que califican de injusto, en el impuesto predial, que deben pagar todos los dueños de un inmueble a partir de su valor estimado.
Santander, el departamento del nororiente del país que tiene como capital a Bucaramanga, es el foco principal de la protesta. Allí persisten los bloqueos pese a que en la noche del domingo se anunció un acuerdo preliminar entre la Gobernación y algunos voceros para levantarlos. Uno de los puntos más críticos es el peaje de Lebrija, en la vía entre la ciudad y el Aeropuerto Internacional Palonegro. El corredor, que también comunica a la capital del departamento con el puerto petrolero de Barrancabermeja, estuvo habilitado hasta las 7 de la mañana de este lunes. Sin embargo, volvió a ser bloqueado mientras avanzan las conversaciones en una mesa de diálogo que se ha instalado esta mañana en Bogotá entre siete representantes de los manifestantes, de un lado, y voceros de la Gobernación de Santander, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) -entidad nacional encargada de actualizar el catastro en muchos municipios pequeños- y Gobierno Nacional, del otro. Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, los bloqueos han ocasionado pérdidas en el departamento por 120.000 millones de pesos diarios (unos 33 millones de dólares), mientras que en la zona metropolitana de Bucaramanga oscilan entre los 50.000 y 70.000 millones de pesos al día (19 millones de dólares).
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha manifestado momentos antes del inicio de la reunión que buscarán las soluciones para “bajarle el avalúo a los campesinos” y ha pedido no “atropellar más a los santandereanos” con los bloqueos en carreteras. El general en retiro del ejército y político de derechas ha señalado a los líderes que firmaron el acuerdo del domingo de haberlo “desconocido”. “Hoy tiene que salir una solución”, ha añadido, asegurando que “las vías del diálogo están agotadas y la Policía Nacional está en la obligación de tomar las acciones que sean necesarias para restaurar la movilidad en el departamento de Santander”.
Las organizaciones campesinas han planteado varias exigencias: la revisión o suspensión del incremento del avalúo; el congelamiento o la reducción del impuesto predial; la creación de alivios para pequeños y medianos propietarios; una mayor claridad y transparencia en el proceso del incremento del avalúo catastral; y su participación en esas decisiones.
José Antonio Contreras, uno de los líderes presentes en las movilizaciones, ha afirmado que el levantamiento de los bloqueos depende de los resultados de la mesa en Bogotá. “Si se acuerda lo que nosotros pedimos, acá hay solución”, ha dicho en medios nacionales, y ha añadido que esperan “un documento firmado” que garantice sus demandas. “Estamos haciendo una cosa justa, no estamos acá por falta de oficio, sino porque queremos que nos acomoden, porque nos quieren quitar el pedacito de terruño que tenemos”, ha señalado el líder campesino.
Las protestas tienen como detonante la Resolución 2057 de 2025 del IGAC, expedida el 30 de diciembre, que establece los incrementos de los avalúos catastrales en 527 municipios pequeños para este año. El objetivo del alza es acercar el valor de los predios a su valor real de mercado, pero la medida ha generado rechazo por su impacto inmediato en el impuesto predial que deben pagar los propietarios. Campesinos y organizaciones comunitarias critican que el incremento no tiene en cuenta su capacidad económica y aseguran que, en algunos casos, el cobro ha subido hasta en un 500%.
La actualización catastral forma parte de la política de catastro multipropósito, una herramienta del Estado que viene del acuerdo de paz de 2016 y busca formalizar la propiedad rural, actualizar la información sobre la tierra y mejorar la planificación territorial. Pero su implementación ha chocado con la realidad de muchos propietarios, en su mayoría campesinos, quienes enfrentan dificultades para asumir los nuevos costos.
Adicionalmente, aunque los avalúos catastrales los define el IGAC, la tarifa del impuesto la fijan los municipios a través de sus concejos. Como la resolución salió el penúltimo día del año, los concejos no pudieron ajustar las tasas a la realidad de incrementos notables, con el resultado de un impuesto alto. Ante los paros, el IGAC y distintas autoridades locales se han señalado mutuamente como responsables.
En medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro ha defendido la actualización catastral en un largo mensaje en X. En él, argumenta que el objetivo es que “los ricos paguen impuestos” y ha cuestionado las motivaciones del paro, sugiriendo que detrás de él hay intereses “de la militancia uribista” y de grandes propietarios. “Que el campesinado deje de estar engañado, los terratenientes no quieren pagar impuestos y le dicen a los campesinos que los van a gravar cuando el concejo municipal los puede exonerar”, ha manifestado el presidente. El mandatario de izquierdas insiste en que el impacto depende de las autoridades locales. “Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora”, ha escrito.
