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El Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast en Chile ha iniciado este jueves una nueva etapa en su campaña antiinmigratoria. Cuarenta migrantes irregulares han sido expulsados del país austral en un vuelo de un avión de la Fuerza Aérea chilena que tuvo paradas en Bolivia y Ecuador y que ha finalizado su recorrido en Colombia. Los últimos en llegar han sido los 19 colombianos que han llegado poco después de las 20.00 a Bogotá, ha confirmado EL PAÍS.

Todos los deportados tenían órdenes de expulsión, bien sea por haber cometido algún delito —robos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas— o por haber entrado a Chile de manera irregular, una acción que, aunque no constituye un crimen, es una falta administrativa y aquellos que incurran en ella están sujetos a expulsión. Según las cifras del Ejecutivo chileno, más de 44.000 personas “están listas” para ser devueltas a sus países. El de este jueves, han anunciado desde La Moneda, será el primero de muchos vuelos de deportación.

Kast, presidente de Chile desde hace poco más de un mes, dijo este miércoles en su primer mensaje a la nación, que junto a los vuelos, iniciarán una expulsión terrestre para “sacar de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar” en Chile. La gran mayoría de los migrantes irregulares en el país austral es de origen venezolano: representan un 65% del total de los extranjeros que tienen órdenes de deportación.

Pero su expulsión será más compleja que la realizada este jueves. Santiago y Caracas tienen congeladas las relaciones consulares y por eso el Gobierno de Kast estudia “abrir un camino” para “expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela”. Aún se desconoce si, por cercanía, Colombia puede servir de puente para esta campaña, como lo hace Panamá con los migrantes de terceros países que son sacados a la fuerza de Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro, que ha sido muy crítico con las deportaciones que ha ordenado Donald Trump —al punto de rozar una grave crisis diplomáticas y sanciones comerciales a inicios de 2025—, se ha mantenido en silencio sobre las expulsiones que inicia Kast. En un Consejo de Ministros a finales del año pasado, pocos días después del triunfo del ultraderechista, le pidió a los colombianos que viven en Chile que vuelvan porque “los cambios políticos de allá van a coger a la colombianidad como enemigos, porque montaron sus votos sobre destruir las familias migrantes”. “Entonces prevengamos: no nos quedemos allá que van a vivir peor, en Colombia hoy se vive mejor”, manifestó entonces.

La Cancillería colombiana, que en horas de la mañana le confirmó a este diario que el vuelo aterrizaba en horas de la noche, indicaba a EL PAÍS que“no tenía información oficial del tema” cuando el avión de la Fuerza Aérea chilena ya se encontraba a unos 20 minutos de la capital colombiana, según la web de rastreos aéreos FlightRadar.

Aunque los recién llegados han sido acusados de delitos o de infracciones administrativas en Chile, no se espera que sean detenidos tras llegar a Colombia. Un funcionario de Migración Colombia le dijo a este diario que si tienen un historial limpio en el país, no hay bases para un arresto. “Es improbable que Chile emita una circular de Interpol por estos delitos y, en todo caso, debe ser con el debido proceso y la presunción de inocencia. Si algo ha procurado este Gobierno es el respeto al migrante”, indicaba.

El Gobierno chileno anunció que la frecuencia de los vuelos, y el número de expulsados, aumentará en las próximas semanas, pero no detalló con qué frecuencia. El subsecretario del Interior chileno afirmaba esta mañana en una rueda de prensa que “por razones de seguridad” no puede “anunciar la programación de cuáles son los vuelos”.

Delcy Rodríguez ha anunciado este jueves el cambio de dirección en el Banco Central de Venezuela tras semanas de presiones para que lo hiciese. La presidenta de la entidad, Laura Guerra Angulo, tía de Nicolás Maduro Guerra, el hijo del depuesto mandatario Nicolás Maduro, renunció este martes a su cargo dejando paso a su vicepresidente Luis Alberto Pérez González. El interinato de Pérez depende de su ratificación en la Asamblea Nacional, de mayoría chavista.

