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Sindicatos, organizaciones sociales y familiares de presos políticos convocaron este jueves a una nueva jornada de protesta en Caracas en demanda de mejoras salariales, el fin de la represión y mayor velocidad en la transición hacia la democracia en Venezuela. La concentración tuvo lugar en la Plaza Alfredo Sadel, en la urbanización Las Mercedes: de ahí, un grupo delegado partió hacia la embajada de los Estados Unidos, ubicada relativamente cerca, en Valle Arriba. Los manifestantes exigían también “transparencia en el manejo de los recursos” que administra Washington sobre la renta nacional luego del ataque militar del pasado 3 de enero, en el cual fueron arrestados el dictador Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

La manifestación constituye un nuevo intento de grupos opositores autónomos por visibilizar los terribles rezagos sociales y económicos que viven la mayoría de los venezolanos, que se habían vuelto crónicos en los años de Maduro. En el acto, muchas personas portaban banderas de Venezuela y de los Estados Unidos ―toda una herejía en la política local hasta hace muy poco tiempo―, haciendo llamados expresos al presidente de este país, Donald Trump, para que termine de asumir las cartas en el anhelado proceso de transición a la democracia en Venezuela. Algunos participantes portaban pancartas en las cuales se podía leer: “SOS, Presidente Trump: cobro menos de un dólar al mes”. O: “Señor Trump: ya tiene el petróleo, ahora cumpla con los venezolanos: elecciones ya!”

“Para que haya prosperidad en Venezuela tiene que haber inversiones”, afirmaba Carlos Salazar, de la Coalición Sindical Nacional y uno de los organizadores de esta protesta. “No se justifica que en la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York se gasten tantos miles de dólares. El dinero que se va a usar en su defensa debería ser invertido en mejoras salariales, en el pago a los pensionados del Seguro Social, en las becas estudiantiles, en escuelas e infraestructura pública”. Además de muchos activistas cercanos a los familiares de presos políticos, en la concentración pudieron ser vistos dirigentes sindicales conocidos, que acaban de purgar duras condiciones de prisión, como Rubén González, vinculado a los sindicatos siderúrgicos del sur del país.

Tomaron la palabra varios familiares de presos políticos que no han sido beneficiados con la Ley de Amnistía ―casi 500 personas en total― y que siguen purgando duras condiciones de reclusión en penales como El Rodeo y Fuerte Guaicaipuro. Todos los oradores criticaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por negarse a llevar hasta sus últimas consecuencias la amnistía anunciada, y por reprimir la manifestación de la semana pasada con la fuerza policial.

Los manifestantes anunciaron que, para el próximo 30 de abril, un día antes del día del Trabajador, el 1 de mayo, fecha en la cual se concretará el aumento salarial anunciado por Rodríguez, convocarán a una nueva jornada protesta, cuyo objetivo es “llegar a Miraflores”, el Palacio de Gobierno, donde es casi imposible llegar con una manifestación de protesta.

Primero fue Estados Unidos, ahora es Chile. Colombia se enfrenta al reto de integrar a cientos de colombianos que migraron en busca de una mayor estabilidad y ahora regresan deportados. Donald Trump ya ha expulsado a miles de colombianos en su cruzada antiinmigratoria, y este jueves se le suma el ultraderechista José Antonio Kast. El nuevo presidente chileno, que cumplió hace unos días un mes en el cargo, ha iniciado su propia campaña de deportación de extranjeros con un vuelo que está previsto que haga paradas en Bolivia, Ecuador y Colombia.

La Cancillería ha confirmado a este diario que espera que esta noche aterrice el vuelo con alrededor de una veintena de colombianos. Fuentes del Gobierno chileno, citadas por el medio Bio Bio Chile, informaron que antes de su llegada a Bogotá, el avión hará escala en Santa Cruz de la Sierra y en Quito para entregar a los 12 bolivianos y 9 ecuatorianos en sus respectivos países.

Los expulsados son acusados de delitos como tráfico de drogas, robo con violencia, receptación de vehículos o ingreso por paso no habilitado. Pese a que entrar a Chile de manera irregular no constituye un delito penal, sí se trata de una infracción administrativa y las personas que lo hagan son sujetas a la expulsión. De los 40 que están en el vuelo, 26 corresponden a expulsiones administrativas y 14 a judiciales. Según el mismo medio, los migrantes viajan con esposas plásticas desechables y cada uno está acompañado de un escolta.

El proceso en estos casos es que, una vez llegan, las autoridades verifican su estatus y, si alguno tiene antecedentes o algún pendiente judicial, quedará en disposición de la Policía Nacional, según una fuente de Migración Colombia. El funcionario no espera que los colombianos con un récord limpio en su país sean detenidos al llegar. “Es improbable que Chile emita una circular de Interpol por estos delitos y, en todo caso, debe ser con el debido proceso y la presunción de inocencia. Si algo ha procurado este Gobierno es el respeto al migrante”, indica.

Fue precisamente la vulneración de los derechos de los colombianos lo que generó la primera gran crisis diplomática entre Gustavo Petro y Donald Trump. En enero de 2025, durante las primeras expulsiones de EE UU, el colombiano dijo que impediría el aterrizaje de dos aviones cargados de deportados esposados de pies y manos, por considerarlo un trato indigno. El republicano amenazó a Colombia con aranceles de hasta un 25%, una medida que, gracias a la intervención de diplomáticos y empresarios, no se llegó a materializar.

Más de 20.000 colombianos fueron deportados al país desde EE UU durante 2025. En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo ya contabiliza el retorno forzoso de 431 personas, entre ellas 23 menores de edad. La entidad de derechos humanos ha alertado en varias ocasiones que los migrantes son objeto de varias vulneraciones como maltrato, violencia basada en género, requisas inapropiadas, alimentación insuficiente o el despojo de pertenencias personales.

El Gobierno ha implementado varias líneas de ayuda para los recién llegados. En una primera fase, las autoridades brindan asistencia humanitaria como alimentación, alojamiento o atención en salud a aquellos que lo necesiten. Después, promueven la integración socioeconómica de los deportados a través de créditos productivos o talleres de emprendimiento.

