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La iglesia La Luz del Mundo ha vuelto a salirse con la suya en México. Esta vez se ha quitado de encima la investigación más amplia que pesaba sobre sus actuales líderes, la que desde 2019 encabezaba la Fiscalía General de la República (FGR). Para algunos, esta congregación evangélica sigue gozando de impunidad gracias a su poder económico, influencia política y vínculos con las élites del país donde nació hace un siglo. De abuelo a nieto, sus tres líderes espirituales han evadido los señalamientos de haber sostenido un oscuro sistema de abuso sexual infantil y enriquecimiento ilícito.

El cierre de la investigación de la FGR fue confirmado a través de un escueto documento en el cual se informa, sin ofrecer explicaciones, que la dependencia se decantó por “el NO ejercicio de la acción penal” en este caso, que tenía en la mirilla al líder espiritual de la iglesia, Naasón Joaquín García, familiares suyos, políticos y ministros de su círculo de mayor confianza.

La Fiscalía mexicana pasó casi siete años buscando víctimas de abusos sexuales y testigos de delitos financieros. Pero no logró nada. No se entiende por qué archivó el caso, ya que menciona cargos similares a los que el Gobierno de Estados Unidos interpuso en tribunales de Los Ángeles y Manhattan. Naasón Joaquín purga una sentencia de casi 17 años de prisión y enfrenta nuevas acusaciones federales de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos, por las que podría permanecer tras las rejas el resto de su vida.

A la primera mujer que levantó la voz, Sochil Martin, una antigua devota que declaró ante la FGR usando el pseudónimo de “Isabella”, le notificó la Fiscalía el pasado 6 de enero que le habían dado carpetazo al asunto desde diciembre. “Me siento decepcionada, otra vez siento miedo y vuelvo a perder confianza en la fiscalía. Me siento revictimizada”, dijo Martin a EL PAÍS. “Pero no nos vamos a quedar quejándonos, vamos a seguir luchando”.

Martin y su esposo, Sharim Guzmán, quien también abandonó la iglesia, impugnaron legalmente la decisión de la FGR y su queja será analizada este jueves en un tribunal en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

Más de 1.100 páginas contenidas en dos tomos, que datan del 13 de junio de 2019 al 20 de febrero de 2020, dan cuenta de cómo la FGR parecía decidida a llegar al fondo del asunto. En ese tiempo, funcionarios mexicanos estuvieron en comunicación con el Departamento de Justicia de California, que le había fincado al pastor un rosario de cargos por tráfico humano, producción de pornografía infantil y violación de un menor. Mientras el “Apóstol de Jesucristo”, como le dicen sus seguidores, permanecía preso en una cárcel californiana, policías federales en México hacían preparativos para obtener evidencias.

Los “turistas” en la Provincia

Así fue aquel operativo a principios de septiembre de 2019. Los agentes se disfrazaron de turistas y se unieron al recorrido en autobuses dentro de la colonia Hermosa Provincia, sede de la congregación en Guadalajara, donde se alega que el llamado Apóstol participaba en orgías, vejaciones y abusos infantiles. Los detectives fotografiaron cada uno de los edificios del complejo, la casa de Naasón y el interior de su majestuoso templo mayor. Hasta compraron un himnario con alabanzas.

Para entender las costumbres de los fieles y el manejo del dinero, hablaron con una guía de turistas, quien “dijo que la iglesia, para su funcionamiento, tiene una estructura de jerarquización entre doncellas, obreros, pastores, ministros y… Naasón Joaquín García… el representante de Dios en la Tierra”, describe el informe de la hoy extinta Policía Federal. Cuando le preguntaron sobre los diezmos, esta mujer se negó a dar más información “ya que ese dinero no les pertenece a ellos”.

Otra misión de los policías era localizar a una mujer que aseguraba haber sido una doncella del pastor. Era una joven estadounidense que permanecía secuestrada en una casa de Guadalajara. Las 24 horas del día era vigilada por fieles armados. Los agentes montaron guardia afuera de la casa, mientras ella conversaba a través de WhatsApp con un fiscal. “Abusaron de mí… Fui su esclava sexual”, escribió, se lee en el expediente de la FGR. La operación fracasó y perdieron contacto con ella. Días después, la joven llamó a la embajada de Estados Unidos en México y el FBI logró rescatarla. Al llegar a California le dieron el pseudónimo de Jane Doe 5, por ser la quinta denunciante en el caso de Los Ángeles.

Las indagaciones de la FGR no se limitaron a Jalisco. Los uniformados también fueron a otras propiedades ligadas a los Joaquín en Guanajuato, incluyendo un rancho y una colonia en Silao.

Otro operativo que resultó infructuoso fue tratar de localizar a la asistente personal del Apóstol, Azalia Rangel García, quien era buscada por las autoridades estadounidenses. Consiguieron su información personal a través de sus licencias de manejo, registros vehiculares y su pasaporte mexicano. Hasta hoy nada se sabe de ella. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró en 2025 que esta fiel habría recibido asistencia de la iglesia para ocultarse.

Rangel García es esposa de Gadiel Meléndez Arroyo, quien fue asesor del entonces senador Israel Zamora Guzmán. Como este, varios feligreses de La Luz del Mundo militan en el partido oficialista Morena, incluyendo el senador Emmanuel Reyes y prácticamente toda la membresía de la agrupación política Humanismo Mexicano. La congregación también cuenta con magistrados, legisladores locales, alcaldes y regidores en distintos lugares de México. Son parte de un brazo político de la iglesia denominado Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM).

Fueron el entonces senador Zamora Guzmán y la APEM quienes tramitaron los permisos para que en mayo de 2019 le hicieran un homenaje en Bellas Artes a Naasón Joaquín con motivo de su 50 cumpleaños, violando las normas del recinto. En el evento tocó la orquesta de la Marina mexicana y acudieron políticos de Morena. Una semana después detuvieron al Apóstol en Los Ángeles.

“La Luz del Mundo es una mafia y las cabezas de la mafia siguen maquinando toda esta delincuencia organizada”, advierte Martin. “¿Qué está haciendo la fiscalía? No está haciendo nada. Se les hizo más fácil cerrar el caso y no quedar mal con sus amigos”.

Durante una entrevista que tuvo lugar en las instalaciones de la FGR en Mexicali, Baja California, el 17 de junio de 2019, Martin contó desde los detalles más íntimos de su infancia hasta descripciones escalofriantes de los abusos que sufrió de Naasón Joaquín y el padre de este, Samuel Joaquín, el antiguo Apóstol.

“Usábamos ropa muy pequeña que él (Samuel) nos daba. Era ropa muy pequeña, la cual teníamos que quitarnos muy lentamente cuando bailábamos. A mí me tocó bailarle a Samuel Joaquín en San Bernardino (California)… Me quitaba mi ropa y él me acariciaba”, narró Martin.

Las declaraciones contenidas en esas páginas han quedado relegadas al infame archivo del olvido de la FGR.

Una historia de impunidad

El padre del exsenador Israel Zamora Guzmán, Rogelio Zamora Barradas, era el operador político de Samuel Joaquín Flores, quien gobernó la iglesia durante 50 años hasta su muerte en 2014. Según denuncias, él lo ayudó a librarse de las acusaciones de abusos sexuales que un grupo de exfieles hizo en 1997. Se pusieron en huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación y denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco. Nada pasó.

Moisés Padilla aseguró en una entrevista que en 1998 concedió a la cadena Televisa que Samuel lo abusó siendo menor en un viaje a Puerto Vallarta. Días después fue secuestrado y apuñalado varias veces, hasta darlo por muerto. La Fiscalía estatal tomó su declaración en la cual acusaba a Samuel, pero nunca llegó a nada. Moisés huyó a California.

Evadir la justicia ha sido parte de la historia de los jerarcas de esta iglesia. El fundador y abuelo del actual líder, Aarón Joaquín González, fue señalado de llevar una vida a cuerpo de rey con los diezmos, crear un harén de niñas que lo complacía sexualmente y de haber abusado en 1935 a su hermanastra, Guadalupe Avelar, de 11 años, de acuerdo con notas periodísticas.

