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La semana pasada, diversos medios y opinadores contribuyeron a difundir la idea de que había sido aprobada una ley mediante la cual el gobierno de México se apropiaría del 30% de los recursos que administra el sistema de pensiones en el país. Esta versión, como otras que suelen difundir medios y opinadores adversos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es completamente falsa. Ni hay tal expropiación ni es cierto que el gobierno se apoderará de ese dinero que forma parte de los recursos destinados a financiar las pensiones de millones de trabajadores mexicanos. Veamos de dónde proviene tal “confusión”.

El origen de esta interpretación falsa y dolosa comienza con la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. En dicha ley se provee de un marco jurídico más claro para tratar de atraer recursos de inversión de largo plazo en proyectos de infraestructura productiva para el país. Entre otras cosas, la nueva ley permite la posibilidad de crear vehículos financieros especializados que pueden desarrollar proyectos de infraestructura mediante inversión mixta (pública y privada).

Esta nueva ley se combina con otra modificación aprobada en 2024 en la que se amplió el techo porcentual de 20 a 30% del monto de recursos que podrían destinarse a lo que se conoce como instrumentos estructurados. Dentro de estos instrumentos se encuentra precisamente la posibilidad de invertir en proyectos de infraestructura pública o privada. Este techo, cabe mencionar, se aplica exclusivamente a las Sociedades de Inversión (SIefores) que administran los recursos de los trabajadores más jóvenes. El techo establecido desciende hasta el 10 por ciento conforme nos movemos hacia las sociedades de inversión que administran los recursos de los trabajadores con mayor edad y que, por estar más cerca del retiro, suelen preferir poner sus recursos en inversiones más seguras y predecibles.

Lo anterior, de entrada, implica que el 30% no es un porcentaje fijo que se destinará a obras de infraestructura y ni siquiera lo limita a esto, sino que ese tipo de inversión es apenas un componente dentro de las muchas alternativas que se ubican en la categoría de instrumentos estructurados. Ese límite, como ya se mencionó, se estableció desde hace año y medio y, a la fecha, únicamente el 8% de todos los recursos de las Afores se destina a proyectos de infraestructura.

Al momento de aprobar la nueva Ley, un congresista mexicano (el senador Francisco Chíguil) expresó que la mayor certeza jurídica que brindaba la nueva ley podría dar lugar a que aumentara el monto de los recursos de las Afores que se destinan a proyectos de infraestructura. Esta afirmación, perfectamente válida y expresada en forma condicional, de ninguna manera implicaba que a partir de ahora las Afores deberían invertir el 30% de sus recursos en proyectos de infraestructura ni mucho menos. Cabe recordar que las Administradoras de Fondos del Retiro son empresas privadas que gestionan los recursos de los trabajadores y que toman sus decisiones bajo un marco regulatorio claro, pero que no les obliga a poner sus recursos en ningún tipo de instrumento específico.

Así, es completamente equivocado pensar que el gobierno mexicano podría instruirles a estas organizaciones en qué invertir y mucho menos obligarles a disponer de los recursos de los trabajadores para financiar proyectos de inversión que no sean rentables o atractivos desde el punto de vista económico-financiero. Por esta razón, las Afores cuentan con áreas especializadas en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones de inversión. Estas áreas se encargan de evaluar la rentabilidad de proyectos potenciales y, si alguno de estos no resulta suficientemente atractivo, las Afores simplemente deciden no invertir allí.

En un trabajo reciente, coescrito con el ex ministro de finanzas de Chile, Felipe Larraín, analizamos la contribución de los sistemas de pensiones al desarrollo económico de México. El resultado ha sido positivo precisamente porque los fondos de ahorro previsional permiten financiar la inversión, lo que impulsa el crecimiento y la mayor generación de empleo formal en el país. La nueva Ley aprobada va sin duda en el sentido correcto. Al combinarse con la reforma que permite mayores techos destinados a instrumentos estructurados, esto podría ayudar a financiar importantes y necesarias obras de infraestructura en el país. La clave, sin embargo, es que el país sea capaz de generar proyectos de inversión que sean suficientemente rentables para que sean atractivos para que las Afores se vean interesadas en financiarlos. No se trata, en lo absoluto, de expropiarle su dinero a nadie. Por el contrario, se trata de contribuir a generar las condiciones necesarias que permitan detonar la inversión en el país. Los trabajadores deben estar tranquilos: sus ahorros están protegidos y a buen resguardo.

El caso de alias Papá Pitufo, un poderoso empresario acusado de ser el mandamás del contrabando y la corrupción en Colombia, ha puesto contra las cuerdas al servicio de inteligencia de Gustavo Petro. A través de unos audios difundidos hace una semana en la televisión nacional, se conoció una conversación en la que Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), le decía a un abogado de Pitufo que “de pronto” podían “hablar algo dentro de la Fiscalía” para favorecer a su cliente. La DNI, que nació en 2011 como una solución a terribles escándalos del viejo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe, ha sido utilizada por la Administración de Gustavo Petro para alimentar sus conspiraciones. Los errores se acumulan y, uno tras otro, dejan en evidencia el tamaño de la crisis de inteligencia.

El propio Petro, que en otras ocasiones ha hablado de montajes para perjudicarlo, ha reconocido esta vez la gravedad de la situación. “No me cabe duda de que el señor Marín [Pitufo] infiltró los cuerpos de investigación del Gobierno”, concedió en X tras la revelación de los audios en Noticias Caracol. Según el mandatario, los agentes han jugado “a dos bandos”. Por un lado, decían que cumplirían su deseo de traer a Pitufo desde Portugal para que rinda cuentas ante la justicia colombiana y destape la corrupción de gobiernos anteriores. Por otro, de acuerdo con Petro, “pedían dinero por codicia en Europa” y “le prometían [a Pitufo] que no sería juzgado”. “Nunca lo trajeron”, lamentó.

