Category: Actualidad

El fin de semana de la presidenta de México en Barcelona ha cumplido sus objetivos. Este viaje relámpago ha confirmado el descongelamiento de las relaciones diplomáticas con España, tras encontrarse a puerta cerrada con Pedro Sánchez, presidente del país anfitrión de la IV Reunión en Defensa por la Democracia. Una cumbre en la que el país latinoamericano ha reclamado su lugar en el primer plano internacional junto al resto de mandatarios del bloque progresista. También ha encontrado apoyo en Brasil y España para reclamarle a Estados Unidos que deje de asfixiar a Cuba y se ha anunciado que, para su edición 2027, este encuentro se celebrará en territorio mexicano. Dos señales de firmeza hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, que pasa por un momento delicado. Para terminar, ha conocido al cantautor catalán Joan Manuel Serrat.

Este domingo, ya acabada su participación en la cumbre de dirigentes progresistas, la presidenta de México visitó el Centro Nacional de Supercomputación, también en Barcelona. Esta institución colabora con su Gobierno en el desarrollo de una supercomputadora bautizada como Coatlicue. Este proyecto forma parte del Plan México, su estrategia sexenal para atraer millones de dólares en inversiones y aumentar la producción nacional. La construcción del sistema comenzó a finales de 2025 y se anunció que tardaría en torno a 24 meses en quedar listo, con una inversión de 6.000 millones de pesos (346,7 millones de dólares). La idea es que sirva para resolver problemas públicos que requieren gran capacidad de análisis de datos en materia de medio ambiente, energía, salud y demás necesidades del sector público.

Además de cargos políticos como la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant Ripoll; el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, o el alcalde de Barcelona, Jaume Colbini, acompañó a la presidenta de México el cantautor catalán Joan Manuel Serrat. La presidenta ha publicado en sus redes sociales que este último encuentro “le dio mucha alegría y emoción” y calificó al artista como “un símbolo de la música y la resistencia”. Luego acudió al aeropuerto de El Prat para tomar un vuelo comercial de vuelta a Ciudad de México.

Estos han sido los últimos momentos de una visita que, sin ser de Estado, ha tenido una enorme importancia al romper ocho años de distancia con España y reforzar el papel internacional de Sheinbaum. Esta es una más de las diferencias que en los últimos meses ha marcado con su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, que en su sexenio casi no cultivó su perfil internacional y fue quien en marzo de 2019 mandó la carta de la discordia que enfrió las relaciones diplomáticas entre México y España. En esta comunicación privada al rey Felipe VI, López Obrador exigía a la Corona española un gesto de reparación hacia los pueblos indígenas de México por los acontecimientos ocurridos durante la Conquista y la época virreinal. El rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez fue público y “con toda firmeza”.

Nada más llegar a Barcelona, Sheinbaum afirmó que “no hay crisis diplomática. Nunca la ha habido”, aunque era el primer encuentro de alto nivel entre presidentes de ambos países desde que Pedro Sánchez se vio con López Obrador en Ciudad de México en enero de 2019. El deshielo se confirmó en la recepción de la cumbre. Sheinbaum y Sánchez se vieron, se acercaron y se dieron un sonriente apretón de manos ante las cámaras. Luego mantuvieron una reunión bilateral privada con Sánchez, que aunque no hubo pronunciamiento conjunto, sí tuvo declaraciones posteriores.

“Hablamos sobre lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la Conquista”, explicó Sheinbaum, que dijo que los dos países seguirán trabajando en el reconocimiento de los pueblos originarios, pero dio crédito a los esfuerzos del otro lado del Atlántico para alcanzar un compromiso. “Lo importante es seguir dialogando”, añadió ante las preguntas de los periodistas. Durante el encuentro, Sheinbaum propuso que México sea la sede de la próxima cumbre progresista, prevista para 2027.

También, junto con Brasil, España y México se han comprometido a unir fuerzas para denunciar las presiones de Estados Unidos sobre Cuba. El país caribeño enfrenta ya tres meses de asfixia energética impuesta por la Administración de Donald Trump. “Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional”, señalaron los tres países en un comunicado difundido el sábado.

Un juez federal ha ordenado a las autoridades penitenciarias dar atención médica inmediata a Héctor Palma Salazar, más conocido como El Güero Palma, capo histórico del narcotráfico mexicano. Encarcelado en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 del Estado de México, popularmente llamado Penal del Altiplano, la defensa de El Güero Palma tramitó hace días un amparo por ser “ignorado en el área de salud” y no recibir los cuidados necesarios que su estado de salud requiere. En el texto, el narcotraficante, de 66 años, afirma encontrarse “muy grave de salud”. Según ha dicho su defensa, Palma tiene un rosario de enfermedades que incluyen varias hernias y un cáncer de piel que requiere revisiones periódicas fuera del penal, que lleva dos años sin poder recibir.

