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El Gobierno de Estados Unidos está reforzando el muro fronterizo con México y ahora lo describe como uno “inteligente”. Tras la aprobación en 2025 de la nueva ley fiscal One Big Beautiful Bill (Ley grande y hermosa), que incluye un paquete presupuestario de 46.500 millones de dólares para labores de construcción de infraestructura fronteriza, Estados Unidos está ampliando y alzando muros nuevos de bolardos de acero de casi diez metros de alto (el doble de largo del muro anterior), transformando las barreras acuáticas, armando carreteras, mejorando la iluminación e instalando herramientas de alta tecnología en detección como cámaras infrarrojas y sensores de movimiento. Además, el terreno estará monitoreado constantemente por las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Los tipos de barreras fronterizas físicas que existen actualmente incluyen muros de bolardos de acero de entre cinco y nueve metros de altura, vallas peatonales antiguas (de malla metálica, estacas o rejilla), muros de contención de hormigón con bolardos de acero y barreras temporales (alambre de púas, alambre de púas en espiral, vallas de malla metálica).

En la página web de la CBP han habilitado un mapa interactivo en el que se puede dar seguimiento al avance de las obras, además de ubicar dónde está el muro existente y dónde se están realizando –o se realizarán– obras. Por ejemplo, desde Ciudad Juárez hasta el Cañón de Santa Elena, hacia el este, se encuentra el muro que fue construido en la década de 1990. A este se le instalarán cámaras y sensores de movimiento.

Desde el Cañón Santa Elena hasta la localidad de La Amistad, en Coahuila, será el espacio en el que se ubique el bloque íntegramente tecnológico. Tras una campaña por parte de ambientalistas y las comunidades locales, en esta zona no habrá un muro físico que divida los territorios, ya que en la mayor parte de esta extensión hay Parques Nacionales, cuya fauna y balance ecológico se verían afectadas con una barrera física.

En la costa oeste, en cambio, las obras se centran en “mejorar” lo que ya se ha alzado en el pasado y en construir un segundo muro para reforzar la seguridad. En Baja California, esta labor ya se ha cobrado un sitio sagrado para la cultura del pueblo kumiai, en el cerro Cuchumá.

De acuerdo a denuncias de la comunidad, Estados Unidos utilizó explosivos como parte de las obras, las cuales dañaron un monolito de 35 metros de altura. Hasta el momento de esta publicación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el organismo encargado de proteger e investigar lo que ha sucedido en México, no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha respondido a las solicitudes de este diario.

A pesar de la ofensiva del Gobierno estadounidense, no todo en la frontera está en obras. El mismo mapa muestra cuáles son las zonas que están planificadas (representa el kilometraje total previsto o financiado para su construcción, pero los contratos aún no se han adjudicado), adjudicadas (los contratos que se han concedido y el proyecto se encuentra en fase de diseño o ha comenzado las primeras actividades de construcción), en construcción (representa los proyectos en los que actualmente se están construyendo o instalando paneles del muro fronterizo o barreras acuáticas) y finalizado (representa el kilometraje total que se ha completado desde el 20 de enero de 2025). La última actualización del sitio data del 11 de febrero de este año.

Kristina Vladímirovna, la menor de 17 años reclamada a México por el Gobierno de Rusia, está bajo custodia de las autoridades como posible víctima en una investigación por trata de personas, según han informado a EL PAÍS fuentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Estado de México. La dependencia señala que la menor rusa se encuentra bajo custodia de la Fiscalía mexiquense por ese caso y por una presunta agresión sexual cometida por su hermanastro, el episodio que llevó a que el DIF mexiquense diera refugio a la menor en 2023. El Gobierno ruso convocó el jueves al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, por la presunta “retención ilegal” de la menor en un “centro especializado de internamiento”, infantil.

Vladímirovna llegó al DIF mexiquense en 2023 por “riesgo de violencia en su núcleo familiar”, según recogió en los siguientes meses la Fiscalía de Estado de México. La dependencia apunta a este diario que la joven “escapó” de sus instalaciones, en Toluca, Estado de México, el 28 de septiembre de 2024. La desaparición desencadenó el cese del cargo del subdirector del Centro de Asistencia Social (CAS) Villa Hogar, el lugar en el que se encontraba la menor, unos días más tarde. “El 30 de septiembre de 2024 se agregó una denuncia por omisión de cuidados y lo que resulte en contra del subdirector del CAS”, expuso el 4 de octubre. Vladímirovna fue localizada una semana después a más de 2.500 kilómetros de distancia, en Tijuana, Baja California. Es en ese momento cuando la menor quedo bajo custodia de la Fiscalía estatal.

El Ministerio Público mexiquense informó entonces que Vladímirovna fue localizada con “óptimo estado de salud” en el centro de Tijuana y que un año antes había abierto la carpeta de investigación por una presunta agresión sexual cometida por su hermanastro cuando ella tenía 13 años. “Por estos hechos, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez de control orden de captura en contra de Andrey ‘N’, de 26 años y nacionalidad rusa”, aseguró entonces el Ministerio Público.

La Embajada de Rusia en México ha hecho gestiones por este asunto desde 2023, cuando Vladímirovna ingresó al DIF del Estado de México, según informa el medio estatal Russia Today (RT). La madre adoptiva de la menor, Marína Romanova, desestimó los señalamientos de violencia cuando la joven pasó a manos del DIF mexiquense y acusó a la dependencia de “secuestro” de la joven. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, defendió el jueves que la Cancillería ha expresado “su profunda preocupación por la inacción de las autoridades mexicanas a la hora de resolver la situación” de la menor en más de una ocasión.

El medio mencionado recoge que funcionarios consulares mantuvieron cuatro reuniones con Vladímirovna en verano de 2025, en las que, apunta, ella solicitó regresar a Rusia e indica que la portavoz afirmó en la última semana que existe una “persistente reticencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a concederle acceso consular”. “Nos vemos obligados a reconocer desde Moscú que las autoridades mexicanas han demostrado una comprensión insuficiente de la gravedad de la situación actual, que puede calificarse como desaparición forzada“, apuntó la portavoz en unas declaraciones difundidas por RT.

“Jueves, tiroteo, no vengan”, decía el rayado de un colegio en la región de Antofagasta, al norte de Chile, por el que fue imputado por desórdenes públicos un estudiante de 16 años. En las dos últimas semanas, otros avisos similares, como “mañana, tiroteo”, han aparecido en Santiago y las regiones chilenas de Valparaíso, Coquimbo, Tarapacá, O’Higgins, Biobío, la Araucanía y Maule; pero también en distintas localidades de Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Chubut, Neuquén y Mendoza.

