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Amnistía Internacional (AI) pide investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas de 2022 en Irán, en un informe difundido este miércoles, cuando se cumplen cuatro años de la muerte de la joven kurda Jina Mahsa Amini, que desencadenó el levantamiento conocido como ” Mujer, Vida, Libertad”.

Amini, de 22 años, murió bajo custodia en Teherán el 16 de septiembre de 2022, después de ser detenida por la llamada ‘policía de la moral’ por supuestamente incumplir las normas sobre el uso del velo islámico. Su muerte desató un movimiento social que reclamaba los derechos de las mujeres y mayores libertades, y que rápidamente se extendió por todo el país.

En ‘Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán’, de más de mil páginas, Amnistía reconstruye la cadena de mando que, asegura, estuvo detrás de la represión e identifica a 87 altos cargos que deberían ser investigados por su presunta responsabilidad criminal.

Según la ONU, al menos 551 personas, entre ellas 68 niños, perdieron la vida en esas manifestaciones.

En el estudio, AI documenta asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamientos, violaciones y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos, y denuncia una represión letal especialmente intensa contra las comunidades kurda y baluchi.

“Después de años de documentación y análisis minuciosos, nuestra conclusión es clara: las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad contra manifestantes que exigían dignidad, derechos humanos y un cambio político fundamental”, afirmó la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, en una rueda de prensa en Londres.

Callamard denunció que los responsables “siguen hoy al frente de la mortífera maquinaria de represión estatal”, que continúa operando amparada por “una estructura de impunidad” política y judicial. Esto, dijo, quedó demostrado con “la masacre de miles de manifestantes” en otra oleada de protestas contra el Gobierno el pasado enero.

Mahsa Piraei, cuya madre Minoo Majidi fue asesinada durante las manifestaciones de 2022, señaló por su parte que dentro de Irán “no existe una ruta hacia la justicia”.

Por eso Amnistía pide a la Asamblea General de la ONU que habilite un mecanismo internacional de justicia penal que permita investigar y procesar a los culpables de los hechos.

“Para mí, la justicia es rendición de cuentas. No solo para la persona que disparó a mi madre: la responsabilidad debe llegar a la cima de la cadena de mando”, declaró la joven iraní.

La publicación del informe, uno de los más exhaustivos jamás elaborados por la organización, coincide con el actual conflicto entre Irán y los Estados Unidos e Israel, que el pasado 28 de febrero iniciaron una guerra contra la República Islámica.

Callamard advirtió de que este conflicto “ilegal” expone al pueblo iraní a nuevas “violaciones del derecho humanitario así como a crímenes de guerra”, mientras el régimen iraní “intensifica la represión interna”.

“Quiero reiterar que Amnistía Internacional se opone inequívocamente a las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel y EE.UU., y rechazamos firmemente cualquier intento de instrumentalizar el sufrimiento de las víctimas iraníes de violaciones de derechos humanos para justificar ataques ilegales que causan nuevos daños a la población civil”, manifestó.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos, a través de su secretario Troy Meink, ha reconocido por primera vez que el país dispone de armas activas “en órbita”, un anuncio que ha provocado preocupación a nivel internacional. La posibilidad de que estas capacidades militares se extiendan podría abrir la puerta a una nueva etapa de tensión entre las principales potencias y acelerar el desarrollo de armamento destinado al espacio.

El propio Meink confirmó esta nueva capacidad durante la conferencia ‘Aire, Espacio y Ciberseguridad’, donde defendió la necesidad de que Estados Unidos esté preparado ante las nuevas amenazas. “Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para afrontar los desafíos de las amenazas en constante evolución, donde quiera que se presenten. (…) Por eso, Estados Unidos ahora cuenta con armas de control espacial en órbita”, declaró.

El anuncio ha generado reacciones inmediatas en otros países. China y Rusia han advertido sobre los riesgos que supondría transformar el espacio en un nuevo escenario de confrontación militar y han mostrado su rechazo a una posible expansión de este tipo de capacidades.

China y Rusia reclaman alejar las armas del espacio

Desde Pekín, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha acusado a Washington de prepararse “para la guerra en el espacio ultraterrestre”. Además, ha manifestado su oposición a que el espacio pueda convertirse “en un campo de batalla, así como en una carrera armamentística”.