De acuerdo con el auto, se concede la suspensión ya que “se advierte que se compromete gravemente su dignidad e integridad personal” de El Güero Palma. Desde el 13 de abril, “fue ignorado de manera dolosa en el área de salud del lugar en el que se encuentra privado de su libertad, pues aduce que se encuentra muy grave de salud”, y ordena que “se otorgue al quejoso el servicio médico, tratamientos y medicamentos que necesite acorde con el estado e historial clínico que presente”. El escrito del juez también describe el estado de salud que dice tener el preso: “Fue diagnosticado de tres hernias discales en su columna y desde lo cual le afecta el nervio ciático, de ahí que tiene dolores muy fuertes por el simple hecho de respirar tanto en la espalda y en el pecho, lo cual le provoca insomnio por las noches”.

Este es otro capítulo de la odisea judicial de este padre fundador del Cartel de Sinaloa, que durante la década de 1990 y junto a Joaquín El Chapo Guzmán, convirtió a esta organización de narcotráfico en la más poderosa de México en esa época. Nacido en un hogar humilde de Mocorito, Sinaloa, en 1960, comenzó como ladrón de coches y luego sicario para el antiguo Cartel de Tijuana, con quienes rompió tras el brutal asesinato de su esposa y sus dos hijos pequeños.

Su periplo carcelario comenzó en 1995, tras ser capturado en Nayarit después de un accidente de avioneta. En 2016, Palma fue deportado a México para ser juzgado por el homicidio de dos personas a mediados de los años noventa y delincuencia organizada, procesos que han sido desechados por el Poder Judicial. Tras 12 años en una cárcel mexicana, fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde lo condenaron a 16 años de prisión. Solo cumplió nueve por un acuerdo con la justicia al norte de Río Bravo y en 2016 volvió a México, esposado, donde lo encerraron en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Sus abogados llevan desde entonces buscando vacíos legales para poder sacarlo de prisión, mientras la justicia mexicana encuentra nuevos crímenes que imputarle y mantenerlo en prisión.

Una jornada más de violencia en México. Esta vez el escenario ha sido el pequeño Estado central de Morelos. En la madrugada de este domingo, un enfrentamiento armado en un bar ilegal en Anenecuilco (11.200 habitantes, a unos 40 kilómetros al sur de Cuernavaca) ha dejado un saldo de ocho personas muertas, según ha confirmado el Gobierno regional en un comunicado. El Ejecutivo morelense no ha aclarado el origen de la balacera. Tampoco hay rastro de los agresores ni pistas sobre si el ataque responde a una pugna entre los carteles que aterrorizan la región desde hace años.

El ataque ocurrió en torno a las 4.30 de la madrugada (12.30 hora peninsular) en el bar El Rincón de la Banda. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma. Reconocieron el estruendo al primer disparo: en Morelos, el sonido es inconfundible en amplias zonas del Estado. Al sitio llegaron los militares y la Guardia Nacional. Pero los responsables ya no estaban ahí. Solo los cuerpos de siete hombres y una mujer aún sin identificar. “Serán las autoridades competentes, con base en las investigaciones en curso, quienes determinen con precisión la forma en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes”, se ha limitado a señalar el Gobierno morelense.

Morelos, uno de los territorios con menor extensión del país y con poco menos de dos millones de habitantes, se ha ubicado consistentemente como una de las regiones con mayor violencia. En marzo, el Estado, junto con Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Estado de México y Oaxaca, concentró el 50% de las muertes registradas en ese mes. También ha sido el escenario de profunda crisis feminicida. A inicios de marzo, el asesinato machista de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) en la misma semana desató indignación en todo México.

Cinco de los nueve departamentos que conforman Bolivia votarán este domingo en una segunda vuelta para elegir gobernadores. En cuatro de los enfrentamientos, uno de los competidores representa al partido del presidente Rodrigo Paz, Alianza Patria. La disputa clave sería en La Paz, sede de Gobierno, pero, en un inédito suceso, la organización opositora declinó su postulación después de conflictos con su candidato. El tribunal electoral proclamó entonces ganador al aliado de Paz, Luis Revilla. En el resto de las contiendas, el mandatario se enfrenta a una evaluación después de cinco meses en la presidencia, en los que una pasajera estabilidad económica ha comenzado a ceder ante los reclamos sociales de cambios estructurales.

Cerca de 3,5 millones de electores de los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca, Oruro, Beni y Tarija vuelven a las urnas después de que ningún candidato consiguiera al menos el 40% de los votos el pasado 22 de marzo. El presidente anunció que, después de esa fecha, se venían las leyes de fondo para revertir la recesión económica que el Fondo Monetario Internacional pronostica en un decrecimiento del 3,3% para este año. Sabrá en la noche del domingo si ha conseguido una estructura territorial para respaldar sus reformas o tendrá que negociar con poderes autónomos locales, caracterizados por su pragmatismo y desideologización.

Para la socióloga y analista política Luciana Jáuregui, la segunda vuelta ha abierto un escenario —excepto en Santa Cruz de la Sierra— con candidatos de corrientes afiliadas al oficialismo frente a fuerzas autonómicas. “Las opciones oficialistas buscan alinearse con el Gobierno central y ordenar los gobiernos locales bajo una lógica nacional. La otra tendencia son fuerzas por la autonomía, corrientes que buscan mayores márgenes de decisión. No les interesa ser opositores frente al Gobierno, sino velar por los intereses del departamento por encima del gobierno nacional”. Toda la campaña electoral ha estado marcada por las promesas de los postulantes de hacer cumplir la consigna del “50/50” que prometió Paz durante su campaña presidencial.