La inusitada ola de amenazas ha obligado a la suspensión preventiva de las clases y la activación de protocolos de seguridad en algunos recintos educativos de Chile y Argentina, donde las autoridades aún no consiguen dar una respuesta a la raíz de este fenómeno. Solo en el municipio de Santiago, en el centro de la capital, se han denunciado siete casos esta semana. En la comuna de Providencia seis colegios han reportado 27 amenazas y en Lo Barnechea se registran cinco en lo que va de mes.

La simultaneidad con la que se han producido estos mensajes intimidatorios ha despertado sospechas, por lo que quienes investigan este fenómeno y expertos en violencia escolar no descartan que obedezca un reto viral entre jóvenes. Mario Bugueño, académico del Centro de Estudios de Saberes Docente de la Universidad de Chile, apunta a que podría tratarse de un fenómeno de carácter coyuntural, asociado a “una moda, que por el impacto que produce, tiende a ser imitado por otros jóvenes, y que no responde a una constante que pueda estar instalada culturalmente en los países sudamericanos”.

En Chile, la situación ocurre unos días después de que un estudiante de 18 años asesinó a una profesora e hirió a otras cuatro personas en un colegio de la ciudad minera de Calama, a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago. De ahí no ha dejado de escalar la visibilidad de la violencia escolar en este país sudamericano, donde además se registró el ataque con un cuchillo de un adolescente a un niño de seis años en una escuela, una riña que terminó a balazos en un plantel de la comuna santiaguina de Quilicura, peleas con armas blancas, lanzamientos de bombas mólotov en liceos emblemáticos y enfrentamientos con Carabineros.

En Argentina, en tanto, los mensajes acentuaron el temor vivido después de que un alumno de 15 años en una escuela de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, disparó con una escopeta a un estudiante de 13, además de herir a otros compañeros, hace 20 días. En este último caso, la investigación judicial apunta a la relación del agresor con una comunidad virtual internacional, que reúne a aficionados a crímenes y masacres, y que estaría vinculada con hechos violentos en varios países.

Cifras del Ministerio de Educación de Chile, recopiladas por La Tercera y actualizadas al 9 de abril, apuntaban a que 58 colegios habían suspendido sus clases por alguna amenaza desde que ocurrió el crimen de Calama, el 27 de marzo. Pero ha sido esta semana cuando han sonado más los casos de ultimatos.

El ministerio Público chileno, a cargo del fiscal nacional Ángel Valencia, todavía no ofrece un número total de denuncias por estas amenazas de tiroteos en colegios, pero ya se han abierto investigaciones en algunas regiones de este país. En Valparaíso, por ejemplo, había reportado 136 denuncias hasta el jueves, dijo la fiscal regional Claudia Perivancich. En Antofagasta, además del adolescente de 16 años detenido, otros tres estudiantes han sido imputados por delitos con advertencias aparecidas en instituciones educativas. Uno de ellos, un alumno de 17 años en Calama, fue procesado por el cargo de amenazas simples, las que realizó a través de redes sociales.

Ha sucedido también en una institución de educación superior en Coquimbo, donde estudiante de 19 años fue detenido después de lanzar en redes que habría una balacera, el martes, en la universidad en que estudia. Al ser interrogado por la policía, el joven dijo: “No le había tomado tanto el peso a la situación, ya que, en la mañana, cuando lo publiqué, mi intención era tirar la talla [broma], ya que había pasado lo mismo en otras universidades”, según Emol.

Bugueño aclara que, aunque el fenómeno pareciera un reto viral, no significa que, si se asocia con la radicalización de la agresividad que se ha experimentado en Chile, estas amenazas podrían convertirse en una nueva expresión vinculada con una violencia cultural que se ha asentado en el país en las últimas dos décadas. “Por ahora, estos mensajes parecieran no tener una motivación ideológica, sino que estarían relacionados con una moda. Pero hay que tener cuidado porque eventualmente podrían extenderse si siguen teniendo un efecto o impacto social”.

Días antes de que se diera el fenómeno, y a raíz del asesinato de la profesora en Calama, el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast introdujo en el Congreso dos proyectos de ley. Uno de ellos propone endurecer las sanciones, como la limitación de la gratuidad universitaria, en contra de quienes cometan actos violentos en recintos educativos y otros delitos. La otra iniciativa busca incorporar medidas de seguridad, como revisiones de mochilas en los planteles. Ambas propuestas son vistas con recelo por la oposición que considera que el paquete de medidas tendría un enfoque punitivo, en vez de preventivo, y apuntan a abordar problemas como la salud mental de los jóvenes y el acceso a las armas.

Las autoridades locales, asimismo, intentan reforzar sus medidas de seguridad y prevención en colegios, como en Santiago donde fue creado un canal de WhatsApp para que las instituciones educativas hagan denuncias directas a la dirección de seguridad de la Municipalidad, por ejemplo. O, en el municipio de Ñuñoa, donde avanzan en establecer una estrategia de acción inmediata para enfrentar la ola de amenazas a la seguridad escolar. En Providencia, al igual que otras comunas, han realizado jornadas de sensibilización con las comunidades y llamados a conversar sobre el tema en los hogares.

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Para convertirse en árbitro mundialista es necesario superar distintos filtros de calidad que incluyen pruebas físicas de alto rendimiento, conocimientos técnicos y una observación de la FIFA durante tres años en torneos nacionales e internacionales. Desde Qatar 2022 ese proceso incluye también a mujeres. Este año, entre cientos de aspirantes, el máximo órgano del fútbol eligió seis árbitras, solo dos centrales y una de ellas es la mexicana Katia Itzel García. El logro es histórico, pues será la primera nacional en conseguirlo. Las reacciones machistas, sin embargo, no se han hecho esperar.

García fue elegida el jueves para representar a México en el arbitraje del torneo más importante del fútbol y tres días después ya le llovían insultos por un partido de la liga varonil de su propio país. Algunos periodistas y fotógrafos que estaban allí, acusan que el director técnico de Mazatlán, Sergio Bueno, dijo: “ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”, luego de que García pitara el final del primer tiempo en una jugada que podía favorecer a su equipo.

La árbitra aclaró después en una entrevista que no escuchó y no le consta aquella frase. Pero los comentarios que la demeritan sí que están ahí, donde el machismo no se disimula ni se esconde: en las redes sociales. Destacan los tuits que llegan desde sus propios colegas. “No mezclemos el tema de género en la ecuación, simplemente es de capacidad y Katia Itzel no la tiene… Si ella fuera hombre, por su capacidad, no tendría la más remota posibilidad de ser árbitro FIFA”, escribió el árbitro retirado Francisco Chacón.