Una posición similar mantiene Moscú. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha defendido que “el espacio debe estar libre de cualquier arma” y, ante el escenario que podría abrirse con el desarrollo de estas capacidades, reclama “la desmilitarización completa del espacio”.

La preocupación se centra especialmente en la posibilidad de que otros países respondan desarrollando sistemas similares. De producirse una expansión de estas tecnologías, los expertos consideran que podría desencadenarse una nueva competición armamentística entre las grandes potencias.

¿Para qué sirven las armas estadounidenses en órbita?

Por ahora, estas capacidades estarían orientadas principalmente a neutralizar o inutilizar satélites pertenecientes a otros países. Sin embargo, también existe preocupación por la posibilidad de que en el futuro puedan emplearse sistemas capaces de lanzar proyectiles directamente desde el espacio.

El astrónomo Jonathan McDowell ha advertido precisamente sobre una posible respuesta de las otras grandes potencias. “Rusia y China ahora responderían de la misma manera”, según se hace eco The Guardian.

El desarrollo de estas tecnologías abre así un nuevo escenario en el que el espacio podría adquirir un papel todavía más relevante dentro de las estrategias militares de las principales potencias mundiales.

Al menos 67 personas murieron el martes tras derrumbarse la mina de oro de Al Zara, en el estado meridional sudanés de Kordofán del Oeste, donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a supervivientes y a personas atrapadas bajo los escombros, informó este miércoles la Red de Médicos de Sudán.

“Las operaciones de búsqueda y rescate continúan para localizar a supervivientes o personas atrapadas bajo los escombros, ante el temor de que la cifra de fallecidos pueda aumentar, dado que la mina carece de las medidas básicas de seguridad y protección exigidas para los trabajadores”, dijo la ONG en un comunicado.

La mina se encuentra cerca de la estratégica ciudad de Al Nuhud y está bajo control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentado con el Ejército de Sudán en una cruenta guerra iniciada en abril de 2023 que ha devastado gran parte del país y sus recursos.

Ante esta tragedia, la Red de Médicos condenó “la negligencia que expuso a los trabajadores mineros a graves riesgos para sus vidas” y denunció que las actividades mineras en zonas controladas por las FAR “convierten la minería en una amenaza directa para la vida de los civiles” debido a la ausencia de normas de seguridad y de equipos de protección.

Por esto, exhortó a las FAR a asumir su responsabilidad de proteger a los civiles y a los mineros, así como a “detener las actividades mineras no reguladas” para evitar que se repitan este tipo de incidentes.

El líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti-, y sus familiares controlan buena parte de los yacimientos de oro más productivos de Sudán, mientras que el recurso es utilizado para financiar la compra de armas y la contratación de mercenarios para la guerra en curso, según diferentes organizaciones y activistas.

La guerra en Sudán se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor catástrofe de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.

Al menos 20 palestinos, entre ellos varios niños, murieron y más de una treintena resultaron heridos durante la madrugada de este miércoles al derrumbarse un edificio dañado por ataques israelíes en la Franja de Gaza, según ha informado el hospital gazatí de Al Shifa.

“Hay alrededor de 100 personas entre heridas y desaparecidas”, ha explicado a su vez el representante de Defensa Civil del enclave palestino.

El derrumbe del edificio residencial de seis plantas, situado en la zona oeste de ciudad de Gaza, se produjo durante la madrugada y dejó a decenas de personas atrapadas bajo los escombros, informó Defensa Civil en un comunicado. Sus equipos, añadió la nota, iniciaron las labores de rescate poco después de producirse el colapso del inmueble.

Pese a que todavía se desconoce el motivo exacto del derrumbamiento, Defensa Civil indicó que el edificio se hallaba en mal estado y afectado por los ataques israelíes, que se calcula han arrasado alrededor del 80% de la Franja y dejado a miles de personas desplazadas y forzadas a residir en tiendas de campaña o en viviendas con una integridad estructural precaria.

De acuerdo al último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos de las últimas 24 horas, las tropas israelíes han matado a 73.789 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023.

