Category: Actualidad

En su primera cadena nacional como presidente de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado la noche de este miércoles los detalles de una megarreforma, con enfoque tributario, con el que pretende reactivar la economía tras una década de crecimiento estancado. “La ambición es disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural”, dijo el mandatario sobre la meta a 2030, con cuatro banderas chilenas a su espalda en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social se compone de más de 40 medidas concentradas en ajustes tributarios, empleo, reconstrucción en zonas afectadas por incendios, simplificación regulatoria para agilizar permisos de proyectos inversión y la contención del gasto público.

El corazón del paquete es la rebaja gradual al impuesto corporativo de 27% a 23%, un “irrenunciable” para la Administración de derecha, y la principal piedra de tope para la oposición de izquierda, que alega que beneficia a los más ricos, cuando la retórica del nuevo Gobierno es que “no hay plata” en las arcas fiscales. La oposición ha tildado el paquete de medidas como “una reforma tributaria encubierta” y ha criticado que se presente como un solo proyecto de ley, por lo que piden dividirlo, particularmente el aspecto tributario. Si no ocurre, hay parlamentarios en el Partido Socialista y la Democracia Cristiana que han amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional.

Kast ha dicho que el proyecto “no es una agenda ideológica”. La megarreforma no ha incluido la modificación a los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior, algo que estaba contemplado inicialmente. El mandatario hizo un repaso por los avances en su primer mes liderando el Gobierno de emergencia, centrado en economía, seguridad y migración. Sobre este último, sin especificar las cifras, dijo que se registran “significativamente menos ingresos irregulares” que en los últimos cinco años; “un mayor número de salidas voluntarias”; y un “mayor número de extranjeros expulsados” del territorio nacional. Además, anunció que a primera hora de este jueves despegará el primer vuelo de expulsados. “Es el primero de muchos vuelos y buses que irán sacando, de manera continua, a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”, afirmó. Ninguno de los 40 expulsados es venezolano, un país con el que Chile no tiene relaciones diplomáticas.

Kast remarco que están “frenando el crecimiento del gasto fiscal”, y enfatizó en el ajuste en los presupuestos ministeriales del 3% para ordenar las finanzas públicas, “una tarea urgente y necesaria”. En las primeras cuatro semanas del Gobierno, dijo, ingresaron al sistema de evaluación ambiental 32 proyectos de inversión por un total de casi 20.000 millones de dólares. “Es el récord histórico para el inicio de cualquier Gobierno”, afirmó.

El mandatario centró su discurso en la economía y criticó a la Administración de Gabriel Boric. “El Gobierno anterior incumplió su propia regla fiscal tres años seguidos. Solo en 2025 el déficit estructural llegó al 3,6% del PIB, el más alto desde que existe esa regla en períodos sin crisis, más del triple de la meta que habían prometido”. También lanzó dardos al Gobierno de la socialista Michelle Bachelet. “Hace 12 años, un Gobierno anunció una reforma tributaria que prometía recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. El discurso era impecable. Los resultados, no”, señaló.

“No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento. Vamos a romper con la cesantía estructural. Vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene. Vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión. Vamos a romper todo lo malo, para reconstruir todo lo bueno”, añadió.

El paquete contempla incentivos a la repatriación de capitales, con una tasa del orden del 7% por 12 meses, la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas y eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Esto último aseguró que lo harán entregando “los aportes necesarios” para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal. El proyecto también plantea reducir el plazo de invalidación de permisos ambientales ya otorgados de dos años a seis meses. Kast ha dicho que la aprobación del proyecto busca que “juntos logremos que nuestro país vuelva a crecer, a crear empleo y a recuperar la esperanza”.

El secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, encargado de conducir las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, sostuvo en La Tercera que la aprobación del paquete es “la clave del éxito del Presidente Kast y su Gobierno, sin duda” y que la rebaja del impuesto corporativo es “irrenunciable”.

El tramite legislativo del paquete se ha retrasado tres veces y está previsto que ingrese al Congreso en los próximos días, donde te vaticina una ardua discusión. En la Cámara de Diputados, donde aterrizará el proyecto de ley para el primer tramite legislativo, las derechas suman 76 escaños, mientras que las oposiciones -la izquierda y el Partido de la Gente (PDG), de corte populista- alcanzan los 79 diputados. El Partido Nacional Libertario, de extrema derecha, no es parte del Gobierno, pero adelantó su apoyo “preliminar”, apuntando que es “perfectible”, especialmente en la rebaja tributaria y en las medidas para la clase media.

El Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana ya han adelantado que van a rechazar, concentrando sus críticas a la rebaja del impuesto corporativo, aunque algunos han dado señales de apertura si la propuesta tributaria incluye compensaciones. “Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria”, respondió.

El trabajo prelegislativo del Ejecutivo en las últimas semanas se ha centrado en alinear al oficialismo y apostar por conseguir apoyos, aunque sea descolgados, de formaciones de centroizquierda y del PDG. Los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y García Ruminot han adelantado que se reunirán con los partidos de las derechas y las izquierdas para revisar los detalles de la megarreforma.

La discusión legislativa arranca cuando la economía y el empleo han desplazado a la seguridad como la principal prioridad que los chilenos consideran que debe atender el Gobierno. Según la última encuesta Criteria, un 72% cree que para crecer económicamente se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas, todo lo contrario a lo que está postulando el Gobierno de derechas. El giro en las demandas ocurre en medio de una caída de la popularidad del presidente Kast después de que trasladara el coste del alza del petróleo a los consumidores, lo que tendrá efectos inflacionarios. En este escenario, la oposición quiere centrar la discusión de la megarreforma en explicar cómo las decisiones de Kast impactan en la calidad de vida de los ciudadanos e instalar la idea de que este es un Gobierno para los privilegiados, que ayuda a los ricos y perjudica a la gente común.

El banco digital Plata anunció este miércoles un nuevo levantamiento de capital por 405 millones de dólares para alcanzar una valoración de 5.000 millones de dólares. El unicornio financiero cerró su serie C con la participación de un grupo diverso de inversores, entre los que destaca Bicycle Capital, el fondo de riesgo del boliviano Marcelo Claure.

La ronda también contó con la participación de Qatar Investment Authority (QIA), BTG Pactual y Valor Capital Group. “La base de inversionistas de Plata ahora incluye fondos soberanos, gestores de activos globales, firmas de capital de riesgo y endowments (fondos de dotación) de universidades estadounidenses”, dijo la empresa en un comunicado. Plata asegura que, con la nueva operación, se convirtió en el banco privado mejor valorado de Latinoamérica.

El mapa de la banca digital en América Latina es claramente asimétrico. Por un lado están los gigantes como Nubank, cuya valoración de mercado ronda los 58.000 millones de dólares, o Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre, que como ecosistema se acerca a los 95.000 millones de dólares. Por el otro lado compite el resto de la industria de los neobancos, que aún lucha por consolidarse como unicornios con presencia regional.

Banco Plata recibió en febrero su licencia bancaria en México, lo que le permitió evolucionar su oferta de productos financieros. El año pasado también aterrizó en Colombia. La compañía informó de que en tres años de operación ha superado los 3,5 millones de clientes activos de tarjeta de crédito, de los cuales más de 750.000 recibieron su primera tarjeta emitida por la entidad. La empresa añadió que la viralidad le ha permitido alcanzar dicho crecimiento.

El neobanco, que no tiene sucursales físicas, alcanzó unos 600 millones de dólares en ingresos anualizados y una cartera de crédito de 800 millones de dólares, impulsados por modelos de riesgo gestionados con inteligencia artificial (IA).

El auge de los neobancos en México responde tanto a su disrupción tecnológica como a las carencias del sistema financiero tradicional: altos costes, trámites engorrosos y una amplia población excluida del crédito formal. Las plataformas han capitalizado ese vacío con productos sin comisiones, apertura de cuentas digitales en minutos y modelos de riesgo más flexibles, apoyados en tecnología. El país mantiene una alta penetración de teléfonos inteligentes pero baja bancarización: siete de cada diez adultos mexicanos tienen acceso al menos a un producto financiero, pero siete de cada diez pagos menores de 400 pesos aún se realizan en efectivo, según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

La exalcaldesa de Tecámac (al norte de Estado de México) Mariela Gutiérrez ha admitido este miércoles que 10.000 perros callejeros fueron sacrificados durante los años de su gestión, entre 2019 y 2024. “Cada acción que se tomó fue bajo un principio claro: reducir el sufrimiento, proteger a la población animal y actuar conforme a la ley. Fueron decisiones respaldadas por los protocolos”, ha expuesto la ahora senadora morenista en una conferencia de prensa en el Senado. La revelación de Gutiérrez llega poco después de la difusión de un video en redes, en el que discute con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal (Propaem) por el sacrificio de los animales. El Gobierno de Tecámac ha exigido la aclaración de las prácticas utilizadas de esos sacrificios.

