Casi 300 personas, incluida una treintena de menores de edad, fueron detenidas en Chile en protestas en recuerdo del golpe militar de 1973 y las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, informó el gobierno el sábado (12.09.2026).
Las manifestaciones, habituales todos los años, se realizaron en el marco del 53º aniversario del golpe de Estado que encabezó Pinochet (1973-1990) en contra del gobierno del socialista Salvador Allende.
Miles de personas salieron a las calles para repudiar la dictadura militar que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos, en una jornada en la que por primera vez desde 1990, tras el retorno de la democracia, no hubo actos oficiales.
“Este año, tras jornada del 11 de septiembre y su víspera, se registraron 198 hechos de violencia, un 34% menos que en 2025, y 284 detenidos, un 80% más. No hubo civiles lesionados ni daños al transporte público”, aseguró el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en la red X.
Los manifestantes lanzaron piedras y palos a los carabineros, que respondieron con gases lacrimógenos y carros lanza-aguas antidisturbios.
Las principales manifestaciones se registraron en el Cementerio General de Santiago, donde se encuentra el mausoleo de la familia Allende y al que asistieron su hija y exsenadora Isabel Allende y el expresidente izquierdista Gabriel Boric.
En el Palacio de La Moneda y el Estadio Nacional también hubo concentraciones. Allende resistió en el palacio de gobierno hasta su muerte por suicidio, mientras que manifestantes recuerdan que el campo deportivo fue usado como centro de detención y tortura.
El gobierno del derechista José Antonio Kast no realizó un acto conmemorativo oficial por primera vez desde 1990. En la región de Los Ríos (sur), el presidente defendió el viernes su posición.
“Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación”, dijo en un discurso público.
gs (afp, La Tercera)
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Se ha cumplido un cuarto de siglo desde el ataque en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Su respuesta inmediata tras esos actos fue la destrucción de la organización que los había llevado a cabo y, en la búsqueda de su objetivo, el desencadenamiento de la guerra contra el terrorismo que se extendió desde Oriente Medio hasta los lugares que Estados Unidos consideró como amenazas.
En medio de esta confrontación, Afganistán se convirtió en el teatro de una guerra de más de veinte años que terminó con el regreso de los talibanes al poder. En ese mismo marco, Estados Unidos invadió a Irak, en 2003, sin que hubiera en ese caso relación alguna con los atentados. Veinticinco años después, el mundo es diferente, pero la inestabilidad con la que se inauguró el siglo XXI repercute en la actualidad. El así llamado 11-S dejó tras de sí consecuencias hasta entonces inéditas que dieron paso a una gran estrategia de vigilancia, recopilación de datos, control territorial, elaboración de listas de enemigos y sospechosos, entre otros resultados múltiples que incluyen la ampliación de poderes ejecutivos, la dramatización de la migración, ciberseguridad, para mencionar tan solo algunos.
Después del 11 de septiembre, se hizo célebre la declaración del entonces presidente estadounidense, George W. Bush: “O estás con nosotros, o estás con los terroristas”, enunciado en un discurso en el Congreso nueve días después de los ataques. Con esta afirmación se terminó cualquier posibilidad de que hubiera neutralidad en las relaciones internacionales y se estableció el inicio oficial de la denominada “Guerra contra el terrorismo”.
El autoritarismo dejó de ser una marca distintiva de regímenes tan solo vistos por fuera de Estados Unidos para convertirse en un rasgo que se puede dar dentro de las democracias. Son los propios Estados los que imponen un poder que puede atentar contra los pueblos. Ha crecido el poder de grandes corporaciones tecnológicas dominantes con influencia política, económica y militar.
América Latina es nuevamente un territorio en disputa y es fundamental para Washington en la carrera por el control geopolítico en el hemisferio occidental. El ascenso del poderío militar y político, más notorio aún bajo el actual gobierno, evidencia su interés en asegurar su dominio hegemónico en la zona en el siglo XXI. Es de interés particular su competencia con China. Están en juego también recursos naturales como tierras raras y minerales críticos. Desde México hasta Argentina, Estados Unidos quieren el control del Océano Pacifico, por ser el canal de comunicación con Asia Oriental. Con ese fin, le viene bien a la retórica estadounidense insistir en la invocación a la lucha contra el “narcoterrorismo” como la justificación para intervenir militarmente. A lo largo de estos años, la región pasó de ser patio trasero a territorio en disputa que contribuye a definir el orden global. Se entiende así el interés en controlar puertos y rutas marítimas, inversiones, mientras China, por su parte, quiere competir con alianzas comerciales, acuerdos, soberanía latinoamericana, apoyo con infraestructura.
Una de las prioridades de la visita reciente del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la región, que inició en Colombia y siguió a Ecuador y Perú, fue la agenda del “Escudo de las Américas” y los temas de cooperación militar en la lucha contra el narcoterrorismo y la cooperación militar conjunta en el marco de la seguridad hemisférica. En Colombia, Rubio señaló que Estados Unidos busca retomar una “época dorada” porque considera que es su aliado más importante en la región. Desde comienzos del 2000, con el Plan Colombia, Estados Unidos postuló a Colombia como su principal aliado en América Latina. Cabe recordar que el Plan Colombia fue la nomenclatura utilizada para la ayuda para combatir el narcotráfico y la guerrilla. El Plan Colombia convirtió al país en el mayor receptor de apoyo militar estadounidense en la región.
La respuesta del actual gobierno colombiano de alineación incondicional con Washington, lo puede llevar a adoptar un perfil bajo en los escenarios globales, al aceptar en forma casi exclusiva la agenda de la Casa Blanca. La política de Bogotá en su relación con Estados Unidos se está caracterizando por una aceptación de alianzas que comprometen la soberanía a nombre de la cooperación internacional en seguridad y narcotráfico. Es alto el riesgo de que se llegue a ceder control territorial en esta alineación incondicional con el gobierno estadounidense y su estrategia geopolítica.
Así, por ejemplo, debe recordarse que ningún funcionario estadounidense había atacado la Corte Penal Internacional como lo ha hecho Marco Rubio, quien anunció “desmantelar la CPI”, tras señalarla de institución corrupta y politizada. Ya en agosto le habían impuesto más sanciones a la presidenta de la Corte, además de las ya impuestas a 12 funcionarios. Recordemos que la jurisdicción de la CPI se ocupa de delitos como genocidio, crímenes de guerra y agresión en conexión con el uso de la fuerza armada contra la soberanía o independencia política de otro Estado.