Fuentes consultadas en Caracas no descartan que sea él quien tome las riendas del banco definitivamente. Entre otras cosas, porque el chavismo no ha logrado convencer a otras figuras externas a asumir esta responsabilidad. La salida de Guerra es la expresión de un proceso orientado a sacar de la administración a familiares, amigos y relacionados del matrimonio Nicolás Maduro-Cilia Flores.

La destitución llega dos días después de que Estados Unidos decidiera levantar las sanciones a la banca pública venezolana, permitiendo que cuatro entidades públicas —incluido el Banco Central— puedan empezar a operar en el mercado financiero internacional. Estas decisiones abren las compuertas al regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, una medida que ya ha sido formalizada por la directora gerente de esta institución multilateral, Cristian Giorgieva.

El levantamiento de sanciones ha sido interpretado como un gesto de confianza de Washington porque, en un primer momento, la flexibilización habría estado condicionada a un cambio radical de los cuadros del banco. La entidad es considerada un organismo opaco y ha ido perdiendo autoridad a lo largo de estos años.

Luis Alberto Pérez González se ha desempeñado como un vicepresidente técnico. Estadístico de profesión, ha desempeñado cargos como viceministro en el Desarrollo Ecominero y fue presidente de la estatal Carbones del Zulia, Carbozulia.

La medida anunciada está inscrita dentro de las peticiones —o sugerencias, como prefiere llamarlas el chavismo— que la administración estadounidense de Donald Trump ha hecho a Rodríguez y las autoridades del régimen chavista, luego del ataque militar del pasado 3 de enero, en el que capturaron al presidente en funciones, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

La nueva dirección del Banco Central de Venezuela deberá hacer frente a una situación económica comprometida para la República en términos macroeconómicos, con un déficit fiscal de 9 puntos del PIB, un tipo de cambio descontrolado y una inflación de tres dígitos, cercana al 600%. Junto al resto del equipo económico del Ejecutivo, el BCV deberá administrar el excedente petrolero que se avecina, en medio de crecientes demandas sociales y presiones externas para aumentar la dolarización de la economía

En los años previos al chavismo (1958-1998), el Banco Central de Venezuela fue una institución de enorme autoridad y prestigio en el país. Sus informes mensuales y anuales eran unánimemente respetados; su personal tenía una excelente formación académica, se pagaban sueldos competitivos y sus instancias eran consideradas una escuela de formación de cuadros.

A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el BCV comenzó a perder su autonomía y pasó a depender del Ejecutivo. La autoridad de la entidad se fue diluyendo con la politización de sus objetivos y la migración de su personal más cualificado. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, el BCV pasó varios años sin ofrecer un balance del cuadro económico del país. Ahora lo hace de forma selectiva.

El Gobierno de Rusia ha convocado este jueves al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, por la presunta “retención ilegal” de Kristina Vladímirovna, de 17 años, en un centro de protección de niños y adolescentes. “El Ministerio [de Relaciones Exteriores] ha vuelto a expresar su profunda preocupación por la inacción de las autoridades mexicanas a la hora de resolver la situación de la menor rusa”, ha denunciado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una conferencia de prensa. El caso de Vladímirovna ha entrado en una especie de laberinto institucional desde 2023, año en el que accedió por primera vez a un albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Estado de México.

La información recabada por el medio estatal Russia Today (RT) menciona que la Embajada de Rusia en México ha gestionado este asunto desde que Vladímirovna entró al DIF mexiquense por “riesgo de violencia en su núcleo familiar”, según recogió la Fiscalía de Estado de México. La menor desapareció un año después, en septiembre de 2024, en Toluca, Estado de México, y fue localizada una semana después a más de 2.500 kilómetros, en Tijuana, Baja California, donde fue puesta bajo tutela estatal.