El petrismo le soltó la mano a Lemus, el tercero de cuatro antiguos integrantes de la guerrilla del M-19 que han encabezado la DNI en este Gobierno. El presidente le pidió, unos días antes de la revelación de los audios, su renuncia como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a la que había llegado tras ser desplazado de la DNI en enero. El funcionario dijo en Blu Radio que la decisión se debía a que se sumaría a la campaña presidencial de Iván Cepeda, el candidato de Petro. El aspirante lo desmintió el lunes en declaraciones al mismo medio de comunicación: aseguró que el exdirector de la DNI ni siquiera le había contado de sus intenciones y que le respondería con “un tajante no”. Mientras tanto, la Procuraduría ha abierto una investigación contra Lemus y ha ordenado una inspección a la sede de la DNI.

La respuesta del petrismo contrasta con el otro gran escándalo de los últimos meses, también destapado por Noticias Caracol: la infiltración de la DNI por parte del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC que se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno. Petro se ha mantenido firme en desestimar como “un montaje” que el grupo armado haya recibido información de un general del Ejército y un funcionario de la DNI para evitar operativos de las Fuerzas Militares y llevar a cabo desplazamientos seguros en territorios en disputa. De forma desafiante, esta semana Petro ha designado al entrenador de educación física Wilmar Mejía, el polémico exdirectivo de inteligencia acusado de colaborar con el grupo armado, como el sucesor de Lemus en la UIAF.

“Es absurdo que alguien que presuntamente ayudó a vender la inteligencia del país ahora sería la cabeza de la inteligencia financiera”, respondió uno de sus críticos, el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. “¿Así pretenden combatir el lavado de activos y el narcotráfico?“, se sumó otro contradictor, el exministro Mauricio Cárdenas.

Varias entidades se han tomado en serio la denuncia periodística sobre las supuestas filtraciones del grupo armado. La Procuraduría suspendió en noviembre a los dos funcionarios implicados y definió sus acciones como “gravísimos hechos que han generado la mayor preocupación y zozobra en el país”. La Fiscalía, por su parte, avanzó en investigaciones que tenía prácticamente detenidas hasta entonces. Esta semana, además, le pidió al Gobierno que levante las órdenes de captura contra el líder de la disidencia del EMBF, Calarcá Córdoba, a quien señala de haber cometido varios crímenes en medio de las negociaciones de paz.

Petro no teme la pérdida de credibilidad en sus instituciones de inteligencia. Casi en simultáneo al escándalo de Pitufo, abrió un tercer frente con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. En una serie de mensajes en X, dijo que había accedido a “informes hechos desde inteligencia” que mostraban que su rival de ultraderecha se había reunido con los propietarios de Thomas Greg, una empresa que tiene varios contratos para la organización de las elecciones y que hasta hace unas semanas también manejaba la expedición de pasaportes. Según Petro, De la Espriella ofreció devolverles la fabricación de los documentos de viaje a cambio de “ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”. El candidato ultra negó los señalamientos, de los cuales no se han filtrado pruebas, y acusó al mandatario de perseguirlo con interceptaciones ilegales. La Procuraduría, una vez más, abrió una indagación.

Un deterioro acelerado

La DNI surgió en 2011 luego de la disolución del poderoso DAS, fuertemente golpeado por un escándalo de interceptaciones ilegales a magistrados, políticos opositores, periodistas y líderes sociales durante el Gobierno de Uribe. La nueva dirección asumió solamente las funciones de inteligencia, mientras que la protección de personas amenazadas, los controles migratorios y la investigación de delitos quedaron en manos de otros organismos. El objetivo era que la fragmentación evitara los abusos que había tenido el antiguo DAS.

Juan Carlos Buitrago, que ocupó varios cargos en la inteligencia de la Policía y en la DNI, comenta en una llamada telefónica que la nueva dirección había superado gran parte de los problemas de su antecesora en la última década. “No hay comparación. Logramos crear una agencia madura, muy en función de los intereses del Estado, y con profesionales muy bien seleccionados. Fuimos entrenados por la CIA [Estados Unidos], el MI6 [Reino Unido], el Mossad [Israel]”, explica. Considera que el declive comenzó en el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) y se acentuó de manera acelerada en el de Petro. “Muchos de los jóvenes que formamos ya no están. Los quitaron o ellos se aburrieron y se fueron”, evalúa. “Desconocen protocolos de ingreso y selección, jerarquía de operaciones y ejecución de gastos reservados”.

El experto, que fue uno de los denunciantes de Pitufo y ahora dirige la consultora Strategos BIP, señala dos tipos de problemas. El primero de ellos es que, según él, las operaciones priorizan “los intereses personalísimos del presidente” y no las amenazas contra el Estado. Considera que el caso con las disidencias de las FARC muestra que la DNI está “en función de las directrices de la paz total”, para mantener a Calarcá en las mesas de negociaciones, y que el ofrecimiento de beneficios judiciales a Pitufo buscaba que no salpique a Petro en escándalos de corrupción. El segundo problema, explica, es la falta de habilidades para moverse en un mundo que está repleto de intrigas constantes. “No creo que Lemus sea un bandido, creo que actuó manipulado o por ingenuidad”, dice. “Hay otro grupo de personas en el Gobierno que sí tiene conexiones criminales y se aprovechan”, añade.