Las decisiones arbitrales suelen ir de la mano con la controversia. Siempre habrá quien dude de la persona que lleva el silbato. Sin embargo, aunque aseguren lo contrario, las críticas hacía García no se limitan a su trabajo. El rechazo empieza por no nombrarla. Fernando Guerrero, también silbante retirado, escribió tras el mismo partido: “El árbitro evita una oportunidad manifiesta de gol al Mazatlán, corta el avance la silbante y beneficia a Pumas”. Tanto a Chacón como a Guerrero les cuesta decirlo como es: árbitra.

Estas y otras agresiones funcionan como una estrategia simbólica para desalentar la presencia de las mujeres en el fútbol. Minimizar su trabajo es el primer paso: su actuación, su conocimiento, su técnica, la calidad de su desempeño. Y por supuesto, no es nuevo. En un partido entre Monterrey y Cincinnati en la Leagues Cup, García recibió mensajes como “vieja tenías que ser”, “te vamos a disolver en ácido”, “te vas a morir” o “vamos a matar a toda tu familia”. La ola de amenazas fue tan grave que llegó hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La Federación Mexicana de Fútbol no se ha pronunciado sobre los ataques recientes, pero sí lo hizo el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), que instó a iniciar una investigación. El fútbol nacional está plagado de episodios parecidos. Cerca del 80% de las mujeres dentro del fútbol mexicano ha sufrido este tipo de agresiones, en un país que aún carece de mecanismos eficaces para afrontarlas. Los ataques contra las jugadoras, árbitras y periodistas buscan expulsar a las mujeres de un deporte históricamente dominado por hombres.

Seis árbitras han sido seleccionadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, dando continuidad a una tendencia iniciada en Qatar 2022, el primer Mundial con participación femenina en el arbitraje. Este año, además de García como central, la mexicana Sandra Ramírez acudirá como árbitra asistente. Lo positivo: a pesar de las resistencias, la presencia de las mujeres en el fútbol mexicano sigue creciendo. García volverá a pitar un partido de la liga mexicana este sábado y, en dos meses, lo hará en el torneo más importante del fútbol varonil. Ella, Ramirez, y las que vienen, se ganaron ese lugar y llegaron para quedarse.

El Gobierno de José Antonio Kast ha concretado este jueves el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares. En el avión que despegó desde Chile al mediodía iban 19 colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos. Existen algo más de 44.000 extranjeros sin papeles listos para ser expulsados, 65% de ellos venezolanos, según la Administración chilena, lo que supone un desafío económico y diplomático mayúsculo. Al estar congeladas las relaciones consulares con Venezuela, el Ejecutivo chileno apuesta a que se vayan por su cuenta. Desde que Kast ganó la Presidencia el 14 de diciembre pasado, 2.180 venezolanos irregulares han salido de Chile de manera voluntaria, según informó este jueves el Gobierno.

No existen datos disponibles para comparar la cifra entregada con el Gobierno con el mismo período de años anteriores, es decir, de mediados de diciembre a mediados de abril. Pero en los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, 24.525 venezolanos han utilizando ese mecanismo, un 76% del total de salidas voluntarias. Es decir, un promedio de 6.130 anuales.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, han anunciado que están “estudiando posibilidades de facilitar esa salida voluntaria” y que la próxima semana se debieran dar a conocer los detalles de esta medida.

En 2025, un total de 6.613 inmigrantes irregulares salieron voluntariamente de Chile. De ellos, 5.212 eran venezolanos, según cifras oficiales a las que tuvo acceso EL PAÍS. En 2024, la cifra alcanzó los 11.004, -8.813 venezolanos-; en 2023, salieron 8.886, -6.616 venezolanos-; y en 2022, el año que asumió la presidencia Gabriel Boric, 5.711 inmigrantes irregulares hicieron lo propio, -3.884 eran venezolanos-.

El mecanismo consiste en que un inmigrante sin papeles, ya sea por haber ingresado a Chile por un paso no habilitado o por tener su residencia caducada, acude al Servicio Nacional de Migraciones con su pasaje aéreo y pide un permiso para salir. De obtenerlo, lo debe presentar a la Policía de Investigaciones (PDI) y tiene 15 días para cruzar la frontera chilena.

En el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, las salidas voluntarias suman 1.831, según el Servicio Nacional de Migraciones.

Un vuelo para 40 migrantes

A poco más de un mes desde que Kast llegó a La Moneda para liderar un Gobierno de emergencia, enfocado en la seguridad, economía y control migratorio, la Administración expulsó a los primeros extranjeros irregulares en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). En un punto de prensa en la pista de aterrizaje de la FACh, el subsecretario Pavéz remarcó que el primer vuelo de expulsión del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se ejecutó en octubre de su primer año de mandato y que aumentarán la frecuencia de los vuelos, aunque no especificó en cuánto. “Las expulsiones se hacen, no se anuncian y por razones de seguridad interior estamos impedidos a anunciar la programación de cuáles son los vuelos”, argumentó. “Las expulsiones aéreas como las de hoy son ocasionales, pero todos los días tenemos expulsados que salen en vuelos comerciales en grupos pequeños de 2 o 3 personas”, añadió. Las coordinaciones se hacen entre las cancillerías de los países y las policías respectivas, quienes esperan a los expulsados en sus países de origen.

En el vuelo no iba ningún venezolano. Consultado sobre las gestiones con la Administración de Delcy Rodríguez, Sauerbaum sostuvo que para el Gobierno de Kast “es prioritario poder tener las conversaciones necesarias y en eso está el ministerio respectivo (el canciller Francisco Pérez Mackenna), para abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela”. Como las relaciones diplomáticas con Caracas están suspendidas, el Ejecutivo quiere impulsar la salida voluntaria de los venezolanos, que bajo esa vía sí son recibidos en su país de origen. No así los expulsados.

El subsecretario del Interior agregó que, en paralelo a la gestión con Venezuela, se deben ejecutar todas las órdenes de expulsión pendientes y que el vuelo de este jueves es “un hito respecto del cambio de mano, de carácter, de voluntad y de coordinación para poder acelerar y materializar las expulsiones administrativas y judiciales”.

En su primer viaje internacional como mandatario, Kast visitó a comienzos de abril a su homólogo argentino, Javier Milei, donde señaló: “La salida del narcodictador Maduro nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables con un país que estaba cerrado a la posibilidad de recibir de vuelta a sus propios compatriotas”. El canciller de Venezuela, Yvan Gil, respondió que “así es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas: no se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio”. “Al final, más que política exterior, el presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad”, añadió.

