Hace tres meses, en enero, el entonces confirmado ministro de Hacienda Jorge Quiroz, del electo Gobierno de José Antonio Kast, dijo que el plan que la nueva administración ejecutaría a contar de marzo contaba con años de trabajo previo, que cada propuesta tenía una entrada en una gran planilla Excel y que para cada una había una suerte de semáforo que indicaba el estado de avance de su diseño final. Esta semana poco más de un 60% de ese Excel vio la luz (con unas 25 de las 40 medidas previstas que ya han sido detalladas), como parte del anuncio del llamado proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social que se enviará a trámite la próxima semana.
En lo estructural, en lo anunciado no hay nada que mueva a sorpresa. Durante la campaña, los grandes temas que dan forma al plan habían sido ampliamente esbozados: rebaja de impuestos a las empresas pequeñas, medianas y grandes, incentivos a la inversión, medidas pro-empleo, búsqueda de un balance fiscal estructural y una mayor eficiencia del gasto público, más certezas jurídicas a los inversionistas y desburocratización. Todo con el declarado propósito de que el sector privado asuma un rol aún más protagónico en la creación de riqueza. Alegar desconocimiento de estos ejes es poco creíble, porque eso es justamente lo que se dijo y fue lo que votó la ciudadanía, junto a un set de otras medidas en temas como seguridad pública, inmigración y otras.
En lo que viene la oposición y el Gobierno se verán sometidos a tensiones internas poderosas si es que no se quiere dejar ‘en tablas’, por otros cuatro años, a un país que acumula más de una década de estancamiento, con un crecimiento incapaz de generar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad (sobre todo las que atiende el Estado con los fondos que extrae del sector privado) y con unos niveles de desempleo estructuralmente altos, que comprometen el bienestar de cientos de miles de chilenos.
A nivel de la oposición, pronto tendrá que decantar en una u otra dirección el dilema entre quienes intentan instalar que el proyecto del Gobierno es un capítulo más de la vieja lucha de clases y quienes, en sus propias filas, tienen un diagnóstico crítico del estado de cosas en el país. No por nada, durante la propia Administración Boric se consideró la idea de impulsar una rebaja del impuesto corporativo a niveles cercanos al promedio de la OCDE, desde el 27% actual a un 25% o 24%; se reconoció que la situación de desempleo de los últimos tres años es una catástrofe (como lo dijo en más de una oportunidad Luis Eduardo Escobar, jefe económico de la excandidata Jeannette Jara) y se admitió que el desorden en las cuentas fiscales ya excedía todo pronóstico.
El Gobierno también tiene un arduo trabajo por delante, sobre todo porque desde el sector privado se le ha estado instando a avanzar no a cualquier precio y ojalá con acuerdos amplios que den certezas en el largo plazo. Luego de unas primeras señales de cierta ortodoxia a nivel gubernamental, con las semanas los ánimos oficialistas han comenzado a decantar en la dirección de hacer concesiones y variaciones al Excel que permitan evitar acuerdos frágiles o espurios.
Para ambos sectores avanzar hacia acuerdos sólidos también supondrá un trabajo de negociación interna significativo. Independientemente de la visión de sociedad diametralmente distinta que está implícita en el debate, para la centroizquierda abrir espacios constructivos de conversación no será menor, porque aún perdura muy nítidamente el recuerdo del tenaz rechazo de la derecha a varias de las iniciativas económicas que trató de sacar adelante Mario Marcel. Para la derecha, en tanto, el dilema pasa por no perder el apoyo “preliminar” dado por el Partido Nacional Libertario (cuya bancada cuenta con ocho diputados en la Cámara) a medida que se hacen concesiones en la negociación, a la par de atender algunos de los planteamientos del partido, que aspira a medidas más agresivas en materia de exención de contribuciones y baja de impuesto a las empresas.
En todo este proceso se debatirán también otros asuntos significativos, tales como la capacidad de que en Chile vuelva a haber una mayor disposición a alcanzar acuerdos, aunque aquello no sea el resultado óptimo, y a hacerlo teniendo en la mente a las personas que no tienen trabajo ni fuentes de ingresos, y que están teniendo que soportar un mayor costo de la vida, en un año económicamente complejo, con alta inflación, con un crecimiento que se mantendrá bajo por meses y un desempleo que, en esas condiciones, será difícil de abatir.
El académico italiano Giovanni Peri, fundador y director del Global Migration Center, un grupo de investigación multidisciplinar, lleva décadas estudiando el impacto económico de la inmigración en los países a los que llegan y la capacidad de estos para integrarlos. En su primera visita a Chile, el economista de la Universidad de California radicado hace 20 años en Estados Unidos, expuso este martes en el seminario Los Desafíos Globales de la Migración, organizado por el Núcleo Milenio MIGRA. Uno de sus principales mensajes fue la importancia de incluir en el debate migratorio, entre “tanto ruido”, la evidencia empírica sobre el fenómeno que ha tensionado a gran parte del mundo. En una conversación posterior a la charla, en un hotel en Providencia, Peri alerta de que la extrema derecha populista ha azuzado la xenofobia con su retórica antiinmigración, y analiza las primeras medidas en esta materia que está impulsando el presidente chileno, José Antonio Kast, quien se opone a la regularización de los 330.000 extranjeros sin papeles que residen en Chile.