A los miles de expulsados se suman también aquellos que eligen la “autodeportación”, una iniciativa que ha impulsado Washington y que ofrece hasta 1.000 dólares a aquellos migrantes irregulares que retornen a sus países voluntariamente. El primer vuelo bajo esta campaña ocurrió en mayo de 2025 e incluyó a colombianos y salvadoreños.

Kast ganó la Presidencia de Chile con un discurso antiinmigratorio, similar al que tiene Trump. Según las cifras oficiales, más de 1,9 millones de extranjeros viven en el país austral, casi el 10% de la población del país. De ellos, unas 44.000 personas están “listas para ser expulsadas”, de acuerdo con el director del Servicio Nacional de Migraciones chileno. Aunque un 65% de los que tienen orden de deportación son venezolanos, la gestión con Caracas es inviable al estar congeladas las relaciones consulares de ambos países.

El Gobierno chileno anunció que la frecuencia de los vuelos, y el número de expulsados, aumentará en las próximas semanas. Es probable que cientos de ellos sean deportados a Colombia. Ni el presidente Petro ni su canciller se han pronunciado sobre las expectativas de estas llegadas en el futuro. Tampoco está claro cómo serán las relaciones diplomáticas con Chile en los pocos meses que le quedan al mandatario en el poder. Petro ha tachado a Kast de ser “un nazi” y dijo que, con su triunfo el pasado diciembre, “el fascismo avanza” en América Latina.

Unas horas antes de tomar el avión para viajar a España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado más detalles sobre la cumbre de gobiernos progresistas a la que asistirá el sábado. La mandataria ha anunciado que parte de la comitiva incluirá a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para participar en un primer encuentro con “movimientos progresistas”. A continuación, se celebrará la cumbre de jefes de Estado, a la que ha sido invitada por el anfitrión, el presidente español, Pedro Sánchez, sellando las paces diplomáticas tras años de tensión por la herencia colonial. La cumbre supone además un alineamiento con otros gobiernos progresistas en la región en medio del turbulento escenario internacional marcado por los ataques y la presión de Donald Trump sobre el continente. La presidenta ha evitado en todo caso cualquier palabra gruesa y durante su conferencia mañanera de este jueves ha afirmado que “no se trata de una reunión anti-Trump”.

La presidenta recordó el camino recorrido hasta consolidarse el viaje de este fin de semana. El detonante de la crisis fue la carta que Andrés Manuel López Obrador, antecesor y mentor de Sheinbaum, envió en 2019 al rey Felipe VI, en la que le reclamaba que pidiera disculpas por los desmanes contra los pueblos indígenas cometidos durante la Conquista de América. “Se molestaron”, dijo la mandataria recordando los inicios de la crisis, que derivó en que el rey español no fue invitado a la toma de protesta de Sheinbaum en 2024. Ya en los últimos meses, llegaron los gestos de acercamiento de la mano de la cultura. El canciller español, José Manuel Albares, reconoció “la injusticia y el dolor” causados a los pueblos mexicanos originarios.

Finalmente, el 16 de marzo, durante su visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura de México, el rey Felipe VI reconoció que “hubo mucho abuso” y “controversias éticas” en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. Se presentó como una conversación informal con el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz, y otras autoridades, pero se trató de un gesto muy medido y previamente pactado. “A su manera, el rey reconoció que hubo abusos. Son acciones importantes de reconocimiento de nuestros pueblos y de origen”, añadió la presidenta sobre los motivos que sellaron la paz.

Sheinbaum anunció también que viajará la medianoche de este jueves a Madrid para continuar después hasta Barcelona, con llegada prevista la noche del viernes, un día antes de la cumbre. Confirmó también que mantendrá “reuniones bilaterales y una general” con el resto de jefes de Estado, entre los que destacan los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi.

Con el tono sereno habitual, la presidenta evitó entrar al choque con el presidente estadounidense, del que dijo que “le respetamos aunque no estemos de acuerdo con muchas de sus decisiones”. Insistió también en que el espíritu de la cumbre “es muy positivo” y se centra en “trabajar por la paz mundial” y recuperar el “espíritu de la carta de la ONU”.

A Teresa se le empezaron a apagar las preguntas antes que la memoria. No fue un día preciso. Fue más bien como esas luces que se van debilitando sin que uno lo note, hasta que una tarde la casa ya no está igual.

Durante cuarenta años fue profesora. De las que ordenan el mundo con palabras. Hoy vive con su hija. La cuidan, no le falta nada. Pero hace tiempo que nadie le pregunta nada. Ni en la mesa. Ni en las decisiones. Ni en las conversaciones que pasan cerca suyo como un río que ya no la toca.

Una noche, mirando la ventana, dijo en voz baja: “Yo antes explicaba el mundo… y ahora el mundo pasa por al lado mío”. No estaba sola. Pero algo en ella había dejado de existir para los demás.

Lo que le ocurre a Teresa no es excepcional. Es, cada vez más, una experiencia extendida. Y no tiene que ver con la edad en sí, sino con cómo estamos entendiendo la vejez.

La gerontología ha insistido en algo clave: el envejecimiento no es solo una cuestión biológica, sino profundamente social y existencial. No basta con vivir más. La pregunta es cómo se vive ese tiempo. Y en esa experiencia hay elementos que resultan decisivos: el sentido, el propósito, el interés por la vida y, sobre todo, el reconocimiento.

Las personas mayores no solo necesitan apoyo material. Necesitan seguir siendo parte, seguir teniendo algo que decir, seguir siendo miradas como sujetos con historia, con opinión, con valor.

Sin eso, la vida no se termina… pero se vacía. Porque el problema no es la edad, ni siquiera la fragilidad. El problema es la pérdida de lugar.

Dejar de ser consultado, dejar de ser considerado, dejar de ser necesario. Dejar de interesar. Y ahí aparece una de las formas más silenciosas de exclusión: la invisibilización. No es abandono evidente. No es carencia material. Es algo más sutil: la pérdida de relevancia en la vida de otros.

En sociedades que valoran la productividad, la velocidad y la autosuficiencia, la vejez queda fácilmente desplazada. No porque no tenga valor, sino porque no encaja en esos criterios.