En línea con una alianza que pone en riesgo, no solo la soberanía colombiana, como ya se señaló, sino también la participación de Colombia en sus relaciones multilaterales y sus compromisos con el ordenamiento penal internacional, el presidente De la Espriella anunció que quiere retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional siguiendo la agenda estadounidense. De materializarse este propósito, sería nocivo en grado sumo el impacto, en Colombia, en lo tocante a los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Si tenemos en mente que el presidente Trump ya firmó un decreto mediante el cual Estados Unidos se retira de 31 organismos de la ONU y de otras 35 organizaciones internacionales, se hace inocultable el desprecio de la administración Trump hacia las organizaciones internacionales y hacia el Estado de derecho, en particular. Colombia necesita salvaguardas internacionales que protejan los derechos humanos. Esta necesidad es ya una urgencia teniendo en cuenta el contexto marcado por un gobierno que dio inicio a su mandato con una ofensiva militar total contra grupos armados para imponer el orden por la fuerza. La población civil será la mayor afectada. Una alineación incondicional con Washington supedita principios como los de la soberanía nacional y derechos fundamentales.
Don Luis H. Álvarez fue un panista ejemplar en muchos aspectos. Su figura era un referente para los propios militantes y también para sus adversarios. Su liderazgo en el partido fue incuestionable por décadas. Sobre todo, fue un “militante de a pie” en las épocas en que ser de oposición era como predicar en el desierto. Don Luis fue candidato a la presidencia del país en 1958. Durante esa campaña no tuvo una sola entrevista en medios de comunicación y lo metieron a la cárcel por hablar mal del Gobierno. Años después, en 1986, llevó a cabo una huelga de hambre de cuarenta días en protesta por el fraude electoral en Chihuahua.
Esta brevísima semblanza es para enmarcar la siguiente anécdota: A finales de los noventa, don Luis —que era senador en ese entonces— formaba parte de la COCOPA, una comisión legislativa de todos los partidos para facilitar el diálogo con los zapatistas en Chiapas. La intención de esa comisión era mostrar un esfuerzo institucional, al margen del Gobierno, para restablecer la paz en ese Estado. Los legisladores decidieron hacer reuniones de la comisión en las oficinas de los partidos para mandar la señal de que no eran importantes los colores ni las banderas de cada partido, sino el esfuerzo conjunto. En esos días yo trabajaba en el área de comunicación del PAN. A mi oficina llegó un día don Luis y me dijo:
—Quiero que me ayudes con una cosa.
—Adelante, don Luis, lo que usted diga.
—Mira —continuó—, con esto de las reuniones de la COCOPA en los partidos, resulta que la que viene es en el PRI. Quiero que le digas al presidente (se refería a Felipe Calderón, que encabezaba el PAN) que no voy a asistir a esa reunión. Es un asunto personal y no quiero molestarlo con algo así, por eso quiero que se lo comentes tú. Nunca en mi vida he pisado la sede del PRI y no lo voy a hacer ahora. Me moriré sin haberla pisado.
Y así fue. Don Luis no asistió a esa junta y murió sin haber puesto pie en el PRI.
El tema viene al caso por dos imágenes recientes que tienen que ver con el PAN de estos días. Una es la visita de Fox al PRI y su foto con el señor Alito. Don Luis hacía un tipo de política. Fox hace otro. Cada uno a su estilo. Sin embargo, Fox no es el PAN, aunque se hayan limado asperezas con el partido (quizá lo único que ha hecho bien esta dirigencia panista es reconciliarse con sus presidentes). Fox siempre ha ido por su lado. Estuvo con el PAN cuando lo necesitó. Desde siempre ha sido un creyente de las alianzas. A sus ochenta años quiere contribuir con lo que considera que es oportuno y necesario. Pero lo que haga él no es lo que quiere o vaya a hacer el blanquiazul. Es efectivamente algo a título personal. O por lo menos eso parece, pues el PAN no ha dicho nada sobre esa reunión.
La otra imagen es más delicada y sí involucra directamente al PAN de ahora y a su directiva. Se trata del senador panista Enrique Vargas en un evento con el diputado de Morena Pedro Haces. Una imagen grotesca por lo que representa de la política nacional. Una imagen que incluso asqueó a la propia presidenta y se pronunció al respecto cuestionando la labor política de Haces. Y, como de costumbre, el blanquiazul no ha dicho nada. El asunto es que Vargas sí representa al PAN, es senador, es el “dueño” del partido en el Estado de México y forma parte de órganos directivos del partido. En pocas palabras: la imagen que importa para saber en qué anda el PAN no es la de Fox, sino la de Vargas.
La directiva panista estaba esta semana por Europa, pero en días normales está en la luna. Los presidentes del PRI y de Morena estuvieron presentes en el arranque del proceso electoral en el INE y fijaron sus posiciones. El presidente del PAN no estuvo para dar algún mensaje. Fue a reunirse a Alemania –en una gira patética por sus mensajes– con la CDU, el partido de derecha alemán que acaba de perder más de la mitad de sus votos en las pasadas elecciones frente al partido de la ultraderecha. Ni siquiera se reunieron con los ganadores. Por supuesto, aunque anduvieron por allá, no sabemos qué piensa la presidencia panista del triunfo de la AfD en Alemania.
Es un hecho que el PAN de ahora no hace la política que hacía Luis Álvarez. Pero tampoco sabemos si quiere hacer la de Fox o si está de acuerdo con la de Enrique Vargas. No sabemos qué piensa el PAN de todo esto. Es más, ya no sabemos siquiera si piensa.
Esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó su propuesta de Criterios Generales de Política Económica 2027, así como la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo año. En su conjunto, esto conforma el llamado Paquete Económico 2027, que es la propuesta que plantea el gobierno para la conducción de la política económica del próximo año. Ahora, el poder legislativo, conformado por las Cámaras de Diputados y Senadores, deberá abocarse a su discusión, análisis y eventual aprobación.
Lo primero que hay que decir es que se trata de un paquete responsable y realista. Es responsable porque identifica como prioridad la necesidad de contener, en el mediano plazo, la expansión de la deuda pública como porcentaje del PIB. Esto es importante porque durante las últimas dos décadas la deuda del gobierno prácticamente se ha duplicado como porcentaje del PIB, ya que pasó de 28% a finales de la administración del presidente Fox en 2006, a un nivel de 54% hacia finales de este año. Dicho aumento de la deuda, por cierto, y a diferencia de lo que suelen repetir distintos políticos o analistas sesgados, ocurrió a un ritmo muy similar en las administraciones de los expresidentes Calderón, Peña Nieto y López Obrador. En concreto, cada una de estas administraciones aumentó la deuda pública en niveles cercanos a ocho puntos porcentuales del PIB.
