Donald Trump volvió a encontrarse esta semana con un límite procedente de una institución que él mismo contribuyó decisivamente a transformar. El presidente de EE UU arremetió el martes contra el Supremo después de que los magistrados rechazaran su intento de introducir nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre. Tres de los nueve miembros del tribunal fueron nombrados por Trump en su primer mandato.
«Estas no son las personas que entrevisté para servir en el Tribunal Supremo», escribió Trump en Truth Social, en un mensaje dirigido contra algunos de los magistrados que rechazaron la petición de su Administración. El presidente acusó además a «ciertos jueces» de dejarse presionar por la izquierda y reservó sus elogios para Samuel Alito y Clarence Thomas, los dos miembros del tribunal que hicieron pública su discrepancia con la decisión.
La disputa tiene su origen en el intento de la Administración de modificar los procedimientos utilizados para gestionar millones de votos enviados por correo. El plan exigía, entre otras medidas, que los Estados utilizaran determinados estándares para los sobres electorales y remitieran información sobre los votantes a un portal federal. El Servicio Postal podría negarse a procesar las papeletas procedentes de Estados que no cumplieran los requisitos.
El Gobierno defendió las modificaciones como medidas destinadas a reforzar la seguridad electoral. Los Estados que acudieron a los tribunales argumentaron, por el contrario, que introducirlas a pocas semanas de las elecciones podría alterar sistemas que llevan años funcionando y dificultar que algunos ciudadanos recibieran o enviaran sus papeletas a tiempo.
La cuestión adquirió especial urgencia porque la votación ya ha comenzado en algunos lugares. Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin se encontraban entre los Estados que habían empezado a enviar papeletas mientras continuaba la batalla judicial. Cerca de un tercio de los votos emitidos en EE UU se depositan por correo.
El Supremo decidió el lunes mantener bloqueadas las nuevas reglas durante las legislativas. Brett Kavanaugh, uno de los tres magistrados nombrados por Trump, coincidió con ese resultado y señaló que aplicar las modificaciones para las elecciones de 2026 planteaba problemas debido al escaso tiempo disponible para que las autoridades estatales y locales adaptaran sus procedimientos. Su posición, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de examinar de nuevo en el futuro la autoridad del Servicio Postal para establecer algunas de esas condiciones.
Alito presentó una interpretación diferente. En su discrepancia, a la que se sumó Thomas, sostuvo que el Servicio Postal posee amplias facultades para regular el correo y que probablemente cuenta con autoridad suficiente para imponer las restricciones defendidas por la Administración.
La decisión añade un nuevo episodio a una relación entre Trump y el Supremo marcada tanto por importantes coincidencias jurídicas como por enfrentamientos públicos. El presidente nombró a Neil Gorsuch en 2017, Brett Kavanaugh en 2018 y Amy Coney Barrett en 2020, consolidando una mayoría conservadora de seis magistrados que ha modificado durante los últimos años la jurisprudencia estadounidense en cuestiones de gran alcance.
Los tres respaldaron, por ejemplo, la decisión unánime que impidió a Colorado excluir a Trump de las elecciones presidenciales de 2024. También formaron parte de la mayoría conservadora que estableció que los expresidentes cuentan con cierto grado de inmunidad penal por actos oficiales. El tribunal ha adoptado decisiones sobre aborto, regulación federal e inmigración coincidentes con posiciones defendidas por Trump.
Pero esa mayoría no ha funcionado como un bloque automático en los litigios que afectan a la Casa Blanca. Durante el segundo mandato de Trump, algunos de los magistrados que él mismo nombró han votado contra posiciones de su Administración en casos de especial relevancia, una dinámica que ha provocado críticas cada vez más directas del presidente. Ap señala que el tribunal ha permitido avanzar varias iniciativas de Trump mediante decisiones de emergencia, pero también ha impuesto límites tras examinar otros asuntos con mayor profundidad.
El voto por correo ocupa desde hace años un lugar central en las denuncias de Trump sobre el sistema electoral estadounidense.
A más de ocho meses de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas, Venezuela ha mostrado “mejoras limitadas” en la situación de los derechos humanos, pero el aparato represivo del país se mantiene “intacto”, dijo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela en un informe divulgado este miércoles.
Desde 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.