Pregunta. ¿En qué etapa está el fenómeno global de la migración?
Respuesta. Las migraciones en el mundo han crecido sustancialmente desde 1990, especialmente desde países de ingresos medios, o algunos que han atravesado una crisis, a países ricos. Estados Unidos, Canadá y Australia fueron los primeros en recibir esta migración en los años 80 y 90. Luego, países de Europa empezaron a recibir muchos inmigrantes de Asia, Latinoamérica y del norte de África en los 2000 y 2010. Y ahora, los países latinoamericanos han empezado a recibir. El tema que está surgiendo es cuán bien pueden integrar los países a estos inmigrantes, que ahora representan el 10%, 12% o 15% de la población.
P. No solo países ricos, en Chile ya rozan el 10% de la población.
R. Chile ha seguido esta tendencia, con un retraso de 10 años respecto a Europa. Y las grandes preguntas son: ¿cuántos inmigrantes puede aceptar e integrar un país? ¿Y cuánto contribuyen a las economías locales? Siempre me sorprende la poca información que se tiene sobre estos dos temas. La inmigración debería ser un argumento de políticas económicas importante para un país, en cambio, sólo se aborda desde la emergencia o cuando hay que gestionar grandes flujos migratorios. En parte, ese es el problema actual.
P. Pareciera que el debate de cuánto aportan queda solapado por el tema de la inmigración irregular.
R. Sí. Todos van a estar a favor de la migración regular y en contra de la irregular, pero creo que el problema no está bien planteado. En Europa, por ejemplo, las políticas se han basado en la llegada irregular de muchos inmigrantes y su posterior regularización. Italia, España y Grecia, países que han experimentado un gran crecimiento económico, han recibido oleadas de inmigrantes que han ido a cubrir puestos de trabajo. En Estados Unidos ha sido diferente. Ha habido una gran afluencia de inmigrantes irregulares, nunca regularizados, pero que se han integrado de facto. Trabajan, forman familias, estudian. Existe una desconexión política, porque muchos legisladores no quieren decir: “Admitamos a 500.000 inmigrantes regulares” para no dar la impresión de que están abriendo las puertas. En consecuencia, tienen que lidiar con los irregulares, que contribuyen a la economía, pero se mantienen en una situación precaria.
P. En Chile, desde la llegada del crimen organizado, ha cambiado la percepción sobre el fenómeno, y un 91% atribuye el alza delictiva a la inmigración.
R. A los ciudadanos no les gusta la idea de la inmigración irregular porque inmediatamente la asocian a alguien que entró al país sin ser controlado y que tiene más probabilidades de ser un delincuente, representar un riesgo o generar violencia. Esta asociación es muy fuerte, pero muchas veces no es verdad. En Estados Unidos, la gran mayoría de indocumentados son personas que van a trabajar, en Europa también. Creo que esa idea se aprendió de la derecha, y que la izquierda o quienes apoyan la migración, deberían entender esta lección: una buena política migratoria debe comenzar con un buen control de la frontera. Una vez que se controle la frontera, debería haber una política migratoria con mayores vías de entrada, especialmente basadas en las necesidades y la integración económica.
R. No, controlar la frontera significa que hay puntos de entrada bien definidos, y cruzar fuera de estos es difícil, está controlado y verificado. Criminalizar la entrada ilegal me parece un paso que va muy lejos. Hay que evaluar cada caso. Si quieren burlar el sistema, no pueden entrar, pero si tienen una necesidad humanitaria, se les debe permitir el ingreso. Muchas personas que cruzan se ven obligadas a permanecer mucho tiempo en una zona gris, lo que realmente genera el problema; hay que resolver los casos rápido.
P. ¿Las zanjas son efectivas?
R. Levantar un muro gigante es menos efectivo que tener tecnología de vigilancia, como cámaras de video o drones controlando. Esa tecnología ayuda a detectar a las personas y saber dónde están. Vigilar demasiado puede ser peligroso, pero se necesita algo de tecnología para garantizar que el cruce sea solo para quienes realmente lo necesiten, estén en peligro o tengan sus documentos. Esto, acompañado de una policía dedicada al control fronterizo.
P. En Chile hay 330.000 inmigrantes irregulares. El presidente Kast rechaza la regularización masiva y aboga por expulsarlos o invitarlos, voluntariamente, a irse.
R. Desde un punto de vista económico-demográfico, el costo de una deportación masiva y sus consecuencias negativas son significativas. Por el contrario, una regularización probablemente les permitiría a los inmigrantes tener mayor acceso a los empleos, lo que aumentaría los salarios, generando una mayor riqueza. El principal temor a la regularización es que atraiga a mucha gente. Pero ahí radica la importancia del control fronterizo y la necesidad de comprender quiénes son estos migrantes irregulares, en qué período llegaron. Hay que preguntarse: ¿Están trabajando? ¿Podemos integrarlos? ¿Cuánto costará deportarlos? ¿Y cuánto nos aportará mantenerlos? Rápidamente nos daríamos cuenta de que la regularización masiva es una política mucho más eficaz, que debe ir acompañada de un cierto fortalecimiento de la vigilancia en la frontera.