Petro ha pedido el levantamiento de los bloqueos y ha lanzado advertencias a las autoridades territoriales y los manifestantes. “Hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas”, ha afirmado, agregando que, de lo contrario, “actuaré como ordena la ley”. Asimismo, ha cargado contra el gobernador Díaz, al señalar que “queda advertido” de que su función no es “engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación”. Finalmente, ha asegurado que hablará “sobre el asunto para todo el pueblo” en el consejo de ministros programado para esta noche.
El exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, uno de los hombres más cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, fue arrestado este lunes por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El arresto se produjo en Orlando (Florida), donde vivía desde el año pasado, tras fugarse de Brasil para evitar entrar en prisión. Ramagem, que con Bolsonaro en el poder dirigió la agencia de inteligencia de Brasil, había sido condenado a 16 años de cárcel por formar parte del núcleo duro de la trama golpista que intentó mantener al líder ultraderechista en el poder, pese a la derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
La detención fue confirmada por el director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, que a la prensa local aseguró que es fruto “de la cooperación Brasil-Estados Unidos en el combate al crimen organizado”. Recordó que Ramagem es un “forajido de la Justicia brasileña” y que, según las autoridades de Estados Unidos, su situación migratoria es irregular.
Personas de su entorno del exdiputado, en cambio, restaron importancia al arresto diciendo que se trata de una cuestión meramente migratoria sin relación con la condena por golpismo, que Ramagem se encuentra en el país legalmente y que estaba pendiente de la confirmación de una petición de asilo.
El excongresista se instaló en Florida en septiembre del año pasado, después de una rocambolesca huida de Brasil. Mientras los magistrados del Tribunal Supremo Federal deliberaban sobre la conducta de Bolsonaro y su círculo más cercano en la intentona golpista, Ramagem desapareció súbitamente de los pasillos del Congreso Nacional. Cruzó la frontera terrestre hasta Guyana, y desde allí voló a Estados Unidos.
Desde Florida siguió votando en las sesiones como diputado remotamente durante semanas, usando la excusa de una baja médica. Su esposa, Rebeca Ramagem, llegó a decir en sus redes sociales que se instalaron en Florida por la “persecución política inhumana” que vivían en Brasil. Según la prensa local, en su nueva vida en Orlando disfrutaban de una casa de 300 metros cuadrados con vistas a un lago y valorada en casi un millón de dólares.
En noviembre del año pasado, una vez se agotaron los recursos y llegó la hora de entrar en prisión, las autoridades brasileñas le consideraron oficialmente prófugo e incluyeron su nombre en la lista de la Interpol. El Gobierno de Lula da Silva pidió su extradición y la Cámara de Diputados anuló su mandato y su pasaporte diplomático.
Ramagem, que durante dos décadas fue un discreto agente de la Policía Federal, llegó a la esfera pública de la mano de Bolsonaro. Se hizo famoso por hacerse cargo de su seguridad tras la puñalada que el ultraderechista sufrió en la campaña electoral de 2018. Al llegar al poder, Bolsonaro premió su fidelidad dándole la dirección de la Agencia Brasileña de Inteligencia. Su gestión estuvo marcada por el escándalo de la Abin paralela. Según investigaciones, había usado la maquinaria del Estado para espiar ilegalmente a decenas de opositores, activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil considerados incómodos por el bolsonarismo.
Bolsonaro también intentó colocarlo al frente de la Policía Federal para blindar a su familia de diversas investigaciones, pero la Justicia bloqueó el nombramiento por entender que había demasiado vínculo entre ellos y que la imparcialidad de la corporación estaría en riesgo. Tras dejar la agencia de inteligencia, ya convertido en una cara conocida entre los simpatizantes de la extrema derecha, fue fácil convertirse en diputado. Poco después, intentó ser alcalde de Río de Janeiro, pero fue derrotado en la primera vuelta.
Después del escándalo que el año pasado frustró el juicio por la muerte de Diego Maradona (1960-2020), este martes se iniciará un nuevo proceso oral para determinar si siete profesionales de la salud que atendían al exfutbolista argentino son responsables de homicidio con dolo eventual. En 2025 llegaron a realizarse más de 20 audiencias en las que declararon 44 testigos, pero todo fue considerado nulo cuando se descubrió que una de las juezas de la causa, Julieta Makintach, estaba siendo filmada para protagonizar una serie documental sin el consentimiento de las partes.
Cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo son acusados de haber descuidado y propiciado el deceso de Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 cuando cumplía internación domiciliaria tras una cirugía. Afrontan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Según la acusación formulada por la fiscalía, el equipo de salud tuvo un desempeño “inadecuado, deficiente y temerario” que dejó al entonces entrenador “en una situación de desamparo”, “abandonándolo a su suerte”. La muerte de Maradona se produjo por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, en el marco de un crítico cuadro general que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias.