El reporte analiza los acontecimientos ocurridos en el último año en el país, teniendo en cuenta los cambios políticos tras la detención de Maduro por parte de EE.UU. y la llegada de Delcy Rodríguez al poder, quien asumió como presidenta encargada unos días después.
“Las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”, aseguró la misión de expertos que preside Sofía Macher Batanero.
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Reporte: Se redujo la represión, pero el sistema es el mismo
La Misión de la ONU habla de una “disminución significativa” de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas al ataque militar estadounidense del 3 de enero.
Desde la llegada de Rodríguez al poder, el Gobierno de Venezuela ha anunciado varias medidas relacionadas con las personas detenidas por motivos vinculados a hechos políticos, como las excarcelaciones, una ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, entre otras, para “consolidar la paz de la República”.
La Misión destaca los cientos de excarcelaciones de personas privadas de su libertad por motivos políticos, así como “un margen algo mayor” permitido para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil. Hasta el 14 de septiembre, Foro Penal, la organización no gubernamental que registra y acompaña los casos de presos políticos en Venezuela, cuenta 1.073 excarcelaciones y liberaciones.
Lo que sucede con estos cambios, dicen los expertos, es que no se dieron a la par de reformas institucionales que deriven en mejoras “significativas y sostenidas” en la situación de los derechos humanos en el país.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles,“, dijo Macher Batanero.
Agregó que mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, “cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible”.
En marzo, la Misión ya había advertido que las estructuras represivas “estaban mutando” para seguir en el poder.
Continúan las denuncias de torturas, dice la Misión de la ONU
Entre los cientos de personas detenidas en Venezuela por motivos políticos, la Misión de la ONU aseguró que siguieron documentándose “patrones de tortura y malos tratos”, y mencionó casos reportados en el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I y en el Fuerte Guaicaipuro, ambos en el estado Miranda.
El reporte apuntó que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, varias organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, pero puntualizó que la gran mayoríaa (el 94 %) ocurrió en 2025, es decir, antes del derrocamiento y la captura de Maduro.
Foro Penal contabilizaba que 344 personas seguían privadas de su libertad hasta el 14 de septiembre. La misión de expertos estima que podrían ser hasta 500.
“Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil”, remarcó el informe.
María Eloísa Quintero, una de las expertas que integran la Misión, dijo que instan a las autoridades “a adoptar medidas decisivas para la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”.
Los expertos también agregaron que la falta de información oficial dificulta determinar con precisión quiénes han sido excarcelados, dónde se encuentran las personas detenidas y cuál es su situación jurídica.
Personas sostienen carteles y velas encendidas en una vigilia para orar por la liberación de los presos políticos el 14 de septiembre en Caracas. – MIGUEL GUTIERREZ/EFE/EFE
El rol de los colectivos, según el informe
Además del informe, la Misión independiente de la ONU llevó a cabo una investigación específica sobre los colectivos venezolanos, grupos paramilitares que fueron utilizados históricamente por el Gobierno de Maduro para intimidar o atacar a partidarios de la oposición, como reportó CNN.
“Estos grupos constituyen un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social. Operan con distintos grados de apoyo institucional y, en numerosos casos, en coordinación, complementariedad o convergencia con autoridades estatales y fuerzas de seguridad”, según la investigación de la Misión de la ONU, que este viernes se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos.
Con base en entrevistas con víctimas, testigos e integrantes de colectivos y exfuncionarios estatales, además de en el análisis de documentación, la Misión concluyó que muchos colectivos participaron en abusos contra los derechos humanos después de 2014, lo que afectó la vida, la integridad física y la libertad de las personas.
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Asunción, 16 sep (EFE).- El Gobierno de Paraguay compró municiones a Estados Unidos por un valor superior al millón de dólares, y con la intención de dotar a sus fuerzas de seguridad en las operaciones de combate contra el terrorismo y el crimen organizado, informó este miércoles el ministro de Defensa del país suramericano, Óscar González.
Durante una conferencia de prensa, González explicó que las compras se hicieron “de Estado a Estado” y a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), que utiliza al Departamento de Defensa para las adquisiciones.
Con esto, los países ahorran recursos al evitar a los intermediarios comerciales.
De acuerdo con el funcionario, la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL) desembolsó por las municiones cerca de 8.200 millones de guaraníes (unos 1.136.653 dólares estadounidenses a la tasa de cambio actual).