A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

El expresidente de Kosovo, Hashim Thaci, ha sido condenado este miércoles a 25 años de prisión por el tribunal especial para crímenes de guerra con sede en La Haya. La sentencia impone una pena al excomandante del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), de 58 años, por su responsabilidad en delitos graves cometidos a finales de los noventa (entre 1998 y 1999) durante el conflicto armado en ese territorio en la guerra de secesión de Serbia.

En concreto, la corte lo considera responsable del asesinato de 96 personas, entre los que se encontraban opositores políticos y presuntos colaboradores de las fuerzas serbias. Asimismo, el fallo atribuye a Thaci “la orden y supervisión” de detenciones ilegales, actos de tortura y trato cruel contra centenares de civiles.

El veredicto supone un hito judicial, ya que condena a una de las figuras políticas más influyentes de la independencia de Kosovo, que pasó de líder insurgente a presidente del país, reconocido como Estado soberano por 103 de los 193 miembros de la ONU, entre los que no se encuentra Serbia, que lo considera parte de su territorio. Fue primer ministro desde 2008, tras la declaración de independencia, hasta 2014, y presidente entre 2016 y 2020, antes de ser procesado por la justicia internacional.

“Un héroe nacional”

Thaci es considerado un héroe en su tierra, donde siguen abiertas las heridas de las guerras de los Balcanes y persisten las tensiones étnicas entre los albaneses, mayoritarios en el territorio, y los serbios, que representan cerca del 3% de la población, según datos oficiales.

El exlíder kosovar, vestido con traje y corbata y en silencio, ha escuchado la sentencia acompañado de otros tres antiguos dirigentes guerrilleros que también han sido juzgados. Mientras, en la principal plaza de Prístina, la capital kosovar, miles de personas se congregaban, ondeando banderas del ELK, para seguir la vista en una retransmisión en directo. Ya durante el fin de semana, hubo manifestacionse para pedir su absolución, según recoge el medio BalcanInsight.

Thaci ha mantenido su inocencia durante todo el proceso y, en más de una ocasión, ha asegurado haber estado “al lado del pueblo de Kosovo”. Su defensa ha tratado de capitalizar la impopularidad de la Corte. Se trata del Tribunal Especial para Kosovo, que comenzó a operar bajo leyes kosovares en 2017 pero con sede en los Países Bajos, precisamente para evitar riesgos de corrupción judicial (muy arraigada en el territorio, de acuerdo con datos de Transparencia Internacional) o intimidación a testigos.

Una de las críticas recurrentes es que el tribunal fue creado para investigar y juzgar únicamente crímenes atribuidos a miembros del Ejército de Liberación de Kosovo durante y después de la guerra, en la que se calcula que murieron cerca de 13.000 personas. Por tanto, no tiene competencia para enjuiciar los crímenes cometidos por las fuerzas serbias. Así, según sus críticos, esa configuración transmite una imagen de justicia unilateral en la que los crímenes contra albaneses de Kosovo perpetrados por los serbios quedan fuera de su alcance.

Condenas al veredicto

El Partido Democrático de Kosovo (PDK) fundado como ala política del Ejército de Liberación y liderado Hashim Thaci ha sido uno de los primeros en condenar el veredicto. En un comunicado, la formación, que ha calificado la condena de “una gran injusticia” y ha señalado que “se basa en afirmaciones y materiales que consideramos fabricados y fomentados a lo largo de los años por el aparato estatal y la propaganda serbia para criminalizar la guerra justa del Ejército de Liberación de Kosovo”.

También para el exprimer ministro kosovar y antiguo comandante insurgente, Ramush Haradinaj -actual líder de la opositora la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK)- la decisión es “inaceptable e injusta”, según ha dicho en sus redes sociales. En la misma línea, el primer ministro de Albania, Edi Rama, ha publicado en Instagram la imagen de un alambre de espino y ha calificado el fallo de “absurdo”.

Europa mira hacia Canadá mientras lucha por garantizar su seguridad, unidad e independencia en un contexto geopolítico cada vez más adverso. El Parlamento Europeo acogió este miércoles por segunda vez en la legislatura el discurso sobre el estado de la Unión (SOTEU). Una cita que inaugura el curso político y en la que la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, rinde cuentas ante los grupos parlamentarios y presenta las que serán las prioridades y próximas líneas de acción del Ejecutivo comunitario.

