El Gobierno de José Antonio Kast ha pedido la renuncia este martes al Secretario Regional Ministerial de Salud (Seremi) de La Araucanía, el médico José Bravo Burgos, tras los dichos que emitió en el contexto del trágico incendio en el que murieron 16 personas el pasado sábado en una la residencia El Edén para adultos mayores.
El Edén no contaba con autorización para operar, además tenía a lo menos dos sumarios abiertos, uno de ellos sanitario, lo que generó que se inicien fiscalizaciones a otros hogares. Fue en ese contexto que, en punto de prensa, al abordar eventuales cierres de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), Bravo hizo una analogía que le costó la salida de su puesto. “Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes donde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”, señaló.
A través de un comunicado público, el ministerio de Salud, que lidera May Chomali, junto con informar que pidió la renuncia a Bravo, dijo sus declaraciones carecen de “la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad”. Y agregó que, como cartera, reafirma el compromiso con “el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar”.
La tragedia impactó a Chile, y la alcalesa de Putrifquén, Jacqueline Romero, decretó tres días de duelo por las víctimas. La autoridad comunal pidió este sábado que espeta que la desgracia “sirva de enseñanza” pues “no cualquier lugar se puede habilitar para tener adultos mayores. Tienen que tener las condiciones adecuadas y obviamente que la fiscalización exista”. “Uno ve, no solo con este hecho, cuántos adultos son abandonados, que viven en condiciones precarias y que le traspasan la responsabilidad al municipio y eso no corresponde, cada persona tiene que hacerse cargo y responsable de su entorno familiar”, agregó.
El incendio se inició cerca de las 22:30 horas a la altura del kilómetro 21 de la ruta S-70, en Villa Comuy, una localidad rural de Pitrufquén, en La Araucanía. En El Edén se encontraban 26 residentes que estaban a cargo solo de una cuidadora. Diez de ellos lograron ser evacuados por el Cuerpo de Bomberos y vecinos del sector que se unieron al rescate de las víctimas.
“El fuego trascendió muy rápido y no pudimos sacar a nadie más”, explicó el capitán del Cuerpo de Bomberos de Pitrufquén, Felipe Salazar. La edificación fue completamente consumida por las llamas.
En los primeros seis meses de la Administración de Kast han salido de sus cargos, contando a Bravo, 37 secretarios regionales ministeriales.
El médico de La Araucanía es, además, el cuarto seremi de Salud en abandonar sus funciones, después de Karla Kepec, de Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile; Aldo Ibani, de la de Valparaíso y Jorge Carrillo, de Ñuble.
La presidenta Claudia Sheinbaum cumplirá el 1 de octubre sus primeros dos años al frente del gobierno de México. Es el primer tercio de una administración marcada desde su inicio por presiones externas e internas que en ocasiones tienen puntos de contacto, pero que nos han ido mostrando el perfil de la primera mujer en ocupar el más alto cargo del país.
Pero esta doble circunstancia, la interna y la externa, la comparten la mayoría de los mandatarios del mundo, por supuesto. Así que con el título de este artículo no solo me refiero a Claudia Sheinbaum y sus circunstancias, sino a una característica que hemos ido conociendo con el paso del tiempo: la condición de desdoblarse para atender asuntos internos y externos, que convive con su capacidad de navegar siempre entre dos aguas intentando mantener a flote el barco que capitanea, no siempre con los mejores resultados.
En temas internos, la presidenta intenta imponer su proyecto personal de país al tiempo que cuida no romper con los lineamientos establecidos por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, líder y fundador de su movimiento.
En asuntos externos, emite discursos en los que parece abanderar una fuerte defensa de la soberanía del país, marcando límites a las solicitudes de Donald Trump —principalmente— pero al mismo tiempo alinea sus políticas a los planteamientos de la Casa Blanca. Es una aparente contradicción que ha rendido frutos al evitar confrontaciones innecesarias con su par de Estados Unidos.
Esas son las dos Claudias Sheinbaum, que inevitablemente me hacen recordar el famoso cuadro “Las dos Fridas” de la pintora mexicana Frida Kalho, parte del extraordinario acervo del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Pero esa es otra historia.