Esta es la segunda vez que el país compra insumos militares a Estados Unidos a través del programa FMS, después de la adquisición de radares y equipos para un puesto de control de la Fuerza Aérea Paraguaya a inicios de 2025.
Esta jornada, González y otros responsables militares de Paraguay se reunieron con representantes estadounidenses del programa FMS para coordinar futuras compras y evaluar “la posibilidad de la reactivación” de una fábrica de municiones en el país, indicó el ministro.
Paraguay es uno de los mayores socios de Estados Unidos en la región latinoamericana.
En diciembre del año pasado, ambos países firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas.
Este acuerdo no tiene un plazo de vencimiento, aunque las condiciones del mismo podrían variar con el paso del tiempo, dijeron entonces las partes.
En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador.
Ciudad de Panamá, 16 sep (EFE).- El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incorporó este miércoles cuatro drones o aeronaves no tripuladas K1000, donados por Estados Unidos y valorados en 6 millones de dólares, con los que reforzará la vigilancia del país, especialmente zonas costeras, remotas y de difícil acceso.
“Estamos orgullosos de entregar este equipo que tiene un valor de más de 6 millones de dólares e invertir en programas conjuntos como este, fortaleciendo de manera directa nuestra capacidad conjunta de enfrentar desafíos complejos en nuestros territorios”, dijo durante el acto oficial de entrega el embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera.
El embajador destacó que esta entrega del Gobierno de Donald Trump al de José Raúl Mulino es el resultado “de esa cooperación expandida bajo ambos presidentes” tras la firma de varios acuerdos.
“Nuestro presupuesto representa nuestros valores, nuestras prioridades”, dijo, y con Panamá han pasado de la entrega de 10 millones de dólares a más de 100 millones este año, un apoyo que no es solo en seguridad, sino también en “ayuda humanitaria”.
Los cuatro sistemas, según el Senan, serán asignados a su Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas, como parte del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y operacionales de la institución.
La incorporación de los equipos estuvo acompañada por la certificación de nueve pilotos de la Aeronaval, quienes completaron seis semanas de formación teórica y práctica para operar los K1000 y conforman la primera promoción panameña especializada en el manejo de estos sistemas.
“Celebramos la preparación de profesionales panameños que asumirán una nueva responsabilidad en la protección de nuestra república”, indicó el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego.”A partir de hoy tendrán la responsabilidad de operar estos sistemas con disciplina, profesionalismo, prudencia y absoluto respeto por la ley”.
Los K1000 fueron fabricados por la empresa estadounidense Kraus Hamdani Aerospace y cuentan con propulsión eléctrica apoyada por tecnología fotovoltaica. Cada aeronave tiene una longitud aproximada de tres metros, una envergadura de cinco metros y un peso máximo de 19,3 kilogramos.
Entre sus principales características figuran una autonomía de hasta 24 horas de vuelo continuo en configuración de ala fija, una velocidad de crucero de entre 30 y 40 nudos y un techo operacional de hasta 20.000 pies sobre el nivel del mar.
El Senan prevé utilizar estos sistemas para ampliar la vigilancia sobre grandes extensiones marítimas, costas y territorios de difícil acceso, además de complementar las operaciones desarrolladas con aeronaves tripuladas, medios navales y unidades terrestres.
La nueva capacidad también será empleada como apoyo en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, así como en patrullajes y vigilancia costera, misiones de búsqueda y rescate, apoyo a unidades desplegadas en tierra y monitoreo de estructuras e infraestructuras de interés nacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la necesidad de que el Gobierno de México intensifique las acciones contra el narcotráfico, así como “desenmascarar”, detener y enjuiciar a funcionarios públicos corruptos que sean cómplices de los cárteles.
En su determinación presidencial enviada al Congreso de Estados Unidos, el mandatario republicano instó a la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum a aumentar las inspecciones en puntos de entrada y combatir las finanzas ilícitas.
Sobre México, el presidente estadounidense también destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad, que, según el documento, ha contribuido a eliminar a algunos de los jefes de cárteles “más notorios del mundo”, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Sin embargo, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense”, afirmó el presidente estadounidense.
Trump insistió en que el gobierno mexicano “debe reforzar la integridad de la cadena de suministro solicitando una mayor participación del sector privado y aumentando significativamente las inspecciones en sus puertos de entrada”.