Pero envejecer no es desaparecer. No es retirarse de la vida. Es habitarla de otra manera.

Por eso, quizás, uno de los desafíos más profundos que tenemos como sociedad no es solo asegurar condiciones materiales, sino sostener el sentido.

Seguir preguntando, seguir escuchando, seguir validando. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo cómo envejecemos. Es si seguimos teniendo un lugar en el mundo.

Y mientras eso no se resuelva, seguirán existiendo muchas Teresas: personas presentes, cuidadas incluso, pero que, silenciosamente, han dejado de ser parte.

Aunque el brutal crimen de la inspectora en Calama ya no ocupa los titulares de todos los días, su eco persiste en una seguidilla de noticias que nos enfrenta a una realidad inquietante: estudiantes portando armas, amenazas que comienzan a normalizarse y comunidades educativas tensionadas al límite. Como si, de pronto, todos vieran lo que hace tiempo estaba ocurriendo. Ese hecho abrió, aunque tardíamente, una conversación que quienes trabajamos en educación sostenemos desde hace años. La violencia escolar dejó de ser un fenómeno aislado y se ha transformado en una expresión compleja de tensiones sociales más profundas.

Reducir este fenómeno a hechos puntuales o a fallas individuales sería un error. Lo que estamos viendo en las escuelas es, en muchos casos, el reflejo de una sociedad fragmentada, donde los vínculos se debilitan, la desconfianza se instala y la convivencia se vuelve más frágil. Las escuelas no son burbujas. Reciben, procesan y muchas veces amplifican lo que ocurre fuera de ellas. Por eso, cualquier respuesta que pretenda ser efectiva debe ir más allá de lo inmediato y abordar las causas que están en la base de esta crisis.

No hay soluciones simples, y sería ingenuo plantearlo así. Pero sí es urgente afirmar que existen caminos que apuntan a la raíz del problema: fortalecer el vínculo, el sentido y la pertenencia dentro de las comunidades educativas. Estos tres elementos, a menudo relegados frente a la presión por resultados académicos o medidas de control, son, sin embargo, fundamentales para construir entornos seguros y significativos.

Una de las claves está en cómo entendemos el aprendizaje. Durante mucho tiempo, el sistema escolar ha privilegiado una lógica centrada en la transmisión de contenidos, muchas veces desconectados de la experiencia vital de los estudiantes. En cambio, cuando el proceso educativo logra conectarse con el entorno, con las preguntas reales de las y los estudiantes y con la posibilidad de incidir en su contexto, ocurre algo distinto. Aprender se transforma en una experiencia con significado.

En esta perspectiva, las metodologías como aprendizaje + servicio, que integran formación académica con compromiso social ofrecen una oportunidad relevante. No se trata únicamente de ‘aprender haciendo’, sino de hacerlo con un propósito claro y compartido. Cuando los estudiantes identifican problemáticas de su entorno, diseñan soluciones, las implementan y reflexionan sobre el proceso, el aprendizaje se vuelve situado, concreto y profundamente significativo. El conocimiento deja de ser abstracto y se convierte en una herramienta para la acción.

Pero el impacto no se limita al ámbito cognitivo. Este tipo de experiencias contribuye al desarrollo de habilidades que hoy resultan imprescindibles: trabajo en equipo, empatía, pensamiento crítico, comunicación efectiva y resolución pacífica de conflictos. En contextos donde la violencia aparece como una forma disponible de relación, generar espacios donde se practiquen otras formas de convivir no es accesorio, sino esencial.

Lo que emerge en estos procesos es algo que a menudo pasa desapercibido en el debate público. Las y los jóvenes no están desconectados ni desinteresados. Desde nuestra experiencia en establecimientos de Educación Técnico Profesional, a través de la iniciativa ‘Protagonistas del cambio’, lo que vemos es que cuando encuentran oportunidades reales de participación, responden con creatividad, compromiso y liderazgo. Incluso en contextos complejos, marcados por la violencia o la exclusión, es posible observar cómo se abren paso otras formas de relación, basadas en la colaboración y el respeto.

La seguridad es necesaria, sin duda. Pero no es suficiente. Un pórtico puede detectar un objeto, pero no puede reconstruir confianzas, ni generar sentido de pertenencia, ni ofrecer un proyecto de vida. Tampoco puede reemplazar el rol de una comunidad que acoge, escucha y establece vínculos significativos entre quienes la integran.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las escuelas hoy es precisamente ese: reconstruir el sentido de la experiencia educativa en un contexto donde muchas de sus promesas han perdido fuerza. La educación ya no aparece como una vía clara de movilidad ni como un espacio donde proyectar el futuro. Es ahí donde la frustración, la desconexión y, en algunos casos, la violencia, encuentran terreno fértil.

La pregunta de fondo no es solo cómo evitamos que la violencia entre a la escuela, sino cómo construimos escuelas donde la violencia deje de tener sentido. Esto implica repensar no solo las estrategias de convivencia, sino también el propósito mismo de educar. Supone preguntarnos qué tipo de experiencias estamos ofreciendo, qué lugar le damos a la participación estudiantil y cómo conectamos el aprendizaje con la vida.

En ese camino, el desafío es grande, pero también lo es la oportunidad. Porque en cada espacio donde un o una estudiante encuentra sentido, donde se siente parte y donde puede aportar, se abre una posibilidad concreta de contrarrestar la lógica de la violencia. Y esa es, probablemente, una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo.

El revés jurídico del gobierno de Gustavo Petro tras la caída de la emergencia económica navideña esconde un logro pragmático: solo debe devolver el 1,5% de los 1,7 billones de pesos (475 millones de dólares) recaudados al amparo de la emergencia económica navideña. La razón es jurídica, y expertos en derecho tributario la explican desde ángulos distintos. El abogado Andrés Quitián va a lo fundamental: “Las situaciones jurídicas consolidadas no se pueden alterar”, dice a EL PAÍS. Cuando un contribuyente moroso pagó sus deudas acogido a los descuentos que ofrecía el decreto, es un trato ya cerrado. Y es que del total, 447 millones de dólares corresponden a los beneficios tributarios ofrecidos a los deudores fiscales de Colombia.