El Ministerio Público mexiquense informó de que la joven fue localizada con “óptimo estado de salud” en el centro de Tijuana y en 2023 abrió una carpeta de investigación por una presunta agresión sexual por parte de su hermanastro. Ella tenía entonces 13 años. “Por estos hechos, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez de control orden de captura en contra de Andrey ‘N’, de 26 años y nacionalidad rusa”, apuntó el Ministerio Público.

La madre adoptiva de la menor, Marína Romanova, reconoció en octubre de ese año que su hija fue ingresada por una carpeta de investivación “por presunto abuso sexual en su contra, al parecer cometido por su hermanastro”. Romanova desestimó entonces esos señalamientos de violencia y denunció al DIF mexiquense por el “secuestro” de la menor. RT indica que los funcionarios consulares rusos mantuvieron cuatro reuniones con Vladímirovna en verano de 2025, en las que, apunta, solicitó regresar a Rusia. Es uno de los puntos tratados por la por la portavoz de la Cancillería en la última semana. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio ruso, Zajárova afirmó que existe “la persistente reticencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a concederle acceso consular” a la menor, y apuntó que la última vez que se le denegó ese proceso fue el 10 de abril.

El medio ruso también recoge que Zajárova llegó a tildar de “desaparición forzada” la retención de la menor rusa. “Nos vemos obligados a reconocer desde Moscú que las autoridades mexicanas han demostrado una comprensión insuficiente de la gravedad de la situación actual, que puede calificarse como desaparición forzada“. Y añadió: ”[La situación constituye] una grave violación de las obligaciones internacionales del país”.

La Conferencia del Episcopado Mexicano se ha pronunciado este jueves en un mensaje público ante la “lenta erosión de las instituciones” y la “inseguridad” en el país. “Callar ante la inseguridad es traicionar el evangelio. Un país que normaliza la muerte pierde vida, la violencia no solo destruye vidas, corrompe la esperanza”, ha expuesto la autoridad eclesiástico en redes, donde hace un llamado a trabajar “por la paz y la reconciliación” en México.

El mensaje de la Iglesia católica mexicana llega en una semana marcada por la celebración de su asamblea plenaria, que ha llevado a la reunión de los obispos de diferentes partes del país. El escrito retoma las palabras del papa León XIV del pasado sábado, en las que clamó lo siguiente a los gobernantes de todo el mundo: “¡Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de poder! ¡Basta de guerra!”. Esas palabras “resuenan con fuerza particular en nuestra realidad mexicana”. Asimismo, defiende que las palabras del Pontífice no solo interpelan a gobernantes y ciudadanos, sino también “a grupos armados y a todos los que tienen en sus manos decisiones que afectan la vida de las personas”.

El mansaje indica que la paz “no se construye con armas ni con discursos vacíos”. “Se construye —como nos dice el Papa— multiplicando oasis, denunciando causas y luchando contra quienes medran con el sufrimiento ajeno”, explica.

El mensaje alza la voz ante la situación de inseguridad en el país “mostrada en los acontecimientos del pasado mes de febrero”. A finales de ese mes, el Gobierno mexicano realizó un operativo en Jalisco que llevó a la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, exlíder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La muerte del líder criminal despertó una ola de violencia por todo el país durante los siguientes días, que llevó a bloqueos en algunas de las principales carreteras y dejó más de 70 muertos.

La jerarquía católica mexicana indica que la asamblea entre sus obispos se ha realizado para “animar y renovar” su compromiso para ser la Iglesia que “el resucitado [en referencia a Jesús de Nazaret] quiere” para la actualidad. “No podemos acostumbrarnos al dolor ni volvernos indiferentes ante estas realidades. Detrás de cada crisis, hay personas heridas, en búsqueda de sentido de vida que merecen ser acompañadas”, añade el escrito.

