Una serie de denuncias anónimas han llevado a las autoridades federales a desmantelar cuatro centros de producción ilegal de combustible (huachicol) en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, según ha informado este martes la Fiscalía General de la República (FGR). Los operativos han permitido decomisar decenas de miles de litros de combustible en los tres Estados, además de incautar maquinaria de transporte y almacenamiento. “Estas acciones reflejan el compromiso permanente de la FGR de combatir los delitos en materia de hidrocarburos en sus diferentes modalidades”, ha apuntado el Ministerio Público en un comunicado.
El Estado de San Luis Potosí ha sido el principal escenario de los operativos, donde han sido desmanteladas dos de las cuatro naves. La primera de las demandas llegó en la ciudad de San Luis, después de que el denunciante anónimo asegurara que a una nave entraban de manera constante pipas de combustible. En ese cateo confiscaron ocho tanques de 80.000 litros, casi 900 contenedores de 1.000 litros cada uno o generadores de diésel. En Laguna de San Vicente, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Luis, las autoridades federales desmantelaron otra nave en la que se procesaban los hidrocarburos. Allí aseguraron 18 tanques y alrededor de 40.000 litros de petróleo.
En Tizayuca, al sur de Hidalgo, fue otra denuncia la que llevó a las dependencias del Gabinete de Seguridad a actuar. En el cateo, aseguraron un total de 57 contenedores con capacidad para almacenar hasta 157.000 litros de combustible. La última acción de que las autoridades se realizó en Cuautla, a unos 40 kilómetros de Cuernavaca, en Morelos. Las denuncias sobre esa nave apuntaban a un ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un fuerte olor a hidrocarburos y químicos.
Los operativos de los que ha informado este martes la FGR suponen un nuevo golpe contra el crimen por el huachicol, uno de esos delitos que recorre toda la geografía mexicana. Esos casos surgen apenas una semana después las autoridades federales resguardaran un predio en Veracruz por las sospechas de contrabando con hidrocarburo. La empresa Servicios Ecológicos EVKADY, a cargo del lugar, rechazó que las autoridades hubieran intervenido la nave y que habían acudido al lugar por una denuncia anónima que acusó “falsamente” la venta de combustible ilegal.
Pero el huachicol también ha tocado de lleno al sector público. El último gran caso permea de lleno al exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo (1989-1995), detenido a mediados de julio en Ensenada por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal (contrabando de combustible). Ruffo, de 74 años, fue arrestado tras una investigación “de alta complejidad” contra Ingemar, una empresa fundada por el exfuncionario. Ruffo ha defendido en el pasado que su compañía únicamente realizaba trámites aduanales. Pero el priista no ha sido una excepción. El Estado de Tamaulipas fue el epicentro del contrabando de combustible durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La gran corrupción ocurrió en sus aduanas, donde marinos y soldados cobraron millones de pesos por dejar pasar millones de litros.
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