P. Entonces, ¿no es pragmático una deportación masiva de inmigrantes irregulares?
R. No es pragmático, es muy caro, y es contraproducente para la economía.
P. Entre las medidas que está impulsando el Gobierno de Kast, además de las mencionadas, figuran sanciones a los empleadores de trabajadores irregulares y la limitación de los beneficios sociales. ¿Cómo ve la dirección de estas políticas?
R. Claramente apuntan a crear un entorno muy difícil para el inmigrante. Pero sancionar al empleador y limitar el acceso a los beneficios sociales me parecen más razonables. La mayoría de los países no reconocen los beneficios de que el inmigrante llegue a las empresas. De hecho, cuanto más irregular sea su situación, más valor puede obtener el empleador de su trabajo y explotarlo. Al menos, esto iguala las condiciones y obliga al empleador a participar de la discusión porque también lo afecta. Por otro lado, me parece bien que el acceso a los servicios sociales pueda ser limitado, al menos por un tiempo. Ahora, el acceso al mercado laboral, a la educación para los niños, y la atención médica, es fundamental.
Giovanni Peri.Cristóbal Venegas
P. ¿Cree que la retórica antiinmigrante de la ultraderecha ha azuzado la xenofobia en el panorama global?
R. Sí, la extrema derecha populista ha convertido la antiinmigración en uno de los principios fundamentales de su mensaje. Y este mensaje tiene poder. La clave de su éxito radica en que han abordado algunos problemas reales, como que la clase media no ha prosperado en muchos lugares del mundo occidental y que la precariedad laboral ha aumentado, y han encontrado un mensaje simple y claro para resolverlo: el inmigrante. ¿Cuál es la explicación en realidad? Que la tecnología, la globalización y las instituciones han cambiado. Pero es muy atractivo escuchar: “Ah, perdiste tu trabajo, no te va muy bien, hay delincuencia en tu ciudad, pero no es por ti, es esto”. No solo te sientes mejor, sino que no es culpa tuya. Esto ha tenido un impacto enorme y los investigadores no hemos encontrado una forma lo suficientemente simple de contrarrestar ese mensaje porque inmediatamente decimos “un momento, el mundo es complicado”, porque es la verdad, pero la gente quiere una explicación, una solución y sentirse mejor. Creo que esto se acabará cuando los populistas de derecha, finalmente, no resuelvan los problemas y la gente diga ‘bueno, no era eso’.
P. ¿Y qué se puede hacer?
R. Necesitamos un líder carismático que adopte una postura diferente, pero que también proporcione alguna explicación y solución que funcione para la gente y les permita volver a conectar. Los populistas de izquierda que están surgiendo dicen que el verdadero problema está en los superricos, en las diferencias de ingresos, lo que es más acertado. ¿Podrán cumplir? Ya veremos.
P. ¿No hay un líder en la izquierda que tenga un discurso atractivo que contrarreste el antiimigratorio?
R. No. El que me gusta más es Mark Carney, el primer ministro de Canadá, pero es un economista nerd. Sin embargo, ha sobresalido al contrarrestar el discurso siendo decente, moderado y bien informado. Si alguien como Carney pudiera ser carismático de alguna manera, creo que sería un contrapunto muy interesante.
Los cabos sueltos y la sombra de un caso de corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México protagonizan la investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Salazar. Los familiares de la joven de 21 años, que desapareció tras acudir a una entrevista para una oferta de trabajo en un departamento de la Avenida Revolución 829 en la capital, aseguran que el retraso de más de un día de las autoridades en acudir al inmueble fue determinante en que su cuerpo apareciera sin vida en el sótano del inmueble. La fiscal general de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, ha prometido en rueda de prensa este viernes que se agotará la línea de investigación de un posible esquema de reclutamiento de mujeres para trata. Sin embargo, ha señalado que no existen denuncias previas relacionadas con ese edificio. “Hay una investigación para ver si hubo encubrimiento u obstrucción a la justicia para dar con los responsables”, ha indicado sobre la tardanza de los investigadores en acudir al lugar en el que se reportó que estaba la joven. De momento, las autoridades tienen identificado a un presunto responsable del asesinato.
Valdés fue vista por última vez este miércoles por la tarde, cuando las cámaras de seguridad de la alcaldía Benito Juárez la grabaron subida en una moto de aplicación en dirección a las Torres Murano. Las autoridades han confirmado que entró al lugar sola y no volvió a salir. En ese edificio de viviendas en Mixcoac tenía concertada una entrevista para un puesto de trabajo, del que la fiscal ha preferido no dar detalles para no entorpecer la investigación. Sin embargo, medios locales como La Silla Rota han recogido el testimonio de otras mujeres que narraron cómo fueron citadas en ese mismo lugar a finales de 2025 para supuestas ofertas de empleo de diferente índole, como niñeras. Se les pedía que acudieran solas y sin sus identificaciones. Alcalde Luján ha prometido que se agotará la línea de investigación sobre una posible red de reclutamiento de víctimas de la trata, pero ha subrayado que no existen denuncias previas relacionadas con esa dirección.