Dado que el Estado prometió un beneficio y el contribuyente pagó bajo esa promesa, la Corte no puede deshacerlo, ni obligarlo a devolver lo que se ahorró, ni cobrarle lo que le perdonaron. Quitián recuerda, además, que es territorio conocido para la jurisprudencia colombiana: “Algo análogo ocurrió con los impuestos decretados durante la conmoción interior por la situación del Catatumbo”, complementa el constitucionalista experto en impuestos. Así, lo que la Nación debe devolver gira en torno a los 25.000 millones de pesos, según publicó el 31 de enero el Ministerio de Hacienda, cuando reportó el recaudo vigente tras la suspensión provisional. El monto a reintegrar corresponde a dos rubros concretos: 23.800 millones del impuesto de estabilidad fiscal —un 1% sobre la primera exportación de carbón o hidrocarburos— y 1.200 millones adicionales por el IVA a la importación de licores.

La Corte le ha dado 30 días a la entidad para “establecer los mecanismos de devolución”, pero las cuentas no cierran. La DIAN reporta a EL PAÍS un recaudo total de 1,7 billones, y de esos, 1,6 billones corresponden a alivios tributarios que no se devuelven. El saldo es de 100.000 millones de pesos. ¿Qué son los 75.000 millones restantes, dado que la cifra a devolver son los 25.000 millones reportados? El Ministerio de Hacienda da una pista en ese mismo comunicado: cerca de 165.000 millones adicionales responden a impuestos que paga un ciudadano un día, y entran semanas después a la DIAN. Se trata del IVA a licores nacionales, el impuesto al consumo y el IVA a juegos de azar en línea, que cobran las empresas que venden esos bienes o servicios, y solo pagan en sus declaraciones bimestrales, que caían en febrero y marzo. Antes de eso llegó la suspensión provisional de la Corte, así que es posible que el faltante viva en ese universo.

Para aclarar la situación, EL PAÍS consultó fuentes al interior del fisco que respondieron que “aún no se tiene claridad sobre el tamaño exacto de la devolución”. Entretanto, Eric Thompson, abogado tributarista de la firma Cañón Thomson, le agrega picante al asunto. La sentencia de hoy, dice, crea un precedente que va más allá del decreto navideño: “Esto aplica también a quienes se acogieron a los alivios del decreto 0173, el tributario de la segunda emergencia económica —declarada en febrero por las inundaciones en ocho departamentos— que aún está en revisión en la Corte”, explica. “Esto le confiere aún mayor seguridad a quienes estarían considerando acogerse a esos alivios”, concluye.

Ese decreto está vigente, pero bajo escrutinio constitucional. Su medida más polémica es el impuesto al patrimonio para personas jurídicas con activos superiores a 10.474 millones, que dejó a 80 universidades privadas dentro del universo de contribuyentes. ASCUN calculó que el impacto para el sector sería de 135.000 millones —equivalente a unos 15.000 cupos universitarios—.

Un reto operativo

En todo caso, devolver lo que pide la Corte afronta retos operativos. Jaime Orlando Villabona, exdirector de la DIAN, lo desglosa, y comienza con lo que puede ser tramitado con facilidad: “En el caso del impuesto al patrimonio de las personas naturales, no va a haber mucho inconveniente, por cuanto los vencimientos empezaban en mayo. En cuanto al impuesto a vapeadores, puede ser más viable, por cuanto puede ubicar fácilmente al contribuyente y puede generar un crédito en ellos o girarles”, explica.

El problema, dice, viene con el IVA. La Corte ordenó devolver el dinero a quien realmente lo pagó —el consumidor—, pero no siempre es fácil trazar quién fue. “Si no hay facturación electrónica, se complica la cosa”, agrega Quitián a este punto. Villabona es más escéptico: “Las empresas que consignaron el IVA tendrían que ubicar a esos clientes que les pagaron y poderles devolver esos dineros, lo cual va a ser prácticamente imposible”. Basta imaginar a una persona que, en un viaje de vacaciones en enero, compró licor en una tienda de un barrio a cientos de kilómetros de su residencia. ¿Cómo va a recuperar el IVA que pagó?

Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, matiza el diagnóstico: “La DIAN tramita devoluciones todo el tiempo, todos los días, todos los años, así que es algo completamente lograble”. Para Reyes, “la Corte no está pidiendo nada imposible”, aunque señala que “lo importante es que los contribuyentes tengan muy claros sus derechos y que la administración tributaria no presente obstáculos innecesarios”.

La sentencia también zanja el asunto del impuesto al patrimonio para personas naturales. El decreto navideño pretendía bajar el umbral de entrada —de 72.000 UVT (3.770 millones) a 40.000 UVT (2.094 millones)— y subir la tarifa máxima del 1,5% al 5% para los patrimonios más altos. Con su anulación, esas reglas quedan sin efecto. Las personas naturales vuelven al régimen de la Ley 2277, lo que significa, según Thompson, que las 105.000 personas que habrían entrado como nuevos contribuyentes quedan “definitivamente fuera de su cobertura”. El problema de fondo, empero, no desaparece con ninguna sentencia. El Gobierno necesitaba 11 billones para tapar el hueco que dejó el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, y ese déficit sigue intacto. “El hueco fiscal del Gobierno no va a poder ser cubierto; esta situación lo va a agravar y tendrán que aumentarse los recortes, que van a afectar en mayor medida a las personas de menores ingresos”, sentencia Villabona.

La exfiscal general Viviane Morales, abogada de prestigio y respetabilidad indiscutibles, dejó una opinión de la mayor gravedad en su columna del periódico El Tiempo. Veamos: “Cuando un presidente siembra dudas sin pruebas y con afirmaciones mentirosas como las de un incumplimiento a la inexistente orden del Consejo de Estado a la Registraduría para comprar un software de escrutinios o la de un supuesto fraude en las elecciones al Congreso del 2022, no está ejerciendo su libertad de expresión; está erosionando el cimiento mismo de la legitimidad institucional”.