El nuevo juicio oral se desarrollará los martes y jueves en los tribunales de San Isidro, en el extrarradio de la ciudad de Buenos Aires. A su cargo estará el Tribunal Oral en lo Criminal 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Sobre los más de 200 testigos inicialmente considerados, se acordó que dará testimonio alrededor de un centenar, desde familiares y amigos del Pelusa hasta médicos y policías.
La anulación de todo lo actuado el año pasado supone que, tanto las declaraciones testimoniales como las pruebas y alegatos de la fiscalía y demás partes, deberán presentarse como si el proceso nunca hubiera comenzado.
De los siete acusados, la mayor responsabilidad recae sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Luque (44 años) se había convertido en uno de los médicos personales de Maradona en sus últimos años. En aquel noviembre de 2020, le había realizado una cirugía craneal por un hematoma subdural y luego había recomendado su internación domiciliaria para que se rehabilitara. La internación se cumplió en una casa que no habría contado con las mínimas condiciones necesarias para el cuidado del paciente. Según la imputación, el médico incumplió sus obligaciones de atender a Maradona y desestimó los síntomas de las dolencias que provocaron su muerte.
La psiquiatra Cosachov (40) había comenzado a tratar a Maradona cinco meses antes de su deceso. De acuerdo con la fiscalía, le administró al exentrenador de la selección argentina medicación contraindicada por sus dolencias y no lo controló en forma directa. Además, omitió “encargarse personalmente de la reanimación del paciente” pese a que era “la única médica presente en el lugar” cuando fue hallado inconsciente.
También está acusado el psicoanalistaCarlos Díaz (33), virtual responsable de no haber requerido la internación de Maradona en una institución adecuada y de haberle ocultado a la familia del exfutbolista cuál era su real estado. Al enfermero Ricardo Almirón (41) se le imputa desatender los protocolos al asentar la información sobre la salud del paciente. Entre los acusados están también tres encargados de supervisar y coordinar la atención de Maradona: los médicos Pedro Di Spagna (49) y Nancy Forlini (56) y el enfermero Mariano Perroni (44). Una octava acusada, la enfermera Gisella Madrid (41) será juzgada en un proceso aparte, en un juicio por jurados que aún no tiene fecha de inicio.
“Bochorno mundial”, “inaudito”, “vergonzoso”. Así definieron los abogados de los acusados, en mayo último, a la revelación de que se estaba grabando una película en secreto durante las audiencias. “Ofició de actriz, no de jueza”, sentenció entonces la fiscalía sobre Makintach. Todas las partes intervinientes en el proceso la recusaron y Makintach fue sometida a un juicio político. Por unanimidad, fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales.
La férrea batalla de la administración de Donald Trump en contra de los migrantes ha cobrado una víctima más. Las autoridades estadounidenses han informado este lunes de la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, un migrante mexicano de 49 años de edad que había sido detenido a principios de enero de este año. El número de fallecimientos de mexicanos en custodia del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE) se eleva a 16 en lo que va de 2026. De acuerdo con el comunicado del Gobierno, Cabrera fue encontrado sin signos vitales en su celda en el centro correccional de Winn en Luisiana. A pesar de que el hombre fue trasladado a un hospital para un tratamiento médico avanzado, según el ICE, se decretó su muerte alrededor de las 08.51 horas.
Según la información proporcionada por las autoridades migratorias, Cabrera llevaba más de 25 años en Estados Unidos y enfrentaba cargos por posesión de droga y arresto por violencia doméstica. El mexicano había sido detenido en Chattanooga, Tennessee (a más de 900 kilómetros al este de donde se encontraba recluido), y estaba en espera del procedimiento para su deportación por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.
El alarmante número de migrantes fallecidos en custodia de las autoridades estadounidenses ha llevado al Gobierno de México ha endurecer su posición y a anunciar una serie de medidas distintas a mostrar su inconformidad por vías diplomáticas ante estos hechos. “Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió”, manifestó Claudia Sheinbaum hace dos semanas durante su conferencia matutina.
Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que llevaría las muertes de connacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Gobierno participaría en una demanda colectiva en contra del Centro de Procesamiento de Adelante, una instalación en la que cuatro mexicanos han perdido la vida en lo que va del año. La Cancillería ha señalado que las defunciones no son casos aislados y “revelan fallas sistemáticas”. En conferencia de prensa, Vanessa Calva, encargada de protección consular, mostró su preocupación por la subcontratación de empresas privadas para la operación de los centros de detención en los que han ocurrido los fallecimientos. Además, denunció el “nulo flujo” de información entre las autoridades estadounidenses y las familias de los detenidos.