Cuando la familia de Valdez notó que la joven no regresaba de su entrevista, presentaron la denuncia esa misma noche, a la una de la madrugada del jueves. Comunicaron a las autoridades la última ubicación que les había dado la víctima y donde la dejó la moto que usó para llegar, para exigirles que fueran a buscarla. Aseguraron que el vigilante del edificio no les había permitido el paso a ellos. Sin embargo, la policía no acudió al lugar hasta el día siguiente, en la madrugada del viernes. Una negligencia de las autoridades en las primeras horas cruciales de la investigación de una persona desaparecida.
La familia ha denunciado públicamente que el retraso deliberado de las autoridades en acudir al lugar fue fatídico y redujo las posibilidades de rescatar a Valdés con vida. Además, han señalado a un funcionario de la fiscalía que les pidió dinero para poner en marcha la investigación. “Todavía no hemos confirmado si hay un acto de corrupción, pero hay un policía de investigación que han señalado los familiares. Lo tenemos ubicado y se está realizando la investigación relacionada con esto”, ha asegurado la fiscal, quien ha enfatizado la gravedad de las acusaciones y su compromiso por esclarecer el actuar de los funcionarios. El equipo de asuntos internos de la policía está a cargo de investigar al agente señalado, que ya ha sido separado de sus funciones. Todo el personal de la Fiscalía que atendió la denuncia en primera instancia y que está involucrado en las quejas de la familia será sometido a la evaluación interna y apartado de su puesto mientras se desarrollan las indagatorias, ha prometido Alcalde Luján.
Cuando la policía revisó el edificio, planta por planta, primero encontraron objetos personales que pertenecían a Valdés Horas después, encontraron su cuerpo en el sótano del edificio debajo de un montículo de arena. La necropsia se encuentra en curso y todavía se desconoce la causa de la muerte, pero la fiscal ha apuntado que el cadáver presenta lesiones por golpes “que muy probablemente estén relacionados con su feminicidio”. Alcalde Luján ha asegurado que se desconoce la hora de la muerte todavía. Por el momento, la Fiscalía está entrevistando a la administradora del edificio, a los residentes de las viviendas y también al conductor de la moto que transportó a la víctima. “Existe ya una línea de investigación en desarrollo, y se están llevando a cabo las acciones legales correspondientes para ubicar, detener y llevar a la justicia al probable responsable”, ha subrayado la titular. Por el momento, han identificado a un presunto responsable del crimen, del que no han trascendido más detalles. La fiscal ha pedido a los medios que, si reciben más testimonios de mujeres que fueron citadas en ese inmueble, las enlacen con las autoridades para investigar si hay más víctimas.
Los candidatos presidenciales Claudia López, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Paloma Valencia han participado este jueves en el foro “Colombia decide su energía”, realizado por Noticias Caracol junto a expertos y representantes de agremiaciones del sector minero energético. El debate se realizó en el calor de Cartagena de Indias pero con la fría ausencia de dos candidatos punteros en las encuestas, el ultra Abelardo de La Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. Su ausencia fue motivo de crítica de sus rivales, en un debate relevante porque trataba de asuntos de interés como la transición energética, el riesgo de un apagón o el fracking, temas que fueron el punto sensible del Gobierno Petro en estos casi cuatro años de mandato y en el que se centraron la mayor parte de sus disputas con los empresarios del sector.
El candidato oficialista y de La Espriella insisten en no participar en los debates, estrategia que podría jugarles en contra faltando pocos días para la primera vuelta, pues sus contrincantes más cercanos, Fajardo y Valencia, han hecho esfuerzos incalculables en el último mes para recuperar el terreno perdido durante la campaña y podrían dar la sorpresa. La candidata uribista ha aprovechado la ausencia de Cepeda en los debates para cuestionarlo y esta vez no fue la excepción, “yo sí quisiera que Cepeda estuviera aquí para que le explique a los colombianos qué pasaría si no se hace fracking, qué va a pasar si profundizan la transición energética de Petro que no ha hecho nada más que destruir las posibilidades de que los colombianos puedan cocinar con gas, devolviéndonos a la leña, qué pasa ahora que los empresarios en vez de usar gas usen carbón, yo sí hubiera querido que esté aquí para explique cómo su proyecto es más de lo mismo de este Gobierno”, sentenció Paloma tras el cierre del evento, a través de sus redes sociales.
Los cuatro aspirantes presentes coincidieron en la necesidad de reactivar el sector minero energético y buscar soluciones con el sector. “Necesitamos que haya inversión por parte del Gobierno y generar una solución estructural a largo plazo que le permita a la Costa atlántica tener energía más barata”, señaló Valencia, senadora uribista y quien alterna con De La Espriella en el segundo lugar de los sondeos. “Los colombianos vamos a tener que usar todos los tipos de energía para no apagarse; hoy que estamos ad portas de la revolución de la IA no tener energía es quedarse por fuera de todo”, señaló.