“Ya el Tribunal [Administrativo de Cundinamarca] fue claro: las afirmaciones del mandatario carecen de sustento sólido y razonable y se basan en interpretaciones erradas de decisiones judiciales. El presidente ha insinuado que podría incumplir el fallo invocando una supuesta objeción de conciencia”. A lo cual la exfiscal le replicó que dicho argumento resulta jurídicamente insostenible. “La objeción de conciencia no es un mecanismo general para sustraerse del cumplimiento de decisiones judiciales ni de obligaciones constitucionales (…), pretender lo contrario equivale a abrir la puerta a una peligrosa relativización del orden jurídico”. Para la exfiscal Morales, el presidente no va a acatar la sentencia por razones de conciencia, porque él está participando activamente en el proceso electoral –como jefe de debate de Iván Cepeda, digo yo- y necesita insistir en el relato de fraude anticipado para enfrentar la derrota que ve venir. Necesita deslegitimar el sistema electoral y mandar un mensaje a sus bases.

Yo no sé si el candidato del presidente va a perder, lo que sí sé es que quiere tener una póliza de seguro “por siaca”. Si el candidato Cepeda pierde en segunda vuelta, los seguidores del presidente arman “la grande”, y eso incluye a los que han conseguido aplazamientos de órdenes de captura que se mantienen en libertad. Como lo recuerda la abogada Morales, fue lo que se intentó en Brasil. “El Tribunal de Brasil señaló el carácter organizado y sistemático de la desinformación, planeada y ejecutada por grupos organizados, como las milicias digitales, lo que se reforzó con el uso contumaz de la propia estructura del Estado para programar mentiras. Esta mentira deliberada se usaría como un mecanismo de corrosión de la confianza pública, desmovilización social y de preparación psicológica para la violencia, funcionando como el ‘pegamento ideológico’ de la organización criminal”.

Si, a todo eso, le sumamos las amenazas a los candidatos presidenciales, que llevaron al Departamento de Estado en Washington a exigirle al Gobierno de Colombia que se ponga las pilas con la seguridad, en un comunicado en el que dicen que están trabajando con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la seguridad, por tanto -digo yo- tenemos que prepararnos para jornadas difíciles como por ejemplo la toma del Capitolio Nacional a lo Trump o algo de similar gravedad. El mantenimiento de conversaciones con grupos criminales que mantienen la alteración del orden público en varias zonas del país, en particular el Cauca y el Catatumbo, dejan preocupaciones mayores.

Luz María Múnera (Medellín, 59 años) ha sido una fiel militante de la causa del presidente Gustavo Petro para reformar el sistema de salud. Conoció al mandatario hace décadas en la militancia de izquierdas y han coincidido en criticar el rol preponderante de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las aseguradoras públicas o privadas a las que el Estado les gira recursos para contratar los servicios con las clínicas y hospitales. Por eso, Petro le encomendó en diciembre una misión clave para su política de salud. Además de ser consejera presidencial para las Regiones, pasó a desempeñarse como superintendenta ad hoc para la Nueva EPS. Vigiló durante cinco meses a la aseguradora que concentra al 20% de los afiliados y una gran cantidad de los reclamos por un sistema al borde del colapso.

“Esta experiencia me ha sacado lágrimas”, dice durante una entrevista en su oficina en la Casa de Nariño, a metros del despacho presidencial. Reconoce un sinnúmero de problemas en la EPS que el Gobierno intervino en abril de 2024, pero enfatiza que no se deben al desfinanciamiento estatal, como denuncian los gremios y señala la Corte Constitucional. Cree, al igual que el presidente, que las fallas vienen de una larga lista de funcionarios que no han podido frenar los malos manejos de los recursos públicos. Por eso, dice, echó hace unos días al tercer interventor de la Nueva EPS en dos años, y Petro hizo lo propio con su cuarto superintendente en lo que va del Gobierno. “Algunos no cumplen las instrucciones del presidente”, afirma.

La funcionaria se desmarca de ellos. Reivindica que es “una mujer de izquierda”, que hace caso a lo que pide el mandatario, y que nunca ha tenido una denuncia de corrupción. Quizá por eso el presidente la consideró el martes para asumir como superintendenta de todo el sistema. “Estuvimos hasta tarde viendo las posibilidades, pero no cumplo los requisitos legales”, cuenta. Horas después de esta entrevista, se supo que el elegido es Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín que está en juicio por corrupción, es resistido en el progresismo y al que Múnera cuestionó como concejal de esa ciudad.

Pregunta. ¿Por qué cree que el presidente la designó en diciembre como superintendenta ad-hoc para la Nueva EPS?

Respuesta. Es especulativo. Nunca le he preguntado: “Oiga, ¿usted por qué piensa en mí para estas cosas?”. Pero creo que tiene que ver con que mi vida pública ha sido impecable. No tengo ni una sola demanda, y creo que eso cuenta para él. En estos años, no ves que los medios de comunicación me ataquen duro, ni siquiera los de derecha. Me tratan con respeto, me lo he ganado. Y, finalmente, tengo muy claro que él es el presidente y hago caso, porque comparto su programa.

P. Su rol como superintendente ad hoc queda obsoleto porque el superintendente de todo el sistema, que estaba impedido para la Nueva EPS, renunció el martes…

R. Sí, terminó por eso. No es que el presidente me haya dicho: “Usted ya no me sirve más, se va”.

P. Bernardo Camacho fue el cuarto superintendente de este Gobierno y apenas duró seis meses. ¿No contribuye a la inestabilidad que ustedes dos salgan cuando apenas quedan cuatro meses de Gobierno?

R. El presidente necesita terminar de estabilizar el sistema y Bernardo demostró que no quiere hacerlo. No cumplió las orientaciones. El presidente no me lo ha dicho, pero es mi lectura.

P. ¿Qué directrices incumplió?

R. En primer lugar, que hay que acabar con el negocio de la salud. Para eso se necesita apretar a las EPS desde la Superintendencia, como yo venía apretando en la Nueva EPS. Hay que apretar duro, revisar las postulaciones [de prestadores de salud] mes a mes y preguntar por escrito: “¿Por qué le pagó el 100% a Pedro y solo el 10% a María y el 0% a José? Deme una razón válida”. Yo siempre pregunté eso a la Nueva EPS.