La consigna hace referencia a un proceso de descentralización en el que el Gobierno central transferiría la mitad de los recursos nacionales directamente a las alcaldías y gobernaciones, además de otorgarles mayores responsabilidades que todavía no son de su competencia, como educación o salud. Tener representación en los diferentes territorios le facilitará, apunta Jáuregui, las negociaciones para llevar adelante este proceso: “En un contexto de crisis económica, los gobiernos locales van a perder una cantidad importante de ingresos. Tener aliados en los territorios significará amortiguar el conflicto por la distribución de recursos y ayudará a gestionar las tensiones territoriales de cada región”.

Para Paz, las elecciones del domingo también se presentan como una oportunidad de mostrar músculo político. La solución al desabastecimiento de combustible y el cierre de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo potenciaron su popularidad en los primeros meses, de acuerdo con una encuesta de Ipsos Ciesmori que le da 60% de aprobación en el eje central del país. Sin embargo, durante las últimas semanas han sido constantes los cabildos ciudadanos para exigir recortes de salarios públicos, marchas para abrogar leyes y paros departamentales por una gasolina de mala calidad que el Gobierno asumió haber distribuido.

Alianza Patria resultó ser la primera fuerza en la primera vuelta de los comicios subnacionales. El alcance de su victoria (37 municipios de más de 300), no obstante, es limitado en un contexto de fragmentación política. Tampoco se puede entender a los candidatos de Paz para este domingo como el resultado natural de una estructura orgánica partidaria, sino como alianzas circunstanciales con líderes locales que priorizan la tecnocracia. “No se deben leer como un bloque unido y cohesionado, sino que dependen de los resultados que el Gobierno produzca. Esto es un rasgo del Gobierno de Paz en todos los niveles: si le va bien, se reproducirá; si le va mal, es muy probable que se desafilien”, resalta Jáuregui.

Estas son las primeras elecciones regionales o subnacionales después del derrumbe de la hegemonía de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), y con ella cayó también el eje que coordinaba la contienda: masismo contra antimasismo. Se ha entrado en una fase de transición donde la oferta electoral se ha atomizado, con un resurgimiento de las élites urbanas y las plataformas ciudadanas. Una competencia “intraélite”, la llama Jáuregui. “Hay un desplazamiento del sindicalismo campesino indígena como eje del poder local”. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se enfrentan Otto Ritter, exconcejal y autodeclarado falangista, y el emprendedor tecnológico y excandidato a vicepresidente del ultraderechista Jorge Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco.

El único departamento donde se han logrado rearticular las otrora dominantes organizaciones campesinas originarias es en Oruro y Cochabamba. En el primero, a través del ingeniero aimara y exdiputado del MAS Edgar Sánchez, quien en la primera vuelta consiguió el 38% de la votación frente al 11% del economista Óscar Chambi, de Alianza Patria. Mientras que en Cochabamba consiguió triunfar en primera vuelta el candidato del expresidente indígena Evo Morales, Leonardo Loza, gracias al voto disciplinado y organizado de las federaciones cocaleras que pueblan la parte tropical del departamento.

Poner a flote a la Nueva EPS era una de las grandes prioridades del Gobierno de Gustavo Petro. No solo es la más grande de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las aseguradoras públicas o privadas que administran un sistema de salud al borde del colapso. También tiene un fuerte valor simbólico para la militancia de izquierdas. Es el resabio del antiguo sistema, en el que el Estado tenía un rol más central. La EPS absorbió hace 18 años a los afiliados del antiguo Instituto del Seguro Social, la entidad estatal a la que estaban afiliados los trabajadores colombianos antes de una reforma en 1991, y el Gobierno retiene una amplia participación accionaria. Inmersa en una larga crisis, Petro prometió rescatarla y la intervino en abril de 2024 “para frenar el desangre”. Dos años después, las intervenciones han fracasado. El remedio ha sido peor que la enfermedad.

La prórroga de la intervención por un año más, firmada por el Gobierno el 10 de abril, reconoce el deterioro de la EPS. Entre las fundamentaciones de la Superintendencia de Salud para mantener la administración, señala que las deudas han subido de 18,4 billones (unos 5.100 millones de dólares) en diciembre de 2024 a 26,1 billones de pesos (alrededor de 7.200 millones de dólares) en noviembre de 2025. El número frío tiene un efecto muy tangible para 11,5 millones de colombianos. Son habituales las noticias de la falta de cirugías, citas con especialistas o medicamentos. La crisis es evidente en “un incremento sostenido en las inconformidades, especialmente durante el periodo de prórroga”: según la resolución del propio Ejecutivo, su crecimiento anual es del 14,3%.

Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, relata por teléfono los cambios en los últimos años. “Indiscutiblemente, el sistema ha tenido una permanente crisis, porque cada Gobierno no ha asignado los recursos que eran necesarios, pero nunca habíamos visto algo así”, comenta. “Antes peleábamos por un medicamento que no nos entregaban en 10 o 20 días, máximo un mes. Ahora vemos que faltan durante dos, cuatro, seis meses. Y ya no son solo los de alto costo, sino también los genéricos”. Según cuenta, el asunto de los medicamentos ahora afecta al 40% o el 60% de los pacientes. Cree que el número de peticiones, quejas y reclamos (PQRs) está subestimado: “Hay gente que ya ni siquiera pone quejas porque ha detectado que no se soluciona nada”.