La cruzada de Trump en contra de la migración no da tregua a nadie. Un informe de The Marshall Project reveló hace unos días que los niños y adolescentes en custodia del ICE rebasan los 6.200, una cifra que es 10 veces superior a la registrada al cierre del mandato de Joe Biden. Según la organización de noticias sin fines de lucro, un promedio de 226 niños y adolescentes han sido arrestados al día desde que llegó el republicano a la Casa Blanca por segunda ocasión. Un reporte de Human Rights First sobre un centro de detención familiar en Dilley, Texas, denunció los abusos y la crueldad con la que operan ese tipo de lugares y que provoca violaciones al debido proceso y fallas médicas.
Keiko Fujimori, la hija del autócrata que degradó a las instituciones públicas en los años noventa, ha vuelto a quedar a las puertas de la presidencia de Perú. A pesar del rechazo que produce la lideresa de Fuerza Popular, señalada como la principal culpable de la inestabilidad que atraviesa el país, el recuento de actas al 55% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales la coloca en segunda vuelta por cuarta elección consecutiva con el 17% de los votos válidos.
La política, que a los 19 años reemplazó a su madre como primera dama después de que esta denunciara haber sido torturada por su padre, no ocupó el primer lugar durante toda la campaña. Más bien se mantuvo expectante, como buena estratega, a la espera del tramo final. Bajo el lema “es momento de recuperar el orden”, Keiko Fujimori revalidó su condición de favorita debido a un núcleo duro de votantes que no suele afirmar sus preferencias en los sondeos, en el denominado voto escondido o voto de la vergüenza. Pero también por su habilidad para liderar una organización política con una sólida estructura que continúa despertando esperanza en un sector de la población.
Con el recuento escrutado al 55%, su contrincante en la segunda vuelta el 7 de junio sería Rafael López Aliaga, el candidato ultraconservador de Renovación Popular, que ha logrado el 14,4% de los votos. Sin embargo, todavía es posible que se produzca un cambio en este segundo puesto, ya que hay margen para que se coloquen otros aspirantes. Exalcalde de Lima, López Aliaga ha agitado la bandera del fraude en las últimas dos elecciones. En un hecho sin precedentes, la contienda electoral en Perú no concluyó el domingo, sino que se alargó hasta el lunes debido a que 63.300 ciudadanos no pudieron votar por una demora en la instalación de las mesas de votación, un suceso que ha enturbiado el proceso.
Al principio se había producido un empate técnico entre cuatro aspirantes: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Ricardo Belmont (Cívico Obras). Pero conforme avanzan las horas, López Aliaga se fue distanciando del grupo y se acerca a una competición final contra Fujimori. Se trata de dos opciones de derecha populista, con un alto porcentaje de votos en Lima —la capital que concentra la tercera parte de la población—, que han cosechado votos con un discurso de mano dura contra la delincuencia, además de deslegitimar cualquier alternativa de izquierda.
“Los resultados son una señal muy positiva para nuestro país, porque el enemigo es la izquierda”, señaló Keiko Fujimori tras conocer los sondeos a pie de urna y el conteo rápido de una encuestadora. Algunas de las propuestas de Fujimori son construir una cárcel de máxima seguridad como el CECOT de El Salvador y expulsar a los migrantes irregulares e indocumentados. Una tendencia en la región proclamada por Donald Trump y seguida por el flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, entre otros.
Si Keiko Fujimori no ha consumado su anhelo de convertirse en la primera presidenta del Perú —Dina Boluarte se lo arrebató— en tres intentos anteriores ha sido por el antifujimorismo, que es considerado por algunos analistas como el mayor movimiento político de Perú y que se activa en la segunda vuelta. El acertijo que los científicos sociales estudian en las últimas horas es si el antifujimorismo será capaz de apoyar una candidatura como la de Rafael López Aliaga, católico del Opus Dei que ha amenazado de muerte a varios de sus adversarios políticos, que endeudó a la comuna de Lima por unos 1.181 millones de dólares y que pretende la salida de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Si bien una buena parte del electorado aguarda que se procese el 100% de las actas, otros estiman que el antifujimorismo tocó su techo y que se le debe combatir directamente, incluso si llega oficialmente a Palacio. “El fujimorismo no se va a apoderar del Estado. Ya lo hizo. Ha ido capturando todas las otras instituciones de los otros poderes del Estado a tal punto que ha desvirtuado la institución presidencial. Así no la gane, seguirá teniendo el poder real. Si se quiere acabar con el fujimorismo, se tiene que acabar con el Estado fujimorista”, ha reflexionado la antropóloga María Fe Celi.