Uno de los casos más evidentes de estas torpezas fue la replicación de Petro de un informe sembrado de dudas y sin pruebas. El presidente denunció en febrero un plan para sembrar cocaína en uno de sus vehículos durante una visita a Estados Unidos y así sabotear la reunión con Donald Trump. Ordenó la salida de un general, Edwin Urrego, y un coronel, Óscar Moreno. Sin embargo, en los días siguientes, distintos integrantes de la Policía le aseguraron que había sido engañado en un esquema para sacar adelante una venganza interna. El Ministerio de Defensa emitió un nuevo informe exculpatorio de los acusados. Según explicó una fuente a este periódico, fue uno de los desencuentros que llevó al presidente a pedirle la renuncia a Lemus como director de la UIAF.

Elizabeth Dickinson, investigadora de International Crisis Group, coincide con Buitrago en que ha habido “un debilitamiento significativo” en este Gobierno, con “muchos cambios de personal”. “La confianza es la base sobre la cual se construye la inteligencia. La percepción es que la DNI ha perdido esa confianza, tanto en lo público como con los demás organismos de inteligencia”, apunta. Para ella, es clave entender a la entidad como una más en un ecosistema más amplio que incluye a organismos de inteligencia del Ejército, la Armada y la Policía. “Debería ser el punto de encuentro de todos esos órganos, y no lo es”, afirma.

Más allá de la gravedad de las actuaciones denunciadas, lo que más evidencia la crisis es la cantidad de escándalos que salen a la luz. Las actividades de la DNI, lejos del secretismo que debería caracterizarlas, están en el debate público. Marcan la agenda a pocas semanas de las elecciones, los funcionarios aparecen en medios de comunicación y nada hace pensar que Pitufo sea el último escándalo.

Uno de los epígrafes que abren El cabrito (La Pollera, Santiago, 2025), de Juan Luis Salinas, logra perfilar el tono que tendrán estas memorias de la niñez del autor: “Cualquiera que haya sobrevivido a su infancia tiene información sobre la vida para el resto de sus días”. La frase de la escritora estadounidense Flannery O’Connor marca la pauta de un libro cuya dureza no está exenta de ternura. A pesar de constatar que la infancia es una etapa a la que se sobrevive, la historia parece ser siempre más compleja, pues, como afirma el narrador en más de una ocasión: “No te olvides de que pese a todo allí fuiste feliz”.

El libro cuenta los primeros años de vida del autor en la ciudad nortina de Punitaqui, en la región de Coquimbo. Su madre trabaja de empleada doméstica en Santiago y solo viaja al norte en los veranos. Él, en tanto, es criado por sus abuelos, que en realidad no son sus abuelos sino unos tíos mayores, pero prefiere no corregir el equívoco en que vive todo el pueblo. En la calle Condell tiene un grupo de amigos con los que pasa la tarde y va, a veces, a bañarse a un embalse cercano. En el colegio, a su vez, sufre del acoso de tres compañeros que juegan, en los recreos, a “salar” a los más débiles del curso: la práctica consiste en echar puñados de tierra en los calzoncillos a las víctimas de turno. La violencia atraviesa todo su relato, y resistirse a sus lógicas parece imposible.

Por otro lado, el protagonista no cumple con lo que se espera de un niño de su edad. No le interesa el fútbol, habla con voz débil, se pasa el día con unas compañeras que lo resguardan de los matones y le interesan las revistas de moda, de donde saca modelos para sus dibujos de mujeres elegantes. Y aunque su abuela le diga que se defienda “como hombre”, él evita el conflicto sabiendo que no tiene cómo ganar una riña.

Los años de su infancia son, asimismo, los años de la dictadura de Pinochet. Mientras la mayoría del pueblo se acomoda a la situación política y sobrevive a las estrecheces económicas de los años 80, puertas adentro sucede otra cosa. El abuelo, simpatizante de Allende, sintoniza una radio de izquierda en la oscuridad de su habitación, y en la bodega del fondo del patio guarda las revistas de oposición —Apsi, Cauce, Análisis— que compra en un kiosco de la ciudad de Ovalle. El punto de vista del niño, sin embargo, debe hacerse cargo de una discordancia: el mundo que él logra entrever en las revistas de su abuelo no calza con aquel que transmite la señal del único noticiario televisivo que llega a ese pueblo perdido. “El niño al principio las entendía poco, pero luego fue relacionando las situaciones. Juntando piezas. Entendió por qué el abuelo se frustraba tanto cuando veía que las noticias de la televisión decían cosas totalmente diferentes de las que aparecían en esas revistas”.

La historia del país, sin embargo, no es lo único que muestra dobleces e incoherencias. También su propia biografía —la relación con su madre, los vínculos sanguíneos con quienes lo rodean— está repleta de puntos ciegos, de versiones que no calzan o de informaciones entregadas a medias. El modo en que el niño se hace un lugar en el mundo está construido por tanteos y averiguaciones relativas a las preguntas por su identidad; por retazos a los que intenta darles un sentido coherente.