Observó que son insuficientes las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad para mantener y ampliar sus campañas contra los que llamó “narcoterroristas”, sus finanzas y sus redes delictivas.
Trump señala a 23 países
En su texto, el presidente de Estados Unidos enumeró a los países considerados como los principales lugares de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas:
En el documento se especifica que la mención de los países en esta lista, no necesariamente refleja los esfuerzos actuales de los gobiernos de esas naciones en materia de combate a las drogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos.
Destaca acciones de EU contra el narcotráfico en su administración
Trump destacó también que durante lo que va de su administración se han logrado “avances históricos” en la protección del pueblo estadounidense frente a las drogas y las organizaciones narcoterroristas.
Además afirmó que la frontera sur de Estados Unidos “es la más hermética y segura de la historia del país”, y que se “han reducido a la mitad” las incautaciones de fentanilo y otras drogas que se introducen de contrabando.
“Los narcoterroristas responsables de esta invasión están muertos, en la cárcel o viviendo con miedo, sabiendo que serán los siguientes en enfrentarse a la justicia estadounidense”, aseguró el presidente.
Ciudad de México, 16 sep (EFE).- Las Fuerzas Armadas de México mostraron este miércoles su poderío en el segundo desfile militar encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, en conmemoración de la independencia del país, donde se presentó una nueva estrategia naval con drones de largo alcance y se remarcó la defensa de la soberanía.
Acompañada por los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, Sheinbaum recorrió el Zócalo en un vehículo que la llevó hasta el presidium donde, con salvas de artillería, se rindieron honores a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas del país.
Ante las tropas militares formadas en la plancha del Zócalo, Sheinbaum recordó las intervenciones extranjeras que ha enfrentado México, desde la conquista española de 1810 hasta invasiones como la estadounidense de 1846 a 1848, que, recapituló, “nos arrebató más de la mitad del territorio”.
En su discurso, la mandataria mexicana también evocó la disputa histórica entre quienes aplaudieron “la bota extranjera” y quienes “prefirieron dar la vida antes que rendirse”, y llamó a mantener “la frente en alto” frente a cualquier intento de subordinación, en medio de las presiones de Estados Unidos.
“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, zanjó.
En su oportunidad, ambos secretarios, de Marina y Defensa, pusieron énfasis en la protección de la soberanía y en el fortalecimiento de sus capacidades para responder ante posibles amenazas.
Morales Ángeles presentó una nueva estrategia de “defensa en profundidad” en la Marina, que incorpora drones de largo alcance, sensores, tecnología de vigilancia e inteligencia para ampliar su presencia y capacidad de respuesta, al tiempo que subrayó que la Armada “siempre está lista para proteger a nuestra patria”.
“Tenemos la capacidad de ampliar y sostener nuestro alcance operativo para llegar más lejos, mantener una presencia permanente y, sobre todo, actuar oportunamente, incluso antes de que una amenaza o actividad que atente contra el Estado de derecho en la mar llegue a materializarse”, sostuvo Morales Ángeles.
Por su parte, Trevilla Trejo aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar “cualquier reto que se presente al Estado mexicano”, mientras reivindicó a México como una nación “libre, independiente y principalmente soberana”.
En el desfile participaron casi 16.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y más de 500 vehículos, además de un despliegue aéreo de 99 aeronaves de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, agregó el alto mando militar.
El acto ocurrió en un clima de crecientes presiones desde Estados Unidos para endurecer la ofensiva contra los carteles, con exigencias de mayores resultados frente al tráfico de fentanilo y con amenazas de acciones más directas si México no endurece el combate al crimen organizado.
En ese contexto, Sheinbaum ha respondido de forma reiterada que su Gobierno acepta la coordinación y el intercambio de información con Estados Unidos, pero no una intervención militar ni operaciones unilaterales en territorio mexicano.
Apenas hace unos días, Sheinbaum acusó a sectores de Estados Unidos de alentar “sin sustento” una intervención en México, después de la difusión de versiones sobre un supuesto apoyo mayoritario de mexicanos a acciones directas de Washington contra carteles en territorio mexicano.
Cuernavaca, (México), 16 sep (EFE).- El fiscal genera de Morelos (centro), Fernando Blumenkron Escobar, informó este miércoles que ya se cuenta con la orden de detención del presunto responsable del feminicidio de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, identificado como Francisco Javier “N”, y que las autoridades estatales han iniciado el operativo de búsqueda para su captura.
“Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte en contra de un masculino (…) Esta persona responde al nombre de Francisco Javier “N”, se le atribuye responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, indicó Blumenkron en declaraciones a medios de comunicación en Cuernavaca, capital de Morelos.
“Tenemos ya varios domicilios que se han investigado y se han descartado algunos para dar ya con él, y cumplir la orden de aprehensión”, afirmó, al agregar que el presunto responsable, apodado como El Trompas, cuenta con antecedentes penales.
Sobre el operativo para su detención, el fiscal indicó que “particularmente en (el estado de) Morelos se concentra la búsqueda en estos momentos”.
Blumenkron agradeció, asimismo, la aportación ciudadana con videos que han ofrecido “indicios” que ahora tienen que “robustecerse con pruebas técnicas”.
Tacoronte, de 21 años, fue asesinada por arma blanca el pasado sábado en Cuautla, municipio a una hora de Cuernavaca, a donde se había desplazado para acudir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.
La joven había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y residía en Cuernavaca, a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.
El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.
Las gradas del Parlamento Europeo en Estrasburgo volvieron a llenarse este miércoles. A la prensa, los diputados y miembros de la Comisión Europea se sumaron, como viene siendo tradicional, los invitados de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola.
El protagonista indiscutible de la velada fue el primer ministro canadiense, Mark Carney, al que Von der Leyen apeló directamente con el fin de ahondar en las relaciones entre los Veintisiete y el país norteamericano, que podría convertirse en el primer “miembro asociado” del bloque. “Estimado Mark, dije que debemos replantearnos urgentemente nuestras asociaciones. Por ello, me gustaría trabajar contigo para abrir la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la UE”, espetó la líder alemana ante un Carney al que le fue reservado un puesto privilegiado en el hemiciclo, próximo al atril.
Como en la edición anterior, Von der Leyen quiso asegurar la presencia de ciudadanos ucranianos para recordar que la guerra, que va camino de su quinto año, sigue dejando víctimas. La Eurocámara rindió homenaje a Sasha, una niña ucraniana aficionada a la gimnasia rítmica que perdió una pierna como consecuencia de que un misil ruso impactara contra su hogar. Contaba con tan solo seis años cuando la invasión comenzó.
“Sasha fue rescatada de entre los escombros. Pasó dos semanas en coma. Al despertar descubrió que había perdido su pierna izquierda para siempre” recordó la presidenta de la Comisión. La historia de Sasha, no obstante, tuvo un final feliz. Siete meses después del ataque pudo volver a entrenar al empezar a utilizar una prótesis de pierna, y desde entonces ha ganado varias medallas. La Eurocámara se puso en pie para dar la bienvenida a la joven ucraniana.
La exministra de Defensa alemana también quiso hacer un guiño a Erasmus y el emprendimiento. En su lista de invitados se encontraban Rafal, originario de Polonia, y Pekka, de Finlandia. Ambos se conocieron hace quince años mientras participaban en el programa de movilidad y han fundado juntos la start-up ICEYE. “Desarrollaron su idea en torno a las imágenes por satélite. Obtuvieron financiación del programa Horizonte. Demostraron la eficacia de su tecnología. Crecieron gracias a la inversión privada. Y hoy son una de las empresas líderes mundiales en tecnología espacial, con oficinas en Finlandia, Polonia, España y Grecia”, agregó Von der Leyen.
Los últimos integrantes de la lista de invitados fueron los hermanos y la madre del piloto danés Rune Kyndal, que regresó de Canadá para combatir incendios en Europa y murió en un accidente durante una misión.
Lima, 16 sep (EFE).- Las fuerzas navales de 24 países están participando en Perú entre el 10 y 24 de septiembre en la sexagésima séptima edición de Unitas, uno de los mayores encuentros internacionales de ejercicios y maniobras navales del mundo, que se desarrolla tanto en el océano Pacífico, como en lagos andinos y ríos amazónicos.
En esta ocasión participan más de 5.700 participantes, además de 26 buques, 2 submarino y 21 aeronaves, según detalló la Marina de Guerra del Perú.
Este martes, la Fuerza de Infantería de la Armada peruana inició ejercicios de planificación, coordinación y respuesta humanitaria para ensayar la interoperabilidad y respuesta ante emergencias, en una playa de Ancón, distrito del norte de la capital Lima.