Las imágenes proceden de una grabación de finales del pasado año, aunque ha sido este miércoles cuando su difusión por parte de la activista Zyanya Polastri se ha hecho viral. En el video, Gutiérrez defiende de manera férrea lo ocurrido. “Si los señores no quieren que cumplamos la ley y que se preserven los animales de calle, están en un error […] Hay libros donde [se explica que] se tienen que sacrificar animales de calle, que quede bien claro”, explica ante los funcionarios, que le echan en cara la decisión.

Preguntada por una periodista sobre el número concreto de animales sacrificados, la exalcaldesa ha tratado de rehuir el tema en un primer momento, aunque lo ha revelado segundos después, respaldándose en que la decisión estuvo apoyada en la ley. “Les hablo directo: no hubo indiferencia, no hubo crueldad. Soy una mujer que enfrentó una realidad difícil y que tomó decisiones dentro de la ley buscando el menor daño posible”, ha afirmado.

La normativa mexicana justifica la muerte de animales domésticos y silvestres en situaciones de emergencia, cuando sufren afecciones que les provocan sufrimiento incompatibles con su vida o cuando representan un riesgo para el ser humano o para otros animales. Todo ello, bajo métodos que garanticen la muerte rápida y que reduzcan el dolor. Es parte de la problemática señalada por el Gobierno de Tecámac, que ha exigido en un comunicado que Gutiérrez deberá aclarar lo sucedido, “particularmente en lo relativo a las prácticas presumiblemente indebidas relatadas por ella en esos videos”. “A pesar de que el recinto ha permanecido cerrado desde los eventos referidos, nuestro gobierno ha trabajado incansablemente en favor del bienestar de todos los animales”, añade el escrito.

La exalcadesa ha informado de que 60.000 animales callejeros fueron atendidos bajo los dos trienios en los que estuvo en el cargo, aunque momentos después ha elevado esa cifra a más de 80.000. Y ha justificado que ninguno de los 10.000 animales sacrificados murió sin un respaldo de la ley. “Fue conforme a la norma y porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentada. […] Tengo evidencias, videos”, ha expuesto.

La exalcaldesa asumió el cargo en enero de 2019 y se mantuvo hasta febrero de 2024, aunque la Alcaldía de Tecámac fue asumida por otros funcionarios en dos etapas de dos meses. En septiembre de 2024 asumió el cargo de senadora por el partido oficialista de Morena.

El tema no es criticar o dejar de criticar la gestión de Claudia Sheinbaum. Lo que está en juego es ¿para qué? Criticarlo para ¿mostrar las debilidades y contradicciones de un movimiento que ha tomado el control político del país? ¿Evitar que este control se convierta en monolítico? ¿Desgastar su imagen y propiciar una alternancia? ¿Impedir cambios que afectan los intereses de quienes ejercen las críticas?

Cualquiera que sea la razón, y salvo cuando se hacen de manera deshonesta, todas son legítimas; pero habría que señalar que quien critica debe estar consciente de las implicaciones y sus últimas consecuencias.

Tres factores, me parece tendrían que condicionar el lugar desde dónde defendemos o criticamos. Primero, no podemos olvidar que estamos en una carrera contra el tiempo respecto a la inconformidad o, peor aún, la inestabilidad social. En 2018 el grueso de la población pidió un cambio y López Obrador lo emprendió, entre aciertos y desaciertos, con sus virtudes y sus limitaciones. Después de 20 años de escaso crecimiento y peor distribución social, el país necesitaba un giro porque ninguna sociedad puede sobrevivir indefinidamente ignorando los reclamos de los sectores populares y mayoritarios. Se han conseguido algunos avances en esa dirección, pero la exigencia persiste y lo vemos todos los días en la toma de la calle por vecinos sin agua, comunidades hartas de la inseguridad, sindicatos en discordia, agricultores y transportistas en rebeldía y un largo etcétera. Si no lo resolvemos, las salidas obvias serían la represión o la desestabilización crónica. Es decir, las razones por las cuales la 4T llegó al poder siguen presentes.