La curadora Emma Dexter frente a “Las dos Fridas” en Londres en 2005. – AFP/Getty Images
El relato frente a Trump
Frente a las exigencias de Washington sobre seguridad, migración y comercio, la presidenta Sheinbaum ha diseñado un discurso de nacionalismo: México es soberano, no acata instrucciones de otros países; México rechaza la injerencia extranjera en sus asuntos internos; México colabora, pero bajo el principio del respeto mutuo.
Cada provocación de Trump, que han sido muchas e incontables, recibe una respuesta de Sheinbaum en esos términos. Es el guion preestablecido de la presidenta, que responde así cuando Trump exige más colaboración en materia de combate al narcotráfico principalmente, pero también en temas como migración o comercio.
Ha sido motivo de muchos análisis -que no voy a detallar- el Donald Trump que llegó en a su segundo mandato: un Trump más agresivo, directo y dispuesto a llevar a límite su forma de pensar y actuar. Solo basta ver la forma en que el comercio global se ha reconfigurado con la política nacionalista y arancelaria del mandatario estadounidense.
Del “América para los americanos” de la doctrina Monroe, hemos pasado a la versión renovada con la doctrina “Donroe”, como el propio Trump la ha rebautizado. Por muy obvias razones, este Donald Trump ha tenido un impacto contundente en México: cada movimiento en políticas migratorias, comerciales y de seguridad tiene un impacto gigantesco dentro de México.
Llama la atención la coincidencia de mandatos entre Trump y Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024. Cuatro meses después Trump llegó a la Casa Blanca por segunda ocasión; entonces el presidente estadounidense no llegó como una sorpresa electoral, como sí lo hizo en su primer mandato. Era evidente que Trump estaba dentro de los cálculos más razonables para la nueva administración mexicana y por ello había que diseñar un discurso a la medida.
Además, México, por su historia y geografía, ha tenido que manejar la relación con Estados Unidos de una manera distinta a muchos otros países del continente. Al mismo tiempo, en México gobierna un movimiento de izquierda que, como sucede en casi toda América Latina, ve en Estados Unidos una amenaza constante a la soberanía. Es por eso que México ha requerido marcar líneas muy precisas entre colaboración y respeto, como un mensaje a Washington, que sobre todo debe leerse al interior de México.
La acción
La otra Sheinbaum mantiene una relación directa y amable con el mandatario estadounidense, quien más allá de lanzar frases provocadoras y a veces denostativas contra México, exalta la relación que tiene con la presidenta de México y en general se refiera a ella en buenos términos y con respeto, algo que habría que exaltar, sobre todo cuando el tono de los ataques verbales contra Canadá, su otro socio comercial, ha ido en aumento y derivado en una guerra comercial de “arancel por arancel” como lo planteó el primer ministro canadiense Mark Carney.
Esa Sheinbaum, despojada de discursos, colabora en materia de seguridad como no se había hecho en administraciones anteriores y obtiene resultados concretos. Sí muchos de estos resultados son exigencias de Washington, pero responden a una necesidad binacional de reducir la violencia, golpear a las estructuras criminales en su operación financiera y dominio territorial.
Se han logrado golpes contundentes al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno los más poderosos del mundo, con el abatimiento de su líder, Nemecio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, en un operativo ejecutado por las fuerzas armadas mexicanas pero con la colaboración de la inteligencia estadounidense; se han decomisado grandes laboratorios de drogas sintéticas -cuya existencia se negaba en la anterior administración mexicana, de López Obador-; se ha reducido en un 22 por ciento el número de muertes asociadas al consumo de fentanilo en Estados Unidos, que representa un gran logro.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en la conferencia de prensa de este martes 14 de abril de 2026. – Gobierno de México
Adicionalmente, en acciones que no tienen precedentes en la relación bilateral, México ha accedido a enviar a distintos centros carcelarios de Estados Unidos un total de 92 presuntos criminales que son buscados en ese país, sin necesidad de pasar por ningún procedimiento de extradición o deportación.
Simplemente los ha subido a un avión (han sido tres grandes envíos) y los ha entregado a las autoridades estadounidenses, abriendo un debate dentro de México sobre la legalidad de estas acciones.