Más allá del debate puramente sectorial, el centrista Fajardo habló de los problemas de criminalidad. “El desarrollo energético de Colombia debe hacerse de manera sostenible y sustentable y en esto viene la legalidad, por ejemplo, el 80% del oro se está destinando para enriquecer a las mafias”, dijo, en línea con su discurso férreo sobre la lucha contra la corrupción. La exalcaldesa de Bogotá Claudia López lo apoyó: “Colombia además de ser un país agropecuario es un país minero, no la pueden seguir haciendo los criminales quienes además se roban la plata; queremos invitar a los gremios a incorporar a las comunidades mediante un mecanismo distinto de construcción de confianza con ellas, internacionalizando el licenciamiento social, para que no dependan de los corruptos”, enfatizó.
Finalmente, el excongresista Barreras buscó desligarse del Gobierno de izquierda de Gustavo Petro, del que hizo parte como ministro del Interior. También insistió en recuperar la inversión en el sector: “Hemos dejado de recibir ingresos de entre el 40% y 50% del recaudo por falta de confianza, por eso no podemos confiar en los extremos”, afirmó.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la seguridad energética, que ha marcado la agenda mediática en los últimos cuatro años como consecuencia de las fuertes tensiones entre el Gobierno y agremiaciones que han criticado las decisiones del Ejecutivo en su búsqueda de soluciones a la crisis por el alto costo de los recibos de energía en la costa caribe. En el foro, tomó esa vocería el presidente del gremio de prestadores de servicios públicos Andesco, el exsenador Camilo Sánchez. “Quedé muy contento de ver que están priorizando el presupuesto del Gobierno Nacional para pagar la deuda de Aire; estamos viendo la importancia de que exista competencia entre lo público y lo privado; los subsidios son necesarios, pero lo prioritario es el pago de la deuda de Aire; los candidatos están interesados en trabajar con los empresarios y no están viéndolos como enemigos”, explicó.
“Colombia tiene suficiente petróleo y gas de sobra”, aseguró por su parte el exministro Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. El también exnegociador de paz defendió que hoy existe la tecnología necesaria para extraer petróleo mediante la técnica del fracking sin perjudicar los ecosistemas. “Además, Colombia tiene el marco jurídico, el marco institucional y un conjunto de requisitos ambientales de los más exigentes del mundo; podemos hacer los pilotos que se han planteado para mirar dónde y de qué manera explorar yacimientos no convencionales”, indicó. “Quien gane la Presidencia no puede pensar desde ideologías sino en lo que le conviene a las familias colombianas; petróleo y gas barato que abunda en nuestro territorio”, agregó.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, advirtió nuevamente sobre los riesgos que se le vienen al país para 2027: “La conclusión que tenemos todos es que hay un problema desde el punto de vista de la falta de recursos, el Fenómeno del Niño, la poca autosuficiencia de gas”, dijo quien ha insistido en los riesgos de apagones masivos para 2027 si no se le da un tratamiento oportuno a la crisis que se avecina.
En últimas, la reconciliación con el empresariado, los distanciamientos ideológicos con el actual Gobierno y la minería ilegal marcaron un debate que transcurrió en medio de pullas contra los rivales ausentes.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente a Estados Unidos la extradición de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte. La justicia del Estado norteño la tiene en la mira por los delitos de peculado agravado y robo. La noticia ha sido confirmada este viernes por el fiscal chihuahuense, César Jáuregui, en una declaración informal a medios mexicanos.
Gómez Fong fue detenida en Texas a finales de marzo por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde entonces, ha estado recluida en el Centro de Procesamiento de de El Paso, que comparte frontera con Chihuahua. La FGR ya había anticipado que haría los trámites para solicitar su regreso a México. “Ella está, en esots momentos, bajo un procedimiento migratorio por un juez de Estados Unidos. Está revisando su estatus migratorio. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió información a ese juez relacionada con las órdenes de aprehensión que la señora tiene pendientes”, ha afirmado Jáuregui.
El periódico La Jornada informó en 2020 que un juez federal concedió una orden de captura contra la pareja de Duarte por su presunta complicidad con el exgobernador. Sin embargo, la mujer tramitó un amparo contra cualquier intento de detención y extradición a México. En aquel momento se encontraba en Miami, Florida. De hecho, el diario El Universal informó que Gómez Fong abrió dos negocios en la ciudad estadounidense. Durante el Gobierno de su marido (2010-2016), dirigió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal. Se trata de un cargo honorario sin goce de sueldo.
Duarte se encuentra en prisión preventiva en la cárcel del Altiplano (Estado de México, centro). Fue detenido en diciembre por la FGR después de pasar en libertad a pesar de que pesaban en su contra varios delitos por corrupción. Su detención fue el primer golpe en la mesa de la actual fiscal federal, Ernestina Godoy, tras llegar al cargo ese mismo mes. El Ministerio Público lo acusa por supuestamente haber lavado más de 73 millones de pesos (4,2 millones de dólares) entre 2011 y 2014.