Caída en el ingreso irregular

Las denuncias de ingreso irregular a Chile alcanzaron su máximo histórico en 2021, en el último año de Gobierno de Sebastián Piñera, donde se elevaron a 56.586 (+235,9% comparado con 2020). Desde ese año las cifras no han alcanzado las registradas previo a la pandemia, pero sí presentan una baja continua, llegando a 29.269 en 2024, una disminución de 33,8% en relación con el año anterior. En los primeros siete meses de 2025, la última actualización disponible, la caída fue de un 36% respecto al mismo periodo del año anterior.

En la rueda de prensa de este jueves, las autoridades han informado que entre el 11 de marzo -la fecha en que asumió Kast- y el 11 de abril, se registraron 2.101 denuncias por ingreso clandestino, y la compararon con la registrada en ese mismo lapso en 2022, cuando llegó Boric al poder, donde la cifra alcanzó las 6.437 denuncias, por lo que destacaron una baja de 67,4%.

El Gobierno de Kast ha anunciado que, a través del Servicio Nacional de Migraciones, dará a conocer cada 15 días la información asociada a las personas que deben salir de Chile y las expulsiones que se deben llevar adelante.

Museo Taller. Fui a una exposición y me impresionó que el dueño, Francisco Dittborn, preste el espacio para que la gente trabaje ahí gratis. Ves qué están haciendo, trabajando con la madera. Después ves a otra gente tejiendo, haciendo otro tipo de artesanía. Es como un taller abierto, donde se aprende haciendo, en contacto con la creatividad. Es lo más lindo que hay. Es una casa muy antigua que él [Dittborn] adaptó. Yo fui a ver una obra de un artista y me emocioné. (Compañía de Jesús 2784, Santiago).

MUT (Mercado Urbano Tobalaba). Es lo más entretenido que hay. Yo fui y me perdí, no sabía para dónde llegar [ríe]. Pero es un lugar donde hay restaurantes, gente vendiendo arte y otros que están vendiendo ropa… Y es un lugar con una afluencia de público increíble. Representa una ciudad contemporánea activa. Combina arquitectura moderna con una variada oferta gastronómica y distintos emprendimientos, en un espacio lleno de movimiento y vida. (Av. Apoquindo 2730, Las Condes).

Galpón Independencia. Era una fábrica. No sé si el dueño o la persona que la maneja, arrienda unos galpones gigantes. Aquí se puede observar directamente cómo los artistas trabajan con los materiales y desarrollan sus obras. Por ejemplo, Marcela Correa, que hace un arte monumental, es en ese lugar donde ella puede trabajar con materiales como el acero, el fierro, el mármol, el ónix. Y en esa sala hay varios artistas. Es lo más entretenido, porque vas y ves a los artistas trabajando. Y ves las obras de arte, porque hay puestas obras ya terminadas, y convives con eso. No hay algo que les guste más a las personas que estar en contacto directo con el hacer artístico. (Padre Las Casas 2469, Independencia).

Iglesia de la Veracruz. Ahí bautizaron a mi marido. Entonces tengo un vínculo muy emocional con esa iglesia. Aparte que me quedaba al frente de la [galería Arte Actual en la plaza] Mulato Gil de Castro, donde yo partí [trabajando]. Ese templo, en medio del barrio Lastarria, mezcla historia, arquitectura y lo que ha vivido recientemente la ciudad. Además, pescaron todo lo que estaba incendiado [el templo fue quemado intencionalmente en noviembre de 2019, durante el estallido social] y lo restauraron. Es impresionante el trabajo que hicieron, dejando lo quemado. Es maravilloso. (José Victorino Lastarria 124, Santiago)

Museo Chileno de Arte Precolombino. El museo es casi una donación. Son una maravilla las obras de arte precolombinas que hay ahí y cómo se muestran, lo bonito que lo mantienen. Incluso los peruanos cuando vienen a Santiago van a ver el museo, porque es un lugar que hay que conocer. Además, ofrece exposiciones de gran calidad y una programación de actividades que permiten acercarse de manera clara e interesante a las culturas precolombinas. (Bandera 361, Santiago)

Parque de las Esculturas. Es un lugar único para ver esculturas. Integra el arte al espacio público. Es un lugar ideal para recorrer sin apuro. Uno se pasea por ahí mirando una escultura, al aire libre. Las obras conviven con el paisaje y el entorno natural. Voy frecuentemente porque de repente hacen unas pequeñas exposiciones en la parte cerrada. (Santa María 2205, Providencia).

Viña Concha y Toro. El parque que tiene esa viña y las obras que han hecho son dignas de verse. Tienen muchas cosas de mucho valor histórico. Aparte de la experiencia del vino. Siempre pasaba por fuera, pero fui a un matrimonio y cuando la conocí la encontré preciosa. Es un lugar que tiene historia. El problema es que en Chile cuesta que dejen… que conserven parte de nuestra historia. Da mucha pena. Sufrí mucho cuando echaron abajo la casa donde [Roberto] Matta había vivido. (Avenida Virginia Subercaseaux 210, Pirque).

Barrio Italia. Cuando le dieron el premio Pritzker a Smiljan Radić, hizo un cóctel con los amigos en el barrio Italia. Llegué antes de tiempo y me puse a caminar, a pasear y vi que está lleno de tienditas, de cafecitos, que hay diseñadores, tiendas de muebles, de ropa, de sombreros, de todo. En la noche está lleno, lleno de gente. Hay que cuidarlo, porque es un barrio que se ha ido recuperando y que ha sido difícil. Tiene un ritmo más tranquilo y cercano, ideal para recorrer y descubrir.

Cerro San Cristóbal. El cerro es bonito verlo, pero qué entretenido es ver todo Santiago desde el teleférico. Lo que uno ve desde arriba es increíble, porque va reconociendo los lugares, se ve Santiago de otra manera. Ayuda a entender la ciudad como un todo. Además, el cerro cuenta con un jardín botánico y espacios de juegos, que lo hace un panorama completo.

Galeria Patricia Ready. Es un espacio dedicado al arte contemporáneo que ya tiene 18 años. Hay conciertos gratis para la comunidad, hay cine arte gratis, con puras películas que te hacen pensar. Yo ayudo a los artistas porque les doy becas y también les financio proyectos. Hice aquí una cafetería para los artistas, pero se hizo tan famosa que hay que reservar mesa [ríe]. (Espoz 3125, Vitacura).

Poco más de un año duró el idilio del gran proyecto emblema de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres, un ministerio que tendría el mismo nivel e importancia que el resto de las secretarías del Gobierno. Este jueves, después de meses de un rumor que parecía haberse disipado, Sheinbaum confirmó que Citlalli Hernández Mora, la joven y experimentada militante de Morena, había presentado su renuncia a la titularidad de Mujeres para ir a “ayudar” al partido en las elecciones intermedias de 2027. “Ayer Citlali me entregó su renuncia, me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena”, dijo.