El tema migratorio ha sido otro ejemplo de colaboración, en el que México ha cumplido un papel fundamental en la contención de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos los cruces fronterizos han disminuido un 95 por ciento, siendo el nivel más bajo desde hace tres décadas. Por supuesto esto es resultado de la política de detención y deportación en Estados Unidos, pero también se explica por el despliegue de la Guardia Nacional de México en sus fronteras.
Finalmente, en el aspecto comercial, la presidenta Sheinbaum ha evitado la confrontación ante las amenazas arancelarias de Trump, algo muy distinto a lo que ha hecho Canadá. Recordemos que los tres países siguen negociando la extensión del acuerdo trilateral de libre comercio, pero bajo condiciones arancelarias impuestas por Washington.
El resultado de la estrategia de Sheinbaum es evidente: México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, Según el Instituto Nacional de Estadística de México (INEGI), el 84.5 por ciento de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos. El dato se complementa con el reporte de la Oficina del Censo de Estados Unidos que detalla que el 18 por ciento de las importaciones estadounidenses provienen de México, superando a China, Canadá y Vietnam. De ese tamaño la relación entre ambos.
Hace unos días Trump dijo, de manera denostativa, que de México no obtiene gran cosa, porque Estados Unidos solamente importa “tomates” y “tamales”. La realidad muestra otra cosa: a pesar de los aranceles México ha aprovechado el momento y se ha colocado como el mayor exportador de equipos de cómputo, autos, cerveza, alimentos y sí, tomates, aguacates y quizás tamales.
El discurso frente a la “cuarta transformación”
A través de su conferencia diaria, la mandataria Claudia Sheinbaum ha reiterado que su proyecto es de continuidad a los principios establecidos por el líder y fundador del movimiento de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la conferencia matutina es una muestra de esa continuidad: más que una estrategia de comunicación es un ejercicio de gobierno en tiempo real. A esta continuidad la presidenta la denominó como “el segundo piso de la cuarta transformación”.
La otra Claudia
A pesar de insistir en el discurso de unidad, hay temas en los que se evidencia una separación a algunos de los principales postulados de su antecesor, tanto que algunos integrantes de los grupos de la izquierda más radical hablan de traición.
Cuando a Sheinbaum se le cuestiona sobre un posible rompimiento con el pasado que le dio origen, ella lo niega rotundamente. Sin embargo, al mismo tiempo es evidente que “la otra Claudia” ha impulsado cambios importantes.
Frente a los compromisos económicos derivados de los programas sociales (becas universales para jóvenes, apoyo a adultos mayores, entre otros) que le dejaron un presupuesto muy ajustado, esa Claudia ha tenido que considerar temas que eran prohibidos en la administración pasada, como proponer aumentar la producción petrolera por medio de la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, a la que se oponen muchos sectores de la izquierda mexicana que conforman la Cuarta Transformación.
También abrió la posibilidad de establecer contratos mixtos en energía, entre capitales privados y las empresas paraestatales, una línea que no se cruzaba en la administración anterior, que mantenía el concepto de “soberanía energética” por encima de cualquier rédito económico.
Pero quizás el cambio más grande es el de la estrategia de seguridad: un viraje de 180 grados que pasó de famoso “abrazos no balazos” de López Obrador -que llevó al país a un número de homicidios sin precedente- a una estrategia basada en labores de inteligencia y acción para frenar la ola criminal. En su informe de labores por su segundo año de mandato, Sheinbaum ha presumido una reducción de homicidios de 53 por ciento.
Más allá de estos cambios de rumbo necesarios, la verdadera distancia con el lopezobradorismo se ha dado más en el terreno político, por el control del movimiento. Es innegable que López Obrador mantiene un liderazgo dentro de los sectores más “duros” de la izquierda, y que tiene un peso específico en el partido Morena, a través de varios liderazgos más identificados con él que con los grupos afines a la presidenta. Y llega un momento en que la situación puede ser insostenible, sobre todo cuando se definen puestos de elección en comicios como el que viene en 2027, en donde en más de la mitad de los 32 Estados del país se renovarán gobernaturas, congresos locales y la Cámara de Diputados federal en su totalidad. Morena, el partido de la presidenta, pretende mantener la mayoría que ostenta, pero ya ha sucedido que esa mayoría no acompaña a la presidenta en sus decisiones.