Canadá ha sido uno de los grandes protagonistas de la cita. La líder del Ejecutivo europeo ha aprovechado la ocasión para tender la mano al que promete convertirse en uno de los socios preferentes de la Unión. Con el primer ministro canadiense, Mark Carney, presente en la Cámara como invitado, Von der Leyen ha anunciado su intención de abrir la puerta a que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” del bloque. La propuesta supondría elevar la cooperación mucho más allá del actual acuerdo comercial CETA.

Llevar la relación con Canadá a nivel “más alto posible”

“Mark, tu presencia aquí es un símbolo de la amistad duradera entre nuestros pueblos (…) Esto demuestra el poder de nuestros acuerdos comerciales. Vemos el mundo con los mismos ojos: desde la IA hasta el cambio climático, desde el Ártico hasta la geopolítica. Y hemos permanecido unidos: en lo relativo a Ucrania, la defensa, las materias primas y las cadenas de suministro. Pero, sobre todo, querido Mark, Europa y Canadá creen en la democracia”, ha defendido Von der Leyen ante los parlamentarios, insistiendo en llevar la relación a lo que ha calificado como su “nivel más alto posible”.

El deterioro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha acelerado la búsqueda de nuevas alianzas por parte de Ottawa. Los vecinos norteamericanos se encuentran inmersos en una creciente disputa comercial, con nuevos aranceles a productos canadienses. A esta ofensiva se suma la retórica de Trump sobre la posibilidad de convertir Canadá en el estado número 51 de EE UU y sus reiteradas pretensiones sobre Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca.

La Unión Europea tampoco ha escapado a las tensiones comerciales con Washington, aunque Bruselas y la Administración Trump alcanzaron un acuerdo arancelario que comenzó a implementarse este año. El republicano no ha dudado en seguir adelante con sus amenazas para defender a las grandes tecnológicas estadounidenses. Será este jueves cuando Mark Carney tome la palabra ante el Parlamento Europeo. No obstante, el canadiense ya había dejado entrever el tono que empleará: el pasado domingo afirmó que Ottawa busca una “alianza única” con la UE.

Un mecanismo inspirado en el Artículo 4 de la OTAN

La defensa del territorio europeo y el apoyo a Ucrania han repetido como dos de los pilares clave de la intervención. Von der Leyen ha hecho referencia a algunos de los últimos incidentes registrados en suelo europeo y vinculados a Rusia, desde las incursiones de drones hasta el disparo de bengalas por parte de un buque ruso contra un helicóptero militar danés. “Las amenazas se multiplican en nuestro propio territorio; en la última semana lo hemos visto en Dinamarca, Lituania y Polonia. El intento de ataque con drones en Leipzig es una prueba más”, ha recordado, insistiendo en que las llamadas amenazas híbridas están cada vez más cerca de convertirse en agresiones directas.

En este contexto, la presidenta de la Comisión ha propuesto un mecanismo europeo inspirado en el Artículo 4 de la OTAN para responder de manera conjunta a incidentes que no alcanzan el umbral de una agresión armada, pero amenazan la seguridad de un Estado miembro. El denominado Protocolo de Seguridad de Emergencia permitiría que, a petición de un país, los Veintisiete se reunieran para coordinar una respuesta, disuadir una escalada y mitigar las consecuencias del ataque. La propuesta se enmarca en una nueva “Estrategia Europea de Seguridad” que Von der Leyen planea presentar junto a la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

“Ya disponemos de muchas herramientas y estamos reforzando nuestra colaboración con la OTAN. Sin embargo, nuestra doctrina, nuestras instituciones y nuestros procesos de toma de decisiones no han seguido el ritmo de la nueva realidad”, ha agregado. Von der Leyen ha defendido igualmente la necesidad de seguir aumentando las capacidades europeas de defensa y, en el caso de Ucrania, endurecer la presión sobre Moscú con nuevas sanciones. También ha prometido reforzar, junto a los socios europeos, la ayuda humanitaria y el suministro energético y de calefacción ucraniano ante el próximo invierno.