Del abuso nació Abel Joaquín Avelar, quien a la postre se autoproclamó Apóstol por ser hijo de Aarón y fundó la llamada Iglesia de Jesucristo, que hoy tiene presencia en varias ciudades mexicanas.

Aarón murió en 1964 sin jamás haber pisado la cárcel por estos delitos.

Una “esclava” que decidió callar

Después de que Naasón Joaquín fue sentenciado en Los Ángeles en 2022, la FGR intentó conseguir la evidencia contenida en un iPhone y un iPad del pastor: cientos de imágenes de pornografía infantil y mensajes con las asistentes que le ayudaban a conseguir adolescentes de su iglesia para abusarlas. Pero el Gobierno de California ignoró sus peticiones y entregó ese material al FBI y a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En 2023, el Distrito Central de California le fincó a Naason dos cargos de producción y posesión de pornografía infantil. La acusación derivó en un caso más extenso de crimen organizado y tráfico sexual, que se anunció el 10 de septiembre de 2025. El pastor, su madre Eva García y su sobrino Joram Núñez fueron puestos bajo custodia federal en Los Ángeles y Chicago.

Más de 30 agentes registraron aquel día las casas del Apóstol y su madre en el Este de Los Ángeles, donde encontraron más de un millón de dólares en efectivo, joyas, monedas de oro, lencería y supuestos videos de pornografía infantil. Se ha programado que este juicio inicie el 15 de marzo de 2027.

La FGR se quedó de brazos cruzados mientras la Fiscalía de Estados Unidos sumó a 13 denunciantes para el nuevo caso criminal radicado en un tribunal federal de Manhattan. Una fuente de EL PAÍS reveló que, durante un tiempo, funcionarios mexicanos se acercaron a una fiel que vivía en el centro de México y que decía haber sido reclutada para servir al Apóstol, aunque terminó siendo su “esclava sexual”. La mujer decidió, sin embargo, no seguir cooperando con las autoridades.

En los primeros meses de la investigación, la FGR fue consiguiendo documentos de varios fieles señalados de ser parte del oscuro entramado de la iglesia, incluyendo los políticos Hamlet García Almaguer, Fabio Castellanos Polanco, Silem García Peña, Israel Zamora Guzmán y Emmanuel Reyes.

Tampoco prosperó en México la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que en 2020 congeló varias cuentas bancarias, con casi 20 millones de dólares, ligadas a la congregación. La acción se anunció en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia alegaba que las asociaciones que constituían a La Luz del Mundo hacían transferencias monetarias para motivos ajenos a su misión evangelizadora, como adquirir propiedades, autos lujosos blindados y hacer transacciones internacionales. Al revisar las cuentas personales de Naasón Joaquín, la UIF detectó que gastaba más de lo que devengaba como director internacional de la iglesia y lo acusó de ser un evasor fiscal. Ese caso también fue archivado.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dado un paso más hacia el deshielo con España. La mandataria ha reconocido este lunes que “en el último año” el Gobierno de Pedro Sánchez y la Casa Real han mostrado un “acercamiento distinto” sobre el papel de los expedicionarios españoles durante la Conquista y el periodo colonial. “Hay que reconocer que hay un avance en lo que han declarado”, ha destacado en su conferencia matutina. También ha asegurado que, durante su visita a Barcelona el fin de semana, mantendrá una reunión con Sánchez y que, por el momento, no contempla una cumbre con el rey Felipe VI.

Sheinbaum ha decidido ir aún más allá. En un nuevo paso hacia la distensión, la presidenta ha relegado, al menos por ahora, la demanda de perdón a España por los desmanes de la Conquista, como pidió a través de una carta su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador. Fue precisamente esa posición la que desembocó en el alejamiento entre ambos gobiernos progresistas hace casi una década. En su lugar, la presidenta ha optado por una posición más templada: “Es importante que sigamos en esta visión [de la historia], que sigamos enviando muchas exposiciones, que vayan antropólogos mexicanos a España a explicar lo que eran las grandes civilizaciones, que se escuche lo que fue la llegada de los españoles”.

Las palabras de Sheinbaum no son menores. Son parte de un giro en las relaciones en ambos lados del Atlántico. El volantazo se da, además, en un momento particularmente difícil para los Ejecutivos progresistas ante la oleada de Gobiernos ultraconservadores afines al presidente estadounidense, Donald Trump. En ese sentido, la presidenta mexicana, que no acostumbra a las giras internacionales, ha decidido cruzar el charco para asistir al encuentro de dirigentes en la capital catalana. “Consideramos también que es importante que en estos momentos la voz de México y la doctrina de política exterior que representa México tengan una voz”, ha resaltado.

De hecho, Sheinbaum también ha decidido destacar el cambio de postura de Sánchez y del Rey sobre la Conquista en términos políticos. “Hay que ser sensibles [porque] en España, la derecha dijo : ‘¿¡Cómo es posible que reconozcan a los indios y los abusos que hubo durante la invasión española!?“.

La visita a Barcelona será la primera de un presidente mexicano desde 2018. En aquella ocasión, Enrique Peña Nieto se reunió con Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular, y con los Reyes. Un año después, ya en la Administración de López Obrador y con Sánchez en La Moncloa, el socialista visitó al primer mandatario de izquierdas en democracia en Ciudad de México.

Poco más de dos meses más tarde, todo voló por los aires. El mandatario latinoamericano envió una carta a Felipe VI en la que exigía a la Corona española un gesto de reparación a los pueblos indígenas. La idea era lograr esa muestra simbólica de cara a los 500 años de la llegada de Hernán Cortés en el territorio que hoy es México. El resultado fue una crisis que apenas ahora comienza a distensarse.

El momento intelectual (más que político, ya que hay inflexiones que se están gestando en el mundo exterior) es sumamente difícil para las izquierdas. La ofensiva antiprogresista en la academia global es evidente (con la proliferación de universidades ideológicas y la multiplicación de intelectuales públicos de derechas), así como entre los blogueros en quienes arrecia el discurso en contra de la ilustración y de todo atisbo de propuesta igualitaria: es un tiempo de libertad de emprendimiento a todo precio, especialmente en el mundo económico en donde es un leitmotiv, con serios reparos para instalar el mismo discurso sobre las libertades en el mundo político (dada la proliferación de democracias iliberales que aborrecen de las libertades civiles y políticas).

Es en esta situación de asedio de las izquierdas que el progresismo chileno, a través del Instituto socialista Igualdad, convocó a reflexionar en un ciclo de charlas sobre el concepto constitutivo del socialismo: la igualdad.

¿Qué se quiere decir a través de este término? ¿A qué sociedad convoca? ¿Es atractiva una sociedad igualitaria o infunde temor? Son estas preguntas a las que hay que responder, partiendo por la afirmación de que la igualdad puede infundir temor y hasta miedo, y no pasión. Dicho de otra forma, la igualdad está muy lejos de generar adhesión: el fundamento de estos miedos difusos provocados por la igualdad, nunca claramente estampados en preguntas de encuestas, se encuentra en la creencia de que sociedades igualitarias bajo gobiernos igualitarios (en los que cabe más o menos todo, desde Cuba hasta los países nórdicos) desembocan inevitablemente en administraciones mediocres, empobrecedoras, injustas y, como en Cuba, hostiles a la libertad económica y política. Esta es la doxa que se ha impuesto sobre las luchas por la igualdad: si algún sentido práctico tiene bregar políticamente por la igualdad, entonces hay que desmontar esta doxa. El problema es que una doxa, precisamente porque se adhiere al orden establecido a partir de ideas y supuestos que se presentan y materializan como evidentes, es muy difícil de modificar. Es en este sentido que el pensamiento de derechas, en todas sus variantes, siempre llevará la delantera: tiene a su favor no solo el orden establecido de las cosas, sino los supuestos y las creencias en las que este orden se sustenta, es decir una doxa.

Por razones extrañas, se impuso en las izquierdas (especialmente comunista y en las pocas nuevas izquierdas que se han originado con algún éxito en distintas partes del mundo) una concepción rígida de la igualdad. Una parte de la explicación de esta aberración se encuentra en el carácter abstracto de la igualdad: es mucho más fácil constatar la desigualdad que imaginar una sociedad igualitaria. ¿Cómo no ver que esas izquierdas ignoran al propio Marx cuándo este ensaya un extraordinario aforismo, al sostener “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”, en la Crítica del Programa de Gotha de 1875? ¿Cómo no percatarse en el doble su del aforismo, los que describen una noción más plástica e individualista de lo que debiese ser una sociedad igualitaria, socialista, cuya condición de posibilidad descansa en un fundamento moral que no es fácil de establecer, y que se encuentra implícitamente presente en las nociones también complejas de justicia y equidad?