En el 2016, Fuerza Popular obtuvo 73 escaños en el Parlamento. Una mayoría absoluta que le permitía llevar a cabo reformas profundas. No obstante, la bancada naranja fue catalogada de obstruir al Ejecutivo y boicotear su labor. En esta contienda, si la tendencia de los conteos se mantiene, la agrupación política de Keiko Fujimori volverá a tener amplia mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Todo indica que la segunda fuerza será Renovación Popular. Perú parece orientarse inevitablemente hacia la derecha, en la misma línea que otros países latinoamericanos recientemente.
Ningún país ha querido acoger hipopótamos colombianos, descendientes de los cuatro ejemplares que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente desde África en 1981. “El silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibirlos”, ha reconocido este lunes la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, en una rueda de prensa. Colombia, entonces, recurrirá a la eutanasia para frenar la expansión de esta especie invasora, de la cual hay unos 160 ejemplares en el país sudamericano. “Sin esa acción es imposible controlar la población. Las estimaciones indican que a 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas, afectando nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga de río”, ha subrayado la ministra.
La historia de los hipopótamos colombianos empezó en la Hacienda Nápoles, a 150 kilómetros de Medellín, donde Escobar montó un zoológico privado con rinocerontes, elefantes y otros animales comprados en el mercado ilegal internacional. Las tres hembras y un macho originales comenzaron a reproducirse en un clima propicio y en un entorno sin depredadores que los amenazaran. Con el tiempo, tomaron el río Magdalena, el más grande del país, y se expandieron por Antioquia y los departamentos vecinos de Santander y Bolívar. Se volvieron habituales las noticias de campesinos que se los encontraban en las carreteras y que, en algunos casos, fueron víctimas de ataques.
Los hipopótamos, que pueden pesar hasta tres toneladas y consumir 70 kilos de alimento por día, producen todo tipo de afectaciones en el ecosistema. La descomposición de sus desechos produce bacterias, que a su vez liberan dióxido de carbono en los pozos y ríos en los que pasan gran parte del día. Cuando se mueven, también afectan los suelos: trasladan tierra, minerales, pequeños organismos. La ministra Vélez ha sido enfática este lunes en que la prioridad de Colombia debe ser proteger a los nativos: “Es en responsabilidad con nuestros ecosistemas que tenemos que tomar estas acciones”.
Hace años que la comunidad científica debate cómo controlar la reproducción descontrolada, sobre todo ante proyecciones que indican que habrá 1.000 ejemplares en 2035 si no se hace nada al respecto. Aunque hay consenso en la necesidad de reducir la población, hay desacuerdos sobre el cómo. Sectores animalistas y progresistas han cuestionado durante años que se recurra a la caza o eutanasia, y han pedido que se opte por otras opciones, como la captura y esterilización quirúrgica. El problema es que es demasiado costoso y poco viable en una población que ya supera el centenar. Tampoco ha sido posible recurrir a los confinamientos en espacios delimitados, ya que es altamente probable que los hipopótamos se escapen.
El Gobierno de Gustavo Petro había planteado una solución intermedia en 2024, luego de décadas de inacción. Propuso un “plan para el manejo” con cuatro vías: las ya señaladas —esterilización quirúrgica, el confinamiento—, la reubicación a otros países y, “como último recurso”, la eutanasia, más conocida en el área como la caza de control. El traslado a países como México o Filipinas era un elemento clave de un programa que buscaba no solo resolver el problema ambiental, sino mantener con vida a los hipopótamos colombianos. Según ha explicado Vélez este lunes, hubo varios santuarios que manifestaron interés en recibir a algunos ejemplares, pero ningún Gobierno aprobó los permisos necesarios para habilitarlo.
Ningún país ha querido acoger hipopótamos colombianos, descendientes de los cuatro ejemplares que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente desde África en 1981. “El silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibirlos”, ha reconocido este lunes la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, en una rueda de prensa. Colombia, entonces, recurrirá a la eutanasia para frenar la expansión de esta especie invasora, de la cual hay unos 160 ejemplares en el país sudamericano. “Sin esa acción es imposible controlar la población. Las estimaciones indican que a 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas, afectando nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga de río”, ha subrayado la ministra.
La historia de los hipopótamos colombianos empezó en la Hacienda Nápoles, a 150 kilómetros de Medellín, donde Escobar montó un zoológico privado con rinocerontes, elefantes y otros animales comprados en el mercado ilegal internacional. Las tres hembras y un macho originales comenzaron a reproducirse en un clima propicio y en un entorno sin depredadores que los amenazaran. Con el tiempo, tomaron el río Magdalena, el más grande del país, y se expandieron por Antioquia y los departamentos vecinos de Santander y Bolívar. Se volvieron habituales las noticias de campesinos que se los encontraban en las carreteras y que, en algunos casos, fueron víctimas de ataques.