Segundo, puede gustarnos mucho o muy poco el Gobierno de la 4T, pero en este momento la sociedad mexicana no tiene una alternativa política que responda al desafío. La mayor parte de la población inconforme con el sistema sigue viendo a este movimiento como un aliado para sus intereses. Los gobiernos de Morena están consiguiendo una reducción de la pobreza y la desigualdad en términos que no habían sido obtenidos por las administraciones panistas y priistas de los últimos lustros. ¿Podría hacerlo mejor? Sin duda, y la crítica tendría que ir encaminada en ese sentido. Lo que está claro hoy es que ninguna otra fuerza política tiene una propuesta cabal o consistente al respecto. Un hipotético regreso a un partido que no haga el esfuerzo de construir una respuesta a este problema sería un salto al vacío.

Tercero, los cambios en la economía y en la geopolítica mundial colocan a México en una tesitura distinta a la que se encontraba durante los gobiernos neoliberales. El contexto es otro. Nadie sabe en qué terminará el revisionismo antiglobalizante que recorre al planeta, pero es evidente que la extrema vulnerabilidad se ha convertido en un riesgo inmenso para el país. Paradójicamente, la 4T tiene una propuesta más cercana que la oposición a las nuevas prioridades: formación de mercado interno, disminución de dependencia en áreas estratégicas y un Estado con mayor margen de maniobra (político y social) para pilotear la tormenta.

Podemos concentrarnos unilateralmente en las insuficiencias, errores y contradicciones de la 4T. Pero la pudrición de muchos árboles en esa floresta no debería impedirnos visualizar el bosque completo. O, como decían los clásicos, no podemos tirar al niño con el agua sucia de la tina. El Gobierno ha conseguido mover el péndulo en favor de una mejor distribución que, insisto, hoy en día es la máxima prioridad; ha comenzado a disminuir la criminalidad después de varios lustros de crecimiento imparable (el número de asesinatos dolosos hoy equivale a la mitad de los que sufrimos en los últimos años del Gobierno de Peña Nieto o los primeros de López Obrador); por vez primera el Estado tiene la capacidad de fuego, los cuadros, la presencia territorial, los instrumentos financieros y de inteligencia o la estrategia para comenzar a combatir profesionalmente a los cárteles de la droga; la recaudación fiscal ha dado un giro sustantivo, un problema crónico del Gobierno mexicano, y hoy es más del doble que en 2018 en términos reales; Claudia Sheinbaum conduce una callada pero profunda reforma para modernizar, digitalizar y hacer más eficiente la administración pública. Otros cambios tardarán en ser notados pero están en marcha (el sistema de salud pública, entre otros).

En su primer sexenio la 4T cometió errores gruesos, algunos se están corrigiendo y otros no. Tampoco el actual está exento de fallas. Fue un proceso de ensayo y error, sujeto a improvisaciones y plagado de resistencias y desgastes, y hoy intenta construir su segundo piso. Pero lo cierto es que los cambios descritos arriba representan modificaciones telúricas de la sociedad mexicana, tan urgentes como complejas, sobre las cuales los gobiernos anteriores habían fracasado o hecho muy poco.

La crítica que permite al gobernante validar y corregir, asumir errores, advertir riesgos y enriquecer diagnósticos y soluciones es imprescindible. Pero aquella que sin tener una alternativa a la vista ni hace algo por construirla produce hoyos en la embarcación es obviamente dañina e irresponsable. Sin duda, hay razones para criticar a la versión actual de la 4T, pero antes de intentar disparar a su línea de flotación habría que valorar qué tenemos para sustituirla o peor aún, qué versión de la propia 4T podría surgir si esta es derrotada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Javier Milei cerraron este miércoles un acuerdo en el marco de la segunda revisión del programa de facilidades extendidas vigente. Argentina recibirá un nuevo aporte de recursos, esta vez de unos 1.000 millones de dólares. Con este desembolso, el país sudamericano habrá recibido unos 15.000 de los 20.000 millones pactados en abril del año pasado. Argentina es el mayor deudor del FMI y sus obligaciones con el multilateral aumentaron un 36% en los últimos doce meses: en total, su deuda supera los 57.000 millones de dólares.