Es este extraordinario aforismo, respecto del cual Marx nunca ofreció muchas precisiones, lo que explica la histórica oscilación de socialistas y socialdemócratas entre la igualdad de oportunidades (un principio netamente liberal) y la igualdad de resultados (un principio netamente socialista). Si entre 1945 y 1975 la izquierda socialista privilegió el polo redistributivo para los fines de una igualdad de resultados, a partir de entonces esta misma izquierda se movió hacia el polo liberal de la ecuación igualitaria: es cierto, con muchas diferencias, ya que no es lo mismo la tercera vía de Tony Blair que las variantes nórdicas de estas coordenadas, aunque en todos los casos se abrió paso la crítica paternalista a la igualdad de resultados para entronizar la igualdad de oportunidades. No se trata de elegir entre uno u otro de los bordes de esta polaridad: lo que hay que hacer es justificar lo que se entiende por igualdad y, sobre todo, como sociedad igualitaria en cada uno de estos polos. Buena parte de la crisis de la socialdemocracia de hoy se explica por no haber sido capaz de proporcionar justificaciones para sus elecciones de políticas igualitarias, especialmente las que descansaban en una igualdad de oportunidades descuidando el otro polo, lo que fue resentido por su electorado más tradicional como abandono y desamparo.

Todo esto puede sonar muy abstracto, pero es extraordinariamente concreto: ¿hasta dónde y en qué medida debe haber libertad de elección de colegios y liceos para los padres? La misma pregunta se formula en materia de salud y de fondos de pensiones, reconociendo que hay límites técnicos, tributarios y de recursos involucrados: el problema es que, en este tipo de asuntos, las respuestas y elecciones de política no deben ser nunca completamente técnicas, ya que implican concepciones de la vida buena y de cómo vivir juntos en igualdad (en alguna medida y en algún sentido).

Ante la complejidad, las nuevas izquierdas encontraron en las políticas de la identidad una fuente de elusión de respuestas a preguntas sobre la igualdad, arrastrando a socialistas y comunistas fuera de sus culturas de origen. Nada se saca con juegos de palabras, en donde la libertad de elegir identidades y, sobre todo, de asumirlas en público se justifica en nombre de… la igualdad (todos tienen el igual derecho a ser en público como son en su esfera privada). Este razonamiento tautológico es tramposo y políticamente ineficiente: funcionó por un rato para que las izquierdas, incluido el socialismo, resistieran la ofensiva neoliberal que desde fines de los 70 está hackeando el pensamiento igualitario. ¿Hay socialismo en todas estas cosas? Algunos piensan que sí, argumentando sobre un socialismo interseccional: puede ser. Pero, de existir, no resuelve ninguna de las luchas que originaron a las izquierdas: el socialismo no nació para defender causas y grupos particulares, sino luchas universales para la emancipación de la humanidad. En tal sentido, del mismo modo en que existen los delitos de elusión en materia tributaria, también existen los delitos de elusión en materia intelectual y política.

La principal crítica que se le puede formular al Gobierno de Boric es que incurrió en un grave delito de elusión ideológica e intelectual, el que pudo ser contenido a punta de retórica (de la buena, pero sin fondo) por el expresidente.

El problema de la igualdad debe ser abordado tomando muy en serio el aforismo de Marx, sin las deformaciones del comunismo cubano (cuyas soluciones son enteramente estatales, más que públicas), pero evitando las desfiguraciones del comunismo chino. Sigo pensando que la única alternativa de todas las izquierdas es la socialdemocracia: es en ese marco, armonizado con el aforismo de Marx, que se deben mover, y no criticando de modo infantil el “dios recurso” por el presidente del Partido Comunista de Chile Lautaro Carmona exigiendo gastar más… como si las restricciones presupuestarias no existieran.

Lo distinto es el nuevo estado del mundo, tecnológico y con orientación al iliberalismo. Para que la igualdad tenga sentido y haga sentido popular, es preciso evaluar cómo se ha gobernado hasta ahora, sin perder de vista el público natural de la socialdemocracia, las clases medias y populares que están mutando, lo que dibuja un universo mucho más heterogéneo de lo que las izquierdas pueden creer y aceptar. Para partir, hay que volver a los fundamentos y retomar las luchas por los bienes comunes, desde el aire hasta el agua sin los cuales no puede haber igualdad alguna: si los bienes son comunes, el acceso al goce de esos bienes debe ser radicalmente igualitario. Desde los bienes comunes, cuya extensión es necesaria y requiere de justificaciones, podrá ser posible habitar un mundo común, un mundo que es algo así como una sociedad igualitaria.

Catalina Giraldo quiere poner fin a su vida con sus propias manos. A diferencia de cerca de mil colombianos que han muerto por eutanasia practicada por un médico, en el final que ella imagina el profesional de la salud solo le suministrará los medicamentos con los que ella misma se quitará la vida. Sin embargo, lo que hace del suyo un caso único no es solo que sea el primero en el que una persona sería destinataria de la Asistencia Médica al Suicidio (AMS) ―despenalizada desde 2022― sino que, además, sería el primero con el que la enfermedad grave e incurable que sustenta su solicitud no es física, sino mental.

Giraldo tiene treinta años, y desde hace diez depende de tratamientos para vivir con su enfermedad: Trastorno Depresivo Mayor severo y persistente, Trastorno Límite de la Personalidad y Trastorno de ansiedad no especificado. Su diagnóstico ha traído consigo cuarenta esquemas farmacológicos distintos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva, terapia con ketamina y nueve hospitalizaciones psiquiátricas. Ninguno ha logrado su mejoría sostenida o definitiva.

Así lo recoge el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —DescLab, organización que la acompaña en el proceso judicial con el que busca acceder al AMS. Según resalta en su página web, esta situación —que se traduce en insomnio persistente, pesadillas, opresión en el pecho, agotamiento físico, deterioro cognitivo, efectos adversos de medicamentos, pérdida de memoria e intentos de suicidio— le genera “un sufrimiento que es incompatible con su idea de dignidad”. De allí su deseo de morir de forma segura, acompañada de profesionales y sin sufrimiento.

Este caso es, así, emblemático. A diferencia de otros casos, como el de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia a finales de marzo por dolencias físicas, en la historia de Giraldo el debate se centra principalmente en el aspecto psicológico de sus dolencias. Y, sobre todo, en su autonomía para tomar la decisión de acabar con su vida.

La AMS fue despenalizada —al igual que la eutanasia— por una decisión de la Corte Constitucional. Fue en una sentencia en la que la Corte argumentó que, si la eutanasia estaba permitida, con mayor razón debía estarlo la AMS, en la que el paciente tiene más autonomía para terminar con su vida. “Quien pretende acudir a la ayuda de un médico para la AMS, lo hace en ejercicio de su autonomía personal”, afirmó la Sala Plena.

Sin embargo, la Corte no precisó el alcance del AMS cuando el sufrimiento tiene origen psíquico. Por eso, en este caso el debate jurídico gira alrededor de una nueva pregunta: si una persona cuya capacidad de decisión podría estar comprometida por su enfermedad puede pedir que se le permita poner fin a su vida, en un contexto en el que el Estado también tiene el deber de prevenir las conductas suicidas. De ahí que la jurisprudencia exija que, para ejercer el derecho a morir dignamente, la decisión sea consciente, voluntaria e informada.

El debate jurídico

“Prevenir la conducta suicida hace parte del conjunto de acciones que debe desplegar el Estado para garantizar el derecho a la salud pública”, explica Diana Rocío Bernal, doctora en Bioética y Biojurídica y profesora de la Universidad del Rosario. A su juicio, aunque a primera vista podría parecer que existe una contradicción entre el deber de prevenir el suicidio y la obligación de garantizar el derecho al suicidio médicamente asistido, esa tensión no es necesariamente insalvable.