Estados Unidos extraditó al exgobernador en 2022. El Gobierno del mandatario estatal Javier Corral (2016-2021) lo señaló por los delitos de desvío de recursos y asociación delictuosa. El botín asciende a los 6.000 millones de pesos (más de 300 millones de dólares).
Si en 2022 el gran protagonista de las elecciones presidenciales colombianas fue el malestar social, ya fuera por la desigualdad o por la clase política, este año ha tomado protagonismo el temor a que el crimen termine torciendo la mano de la democracia. Ya ocurrió en junio del año pasado, cuando un sicario asesinó al precandidato opositor Miguel Uribe Urbay. Ahora, los dos políticos más poderosos, el padrino de la derecha y expresidente Álvaro Uribe, como el de la izquierda, el presidente Gustavo Petro, dicen que sus candidatos corren ese mismo riesgo.
El jefe de Estado afirma en redes sociales que la CIA tiene en sus manos “datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”, y su némesis afirma que se enteró, por “interlocutores del ELN”, que dos cabecillas de la guerrilla “son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”. Lo denuncian públicamente el mismo día, este viernes, por el mismo medio, X, y lo hacen antes de que los candidatos se pronuncien. Cepeda, de hecho, publicó un video en el que dice que no tiene información clara sobre lo que denuncia el mandatario, y pide a las autoridades investigar. La campaña de Valencia reaccionó horas después de Uribe, hablando de “la información revelada en las últimas horas sobre un presunto plan para atentar contra la vida de nuestra candidata”.
Las alertas no aparecen en el vacío. Las amenazas se han repetido. El último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), dice que cuatro candidatos y precandidatos presidenciales recibieron amenazas de muerte en los meses previos a las elecciones legislativas de marzo. Uno de ellos, el exministro Mauricio Lizcano, recibió una corona fúnebre con su nombre en su sede de campaña de Manizales. “Elevamos los datos a las autoridades correspondientes, pero no podemos seguimiento a los autores de las amenazas”, dice Diego Rubiano, coordinador del observatorio político de la MOE.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, a cargo de la Comisión de Seguimiento Electoral, dijo esta semana que las campañas de los punteros “no tienen menos de 30 hombres en temas de seguridad”. También anunció que agentes de la fuerza pública vigilarán que las sedes de campaña no terminen vandalizadas, como ya ha ocurrido. Aunque aseguró que no hay zonas del país vedadas para que los candidatos hagan campaña, en Colombia es común ver a los presidenciables rodeados de escoltas, dando discursos detrás de vidrios de seguridad, y caminando con agentes cargando escudos en su espalda.
Para Luis Trejos, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Norte, algo no cuaja con las denuncias de este viernes de Petro y Uribe. “Algo llama la atención en las dos: Uribe dice que se entera de esto por gente cercana al ELN, Petro que quien tiene la información es la CIA. Hay una desinstitucionalización: no van a la Fiscalía, van primero a las redes sociales”, dice el experto. Además, citan fuentes a las que no les suelen creer: Uribe es enemigo acérrimo de la guerrilla y Petro ha dicho que la CIA tenía un complot para enlodar a su Gobierno. “Uno esperaría que le digan a la Fiscalía si tienen pruebas, que tal testigo está dispuesta a declarar. Como lo hacen así, en redes sociales, creo que esto apela más al juego de las emociones en campaña, al de mostrarle al público que mi candidato es la verdadera víctima”, añade. Que las denuncias sean reales no significa que no tengan una motivación emocional y electoral.
Hay dos públicos a quienes decirles esto. El primero son los electores colombianos. El domingo pasado, los dos candidatos fuertes de la derecha, Paloma Valencia y el ultra Abelardo de la Espriella, denunciaron amenazas en su contra en redes sociales, lo que reforzó su discurso de que hay una crisis de seguridad y apelan al voto de oposición. De hecho, aunque dos ministros se pronunciaron en solidaridad con los candidatos y anunciaron medidas de protección, el presidente Petro no dijo nada. Su primer pronunciamiento sobre amenazas fue este viernes, cuando dijo que su candidato también estaría amenazado. En ese caso, su público también es el gobierno de Estados Unidos, que este martes dijo estar en alerta por la seguridad de los candidatos en general. Tanto Valencia como De La Espriella agradecieron el apoyo de la Casa Blanca.
Además del miedo a un magnicidio, en la campaña se ha instalado el temor a que los grupos armados constriñan a los votantes. No sería algo nuevo. El caso más conocido en la historia reciente fue el de las elecciones de 2002, cuando los paramilitares influyeron en las elecciones legislativas, de acuerdo a sentencias judiciales, y a la presidencia, de acuerdo a jefes paramilitares que afirman haber forzado votos en favor de Uribe.
“Otros grupos armados siempre han hecho esto, pero a nivel más local: en el Caquetá las FARC aniquilaron a una familia política, los Turbay; el ELN interviene de una u otra forma en Arauca; en las últimas elecciones locales, el exparamilitar Hernán Giraldo llamó a votar por un candidato a la Asamblea”, dice Trejos. Son noticias que usualmente tienen poco eco nacional, pero el magnicidio a Uribe Turbay produjo el temor de que la violencia política toque también a los líderes nacionales.