El nuevo desembolso del FMI —que aún debe ser aprobado por su directorio— fue justificado por el organismo con diversos elogios al Gobierno de Milei. Primero destacó que “el impulso reformista se ha fortalecido significativamente en los últimos meses”, con la aprobación en el Congreso de una ley de presupuesto para 2026 y de “legislación crucial destinada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de los residentes, mejorar la flexibilidad del mercado laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y desbloquear inversiones en minería”.

El comunicado difundido por el Fondo Monetario también señaló que “las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del Banco Central que superan los 5.500 millones de dólares en lo que va del año”. Y consideró clave la política fiscal “de caja cero”, basada en un profundo ajuste del gasto público. Según las estimaciones del multilateral, la economía argentina crecerá este año 1,4%.

Desde Washington, donde encabezó las negociaciones por la parte argentina, el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, celebró el consenso alcanzado. “Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, señaló en sus redes sociales.

Sin acceso a los mercados internacionales de deuda, Argentina precisa recursos para cancelar sus ingentes compromisos externos, incluidos los que mantiene con el mismo FMI. Tras la firma del programa vigente, en abril de 2025, el país canceló vencimientos con el Fondo por más de 3.000 millones de dólares, correspondientes a capital e intereses del préstamo de 44.500 millones pactado en 2018, el más abultado en la historia del multilateral. Este año, Argentina afronta vencimientos con el FMI por 3.600 millones.

El acuerdo y la aprobación de la segunda revisión llegan un día después de que las estadísticas oficiales revelaran un dato “malo” para el Gobierno, en palabras del propio Milei. La inflación trepó al 3,4% en marzo y lleva 10 meses de continuo aumento, poniendo en duda lo que hasta ahora se consideraba el mayor logro de la Administración ultra. Los incrementos de precios, junto al alza del desempleo, el aumento de la informalidad laboral (ya alcanza al 43%), la caída del consumo y del poder adquisitivo de los salarios dibujan un escenario crítico para el Ejecutivo: las encuestas coinciden en la observación de un creciente malestar social con el rumbo de la economía y de una marcada pérdida de apoyos para el presidente.

Milei ha reconocido, en parte, los problemas y les ha pedido “paciencia” a los argentinos. Pero, a la vez, ha insistido en que no modificará en nada su plan económico. “La motosierra no se detiene”, dijo este martes, en la reunión anual de la Cámara de empresas estadounidenses en Argentina (AmCham). “Vamos a seguir recortando el gasto público para poder seguir bajando impuestos porque los impuestos son un robo […] Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación […] No vamos a ceder un ápice en la política monetaria, no vamos a ceder un ápice en seguir desregulando”, reiteró. “Vamos a atarnos al palo del barco, no vamos a escuchar los cantos de sirena”.

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, ha destacado este miércoles que las muertes por sobredosis en Estados Unidos cayeron un 35% al cierre de 2025 desde el pico de la epidemia provocada por los opiáceos iniciada en 2023. La disminución se explica por la “cooperación con México” para “desmantelar los carteles”, de acuerdo con el representante de Washington en Ciudad de México.

El mensaje, publicado en redes sociales, es un nuevo visto bueno de la Casa Blanca a la estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha redoblado los esfuerzos para descabezar a las organizaciones del crimen organizado. El ejemplo más reciente fue el abatimiento en febrero de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”, ha afirmado Johnson, al frente de la legación desde el año pasado. Horas antes, en la tarde del martes, Johnson destacó la detención de cuatro integrantes de Los Salazar, grupo vinculado al Cartel de Sinaloa, en California.

“Acciones como esta contra el Cartel de Sinaloa reafirman el compromiso de la Administración de Donald Trump para poner fin al flagelo de las drogas sintéticas y detener el flujo de armas de fuego ilegales”, afirmó en redes sociales.

Este último punto no es un detalle menor. El Gobierno de Sheinbaum, así como el de su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador, ha desplegado una estrategia legal para relacionar directamente la violencia provocada por los carteles con el tráfico de armas desde Estados Unidos. De hecho, el Ejecutivo encabeza una causa legal que sigue activa en el Estado de Arizona.