Con movimientos sutiles, pero efectivos, poco a poco Sheinbaum ha logrado ir transformando la estructura del partido con cambios estratégicos en la dirigencia nacional y en otros puestos importantes de coordinación territorial y electoral.
Además, se produjo el retiro de la secretaría de organización del partido que ocupaba Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario, quien se sabe era su operador político dentro del partido. López Beltrán, conocido como Andy, optó por una candidatura local en el estado de Tabaco, cuna del movimiento que encabezó su padre.
Por cierto, pocos meses después de que López Beltrán dejara el cargo en Morena, el mismo difundió la información sobre el retiro de su visa de Estados Unidos, por medio de una carta dirigida en fuertes términos al presidente Donald Trump, que hasta hoy no tiene respuesta.
Sheinbaum ha podido colocar sus piezas en el tablero de ajedrez que representa Morena, para asegurar la viabilidad de su proyecto en el segundo tramo de su administración, y más allá, la posibilidad de influir en el rumbo de la sucesión presidencial. ¿Es demasiado pronto para eso? Sin duda, pero no hay tiempo que perder.
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El Gobierno de Estados Unidos desviará ayuda militar, valorada en 52 millones de dólares y destinada originalmente a Europa y Oriente Medio, hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, cuyos gobiernos están alineados con la Administración de Donald Trump, según anunció un representante del Departamento de Estado.
El funcionario afirmó que el Departamento de Estado notificó este martes (15.09.2026) al Congreso su intención de redirigir estos fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que habían sido destinados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.
La notificación se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, regresara de una gira que la semana pasada lo llevó por tres de los cuatro países a los que Washington va a transferir estas partidas, concretamente a Colombia, Ecuador y Perú.
El Departamento de Estado considera que los fondos utilizados en las Américas servirán para combatir el “narcoterrorismo” en la “zona de influencia” de Washington y ayudarán a garantizar la seguridad del Canal de Panamá, y recuerda también que durante la última década el Congreso ha destinado o asignado “cerca del 80 % del FMF” a Oriente Medio.
Alianza de las Américas, el paraguas bajo el cual el Gobierno Trump quiere combatir el crimen organizado en Latinoamérica y que, en principio, incluye la potencial ejecución de operaciones militares conjuntas en los territorios de estos países.No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
Quino no volvió a ser el mismo perro rescatista que aterrizó en Valencia como un héroe tras participar en las labores de búsqueda del terremoto de Venezuela. A las pocas horas de pisar suelo español, el labrador que había rastreado los escombros de La Guaira empezó a sangrar por la nariz. Dos meses después, sin que los veterinarios lograran determinar el origen de su enfermedad, ha muerto. Tenía 5 años.
Pancho Gerber, bombero de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE), con sede en Algemesí (Valencia), lo recogió de la calle cuando tenía apenas tres meses y lo entrenó desde cachorro. Su especialidad era identificar el olor de una persona con vida, diferenciándolo del de personas fallecidas y animales, y ladrar para alertar a los rescatadores.
Quino participó en las labores de rescate tras los terremotos de Turquía de 2023 y, según recoge la propia ONG, también intervino en operaciones en Brasil, Marruecos y la Comunidad Valenciana, además de su misión más reciente en Venezuela.
El terremoto de Venezuela y la vuelta a casa
El 24 de junio, un terremoto sacudió la costa venezolana y provocó el derrumbe de edificios en La Guaira. Quino viajó hasta allí junto a Gerber y al resto del equipo de IAE, del que también formaban parte los perros Otto y Ron, y trabajó durante una semana entre los escombros buscando supervivientes.
El equipo regresó condecorado a España y Quino viajó de vuelta “en cabina, con asiento y aire acondicionado”, según contó su guía. Sin embargo, 48 horas después de regresar, empezó a sufrir sangrados nasales persistentes.
Desde el 7 de julio, Quino pasó por distintas clínicas veterinarias de Valencia, entre ellas las del CEU y la Universidad Católica. Oftalmólogos, internistas y cirujanos estudiaron su caso, mientras los análisis de sangre, las ecografías y los TAC no permitían determinar el origen del problema. Recibió transfusiones y tratamiento con corticoides para intentar frenar el sangrado, pero los especialistas no lograron identificar la causa.