La propuesta del actual paquete es tratar de estabilizar la deuda en un nivel de 56.5% del PIB hacia finales de la presente Administración, lo que implicaría un aumento de menos de cinco puntos porcentuales del PIB en esta gestión y, más importante, la posibilidad de finalmente estabilizar la deuda pública como porcentaje del PIB. Si se lograra esto, sería sin duda un logro muy importante que, por lo demás, garantizaría que el país pudiera mantener el grado de inversión por parte de las agencias calificadoras.
Por otro lado, la propuesta es realista porque, a diferencia de lo ocurrido en años recientes, el escenario macroeconómico que se propone es más creíble y es, además, compatible con las estimaciones y expectativas de analistas del sector privado. Un componente importante de esto es el pronóstico de crecimiento de la economía, ya que una sobreestimación de este indicador podría conducir a un escenario en el que la deuda como porcentaje del PIB parecería disminuir de manera artificial e injustificada. Por ello, el que ahora se revisen a niveles más moderados las expectativas de crecimiento para este y otros años hace que las estimaciones resulten más creíbles de lo que habían sido en ocasiones anteriores.
Para lograr que el escenario sea más realista hay dos componentes que resultan cruciales: por un lado, la expectativa de que la recaudación mejorará y, por el otro, una cierta contención en la expansión del gasto público. Lo primero se atiende con algunas modificaciones en la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) que prometen generar una recaudación adicional importante. Estas modificaciones buscan introducir una especie de impuesto de control para que empresas relativamente grandes (con ventas de 50 millones de pesos o más al año) paguen al menos un porcentaje (aunque sea bajo) de sus ingresos en forma de ISR. Esta modificación permitirá recaudar más impuestos por esta vía, al imponer un tope en las deducciones que pueden realizar estas empresas. Se espera que esta medida contribuya a desincentivar el uso de las llamadas empresas factureras (empresas que se dedican a vender facturas que amparan transacciones no realizadas, pero que permiten realizar deducciones importantes).
Por el lado del gasto, la contención ocurre porque el gasto en programas sociales prácticamente solo aumentará conforme a la inflación y por factores demográficos (esto es, por la incorporación de personas que cumplen con requisitos de edad para ser beneficiarios de algunos programas sociales). A diferencia de años anteriores, en los que se anunciaron nuevos programas sociales o aumentos significativos en los programas ya existentes, esta decisión permitirá que se comience a contener el gasto y la presión fiscal que esto implicaba.
Además de lo anterior, hay otros componentes importantes en el paquete económico como una propuesta de ley para fortalecer y promover el pago con medios digitales, así como una propuesta para avanzar en la homogeneización y homologación de los registros catastrales y de los registros públicos de la propiedad, lo cual anticipa la posibilidad de hacer una buena reforma al impuesto predial en el futuro.
En suma, se trata de un paquete económico que trata de transmitir certeza y confianza en la situación de las finanzas públicas del país y que podría contribuir por esa vía a mejorar el entorno de negocios. Todavía falta, por supuesto, una reforma de carácter más amplio a la Hacienda pública mexicana (tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto) que permita crecer más y mejorar el bienestar económico de la población, pero, al menos, este paquete ofrece un paso en la dirección correcta.
Suecia llega a las elecciones de este domingo con una certeza que hace apenas unas semanas parecía improbable: las urnas están mucho más abiertas de lo que se esperaba. Durante buena parte del año, una victoria de la oposición de centro izquierda parecía el desenlace más probable. Ahora, sin embargo, la distancia entre los dos bloques se ha reducido hasta convertir la elección en una auténtica carrera de fondo, en la que unos pocos miles de votos pueden decidir no solo quién gana, sino también quién forma Gobierno.
El último sondeo de Ipsos lleva la incertidumbre al extremo: la oposición suma el 49,3% y los cuatro partidos que sostienen el Gobierno de Ulf Kristersson, el 49%. Apenas tres décimas separan a ambos bloques, una diferencia que se traduciría en 175 escaños frente a 174. La mayoría absoluta está en 175. Demoskop concede una ventaja algo mayor a la oposición, 50,5% frente a 48%, mientras que Novus sitúa la diferencia en tres puntos: 50,8% para socialdemócratas, verdes, centristas e izquierda frente al 47,8% de los partidos de Tidö (conservadores, ultraderecha, cristianodemócratas y liberales). La tendencia, sin embargo, es la misma: la ventaja que llegó a ser muy amplia durante la primavera se ha estrechado considerablemente.
La gran sorpresa de la recta final de la campaña son los liberales, el partido que hace apenas unos días parecía condenado a quedarse por debajo del 4% necesario para entrar en el «Riksdag» (Parlamento). En Novus llegó al 5,8% el 9 de septiembre y retrocede al 4,7% en la medición del día 11. Su recuperación procede fundamentalmente de otros partidos del bloque gubernamental, sobre todo del Partido Moderado y los Demócratas Suecos (SD). Ese movimiento explica en parte por qué la elección ha recuperado dramatismo. El bloque de derecha no solo necesita conservar sus votos: también debe evitar que su electorado se fragmente internamente. Los moderados de Kristersson llegan debilitados y los ultras de SD siguen por delante.
Dado que en Suecia no existe jornada de reflexión, los partidos intensifican las últimas horas para arañar votos decisivos. En las casetas electorales instaladas en la plaza Sergels Torg del centro de Estocolmo, militantes y candidatos transmiten a LA RAZÓN una mezcla de confianza y nerviosismo. Håkan Lindberg, candidato socialdemócrata al Gobierno regional de Estocolmo, admite que su partido no está donde esperaba, pero confía en que los últimos días sean decisivos. «Estos últimos días son muy importantes para la elección», sostiene. Espera que los socialdemócratas puedan acercarse al 30% y considera que el desempeño de su líder y ex primera ministra, Magdalena Andersson, en los debates puede ser determinante.
Sondeo electoral SueciaT. GallardoLa Razón
Al otro lado, Edward Hamilton, candidato del Partido Moderado (conservador) al Parlamento, mantiene una visión mucho más optimista. Cree que el escenario puede repetir el de 2022, cuando la izquierda comenzó por delante durante el recuento y acabó perdiendo. Para él, la batalla se resume en dos grandes cuestiones: la economía y la seguridad.