Un día antes del mensaje de Johnson, Washington anunció el congelamiento de los bienes y propiedades en EE UU de tres personas presuntamente vinculadas con el Cartel del Noreste en Tamaulipas así como dos casinos en el Estado norteño.

La presidenta de México no pasa desapercibida para la revista Time. Tras casi año y medio desde que Claudia Sheinbaum comenzó su sexenio —el primero de una mujer en la historia del país—, la publicación le ha concedido un lugar en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo por segundo año consecutivo. En esta también figuran la primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi; la activista peruana Mari Luz Canaquiri Murayari; y la presidenta del Centro Nacional de Derecho Migratorio, y el Fondo para la Justicia Migratoria, Kica Matos, de origen puertorriqueño. Algunas figuras de origen latino que también han entrado al listado son los actores Benicio del Toro y Wagner Moura, y el cantante Rauw Alejandro. Nombres de peso como Ralph Lauren, Ben Stiller, Anok Yai, Kate Hudson, Zohran Mamdani y Benjamin Netanyahu, por mencionar algunos, también han sido tomados en cuenta.

Cada uno de los que aparecen en el listado tiene una descripción que remarca qué los ha hecho candidatos. Las plumas de quienes escriben las semblanzas son variadas. Por ejemplo, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike (quien habla sobre Sanae Takaichi); la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris (Mashama Bailey); la editora en jefe de la revista Vogue, Anna Wintour (Victoria Beckham); la cantante Taylor Swift (Dakota Johnson); y la modelo y empresaria Paris Hilton (Lando Norris).

“Claudia Sheinbaum es una de las líderes más populares de la región”, escribe Ioan Grillo en el breve perfil de la presidenta. Grillo es un periodista inglés que ha enfocado su trabajo en crimen, drogas y narcotraficantes en Latinoamérica desde 2001. Grillo dice que la popularidad de Sheinbaum radica en cómo la mandataria ha manejado la presión que Donald Trump ha ejercido sobre ella desde que el republicano tomó el cargo.

“Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares. Violentos narcotraficantes controlaban el tráfico de fentanilo y la trata de personas a través del Río Grande [Río Bravo]. Y sus críticos internos afirmaban que se vería eclipsada por su combativo predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Pero la respuesta de Sheinbaum a esta avalancha fue una lección de diplomacia”, se lee.

Grillo resalta otro momento cumbre en este año y medio: el golpe del Gobierno mexicano al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de la organización criminal más sanginaria de México, fue abatido el 22 de febrero de 2026, en una operación que, en principio, buscaba capturar con vida al capo. La muerte de Oseguera provocó una ola de violencia en una veintena de Estados, con bloqueos en vialidades, vehículos incendiados y 62 fallecidos. Como consecuencia de la crisis que se vivió en las horas posteriores a la captura, se cancelaron varios eventos culturales (como el concierto de Kali Uchis, programado para la noche del domingo 22 de febrero en el Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco) y deportivos (como la Copa del Mundo de clavados, programada para el 5 y 8 de marzo).

“[La captura de El Mencho] ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando al mismo tiempo la confrontación“, concluye Grillo.

A lo largo de la historia, la revista le ha dado un espacio a 11 mandatarios mexicanos. Antes de Sheinbaum, Time le dedicó un número al priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien posó para la portada con el polémico lema Salvando a México (Saving Mexico) en 2014, tras la aprovación de una batería de reformas. En 1982, el espacio fue para Miguel de la Madrid, quien optaba por “austeridad, eficiencia y, sobre todo, honestidad”. La frase del mandatario, “Estamos en una emergencia”, acompañaba el retrato. El resto de los presidentes son José López Portillo, Adolfo López Mateos, Adolfo Ruíz Cortines, Miguel Alemán Valdés, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Manuel Ávila Camacho.

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La Corte Constitucional asestó el golpe definitivo a la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro. Si el pasado jueves encontró que es inconstitucional el decreto que la declaró, la Sala Plena decidió este miércoles, por unanimidad, tumbar uno de los decretos que la desarrollaban. Bajo el número 1474 de 2025, imponía medidas tributarias como el aumento del IVA a los licores y el incremento de la tarifa de renta para el sector financiero. La sentencia otorga efectos retroactivos a la inexequibilidad, lo que obliga a la DIAN a devolver a los contribuyentes los cerca de 600.000 millones de pesos, más de 160 millones de dólares, que alcanzó a recaudar.