El caso se hizo viral y veterinarios y particulares se ofrecieron a ayudar a costear el tratamiento. Las donaciones terminaron cubriendo por completo los gastos médicos. En los últimos días se le había diagnosticado leishmaniosis, que complicó su función renal, aunque los especialistas no pudieron atribuir únicamente a esta enfermedad todo el cuadro clínico.
Finalmente, Quino sufrió un nuevo fallo multiorgánico. El hígado y los riñones dejaron de responder y el daño renal resultó irreversible.
Quino, en una foto de archivo – Instagram @ong_iae
El adiós de la ONG IAE
IAE confirmó este lunes la muerte de Quino con un breve comunicado: “Lamentamos comunicar que Quino ya descansa”. La organización agradeció el trabajo de Gerber y del equipo veterinario que lo atendió y, en otro mensaje, se despidió directamente del animal: “Gracias por todo, compañero”.
Otto y Ron, los otros dos perros que viajaron a Venezuela, regresaron sanos y continúan activos en el equipo. España cuenta con distintas unidades caninas de rescate que han participado en operaciones internacionales, como las desplegadas tras los terremotos de Turquía de 2023.
Los representantes de la oposición venezolana que, respaldados por Washington, dialogan con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, llegaron a Caracas la noche del domingo para el segundo ciclo de conversaciones que estaba previsto iniciarse hoy, algo que finalmente no ocurrió, emplazándose la cita al jueves. En la agenda, según dijeron sus voceros, estaban las garantías políticas y civiles, la libertad de expresión y las inhabilitaciones de dirigentes.
Según Ramón López, uno de los negociadores de la oposición, esta segunda ronda tratará sobre las normas y las decisiones que han restringido la participación política. Entre ellas, figuran la Ley contra el Odio, la legislación que regula a las ONG, así como las inhabilitaciones que impiden a cientos de particulares presentarse a elecciones. También se plantea revisar el estatus de partidos políticos opositores intervenidos judicialmente.
Su colega, Juan Miguel Matheus, ha dicho a LA RAZÓN que se trata también de sentar las bases de garantías civiles y políticas que le aplicarían a todos, incluso al chavismo para cuando deban dejar finalmente el poder.
Ese punto pone sobre la mesa el caso de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, que insiste en que la transición no puede aplazarse y reclama un calendario con una fecha concreta para celebrar elecciones libres. Su eventual regreso a Venezuela, donde sigue inhabilitada políticamente, permanece como uno de los asuntos más sensibles.
Otro de los asuntos pendientes es la libertad de expresión. La delegación opositora ha sostenido múltiples reuniones con el gremio periodístico y con representantes de medios de comunicación que coinciden en las mismas denuncias: hay más de 100 portales informativos bloqueados en el país, al menos 7 periodistas con procesos judiciales abiertos, una restricción que se mantiene al ejercicio de la prensa, y persecución a comunicadores considerados incómodos para el gobierno.
Lentitud tras primeros acuerdos
La nueva ronda llega después de que el primer ciclo, celebrado entre el 6 y el 12 de agosto, terminó con dos acuerdos principales: renovar completamente el TSJ y promover la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra.
El avance judicial, sin embargo, ha sido más lento de lo esperado. El Parlamento de mayoría chavista aprobó el 1 de septiembre una reforma de la Ley Orgánica del TSJ para elevar de 21 a 23 los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, pero el Ejecutivo no ha dado el ejecútese para que comience el procedimiento.
El nuevo comité estaría compuesto por once diputados y doce representantes de la sociedad civil, y seleccionará a los 32 magistrados del máximo tribunal, bajo la supervisión de un comité independiente también nombrado por la mesa de diálogo.
“Las bases para lograr una democracia plena pasan por construir las condiciones para que en Venezuela, lo más pronto posible, haya elecciones”, explicó Jorge Millán, integrante de la delegación opositora. Pero aún la discusión no entra en lo electoral. La renovación del Consejo Nacional Electoral será el último punto en las conversaciones que, en principio, se ha dicho que durarán hasta diciembre.
Por su parte, este martes Reino Unido anunció que elevará el nivel de sus relaciones diplomáticas y nombrará un embajador en Caracas, lo cual es paso fundamental para el acceso del gobierno interino a las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Londres vinculó su decisión con su intención de apoyar una transición democrática, la recuperación económica y la reconstrucción tras los terremotos.