La presidenta aseguró que la decisión la tomó por sorpresa, pero en los pasillos y en los círculos cercanos a Hernández, su relevo resonaba desde hace meses. En una entrevista a este periódico en febrero pasado, la secretaria respondió a las especulaciones asegurando que dejar la titularidad de Mujeres sería “muy irresponsable” de su parte. “La construcción de la primera Secretaría de las Mujeres ha sido el más grande honor que he tenido de poder servir. Para mí, no hay tarea más importante en este momento que atenderla. Hay ese rumor, soy una militante política; sin embargo, en este momento mi manera de ayudarle a la presidenta, de servir a mi país y el compromiso que siento con echar a andar la secretaría, para mí es inamovible”, respondió.

Las cosas cambiaron muy pronto. En un giro total, poco más de un mes después de estas declaraciones y a casi un año y medio de trabajar al frente de la dependencia, Hernández aseguró este jueves que se lo pensó mucho tras recibir la invitación de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, que oficializó ya su nombramiento como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Hernández dijo que la decisión “no había sido sencilla” y que estaba dispuesta a contribuir a la unidad de su partido.

La creación de la Secretaría de las Mujeres como una dependencia con un rango de cartera del Gobierno Federal sustituyó en 2024 al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), creado en 2001 durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006). La decisión de Sheinbaum supuso una declaración de intenciones muy importante sobre lo que proyectaba su futura administración, así como las prioridades de su Gobierno.

Sin embargo, el arranque de la dependencia estuvo plagado de críticas de organizaciones feministas por recortes constantes al presupuesto en materia de igualdad de género ante una impunidad que prevalece en el país en el combate a la violencia machista. En ese momento, Hernández dijo que entre sus prioridades estaban la creación de un sistema nacional de cuidados, el reparto en territorio de una cartilla de los derechos de las mujeres y la lucha para combatir y prevenir la violencia de género.

El presupuesto con el que nació la secretaría tampoco fue muy celebrado. Llegó en su inicio con unos 2.000 millones de pesos (97 millones de dólares) con inyecciones a su presupuesto que la han dejado, actualmente, con la mayoría de sus recursos financieros enfocados en el proyecto emblema de esa dependencia, los centros LIBRE. Aunque el Gobierno presume de haber otorgado este 2026 un presupuesto histórico de 983,4 millones de pesos, un aumento del 48,6% respecto a 2025, la gestión de sus recursos y nuevas reglas de operación y firmas de convenios ha hecho todo menos claro a la hora de ejecutar y aplicar el dinero en políticas públicas sostenibles.

La Red Nacional de Refugios (RNR), por ejemplo, que desde 2024 ha acompañado a más de 39.000 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias machistas, denuncia que durante estos años se han tomado decisiones políticas que no han puesto en el centro los derechos humanos de las mujeres y que el primer presupuesto con el que nació la Secretaría de las Mujeres eliminó, como tal, el programa de refugios [dejó de ser autónomo y se fusionó a otro más grande], un logro que, aseguran, se había conseguido en el sexenio anterior.

“La creación de la Secretaría de las Mujeres fue presentada como un avance importante, pero hoy vemos que no basta con crear nuevas estructuras si no existen condiciones de continuidad, de claridad en las atribuciones, mecanismos sólidos de operación y sobre todo voluntad política sostenida. La renuncia de la secretaria no es un hecho aislado”, señala Wendy Figueroa, integrante de la Red.

La organización lleva semanas alzando la voz y denunciando una falta de definición y cambios constantes que ha generado inquietud. “Esa incertidumbre tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres”, dice Figueroa. La salida de Hernández deja también una honda preocupación por parte de varias activistas y de casos particulares que la Secretaría acompañó públicamente, y también de forma personal, en procesos legales irregulares. Como el caso de la sentencia a 50 años de cárcel de Guadalupe Martínez, la mujer otomí acusada de varios delitos que, en el juicio, quedaron en entredicho por inconsistencias e ilegalidades.

La secretaria Hernández se había pronunciado a favor de que fueran revisadas algunas de las decisiones judiciales que habían llevado a Martínez a recibir dicha condena. El caso fue revisado, y el pasado 2 de abril, la defensa de la mujer informó que su apelación no había procedido y que un juez del Estado de México había ordenado la reposición del procedimiento, es decir, la realización de un nuevo juicio para Martínez. La familia y abogadas de Martínez aseguraron que la decisión parecía empeñarse en agotarlos tanto económica, psicológica y emocionalmente.

La activista Carmen Sánchez, símbolo de la violencia ácida contra las mujeres en México, y quien ha acompañado a Martínez durante su caso, ve en la salida de Hernández no solo un relevo administrativo, sino un mensaje político: “Cuando una funcionaria que asumió públicamente compromisos con víctimas y sobrevivientes deja el cargo sin garantizar continuidad de manera inmediata, se rompe la confianza institucional. Para quienes acompañamos casos, esto implica volver a tocar puertas, y muchas veces enfrentar la indiferencia del Estado”, dijo.

Otros casos de violencia vicaria o violencia machista fueron también respaldados por Hernández y la dependencia, que no ha dado más detalles sobre lo que pasará con las decenas de tareas pendientes que enumeró en febrero pasado, en su oficina del sur de Ciudad de México. Los nombres que suenan para relevarla apuntan a la subsecretaria de la misma dependencia, Ingrid Gómez, o a la diputada morenista Anaís Burgos Hernández, quien este miércoles ha pedido licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades.

Un primer año, una primera titular fuera y demasiados cuestionamientos. La presidenta Sheinbaum afronta un panorama complejo en el nombramiento de un reemplazo para Hernández, un perfil que asumirá las tareas, las responsabilidades y el peso de una secretaría clave en la política de la presidenta que ha preferido mandar a una de sus aliadas políticas más cercanas a liderar las estrategias electorales para el oficialismo.

“La presente ley tiene por objeto crear una organización electoral ajena a las influencias de los partidos, de cuyo funcionamiento ningún partido o grupo político pueda derivar ventajas sobre los demás en la obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos electorales, ni en las votaciones y escrutinios; y cuyas regulaciones garanticen la plena responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios adscritos a ella”. Así lo dispuso el artículo 1° de la Ley 89 de 1948, aprobada tras el Bogotazo, con el respaldo de los partidos Liberal y Conservador, como respuesta a una preocupación compartida por la credibilidad del sistema electoral.

Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces; sin embargo, uno de los asuntos que sigue siendo objeto de debate es cómo garantizar la confianza en las elecciones y el libre juego democrático. La Constitución de 1991 procuró avanzar en esa dirección y diseñó una organización electoral con el rango de órgano autónomo e independiente. No obstante, la reforma constitucional de 2003 otorgó a los partidos políticos un poder que terminó comprometiendo la autonomía y la independencia de una de las dos autoridades electorales: el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde hace varios años, el CNE ha sido objeto de críticas reiteradas por su presunta parcialidad y falta de transparencia, cuestionamientos que se han intensificado en el contexto reciente. Las propuestas de mejora tampoco son nuevas. No obstante, en este escenario, resulta pertinente retomar aquellas formuladas por diversos autores que abogan por replantear su diseño institucional, con el fin de consolidar una autoridad electoral auténticamente independiente.

De manera sencilla, el CNE regula, inspecciona, vigila y controla la actividad electoral de partidos y movimientos políticos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que les corresponden. Además de esta función central, ejerce otras de alta responsabilidad, como colaborar en la realización de consultas internas, velar por los derechos de la oposición y de las minorías y asegurar que los procesos electorales se desarrollen con plenas garantías. Pese a ello, el Acto Legislativo 01 de 2003 politizó el origen y la composición del CNE al modificar el sistema de nombramiento de sus magistrados.

La historia del sistema electoral colombiano muestra que ha estado marcado bien por un control gubernamental directo o bien por uno partidista, sin que el país haya contado con un órgano electoral plenamente independiente, salvo por breves períodos. En 1916, por ejemplo, la Ley 85 permitía que el entonces Gran Consejo Electoral estuviera compuesto por miembros elegidos por el Senado y la Cámara de Representantes.

Un cambio significativo se produjo en 1948 con la mencionada Ley 89, que creó la Corte Electoral (antecesora del CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, separando las funciones de organización material de las de escrutinio y vigilancia. Esta división buscaba asegurar imparcialidad frente al poder Ejecutivo. Posteriormente, tras la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, el Decreto 399 de 1957 dispuso que la Corte Suprema de Justicia nombrara algunos delegados a la Corte Electoral, asegurando la paridad entre liberales y conservadores y consolidando un modelo de mediación judicial que se profundizó con la Ley 23 de 1979, al establecer que sus miembros serían elegidos directamente por la Corte Suprema conforme a los resultados electorales de las últimas elecciones parlamentarias.

Antes de 1991, el sistema pasó de ser un modelo encabezado por el Gobierno a otro controlado por los partidos políticos. Sin embargo, el filtro judicial en la designación de los miembros del órgano electoral se mantuvo entre 1948 y la década de los ochenta, lo que proporcionaba un elemento moderador frente a la influencia partidista. La Constitución de 1991 preservó inicialmente esa lógica de mediación judicial, trasladando la facultad nominadora de la Corte Suprema al Consejo de Estado. El Acto Legislativo 01 de 2003 eliminó dicha intervención y entregó al Congreso la elección directa de los magistrados del CNE.

Desde 2003, quienes conforman el CNE son elegidos por el mismo Congreso en pleno, pero conservando la postulación partidaria. Como advirtió Juan Fernando Jaramillo, este gran cambio –y el que constituye el problema estructural actual del CNE– radica en que los sujetos controlados pasaron a elegir sus propios controladores. En términos coloquiales, la situación puede ser descrita como “el ratón eligiendo al guardián del queso”. Una reforma constitucional que parecía haber olvidado la memoria institucional del país: una involución.

Los magistrados del CNE son elegidos para un período de cuatro años mediante el “sistema de cifra repartidora”. El resultado de ello es que las magistraturas se distribuyen proporcionalmente según el número de curules que hayan obtenido en el Congreso las distintas colectividades políticas. Sin entrar en mayores cálculos matemáticos, este cambio en la forma de designación deslegitima el rol del CNE como órgano autónomo e independiente por al menos tres razones.

Primera, la dependencia de los magistrados a las bancadas legislativas. Varias funciones del CNE guardan relación con la actividad interna de los partidos y movimientos políticos. La distribución de los aportes para las campañas electorales o el reconocimiento o revocación de la personería jurídica de estas organizaciones son algunos ejemplos. Este “vicio de origen”, que sustituyó la mediación judicial por una elección eminentemente política, facilita que las colectividades se repartan las nueve plazas disponibles y que quienes integran el CNE adquieran compromisos con las organizaciones que respaldaron su postulación y elección. No se puede hablar de autonomía e independencia cuando las decisiones de este órgano pueden estar motivadas por lealtades políticas.

Segunda, la injerencia política y partidista al CNE puede deslegitimar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. No es casual que diversos sectores cuestionen hoy que el órgano adopte decisiones percibidas como partidistas antes que objetivas y neutrales. El sistema de cifra repartidora puede llevar a que los partidos mayoritarios se repartan las magistraturas como un botín o cuota partidista. Esta composición hace que el CNE funcione más como un posible escenario de concertación de tendencias políticas que como una autoridad técnica neutral. Al ser un reflejo de las fuerzas del Congreso, se corre el riesgo de que las decisiones no se basen en el derecho, sino en la lealtad al partido.

Tercera, la posibilidad de reelección puede supeditar a los magistrados a los intereses de los políticos de turno. Si bien la Constitución permite una sola reelección, esta opción puede llevar a que quienes integran el CNE ajusten su comportamiento a las fuerzas políticas que, en cada momento, tengan la capacidad de asegurar su permanencia en el cargo. No se trata necesariamente de lealtades fijas hacia las mayorías que los eligieron inicialmente, pues estas pueden variar, sino del riesgo de que el magistrado, consciente de la necesidad de obtener nuevamente el respaldo del Congreso, module sus decisiones con miras a no afectar a quienes podrían incidir en su continuidad. En un órgano plenamente técnico y despolitizado, la reelección podría ser deseable por la experiencia acumulada y la curva de aprendizaje institucional. Sin embargo, en el escenario actual, esa posibilidad tiende a reforzar la dependencia política de quienes deberían ejercer control sobre los propios partidos.

Mientras el CNE conserve este diseño de origen, su legitimidad, imparcialidad y autonomía seguirán en entredicho. En cuanto a las soluciones, la Misión de Observación Electoral ha propuesto una reestructuración en la que los magistrados sean elegidos por las altas cortes, a partir de ternas conformadas por ellas mismas y de manera escalonada, evitando que quien postula sea quien elige. También sugiere ampliar el período a ocho años y prohibir la reelección. Pedro Vanegas plantea la creación de una jurisdicción electoral y de un tribunal supremo electoral, orientados hacia una mayor judicialización. Juan Fernando Jaramillo, por su parte, propone suprimir el CNE, trasladando sus funciones administrativas a la Registraduría y las jurisdiccionales a un órgano judicial especializado.