Estos efectos representan el peor escenario para el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro justificó la emergencia económica en el faltante de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. Según el mandatario, esto amenazaba gravemente el orden económico y social del país. Esto ocurrió luego de que el Congreso le negara una ley que buscaba aumentar impuestos para evitar el hueco fiscal. Mientras estuvo vigente la emergencia, la DIAN sumó ingresos adicionales cercanos a 814.000 millones de pesos. Parte de esos recursos son los que deberá reintegrar a los contribuyentes, incluyendo aquellos recaudados antes de la suspensión provisional decretada en enero. La excepción son los dineros que pagaron contribuyentes morosos gracias a una amnistía tributaria parcial.

La sentencia, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, distinguió tres escenarios para la devolución de los recursos. En el primero, los impuestos directos —los que recaen directamente sobre quien los paga— no serán objeto de declaración, liquidación ni cobro, y los valores ya cancelados deberán ser reintegrados a los contribuyentes. Es el caso, por ejemplo, del impuesto al patrimonio.

“Hay un aspecto que debe precisarse”, explica Andrés Quitián Calderón, constitucionalista experto en derecho tributario. Algunos de los tributos afectados operan como impuestos de período, “de manera que el recaudo no se materializa de forma inmediata, sino con la declaración que se presenta en el año siguiente”. Como ejemplo, menciona la modificación a la no deducibilidad de las regalías, que incide en la declaración del impuesto sobre la renta. En estos casos, al no haberse efectuado aún el pago, los impuestos sencillamente no se causarán.

El segundo escenario corresponde a los impuestos indirectos —como el IVA o el impuesto al consumo—, que deberán ser devueltos a quienes acrediten haber hecho el pago, por ejemplo, a través de una factura electrónica. Este es el escenario más complejo, advierte Quitián. “La sentencia dispone la devolución de los impuestos indirectos a quien materialmente realizó el pago, lo que plantea dificultades prácticas relevantes”. Es decir, la DIAN debe pagarle no al comerciante que vendió una botella de licor, sino al comprador que pagó el impuesto al hacer la compra.

Por eso, añade Quitián, no siempre es sencillo hacer la trazabilidad de los pagos. En ese contexto, la Corte delegó en la DIAN la definición de los mecanismos para hacer efectiva la devolución, “lo que en la práctica traslada la discusión al plano probatorio y operativo”.

El tercer escenario —en el que la Corte adoptó una posición más flexible— corresponde a los beneficios tributarios que el Gobierno otorgó a contribuyentes en mora con la DIAN. “Se mantienen incólumes las situaciones jurídicas consolidadas respecto de los contribuyentes que acreditaron las condiciones exigidas para acceder a los beneficios tributarios”, señala la sentencia.

Por este concepto, la DIAN recaudó $237.246 millones de pesos de quienes se pusieron al día. Como no se trata de impuestos creados bajo la emergencia, sino del pago de deudas previas, la Corte no obliga a la DIAN a devolverlos. En total, la cartera de los contribuyentes con la entidad asciende a 36,7 billones de pesos.

“Esto incluye, por ejemplo, facilidades de pago u otras situaciones que ya se habían estructurado conforme a las condiciones exigidas. En estos casos, no era posible alterarlas, precisamente por razones de seguridad jurídica”, explica Quitián.

El Gobierno nacional sufrió otro revés. A diferencia de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del decreto declaratorio, los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal —ternados por el presidente Petro— no salvaron su voto, sino que acompañaron a la mayoría. Fernández, antes de llegar a la Corte, se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia de la República, mientras que Carvajal había sido abogado del jefe de Estado, así como de otros dirigentes políticos. Ambos también votaron contra la decisión mayoritaria de suspender provisionalmente esa emergencia económica.

La Corte tiene en sus manos, además, el futuro de la segunda emergencia económica, decretada por el Gobierno de Petro tras las inundaciones de inicios de año en la costa Caribe, y del decreto que crea impuestos a su amparo.