Los hipopótamos, que pueden pesar hasta tres toneladas y consumir 70 kilos de alimento por día, producen todo tipo de afectaciones en un ecosistema que no es el de ellos. La descomposición de las bacterias que producen liberan dióxido de carbono en los pozos y ríos en los que pasan gran parte del día. Cuando se mueven, también afectan los suelos: trasladan tierra, minerales, pequeños organismos. La ministra Vélez ha sido enfática este lunes en que la prioridad de Colombia debe ser proteger a los nativos: “Es en responsabilidad con nuestros ecosistemas que tenemos que tomar estas acciones”.
Hace años que la comunidad científica debate cómo controlar la reproducción descontrolada, sobre todo ante proyecciones que indican que habrá 1.000 ejemplares en 2035 si no se hace nada al respecto. Aunque hay consenso en la necesidad de reducir la población, hay desacuerdos sobre cómo hacerlos. Sectores animalistas y progresistas han cuestionado durante años que se recurra a la eutanasia y han pedido que se opte por otras opciones, como la captura y esterilización quirúrgica. El problema es que es demasiado costoso y poco viable en una población que ya supera el centenar. Tampoco ha sido posible recurrir a los confinamientos en espacios delimitados, ya que que es altamente probable que los hipopótamos se escapen.
El Gobierno de Gustavo Petro había planteado una solución intermedia en 2024, luego de décadas de inacción. Propuso un “plan para el manejo”con cuatro vías: las ya señaladas —esterilización quirúrgica, el confinamiento—, la reubicación a otros países y, “como último recurso”, la eutanasia, más conocida en el área como la caza de control. El traslado en países, como México o Filipinas, era un elemento clave de ese programa que buscaba no solo resolver el problema ambiental, sino mantener con vida a los hipopótamos colombianos. Según ha explicado Vélez este lunes, hubo varios santuarios que manifestaron interés en recibir a algunos ejemplares, pero ningún Gobierno aprobó los permisos necesarios para habilitarlo.
La iglesia La Luz del Mundo ha vuelto a salirse con la suya en México. Esta vez se ha quitado de encima la investigación más amplia que pesaba sobre sus actuales líderes, la que desde 2019 encabezaba la Fiscalía General de la República (FGR). Para algunos, esta congregación evangélica sigue gozando de impunidad gracias a su poder económico, influencia política y vínculos con las élites del país donde nació hace un siglo. De abuelo a nieto, sus tres líderes espirituales han evadido los señalamientos de haber sostenido un oscuro sistema de abuso sexual infantil y enriquecimiento ilícito.
El cierre de la investigación de la FGR fue confirmado a través de un escueto documento en el cual se informa, sin ofrecer explicaciones, que la dependencia se decantó por “el NO ejercicio de la acción penal” en este caso, que tenía en la mirilla al líder espiritual de la iglesia, Naasón Joaquín García, familiares suyos, políticos y ministros de su círculo de mayor confianza.
La Fiscalía mexicana pasó casi siete años buscando víctimas de abusos sexuales y testigos de delitos financieros. Pero no logró nada. No se entiende por qué archivó el caso, ya que menciona cargos similares a los que el Gobierno de Estados Unidos interpuso en tribunales de Los Ángeles y Manhattan. Naasón Joaquín purga una sentencia de casi 17 años de prisión y enfrenta nuevas acusaciones federales de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos, por las que podría permanecer tras las rejas el resto de su vida.
Nassón Joaquín García en Jalisco, el 9 de agosto de 2017.Fernando Carranza (CUARTOSCURO)
A la primera mujer que levantó la voz, Sochil Martin, una antigua devota que declaró ante la FGR usando el pseudónimo de “Isabella”, le notificó la Fiscalía el pasado 6 de enero que le habían dado carpetazo al asunto desde diciembre. “Me siento decepcionada, otra vez siento miedo y vuelvo a perder confianza en la fiscalía. Me siento revictimizada”, dijo Martin a EL PAÍS. “Pero no nos vamos a quedar quejándonos, vamos a seguir luchando”.
Martin y su esposo, Sharim Guzmán, quien también abandonó la iglesia, impugnaron legalmente la decisión de la FGR y su queja será analizada este jueves en un tribunal en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.