Punitaqui se describe como un pueblo de mujeres, niños y abuelos, sin muchos hombres jóvenes, pues ellos se van a probar suerte a otros horizontes. Es un pueblo pobre de provincias, donde el trabajo no abunda y donde los códigos de sobrevivencia exigen cierta bravuconería o brusquedad a las que el protagonista no es muy dado. Sus gestos de amaneramiento y debilidad son mal vistos por quienes lo rodean, que comienzan a murmurar a sus espaldas y preconizar la peor de las suertes para su futuro. Así, para no ser humillado, aprende a imitar ciertos códigos, giros y actitudes, generando en torno a sí una coraza, “una forma de protección que, intuye, utilizará por largo tiempo, pero que no sabe que se hará cada vez más robusta”. Así, haciendo uso de las herramientas de la novela de formación, pero dando espacio también a reflexiones sobre los códigos de la masculinidad o la supervivencia política, Juan Luis Salinas construye una obra autobiográfica de gran potencia introspectiva. Aunque a ratos pierda algo de ritmo, son muchos más los puntos altos donde el contraste entre un ambiente hostil y la gratitud de los vínculos familiares nos muestra la complejidad de toda existencia humana.

El cabrito es un potente testimonio de una infancia agridulce que, pudiendo haber terminado en tragedia, logra salir adelante una vez que el protagonista sale del pueblo para estudiar en Ovalle. La dureza del acoso escolar, de no calzar en el entorno o de las fracturas familiares no consume por completo el enfoque del relato, sino que se repite como un mantra la idea de que allí sí pudo ser feliz. Ese allí no es solo una ciudad venida a menos en los años de dictadura, sino también el pasado que se ilumina por medio de la palabra: “Es hora de encender la luz y escribir”, dice el autor hacia el final del libro, intentando hacerle justicia a su antiguo yo. Y aunque la edición del libro podría haberse realizado con más esmero —la gran cantidad de erratas interrumpen constantemente la lectura—, el relato equilibrado y reconciliado consigo mismo muestra que hay algunas cárceles de las que se puede salir con la frente en alto.

EDITORIAL

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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El viaje a Barcelona de la presidenta mexicana la semana próxima acelera el deshielo diplomático con España

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Luis Alberto Pino Soto era el tercero de cuatro hermanos y tenía 15 años cuando desapareció, la tarde del 1 de julio de 1986, cuando salió de su casa, en la población Santa Rosa de Arica, en el extremo norte de Chile, en la víspera de una protesta nacional en contra de la dictadura Augusto Pinochet (1973-1990). La manifestación tuvo una compleja antesala y luego una violenta represión. El último que lo vio fue el más pequeño de sus hermanos, Hans, de siete años, y no lo olvida. Pese a la diferencia de edad, eran muy cercanos. Jugaban, se reían y juntos veían dibujos animados. Hans también esperaba con ansias y admiración las ilustraciones y figuras de naves espaciales que Luis solía construir para él en papel de aluminio y corcho. “Era muy talentoso. Si él hoy estuviera con nosotros, habría sido un artista”, dice Hans, hoy de 47 años.

Recordar a Luis, cuatro décadas después, a Hans le genera varios sentimientos. Alegría porque pasaron muy buenos momentos juntos. Dolor porque no está. Nostalgia porque tiene vivas las imágenes de su hermano. Algo de paz, porque recién el 26 de febrero pasado, 40 años después de que se perdió su rastro, Luis fue reconocido como víctima oficial de la dictadura, tras una investigación del equipo del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, una iniciativa estatal que arrancó en 2023 en el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric, en una ceremonia en Arica. Asistió junto a Víctor Pino y María Soto, sus padres octogenarios, que han buscado a su hijo desde 1986. Un papel clave cumplió la agrupación Mujeres, Memoria y Derechos Humanos de la ciudad.

“Nosotros siempre hemos sido una familia humilde, de esfuerzo”, cuenta Hans a EL PAÍS desde Arica, donde ejerce como encargado de soporte técnico de un colegio. Su padre trabajó de obrero de la construcción y era muy destacado como maestro soldador. Su madre era empleada doméstica, pero tras la desaparición de Luis solo se abocó a buscarlo, y cuando no, se encerraba en su dormitorio, sumida en una tristeza de que la que no se recupera. Después de la desaparición de Luis, en su casa, recuerda Hans, “nunca más se celebró nada. Ni los cumpleaños”. El Año Nuevo, a las 22.00 horas, su madre se iba a acostar. No había ánimo. Faltaba Luis.

“Vivir con un hermano desaparecido es una sensación de vacío. Aunque tengas todo lo que quieras, hijos, una familia, un auto, un buen trabajo, te juntes con tus amigos, conozcas gente buena… siempre te falta algo”, dice.

Hans se recuerda niño, sin entender demasiado lo que pasaba, acompañando a su madre a todas partes en la búsqueda. Iba a edificios estatales para pedir ayuda; iba a la policía. Iba donde fuera. En su desesperación, María tomó contacto con agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura. No conocía a nadie allí. Los Pino Soto nunca militaron en un partido político; nunca fueron a una protesta contra Pinochet en los años 80. Pero fue con esas madres que María encontró compañía y solidaridad.

En 1990, cuando Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición democrática, impulsó la Comisión de Verdad y Reconciliación, la familia presentó el caso de Luis. Pero, cuando se emitió el informe final, no quedó consignado en el listado de víctimas oficiales. Más de 40 años después, el Plan de Búsqueda determinó que hubo un error humano de transcripción, que generó que el estudiante secundario no fuera incorporado: su apellido fue escrito como Pinto, en vez de Pino. Hoy Luis es una de las 1.469 personas que en Chile siguen desaparecidas. De ellas, 219 tenían menos de 21 años.

La comisión que impulsó Aylwin calificó no solo a quienes fueron perseguidos por sus militancias políticas, que fue la mayoría. También hubo casos como el de Luis, parte de “la represión indiscriminada”, según ha explicado Francisco Bustos, el abogado de la familia: “Víctimas del descriterio y de personas que sabían que actuaban en la impunidad. En términos del derecho internacional, es el ataque generalizado de la población civil”.