Las palabras de la institución han sido difundidas a dos meses del inicio del Mundial de fútbol, cuyo primer partido se disputará en Ciudad de México el próximo 11 de junio. El evento ha estado marcado por polémicas relacionadas con la inseguridad y, en especial, con la crisis de los desaparecidos, una de las grandes heridas abiertas en México. El país registraba más de 130.000 desaparecidos hasta mayo de este año.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al núcleo que controla uno de los negocios más lucrativos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Se trata de un opaco entramado de empresas mineras chinas a las que el régimen, tras modificar al menos cinco leyes a su medida, ha concesionado el 8,5% del territorio del país centroamericano desde 2021. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Washington designó a cinco individuos vinculados al negocio del oro, incluyendo a dos hijos de los copresidentes, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, quienes han ganado preponderancia en la maquinaria propagandística del régimen.

“Hoy, la OFAC del Departamento del Tesoro sancionó a cinco individuos y siete empresas que operan en el sector aurífero de la economía nicaragüense y que ayudan a la dictadura de Murillo-Ortega a generar dinero y mantener el control político en Nicaragua”, anunció el Gobierno estadounidense, en un comunicado en el que la inversión del orden de los apellidos de los copresidentes es ya una postura institucional desde hace meses. La administración de Donald Trump ve en Murillo el poder real en Managua, por encima de un Ortega envejecido.

“Entre los sancionados se incluyen entidades e individuos nicaragüenses involucrados en la confiscación forzosa de propiedades estadounidenses en Nicaragua; el viceministro del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua; entidades nicaragüenses que han asumido concesiones de oro previamente en manos de partes sancionadas; y dos hijos de Rosario Murillo y Daniel Ortega, copresidentes de Nicaragua, que se desempeñan como funcionarios del Gobierno nicaragüense”, agregó la OFAC.

La sanción ocurre en el momento de mayor auge de las empresas mineras chinas en Nicaragua. La organización ambientalista Fundación del Río contabiliza que en el último quinquenio el régimen ha entregado 71 lotes mineros a 15 empresas asiáticas. Hoy, esas compañías con bases legales opacas controlan 1.013.225 hectáreas, el equivalente al 8,5% del territorio nacional.

El avance chino ha sido tan acelerado que desplazó a las transnacionales canadienses, colombianas y británicas que históricamente dominaban la industria aurífera nicaragüense. Su expansión ha alentado además la minería artesanal en la frontera sur, generando una crisis diplomática con Costa Rica por la extracción ilegal de oro en territorio costarricense.

Además, la Fundación del Río, apoyándose en bases de datos de comercio internacional de Naciones Unidas, identificó una brecha de 32 millones de dólares entre lo que Nicaragua reporta como exportaciones de cobre a China y lo que China registra haber importado, una diferencia que apunta a subfacturación intencional, alerta el organismo. El propio comunicado del Tesoro señala que varias de estas empresas asumieron concesiones de oro previamente en manos de partes ya sancionadas por Washington, un mecanismo para mantener operativo el negocio pese a las designaciones previas.

El comunicado del Tesoro menciona también la confiscación de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., una empresa con capital estadounidense y una inversión aproximada de 80 millones de dólares. En 2025, representantes de empresas vinculadas al régimen irrumpieron en su planta de procesamiento minero, expulsaron al personal de seguridad y tomaron control físico del inmueble. El Gobierno nicaragüense revocó posteriormente la licencia de BHMB sin ninguna compensación. Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, dos de las empresas chinas sancionadas hoy, fueron identificadas como participantes directas en esa ocupación forzosa.

“La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas de oro y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos que le permitan mantener su poder político”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y continuará atacando las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen de Murillo-Ortega”, prosiguió el funcionario de la administración de Donald Trump.