La economía, precisamente, ha ocupado buena parte del centro de la campaña. Los partidos han competido con promesas de alivio para las familias, rebajas fiscales y nuevas inversiones públicas. Niklas Bolin, profesor de Ciencias Políticas en la Mid Sweden University, asegura a este diario que el giro es significativo respecto a las elecciones anteriores. «Las elecciones probablemente serán mucho más reñidas de lo que indicaban las encuestas de opinión durante la primera mitad del año», afirma. A su juicio, economía, sanidad y educación han desplazado parcialmente a la inmigración, la energía y la seguridad como principales ejes de la campaña.
La seguridad, sin embargo, no ha desaparecido. El último debate electoral en la televisión pública SVT, celebrado el viernes con los ocho líderes de los partidos parlamentarios, volvió a poner sobre la mesa criminalidad, integración y energía, además de economía, escuela, clima y sanidad.
Uno de los momentos más tensos volvió a enfrentar a Andersson y Kristersson por la eliminación de la rebaja de las penas para quienes son condenados por varios delitos. El primer ministro acusó a la líder socialdemócrata de no defender suficientemente a las víctimas, mientras esta replicó que quiere eliminar la reducción de penas para delitos sexuales y graves de violencia, pero de manera gradual y viable.
El tono del debate reflejó así una campaña en la que los dos grandes bloques han convergido parcialmente en asuntos como inmigración y delincuencia. Nicholas Aylott, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Södertörn de Estocolmo, también consultado por LA RAZÓN, considera precisamente que la inmigración ya no ocupa el lugar central de 2022 porque el Gobierno ha cumplido buena parte de sus objetivos. Pero advierte de una paradoja para la derecha: parte de los votantes preocupados por la inmigración se ha desplazado de los liberales a otros partidos debilitando al bloque del Gobierno.
La pregunta decisiva, por tanto, no es solo quién ganará. También es qué tipo de Gobierno podrá formarse después. Carl Olehäll, dirigente de los cristianodemócratas, mantiene el optimismo: «Todavía soy optimista ante una victoria electoral». Su partido seguirá en el bloque de derechas, aunque admite la posibilidad de acuerdos puntuales con otros partidos en cuestiones como energía, seguridad y orden público. En el otro extremo, el Partido de la Izquierda ve una oportunidad en el crecimiento de su apoyo. Johan M. Sanne, candidato en la región de Estocolmo, admite a este diario que un buen resultado debe traducirse en influencia real sobre un eventual Gobierno socialdemócrata y en políticas más sociales. El problema es que las visiones de los excomunistas son diametralmente opuesta a las del Partido de Centro, otro de los potenciales aliados de gobierno de los socialdemócratas.
Ahí aparece una de las grandes dificultades para Andersson. Incluso una victoria de la izquierda no garantiza un Gobierno estable. Socialdemócratas, verdes, centristas e izquierda tendrían que encontrar un terreno común, después de las tensiones de la pasada legislatura. Lindberg reconoce que formar una mayoría «no va a ser fácil» y calcula que serían necesarias negociaciones con tres o cuatro partidos. Bolin considera que la mayoría de los indicadores sigue apuntando a una victoria de la izquierda, pero recuerda que los socialdemócratas suelen perder algo de apoyo durante las campañas. Aylott es más crítico con la estrategia de Andersson y considera que su campaña, demasiado defensiva, difícilmente habrá atraído muchos nuevos votantes. A la ex primera ministra parece haberle pesado en la campaña su imagen de eterna favorita y política con demostrada experencia.
El pasado 6 de septiembre, en Sajonia-Anhalt, Alternativa para Alemania obtuvo el 43,8 % de los votos. La cifra es descomunal, pero no es la más inquietante del escrutinio. La más inquietante es otra: la participación alcanzó el 77,8 %, récord absoluto del Land desde la reunificación. No hubo victoria por abandono ni desmovilización del adversario; hubo movilización masiva a favor.
La Unión Demócrata Cristiana del canciller Friedrich Merz se desplomó hasta el 17,2 %, menos de la mitad, y perdió veinticinco escaños de los cuarenta que tenía. La AfD se quedó a tres diputados de la mayoría absoluta. Conviene añadir un dato que en España apenas se ha mencionado: la federación de la AfD que acaba de arrasar está clasificada desde 2023 por la Verfassungsschutz (Oficina de Protección de la Constitución, el servicio de seguridad interior y contraespionaje) de ese mismo Land como “extremista de derecha confirmada”.
La tentación inmediata es leer el resultado como la enésima confirmación de una ola continental que barrería Europa de Lisboa a Helsinki. Esa lectura es cómoda, es la dominante y es falsa. Lo que hay sobre la mesa no es una ola, sino tres dinámicas simultáneas y divergentes que conviene separar con precisión, porque confundirlas conduce a errores de pronóstico graves.
Tres dinámicas simultáneas
La primera es de ascenso vertical: Alemania, Austria y Francia forman el eje duro del fenómeno, con el Partido de la Libertad austriaco (FPÖ) en el 34 % y la Agrupación Nacional convertida en favorita para el Elíseo. La segunda es de meseta o corrección: los Países Bajos castigaron a Geert Wilders en octubre de 2025 con la pérdida de once escaños; Reform UK, que llegó a rozar el 30 %, ha caído por detrás del laborismo de Andy Burnham; los Verdaderos Finlandeses han bajado del 20,1 % de 2023 al entorno del 15 %; los Demócratas de Suecia llegan, según los sondeos, a las elecciones de este domingo por debajo de su registro de 2022. La tercera dinámica es de derrota lisa y llana, y es la que nadie cita.
El 12 de abril de 2026, Viktor Orban perdió el poder después de dieciséis años. El Tisza de Péter Magyar obtuvo 141 de los 199 escaños de la Asamblea Nacional con el 53,18 % del voto de lista, frente al 38,61 % de un Fidesz que se hundió de 135 a 52 diputados. La participación subió más de nueve puntos, hasta el 78,99 %. Es el acontecimiento político europeo más importante del último lustro y el peor comprendido: demuestra que una democracia iliberal consolidada, con el aparato mediático y la cartografía electoral en la mano, puede ser desalojada en las urnas.
Las elecciones húngaras ponían muchos instrumentos al servicio de Orban, especialmente los medios de titularidad pública, pero seguían siendo elecciones libres. Ese, y no otro, es el umbral que hay que vigilar. Hablar de “la extrema derecha europea” en singular es, además, un error de categoría. Bajo esa etiqueta conviven al menos cuatro intensidades distintas. Está la derecha nacional, conservadora plenamente integrada, que acepta el marco constitucional, la Alianza Atlántica y la reversibilidad del poder: Hermanos de Italia, cuya política exterior atlantista y proucraniana es hoy más firme que la de varios gobiernos socialdemócratas, Vox de España o los Demócratas de Suecia.