“La conducta suicida no ocurre de manera aislada, sino que está enmarcada en condiciones de salud mental. De ahí que el Estado tenga la obligación de poner en marcha esfuerzos orientados a atender esas condiciones y a prevenirla”, explica la también codirectora de la Maestría en Bioderecho y Bioética. Pero, según plantea, esa tensión puede leerse de otra manera: la prevención del suicidio busca evitar el “suicidio traumático”, no necesariamente restringir el derecho a morir con dignidad.

Esta tensión debe ser resuelta por el Congreso de la República ―que debe expedir una ley para regularlo― y por el Ministerio de Salud ―que debe reglamentarlo―. Ninguno de los dos ha cumplido con su deber. Esta ausencia de reglamentación es “precisamente la que hoy genera barreras de acceso y efectivización del derecho al AMS como parte de la muerte digna”, concluye.

El debate médico

La regulación, de hecho, es la que debería darles a los médicos criterios claros para definir quién puede acceder al procedimiento y qué tipo de padecimientos pueden dar lugar a una muerte digna. Al respecto, la sentencia que permitió la AMS insistió en que “es necesario mitigar en la mayor medida posible los riesgos de una decisión que responda a un momento de flaqueza transitorio, con un resultado irreversible, a través de una regulación adecuada y robusta técnicamente”.

Por ejemplo, “la regulación debe advertir la diferencia entre una enfermedad incurable y una enfermedad grave, porque confundirlas es una barbaridad”, afirma Natalia Cáceres Duque, médica de la Universidad El Bosque y magíster en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad Internacional de Valencia. Sin esa precisión, advierte, podrían presentarse casos de personas con una situación de salud compleja que, pese a que todavía pueden ser tratadas, insistan en su deseo de morir.

De allí que sea necesario adoptar ―como se ha hecho en España― una norma que permita que la intervención médica para poner fin a la vida se dé cuando un paciente “tiene una enfermedad incurable, terminal o un padecimiento insoportable”. La diferencia no es menor: una enfermedad incurable suele ser progresiva, deteriorativa e irreversible, y solo admite tratamiento paliativo; una grave, en cambio, supone un alto riesgo de mortalidad a corto y mediano plazo, pero puede ser tratable. En otras palabras, no siempre son condiciones necesariamente mortales.

Cáceres insiste en la necesidad de “estudiar cada caso con rigor y evaluarlo muy bien”. En su criterio, la calidad de vida es un elemento “absolutamente importante” y depende, en buena medida, de cómo cada persona experimenta la vida y el sufrimiento, con las cargas morales y religiosas que también rodean la decisión. Al final, dice, el papel del médico es garantizar que la persona que opte por la AMS tenga “un final lo más certero y digno posible”. En esos procedimientos, explica, por lo general se utilizan barbitúricos para inducir un sueño profundo, combinados con agentes sedantes y relajantes neuromusculares.

Cuando se trata de enfermedades mentales, dice Cáceres, el asunto se vuelve todavía más complejo. Se trata, asegura, de una discusión que sigue abierta en el ámbito médico. “Para la medicina es muy difícil encasillar a los pacientes entre quienes tienen enfermedades orgánicas [demostrable en tejidos u órganos del cuerpo] y los quienes tienen alteraciones en la esfera mental”, explica. Por eso, insiste, “cada paciente es un mundo diferente” y debe ser abordado como tal.

El debate psicológico

“La ideación, los pensamientos o la conducta suicida no siempre tienen origen en una afectación de salud mental”, explica Johana Taborda, psicóloga con estudios en acompañamiento a procesos de duelo y fundadora de INTUITIVAS, una colectiva de psicólogas y pedagogas feministas. A veces, dice, son la respuesta a factores de alto estrés o a experiencias traumáticas. De ahí que “sea fundamental la prevención para evitar que esos factores se vuelvan crónicos y deriven en enfermedades mentales”.

Cuando una persona recibe atención y acompañamiento oportunos, “desarrolla herramientas que le permiten tener una mejoría en el tiempo”, destaca Taborda. Esa evolución puede verse, dice, en “un cambio en la narrativa de sus pensamientos suicidas”, que vuelve a situar su “potencia en la vida”. En la AMS, en cambio, el solicitante debe acreditar criterios clínicos claros, visibles en atenciones prolongadas, hospitalizaciones y tratamientos previos. Lo que allí se busca establecer es la existencia de “un sufrimiento persistente, prolongado, con repercusiones corporales, emocionales y mentales que permanecen a lo largo de la vida de una persona”.

“Aquí la idea de morir no desaparece, sino que permanece y se repite en el tiempo”, explica. La persona, añade, “la nombra como opción porque no hay una mejoría ni una respuesta favorable positiva ni adherencia a los procesos médicos, psiquiátricos y psicológicos”. Además, en algunos casos hay una afectación visible en el cuerpo: se manifiesta en dolores físicos, alteraciones del sueño, molestias articulares y cambios en el sistema nervioso central.

Para Taborda, la prevención del suicidio no puede pensarse por fuera de “los roles socioculturales, los estereotipos de género y las inequidades”. En el caso de Giraldo, dice, ese punto es clave, porque ella ha relatado su paso por distintos tratamientos médicos, psiquiátricos y psicológicos. “A diferencia de los hombres, las mujeres buscan narrar su malestar, mientras que los hombres generalmente se lo guardan”, precisa. Eso ayuda a explicar, añade, por qué ellos suelen acudir menos a la atención psicológica y presentan tasas de suicidio más altas.

La Corte Constitucional no seleccionó para revisión la tutela con la que Giraldo busca acceder a la AMS. Como ocurre con miles de expedientes que llegan cada mes al tribunal, el caso quedó por fuera del reducido grupo sobre el que la Corte decide pronunciarse de fondo. Eso deja en pie la negativa de los jueces de instancia a su procedimiento. Por ahora, sin embargo, aún le quedan dos posibilidades: solicitar que algún magistrado insista en la selección del caso o esperar a que una nueva tutela, que radicó en noviembre de 2025, sea elegida para revisión en mayo de 2026.

La Línea 106 de la Secretaría de Salud de Bogotá atiende a las personas con conductas suicidas y sus allegados. Puede comunicarse marcando 106 desde su teléfono, escribiendo a la Línea de WhatsApp 3007548933 o enviando un correo a linea106@saludcapital.gov.co.

Como se esperaba, el noveno presidente de Perú en una década es una incógnita que tardará en despejarse. A 18.00 (hora local), luego de que se ampliara el horario de votación por retrasos en la instalación de mesas, el país se detuvo al conocer los primeros resultados no oficiales. Los boca de urna de las encuestadoras Ipsos y Datum sitúan en primer lugar a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con el 16,5% de los sufragios. La incógnita estriba en conocer quién será su rival, dado el práctico empate técnico entre los cuatro candidatos siguientes. Ipsos ubica a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el segundo lugar con 12,1%, seguido muy de cerca de Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 11,8%, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11% y Jorge Nieto (Buen Gobierno) con 10.7%.

Por su parte, Datum sitúa a López Aliaga en la segunda casilla con 12,8%, seguido de Nieto con 11,6%, Belmont con 10,5% y Sánchez con 10%. Lejos de alcanzar el 50% de las preferencias que la convertirían automáticamente en ganadora, Fujimori disputará la presidencia por cuarta ocasión en una segunda vuelta, programada para el 7 de junio. Su contrincante entonces se definirá conforme se procesen las actas en las próximas horas.

Hacía tiempo que un flash electoral no era tomado con tanta cautela. No hubo fuegos artificiales ni grandes explosiones de júbilo. Era predecible por la dispersión del voto: 35 alternativas a la presidencia, en una cédula más grande que un cartón de pizza familiar y casi del tamaño de un televisor de 32 pulgadas. Este proceso electoral es decisivo, porque además del nuevo jefe de Estado, se ha votado la recomposición del Congreso, que volverá a tener dos cámaras luego de 34 años. Se han elegido a 130 diputados y 60 escaños para el Senado, además de quince representantes al Parlamento andino entre titulares y suplentes.