Mientras tanto, la inestabilidad en los altos cargos evidencia que la EPS no encuentra su rumbo para resolver estos problemas. “Cada interventor llega con su gente, dice que el anterior era corrupto y cambia todo”, dice Álvarez. Desde enero de 2024, han pasado dos presidentes —antes de la intervención— y tres interventores. El Gobierno echó esta semana a Luis Óscar Gálvez y designó a un cuarto interventor, Jorge Iván Ospina, un médico y exalcalde de Cali con varias causas de corrupción. El nombramiento lo firmó la superintendenta ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, que dejará esa función luego de solo seis meses: su puesto quedó obsoleto porque también cambió esta semana el superintendente de todo el sistema, Bernardo Camacho, quien tenía un impedimento puntual para esta EPS por haber sido uno de sus interventores.

La incertidumbre se completa con el caos político y administrativo. Caracol Radio reveló esta semana una carta en la que varios funcionarios de la Superintendencia denuncian ante la Procuraduría que la prórroga de la intervención fue ilegal por haberse saltado controles internos y que Ospina no cumple con los requisitos para ser interventor. La EPS, según el escrito, debería volver a sus dueños: el Estado y seis cajas de compensación. En simultáneo, el recambio administrativo se produce con dudas persistentes sobre la contabilidad. Múnera reconoce que, con corte a febrero, solo se han procesado 3 de los 15 billones de pesos de cuentas rezagadas. “No se sabe por qué las cobraron, no hay un sustento”, explica durante una entrevista en su despacho. A diferencia de las demás EPS, los balances financieros de 2023 y 2024 siguen sin presentarse.

El Gobierno, por su parte, eleva la apuesta mes a mes. Pese a la crisis en la Nueva EPS, a finales de febrero emitió un decreto que modificaba las reglas de operación de las EPS y que hubiera implicado que la aseguradora más grande, con presencia en todo el país, absorbiera a unas tres millones de personas adicionales. Un tribunal lo tumbó en marzo tras considerar que “podría dar lugar al colapso” de la Nueva EPS y “afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables” para todos los pacientes. El presidente no se echó para atrás: unos días después, ordenó en un Consejo de Ministros que se liquiden las EPS que están en quiebra, lo cual implicaría un traslado masivo a las que sobrevivan.

¿Mala gestión o desfinanciamiento?

La superintendente Múnera señala a los interventores anteriores, designados por el Gobierno, por los fracasos. Para ella y el presidente, el dinero alcanza, pero está mal gestionado. La contratación por eventos, dice, hace que los prestadores cobren cada procedimiento “al precio que les da la gana”. Los interventores, además, indican cada mes a qué prestador se le debe pagar y cuánto, en vez de cancelar el mismo porcentaje de las facturas a todos. Desde su perspectiva, es posible resolver la crisis si se cambian estas prácticas y se nombran funcionarios adecuados. Rechaza que la alternativa sea “entregar más plata para que se pierda”.

Para Múnera, la crisis de la Nueva EPS no es la más profunda. “Cuando revisas los PQRs [peticiones, quejas, reclamos] per cápita, la Nueva no es la primera, sino la tercera, luego de Sura y Sanitas [privadas]. Pero es la que está en el centro de un debate electoral porque atacarla es atacar a Gustavo Petro”, dice. El centro de pensamiento Así Vamos en Salud reconoce, en un documento, la validez de estos datos. Sin embargo, la afectación es descomunal por el tamaño de esta aseguradora y porque la crisis se profundiza: hubo 518.199 PQRs en 2025, un 45% más que el año anterior y un 116% más que en 2022. Asimismo, el centro de pensamiento comenta que puede haber un subregistro en zonas rurales, donde la Nueva EPS tiene una amplia cobertura, porque la población suele tener menos información sobre la posibilidad de presentar estos recursos.

Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, rechaza en una conversación telefónica que el problema se deba a funcionarios específicos que incumplen las orientaciones del presidente. Cree que hay una deficiencia estructural con las interventorías. “No funcionan porque lo primero que hacen es quitar los órganos de control internos de las entidades. Desaparecen la asamblea y la junta directiva. Todo queda en manos de un reyezuelo que, en el caso de la Nueva EPS, maneja dos billones de pesos mensuales [unos 550 millones de dólares]”, explica. Asimismo, señala que “la mala gestión clínica”, que la OMS asocia a ineficiencias del gasto de un 20% o 40% en todo el mundo, no alcanza para explicar la crisis. “Si hay tanta corrupción como dicen, ¿por qué no la han denunciado?”, apunta.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, añade que uno de los mayores errores fue que se cambiaran una gran parte de las redes de prestadores. Esto rompió la continuidad de los tratamientos de muchos pacientes. Asimismo, es opaca la información sobre cuáles han sido los criterios de la contratación para los nuevos proveedores, que a veces no tienen la misma calidad que los anteriores. Tampoco es claro cómo se establece a quién se le paga y cuándo. Aunque este es un punto en común con la superintendente, señala que corregirlo no resolverá la crisis de fondo. “Los recursos seguirán siendo insuficientes”, apunta.