Está el nacional-populismo antisistema, que ataca a las élites pero acepta las reglas electorales: Agrupación Nacional, Chega, el Partido por la Libertad neerlandés. Está la democracia iliberal en ejercicio, definida por unos hechos y no por una doctrina: el Fidesz húngaro, Ley y Justicia en Polonia. Está, por último, el extremismo certificado no por un comentarista, sino por un acto administrativo del propio Estado: las federaciones orientales de la AfD, el Movimiento Nuestra Patria húngaro, la Confederación de la Corona Polaca de Grzegorz Braun. Meter a todos en el mismo saco imposibilita cualquier estrategia de respuesta.
El fenómeno de fondo
Dicho esto, hay un fenómeno de fondo, común y estructural, que explica el conjunto mejor que ningún otro: el desplazamiento del voto obrero. En las legislativas francesas de 2024, la Agrupación Nacional y sus aliados obtuvieron el 57 % del voto de los obreros, doce puntos más que en 2022, el 44 % del de los empleados y el 49 % del de quienes no tienen el bachillerato.
Ninguna formación había logrado semejante penetración en el mundo obrero francés desde los mejores años del Partido Comunista, que en 1978 obtenía el 20,6 % de los votos legislativos y en las europeas de 2024 se quedó en el 2,36 %: el 88 % de su fuerza electoral perdida en cuarenta y seis años. Ese electorado no se ha ido mayoritariamente a La France Insoumise, cuya base es urbana, universitaria y joven: el Nuevo Frente Popular obtuvo el 34 % entre los cuadros y solo el 21 % entre los obreros. Se ha ido a la derecha radical. En Austria y en Alemania la fotografía es la misma: el Partido de la Libertad y la AfD son ya los primeros partidos entre los trabajadores manuales de sus respectivos países.
Christophe Guilluy y Jérôme Fourquet llevan una década describiendo el mecanismo y el establishment europeo lleva una década sin querer escucharlo. Los partidos socialdemócratas abandonaron a su electorado obrero en dos tiempos: primero, con la conversión al libre comercio y a la desregulación financiera de los años noventa; después, con el desplazamiento de su agenda hacia cuestiones postmateriales que estructuran las prioridades del profesorado universitario, no las del operario de una planta de estampación amenazada de cierre. A esa orfandad se ha sumado un perjuicio de clase de proporciones históricas: la transición energética.
La prohibición del motor de combustión en 2035 se presentó como una necesidad moral y se ha ejecutado como una expropiación de empleo industrial. Volkswagen anunció el pasado 3 de septiembre cincuenta mil supresiones adicionales de puestos de trabajo, hasta rondar las cien mil. Europa era campeona mundial del automóvil y ha entregado a China las llaves de las baterías, los paneles y los motores eléctricos.
Cada empleo suprimido en Wolfsburgo o en Zwickau es un voto potencial para la AfD. Sería difícil concebir una política más eficaz para fabricar electores de la derecha radical. Hay un segundo fenómeno, este apenas explorado y aún menos comprendido: el voto de los inmigrantes regularizados y nacionalizados. La intuición extendida –que el nuevo nacional tiende a votar conservador, y a veces incluso a la derecha radical, por hostilidad a la política de puertas abiertas– se verifica de manera especial en los Estados Unidos, donde Donald Trump obtuvo en 2024 el 48 % del voto hispano, el mejor registro republicano desde George W. Bush, con un desplazamiento de veintidós puntos respecto de 2020 según el estudio de votantes verificados del Pew Research Center. Entre los varones hispanos pasó del 32 % de 2016 al 45 % de 2024. En Francia la tendencia es exactamente la contraria: según la encuesta Ifop-Hexagone, el 37 % de los electores con ambos progenitores de origen extraeuropeo declara intención de voto a Jean-Luc Mélenchon, y el 51 % de los electores musulmanes.
Voto de origen
Más revelador todavía: entre los musulmanes de categorías socioprofesionales altas la cifra es del 59 %, prácticamente idéntica a la de las categorías bajas. No es un voto de clase; es un voto de origen. La variable que explica la divergencia no está en la demanda, sino en la oferta. Allí donde la derecha define la frontera de la nación en términos jurídicos y económicos –el legal frente al ilegal, el contribuyente frente al perceptor–, esa frontera es franqueable mediante la naturalización y el esfuerzo, y el recién llegado de ayer puede reclamar la condición de miembro pleno. Allí donde la frontera se ha construido en términos étnicos o civilizacionales, ningún acto administrativo convierte al hijo de argelinos en francés a los ojos de la doctrina identitaria.
Una gran parte de la derecha radical de Europa occidental se ha cerrado así el acceso a un electorado que le sería sociológicamente afín en materia de familia, autoridad y orden público. Es su principal límite estructural de crecimiento, y no lo corregirá, porque corregirlo equivaldría a renunciar a su razón de ser. Añado una hipótesis que no se está midiendo en España: entre nosotros, donde el grueso de la inmigración naturalizada es hispanoamericana y católica, la frontera es jurídica y no civilizacional. Ese electorado, ignorado por la demoscopia, puede ser decisivo en varias circunscripciones mediterráneas y madrileñas.
Las democracias europeas están enfermas
Queda lo peor, que es lo que nos corresponde. Europa afronta la mayor crisis de seguridad desde 1945 –guerra en Ucrania, guerra en el Golfo, el Brent por encima de los cien dólares, el chantaje sobre Ormuz– sin nadie al timón. Friedrich Merz llegó a la Cancillería en mayo de 2025 con un capital de expectativas considerable; muchos teníamos puestas en él esperanzas fundadas. Dieciséis meses después, la Unión ha caído por debajo del 20 % en el conjunto de Alemania por primera vez en cinco años, y su respuesta al desastre de Sajonia-Anhalt ha consistido en anunciar que redoblará las reformas impopulares.
Puede que sea económicamente correcto; acredita que sigue sin comprender que el problema no es el ritmo de las reformas, sino la falta de un relato que explique para qué sirven y quién paga la factura. Tocqueville lo advirtió: el momento más peligroso para un mal gobierno es aquel en que empieza a reformarse. Ni Olaf Scholz ni Merz han querido ser lo que Alemania debía ser, la potencia que asume la pesada carga del liderazgo de Europa.
Emmanuel Macron, en el ocaso de un mandato que termina en mayo de 2027, no está en condiciones de suplirlo. Ernst-Wolfgang Böckenförde formuló en 1964 el teorema que mejor describe nuestra situación: el Estado liberal secularizado vive de presupuestos que él mismo no puede garantizar. Ortega había advertido treinta años antes que el hecho decisivo de la vida pública europea era el advenimiento de las masas al pleno poderío social, sin garantía alguna de dirección.