Perú padece un ciclo crónico de inestabilidad desde 2016. En ese lapso de tiempo ningún presidente ha concluido su mandato y quienes han terminado asumiendo el máximo cargo del Ejecutivo han sido vicepresidentes de bajo peso político y presidentes del Parlamento cuestionados. Si bien en el país andino rige un sistema presidencialista, se considera que quien gobierna en la práctica es el Congreso. El movimiento #PorEstosNo, gestado en la plataforma X, impulsó que se castigara en las urnas a los diez partidos políticos que actualmente integran la Cámara.

La jornada arrancó con sobresaltos en Lima, la capital, donde diversos ciudadanos reportaron que sus mesas de votación no habían sido instaladas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que se trataba de 85 locales, debido a inconvenientes con el traslado de los materiales. “13% de mesas no instaladas en Lima son casi 850.000 ciudadanos. Las últimas elecciones se definieron por una diferencia de 50.000 votos”, criticó Jorge Nieto, el candidato presidencial por el partido del Buen Gobierno.

En los días previos el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) atacó sin pruebas a la ONPE y denunció que “un fraude estaba en marcha”. El exalcalde de Lima se mantuvo en el primer lugar de las encuestas durante casi toda la campaña hasta que comenzó a desinflarse hace menos de un mes. El portal de investigación Convoca ha revelado que la empresa que generó el retraso en la entrega de material electoral fue proveedora de la Municipalidad de Lima durante la gestión de López Aliaga. Lo cierto es que en horas de la tarde, la ONPE informó que 211 mesas no llegaron a instalarse y, con ello, 63.300 personas se quedaron sin sufragar, lo cual ha afectado a la transparencia del proceso.

“Las fallas logísticas, de ninguna manera, pueden afectar los derechos de los ciudadanos de ejercer su voto (…) Esto no es acerca de una multa, es acerca del derecho de ir a votar por el candidato o candidata que los ciudadanos tienen derecho a hacer”, ha criticado Fujimori, la única aspirante que parece tener asegurado su pase a la segunda vuelta. Durante la mañana, la lideresa de Fuerza Popular visitó la tumba de sus padres en Huachipa, al este de Lima: Alberto Fujimori, el autócrata que gobernó el Perú en la década de los noventa, y Susana Higuchi, la ex primera dama que denunció haber sido torturada por orden de su esposo.

Sería la cuarta vez que Keiko pasa a la segunda vuelta. En todas perdió por un margen estrecho. En 2011 ante Ollanta Humala, en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 ante Pedro Castillo. En las dos últimas ocasiones señaló que se había cometido un fraude y desestabilizó al gobierno entrante. “La última voluntad de mi padre era que yo postule”, declaró luego de dejar flores en las lápidas y posar con la estatua del patriarca. Estuvo acompañada de sus hijas, Kyara y Kaori, y su hermana Sachi. Este es su primer intento sin la presencia del líder del fujimorismo, fallecido en el 2024, en libertad, luego de un cuestionado indulto.

El adversario de Keiko Fujimori todavía está por verse. Uno de los que asoma la cabeza es Roberto Sánchez, el heredero político de Pedro Castillo. El hombre que despidió su campaña montado a caballo en una plaza pública en Lima cuenta con el apoyo del interior del país. Los analistas han puesto en discusión que se trate de un outsider, pues ha sido congresista en el quinquenio reciente.

Quien podría arrebatarle el segundo lugar es Ricardo Belmont, el candidato de mayor edad de la contienda: 80 años. El aspirante de Cívico Obras es un viejo conocido de la política y los medios de comunicación. Fue alcalde de Lima, irrumpiendo a fines de los ochenta como un outsider. Era un locutor y conductor de televisión en aquel entonces. Ha sido denunciado por estafa por 40.000 peruanos que aportaron a su canal RBC. A pesar de ello, Belmont repuntó en los sondeos en la recta final, gracias a su alcance en Facebook, la plataforma donde más se informan los peruanos en temas electorales, y a la participación de su hija menor, Kristen, una veinteañera con muchos seguidores que hizo campaña por él en TikTok.

Al filo del cierre de las urnas, Rafael López Aliaga, otro de los que pelea por el segundo lugar, solicitó que se convoque a una elección complementaria en un plazo de 24 horas. “El proceso ya está manchado. Un millón de personas no han votado”, ha denunciado, aunque la ONPE ha especificado que se trata de 63.000 personas quienes se quedaron sin ejercer el derecho de votar. Sea como fuere, será una noche larga. Nada está dicho.

Con los traumas de la II Guerra mundial muy vivos aún, Austria y Alemania apenas se enteraron en 1946 de la aparición de un libro del vienes judío Viktor Frankl: La experiencia de un psicólogo en un campo de concentración. Apenas vendió y pocos se enteraron. Llegados los 60, y desde Estados Unidos, se convirtió sin embargo en superventas planetario.

A 80 años de su publicación y con un título bien distinto del original –El hombre en busca de sentido-, este longseller ha regresado a los escaparates hispanoamericanos y, en el caso chileno el domingo pasado, al 3° lugar del ranking de no ficción en El Mercurio (donde ya había estado en décadas pasadas, en algunas de sus tantas ediciones y reimpresiones).

“Es un libro que tiene la capacidad de ayudar a gente en situación de crisis, de catástrofe, de trauma incluso, y por eso, a pesar de haberse escrito en un contexto muy concreto, se vende en todos los países de América Latina”, cuenta Raimund Herder (Friburgo, Alemania, 62 años). Y remata, suspirando casi: “No conozco otro con esa dinámica y de esa fuerza. Es impresionante”.

Doctorado en filosofía en Friburgo, quien habla lleva el apellido de una editorial nacida a fines del siglo XVIII y cuya rama hispanoparlante dirige desde 1999, con sede en Barcelona. Instalado en las oficinas que tiene en la comuna santiaguina de Ñuñoa el sello Liberalia, distribuidor de Herder en Chile, conversa con EL PAÍS sobre el carácter que le gusta imprimir a una editorial como la suya, con sus 1.900 títulos en castellano. Y es entonces cuando concede que, con lo que tiene de humanista y trascendente, El hombre en busca de sentido expresa el espíritu de la editorial.

“Es un libro que Herder tiene en su catálogo desde hace casi 50 años”, cuenta. “Al inicio estaba en Psicología, porque no pensaban que iba a convertirse en un libro tan importante: a Frankl nadie lo conocía en el mundo hispanohablante, pero con los años se fue convirtiendo en una obra de mucha importancia y de mucha presencia”.

El mensaje de la obra, añade, “es que nadie te puede robar la dignidad humana en ningún momento, en ninguna circunstancia, incluso en las más horrorosas”. Y el diálogo al que esa constatación llama, remata, “forma parte de la esencia de la editorial: nos interesa que nuestros lectores tengan la impresión de que aquí hay propuestas que hay que tener en cuenta. Y que hay que leer”.

Razones para el optimismo

“Nací en una familia de editores, en una casa de editores”, cuenta. “Durante muchos años no tuve la intención de entrar en el negocio familiar. Estuve bastante tiempo en la universidad y pensaba quedarme ahí, pero tras doctorarme decidí finalmente que no. Trabajé en otras empresas, hasta que vi que me gustaba la idea de trabajar en mi editorial, tener toda la libertad y toda la obligación ejercer el cargo de editor”.

Hay que explicar en este punto, como lo hace el propio Herder, que él no es quien edita los libros (un editor, en inglés), sino quien lleva adelante el negocio editorial (un publisher), lo que en su caso sí supone jugarse por una obra nueva o desconocida, o bien bajarle el pulgar: “El criterio de publicar o no un libro recae en muy buena parte en mí, pero una vez firmado el contrato, el trabajo de la edición lo lleva un equipo de varias personas que saben hacer esto”.

¿Y qué publicar? En algún sentido, obras que resistan el paso del tiempo, pero sobre todo que se tomen el tiempo hasta que llegue su momento: desde la correspondencia de Martin Heidegger, un semicancelado al que Herder ha sabido acoger, hasta la versión dibujada de Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche; de Pensar/comer, donde la chilena Valeria Campos propone una aproximación filosófica a la alimentación, a los diferentes títulos del célebre autor de La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han, que el sello empezó a publicar varios años antes de que se convirtiera en un hit.