Una luz encendida toda la noche

Los recuerdos de Hans sobre Luis están intactos. “Mi hermano hacía maquetas. Construyó un iglú de yeso y le quedó perfecto. Y con un papel metálico de aluminio hizo una figura de Citripio [el famoso androide de La Guerra de las Galaxias]. Y en un cuaderno dibujó a mano alzada a Eddie, de Iron Maiden [un personaje de la banda de heavy metal]“.

Tiene otra imagen en su memoria. Cuando iban a la casa de su abuelo, Luis miraba sus herramientas con detención. De ahí sacaba ideas, como cuando en base a una de ellas, apenas llegó a la casa, la dibujó y luego construyó una nave espacial. Después hizo un comic, con personajes que viajaban dentro de esa nave. Hans estaba impresionado.

Con los ojos de adulto, y de padre hoy de un hijo de 14 años y de una hija de 16, Hans se ha dado cuenta que su hermano era bastante niño todavía. “No estaba preparado para pasar de la niñez a la adolescencia. No salía con las chiquillas que lo venían a buscar; me pedía que les dijera que no estaba. Tampoco iba a fiestas. Todavía jugaba conmigo. Teníamos una pelota vieja, de los años 60, que nos regaló mi abuelo y jugábamos fútbol”.

“Nosotros pasábamos mucho tiempo juntos. El paseo más grande que él tenía conmigo, era ir a la playa. Mi mamá nos dejaba dinero para la micro, y nosotros nos íbamos y veníamos caminando para poder comprar berlines [una masa redonda dulce frita con crema pastelera o mermelada]. Una vez se nos perdió la plata y yo me puse a llorar porque pensé que nos tendríamos que devolver a pie a la casa y sin comer nada. Y no sé cómo, pero mi hermano encontró la plata”.

La casa de la familia Pino Soto era sencilla, de material ligero. No era un lugar, recuerda Hans, a la que llegaran visitas, pues vivían de manera muy humilde, pero está ubicada en una población donde todos se conocen y saludan, muchos viven hacen más de 50 años allí. “Es el típico barrio de ciudad chica. Los vecinos viven con sus hijos y sus nietos”, dice. Hans y sus padres todavía residen allí, con todos los recuerdos que conlleva.

Los años 80 eran tiempos difíciles, y en la vivienda solo tenían una ampolleta para iluminar dos habitaciones, que se prendía por ratos cortos. Excepto la larga noche del 1 de julio de 1986, cuando Luis no llegó. “Esa fue la primera vez que vi que la luz estuviera encendida toda la noche”, dice Hans.

Hans fue el último de la familia que vio a su hermano. El día que desapareció, vieron juntos dibujos animados en la televisión y después del almuerzo, Luis salió. Según la carpeta de investigación, iba a buscar un cuaderno a la casa de un compañero del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica. Se cambió su pantalón corto y se puso un jeans, una polera blanca, un sweater rojo y unas zapatillas de lona, su mejor tenida. “Recuerdo que al salir, yo lo miré; él me miró y me sonrió. Vi su imagen yéndose por la ventana, detrás del visillo”.

Cuando Luis salía, siempre llegaba a la casa antes del anochecer. Por eso, al volver del trabajo, sus padres comenzaron de inmediato a preguntar por él. Pasaban las horas y cundía la desesperación y la angustia. Con los ojos de niño, Hans recuerda el momento así: “Era como estar en el medio de las líneas del metro, cuando los carros pasan para allá y para acá. Mi papá y mi mamá pasaban por el lado mío y yo no entendía lo que decían. Estaba todo oscuro, solo con la luz de la ampolleta”.

Según la investigación del caso, por la noche Víctor y María fueron a Carabineros, pero la denuncia no fue recibida pues debían pasar 48 horas para abrir una pesquisa por presunta desgracia. Dos días después, la Policía de Investigaciones sí recibió la causa.

Fueron horas, meses y años de desesperación. Recurrieron a la prensa de Arica, que los escuchó; al liceo; a las autoridades. “A mi mamá la mandaban a hablar con uno y después con otro. Una vez fue a un edificio institucional, donde afuera había militares, para hablar con una autoridad. Recuerdo que fue una reunión larga que para mí, que era niño, duró toda la tarde. Ella salió llorando y me abrazó. Yo la acompañé varias veces”.

A sus 47 años, Hans dice que en las noches se acuerda de Luis. “Cada vez que veo dormir a mi hijo de 14 años, veo dormir a mi hermano. Mi hijo también es un niño, como lo era mi hermano, que era un artista, le gustaba dibujar, La Guerra de las Galaxias y ver dibujos animados. Incluso, tienen un lunar casi en el mismo lugar en la cara. Se parecen mucho”.

El 26 de febrero, en la ceremonia en Arica, encabezada por el ministerio de Justicia y la subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Boric, donde Luis fue reconocido como víctima oficial de la dictadura, a la familia se le entregó una carpeta con todos los antecedentes del caso, desde 1986 en adelante, con recortes de prensa de la época y documentación que da cuenta de todas las gestiones, y las puertas que no se abrieron durante 40 años.

Ese día, el Hans adulto revisó cada uno de los archivos, y los miró con los ojos de ese niño de siete años que recorrió durante años las calles de Arica con su mamá: “Entendí por qué ella lloraba tanto y salía a buscar a mi hermano”.