Las democracias europeas están gravemente enfermas, pero no están muertas. En veinticuatro meses han fallado tres pronósticos que se daban por seguros: Wilders primer ministro, Farage primer ministro, Orbán inamovible. Quien hoy dé por descontada la llegada de la AfD a la Cancillería estará cometiendo el mismo error de determinismo. La derecha radical no ha ganado ningún debate: ha ocupado un vacío. Lo que decide el desenlace no es la fuerza del extremo, sino la competencia del centro.
De niña dibujaba descalza los ríos de África en la arena de nuestra casa en Malabo. Mi padre me miraba y me decía: «Mekuy Mbá, estos ríos son tus venas y arterias, llevan la memoria de nuestros antepasados». Yo seguía dibujando. No entendía qué quería decirme. ¿Cómo iba a entenderlo? Era una niña.
Esta semana volví a aquella arena. Por un mapa. Era el que todos conocíamos. Estaba en la escuela, en los libros. Nunca pensé que pudiera contarme mal el mundo. Groenlandia parecía casi del tamaño de África. Y no lo era. Este continente es unas 14 veces mayor.
El 4 de septiembre Naciones Unidas aprobó una resolución para promover mapas que respeten el tamaño relativo de los continentes. Esa imagen estuvo delante de generaciones enteras. La vimos los africanos y la vio el mundo entero. Terminó siendo normal. Cuando una representación se repite durante años, dejamos de preguntarnos si refleja la realidad. El mundo nos educa por repetición.
No me interesa buscar culpables. Me interesa lo que ocurre después: qué hacemos cuando descubrimos que algo que nunca cuestionamos no era exactamente como creíamos. Corregir el mapa importa. Pero ninguna resolución puede hacer por nosotros lo que viene después. Mientras no sabemos, aceptamos. Cuando sabemos, ya elegimos.
Podemos seguir igual o volver sobre aquello que habíamos dado, por cierto. Porque no solo heredamos mapas. Recibimos ideas sobre quiénes somos, sobre los demás, sobre el lugar que ocupamos. Algunas serán ciertas. Otras no. Haberlas recibido no significa que tengan que decidir por nosotros. Vuelvo a aquella niña, dibujando ríos en la arena. No sabía de escalas ni de proyecciones. Tampoco necesitaba saberlo. África ya tenía y tiene su tamaño. Era el mapa el que no lo mostraba.
El día del golpe de Estado en Chile, el capitán Jorge Silva Ortiz estaba destinado en la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea. Era el 11 de septiembre de 1973 ypidió que no lo enviaran a la calle a reprimir y capturar a presuntos partidarios del recién depuesto gobierno del socialista Salvador Allende.
Silva quedó a cargo de la logística en la Escuela de Especialidades de la Base Aérea El Bosque, un sitio que fue utilizado como campo de detención, tortura y exterminio.
“Vi cómo iban llegando los camiones cargados de presos a los que dejaban en un hangar rojo”, dijo Silva en una entrevista en 2012 con Ciper, un medio chileno de investigación. “Ahí fue cuando vi a dos jóvenes”.
Esos jóvenes eran los estudiantes Fernando Villagrán y Felipe Agüero, detenidos el 16 de septiembre en las inmediaciones de la población La Legua, en el sur de Santiago.
El relato de Silva continúa: “Me acerco al suboficial y le pregunto: ‘¿Qué pasa con estos dos muchachos?’ Y el suboficial me dice que los han sorprendido en un auto con un documento en el que se preparaban para enfrentarse a la Junta Militar, por lo que los van a fusilar en la noche”.
“Mira, hay un vehículo que va a salir dentro de dos horas al Estadio Nacional. Échalos en ese vehículo, le dije al suboficial. Y no los fusilaron”.
Tal como él había ordenado, los dos jóvenes fueron subidos a un vehículo -que formaba parte de un convoy- junto a un grupo de pobladores de La Legua y unos dirigentes sindicales brutalmente golpeados.
“Éramos más de 20, quizás unos 30, todos en muy mal estado por los golpes”, recuerda en diálogo con BBC Mundo Fernando Villagrán, autor del libro “Disparen a la Bandada”, en el que narra los hechos.
Jorge Silva no tenía la misión de llevar prisioneros políticos al Estadio Nacional, pero él decidió hacerlo por cuenta propia, relata Villagrán, de 77 años.
El estadio fue transformado en campo de concentración y tanto Villagrán como Agüero sufrieron torturas.
Pero gracias a la orden de Silva de trasladarlos allí, no fueron ejecutados esa noche.
“Nosotros teníamos que ser eliminados en el camino”, dice Villagrán.
“Me iban a ejecutar y él me salvó”.
“Hangar Rojo”
La película “Hangar rojo” pone en escena el gran dilema moral que enfrenta su protagonista, el capitán Silva. [Gentileza Storyboard Media]
Esta historia está en el corazón de “Hangar rojo”, una película dirigida por Juan Pablo Sallato e inspirada en el libro escrito por Villagrán, quien además colaboró con el guión de la cinta.
Siguiendo los acontecimientos que ocurrieron en la vida real, la ficción cinematográfica recoge detalles íntimos e históricos sobre la experiencia vivida por su protagonista, el capitán Silva, en las horas decisivas que cambiaron la historia de Chile.
El propio Silva contribuyó en la minuciosa reconstrucción de esos momentos a través de largas conversaciones con el guionista, Luis Emilio Guzmán, con Villagrán y con Sallato, el director.
“Le pedimos que nos contara todo lo que había pasado en esos días, minuto a minuto, desde la mañana hasta la noche”, cuenta Sallato a BBC Mundo.
Esas conversaciones ayudaron a darle vida a un intenso thriller político y humano filmado en blanco y negro, donde las órdenes, las lealtades y las convicciones personales se enfrentan en un momento decisivo.
Después de haber ganado 19 premios en festivales internacionales y un exitoso debut comercial en Italia, Sallato comprobó que la cinta ha resonado en muchos países.
“Muestra un dilema moral que puede pasar en cualquier parte del mundo”, sostiene. “Al final se trata de la humanidad dentro de la barbarie, con todos sus grises”.
“¿Se acuerda de nosotros?”
Cuando tenía 24 años, Fernando Villagrán estuvo detenido en el hangar rojo de la Escuela de Especialidades de la Base Aérea El Bosque junto a su amigo Felipe Agüero. [Gentileza Fernando Villagrán]
La barbarie que vivió Villagrán en el hangar rojo no ha desaparecido de su memoria.