El catálogo de Herder, que participa de una trenza cultural que también integran la revista Filosofía&Co. y el portal web del mismo nombre, “crece de forma orgánica, y un manuscrito que se nos presenta tiene que dialogar” con él. Esto, en el entendido de que la suya es una tradición de libros “más bien académicos” en que “la figura del autor es importante”.

Iniciativas de diversa especie han ido en esta línea, siendo una de ellas la colección Contrapunto, que ahonda en la producción de filósofos -y en particular de filósofas- de Latinoamérica, como ocurre con la chilena Diana Aurenque, reciente autora de Animal ancestral. Hacia una política del amparo.

“Herder está hace más de 150 años en América Latina, e intentamos tener en cuenta el pensamiento desde América Latina”, dice el editor, que ocupa esta fórmula “para evitar la expresión filosofía latinoamericana”, que tiene sus problemas. Y ocurre que el 85% de los libros de la señalada colección son de autoras, “sin que lo hubiéramos buscado”. Dicho esto, “vendemos muy bien las [autoras] chilenas en Chile, las colombianas en Colombia, las mexicanas en México”, pero no fuera de sus respectivos países, con lo cual concluye que “la perspectiva nacional dificulta la difusión de una colección entera”.

“Lo que hemos intentado hacer en los últimos 25 años es divulgar más, llegar a un público más amplio y menos académico”, agrega Herder, poniendo las cosas en una perspectiva más amplia. Y ahí es donde el cómic y el manga [p. ej., de El contrato social, El Príncipe o El Manifiesto comunista] asoman como “buenos formatos para llegar a un público sin formación especializada, que tiene mucho interés, pero no lee los libros desde un interés académico: es un buen ejemplo de buscar nuevas formas, nuevas vías, pero haciendo lo mismo, porque no son mangas cualquiera, sino resúmenes de grandes obras de la filosofía o de la literatura”.

Porque lo importante es que el libro siga importando en sus distintos formatos, sobre todo el códice, el de papel, el que lleva dos mil años circulando y en el que inmediatamente pensamos cuando alguien dice libro.

Nada catastrofista a este respecto, Raimund Herder toma nota, sin embargo, de los desafíos del presente. Por ejemplo, el de la “universidad fragmentada” en que “el académico no escribe libros, sino artículos que llaman papers, mientras en sus clases ya no se leen libros, sino capítulos o fragmentos de libros. Esto significa que nadie compra un libro y nadie lee el libro entero, porque si solo tienen que leer 20 páginas no van a comprar todo el libro. Pero si no se compra el libro, no se paga el costo de producirlo, de pensarlo. Y me parece preocupante, porque el libro es la base del pensamiento humanista”.

Pero, pese a todo, “se ve que el libro no está muerto”, sentencia finalmente, de buen humor. “Llevo 30 años en el sector, y ya no sé cuántas veces me han dicho que el libro va a desaparecer, pero las librerías están llenas de libros y veo a los jóvenes de hoy con ganas de leer. Claro, la lectura es para algunos y otros no leen, y así ha sido siempre. Pero el libro físico se aprecia entre los jóvenes, y no sé si esto es una forma implícita de rebelarse contra las imposiciones del mundo digital en el que han crecido. Quienes hoy tienen 20 años nacieron con el celular y están volviendo al libro. Así que tengo buenas razones para ser optimista”.

Son días donde el país está empapelado de promesas. No hay esquina que no esté atiborrada de afiches que garantizan la esperanza de una vida más digna y próspera, pero sobre todo segura. En el Rímac, un distrito señorial de Lima venido a menos —bautizado con el mismo nombre del río que baña a la capital—, un aspirante a la presidencia se publicita con un ojo biónico para cazar delincuentes. Otro candidato a diputado, que se hace llamar El Patriota, se promociona con una fotografía digna de una vieja película de Rambo: grito furioso, ropa de comando y rostro pintado para camuflarse en el follaje de la selva.

El Perú escogerá su nuevo rumbo este domingo 12 de abril en una primera vuelta electoral. El candidato que resulte ganador será el noveno presidente en 10 años, luego de un largo periodo de inestabilidad política. Las encuestas anticipan que ninguno de los 35 aspirantes alcanzará el 50% necesario más un voto necesario para ganar en el primer turno. La segunda vuelta está prevista para el 7 de junio.

Debido a la escalada de extorsiones y sicariato, la seguridad ha copado el debate. La precariedad de la salud pública, el atraso educativo y la debacle cultural prácticamente no han existido en las campañas. Las propuestas se han centrado en acabar con la criminalidad, con recetas radicales y violentas, como construir una megacárcel como el Cecot de El Salvador.

Una mayoría de analistas políticos subraya el desánimo y la apatía con la que los peruanos acudirán a las urnas. Se sienten desencantados, dicen, por aquella clase política que ha debilitado a la investidura presidencial y que ha hecho poco por revertir el temor generalizado de salir a la calle. El historiador José Carlos Agüero tiene otra lectura. Considera que la ciudadanía expresará emociones muy intensas. “En Lima hay una emoción de repudio. Quizá no sea una emoción muy constructiva, pero en principio ya es algo. En las provincias del interior del país hay una fuerza de revancha y restitución muy poderosa porque sienten que la vacancia hacia Pedro Castillo fue un castigo contra ellos, por lo que él representaba. Ese no voto no es pesimista, sino reivindicativo”.

El expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde hace tres años y medio por un fallido intento de autogolpe, es una variable en la contienda electoral. Cuatro candidatos han asegurado que lo indultarán de ser gobierno. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien cuenta con el aval del propio Castillo —instó a votar por él en una audiencia judicial—; y Ronald Atencio (Venceremos), cuyos seguidores lo catalogan como el candidato de la “verdadera izquierda”. Pero también dos aspirantes a la presidencia que lo han dicho a escasos metros de la meta, como una promesa de último minuto: Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Ricardo Belmont (Cívico Obras).

En la carrera hacia Palacio arrancaron 36 candidatos, pero 35 continúan en competencia —el candidato Napoleón Becerra falleció el mes pasado—. La fragmentación ha logrado que una decena de candidatos tenga posibilidades de ser el próximo presidente del Perú a pesar de que ninguno alcanza el 20% de las preferencias. En esta semana, un diario local exhortó a que un grupo de candidatos catalogados de centro uniera fuerzas. Pero el endose de votos, a menos de 48 horas, parece improbable.

“Los actores no son lo que deseamos, son lo que son. No están diseñados para generar proyectos comunes ni alianzas. Son egoístas y autoritarios. Su ánimo es la competencia. Se van a canibalizar entre ellos”, dice Agüero, aunque reconoce que, a diferencia de otras elecciones, existe un “puñado de gente razonable y decente” que lo anima a pensar que hay un futuro. Ubica en ese grupo a Alfonso López Chau (Ahora Nación), Jorge Nieto (Buen Gobierno), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Más de 2.5 millones de peruanos votarán por primera vez. Un bolsón de votos que los candidatos han peleado con codicia, principalmente en Instagram y TikTok. César Acuña (Alianza para el Progreso) contó con el apoyo —se cuestiona cuánto les habría pagado— de influencers que repetían una y otra vez que el Chato “estaba en la cima”. La estrategia no se ha traducido en votos, y Acuña figura muy rezagado en los sondeos. Su agrupación política es una de las más influyentes en el Congreso y su poder peligra en el siguiente quinquenio.

“Las redes estuvieron sobresaturadas. No hubo eslóganes contundentes, jingles que marquen la diferencia. La competencia fue por atención, mas no por credibilidad. Hubo candidatos que priorizaron generar alcance con influencers bajo cualquier formato. O peor, uniéndose a trends, aunque hiciesen el ridículo”, describe Milagros Muñoz, especialista en comunicación política. “Una campaña es un ecosistema con diversos componentes. Capitalizar las redes sociales para consolidar un compromiso real urge”, remarca. Hace poco, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que Facebook continúa siendo la red más usada por los peruanos para informarse sobre las elecciones: 45% frente a un 27% de TikTok y 16% de YouTube. Tal vez algunos equivocaron la mira.