Según la OFAC, el Gobierno ha colocado a miembros de su familia en puestos clave para asegurar el control de sectores estratégicos de la economía. Desde 2020, reconfiguró el sector minero en una red compleja de empresas fachada y testaferros “destinada a generar divisas, lavar activos sancionados y consolidar su control político”. El esquema es gestionado por dos figuras ya sancionadas por Washington: Laureano Ortega Murillo, considerado el delfín de la sucesión dinástica, y el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, designado por OFAC en noviembre de 2021.

Los hijos sancionados

Los nuevos hijos sancionados son Maurice Facundo Ortega Murillo, quien se desempeña como delegado presidencial para deportes, desde donde supervisa el Instituto Nicaragüense de Deportes y “promueve la imagen pública de sus padres”; y Daniel Edmundo Ortega Murillo, por su parte, dirige el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, “una pieza central en el control del aparato comunicacional del régimen”.

En su argumentación, las sanciones insisten que Ortega “ha permanecido en el poder en Nicaragua durante más de 30 años, convirtiendo al país en una dinastía familiar a través de su copresidencia con su esposa Rosario Murillo”.

“Los cambios constitucionales que trasladaron a Murillo de vicepresidenta a copresidenta garantizaron la continuidad en el poder, institucionalizando un Estado totalitario y subordinando al pueblo nicaragüense a la pareja dictatorial”, se lee en la orden girada en la capital estadounidense. “La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No solo Murillo ejerce ahora mayor poder, sino también sus hijos adultos, incluido Laureano Ortega Murillo, quien ha sido designado en varios cargos clave dentro del Gobierno nicaragüense”.

Las sanciones llegan en abril, el mismo mes en que se cumplen casi ocho años del inicio de la rebelión cívica que el régimen aplastó con violencia. Desde entonces, Washington ha mantenido presión diplomática y económica sobre Managua, encontrándose, según el propio Tesoro, con “una persistente intransigencia y mayores esfuerzos por suprimir los derechos de su población”.

Venezuela sigue dando pasos para la normalización diplomática tras casi una década aislada de organismos internacionales bajo las sanciones de Estados Unidos al régimen chavista. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado este jueves que reanuda las relaciones con Venezuela tras siete años suspendidas.

A través de un escueto comunicado, el organismo multilateral dirigido por la búlgara Kristalina Georgieva, ha informado: “De conformidad con la opinión de los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que representan una mayoría del poder total de votación del FMI, y en línea con la práctica de larga data, el FMI ha reanudado sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”.

La decisión supone un paso más para la recuperación del status de Caracas. El FMI fue creado después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la conferencia de Bretton Woods para prestar asistencia financiera a los países. Desde entonces se ha convertido en prestamista de último recurso para los estados en dificultades. Con la normalización diplomática, el Fondo podrá prestar ayuda financiera al Gobierno de Caracas si fuera necesario.

La decisión del FMI se produce la misma semana que Estados Unidos, con gran peso en el organismo internacional, ha levantado las sanciones para el Banco Central de Venezuela y otras instituciones financieras para que puedan empezar a operar.

“Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. Las relaciones con Venezuela se habían suspendido en marzo de 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno”, ha abundado el organismo internacional con sede en Washington.

El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había dejado entrever la decisión unas horas antes. Ha explicado que “España ha apoyado desde el primer momento la normalización de relaciones del FMI con Venezuela. Fuimos uno de los primeros países en hacerlo”.

El número dos del Ejecutivo ha indicado desde Washington a donde ha viajado para participar en la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ha impulsado “la normalización de las relaciones del Fondo con Venezuela, entre otras cosas porque ayudaría. Es otro paso, en términos financieros, a normalizar la situación en Venezuela”. Y ha abundado: “Yo creo que sí que vamos a llegar a la mayoría suficiente como para que esto se produzca”.

El FMI estuvo sondeando durante los días previos a la asamblea de primavera a los países miembros para conocer su postura sobre la reanudación de relaciones con Venezuela.