Justamente, Álvaro Uribe alega que el ELN está apoyando al candidato de la izquierda. “Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, afirma. El tema es particularmente sensible para un candidato que fue negociador del Gobierno en los fracasados diálogos de paz con esa guerrilla. Además, la estrategia de negociación fracasó y tras las elecciones legislativas de marzo, el partido uribista Centro Democrático ha denunciado que en 126 municipios catalogados por la MOE como de riesgo extremo en elecciones, el partido de Petro tuvo resultados especialmente positivos.
“Nosotros no tenemos ningún reporte en ese sentido, no podemos corraborarlo o desmentirlo”, dice Diego Rubiano de la MOE, sobre un posible apoyo de los grupos armados a Cepeda. “Cuando nosotros alertamos de que hay un riesgo no obligatoriamente se materializa ese riesgo, nosotros no podemos hablar de que sí hubo un constreñimiento”, añade.
Más allá de quién gana el intercambio de acusaciones, el que pierde es el oficialismo. Cuando la seguridad se instala como eje central de una campaña, el gobierno de turno queda en el banquillo: es el responsable de garantizarla y el que debe explicar por qué no lo ha logrado. Que Uribe y Petro estén disputando este terreno el mismo día, por el mismo medio, revela que la agenda ya se movió a esa cancha de la seguridad. Una cancha en la que la derecha juega de local, más cuando el Gobierno es el encargado de velar por la seguridad.
Miles de colombianos están hoy afectados por las fallas técnicas en la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que tramita el agendamiento de citas para obtener el pasaporte, entre otros servicios fundamentales. Detrás está una modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac) por la que la Cancillería autorizó un pago de 3.109 millones de pesos (unos 860.000 dólares) al contratista encargado, a pesar de sus continuos incumplimientos en esa labor. Así lo concluye el informe final de supervisión e interventoría del proyecto, que no se llevó a cabo y en el que se perdieron 15 meses.
La revelación más grave de este documento tiene que ver con ese desembolso, efectuado el 17 de diciembre de 2024. William Albarracín, el funcionario de la Cancillería que firma el reporte en calidad de supervisor, deja constancia de que el giro autorizado por su antecesora, la ingeniera Luz Adriana Rodríguez, se hizo con base en unos soportes que no cumplían con los mínimos de calidad, suficiencia e idoneidad. Además, la factura no registra el IVA.
El origen de este descalabro se remonta a 2024, cuando el Gobierno empezó a preocuparse por la inminente obsolescencia tecnológica del Sitac. En lugar de abrir una licitación pública, el equipo del entonces canciller Luis Gilberto Murillo optó por una contratación directa. Eligió a dedo a Aldesarrollo, una entidad pública que agrupa instituciones de educación superior, y cuyo extenso objeto social abarca desde estudios del espacio hasta instalación de energía nuclear.
El resultado del convenio interadministrativo (entre entidades del Estado) que se firmó el 15 de octubre de 2024, por 10.364 millones de pesos, no podía ser peor: la primera fase de actualización y mejoramiento del Sitac, que debía concluir el 31 de diciembre de 2024, se prorrogó dos veces, hasta el 31 de agosto de 2025, sin que al final Aldesarrollo hubiera cumplido sus obligaciones.
Desde el comienzo, el cronograma presentó retrasos e incumplimientos. En su informe final, Albarracín señaló que no se entendía cómo la empresa planteaba que estaba cumpliendo, cuando los avances en todo lo convenido eran prácticamente inexistentes. Nada funcionaba. Entre enero y marzo de 2025, el módulo para agendar citas de pasaportes y otros trámites fracasó en tres pruebas piloto con varios consulados. Y, en agosto, ensayos con usuarios revelaron problemas en el registro y la asignación de citas.
Aldesarrollo tampoco cumplió con su deber de entregar una infraestructura en la Nube que fuera escalable y segura. Hoy se habla de ataques cibernéticos.
Hasta el manejo del personal fue caótico. Siete meses después de firmado el contrato, Aldesarrollo cambió su equipo, lo cual generó reprocesos y retrasos. Además, no presentó el último pago de la seguridad social.
Sin noticias de las sanciones
En enero de este año, la Cancillería anunció un proceso sancionatorio contra la empresa. La Unidad Investigativa de Caracol Radio preguntó a la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y a su jefe de prensa sobre el estado de ese proceso y sobre la posibilidad de recuperar los 3.109 millones de pesos, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Aldesarrollo hace parte del grupo de tres empresas que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, pidió investigar hace más de un año ante los indicios de que se concertaron “para falsear el mercado y alterar las probabilidades del sistema competitivo en el marco de procesos de contratación pública”.
Esta Unidad Investigativa buscó varias veces al director de la compañía, Omar Enrique Flórez. En distintas ocasiones, su asistente, quien se identificó como Lis Rois, dijo que el ejecutivo no se encontraba en la oficina y que devolvería la llamada apenas pudiera. Hasta el momento de publicar esta historia eso no ha ocurrido.