En un país como Perú, donde la gastronomía es una cuestión de Estado y el primer peldaño de una identidad en construcción, la comida tiene reservado un lugar en las elecciones generales. Debido a la prohibición de revelar encuestas en la última semana, la prensa le ha asignado un platillo a cada candidato para comentar cómo marcha en las encuestas. Fernando Llanos, un periodista con 2,4 millones de seguidores en TikTok, ha revelado que los cuatro primeros lugares le pertenecen por ahora a “makis con taper”, “ceviche de pez payaso”, “pollo colorado añejo” y “chancho a la olla”. Para más señas, Keiko Fujimori, una política de origen nikkei que fue denunciada por entregar dádivas en tapers; Carlos Álvarez, un humorista que se apoya en sus imitaciones para conectar con la gente; Ricardo Belmont, exalcalde de Lima, con 80 años a cuestas; y Rafael López Aliaga, autoproclamado Porky, como el cerdito de los dibujos animados.

Perú decidirá a su noveno presidente en una década. El tablero está tan pegado que el flash electoral del domingo podría ser un bumerán para quienes canten victoria antes de tiempo. Como en las últimas elecciones, los malos perdedores podrían recurrir al fantasma del fraude. La desesperada promesa de último minuto de Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), un candidato cuya intención de voto es mínima, acaso ilustra el nivel de las propuestas: “Volverá el 3×10”, gritó frente a un auditorio afiebrado. En buen cristiano: tres cervezas volverán a costar diez soles (menos de tres dólares).

El 2027 ha comenzado. Con más de un año de antelación sobre las elecciones de medio sexenio, la clase política ha empezado a enfilar sus baterías hacia la contienda en la que se renovarán miles de cargos públicos. Una primera muestra se dio en la madrugada del pasado jueves, al calor del debate con el que llegaba a su fin el proceso de reforma político-electoral. Los diputados del oficialismo y de la oposición protagonizaron una primera escaramuza de lo que se viene. El intercambio de acusaciones por corrupción y de presuntos vínculos con el narcotráfico marcaron el tono de una batalla preliminar de 15 horas, en la que ambos bandos resultaron heridos.

“Para ustedes será, sin ninguna duda, la tumba en las elecciones del 27. Van a volver a perder”, advirtió el diputado de Morena Leonel Godoy ante las provocaciones de una oposición que prolongó deliberadamente la discusión y aprobación del llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. “La 4T va a caer, va a caer, va a caer”, corearon panistas y priistas en otro momento de la sesión.

En una jornada plagada de descalificaciones, denuncias e insultos, fueron recurrentes frases como la del morenista Gabino Morales: “Nos vemos en el 2027, en el 2030, en el 33 y en el 36. Volverá a ganar el pueblo de México”. Y respuestas como la del panista Israel Damián Retes: “Saben muy bien que van a perder en 2027, por eso su nerviosismo, por eso su aferre a sus privilegios, al huachicol electoral, al dinero robado de los mexicanos, a esos fueros para poder cometer delitos”.

Como dijo la diputada de Movimiento Ciudadano Elizabeth Núñez Sánchez, “el 2027 está cerca”. Pese a que, en los hechos, falta un año para el inicio de las campañas.

El final del proceso de reforma electoral, que concluyó con cambios mínimos a la Constitución que en realidad no modifican las reglas de la contienda política, anticipó el inicio del proceso electoral en el que se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, casi 2.000 ayuntamientos en 31 Estados y 30 Congresos estatales. Y, con ello, se abrieron varias agendas. En primer lugar, la formación de coaliciones, un terreno en el que el oficialismo ha anunciado ya su intención de volver a conformar la alianza Morena-Verde-PT para competir juntos por la mayoría de los cargos federales y locales. La oposición, en cambio, se perfila para competir por separado, con el PAN, el PRI y MC disputándose el voto anti-4T. Al elenco habrá que sumar los nuevos partidos políticos que podrían entrar en escena en junio: dos ligados al oficialismo -Que Siga la Democracia y Construyendo Sociedades de Paz- y dos abiertamente opositores, Somos México y México Tiene Vida.

Precampañas adelantadas

En otro plano se colocan los procesos internos de partidos y coaliciones, con los que se definirán miles de candidaturas y que ya han sido anunciados por Morena, el Partido Verde, el PRI y el PAN. Esto augura un escenario de precampañas adelantadas, como ocurrió en 2023-2024 tanto en Morena (con el juego de las “corcholatas”), como en el Frente Amplio Opositor.

Morena anunció el pasado 7 de marzo las fechas y reglas de un proceso interno de elección de los “coordinadores de defensa de la transformación” en Estados, municipios y distritos electorales. Mediante encuestas, y a partir del 22 de junio, comenzarán a elegir a quienes terminarán siendo candidatos a gobernador, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales. El Partido Verde destapó ya 17 perfiles para sus prospectos por las candidaturas del oficialismo en los Estados que renuevan gubernatura: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

El PRI también dio a conocer algunos perfiles para buscar esas gubernaturas, así como un elenco de operadores territoriales para tratar de recuperar entidades que ha perdido frente a Morena en los últimos años. Y el PAN anunció el 21 de marzo una estrategia de reclutamiento de ciudadanos interesados en ser candidatos en 2027, mediante una aplicación en la que cualquier persona puede registrar sus datos para competir por una gubernatura, una diputación o una alcaldía.

Con ello, los partidos han obligado a las autoridades electorales a anticipar decisiones que den cauce legal a los procesos en los que se definirán las candidaturas. En estricto sentido, la ley marca el inicio de las precampañas en noviembre, pero los partidos ya dieron los primeros pasos y, en esa lógica, el Instituto Nacional Electoral ha iniciado contactos con las dirigencias partidistas para gestionar las contiendas internas. En México, existe la figura de “actos anticipados de campaña”, que puede dar pie a sanciones administrativas que pueden ir desde multas económicas hasta la pérdida del registro de un candidato, y de eso quieren librarse todos los partidos.

De hecho, el pronunciamiento del Consejo Nacional de Morena del 7 de marzo, donde dio a conocer el cronograma de selección de los “coordinadores de la defensa de la transformación”, fue denunciado como acto anticipado de campaña ante el Tribunal Electoral, que en esta semana decidió dar vía libre para que ese proceso continúe. En una resolución impulsada por tres magistrados de la Sala Superior -Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes-, el Tribunal decidió que no había infracción alguna en materia electoral.

En el INE, el consejero Arturo Castillo puso el tema sobre la mesa en la sesión de Consejo General del pasado 26 de marzo, cuando advirtió de que los partidos podrían incurrir en una violación de los tiempos y las leyes electorales y sugirió que la autoridad electoral emita lineamientos para regular los inminentes procesos internos. “Sabemos por los medios de comunicación que los partidos políticos Morena, PRI, PAN, MC y Verde han realizado asambleas, eventos y declaraciones públicas en los que anuncian la adopción de medidas, la generación de propuestas o el inminente inicio de procedimientos internos, presumiblemente como preparativos para los Procesos Electorales Federales y Locales 2026-2027. Como vimos también en las elecciones de 2024, prepararse para un proceso electoral próximo no es por sí mismo ilegal; sin embargo, adelantar los tiempos para estos preparativos sí representa un riesgo de afectar la equidad en la contienda electoral y, por ende, la legitimidad de sus resultados”, advirtió Castillo.

La semana pasada, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo ya una primera reunión con los representantes de los partidos para comenzar a definir los lineamientos sugeridos por el consejero Castillo. Mientras tanto, los partidos políticos ya están enfrascados en la lucha electoral, con tonos como los que se escucharon el pasado jueves en el Palacio Legislativo de San Lázaro. “La democracia no los necesita, están chiquititos; efectivamente en el 2027 van a desaparecer, la transformación va a seguir les pese y cueste lo que cueste, porque México ya habló”, dijo el morenista Ricardo Crespo. “En 2027 perderán todo lo que ustedes mismos han destruido y no supieron cuidar de México”, respondió el panista Agustín Rodríguez.