En un mundo colmado por la hiperinformación y la hiperconectividad, se ha convertido un lugar común hablar de tiempos inciertos y de la distopía como elemento central de contexto, y es tanto así que existe incluso cierto consenso de que estamos en una transición o lisa y llanamente una ruptura del sistema internacional, como dijera el primer ministro de Canadá, Marc Carney, el pasado enero en Davos. En tal sentido, en tiempos cruciales como los que corren, tanto en materia de política exterior como de gobernanza global, las decisiones que tomemos hoy serán la salvación o la condena de la sociedad y el mundo del mañana.

En efecto, tenemos un panorama geopolítico extremadamente sombrío. Recién esta semana el mundo entero aguardaba en vilo un desenlace incierto de la situación en el estrecho de Ormuz. Y persiste la amenaza latente de que el fracaso de las negociaciones, los discursos grandilocuentes y la ofensiva militar, prendan la chispa que extienda el conflicto a todo Oriente Próximo con consecuencias mayores e incalculables para el mundo entero. Tal nivel de incertidumbre cotidiana nos hace olvidar, a ratos, que existen en otros lugares del planeta invasiones, masacres y conflictos sin resolver, que solo agregan elementos disruptivos a una situación de alta vulnerabilidad.

Hoy tenemos a nivel global el número más grande de conflictos activos desde la Segunda Guerra Mundial, llegando a 59 en 2025, de acuerdo al Índice de Paz Global que elabora el Institute for Economics & Peace, y constatamos también que la democracia, especialmente en el escenario pospandemia, ha sufrido retrocesos catastróficos mientras que las autocracias se han ido expandiendo a un ritmo acelerado, como muestra el índice de la Democracia de V-Dem o el informe de Idea Internacional, por mencionar sólo algunos. Por cierto, esto nos señala que, más allá de la reconocida extensión de la democracia en el mundo durante el siglo XX, ésta no es, para una buena parte del globo, una manera única y paradigmática de ofrecer una respuesta óptima a la necesidad de gobernar una comunidad política. Y eso, en sí mismo, es una señal de alerta para la pretendida hegemonía occidental.

A ello se suman, por cierto, las tensiones y fragilidades a las que en el último año se ha visto sometido al sistema económico internacional. La llamada “guerra arancelaria” muestra también, con cierta crueldad, que economías pequeñas y medianas o excesivamente dependientes de economías de mayor tamaño, son peligrosamente vulnerables frente al cambio de reglas que de manera unilateral quieren imponer algunas potencias. Esto no sólo tiene efectos en la economía, porque en muchas circunstancias, el cambio de reglas en materia comercial tiene también fines y consecuencias políticas.

En tal escenario, donde aumentan los discursos de odio, las víctimas de conflictos y la vulneración a las reglas básicas de convivencia del sistema internacional, es fácil buscar respuestas proteccionistas ya sea unilaterales, regionales o a través de “escudos” ideológicamente afines, que empujan a algunos países a rendirse sin condiciones frente a la imposición del más fuerte. Es por eso que rescatar el valor que tiene el sistema multilateral es hoy una necesidad imperiosa y urgente.

Para buscar soluciones a tan complejo panorama es preciso también asumir la responsabilidad y admitir que las señales de un “reseteo” a nivel mundial venían desde mucho antes. Desde hace un tiempo se imponen en el debate mundial lógicas que relativizan ciertos consensos globales como la paz y la seguridad colectiva, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Estos tres principios, que forman parte relevante de la arquitectura que hoy sostiene un orden internacional basado en reglas, son los pilares sobre los cuales se sostiene la Carta y el sistema de Naciones Unidas.

En tiempos donde se impone la incertidumbre, es preciso recordar que este sistema es producto del consenso de un conjunto de países, después de haber vivido el doloroso trauma de dos guerras mundiales. Hemos sido testigos de muchos triunfos para amparados en los principios de la carta de Naciones Unidas, pero convengamos que también ha sido demasiada la acumulación de fracasos y de una cierta incapacidad de actuar en momentos de crisis

¿Qué ocurre entonces? Lo que se ha ido resquebrajando es una cierta idea de que la respuesta está en la arquitectura internacional que nos dimos en la segunda mitad del siglo XX y esa premisa es muy peligrosa porque conduce a la anomia, el caos y la supremacía del más fuerte. Se instala así la idea de que cuando hablamos de la gobernanza global y de multilateralismos estamos avalando una “discusión ideológica” de la agenda 2030 (como si no fuera una agenda que apunta hacia la consecución del progreso humano) y defendiendo los supuestos excesos de la “burocracia” de Naciones Unidas. Olvidamos, en medio de todo esto, que Naciones Unidas no son sus agencias, sino que la totalidad de sus miembros —los hoy 193 Estados— que son hoy los principales llamados a enfrentar los grandes dilemas del mundo y, en definitiva, dar respuesta a la necesidad de garantizar la paz y la supervivencia de la especie humana.

Pensar en el multilateralismo hoy como respuesta a estos dilemas globales no es, por cierto, dejar de reconocer que este, en la actualidad, enfrenta una serie de desafíos relevantes. Sabido es, por ejemplo, que los problemas financieros que enfrenta Naciones Unidas han puesto en riesgo la continuidad de sus agencias, que hay una duplicidad de tareas que es, sin duda, posible hacer de una manera más eficiente y, en una perspectiva más de fondo, que hay que buscar la manera en que los mandatos y resoluciones se cumplan. Si bien se trata de una meta ambiciosa en un mundo cada vez más complejo, es también el único camino posible.