P. Caracol Radio señaló que Camacho estaba en desacuerdo con liquidar varias EPS y pasar a los afiliados a la Nueva…

R. No es verdad que se quiera traer a todos los afiliados para la Nueva EPS, es parte de la desinformación. Hay EPS que deben liquidarse, pero sus afiliados pueden ir a diferentes EPS, dependiendo de la presencia de cada una en cada región.

P. La justicia tumbó un decreto que cambiaba las reglas de operación de las EPS y que hubiera implicado que alrededor de tres millones de personas fueran trasladadas a la Nueva EPS…

R. Sí, pero eso es porque la Nueva EPS está en todo el país. No quiere decir que fuera absorber a todos los afiliados ni que fuera a ser de un momento a otro.

P. En todo caso, ¿Camacho estaba en desacuerdo?

R. No sé, nunca me lo dijo. Pero nadie quiso remover a los funcionarios principales de la Superintendencia. Seguimos queriendo aplicar una política del Gobierno de Gustavo Petro con hombres y mujeres que vienen de Cambio Radical y el Centro Democrático [partidos opositores].

P. El Gobierno suele desligarse de sus responsabilidades con el argumento de que la culpa es de funcionarios de segunda línea que son corruptos y traicionan al presidente…

R. Yo no he dicho que son corruptos. Es más, no acuso a nadie.

P. ¿Pero sí incumplen las instrucciones de Petro?

R. Ah, eso sí. Cuando yo llegué a este cargo, lo primero que me pidió el presidente fue trabajar para que el Estado fuera mayoritario [en la composición accionaria de la Nueva EPS]. La orden tenía ocho meses y no se había cumplido. Yo lo logré en 15 días, así que no es cierto que no se podía. El día que no esté dispuesta a cumplir las orientaciones del presidente, pues me voy. No me voy a quedar como una piedra en el zapato, no es ético.

P. Usted desplazó hace unos días a Luis Óscar Gálvez, el tercer interventor que tuvo la Nueva EPS desde que comenzó la intervención en abril de 2024. ¿En qué le incumplió él?

R. Le recomendé 20.000 veces que pusiera en marcha el giro directo para que la Adres [la entidad estatal que gestiona los recursos de salud] le pague el mismo porcentaje, mes a mes, a todos los prestadores de salud. El interventor dejaría de postular a quién se le debe pagar: ya no diría que se le pague 20 a uno, 100 a otro, y 0 a un tercero. Es la primera herramienta para romper con algunos asuntos de corrupción. Se acaba el negocio de postular para los amigos.

P. ¿Y el interventor no siguió su recomendación?

R. Siempre me dijo que sí, pero nunca lo hizo. Ni siquiera abrió el debate ni hizo las denuncias de que a unos se les daba más que a otros. Además, tuvimos una pelea constante porque a los que menos se les paga es a los prestadores públicos. Eso lo cambiamos, es parte de mis logros.

P. ¿En eso cumplió?

R. Le tocó, pero no de buena forma.

P. ¿Qué autocrítica hacen de que ya hayan designado tres interventores que no funcionaron?

R. Esa pregunta no es conmigo, sino con él [Petro]. Cuando yo llegué, ya había un interventor. Le dí todas las posibilidades, pero los resultados fueron bajos. Solo tuve una mamadera de gallo.

P. Más allá de la falta de cumplimiento de estas instrucciones, ¿qué rol juega el desfinanciamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que denuncian los gremios y reconoce la Corte Constitucional?

R. El cuento de que la plata no alcanza está por revisarse. Yo quiero saber dónde está. Por ejemplo, nos deberíamos preguntar por qué la mayoría de los prestadores trabajan por evento y no por contrato. Eso les permite cobrar cada procedimiento al precio que les dé la gana. Vemos que una apendicitis vale dos millones para un paciente, cuatro para otro, y siete para otro. ¿Cómo puede ser? Eso hay que acabarlo. Y en eso he trabajado: en algunas cosas logré avances, en otras no.

P. El nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, dijo esta semana que la UPC es insuficiente…

R. Esa pregunta es para él.

P. Usted lo nombró…

R. Sí, pero eso no significa que yo sepa exactamente todo lo que piensa.

P. ¿Por qué lo nombró?

R. Era la recomendación del presidente y la Superintendencia, constitucionalmente, depende de él.

P. ¿Y por qué el presidente nombró a alguien con causas de corrupción en curso?

R. En curso. En un Estado Social de Derecho, una persona es inocente hasta que la Fiscalía demuestre lo contrario. Y no digo que sea inocente o culpable, pero en un país como Colombia te demanda todo el mundo por motivos políticos.

P. Pero este cargo en particular necesita mucha transparencia si se quiere combatir la corrupción…

R. Pues sí, pero fue la recomendación del presidente. Y Ospina no es el hombre con más cargos aquí, habrá otros peores que seguramente yo no hubiera nombrado. Me voy del Gobierno antes que nombrarlos. Pero no puedo decir quién es culpable y quién inocente. El día que tenga pruebas, denuncio de manera inmediata.

P. Los problemas que usted señala ya existían, pero durante este Gobierno han aumentado las denuncias por la falta de medicamentos, las dificultades para agendar citas con especialistas o el cancelamiento de cirugías. ¿Cómo explica este deterioro si no se debe al desfinanciamiento de la UPC?

R. Ese es el debate. Insisto, después de todo lo que he visto dentro, que el problema no es la UPC. El Gobierno paga mes a mes a las EPS, pero estas no giran a los prestadores. Quieren más plata para robar más plata.

P. ¿Cómo explica que la Nueva EPS también se haya deteriorado en este Gobierno?

R. No es que la situación sea peor, sino que es más denunciada. Hay una intencionalidad política de sacar los problemas más al aire, para joder lo público. Cuando revisas los PQRs [peticiones, quejas, reclamos] per cápita, la Nueva no es la primera, sino la tercera, luego de Sura y Sanitas [privadas]. Pero es la que está en el centro de un debate electoral porque atacarla es atacar a Gustavo Petro. Nadie ha querido decir que en los últimos cuatro meses hemos bajado un 40% las PQRs.