El restablecimiento de relaciones supone otro espaldarazo para la presidenta interina Delcy Rodríguez, que ascendió al poder tras la operación militar de Estados Unidos para capturar al expresidente Nicolás Maduro mientras dormía en un cuartel cerca de Caracas. Desde entonces, Washington ha mantenido cierta tutela sobre el Gobierno del país caribeño a cambio de levantar buena parte de las sanciones económicas que pesaban sobre el país.

Varias organizaciones de la sociedad civil, feministas y defensoras de derechos humanos han entregado en la mañana de este jueves una denuncia formal ante la Secretaría de Gobernación por las presuntas irregularidades en torno a la organización del Congreso de Masculinidades Fearless, que se celebrará del 17 al 19 de abril en un recinto religioso conocido como Santuario de los Mártires Mexicanos, en Guadalajara, Jalisco.

El evento reunirá a ponentes como el polémico psicólogo canadiense Jordan Peterson, el youtuber religioso Álvaro Quesada, el ultraderechista Eduardo Verástegui y la influencer conservadora Sarab Rey. El acto más mediático del evento incluye la presentación del exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española Carles Puyol como ponente principal. Las entradas van de los 1.450 a los 7.490 pesos y los asistentes que pertenecen al clero o a la orden religiosa reciben un descuento de 1.000 pesos en algunas zonas, indica la página del evento.

El congreso nació, según sus organizadores, ante la preocupación de un grupo de jóvenes vinculados a misiones religiosas que aseguran haber vivido en carne propia lo que describen como “un ataque a la masculinidad”. Su propuesta, dicen, es “recuperar a los hombres virtuosos, como fueron diseñados por Dios”.

En un comunicado, diversas organizaciones por los derechos humanos han señalado que los fondos públicos no deben utilizarse para posicionar mensajes en contra de los derechos humanos o que promuevan la violencia de género. “Ningún recurso público debe destinarse a iniciativas que reproduzcan discursos de odio y narrativas que niegan los derechos y fomentan la violencia y discriminación con base en prejuicios y estereotipos de género”, señala el posicionamiento de más de 140 colectivos.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Católicas por el Derecho a Decidir México, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C., Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir – Redefine México, GENDES, Equidad de Género Ciudadanía Trabajo y Familia, y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).

El pasado 27 de marzo, medios locales informaron de que el ayuntamiento de Guadalajara autorizó la “donación” de 400.000 pesos para el Congreso de Masculinidades. La polémica por el uso de recursos públicos obligó tanto al Gobierno estatal como al de Zapopan a deslindarse y retirar el patrocinio que habían comprometido previamente.

Las organizaciones señalan que el financiamiento otorgado, así como el uso de un recinto religioso considerado bien nacional, constituye una transgresión a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Argumentan que estas acciones implican un trato preferencial hacia una denominación religiosa y comprometen la laicidad del Estado.

Además, han aseverado que la participación de ministros de culto en el evento —entre ellos el arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles Ortega—, así como representantes del Vaticano y sacerdotes de diversas congregaciones refuerza el carácter religioso del congreso. Las organizaciones exigen que se investigue el origen de los recursos utilizados, y que se asuma la responsabilidad del Estado de promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres.

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Las elecciones en Perú, lejos de ser una fiesta democrática, son una tragicomedia que mantiene paralizada a la ciudadanía desde el domingo. En estos cuatro días no solo no se ha definido con claridad al rival de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta, sino que se ha avivado un clima de máxima tensión, exacerbado por candidatos que se resisten a aceptar el resultado del lento avance de los conteos.

El ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) marchaba en el segundo lugar en el primer pantallazo del domingo, pero comenzó una lenta caída que lo sumió en la desesperación. El martes convocó a un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones, en Lima, donde exhortó a sus seguidores a salir a las calles para que “no les roben la libertad”. También lanzó un ataque homófobo contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, a quien amenazó con violar con una tortuga si no anulaba las elecciones. “Si no declaran nula esta porquería [el resultado electoral], señor Burneo, prepárese a su propio plan Morrocoy. Bien grandazo lo va a tener. Un morrocoy [tortuga terrestre] enorme para que te comportes como hombre. Ya sabe por dónde se lo voy a meter. El morrocoy se lo vamos a meter, ya sabe por dónde”, lo injurió. El plan Morrocoy es una supuesta estrategia para boicotear las elecciones que se empleó en Venezuela.

El izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien ha hecho una campaña emulando al expresidente Pedro Castillo —encarcelado desde el 2022 por intentar un autogolpe—, trepó del sexto al segundo lugar en una remontada que buena parte de la capital ha percibido con asombro, miedo y enfado. El voto de las zonas más remotas de Perú lo puso a tiro de una segunda vuelta, pactada para el 7 de junio.

No obstante, durante la madrugada de este jueves, López Aliaga ha empezado a revertir la tendencia. Con las actas contabilizadas al 92,9% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la distancia con Sánchez se ha reducido a tan solo siete mil votos. El heredero político de Castillo registra 11,978% mientras que el exalcalde de Lima lleva 11,919%. Es un final de fotografía que mantiene a los peruanos expectantes, actualizando la página web de la ONPE constantemente.

Rafael López Aliaga, sin embargo, está empecinado en enlodar el proceso electoral. No solo afirmó que “un fraude estaba en marcha” en las semanas previas a la contienda, sino que este jueves lanzó un comunicado donde ofrecía dinero a todo funcionario electoral que le proporcionara alguna prueba para demostrar sus acusaciones. Había puesto sobre la mesa 20.000 soles (5.714 dólares) de recompensa y un correo llamado “sabotaje”. Horas después borró el mensaje en redes sociales.

Quizá la recompensada borrada tenga que ver con la alerta expresada por el excongresista Sergio Tejada, quien había dicho que López Aliaga estaría cometiendo un delito con su ofrecimiento. “Si un trabajador de la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones tiene pruebas de fraude, está en la obligación de denunciar. Si alguien le ofrece dinero para que realice y omita actos propios del cargo está cometiendo cohecho y está tipificado en el código penal”, ha señalado.

La Defensora de Derechos Humanos Julissa Mantilla cuestiona a quienes le dieron su apoyo a un candidato que ha perdido los estribos. “Se para en un estrado a gritar fraude y a amenazar de violación sexual al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora ofrece pagar a quien le dé pruebas del fraude que supuestamente tiene claro. El problemas no es él sino el que haya gente que sienta que alguien así lo representa y que no merece algo mejor”, dice. En las últimas horas López Aliaga ha sido denunciado penalmente por su llamado a la insurgencia por un par de abogados.

Los comicios tuvieron sobresaltos. Debido a una negligencia en la instalación de más de 200 mesas de votación, más de 63.000 personas se quedaron sin votar y obligaron al Jurado Nacional de Elecciones a prorrogar el proceso hasta el lunes. A pesar de ello, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha negado haber encontrado rastros de algún supuesto fraude. Es la misma posición que comparte la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Así como el voto rural permitió que Roberto Sánchez desplazara momentáneamente a López Aliaga, el voto del extranjero podría resolver la polémica. Con actas contabilizadas al 68%, el ultraderechista cuenta con el soporte de 55,323 votos mientras que el izquierdista suma 5,315 votos. Allí la tendencia es favorable para López Aliaga, quien solo ha obtenido mayoría en Lima a diferencia de su rival cuyo apoyo se ha extendido a casi todo el sur y gran parte del norte de Perú.

El expresidente José Jerí, vacado en febrero luego de cuatro meses de gobierno por reuniones fraudulentas, ha expresado su preferencia por López Aliaga, cuyo partido será una de las fuerzas más influyentes en el próximo Parlamento. “Pensando en el país, más allá de los desencuentros, espero que pase a segunda vuelta”, ha expresado.