Enfrentar este reto con convicción, en el actual contexto de amenaza a los principios de la carta de Naciones Unidas en el contexto de la elección de una nueva o nuevo secretario general es, entonces, una ventana de oportunidad que no debemos desaprovechar. No se trata sólo de la disputa de quien encabezará o no el organismo —aunque convengamos que son los liderazgos los que imprimen los sellos y fijan rumbos y cursos de acción—, sino que estamos enfrentados, ante todo, al inicio de un proceso de transición hacia una institución que asuma que el siglo XXI hace rato clama por una organización que se haga cargo de los nuevos —y también de los viejos— desafíos de manera eficaz, no solo discursiva o administrativamente.

La gran y trascendental pregunta es, entonces, si como humanidad estaremos a la altura.

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Roberto Velasco, se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, como parte de su gira de presentación en el cargo. Consciente de la importancia de la relación bilateral con su vecino norteño, Velasco ya habló esta semana por teléfono con el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio. En un comunicado que divulgó más tarde Relaciones Exteriores, la dependencia señalaba que ambos habían “reconocido los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado”.

Tanto Johnson como la cancillería han reseñado el encuentro del embajador con el canciller. “Me reuní con el secretario Velasco para discutir las prioridades compartidas de nuestros países y la importancia de seguir trabajando juntos para fortalecer nuestra histórica cooperación y asegurar que siga produciendo resultados para ambas naciones. También lo felicité y le deseé todo el éxito en su mandato”, ha dicho el embajador, en un mensaje repartido en sus cuentas de redes sociales. Johnson acaba de cumplir un año al frente de la legación diplomática estadounidense en México.

La cancillería ha destacado igualmente el encuentro. “Velasco recibió al embajador Ronald Johnson para conversar de los distintos temas de la agenda compartida. En este marco, [ambos] reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”. Velasco sustituye a Juan Ramón de la Fuente en la dependencia, que este último dejó por motivos de salud.

El nuevo encargado de la diplomacia mexicana enfrenta un panorama complicado. Las presiones del Gobierno de Donald Trump al de Claudia Sheinbaum han sido constantes desde la vuelta del republicano a la Casa Blanca. Si en su primer mandato, Trump presionó al país vecino para que detuviera los flujos migratorios que venían del sur, en este, que inició en enero del año pasado, lo hace con la seguridad y el combate al crimen organizado. Velasco aparece así como una figura de contención, didáctica, encargado de explicar los logros del aparato de seguridad mexicano a sus pares al otro lado de la frontera.

Por otro lado, ambos países y Canadá deberán renegociar los términos del tratado comercial que une a las tres naciones (TMEC), a exigencias de Trump. En esa renegociación, Velasco jugará un papel fundamental, igual que su antiguo mentor y excanciller, Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía.

En mayo de 2022, justo al año de la caída de la Línea 12, donde murieron 26 personas, la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descalificó el peritaje, solicitado por ella misma, donde se señalaba que una de las causas de la tragedia había sido falta de mantenimiento.

“No cumple con ningún criterio técnico”, dijo Sheinbaum el 4 de mayo de ese año, un día después del aniversario. “Es un informe deficiente, mal ejecutado, tendencioso”, agregó. Anunció que su equipo entregaría “un reporte muy minucioso de todos los errores que tiene el informe”.

El percance más grave en la historia del Metro mexicano ocurrió el 3 de mayo de 2021, en plena campaña electoral para renovar alcaldes y congreso capitalino. La imagen fue sobrecogedora a nivel nacional e internacional. Además de los muertos, hubo un centenar de heridos.

Sheinbaum se apersonó en el lugar de los hechos. Y en medio de una crisis política sin precedente —la línea la hizo el entonces secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard cuando fue jefe de Gobierno (2006-2012)—, para ganar credibilidad anunció un peritaje externo.

Esa auditoría fue encargada a DNV, empresa noruega de la que la propia autoridad capitalina presumía una experiencia centenaria en análisis de gestión de riesgos y estructuras. Meses después, al recibir el peritaje de la “causa raíz”, Sheinbaum tronó contra sus resultados.

“Convirtió un informe técnico en algo político”, dijo la gobernante al no aceptar el mantenimiento como una de las causas de la caída. “¿Cómo vamos a permitir nosotros eso? Imagínense, o sea, va totalmente contra nuestra moral, nuestra ética; hemos estado –en mi caso personal– visitando a las víctimas”.

Cuatro años después, resulta obligado analizar la forma en que la ahora presidenta de la República reacciona en coyunturas en las que su gestión, o su diagnóstico incluso, de una problemática choca con lo que otro colectivo plantea. Porque lo de DNV no es un caso aislado.

En marzo de 2024, para citar otro ejemplo y en otra campaña electoral, Sheinbaum no dudaría en condicionar su respaldo público a colaborar con el Episcopado mexicano en la búsqueda de la paz, a que el diagnóstico elaborado por la Iglesia católica incluyera seis páginas con sus reservas.

Esas reservas de la candidata oficial eran de forma y fondo.

Para empezar, no compartía, dijo, la “evaluación pesimista del momento actual”, que no era otro sino el cierre del sexenio con más asesinatos en la historia moderna; y luego llegaba a señalar detalles concretos como no coincidir “con algunas propuestas que suponen que no hay ‘datos confiables’ en el Sistema Nacional de Seguridad”.

Decir que es lógico que la candidata de Andrés Manuel López Obrador iba a poner peros a un documento de medio centenar de páginas que dibujaba el sombrío país donde, tras seis años de Morena en el poder, eran asesinados lo mismo sacerdotes que jóvenes y defensores de derechos, es quedarse corto.