De forma paralela, Von der Leyen ha recordado la reciente aprobación de los cerca de 6.000 millones de euros adicionales para la defensa ucraniana, destinados a defensa aérea y antimisiles, munición, drones y guerra electrónica. La decisión incluye una excepción a las reglas habituales de elegibilidad para que Kiev pueda adquirir los sistemas Patriot. “Es urgente que se entreguen cuanto antes. Pero también debemos reducir conjuntamente nuestra dependencia de un único proveedor. Por ello, queremos desarrollar junto con Ucrania un sistema de defensa antimisiles económico y modular”, ha anunciado.

Un Consejo de Seguridad Europeo

En materia de seguridad, la Comisión vuelve además a mirar más allá de sus fronteras. Entre las propuestas más destacadas del SOTEU ha figurado el impulso a un Consejo de Seguridad Europeo que reúna a los líderes de la UE con socios como Canadá, Reino Unido, Noruega y Ucrania, además de otros países. Von der Leyen no ha detallado todavía su composición ni su funcionamiento. El medio Euractiv, apuntó que el nuevo formato podría introducir cambios relevantes en la arquitectura de seguridad europea y abrir el debate sobre su relación con la OTAN.

“Llevamos mucho tiempo debatiendo un formato de líderes centrado en la seguridad de nuestro continente, en el que participen socios como Canadá, Noruega, Ucrania, el Reino Unido y otros países (…). Expondremos nuestras ideas para hacer realidad un Consejo de Seguridad Europeo”, ha indicado Von der Leyen.

Por otro lado, la situación en Gaza y Cisjordania también ha hecho acto de presencia durante la intervención. Von der Leyen ha condenado la decisión del Gobierno israelí de seguir adelante con E1, uno de los proyectos de asentamientos más controvertidos de Cisjordania ocupada. La falta de consenso entre los socios comunitarios ha vuelto a ser uno de los puntos señalados por la presidenta. Hace ahora un año, durante el discurso sobre el estado de la Unión de 2025, Von der Leyen propuso, entre otras medidas, sanciones contra ministros israelíes extremistas y colonos violentos, así como la suspensión parcial de las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel. La medida necesitaba una mayoría cualificada en el Consejo y no consiguió los apoyos necesarios, con resistencias, entre otros, de Alemania.

Así pues, Von der Leyen ha lamentado este miércoles que los Estados miembros sigan sin reunir las mayorías necesarias para articular una respuesta común y ha situado de nuevo la solución de dos Estados en el centro de la posición europea.

Economía, China y energía

La seguridad no ha sido, sin embargo, el único eje del discurso. Von der Leyen ha colocado la reactivación económica entre sus prioridades y ha reclamado acelerar la integración del mercado único, reducir la burocracia y agilizar los permisos para inversiones estratégicas. No obstante, el aviso económico más contundente ha ido dirigido a China. El déficit comercial de la UE con el gigante asiático alcanza ya, según los datos citados por Von der Leyen, los 1.000 millones de euros diarios. “Algunos dicen que se avecina un segundo shock chino. Pero ya está aquí”, ha advertido, vinculándolo con la pérdida de capacidad industrial en determinadas regiones europeas.

La energía completa ese frente económico. Von der Leyen ha vinculado el encarecimiento energético con el cierre del Estrecho de Ormuz. Su respuesta pasa por acelerar las renovables, mejorar las redes eléctricas y duplicar el peso de la electricidad de aquí a 2040, entre otros aspectos. El SOTEU también ha dejado anuncios en otros frentes. Tras un verano marcado por las olas de calor y los incendios, Bruselas presentará un Plan Europeo contra las Olas de Calor. En el terreno democrático, Von der Leyen ha prometido reforzar el Centro para la Resiliencia Democrática frente a la desinformación y las injerencias extranjeras.

Y, frente al impacto de las redes sociales sobre los menores, la Comisión presentará el EU Kids Act: prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 13 años y las cuentas personales a los menores de 15; entre los 13 y los 15 solo se permitirán cuentas limitadas y supervisadas por los padres, mientras que entre los 15 y los 18 las plataformas estarán obligadas a ofrecer un diseño seguro.