P. La prórroga de la intervención, firmada hace unos días, señala entre los argumentos que las reclamaciones registran un incremento anual del 14,3%…

R. En el último año. Pero en los últimos cuatro meses bajamos 40%.

P. ¿Cómo explica que, pese a la intervención, la Nueva EPS sea la única EPS que no ha presentado sus balances financieros de 2023 y 2024?

R. Tenemos un montón de facturas y no sabemos cuáles tienen sustento ni por qué las cobraron. Necesitaríamos un batallón de gente para revisarlas. Y también debe hacerse una gran inversión de desarrollo tecnológico, algo que no han hecho los interventores y que recomiendo desde que entré.

P. ¿El Gobierno tiene responsabilidad en la inacción de los interventores?

R. La Superintendencia es un órgano de control. No puedo responder por el Gobierno.

P. Pero la Superintendencia eligió a los interventores…

R. Sí, pero yo no. Y ahora que salgo, dejo mis recomendaciones: giro directo, contratación [en vez de eventos], actualización tecnológica.

P. Mientras se resuelven los problemas de eficiencia que usted menciona, ¿no debería robustecerse el financiamiento para no afectar a los pacientes?

R. No podemos seguir entregando plata para que se pierda. Cuando llegué, me senté con los gestores farmacéuticos. El interventor no quiso ir, pero hicimos acuerdos y cumplimos. Se pueden hacer acuerdos y eso lo demuestra. Lo que molesta con mi presencia es que no hay interlocutor para el negocio, sino para arreglar problemas. Dejaré mis recomendaciones, que espero que sean una carta de navegación para pensar la salud como un derecho. Hubiera querido hacer más, pero no me dio tiempo.

P. Como mujer de izquierda, ¿cree que hubo autosabotaje en la Superintendencia y la Nueva EPS?

R. Esta experiencia me ha sacado lágrimas, pero no sé si hubo autosabotaje. Hay que tener en cuenta que no llegamos solos al Gobierno, sino con acuerdos con sectores diferentes a la izquierda. Aunque también hay gente de izquierda que se olvidó de que estos eran cuatro años para trabajar por el pueblo colombiano. A mí no se me olvida.

La izquierda colombiana redobla su apuesta por sellar alianzas con sectores afines, pero distintos al oficialista Pacto Histórico. La Alianza Verde, el fragmentado partido que en otros tiempos fue una referencia para el centro político, prepara su llegada a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, el favorito de las encuestas para suceder a Gustavo Petro. A la espera de concretar un acuerdo programático, la dirección nacional de la colectividad a la que pertenecieron en su día Antanas Mockus o Claudia López –que sigue en la carrera presidencial– ha decidido darle prioridad a la sintonía con las reformas sociales del Gobierno, por encima de los escándalos de corrupción que cuestionan desde sus propias filas.

La decisión de la dirección nacional de abrir ese diálogo, muy criticada por los inconformes, no implica una adhesión inmediata, como la que ya había oficializado hace unos días el senador verde Ariel Ávila. Habrá una comisión que será la encargada de construir un acuerdo programático con la campaña de Cepeda, y ese acuerdo implica que se reconozcan las propuestas de los verdes, ha asegurado Rodrigo Romero, uno de los tres copresidentes del partido. En ese propósito emerge como un obstáculo la iniciativa para convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la carta política de 1991, una idea en la que ha insistido Petro pero que enfrenta enormes resistencias, desde distintas orillas. “Para el Partido Verde eso no es viable, el Verde no apoya una Constituyente”, ha advertido Romero.

“El único tema que genera desconfianza en grandes sectores del Verde es el de la Constituyente. En lo demás hay total coincidencia”, refrenda el senador Ávila en una conversación telefónica. “La izquierda ya tocó su techo, lo único que puede hacer es crecer hacia el centro, centroizquierda. Necesita siete, ocho o hasta diez puntos. Yo creo que el centro no quiere volver al pasado con el uribismo, y lo que necesita son certezas: certidumbres económicas, sociales y políticas. Nada de aventuras fiscales ni Constituyente”, abunda en su diagnóstico. A Cepeda le siguen en las encuestas dos aspirantes de derecha: la también senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, y el ultra Abelardo de la Espriella, que se intercambian el segundo lugar.

El de los verdes es un camino semejante al del acuerdo que selló el mes pasado Cepeda con el exministro de origen liberal Juan Fernando Cristo, y su partido En Marcha, el primer gesto de apertura con el propósito de convocar una coalición electoral más amplia para la primera vuelta del 31 de mayo, a la que han bautizado como la Alianza por la Vida. Entonces, a pesar de su respaldo, Cristo advirtió que es necesario rectificar el rumbo de aquellas políticas que no tuvieron los resultados esperados. Un ejemplo es la desgastada paz total, que se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos que siguen en armas. Además, tildó de “inconveniente” e “inoportuna” la idea de convocar una Constituyente.

“No creemos ciegamente en que somos triunfadores, encerrándonos en nuestro universo político. Vamos a buscar las alianzas necesarias. Las estamos construyendo”, defendía Cepeda el mes pasado en una entrevista con EL PAÍS, una de las pocas que ha concedido en una campaña en la que ha asistido a pocos espacios de debate para privilegiar los discursos en plaza pública. Su estrategia pasa por aliarse con otras fuerzas políticas, entre ellas los verdes y algunos sectores del liberalismo disidente. “No soy un partidario a ultranza de la Constituyente. Es una posibilidad, pero para mí lo que se requiere es un diálogo que nos lleve a un acuerdo nacional que puede tener en su ruta reformas constitucionales”, concedía entonces.

En medio de diferencias irreconciliables, en el verde sobreviven varias tendencias, entre ellas la de Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, que en este momento se impone como la mayoritaria –y es aliado de Petro, a pesar de que en la segunda vuelta de hace cuatro años se inclinó por Rodolfo Hernández–. También hay una más progresista, de centroizquierda, a la que pertenece el senador Ávila, e incluso algunos sectores próximos a la derecha, como el del senador Jota Pe Hernández, que ya han dado los primeros pasos para buscar una escisión. El partido, a pesar de sus matices, defendió tradicionalmente causas como el medio ambiente, la educación y la paz. También la lucha contra la corrupción, pero esa bandera se destiñó por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que salpicó a varios dirigentes verdes, entre ellos Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, y que llevó a que tanto Mockus como López renunciaran al partido.