Washington, impulsor del actual proceso, también ha vinculado la futura convocatoria electoral con una reforma previa de las instituciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el 8 de septiembre que Venezuela necesita antes un nuevo Supremo, un nuevo organismo electoral, partidos políticos con garantías y una prensa “libre y abierta”. Según Rubio, la mesa ha “progresado bastante”, aunque todavía debe continuar avanzando.
Alex Saab se declara culpable
Mientras en Caracas vuelven a la mesa los políticos, en Estados Unidos, el más cercano aliado de Nicolás Maduro se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami de un cargo de lavado de dinero relacionado con una trama de corrupción vinculada a contratos públicos venezolanos.
Saab, señalado de ser “testaferro” del depuesto Maduro de quien fue su ministro de Comercio Exterior, fue detenido en febrero en Caracas y deportado a Estados Unidos por el interinato de Delcy Rodríguez, una vez le fue retirada la nacionalidad que le habían otorgado.
Ahora Saab ha aceptado cooperar con las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares considerados ganancias ilícitas. La cooperación podría incluir información contra cuatro coacusados todavía no identificados públicamente y permitirá a los fiscales interrogar al empresario sobre sociedades, cuentas bancarias, intermediarios, destinatarios de fondos y circuitos financieros relacionados con sus negocios en Venezuela.
A cambio de la declaración de culpabilidad, la Fiscalía aceptó recomendar una pena situada en la parte inferior del rango aplicable de hasta 20 años. Inicialmente, Saab había negado los cargos cuando fue ordenado su juicio para noviembre.
La Fiscalía sostuvo que Saab y su socio Álvaro Pulido –todavía detenido en Caracas– participaron en operaciones que involucraron unos 350 millones de dólares que salieron de Venezuela, pasaron por el sistema financiero estadounidense y terminaron en cuentas extranjeras.
Según los investigadores, Saab creó empresas ficticias para pagar sobornos a funcionarios, movió fondos procedentes de contratos para importar alimentos desde Colombia y México, y también tuvo acceso a recursos vinculados con ventas petroleras de la estatal Pdvsa.
El empresario de 54 años tiene largo historial judicial. Fue acusado en Estados Unidos en 2019 y arrestado al año siguiente durante una escala para repostar en Cabo Verde cuando viajaba desde Caracas hacia Irán. El gobierno de Maduro aseguró entonces que realizaba una misión oficial y convirtió su encarcelamiento en una causa política.
Caracas llegó a presentarlo como un diplomático venezolano víctima de un “secuestro” estadounidense. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, participó en la campaña internacional para conseguir su liberación. En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden indultó a Saab dentro de un intercambio por estadounidenses presos en Venezuela.
Tras la captura militar de Maduro el 3 de enero, Rodríguez asumió el Gobierno interino, apartó a Saab del gabinete y meses después autorizó su deportación.
Las fuerzas del Gobierno yemení, reconocido internacionalmente, intensificaron este martes sus operaciones contra los rebeldes hutíes en varios frentes, con ataques contra sus posiciones y concentraciones de tropas en las gobernaciones de Marib (centro-norte) y Taiz (suroeste), además de continuar los ataques en la costa occidental.
En la gobernación de Marib, rica en petróleo, los ataques aéreos alcanzaron concentraciones y cuarteles hutíes al noroeste de la ciudad homónima, mientras que otras incursiones se dirigieron a lo que fuentes locales describieron como “importantes refuerzos militares” en el distrito de Al Juba, en el sur de la provincia, informa EFE.
En Taiz, fuentes locales reportaron ataques aéreos contra posiciones y refuerzos hutíes en el frente de Al Ahkum, al sur, y aseguraron que aviones de combate también atacaron refuerzos militares de los rebeldes en el distrito de Haifan, más al sur, y en Al Janad, al este.
Asimismo, el Ejército yemení también afirmó que su fuerza aérea llevó a cabo ataques contra posiciones y líneas de suministro hutíes en Moca y Dhubab, en la costa yemení del mar Rojo, localidades tomadas por los rebeldes la semana pasada.