Más de 1.100 páginas contenidas en dos tomos, que datan del 13 de junio de 2019 al 20 de febrero de 2020, dan cuenta de cómo la FGR parecía decidida a llegar al fondo del asunto. En ese tiempo, funcionarios mexicanos estuvieron en comunicación con el Departamento de Justicia de California, que le había fincado al pastor un rosario de cargos por tráfico humano, producción de pornografía infantil y violación de un menor. Mientras el “Apóstol de Jesucristo”, como le dicen sus seguidores, permanecía preso en una cárcel californiana, policías federales en México hacían preparativos para obtener evidencias.
Los “turistas” en la Provincia
Así fue aquel operativo a principios de septiembre de 2019. Los agentes se disfrazaron de turistas y se unieron al recorrido en autobuses dentro de la colonia Hermosa Provincia, sede de la congregación en Guadalajara, donde se alega que el llamado Apóstol participaba en orgías, vejaciones y abusos infantiles. Los detectives fotografiaron cada uno de los edificios del complejo, la casa de Naasón y el interior de su majestuoso templo mayor. Hasta compraron un himnario con alabanzas.
Naasón Joaquín García durante su audiencia en California, en junio de 2022.Carolyn Cole (AP)
Para entender las costumbres de los fieles y el manejo del dinero, hablaron con una guía de turistas, quien “dijo que la iglesia, para su funcionamiento, tiene una estructura de jerarquización entre doncellas, obreros, pastores, ministros y… Naasón Joaquín García… el representante de Dios en la Tierra”, describe el informe de la hoy extinta Policía Federal. Cuando le preguntaron sobre los diezmos, esta mujer se negó a dar más información “ya que ese dinero no les pertenece a ellos”.
Otra misión de los policías era localizar a una mujer que aseguraba haber sido una doncella del pastor. Era una joven estadounidense que permanecía secuestrada en una casa de Guadalajara. Las 24 horas del día era vigilada por fieles armados. Los agentes montaron guardia afuera de la casa, mientras ella conversaba a través de WhatsApp con un fiscal. “Abusaron de mí… Fui su esclava sexual”, escribió, se lee en el expediente de la FGR. La operación fracasó y perdieron contacto con ella. Días después, la joven llamó a la embajada de Estados Unidos en México y el FBI logró rescatarla. Al llegar a California le dieron el pseudónimo de Jane Doe 5, por ser la quinta denunciante en el caso de Los Ángeles.
Las indagaciones de la FGR no se limitaron a Jalisco. Los uniformados también fueron a otras propiedades ligadas a los Joaquín en Guanajuato, incluyendo un rancho y una colonia en Silao.
Fieles participan en la Santa Cena de la iglesia de La Luz del Mundo, en agosto de 2023.Francisco Guasco (EFE)
Otro operativo que resultó infructuoso fue tratar de localizar a la asistente personal del Apóstol, Azalia Rangel García, quien era buscada por las autoridades estadounidenses. Consiguieron su información personal a través de sus licencias de manejo, registros vehiculares y su pasaporte mexicano. Hasta hoy nada se sabe de ella. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró en 2025 que esta fiel habría recibido asistencia de la iglesia para ocultarse.
Rangel García es esposa de Gadiel Meléndez Arroyo, quien fue asesor del entonces senador Israel Zamora Guzmán. Como este, varios feligreses de La Luz del Mundo militan en el partido oficialista Morena, incluyendo el senador Emmanuel Reyes y prácticamente toda la membresía de la agrupación política Humanismo Mexicano. La congregación también cuenta con magistrados, legisladores locales, alcaldes y regidores en distintos lugares de México. Son parte de un brazo político de la iglesia denominado Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM).
Fueron el entonces senador Zamora Guzmán y la APEM quienes tramitaron los permisos para que en mayo de 2019 le hicieran un homenaje en Bellas Artes a Naasón Joaquín con motivo de su 50 cumpleaños, violando las normas del recinto. En el evento tocó la orquesta de la Marina mexicana y acudieron políticos de Morena. Una semana después detuvieron al Apóstol en Los Ángeles.
“La Luz del Mundo es una mafia y las cabezas de la mafia siguen maquinando toda esta delincuencia organizada”, advierte Martin. “¿Qué está haciendo la fiscalía? No está haciendo nada. Se les hizo más fácil cerrar el caso y no quedar mal con sus amigos”.
Seguidores de La Luz del Mundo, en agosto de 2023.Francisco Guasco (EFE)
Durante una entrevista que tuvo lugar en las instalaciones de la FGR en Mexicali, Baja California, el 17 de junio de 2019, Martin contó desde los detalles más íntimos de su infancia hasta descripciones escalofriantes de los abusos que sufrió de Naasón Joaquín y el padre de este, Samuel Joaquín, el antiguo Apóstol.