La negociación con el Verde corresponde a una nueva fase de la campaña de Cepeda, que llega después de que designó como compañera de fórmula a la senadora Aida Quilcué, también del Pacto Histórico. Aunque esa decisión afianzó los vínculos de su partido con el movimiento indígena, también desaprovechó la oportunidad de cortejar a otros sectores necesarios para alcanzar las mayorías que necesita cualquier candidato en una segunda vuelta –o para ganar en primera, como se propone el Pacto–.

La senadora María José Pizarro, su jefa de campaña, celebró la decisión mayoritaria del Verde. “Estamos tendiendo puentes, ya han llegado una serie de adhesiones, acompañadas de acuerdos programáticos, esto implica que todos los acuerdos que construyamos para este segundo gobierno progresista también serán acuerdos sobre la mesa, de cara a la gente, porque se trata de cambiar también la cultura política de nuestro país”, afirmó esta semana en un debate en el programa Hora 20, de Caracol Radio, en alianza con EL PAÍS. “Iniciaremos lo más pronto posible, inclusive la construcción de los acuerdos con el partido Alianza Verde, para que sean unos acuerdos que podamos presentar sobre la mesa y garanticen lo que será el segundo gobierno progresista”, reiteró.

A mitad de semana, en un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones, el ultraderechista Rafael López Aliaga exigió que se anulasen los resultados de lo que llamó “esta buena porquería”. Se refirió al escrutinio de la primera vuelta por la presidencia en Perú, un proceso largo y lento que, con el 90% de los votos contados, da el triunfo a la derechista Keiko Fujimori, con el 17% de los votos, y el segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, con el 12%.

López Aliaga, exalcalde de Lima y miembro del Opus Dei, se mantuvo en el segundo puesto, con derecho a enfrentar a Fujimori en el desempate del 7 de junio, hasta este miércoles, cuando vio cómo Sánchez escalaba posiciones desde el sexto lugar hasta sobrepasarlo. Su primera reacción fue denunciar un fraude, llamar a desconocer los resultados y atacar sin piedad al jefe del Jurado Nacional de las Elecciones (JNE), Roberto Burneo al que amenazó con una violación. “Ya sabes por dónde te la voy a meter para que te comportes como un hombre”, le disparó.

El candidato ya había mostrado una notable propensión a perder los estribos. Durante la campaña, llamó “gente de mierda” a los ciudadanos de la provincia de Andahuaylas, en la sierra sur. Ya había llamado a asesinar a un periodista y recomendó a una mujer que pedía la eutanasia que se tirase “de un edificio o se cortara las venas”.

Desde que se conocieron los primeros resultados de las elecciones, López Aliaga marcha en una lenta pero sostenida caída libre en el escrutinio. El izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo, preso por dar un autogolpe en 2022, lo aventajaba el miércoles por la noche por poco más de 30.000 votos. Su remontada se debe principalmente al voto rural, el último en entrar en el conteo de la ONPE.

Los comicios se llevaron a cabo con serios problemas de organización, con demoras en la instalación de mesas y una inédita prórroga hasta el lunes en Lima. Pese a ello, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha descartado que se haya consumado un fraude. Tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo han llegado a la misma conclusión. “No hay condiciones técnicas ni legales para hablar de fraude”, ha dicho el titular de la Defensoría, Josué Gutiérrez.

El Jurado Nacional de Elecciones ha recibido siete solicitudes de nulidad total del proceso. Una de las personas que está detrás de la acusación es el militar retirado Wolfgang Grozo, quien candidateó a la presidencia bajo el partido Integridad Democrática. En algún momento de la campaña asomó como un posible outsider, pero se diluyó rápidamente.

En la cruzada para instalar una narrativa del fraude acompañan a Rafael López Aliaga otros aspirantes que codiciaban la banda presidencial: Alex Gonzales (Demócrata Verde), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Francisco Diez Canseco (Perú Nación). Juntos no alcanzan ni el 2% en las elecciones.

López Aliaga ha puesto en duda incluso que los votantes de las zonas rurales cuenten con la instrucción suficiente para procesar un acta electoral. “Lamentablemente, no tienen los medios para formarse bien”, ha señalado. Mientras un sector ha criticado estas declaraciones, otro ha manifestado en las redes sociales su incredulidad por la remontada de Roberto Sánchez sin tomar en cuenta las dificultades de procesar los votos de los pueblos alejados y el hecho de que en Perú todavía no se haya implementado el voto digital.

“No es casual que esos electores estén como borrados de la memoria y el campo visual del resto del país”, dice el escritor Gustavo Faverón. Su reflexión coincide con una transmisión en vivo del influencer Cristopher Puente, conocido como “Cristorata”, quien lanzó insultos racistas en contra de quienes votaron por Sánchez. “Serranos, burros, come motes de mierda. Por la altura no les llega el oxígeno al cerebro. Que les tiren una bomba”, dijo.

Así como el voto rural, el voto del extranjero es uno de los últimos en procesarse. Es un bolsón de votos que no suele ser decisivo, pero que en estas elecciones tan apretadas podría ser definitorio. Allí, con el 45.9% de actas contabilizadas, López Aliaga lidera las preferencias con casi 40.000 votos, mientras que Sánchez marcha octavo, bastante relegado, con 3.225 votos. El voto extranjero sin dida tendrá más relevancia que nunca en la definición final.

Keiko Fujimori, la única candidata que tiene el pase asegurado a la segunda vuelta, cuestionó el accionar de López Aliaga y subrayó que “la democracia se fortalece con hechos y no con relatos”. “No voy a responder a los insultos del señor López Aliaga a los que nos tiene tristemente acostumbrados, pero no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia (…) Hoy se requiere responsabilidad y madurez política”, invocó. Aun así, la hija de Alberto Fujimori informó que su partido Fuerza Popular pondrá a disposición de López Aliaga a su comando de personeros para esclarecer posibles irregularidades.