El portavoz del Ejército yemení, Majed al Nazili, comunicó a través de la red social X que los ataques tuvieron como objetivo suministros y emplazamientos hutíes, y difundió imágenes aéreas que mostraban ataques contra vehículos en una carretera principal que conecta Moca con Taiz.
Por su parte, los rebeldes denunciaron que “el régimen saudí ha continuado sus agresivos ataques aéreos contra Yemen, lanzando más de 350 incursiones en apenas unos días”, indicó en un comunicado el jefe negociador y portavoz hutí, Mohamed Abdulsalam.
Aseguró que estos ataques “han impactado propiedades públicas y privadas, causando víctimas civiles, tanto mortales como heridas”, sin detallar cifras.
El portavoz dijo que “Arabia Saudí persiste en su política de chantaje e intimidación mundial, alegando supuestas amenazas a la navegación internacional en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb”, intentando “arrastrar a actores internacionales”.
Arabia Saudí interviene en Yemen desde marzo de 2015 al frente de una coalición con el objetivo de frenar el avance de los rebeldes hutíes y respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.
Estados Unidos aportará 20 millones de dólares (17,3 millones de euros) en apoyo financiero para la construcción en Finlandia de una fábrica de explosivo TNT que servirá para abastecer al país nórdico, a la OTAN y, de forma indirecta, a Ucrania, informó este martes el Ministerio de Defensa finlandés.
“Decidimos construir la planta de producción de TNT para satisfacer las necesidades críticas de Finlandia y de la OTAN. Fortalecer nuestra base industrial de defensa contribuye a nuestra defensa general y genera empleo y prosperidad”, señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, informa EFE.
“El apoyo financiero de Estados Unidos a este proyecto es una demostración más de la profunda cooperación en materia de defensa entre nuestros países”, añadió Häkkänen.
Según el ministro, Finlandia, país que ingresó en la OTAN en 2023, ha mantenido también conversaciones con otras naciones aliadas sobre su posible participación en este proyecto, ante el aumento de la demanda de explosivos a raíz de la guerra de Ucrania.
El Ministerio de Defensa finlandés señaló que la nueva fábrica producirá TNT para satisfacer las necesidades de Finlandia y de la OTAN, y permitirá “brindar apoyo a largo plazo a Ucrania”.
El TNT (trinitrotolueno) es uno de los explosivos más utilizados en la industria del armamento para fabricar proyectiles de artillería, bombas y granadas, ya que es barato de producir, seguro de manipular (requiere un detonador para estallar) y fácil de fundir antes del rellenado de los proyectiles.
La nueva fábrica, cuya construcción comenzó oficialmente este martes en la ciudad de Pori (costa oeste de Finlandia), estará operada por Forcit Oy, una compañía finlandesa de explosivos para uso civil y militar fundada en 1893.
Tegucigalpa, 15 sep (EFE).- Miles de estudiantes hondureños de secundaria desfilaron por el 205 aniversario de la independencia, con actos centrales en Tegucigalpa encabezados por el presidente Nasry Asfura, quien llamó a defender la soberanía, mientras militantes del opositor partido Libre protestaron y denunciaron corrupción en un país marcado por pobreza, violencia y sequía ligada a El Niño
Honduras, y sus vecinos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, se independizaron de España el 15 de septiembre de 1821.
Estudiantes de secundaria de todo Honduras han desfilado con sus bandas musicales, con mayor participación en Tegucigalpa, donde fueron saludados por Asfura, quien encabezó una ceremonia en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera acompañado de familiares, funcionarios de los tres poderes del Estado, altos oficiales militares y diplomáticos, entre otros invitados.
Asfura recordó la diversidad cultural y étnica de Honduras, y dijo que entre todos deben hacerla “próspera y grande, una nación con libertad, soberana, e independiente”.
“La soberanía no solamente se proclama, se defiende, se respeta y se honra todo lo días, no solo el 15 de septiembre. Se honra cuidando nuestra tierra, respetando nuestros símbolos, protegiendo nuestra cultura, trabajando para que cada hondureño pueda vivir con dignidad”, subrayó el mandatario.
