La autocrítica en el oficialismo mexicano se envuelve en eufemismos. La elección inédita de jueces, magistrados y ministros de 2025 —el núcleo de la reforma judicial heredada por Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum— dejó una estela de resultados incómodos para Morena: baja participación ciudadana, campañas desdibujadas, pero principalmente, la llegada a cargos clave de perfiles sin la experiencia ni la solidez técnica y la probidad esperadas. Hoy, a menos de dos años de la segunda cita electoral en las urnas para elegir a los impartidores de justicia, el partido gobernante alista una corrección de fondo que pasa por posponer la elección judicial hasta 2028 para que no coincidan con las intermedias y rediseñar las reglas del proceso para contener los efectos de ese primer ensayo fallido.
Una nueva iniciativa de reforma constitucional que en los próximos días será presentada por legisladores oficialistas simultáneamente en la Cámara de Diputados y en el Senado, busca reconfigurar el modelo de elección judicial de reciente implementación. Aunque la retórica será el “perfeccionamiento” y “ajustes técnicos”, fuentes cercanas al proceso reconocen que el objetivo es evitar que se repita el desorden de 2025 y blindar la legitimidad del mecanismo antes de su segunda gran prueba, que hoy se contempla para el próximo año.
El rediseño incluye cambios sustanciales. El primero, y quizá más relevante, es posponer la siguiente elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028, para impedir que se empaten con las elecciones federales intermedias de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, diputaciones y miles de cargos locales. La decisión responde al diagnóstico de que mezclar ambas elecciones complica operativamente los comicios, diluye la deliberación pública sobre los candidatos judiciales y somete el proceso a dinámicas partidistas.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara baja y uno de los principales promotores de la reforma, lo plantea en términos institucionales: separar las fechas permitirá que la ciudadanía evalúe con mayor detenimiento a los aspirantes y reducirá la presión política sobre un poder que, en teoría, debe ser independiente. Pero en privado, voces dentro del oficialismo admiten que se busca evitar el arrastre electoral, los llamados acordeones para inducir y el voto desinformado que caracterizaron la jornada anterior, además de frenar el galimatías operativo que se avizora para el Instituto Nacional Electoral si se celebran a la vez ambas elecciones.
El segundo eje de la iniciativa interviene directamente al corazón del problema: los perfiles. La reforma plantea sustituir criterios como las cartas de recomendación de los vecinos por mecanismos homogéneos de evaluación técnica. Entre ellos, destacan exámenes de conocimientos obligatorios, certificaciones emitidas por la Escuela Nacional de Formación Judicial y requisitos más estrictos de experiencia profesional: diez años para aspirantes a ministros y siete para magistraturas de circuito.
La intención es clara: cerrar el paso a candidaturas improvisadas o impulsadas por capital político más que por trayectoria jurídica. En 2025, la amplitud de candidaturas, sumada a la falta de filtros efectivos, derivó en una oferta de candidatos casi imposible de procesar para el electorado y, en algunos casos, a la victoria de perfiles cuestionados incluso dentro del propio oficialismo.
Otro cambio clave es la eliminación de los tres comités de evaluación —uno por cada poder de la Unión— para sustituirlos por un Comité Único de Evaluación integrado por nueve personas, con tres designaciones por cada poder. La medida busca homogeneizar criterios, pero también concentrar la responsabilidad en un solo órgano. Para sus impulsores, es una forma de evitar disparidades, discrecionalidad y errores como los que ocurrieron en 2025.
La enmienda también incorpora una cláusula que prohíbe haber sido militante o dirigente de un partido político en el año previo a la convocatoria. Aunque limitada en su alcance temporal, la disposición responde a una crítica recurrente: la politización de las candidaturas judiciales. Con todo, no deja de saltar una incógnita: ¿Un año es suficiente para garantizar una verdadera desvinculación partidista?.
En paralelo, se propone reducir el número de candidaturas por puesto. Menos aspirantes permitirían un escrutinio más riguroso por parte de la ciudadanía. En la práctica, también implica un mayor control en la fase de selección, donde se define quién llega a la boleta. El paquete de reformas no se limita al proceso electoral. Incluye, además, una reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones: administrativa y jurisdiccional, con el objetivo de agilizar la resolución de casos y reducir el rezago. Asimismo, plantea fortalecer la arquitectura institucional del sistema judicial, mejorando la coordinación entre el órgano de administración, el tribunal de disciplina y la propia Corte.
Pese a la narrativa de continuidad, la iniciativa tiene un trasfondo político. Fuentes legislativas coinciden en que, aunque el proyecto será presentado por senadores y diputados de Morena, su diseño cuenta con el visto bueno —y la intervención directa— de la presidenta Sheinbaum. La pregunta inevitable es por qué estos ajustes no se incluyeron en el llamado plan B de la reforma electoral de la mandataria. La respuesta se encamina al ambiente de tensión que se vivió con los aliados del oficialismo, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, lo que llevó a descartar cambios adicionales que pudieran complicar las negociaciones. Ramírez Cuéllar evita mirar atrás. “Ya lo pasado, pasado”, dice cuando se le cuestiona sobre la omisión.
Morena deberá construir consensos no solo con sus aliados, sino también con integrantes del propio Poder Judicial, incluidos ministros y magistrados que han sido críticos del modelo. La promesa de “perfeccionar” la democratización judicial podría chocar con la percepción de que se trata de un intento corregir un mal experimento. “Estamos construyendo consensos. Queremos platicar con todos, conversar también con los ministros de la Corte, con los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial”, ha sostenido el vicecoordinador de la bancada guinda.
La experiencia de 2025 mostró que abrir las urnas no garantiza, por sí mismo, mejores resultados. Ahora, el oficialismo apuesta por introducir filtros que corrijan esa contradicción sin renunciar al principio de elección directa y sin reconocer abiertamente que erraron. La segunda elección de la reforma judicial no solo pondrá a prueba el modelo, sino también la capacidad del oficialismo para corregir sus propios experimentos.