Los contradictores de la política sanitaria del Gobierno insisten en que el problema principal viene del bajo monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la suma que el Estado le paga a las EPS por cada afiliado. La Corte Constitucional declaró en enero de 2025 que el Gobierno debía reajustarla, incluso con rezagos que vienen desde 2021. El Ejecutivo no solo se ha negado a hacerlo, sino que ha mantenido los ajustes anuales por debajo de lo que piden las EPS. Es difícil calcular el impacto financiero en la Nueva EPS, que no presenta balances financieros, pero es evidente en las otras 27. Salvo algunas excepciones, los análisis de Así Vamos en Salud muestran un deterioro acelerado: el patrimonio neto de las EPS pasó de 110.000 millones de pesos en 2021 a -16,9 billones de pesos en 2025. El panorama es aún peor en las intervenidas, que pasaron de un patrimonio de -2,1 billones de pesos en 2021 a uno de -13,3 billones de pesos en 2025.

Incluso el nuevo interventor Ospina señaló, en sus primeras entrevistas esta semana, que enfrentará el problema de la falta de recursos del Estado. “No creo que la UPC alcance para la Nueva EPS (…). La población está pasando a una pirámide con más adultos mayores, más demandantes por enfermedades crónicas”, declaró en Blu Radio. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no ocultó su enojo ante esa declaración. “¿Qué sabe el doctor Ospina? No tiene ni idea de los parámetros”, dijo a Caracol Radio. Insistió en que el gran problema son los malos manejos: “Que se dedique a administrar porque, Ave María, que sí tiene trabajo con la corrupción que hay”. Una vez más, negó su responsabilidad por los interventores anteriores. “Yo no soy el que los nombro”, en una crítica velada al presidente. Mientras tanto, los pacientes siguen sufriendo.

España, México y Brasil confirman su acercamiento diplomático tras la cumbre de líderes progresistas en Barcelona este fin de semana y unen fuerzas para denunciar las presiones de Estados Unidos sobre Cuba. Los tres países han llamado al diálogo ante la amenaza de una intervención militar en la isla y se han comprometido en una declaración conjunta a aumentar la entrega de ayuda humanitaria para enfrentar la “dramática situación que vive el pueblo cubano” después de tres meses de asfixia energética impuesta por la Administración de Donald Trump.

”Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional”, señalan los tres Gobiernos en un comunicado difundido la noche de este sábado, apenas unas horas después de la clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, una iniciativa que reunió a más de una decena de líderes progresistas.

España y las dos mayores potencias latinoamericanas también exigen respeto a la integridad territorial y la soberanía de la isla, y conminan a “encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, según se lee en la declaración conjunta, que no alude explícitamente a Estados Unidos.

Este posicionamiento trilateral es uno de los resultados concretos más visibles de la cita en la capital catalana.

La declaración responde a una propuesta que puso sobre la mesa la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su intervención inicial en el foro de líderes de izquierda convocado en Barcelona por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sheinbaum hizo votos para que “la paz y el diálogo prevalezcan” en medio de las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana de los últimos meses y pidió que todos los Estados participantes en la cumbre se sumaran en un pronunciamiento conjunto para oponerse a una posible intervención militar, siempre evitando un choque directo con EE UU, vecino y principal socio comercial del país latinoamericano.

La mandataria mexicana también recordó que su país fue uno de los pocos de Latinoamérica que denunció el bloqueo económico impuesto por la Casa Blanca desde la década de los setenta. También ha sido uno de los más activos en el envío de ayuda de emergencia a la isla.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue un paso más allá en sus planteamientos en la clausura del acto oficial, cuando admitió estar “preocupado” por la asfixia impuesta a Cuba: “Hay que parar este bloqueo y dejar que los cubanos sigan sus vidas”. Lula se refirió a Trump como “el señor de la guerra” y denunció las intervenciones de Washington en la región, como la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero. “No podemos despertar todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando la guerra”, reprochó.

El Gobierno cubano ha agradecido el respaldo de los tres países. “En medio de la difícil situación que enfrenta Cuba, debido al recrudecimiento del bloqueo de EE UU a niveles extremos, al actual cerco energético y a las constantes amenazas del Gobierno estadounidense, reconocemos el digno y solidario comunicado conjunto emitido por los gobiernos de Brasil, España y México”, manifestó el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en redes sociales. La Casa Blanca no se ha pronunciado en las primeras horas tras la publicación del texto trilateral.

Sheinbaum regresará a México este domingo, poniendo así punto final a su primera visita a Europa desde que llegó a la presidencia del país norteamericano, en octubre de 2024. Es, también, el primer viaje a España de un jefe de Estado mexicano desde 2018.