Consultado sobre las razones por las cuales se firmó un contrato tan sensible con Aldesarrollo, además de prorrogarlo y autorizar el pago del 30% del total, el excanciller Murillo respondió por escrito que tomaron la mejor opción del mercado. “El pago obedece a un avance del 30% de la ejecución del contrato, previa verificación de la supervisión técnica, administrativa y financiera (…). La ejecución del 70% restante es responsabilidad de quienes me sucedieron”, dijo.
El hoy candidato presidencial aportó un dato revelador: en el estudio de mercado que la Cancillería hizo antes de entregar el contrato a dedo participó Red Summa, otra de las organizaciones denunciadas ante la Fiscalía por Idárraga.
En cuanto a la exministra Laura Sarabia, en cuya administración se autorizó la segunda prórroga, una asesora muy cercana recuerda que esto ocurrió apenas una semana después de su posesión, cuando buena parte de los funcionarios nombrados por Murillo seguían en el Ministerio y tomaban decisiones. El contrato con Aldesarrollo fue uno de los 21 avalados por su antecesor y que la actual embajadora en Londres envió a la Contraloría por presuntas irregularidades.
A pesar de la alerta que lanzó el secretario presidencial, este año Aldesarrollo ha amasado más de 347.000 millones de pesos en contratos con diferentes entidades del Estado. La Fiscalía conformó un equipo especializado, que se apoya en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para abordar lo que promete ser un macrocaso de corrupción. La Procuraduría investiga al director de Aldesarrollo por presuntas irregularidades en un proceso relacionado con el mejoramiento de vías en Santander, valorado en 1.700 millones de pesos, provenientes de regalías. No obstante, la empresa parece inmune a los cuestionamientos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya se encuentra en España. La mandataria ha aterrizado la noche de este viernes en el aeropuerto de El Prat de Barcelona para participar en la IV cumbre para la defensa de la democracia. Se trata del primer viaje de Sheinbaum a Europa desde que llegó al poder en octubre de 2024 y la primera visita de un jefe de Estado mexicano a territorio español en ocho años, luego de la gira oficial que celebró Enrique Peña Nieto en 2018. El encuentro previsto para este sábado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será la primera reunión de alto nivel entre representantes de ambos países desde entonces.
“Que viva la paz siempre”, ha dicho Sheinbaum a los periodistas que acudieron a cubrir su llegada. La mandataria ha sido recibida por integrantes de la comunidad mexicana al grito de “¡Presidenta, presidenta!“, después de viajar en un vuelo comercial desde Ciudad de México a Madrid, donde tomó otro avión para llegar a Barcelona. La llegada a territorio español ha sido un pequeño baño de masas. La presidenta saludó y se abrazó con sus seguidores, repartió autógrafos, bailó al ritmo de música tradicional y se retiró sin dar más declaraciones a los medios de comunicación. Ha medido al milímetro los mensajes que ha dado en torno a su gira en España, el sexto país que visita en lo que lleva de mandato, y la información que ha compartido sobre sus actividades en Europa.
Sheinbaum tiene previsto participar en la cumbre oficial, convocada por Sánchez y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre las diez de la mañana de este sábado (ocho horas menos en el centro de México). Los temas principales serán la defensa de las instituciones internacionales y el multilateralismo; el combate a la desinformación y la regulación de las redes sociales, y la lucha contra la desigualdad y la discriminación. Entre los invitados están también el líder colombiano, Gustavo Petro, y el uruguayo Yamandú Orsi. La presidenta adelantó esta semana que planea sostener reuniones bilaterales con todos ellos.
La del sábado será una cumbre previsiblemente corta, con una duración aproximada de un par de horas, según la información que ha compartido el Gobierno de España. Sánchez y Lula tienen en agenda otra cumbre por la tarde, la Movilización Progresista Mundial, un foro que se celebra también en Barcelona con un carácter menos protocolario, en el que participan políticos de izquierdas de Europa y América, pero también organizaciones no gubernamentales, activistas y académicos. Sheinbaum no tiene previsto participar en ese evento, según el itinerario que dio a conocer en su conferencia matutina esta semana antes de salir del país.
Con todo, la visita de Sheinbaum ha provocado una alta expectación política del otro lado del Atlántico y supone el mayor acercamiento entre ambos países desde la crisis diplomática a raíz de la petición de disculpas que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, envió en 2019 a la Monarquía española por los abusos cometidos durante la conquista. No se prevé que los mandatarios de México y España ofrezcan una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, según la información que han compartido ambos Gobiernos. Tampoco está claro si harán pública al menos una parte de la reunión bilateral.
La agenda de la presidenta incluye también encuentros con miembros de la comunidad mexicana en España y una visita el domingo al nuevo Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona, una iniciativa para procesar grandes volúmenes de datos de información meteorológica, agricultura, aduanas e inteligencia artificial aplicada a políticas públicas. Sheinbaum partirá de regreso ese mismo domingo y llegará por la noche de México. Estará en España menos de 48 horas, con el objetivo de recuperar protagonismo para el Gobierno mexicano en el escenario internacional, sellar sus alianzas con los gobiernos progresistas de la región, plantear alternativas políticas en medio de las embestidas de Donald Trump y avanzar en un lento proceso de deshielo con las autoridades españolas.