“Usábamos ropa muy pequeña que él (Samuel) nos daba. Era ropa muy pequeña, la cual teníamos que quitarnos muy lentamente cuando bailábamos. A mí me tocó bailarle a Samuel Joaquín en San Bernardino (California)… Me quitaba mi ropa y él me acariciaba”, narró Martin.
Las declaraciones contenidas en esas páginas han quedado relegadas al infame archivo del olvido de la FGR.
Una historia de impunidad
El padre del exsenador Israel Zamora Guzmán, Rogelio Zamora Barradas, era el operador político de Samuel Joaquín Flores, quien gobernó la iglesia durante 50 años hasta su muerte en 2014. Según denuncias, él lo ayudó a librarse de las acusaciones de abusos sexuales que un grupo de exfieles hizo en 1997. Se pusieron en huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación y denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco. Nada pasó.
Moisés Padilla aseguró en una entrevista que en 1998 concedió a la cadena Televisa que Samuel lo abusó siendo menor en un viaje a Puerto Vallarta. Días después fue secuestrado y apuñalado varias veces, hasta darlo por muerto. La Fiscalía estatal tomó su declaración en la cual acusaba a Samuel, pero nunca llegó a nada. Moisés huyó a California.
Vista aérea de la iglesia de La Luz del Mundo, en 2019.Leonardo Álvarez
Evadir la justicia ha sido parte de la historia de los jerarcas de esta iglesia. El fundador y abuelo del actual líder, Aarón Joaquín González, fue señalado de llevar una vida a cuerpo de rey con los diezmos, crear un harén de niñas que lo complacía sexualmente y de haber abusado en 1935 a su hermanastra, Guadalupe Avelar, de 11 años, de acuerdo con notas periodísticas.
Del abuso nació Abel Joaquín Avelar, quien a la postre se autoproclamó Apóstol por ser hijo de Aarón y fundó la llamada Iglesia de Jesucristo, que hoy tiene presencia en varias ciudades mexicanas.
Aarón murió en 1964 sin jamás haber pisado la cárcel por estos delitos.
Una “esclava” que decidió callar
Después de que Naasón Joaquín fue sentenciado en Los Ángeles en 2022, la FGR intentó conseguir la evidencia contenida en un iPhone y un iPad del pastor: cientos de imágenes de pornografía infantil y mensajes con las asistentes que le ayudaban a conseguir adolescentes de su iglesia para abusarlas. Pero el Gobierno de California ignoró sus peticiones y entregó ese material al FBI y a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
En 2023, el Distrito Central de California le fincó a Naason dos cargos de producción y posesión de pornografía infantil. La acusación derivó en un caso más extenso de crimen organizado y tráfico sexual, que se anunció el 10 de septiembre de 2025. El pastor, su madre Eva García y su sobrino Joram Núñez fueron puestos bajo custodia federal en Los Ángeles y Chicago.
Más de 30 agentes registraron aquel día las casas del Apóstol y su madre en el Este de Los Ángeles, donde encontraron más de un millón de dólares en efectivo, joyas, monedas de oro, lencería y supuestos videos de pornografía infantil. Se ha programado que este juicio inicie el 15 de marzo de 2027.
Naasón Joaquín García oficia una ceremonia, en agosto de 2018.AP
La FGR se quedó de brazos cruzados mientras la Fiscalía de Estados Unidos sumó a 13 denunciantes para el nuevo caso criminal radicado en un tribunal federal de Manhattan. Una fuente de EL PAÍS reveló que, durante un tiempo, funcionarios mexicanos se acercaron a una fiel que vivía en el centro de México y que decía haber sido reclutada para servir al Apóstol, aunque terminó siendo su “esclava sexual”. La mujer decidió, sin embargo, no seguir cooperando con las autoridades.
En los primeros meses de la investigación, la FGR fue consiguiendo documentos de varios fieles señalados de ser parte del oscuro entramado de la iglesia, incluyendo los políticos Hamlet García Almaguer, Fabio Castellanos Polanco, Silem García Peña, Israel Zamora Guzmán y Emmanuel Reyes.
Tampoco prosperó en México la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que en 2020 congeló varias cuentas bancarias, con casi 20 millones de dólares, ligadas a la congregación. La acción se anunció en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La denuncia alegaba que las asociaciones que constituían a La Luz del Mundo hacían transferencias monetarias para motivos ajenos a su misión evangelizadora, como adquirir propiedades, autos lujosos blindados y hacer transacciones internacionales. Al revisar las cuentas personales de Naasón Joaquín, la UIF detectó que gastaba más de lo que devengaba como director internacional de la iglesia y lo acusó de ser un evasor fiscal. Ese caso también fue archivado.