A siete semanas de la primera vuelta presidencial, la campaña avanza sin debates que confronten a los candidatos. Este sábado, el candidato de izquierda Iván Cepeda propuso un encuentro con sus dos principales contendores de derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, una iniciativa que hasta ahora no se ha concretado y que se suma a varios intentos fallidos por abrir estos espacios. En la Cumbre de Gobernadores de esta semana, el propio Cepeda canceló a última hora su participación en el primer espacio que reuniría a la mayoría de aspirantes para exponer sus propuestas. Su ausencia dejó el conversatorio sin el puntero en las encuestas, en un episodio que es apenas un síntoma de un problema más amplio: la dificultad para consolidar escenarios de discusión pública en esta contienda. Entre agendas cruzadas, negativas y formatos fallidos, la campaña se acerca a su tramo decisivo sin que los ciudadanos hayan presenciado un debate amplio entre quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño, en contraste con lo ocurrido en elecciones anteriores.

La puja por los debates no es nueva. Varios de los foros y conversatorios que se han organizado han ocurrido sin la participación de los principales: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. El 8 de abril pasado, El Espectador organizó un espacio para conocer las posturas de los aspirantes frente a la transición energética, a la que asistieron solo Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo y Roy Barreras, candidatos que, juntos, suman menos del 4% de intención de voto. Había confirmado la uribista Valencia, pero canceló su participación sin mayores explicaciones.

La razón que suelen dar para evadir los espacios son problemas en la agenda. Desde la campaña de Valencia explican que en muchos casos son temas de tiempo, pero su ausencia, en otros tantos, obedece a la decisión de su contrincante Cepeda de no exponerse (hasta ahora) a los debates. Si el favorito en las encuestas no va, la segunda favorita tampoco. Sergio Fajardo, uno de los candidatos que se autoproclama de centro, no ha dejado pasar oportunidad para recordar que está disponible y a la espera de ser incluido en estos espacios. “¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe? Yo estoy listo”, escribió en su cuenta de X.

La decisión del senador de izquierda de no participar en estos encuentros responde a su desconfianza hacia los medios, sus organizadores por excelencia. Sus asesores, casi todos exfuncionarios de este Gobierno, le han recomendado distanciarse de los focos mediáticos. El candidato lo dice sin apuros, las pocas veces que habla. Desde el 26 de octubre pasado, cuando ganó la consulta interna del oficialista Pacto Histórico, Cepeda lo afirmó públicamente. “No voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente. A insultarnos con otros candidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos”. En su lugar, habla de discutir las propuestas, pero aún no ha hecho público su programa de gobierno.

En marzo, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de su candidato a través de las redes sociales. Luego de que su antecesor, Iván Duque, afirmara en medios “quien quiera ser presidente tiene que ir a debates”, Petro le respondió recordando que, en la campaña de 2018, el entonces candidato de derecha se abstuvo de participar en varios de estos espacios entre la primera y la segunda vuelta. En otra publicación en redes sociales, el mandatario publicó una imagen de uno de los debates en el que estuvo ausente quien le ganó en las urnas. “Un presidente siempre está abierto al debate y a la discusión. Aquí Duque me dejó plantado y no quiso debatir conmigo”, escribió en sus redes sociales.

La discusión por los debates se recicla cada cuatro años. De momento, cada fórmula apuesta por sus estrategias de comunicación. Valencia resalta las estrategias de seguridad con más militares o su relación con el empresariado, con propuestas como impulsar el fracking y una prometida rebaja de impuestos. El ultra De la Espriella, por su parte, habla en sus redes sociales de una estrategia de seguridad más firme que le permita trabajar con los militares de la reserva activa.

El penalista, de hecho, tampoco quiere participar en debates. En enero, antes de las elecciones legislativas y las simultáneas consultas presidenciales, había sugerido un encuentro con Cepeda, pues para ese entonces eran los primeros en las mediciones. Propuso que estuviera enfocado únicamente en la relación con Venezuela y los grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Fue una invitación informal porque nunca concretó el espacio ni la fecha, y sobre todo una que nunca se repitió.

Con estrategias más centradas en hablarle a su propio electorado, la campaña ha avanzado sin un espacio público y de difusión masiva en el que la ciudadanía pueda contrastar directamente las propuestas. Todavía quedan las convocatorias de los dos canales de televisión más grandes del país, que tienen alcance nacional y suelen marcar la recta final de la contienda. Su realización dependerá, una vez más, de la disposición de los candidatos.

Dice Petro (por twitter o X) que la CIA tiene información sobre un plan para asesinar a Iván Cepeda. Dice Uribe (por twitter o X) que guerrilleros del ELN le hablaron de un plan para asesinar a Paloma Valencia. Ningún colombiano que haya estado vivo en los últimos 50 años puede dudar de que ambas cosas sean ciertas e incluso posibles, porque eso es lo que ha pasado en Colombia: nuestra política vive en el temor al asesinato, o, por decirlo mejor, el asesinato es una manera normalizada de la vida política en Colombia. El candidato Iván Cepeda es hijo de un hombre asesinado por la extrema derecha (lo cual se le olvida con frecuencia conveniente al uribismo) y en su partido milita María José Pizarro, hija de un guerrillero que había dejado las armas y fue asesinado por la extrema derecha. La candidata Paloma Valencia compartió partido con Miguel Uribe Turbay, asesinado por las guerrillas que traicionaron los acuerdos de paz (lo cual se le olvida con frecuencia conveniente a Petro), y en su campaña milita Juan Manuel Galán, hijo de un hombre asesinado por el narcoterrorismo. No son los únicos: los dos partidos, el de gobierno y el de la oposición, están llenos de hombres y mujeres que llevan las cicatrices de esa violencia que nos ha definido durante décadas.