En Iquitos, considerada la capital de la Amazonía peruana, fuerzas navales de Brasil, Ecuador, España, EE.UU., Paraguay y Perú desarrollarán durante una semana operaciones fluviales, terrestres y anfibias, fortaleciendo capacidades e interoperabilidad.
También habrá operaciones de buceo de altura a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, empleo de vehículos no tripulados y eventos de ciberdefensa.
Entre los países participantes en esta ocasión están Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Argentina y España.
Destacan el buque de combate litoral estadounidense Minneapolis-Saint Paul (LCS-21), la fragata española Álvaro de Bazán (F-101), la fragata colombiana Almirante Padilla (FM-51), el destructor argentino Almirante Brown, la corbeta ecuatoriana Manabí (CM-12), el remolcador ecuatoriano Imbabura (RA-72) y el patrullero chileno Cabo Odger (OPV-84).
También participará el P-8 Poseidon, la aeronave de patrulla marítima de Estados Unidos, que aportará capacidades de guerra antisubmarina, antisuperficie e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).
Bajo el lema ‘Unidos por el mar’, Unitas busca así fortalecer la cooperación y capacidad de respuesta conjunta de las fuerzas participantes frente a los desafíos del dominio naval en diversos escenarios.
Defensoría advierte que cultivos de hoja de coca aumentaron en 118.000 hectáreas entre 2020 y 2024. Foto: El Colombiano
La permanencia de Colombia en la lista de países que, según Estados Unidos han “fallado de manera demostrable” en la lucha contra las drogas, no es necesariamente indefinida.
La propia determinación de Washington, que anunció este miércoles que el país sigue con descertificación en lucha antidrogas, deja abierta la posibilidad de que el país sea retirado de esa categoría en la evaluación de 2027, pero condiciona esa decisión a resultados concretos durante los siguientes 12 meses.
El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien lleva más de un mes en el cargo, tendrá así dos objetivos centrales frente a Washington: avanzar en una erradicación agresiva de los cultivos de coca y conseguir el desmantelamiento efectivo de las estructuras narcoterroristas.
El mensaje de la Casa Blanca es que, si Colombia demuestra avances en esos dos frentes, el estatus podría ser reconsiderado el próximo año. La decisión estadounidense se produce por segundo año consecutivo.
Colombia fue incluida nuevamente entre los países que, a juicio de Washington, incumplieron sus compromisos internacionales de lucha contra los narcóticos.
En la determinación anterior, emitida en septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump ya había utilizado por primera vez en casi tres décadas la categoría “fallado de manera demostrable” para Colombia y había atribuido buena parte de la responsabilidad política a la administración de Gustavo Petro.
Ahora, sin embargo, el escenario político es distinto. La Casa Blanca separa el desempeño del gobierno anterior de las expectativas que deposita en la nueva administración.
En su pronunciamiento este miércoles, el presidente Donald Trump así lo dejó ver: “El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo De la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”.
El mandatario agregó que Colombia “está preparada para retomar su posición como nuestro principal socio en materia de seguridad en el hemisferio, y las fuerzas armadas, la policía, la fiscalía y los tribunales del país finalmente cuentan con un digno defensor en el presidente de la Espriella”.
Trump, en lo afirmado, dejó entrever que si “Colombia logra avances en la erradicación de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de “fracaso demostrado” del país, que se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado”.
El mensaje de Washington, entonces, es que Colombia puede recuperar su lugar como socio de seguridad de Estados Unidos si el gobierno de De La Espriella convierte sus anuncios contra el narcotráfico en resultados verificables. La administración colombiana ya ha comenzado a presentar cifras en esa dirección.
La Presidencia reportó que, durante los primeros 36 días de gobierno, la Fuerza Pública había erradicado 1.506 hectáreas de coca, incautado 75.613 kilogramos de droga y firmado 73 extradiciones.
Esos datos hacen parte del balance entregado por el propio Gobierno y serán, entre otros indicadores, parte del contexto en el que se evaluará la evolución de la política antidrogas.
La diferencia entre el anuncio político y el resultado que espera Washington será determinante.
De acuerdo con fuentes consultadas, “no se trata únicamente de aumentar las operaciones militares o las hectáreas erradicadas, sino de demostrar una reducción sostenible de la producción de cocaína y una afectación efectiva de las organizaciones que controlan las economías ilegales”.
