Una protesta de prácticos de navegación —expertos locales que abordan embarcaciones para guiar las maniobras de los capitanes en el ingreso y salida de terminales— alteró durante los últimos tres días el funcionamiento de los puertos por los que circulan los bienes que Argentina comercia con el mundo. Los profesionales de este sector han reaccionado con una retención de tareas a un decreto del Gobierno de Javier Milei que busca flexibilizar el reglamento bajo el que operan, impidiendo la actividad normal de al menos un centenar de buques de gran porte. Mientras el Gobierno asegura que el nuevo régimen reducirá los costos de operación y promoverá una mayor competencia entre prestadores, los prácticos señalan una posible afectación de la seguridad.
La medida de fuerza alcanza tanto a las terminales portuarias de la hidrovía sobre el río Paraná como a los distintos nodos marítimos. Según medios especializados, involucra casi tres millones de toneladas de mercadería, que incluyen principalmente productos agrícolas —maíz, soja, trigo y sus derivados— y combustibles.
Prefectura Naval Argentina intimó este martes a un grupo de 536 profesionales —a los que identificó con nombre y apellido— a poner de inmediato a disposición sus servicios de practicaje y pilotaje bajo el nuevo régimen y advirtió que, de no hacerlo, estarían incurriendo en una falta grave que podría incluso ser penada con prisión. El vocero presidencial, Andrés Ravier, también dijo que “habrá sanciones” para los responsables del paro y aseguró no tener una estimación oficial del costo total provocado por la interrupción del servicio. Cálculos privados señalaban que al menos cien buques se encuentran varados, a la espera de ingresar o egresar de terminales, y que cada uno de ellos podría perder hasta 100.000 dólares por día.
Al cierre de la tarde del martes, el Gobierno logró destrabar el conflicto al acordar con los trabajadores suspender la aplicación del decreto y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad. La concesión que obtuvo de la otra parte, además del levantamiento inmediato de la medida de fuerza, fue una reducción del 20% en las tarifas. Se espera que en las próximas horas comience a normalizarse la actividad portuaria.
El decreto desregulador
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, fue el argumento del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al impulsar el decreto que establece un nuevo reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales del país. Según detalló, el decreto 690/2026 “moderniza” una normativa vigente desde 1991 al quitar restricciones que limitaban la competencia y —de acuerdo con la definición de la expresión coloquial argentina kiosco— establecían un negocio cautivo del que se beneficiaban unos pocos.
Uno de los puntos más sensibles de la norma es que elimina el uso obligatorio de prácticos en algunos casos, que pueden ser reemplazados por los propios capitanes extranjeros siempre que acrediten “conocimiento de zona y dominio del idioma inglés”. “Para acotar la necesidad de contratar un servicio innecesario también ampliamos las dimensiones de los buques a partir de las cuales es obligatorio contratar práctico y definimos áreas enteramente libres de la necesidad de contratarlos”, sostuvo el ministro Sturzenegger.
En el Gobierno aseguran que las tarifas de practicaje resultan desproporcionadas en relación con los ingresos de la tripulación de los buques y señalan que el nuevo reglamento busca facilitar el ingreso de nuevos prestadores al servicio. También fija tarifas máximas para las tareas para evitar “cargos adicionales no autorizados” y establece que las empresas deberán publicar periódicamente los precios de sus servicios y reportar información sobre las operaciones realizadas.
Además, la norma publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial flexibiliza las condiciones para el transporte de los prácticos hasta los buques que deben guiar, lo que reduciría costos que consideran excesivos. Según un gráfico aportado por el Ministerio de Desregulación, en algunos puertos argentinos, como el de Buenos Aires o el de Quequén, la tarifa de la lancha para el traslado del práctico asciende a 2.000 dólares, muy por encima del valor que tiene en otros puertos del mundo como Ámsterdam (700 dólares), Valparaíso (300 dólares) o Everglades (200 dólares).
“Se habla de bajar costos en la logística y, si fuera el caso, utilizar embarcaciones deportivas para realizar embarques, lo que conlleva la vulneración de la seguridad de la tripulación y del práctico. Son maniobras muy complejas, a veces con los buques navegando”, señalaron fuentes del sector que cuestionan la nueva normativa. “La experiencia local no es un trámite, es una barrera de seguridad. Un error en el río no tiene segunda oportunidad”, agrega un video difundido por el Instituto del Practicaje.
La entidad que agrupa a los prácticos, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, negó ante medios especializados locales que existiera una medida de fuerza organizada. Según detalló, los prácticos son profesionales independientes y de libre contratación, por lo que aseguró que la situación se explica por decisiones individuales de muchos de los profesionales del sector. Consultada por este medio, la cámara no emitió respuesta.
Mientras tanto, distintas voces sectoriales manifestaron su preocupación por el conflicto y los efectos que tendrá en la actividad económica del país. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) emitió este martes un comunicado en el que denunció que la “paralización del servicio frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina, al tiempo que evidencia la urgencia de actualizar el régimen normativo”. “Que la decisión de un grupo reducido de prestadores pueda paralizar por completo el comercio exterior argentino demuestra que la línea trazada en favor de una mayor competencia, transparencia y revisión de esquemas rígidos es el camino correcto para dotar de competitividad y previsibilidad a nuestra logística regional”, señaló.
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