Así que no: nadie puede cuestionar la verdad temible que estas acusaciones pueden contener. El problema es que nadie puede tampoco dejar de señalar lo raro que es todo en este mundo nuevo de redes sociales e irresponsabilidad rampante. Petro dice que la CIA es su fuente, a pesar de que la ha acusado antes de conspirar en su contra, y Uribe dice que su fuente es el ELN, a pesar de la poca credibilidad que les ha otorgado en el pasado. Las dos acusaciones se han lanzado por redes sociales, sin ningún atisbo de prueba, sin que intervengan los candidatos y sin que intervengan las autoridades, porque a ninguno de los denunciantes le interesa proteger a la persona amenazada: les interesa que se sepa la amenaza por lo que la amenaza puede sugerir o demostrar. En otras palabras, les interesa la amenaza como herramienta política. El miedo da votos, claro, y lo que están diciendo las dos campañas es: Nos quieren matar, los otros nos quieren matar; y si nos quieren matar a nosotros, también los quieren matar a ustedes; y si los quieren matar a ustedes, entonces ustedes tienen que votar por nosotros.

La violencia colombiana es incensante e incesantemente manipulable. Y es verdad que no hay nada nuevo en eso, por supuesto, pero también es verdad que hay vínculos secretos o poco evidentes entre la puesta en escena de las amenazas de violencia y la temperatura de nuestra conversación política, o eso que pasa por conversación política en este país de matones que admira a los violentos, aplaude a los que más gritan o vociferan y desprecia a los que ofrecen razón, serenidad y propuestas. No, la serenidad no vende: como estamos enfermos de violencia, vende la violencia de las palabras y los gestos, las reinas de belleza que juegan a pegarle un tiro al político que no les gusta, los candidatos que juegan a decir que van a dar balín o chumbimba o que van a destripar a la izquierda o que se hacen populares de un día para el otro sólo por salir armados a la calle. Todo es aterrador, claro, pero al mismo tiempo patético, porque todo es una performance. El miedo es real, el miedo tiene todo el derecho de existir, porque los violentos están allá afuera y siempre han matado y continuarán matando: por razones que no es fácil resumir –que van desde nuestra historia a nuestro temperamento–, matar es fácil en Colombia. Pero que el miedo sea real no quiere decir que no esté fundamentalmente viciada nuestra relación política con él.

El exibicionismo de la violencia es uno de los síntomas del envilecimiento general de esta sociedad que lleva tantos años envilecida: la han envilecido los diversos ejércitos de esta guerra eterna, que han dejado muertos en cada metro cuadrado del país a lo largo de los últimos 60 años, y la ha envilecido el negocio de la droga, que ya lleva tanto tiempo entre nosotros que ha logrado corromperlo todo: la política, desde luego, pero sobre todo la integridad, los intentos que hacen muchos por llevar una vida honesta, el carácter inviolable de la vida ajena, todo eso que antes llamábamos valores. (Escribo esta palabra y casi que tengo que evitar una sonrisa triste. No, eso de los valores no está de moda. La palabra parece haber caído en desuso, o es de uso privativo de profesores de Ética en segundo de bachillerato.)

Lo que quiero decir es que la violencia o la posibilidad de la violencia es un espectáculo cotidiano: todos los días aparece, todos los días interviene en nuestra conversación y nuestra vida, y nos anestesia. En Colombia se amenaza de muerte con una facilidad pasmosa (he perdido la cuenta de los candidatos que han recibido coronas fúnebres en cualquier forma, igual que en los años más negros del Cartel de Medellín) y las amenazas se cumplen con lamentable frecuencia. Nadie se escandaliza, realmente. Prosperan los negocios de seguridad, las camionetas blindadas, los guardaespaldas, y algunos ven todo esto incluso como síntoma de estatus. Forma parte de nuestra escenografía: la obra de teatro de la violencia colombiana, que, lamentablemente, nada tiene de teatral.

Y ahí vamos nosotros, los que nos pasamos la vida mirando al pasado para tratar de entenderlo: tratamos también de entender si algún día dejaremos de matarnos o de desear o tolerar la muerte de otro. Y no hay respuesta. “No sabremos nada mientras no sepamos si tenemos derecho de matar a otro o de consentir que alguien lo mate”, dijo Albert Camus. Pero no estaba pensando en Colombia.

En un hecho bastante inédito el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra el papa León XIV por su reiterado llamado a la paz en el contexto de conflictos bélicos en múltiples lugares del mundo. Y no sólo ha sido el fondo, cargado de epítetos poco habituales en lenguaje diplomático, por ocupar un eufemismo, sino que en la forma, difundiendo por redes sociales imágenes que lo transforman en una especie de mesías o salvador. Convengamos, no pocos creímos al principio que esto era producto de la inteligencia artificial puesta en manos de sus adversarios, pero no, ahí estaba esta puesta en escena en sus propias redes sociales.