Tiene nítido el recuerdo de un simulacro de fusilamiento que le dieron como bienvenida, seguido por interrogatorios y torturas.
“Estaba siempre con la vista vendada y hasta perdí la conciencia en algún minuto”, dice Villagrán, quien en ese momento sabía que su pareja estaba embarazada y pronto sería padre.
Cuando llegó al Estadio Nacional, aunque se había salvado de una ejecución inminente gracias a Silva, continuaron los tormentos que experimentó en la base aérea.
“Fue como seguir la pesadilla… Las torturas… la brutalidad, porque era brutalidad pura, aplicada con corriente y otras cosas que yo no conocía”.
Él y su amigo Felipe Agüero fueron trasladados desde el estadio a la Cárcel Pública de Santiago donde, sorpresivamente, se encontraron con un uniformado que también estaba preso: era el capitán Jorge Silva.
El piloto y experimentado paracaidista estaba recluido en la galería del lado, donde permanecían decenas de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea que se negaron a participar en el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet.
Cuando los jóvenes identificaron el rostro de Silva, cuyo nombre no conocían, Villagrán se acercó a él, le tocó el hombro y le dijo: “Hola, ¿se acuerda de nosotros?”.
El capitán asintió discretamente, casi sin inmutarse.
De capitán a prisionero
Silva había sufrido su propio calvario.
En 1970, trabajaba como oficial de Contrainteligencia de la Fuerza Aérea, tras haber recibido formación en la Escuela de Las Américas, en Panamá, y en Estados Unidos.
Silva fue detenido y torturado por sus propios compañeros de armas. [Gentileza Storyboard Media]
Poco después de que Salvador Allende ganara las elecciones presidenciales, el jefe del Departamento de Contrainteligencia de la Fuerza Aérea, el coronel Mario Jahn, viajó a Panamá y dejó al capitán Silva a cargo de la unidad.
Sorpresivamente, un grupo de uniformados de alto rango lo convocó a participar en un complot para asesinar al presidente electo. Cuando vio que el plan estaba en curso, decidió informarle directamente a Allende, cuenta Villagrán.
La postura constitucionalista de Silva quedó en evidencia ante sus superiores durante aquel episodio y tres años después, cuando finalmente las fuerzas armadas derrocaron al gobierno, el capitán estaba en la mira.
Más aún después de llevar al Estadio Nacional a los detenidos del hangar rojo que debían ser ejecutados.
El general Augusto Pinochet (izq.) y el presidente socialista Salvador Allende el 23 de agosto de 1973 en Santiago, poco después de que Allende lo nombrara jefe del Ejército y apenas tres semanas antes del golpe de Estado. [AFP via Getty Images]
“Yo sabía que iba a caer”, dijo Silva. Solo era cuestión de tiempo. Hasta que una noche, recibió un llamado telefónico para presentarse en la casa de un superior.
Cuando iba llegando a la puerta le pusieron una capucha en la cabeza y le quitaron el arma, relató. “En ese momento dejé de ser capitán de la Fuerza Aérea”.
Era el 9 de octubre de 1973. Ese día comenzó un tormento que lo dejó en varias ocasiones al límite de la muerte producto de las torturas a las que fue sometido por sus propios compañeros de armas en la Academia de Guerra Aérea.
“La condición física del capitán estaba muy deteriorada”, cuenta Villagrán en su libro.
Por esos días, los interrogadores solían llevar al límite de la muerte a sus víctimas al aplicarles choques eléctricos, sumergirlos en agua, golpearlos con objetos contundentes, amenazarlos con que matarían a los miembros de su familia.
“Los golpes eléctricos le provocaron acentuadas taquicardias y hemorragias”, dice el autor, una condición que el propio Silva reseña en relatos posteriores.
El siguiente destino del capitán fue la Cárcel Pública de Santiago.
La celda 12
Soldados custodian a detenidos políticos en el Estadio Nacional tras el golpe militar. [Getty Images]
Esa fue la misma cárcel donde se encontró por casualidad con los estudiantes Villagrán y Agüero que había conocido en el hangar rojo.
Considerado un “traidor” por los golpistas, sufrió terribles vejámenes que estuvieron a punto de costarle la vida.
Lo mismo le ocurrió a decenas de uniformados en los días y meses posteriores al golpe.
Entre ellos se encontraba el general Alberto Bachelet -padre de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet-, quien murió en esa cárcel tras ser torturado por sus antiguos camaradas el 11 de marzo de 1974.
Junto a otros miembros de la Fuerza Aérea, Silva compartió con Bachelet la celda número 12 de la Galería 2.
El capitán estuvo con él el día de su muerte, según quedó establecido en la sentencia judicial sobre el caso Bachelet dictada en 2014 y confirmada por la Corte Suprema en 2016.
Ese mismo año, la justicia chilena anuló las condenas de los Consejos de Guerra dictadas contra 84 miembros de la Fuerza Aérea que habían permanecido en el recinto carcelario por desafiar las órdenes. Entre ellos estaba el capitán.
Tras permanecer privado de libertad por casi cuatro años, Silva se fue a vivir en el exilio a Londres en 1976.
Silva alertó sobre un complot para asesinar al presidente Salvador Allende en 1970. [Gentileza Storyboard Media]
El reencuentro
Más de 20 años después, Silva trabajaba como ejecutivo de una empresa de carga aérea en Londres, cuando le hicieron llegar una entrevista publicada en la prensa chilena en la que Felipe Agüero rememoraba parte de su paso -junto a Villagrán- por la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea en El Bosque y reconocía a un capitán de apellido Silva por haberlos ayudado a salir del hangar rojo.
El capitán Jorge Silva y Fernan do Villagrán se reencontraron 28 años después y cultivaron una larga amistad. [Gentileza Fernando Villagrán]
Al leer ese texto, cuenta Villagrán en su libro, el excapitán reaccionó con dolor, al revivir los duros momentos de esa época, pero luego sintió alivio y satisfacción al pensar que esos jóvenes habían sobrevivido.
Silva decidió enviarle un email a Agüero en el que decía: “Soy el capitán de la Fuerza Aérea que le ayudó a salir”.
De ahí en adelante se abrió una puerta que nunca más se cerraría. Silva en Londres, Agüero en Miami y Villagrán en Santiago comenzaron a escribirse.
En uno de esos correos electrónicos el excapitán dice: “No todos en la querida Fuerza Aérea fuimos criminales”.