Una reforma al artículo 264 de la Constitución sería un primer paso para corregir el principal problema: el nombramiento político. Bastaría con restablecer un modelo de designación judicial tanto en la postulación como en la elección, similar al que existía antes de 2003. Si algo enseña esta discusión es que los órganos electorales, precisamente porque no pertenecen a ninguna de las tres ramas tradicionales del poder, deben mantenerse a una distancia real de las intervenciones políticas. Experiencias como las de Uruguay, Costa Rica o Brasil demuestran que es deseable y posible contar con autoridades electorales autónomas e independientes.

Los momentos de crisis de una institución pueden constituir oportunidades para repensar diseños que fortalezcan el cumplimiento de sus funciones. En el caso colombiano, no debe olvidarse la trayectoria compleja del país en la búsqueda de elecciones confiables que garanticen la paz política y en la consolidación de la apertura democrática.

El proyecto constitucional de 1991 fortaleció la democracia y los derechos políticos; corresponde ahora saldar la deuda institucional pendiente y mejorar uno de los órganos más llamados a hacerlos efectivos.

Surquillo (Lima, Perú) está de moda y todo indica que no dejará de estarlo. Así lo aseguran quienes trabajan en este distrito limeño, que en los últimos años ha despegado de la mano de su gastronomía. Nuevos restaurantes lo sitúan ahora como el lugar en el que abrir experiencias culinarias innovadoras y menús degustación, pero lo que realmente lo distingue es que estas apuestas contemporáneas conviven con los menús del día de siempre, las carretillas de comida callejera y los mercados icónicos que desde hace décadas marcan sus calles. Ese contraste es lo que ha generado que los turistas que llegan a Lima atraídos por una de las mejores gastronomías del mundo sumen Surquillo a su lista de sitios imprescindibles para visitar (y probar).

Ubicado en el corazón de la ciudad, al lado de Miraflores —el distrito por excelencia de los turistas—, está atravesado por grandes avenidas que lo conectan con casi cualquier punto de Lima, por lo que su ubicación se considera privilegiada. Desde el parque Kennedy, en Miraflores, una zona repleta de hostales y hoteles, solo se necesitan unos 15 minutos para llegar andando a Surquillo. Y aunque por mucho tiempo fue considerado un distrito de paso, con zonas desordenadas y puntos picantes de inseguridad, esta ubicación ha sido la clave para que restaurantes de alta cocina decidan darle una oportunidad y un nuevo aire al lugar.

Hace una o dos décadas, quienes llegaban a Lima no tenían en mente pasar por aquí. En algunos casos, algún viajero amante de la comida y los mercados pasaba por el mercado Número Uno o el Número Dos para conocer las frutas nativas del país o comer ceviche en sus alrededores. Para los locales, por otro lado, ir a Surquillo significaba ir a comer bien: los clásicos huariques, restaurantes pequeños o familiares con buena comida a buen precio, siempre llamaban la atención de los peruanos.

“Surquillo no es una novedad gastronómica, porque siempre lo ha sido, pero en los últimos años pasaron muchas cosas”, explica Nora Sugobono, periodista gastronómica desde hace casi 20 años. Entre ellas, cuenta, la apertura del restaurante La Picantería, del chef Héctor Solís, en 2012. “Solís apuesta por Surquillo con un formato gastro cool, moderno, que enlaza la tradición con una experiencia interesante, con un tique promedio elevado para la zona”, relata Sugobono. “Reconfiguró cómo los clientes limeños veían Surquillo”, asegura.

Elegir el pescado por tipo y peso

La Picantería queda en una casona remodelada en una esquina entre las calles de González Prada y de Santa Rosa —dos calles que se han vuelto el punto caliente de la gastronomía del distrito—. La palabra picantería significa una casa donde se hace buena comida tradicional y donde atienden las mismas familias. El restaurante nació, justamente, para homenajear a “estos primeros restaurantes del Perú”, según el propio Solís (Chiclayo, 54 años). Sirve comida de toda la costa peruana, específicamente comida marina. La diferencia está en que el cliente no solo pide un plato de la carta, sino que elige un pescado entero —por su tipo y peso— y la preparación que desea: ceviche, sudado, a la parrilla, tiradito, sopa…

Al entrar, uno encuentra una pared de hielo con pescados incrustados, cada uno con su respectivo nombre y peso. Todo es la pesca del día que llega al restaurante. Solís abrió La Picantería en un Surquillo muy distinto al de ahora, pero lo que le cautivó fue la esencia. “Es el barrio que ya no hay en otros distritos: donde los niños todavía juegan a pelota en la calle, las señoras están con una silla en la puerta viendo la vida pasar, algunos señores se ponen en una esquina con una cervecita”, cuenta.

En el último año, el establecimiento ha recuperado su impulso prepandemia y ha vuelto a llenarse de comensales extranjeros, pero no es el único. Perú —y sobre todo Lima— se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más atractivos del mundo por el reconocimiento a su cocina y a los chefs que destacan en las listas internacionales, como The World’s 50 Best Restaurants. Central y Maido han llegado a ser los números uno y establecimientos como Kjolle, Mayta o Mérito también aparecen en la lista —La Picantería quedó entre los mejores de América Latina—. Además, el reconocimiento no se ha limitado solo a los locales distinguidos —que en su mayoría se concentran entre los distritos de Miraflores y Barranco—, sino que ha puesto el foco en toda la escena gastronómica del país.

Menú degustación entre talleres

En Piedra entran un máximo de 40 personas. Abrió hace tres años entre talleres de mecánica, y lejos de la zona donde se encuentran la mayoría de los restaurantes en Surquillo. Aquí se come pescado y marisco en un menú degustación de ocho pases que cambia a diario, dependiendo de los productos frescos que llegan. Sebastián Vega (Lima, 36 años), chef y dueño del negocio, reconoce que competir con los restaurantes galardonados es complejo: “Yo trato de ser el premio de consuelo de quienes llegan a Lima y no pueden conseguir una reserva en Maido, que está lleno de turistas”, reconoce. Aun así, este premio de consolación le sale bien, y asegura que con su propuesta la gente conoce otro lado de la comida limeña y queda contenta. “Tenemos que aprovechar eso, es la forma de entrar al turismo”, confía.