Más allá de la ‘anécdota’ —en América Latina estamos acostumbrados al realismo mágico de algunos de sus líderes— lo cierto es que la denuncia del Papa, que ha señalado en su viaje a África que “el mundo está siendo destruido por un puñado de tiranos”, no puede dejar indiferente a ningún habitante de este planeta, porque la crisis que enfrenta hoy el sistema internacional y la potencial escalada de los conflictos que hoy se ciernen en el mundo, nos obligan a pensar de manera clara que significa, en definitiva, estar del lado correcto de la historia, una frase que ha resonado en distintas partes del globo.

Por eso, no es menor que la voz del Papa haya encontrado eco en los propios representantes de la iglesia en distintas partes del mundo, como ocurrió también en Chile mediante una carta de la conferencia episcopal que declaró, entre otras cosas que la posición del jefe de la iglesia no obedece a intereses ideológicos sino que a “iluminar la dignidad humana”.

Por cierto, el coraje de la acción papal, que goza todavía de una credibilidad propia de su investidura y de siglos de historia (más allá de si se profesa la religión católica o no) es una señal concreta de la emergencia que parece tener todavía a muchos líderes del mundo sin un real diagnóstico del particular momento que vivimos pero, especialmente, una interpelación a los ciudadanos del mundo a combatir la “banalidad del mal”, siguiendo a Hannah Arendt, para dejar de relativizar o seguir convirtiendo en “meme” algo que reviste la máxima gravedad por las implicancias que tiene para el conjunto de la humanidad. Pero hay algunas señales auspiciosas.

En efecto, no puede dejar indiferente que en las últimas semanas se cierna una luz de esperanza del lado de algunos líderes que parecen entender la responsabilidad histórica que tienen en sus hombros. Por un lado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha catalogado la guerra de “ilegal, absurda y cruel” y que busca “alimentar los intereses de unos pocos, de los de siempre, de los de arriba”, ganando un liderazgo en el mundo progresista que parecía vacío. Del otro lado del espectro político, Georgia Meloni, antaño cercana aliada del presidente de Estados Unidos, ha levantado su voz no sólo para defender al Santo Padre de las ofensas de Trump, sino que también ha sido categórica en el anuncio de la suspensión del acuerdo de cooperación en defensa con Israel. Esto no es, para el sector conservador y pragmático de la líder italiana, una decisión fácil y menos carente de costos políticos, pero es un hecho interesante que se imponga cierta racionalidad en el mundo, independiente de las banderas políticas que se enarbolen. Bien valga también reconocer la dignidad de la oposición de su país, que no dudo en defender a la premier italiana frente a la dura respuesta de su exaliando norteamericano, entendiendo que se trataba no solo de la defensa de principios, sino que también de la dignidad y el interés nacional.

Del lado de las señales desde la ciudadanía, una situación similar es la ocurrida el pasado fin de semana en Hungría, en una votación inédita desde la caída del comunismo y la transición en 1990, los ciudadanos de ese país concurrieron a las urnas para decir ‘no’ a 16 años de un régimen que degradó permanentemente su sistema democrático. Si bien no se trata de un movimiento pendular —el actual líder proviene también de un mundo conservador— lo cierto es que el resultado del proceso electoral es una clara muestra de fuerza de un electorado que está dispuesto a movilizarse para cambiar las reglas y los liderazgos cuando no sintonizan con su propia realidad.

Tal vez, en tiempos de incertidumbre, valga más que nunca la pena apegarse a los valores de la simple dignidad humana. No hay en ello grandes teorías ni viejas conspiraciones, porque hasta en la guerra, como nos recuerda el derecho internacional, hay reglas. Lo irreductible y más relevante, en el entramado de instituciones y principios que nos hemos dado para la convivencia local, regional y global, son en definitiva los seres humanos. La humanidad ha aprendido (o tal vez no, a la luz de los hechos) que renunciar a este principio básico tiene grandes costos.

Es de esperar que estas señales de esperanza se sigan multiplicando en un mundo donde la ciudadanía parece dormida y los líderes extraviados. Desorientar el rumbo en estos tiempos no tiene que ver con acoplarse a proyectos de izquierda o derecha, ultras o no, sino que quedar, para los anales de la historia, como quien de forma pusilánime, obsecuente o negligente no levantó la voz. Vale la pena preguntarse entonces ¿cómo andamos por casa?.

En el caso de Chile, y de América Latina más ampliamente, la respuesta no es trivial. Nuestra región tiene una tradición de defensa del derecho internacional, del multilateralismo y de la solución pacífica de controversias —valores consagrados en su propia historia de conflictos y en instrumentos como la Carta de la OEA o el Tratado de Tlatelolco—. Pero esa tradición corre el riesgo de vaciarse si se convierte en mero formalismo diplomático sin consecuencias concretas. Estar del lado correcto de la historia no es solo emitir declaraciones; es mantener coherencia entre lo que se dice en los foros internacionales y las decisiones que se toman en casa: con quién se comercia, a quién se le vende armamento, a qué votos se abstiene uno en Naciones Unidas. En ese sentido, la pregunta no es solo filosófica. Es política.