Silva nunca perdió su apego a la institución pese a los tratos inhumanos que recibió de sus propios compañeros. Nunca dejó se ser un aviador, cuenta Villagrán.
Fue ese mismo año 2001 cuando Silva se reencontró en Santiago con esos dos jóvenes estudiantes que había conocido en el pasado, cuando viajó de Londres a Chile para participar en el documental Estadio Nacional, de Carmen Luz Parot.
La primera vez que se vieron las caras fue en la oficina de Villagrán. “Nos costó un poco iniciar la conversación. Para mí, por cierto, era algo inédito estar conversando con alguien que me salvó de la muerte”.
Fueron juntos al Estadio Nacional para que Silva compartiera su testimonio en el documental.
“Te debo la vida”
Durante ese viaje, Villagrán tuvo la oportunidad de decirle al capitán algo que siempre había querido decirle personalmente: “Te debo la vida”.
“Eso creó un vínculo muy fuerte para mí, pero lo hablamos en dos o tres minutos y nunca más. Después de eso no volvimos al tema y empezó una amistad muy larga”.
“Cada vez que Jorge venía a Chile se quedaba en mi casa”, cuenta Villagrán. “Para los que no lo conocían era muy parco; para mí, era un gran ser humano, una muy buena persona”.
Jorge Silva murió el 19 de agosto de 2024 en Londres, Inglaterra. [Gentileza Fernando Villagrán]
Y como grandes amigos, se pasaban horas hablando de libros, películas, de cosas mundanas, de sus familias. “Nos entendíamos muy bien porque él era porfiado y yo también. Le daba siempre una vuelta de tuerca a las conversaciones y eso era entretenido”, recuerda.
“Jorge era un tipo reservado y muy tranquilo. Un tipo inteligente y muy definitivo en sus opiniones. Yo creo que estaba hecho para hacer su vida en la Fuerza Aérea, esa era su vocación”.
En lo político, cuenta Villagrán, “no era una persona de izquierda”. Era más bien, “un profesional, constitucionalista, amante de su profesión aérea. Y cuando Pinochet estuvo detenido en Londres, él fue a manifestarse” para exigir su extradición a España.
Silva fue fundamental en la creación de la película “Hangar Rojo”, dice Villagrán. Tanto así que sin su participación, afirma, la película habría sido imposible.
La amistad continuó por años. Incluso cuando Silva se enfermó y tuvo que ser internado en un hospital londinense, seguían enviándose mensajes por WhatsApp.
“Hasta que un día dejó de contestarme. Su hija, Bárbara, tomó su celular para contarme que Jorge había muerto”.
Jorge Silva Ortiz falleció a los 86 años, antes de que se estrenara la película, que será exhibida en las salas de cine en Chile a comienzos de octubre y en la que el capitán se convierte en símbolo ético de los militares que defendieron la democracia.
Las fuerzas navales y aéreas de Honduras interceptaron una embarcación en aguas del Caribe que transportaba 1.6 toneladas de cocaína y capturaron a sus cuatro tripulantes hondureños, informó este sábado la Fiscalía.
Honduras y los demás países centroamericanos son catalogados como puentes de paso de cocaína procedente de los países productores de Sudamérica al mercado de Estados Unidos.
La operación se condujo el viernes en el departamento nororiental de Gracias a Dios y tanto la droga como los detenidos serán trasladados vía aérea a la capital Tegucigalpa, dijo la entidad en un comunicado.
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El Ministerio Público detalló que la embarcación pesquera de nombre "First in Line" fue interceptada en los bancos de pesca de la zona denominada Rosalinda.
Se lograron "asegurar 55 fardos (sacos) de supuesta droga con un peso total de 1,661 kilos", indicó la entidad.
Las autoridades no precisaron una posible procedencia de la droga.
Van más de seis toneladas de droga decomisadas en Honduras en lo que va del año, según cifras oficiales.
Un incendio en una casa de reposo al sur de Santiago de Chile dejó 16 ancianos muertos, informaron el sábado las autoridades, al tiempo que señalaron que el geriátrico tenía multas por su mal funcionamiento.
Las llamas comenzaron la noche del viernes y se prolongaron hasta las primeras horas del sábado, cuando fueron extinguidas, en este geriátrico del municipio de Pitrufquén, en la región de la Araucanía.
Decenas de bomberos, policías y personal de asistencia llegaron al lugar. Un camión de bomberos se ubicó en la entrada de la casa de acogida de una sola planta y lanzó chorros de agua a las llamas, según imágenes compartidas en redes sociales.
Videos domésticos muestran enormes llamadas y humo por encima del inmueble en plena oscuridad de la noche.
Durante la mañana, los bomberos aún realizaban el trabajo de recogida y limpieza de escombros y removían techos de calamina metálica que se desplomaron. Las policías acordonaron la zona por seguridad.
“Expresamos nuestro dolor y consternación ante la caída de 16 personas mayores en este siniestro”, señaló el municipio de Pitrufquén en un comunicado.
En la casa de acogida en Pitrufquén, a 640 km al sur de la capital, había 26 ancianos y solo una cuidadora en el momento del accidente.
El presidente chileno, José Antonio Kast, pidió “conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir”.
En su cuenta de X exigió “medidas urgentes” destinadas a “revisar las condiciones” de los geriátricos del país.
“Un lugar irregular”
Diez ancianos sobrevivieron y fueron trasladados al hospital del lugar, informó la alcaldesa Jacqueline Romero en redes sociales municipales. El estado de salud de la decena de sobrevivientes “es bueno”, aclaró la alcaldesa. “Ya están en buenas condiciones”, dijo.
El incendio “es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (…) haciendo contención a las familias”, aseveró Romero.
El municipio de Pitrufquén decretó tres días de duelo.
La Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) ya había alertado de las deficiencias de funcionamiento del geriátrico.
“Era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado, ha sido multado, y era reincidente”, dijo el funcionario del Seremi José Bravo.
“En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa (…) tenía sumario sanitario”, declaró la alcaldesa Romero a canales locales.
Nancy Guevara, vecina del inmueble siniestrado, también denunció que la construcción era irregular. Durante el incendio tuvo que echar agua en su vivienda para evitar que el problema se expandiera a su hogar.
“Yo le dije muchas veces que no construyera ahí porque corría peligro nuestra casa, quedó un espacio muy pequeñito donde dividía las dos casas”, contó la mujer a la AFP.
La fiscalía está en fase de investigación desde la madrugada para “determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas” en el hecho, informó a medios locales el fiscal asignado al caso, Jorge Granada.
Los dueños del hogar privado fueron convocados a declarar.