Es una pregunta pertinente, aunque pueda parecer absurda, pues se presume que la condición sine qua non para el desarrollo democrático de una campaña electoral es que todos los participantes en ella se reconozcan legítimamente como adversarios. En palabras del recientemente fallecido filósofo Jürgen Habermas, que se reconozcan como “interlocutores válidos”, en lugar de hacerlo como enemigos irreconciliables entre sí. No deberían tratarse entre ellos como una amenaza para la propia existencia y menos para la convivencia social. Pero esto último es lo que está sucediendo en la actual campaña por la Presidencia de la República en Colombia. Algo inaudito y hasta inverosímil, pues los tres aspirantes que puntean en las encuestas de opinión, Iván Cepeda, filósofo, Paloma Valencia, abogada, y Abelardo de la Espriella, también abogado, seguro leyeron con juicio en sus carreras el ensayo de Habermas ¿Es posible la legitimidad por vía de legalidad?, piedra angular de todo régimen democrático. Aunque dudo que Abelardo, sumergido en el derecho penal para la posterior defensa de delincuentes de cuello blanco como David Murcia Guzmán (DMG) y Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, haya tenido tiempo para leerlo. Pero le convendría hacerlo ahora, para que comprenda que es imposible disociar la política y la legalidad de la ética pública en su dimensión de principios y valores compartidos para la justicia y la convivencia social, sin caer en el absurdo de apelar a la imagen depredadora de un tigre y enarbolar un saludo militar supuestamente para “salvar a la Patria”. ¿Tendrá algún sentido civilizador, legal y democrático asociar la Patria con tigres y guerreros? ¿No será lo propio de la ley de la selva y del más fuerte, como lo está haciendo Trump en el actual caos internacional?

Deslegitimar y demonizar al contrario para ganar

Pero esta campaña, tal como está discurriendo, en lugar de serlo para la legitimación democrática se está convirtiendo en una pugna por la deslegitimación mutua entre estos tres candidatos y arrasar así con el más mínimo vestigio de democracia. Es decir, para invisibilizar e impedir vislumbrar el espíritu de la democracia, ya que su cuerpo está desaparecido junto a las más de 136.396 personas dadas por desaparecidas en desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, según el portal de datos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UNDPD). Las tres candidaturas se encuentran atrapadas en el “modo guerra” de hacer política y parecen no comprender que el principio fundacional y existencial de la democracia es la práctica de la política como deliberación y controversia sin violencia, según manda el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Causa perplejidad, estupor y hasta miedo que quienes aspiran a la Presidencia y la jefatura del Estado sean incapaces de estar a la altura de ese artículo constitucional, sin cuyo cumplimiento irrestricto no puede existir reconciliación política y mucho menos una verdadera democracia. Ya lo había expresado con lucidez filosófica y contundencia política el maestro Norberto Bobbio: “La democracia solo comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Y no hay duda, por la pugnacidad que predomina entre ellos, que cada uno está empeñado en eliminar la legitimidad democrática del contrario. Lo hacen, obviamente desde el discurso, pero parecen olvidar que la violencia simbólica y retórica, cargada de animosidad contra quien es considerado enemigo, antecede a la violencia letal. Por eso están empecinados en la utilización de la memoria, buscando en el pasado las actuaciones y afinidades políticas de cada uno de ellos, incluso en las ejecutorias de sus padres y ancestros, para estigmatizarse y deslegitimarse mutuamente como aspirantes a la presidencia.

De la filiación a la afiliación política

Quizá ello tenga que ver precisamente con sus historias personales y familiares. En el caso de Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), quien como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la “Operación Soberanía” y el bombardeó a Marquetalia, mito fundacional para el surgimiento de las Farc. Iván Cepeda, hijo del entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares en complicidad con miembros del Ejército nacional. Indirectamente también es el caso de Abelardo de la Espriella, pues su principal escudero y beligerante alfil, Enrique Gómez Martínez, es nieto del expresidente conservador Laureano Gómez y sobrino del asesinado exsenador Álvaro Gómez Hurtado, promotor de la “Operación Soberanía” contra las que llamaba “Repúblicas Independientes”. Se presenta así en estas tres candidaturas una estrecha relación entre filiación y afiliación política, que se proyecta con intensidad emocional y confrontación política creciente entre ellos y, lo que es más censurable e inadmisible, con su actual utilización irresponsable y sectaria. A tal punto que el expresidente Álvaro Uribe sindica a Iván Cepeda de estar instigando su asesinato, como supuestamente lo hizo contra el senador Miguel Uribe Turbay. A su vez Cepeda relaciona a Uribe y su fulgurante carrera política con el surgimiento de los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. Y, para completar, desde la campaña de Abelardo, Enrique Gómez señala irónicamente: “Por más que miro, no veo al expresidente Uribe en el tarjetón por ningún lado. Y eso que el señor le está haciendo la campaña a Paloma. Otra vez, otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe. ¿Sí será eso lo que necesita Colombia? ¿o necesita la independencia del Tigre?”. Desde luego que Colombia no es un zoológico para necesitar otro presidente “cargado de tigre”, mucho menos que los ciudadanos vayan a las urnas con su fiereza o llenos de rencor y deseos de revancha como sucede en las redes sociales entre quienes, por carecer de argumentos, solo se cruzan insultos y descalificaciones llamando “mamerto” o “paraco” a quien piensa distinto o no apoya incondicionalmente a su candidato o candidata.

No más “mesías” electorales y “salvadores nacionales”

Causa vergüenza el fanatismo, sectarismo e ignorancia que inunda las redes sociales por estos días, estimuladas por bodegas de dichas campañas. Pero lo peor y más preocupante es esa falsa superioridad moral que cada candidato y campaña esgrime con la absoluta certeza de que posee en su mente y manos la salvación de Colombia. Que su partido y aliados son un dechado de virtudes y sabiduría. Que, si no los respaldamos en las urnas, todos estaremos condenados al infierno de la guerra y la exclusión social. Candidaturas incapaces de la más mínima autocrítica, mucho menos de reconocer sus errores y horrores pasados y sus limitaciones presentes, porque están convencidas de su misión salvífica y solo si cada uno proyecta ese carisma de líderes y lideresas providenciales, destinados a satisfacer nuestras necesidades y hacernos felices, podrá ganar las elecciones. En ese sentido, más que demagogos son taumaturgos de futuras catástrofes, cuando desde el gobierno incumplan sus promesas de pan, paz, seguridad, ríos de miel y reinos de reconciliación. Porque cuando ya estén en sus altos cargos en el Ejecutivo comprobarán amargamente que no son tan poderosos y sí bastante impotentes. Comprobarán que son rehenes de los poderes de facto e intereses legales o abiertamente ilegales que los encumbraron a esas posiciones, con los cuales hicieron alianzas, sellaron compromisos tras bambalinas y se convirtieron así en sus testaferros y mandaderos. Eso sí, unos testaferros bien remunerados y protegidos por una tramoya de instituciones y rituales de una Constitución que juraron cumplir, pero parece que ignoran, no pueden o son incapaces de honrarla. Si ahora como candidatos no cumplen el artículo 22 y hacen de la campaña política una coartada perfecta para combatirse entre sí, qué no harán cuando tengan en sus manos el poder de gobernar y hasta de hacer la guerra contra los que consideran sus “enemigos”.

¡Lean y cumplan la Constitución!

Por eso, especialmente a estas tres candidaturas les conviene, en medio de las descalificaciones y deslegitimaciones que mutuamente se lanzan y cruzan durante esta campaña, tener presente además del citado artículo 22, el 188 de la Carta, que reza: “El presidente de la República simboliza la unidad nacional…y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. La pregunta obvia es ¿Cómo lo harán si en tanto candidatos y candidatas están empecinados en fragmentar y antagonizar a los colombianos, dividiéndonos absurdamente entre “ciudadanos de bien” contra “terroristas”; “paracos” contra “mamertos”; “oligarcas” contra “plebeyos” y hasta supuestos “patriotas demócratas” contra “peligrosos comunistas”? Una pregunta valida para todas las candidaturas, pero especialmente para estas tres por contar con el mayor apoyo en las encuestas. Es, en primer lugar, una pregunta vital y urgente para todos nosotros como ciudadanía, pues tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los principios, valores y metas de la Constitución de 1991, entre las que figuran la “paz política, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general” según su artículo 1 y especialmente el 95: “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla” y para ello “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. ¿Seremos capaces de hacerlo en las próximas elecciones? Y quien llegue a la Casa de Nariño ¿Será capaz de cumplir la Constitución, promover la reconciliación política nacional o continuará profundizando otros cuatro años la confrontación y degradación nacional en que estamos desde tiempos inmemoriales?