El Gobierno de De La Espriella ha planteado precisamente una ofensiva contra las estructuras armadas, sus cabecillas, corredores de movilidad, laboratorios y fuentes de financiación.
La permanencia de Colombia en la descertificación antidrogas tampoco implica, por sí sola, el corte inmediato de toda la cooperación estadounidense.
Al igual que ocurrió con la determinación de 2025, Washington aplicó una exención por interés nacional con la que mantiene la asistencia bilateral al considerar que la continuidad de la cooperación con Colombia es de interés para Estados Unidos.
Ese elemento resulta especialmente relevante porque evita que la descertificación se traduzca automáticamente en una ruptura de los programas de cooperación en seguridad y lucha contra las drogas.
El mecanismo, sin embargo, mantiene la presión política sobre Bogotá: la ayuda continúa, pero la Casa Blanca deja claro que espera un cambio verificable en los resultados antidrogas.
El nuevo gobierno colombiano, además, ha alineado públicamente su política de seguridad con esas prioridades.
Desde su llegada al poder, De La Espriella ha anunciado una ofensiva contra las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, mientras que el propio mandatario ha insistido en que su Fuerza Pública tiene la instrucción de recuperar territorio, perseguir a los cabecillas y golpear las economías criminales.
“Ese giro también ha encontrado eco en Washington. La nueva administración colombiana ha buscado profundizar la cooperación militar con Estados Unidos y ha planteado operaciones conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas o narcotraficantes”, afirma un experto consultado por EL COLOMBIANO.
Así, los próximos 12 meses se convierten en una especie de periodo de prueba para la nueva política antidrogas colombiana.
Washington mantendrá por ahora la cooperación, pero espera que el gobierno de De La Espriella muestre resultados suficientes en erradicación y desmantelamiento de estructuras criminales para que, en la siguiente evaluación, Colombia pueda dejar atrás la categoría de “fallado de manera demostrable”.
La decisión de 2027 dependerá, por tanto, de lo que ocurra en el terreno durante este año: cuánta hoja de coca sea erradicada, cuánto disminuya —si ocurre— la producción de cocaína y qué tan profundamente sean afectadas las organizaciones que sostienen el negocio. La descertificación actual no cierra la puerta a una revisión; la deja abierta, pero condicionada a resultados.
Colombia llega al nuevo gobierno con avances en algunos indicadores sociales, pero también con un mapa de derechos humanos marcado por el crecimiento de las economías ilegales, la expansión de los cultivos de uso ilícito y nuevas formas de violencia en los territorios.
Ese es uno de los principales diagnósticos que deja el informe presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo, que hace un balance de la situación humanitaria que recibe la administración de Abelardo De la Espriella.
Uno de los datos que más preocupa a la entidad está relacionado con la expansión de los cultivos de coca y otras plantaciones de uso ilícito.
Aunque el informe ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir’ no incorpora cifras posteriores a 2024, el comportamiento registrado durante esta década permite dimensionar el desafío: las hectáreas sembradas con coca pasaron de 142.783 en 2020 a 261.386 en 2024, un incremento de más de 118.000 hectáreas en apenas cuatro años.
Solo entre 2023 y 2024 se sumaron más de 7.815 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo con la última medición de Naciones Unidas citada por la Defensoría del Pueblo en su informe.
La expansión de estos cultivos ocurre en un contexto en el que las economías ilegales continúan teniendo una fuerte capacidad para controlar territorios, financiar estructuras armadas y profundizar la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
Para la Defensoría, este fenómeno debe leerse junto con otras expresiones de violencia que han adquirido fuerza en los últimos años, particularmente en zonas donde la presencia institucional sigue siendo limitada.
El balance también pone la lupa sobre los resultados de la política de sustitución. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) permanecen inscritas 99.097 familias campesinas y étnicas.
Sin embargo, solo el 11 % ha recibido la totalidad de los apoyos previstos para desarrollar proyectos productivos de ciclo largo.
El dato evidencia una de las principales dificultades de la política antidrogas: la reducción de los cultivos ilícitos no depende únicamente de la erradicación, sino de la capacidad del Estado para ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades que dependen de estas economías.
El bajo nivel de cumplimiento de los proyectos productivos deja a miles de familias en una situación de vulnerabilidad frente a los grupos armados y las rentas ilegales.
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