Para Vega, Surquillo tiene una “magia distinta para la gastronomía” porque no es uno de los distritos top de Lima. “En una misma cuadra puedes comer un ceviche de carretilla por 10 soles [2,50 euros] y, a la vez, vivir una experiencia culinaria de 250 soles [62 euros] en un restaurante”, señala. Sin embargo, para entender por qué cada vez se abren más locales de este tipo no basta con apelar al romanticismo del distrito, sino a la estrategia: una ubicación privilegiada, precios de alquiler más bajos que en otros distritos y el empuje de la ola gastronómica.

En busca de los clásicos

Quien pasee por la calle de Santa Rosa lo hará entre diversos tipos de restaurantes y terrazas. Ahí también se encuentra una nueva apertura que ha dado mucho que hablar: Testeo, del chef Carlos Testino, donde se encuentra una cocina de autor, sobre todo marina. Y a tan solo tres cuadras, una nueva barra nikkei llamada Ototo, del chef Marco Palma. Pero los nuevos restaurantes no son la excepción, los de toda la vida son ahora también buscados por los turistas, como los clásicos surquillanos S’concha Barriada Cevichera o la Chicharronería Rodri, en esa misma manzana.

De hecho, las agencias de turismo han visto esta oportunidad y ahora brindan tours gastronómicos por Surquillo, una experiencia más local. En estos recorridos visitan los mercados, comen el clásico pan con chicharrón, prueban frutas peruanas como la lúcuma, comen ceviche, prueban los menús del día y toman un buen chilcano, una bebida a base de pisco.

“Ven la autenticidad de qué come el peruano. Sin ir muy lejos pueden tener una gran experiencia”, defiende César Vásquez, surquillano de toda la vida y cofundador de la agencia Travel Buddies. El walking tour gastronómico entre Miraflores y Surquillo es el más vendido. Sin embargo, este recorrido ha tenido que promocionarse con cautela, ya que durante mucho tiempo el nombre de Surquillo estuvo asociado a una zona insegura y desordenada, a la que muchos extranjeros preferían no llegar, según explica Vásquez. “Ahora se ven turistas solos caminando, eso hace 10 años era impensable”, dice.

Surquillo tiene un carácter popular y diverso, donde conviven familias de varias generaciones, comerciantes, talleres, restaurantes de todo tipo y un crecimiento urbano acentuado. Aquí hay comida para todos los gustos y bolsillos. Pero todavía quedan retos. La gastronomía ha sido una manera de poner en valor “un distrito olvidado”, dice Vásquez, pero la gentrificación también tiene sus contras. “Empiezan a subir precios, se le compra barato la casa a una viejita y luego se saca provecho”, lamenta.

La Municipalidad de Surquillo también está involucrada en esta apuesta por un distrito gastronómico y turístico. Desde gestiones pasadas hasta la actual, el municipio ha estado en constante conversación con los restaurantes con la idea de crear una gran manzana culinaria, según explica Patricia Talavera, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad, y están en contacto con las entidades públicas vinculadas al turismo para seguir posicionando a Surquillo como un nuevo destino.

Los turistas que lo escogen pueden elegir entre la variedad de restaurantes por la calle de Santa Rosa y sentarse en alguna terraza a tomar un pisco sour. Pueden pasar por los mercados clásicos y sentir esa vida cálida callejera característica del distrito. En Surquillo se encuentra de todo, una Lima más real, un buen plato de comida a buen precio, un ceviche bien servido, una cerveza helada y las experiencias más innovadoras de la cocina peruana. Claro que hay otros lugares en Lima que también lo tienen, pero, como dice Sugobono, para el turista, “por la ubicación y variedad de formatos, Surquillo se lleva el primer puesto”.

Con sus 80 años, 11 de ellos como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva es uno de los líderes democráticos más experimentados del mundo. En una entrevista con EL PAÍS, el líder sindical elegido tres veces para encabezar el mayor país de América Latina puso voz al asombro de muchos ciudadanos por la actual situación geopolítica: “Es como si el mundo fuera un navío a la deriva, sin ninguna institución que oriente el comportamiento civilizatorio de las naciones”.

Tras su regreso al poder, en 2023, y a pesar de una posición menos favorable en el Legislativo —con mayoría conservadora— Lula ha conseguido revertir algunos de los recortes en derechos y ayudas impuestos durante el Gobierno ultra de Jair Bolsonaro. Para el presidente brasileño, la lucha para que los más desfavorecidos vean políticas que les benefician es la piedra angular de su política y clave para el funcionamiento de la democracia, que “no solo es recibir los votos el día de las elecciones”.

El regreso de Lula al poder estuvo marcado por el intento de golpe de Estado perpetrado por una turba bolsonarista contra los principales poderes de Brasil ocho días después de su toma de posesión. El Tribunal Supremo ha declarado probado que Bolsonaro fue el organizador del asalto. La respuesta política y judicial al intento de golpe y la subsiguiente condena de prisión contra Bolsonaro y los altos cargos castrenses que le respaldaron es una señal de la fortaleza institucional brasileña frente a la tibieza de otros países teóricamente más desarrollados.

Durante la campaña y durante su tercer Gobierno, Lula ha insistido en regresar a las recetas que tuvieron éxito dos décadas antes, como la política exterior, con su apuesta decidida por el multilateralismo y el desarrollo de bloques alternativos de poder global. Y aunque esta postura resulta a veces chocante —como, por ejemplo, en su relación con Vladímir Putin— los movimientos de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump al poder han reforzado esta posición. “Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país”, afirma. “Es fundamental que los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz”.

Trump ha puesto varias veces en su punto de mira a Brasil y a su presidente, sea porque considera a Bolsonaro un compañero de armas, sea por la lucha del Tribunal Supremo brasileño (agresivamente contestada por Washington) por ordenar las redes sociales. “Mi responsabilidad es procurar que al pueblo brasileño le llegue la información correcta, para que el día que tenga que decidir, no lo haga con noticias falsas”, afirma. Esta es una preocupación que comparten las democracias pero no todas están dando pasos para actuar sobre el problema. Igualmente, Lula se ha erigido en referencia a la hora de tratar con la Casa Blanca, el principal agente del caos en la geopolítica actual: firmeza, paciencia y diplomacia. “Le dije [a Trump] que era importante definir qué tipo de líder uno quiere ser. Yo prefiero ser un líder respetado, no temido. Nadie tiene derecho a dar miedo”.

Lula se prepara para ser candidato a las presidenciales de octubre para un último mandato de cuatro años. Aunque aseguró en la entrevista que su salud es excelente, su sucesión al frente del Partido de los Trabajadores (que él fundó) y de la izquierda brasileña están todavía en el aire. Apuntalar el futuro garantizaría la tranquilidad de sus compañeros de partido y la de todos los brasileños. Su legado, extraordinario ocurra lo que ocurra, se lo merece.