Porque tanto en el caso de DNV como en el del Episcopado surgen pistas de la forma en que procede Sheinbaum ante cuestionamientos, trazos que ahora son muy consistentes con su abrasiva forma de rechazar el informe de la ONU sobre desaparición forzada en México.

Al obligar al Episcopado a aceptar su adenda, no defendió al entonces presidente, también dejó claro que asume la autoridad para definir cuanto ocurre como una prerrogativa gubernamental que ni ha de ser compartida, ni se expone a diagnósticos con los que discrepa.

Porque en uno de los párrafos de su documento, en el que además se colgó de la encíclica “Fratelli Tutti” del Papa Francisco, la candidata presidencial que siempre fue arriba en las encuestas de esa elección advirtió que “si bien la construcción de la paz requiere de la participación de toda la sociedad, hay responsabilidades que el Gobierno no puede, en tanto que depositario de la soberanía popular, compartir o delegar, empezando por las de la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional y la gobernabilidad”. En lo de gobernabilidad cabe prácticamente todo.

Así, no es sorpresa el actuar del Gobierno de Claudia Sheinbaum desde que el jueves 2 de abril ventiló su rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ese día reveló su intención de pedir a la Asamblea General de Naciones Unidas que considere apoyar a México, dado que encontró indicios de crímenes de lesa humanidad.

Desde ese mismo día, tanto Gobernación como Relaciones Exteriores rechazaron el contenido del informe, al que calificaron de “tendencioso”.

Y si el término es el mismo al utilizado por Sheinbaum en 2022 con respecto al de DNV, ¿quién puede sorprenderse de que en el tema de la Línea 12 una de las cosas que entonces dijo el Gobierno capitalino fue que los técnicos que hicieron la tercera y más importante conclusión del peritaje eran mexicanos y no extranjeros, es decir, poniendo en duda su imparcialidad e incluso autoridad? El mismo argumento ha usado la presidenta, y otros voceros de su partido, con respecto a que el Comité contra la Desaparición Forzada son unos expertos independientes que en realidad no son la ONU.

La presidencia lleva toda la semana en plan de guerra con ese reporte, que llegó días después de que su Gobierno activara otra polémica sobre la misma tragedia de las desapariciones, esta por un nuevo esquema de conteo de los desaparecidos que ha sido acusado de pretender reducir a solo un tercio de los que desde hace años se conocen, los registros de desapariciones en los que se va a trabajar.

En todo caso, Sheinbaum está decidida a no dejar que la ONU diga qué son o qué no son las desapariciones en México. Por su contenido y tono, vale mucho la pena ver la mañanera del martes 7, cuando en más de veinte ocasiones hizo preguntas al aire sobre el documento:

“La manera en que estructuran el informe tiene muchas debilidades”, dijo en un momento la presidenta.

“No se niega el delito, y se atiende, y claro que queremos erradicar el delito de desaparición en nuestro país, por supuesto; y estamos trabajando con los colectivos y estamos haciendo las búsquedas y dando recursos”.

“Pero la orientación de este documento es otra”.

“De que rechazamos el documento, lo rechazamos”.

“¿Por qué no hay un reconocimiento de este comité de expertos de lo que ha venido haciendo el Gobierno de México?”

“¿Por qué no hay un reconocimiento de que, por primera vez, se instaló una Comisión de Búsqueda, cuando en los gobiernos, hasta el 2017, no lo había?

“¿Por qué no dice que algunos de esos gobernadores de esos estados incluso están detenidos? Uno de ellos acusado de desaparición forzada, ya en la Fiscalía actual”.

“¿Por qué no dice las sanciones, que haya elementos, por alguna prueba, vinculada con algún delito?”

“O sea, ¿por qué no reconoce todo eso que ha hecho el Gobierno de México y un compromiso firme para seguir avanzando en este tema?”

“¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere hacer? ¿Por qué no hay un reconocimiento? ¿Por qué no se tomaron en cuenta las observaciones?”

“¿Por qué quieren llevarlo a la Asamblea de Naciones Unidas? ¿Por qué no se reconoce la diferencia entre uno y otra forma de desaparición?”

“¿Por qué? ¿Por qué?”.

Además de esa retahíla de preguntas, de las que aquí solo se citan algunas, Sheinbaum no se guardó una acusación: “En particular, este comité de expertos —que no es precisamente una de las organizaciones de Naciones Unidas—, emite un documento que, cuando uno lo lee, es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al Gobierno de México, esencialmente; y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida”.

El episodio ilustra de cuerpo entero la forma de pensar de la presidenta y lo que vendrá no solo con respecto a su relación con la ONU, sino con cualquier entidad —política, ciudadana, local o internacional— ajena a su movimiento.

Contrató a un perito internacional en medio del peor percance del Metro en su medio siglo de historia, y no dudó en descalificarlo tanto por sus credenciales técnicas como por la nacionalidad de algunos de sus integrantes, cuando no le agradaron sus resultados.

Forzó al Episcopado a incluir seis páginas con puntos de vista que no solo eran distintos, sino que descalificaban o cuestionaban los de la Iglesia católica porque negaba que en 2024 prevalecieran “el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre”.

Y ahora le dice a la ONU que su comité no es suyo y que en una rueda de prensa su Gobierno, la semana próxima, enmendará todas las fallas e insuficiencias, “jurídicas, académicas y técnicas”, y que por eso “lo estamos rechazando”.

Lo que hace con la ONU es consistente con lo que ha hecho antes, y con lo que hará después. Nadie, ni técnicos en Noruega, ni pastores en iglesia alguna, sabe más que ella y su gobierno. Nadie.