Seis horas antes de su mensaje en el Estadio Nacional, Asfura dijo en otro evento cívico que “la verdadera independencia la tenemos que lograr trabajando” y que “hace 205 años nació una esperanza, la de los pueblos libres con democracia, capaces de decidir por su propio destino y con una capacidad de juntos construir un futuro con dignidad, con esfuerzo”.
Mientras se desarrollaban los actos en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, centenares de militantes del exgobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) protestaban contra el régimen de Asfura en una marcha que finalizó en la Plaza Central de la capital, frente a una estatua del prócer Francisco Morazán.
Entre los manifestantes de Libre figuró la excandidata presidencial Rixi Moncada, quien perdió las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Moncada dijo a periodistas que hoy no hay “nada que celebrar”, acusó a la actual administración de corrupta y narcotraficante y advirtió que el ahora gobernante Partido Nacional será sacado del poder en los comicios generales de 2029.
Señaló además de Asfura y su administración fueron impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a pocas horas de las elecciones del 20 de noviembre le pidió a los hondureños que votaran por el actual presidente de Honduras.
El país centroamericano recuerda los 205 años de su independencia con una población de diez millones de habitantes, de los que más del 60 por ciento viven en condiciones de pobreza; altos niveles de desempleo, corrupción, violencia, narcotráfico y deficientes sistemas de salud y educación, entre otros problemas.
Además, Honduras sufre los efectos de una prolongada sequía en varias regiones a causa del fenómeno El Niño, lo que ha provocado severo daños a la agricultura y ganadería, entre otros sectores.
A finales de septiembre de 2026, entra en vigor en México la controversial regulación sobre derechos de audiencias, que fue tildada por sus críticos como “ley censura”. Después de algunos vaivenes, quedó una versión final que, según expertos consultados por DW deja mucho que desear, y lo que menos protege son los derechos de las audiencias de la radio y televisión: por ejemplo, la ley no incluye a las redes sociales ni a las plataformas digitales.
Después de un largo y tormentoso camino de más de 13 años, México tendrá finalmente una regulación que permite a los consumidores de contenidos audiovisuales hacer efectivos sus derechos, obligando a los medios a tener mecanismos de queja y defensores de audiencias. Pero igual que en intentos anteriores, uno de los cuáles fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, la pugna entre libertad de expresión, autorregulación de los medios y el poder del regulador estalló de nuevo en un ambiente pre-electoral bastante polarizado.
¿Prisa por las elecciones?
“Hay preocupación en el Gobierno por las elecciones de 2027”, dice a DW el politólogo Rubén Aguilar, profesor de Ciencia Política y Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. El académico señaló un “deterioro real de la indigencia del gobierno y de Morena, aunque no de la presidenta” y un “crecimiento real de la oposición”. En junio del 2027 se elegirán 500 diputados, 17 gubernaturas y más de 2000 alcaldías.
palabra censura, pero el que quedó no lo podemos llamar así”.
Ajustes que terminan por beneficiar al Estado
El proyecto inicial generó un fuerte rechazo de organizaciones periodísticas, académicos y dueños de medios, que advirtieron riesgos para la libertad de expresión. Una encuesta de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció la amplia impopularidad de lo que se percibía como un intento de censura, lo que abrió una consulta pública que cerró el 21 de agosto con 8.889 participaciones y derivó en cambios a la versión final.
Para Aguilar, “la presidenta no esperó el nivel de la tracción nacional e internacional. Y por eso bajaron los decibeles. Al final, la ley pasó, aunque menos fuerte”.
Aun así, Levy identifica en la versión final contradicciones que, según dice, terminan por beneficiar al propio Estado. Sobre el mecanismo de quejas ante los defensores de audiencias, explica que sus conclusiones parecen ser recomendaciones a los medios, aunque el artículo 50 deja a la Comisión Reguladora la facultad de iniciar un proceso de sanción. Advierte que “esta sutileza se puede convertir en un problema”.
Por su lado Raúl Trejo Delarbre, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, destaca a DW que “la versión definitiva de ese documento no mantiene los tres motivos de recelo que alarmaron a numerosos comunicadores: desaparece la alusión a las noticias falsas, el Gobierno no intervendrá para sancionar presuntas violaciones a los derechos de audiencias y, no habrá riesgo de multas por contenidos incómodos”, de acuerdo con el nuevo texto.
