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En 2018, EL PAÍS puso en marcha una investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica española y recibió información de 34 casos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. Ese primer reportaje significó empujar una puerta a un universo de víctimas abrumador. Después del primer informe algo se activó entre quienes lo sufrieron en silencio y soledad y comenzaron a llegar las historias. Como dijo Andrés, una de las víctimas en la radio colombiana este martes, se sintió escuchado. Los periodistas atendieron un millar de testimonios, recibieron correos, verificaron información y no solo publicaron, también entregaron las denuncias al Vaticano para que responda a las víctimas. Ocho años después de ese primer reportaje, la investigación contabiliza 3.084 víctimas y testimonios que acusan a 50 clérigos. En este, el sexto informe, se extiende a América Latina.

Los hallazgos son dolorosos en una región particularmente católica y donde muchos ciudadanos vulnerables han visto a la iglesia como un lugar de refugio ante la pobreza y los conflictos armados. De acuerdo con la investigación publicada esta semana, se recibieron 21 testimonios de ocho países de América Latina contra 24 acusados. Más de la mitad de ellos, ocurridos en Colombia.

Se trata, hasta ahora, de ocho testimonios que acusan a 13 sacerdotes y religiosos del país, con una particularidad en al menos de tres de ellos: las víctimas lo habían denunciado ante las autoridades de la Iglesia en Colombia y no tuvieron ninguna respuesta. Uno de los testimonios más estremecedores es el de Marko Rakower, que sufrió abusos cuando era adolescente. “Me acuerdo de que la tercera vez que fui a las sesiones de preparación, el cura se acercó y empezó a besarme en los labios. Yo estaba tenso. Congelado”, narró a EL PAÍS. Días después el mismo sacerdote lo besó de nuevo, metió sus manos debajo de su pantalón y tocó sus partes íntimas. Eso pasó dos o tres veces más.

Historias como esta también han sido documentadas por los periodistas independientes Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán que se han enfrentado judicialmente a la negativa de la Iglesia a entregar más información y obtuvieron una sentencia de la Corte Constitucional para que la institución religiosa entregue los archivos secretos. Su investigación habla de al menos 800 sacerdotes denunciados por abusos sexuales a niños en Colombia.

Los casos que llegaron al mailabusosamerica@elpais.es, cuyo buzón sigue abierto, se entregarán al Vaticano sin revelar la identidad de las personas que han aportado su testimonio. Esos datos solo se entregarán a las autoridades eclesiásticas cuando abran una investigación, y solo si los interesados dan su consentimiento. Aquí, una selección de los reportajes e informes de la investigación sobre pederastia:

‌EL PAÍS entrega en el Vaticano un informe con 24 acusados de pederastia en la Iglesia en América

Más de la mitad de los casos se sitúan en Colombia y el resto, en Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela.

‌El difunto cardenal Pedro Rubiano, acusado por abusos sexuales en Colombia

El denunciante, que figura en la investigación de EL PAÍS, afirma que informó por escrito a la arquidiócesis de Bogotá en 2021 y nunca recibió una respuesta.

‌Los manuscritos de Charagua

El sacerdote catalán Lucho Roma abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito, en el segundo diario de un cura pederasta al que ha tenido acceso EL PAÍS.

‌La investigación de EL PAÍS eleva ya a más de 3.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española

‌La lista con los 87 acusados por pederastia en la Iglesia española en el quinto informe de EL PAÍS

‌A partir de esta semana, y hasta el final de la campaña presidencial, enviaremos un segundo boletín semanal, que llegará los viernes. En él, Juan Esteban Lewin, el redactor jefe de EL PAÍS en Colombia, compartirá con ustedes un análisis de lo que ocurre en el proceso electoral: las tendencias que lo marcan, las cifras que lo explican, las emociones que se disputan.

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A poco más de un año de los comicios en que se jugará su reelección, Javier Milei pretende reformular el sistema electoral de Argentina. El presidente envió al Congreso este miércoles un proyecto de reforma para eliminar las elecciones primarias obligatorias, modificar el financiamiento de los partidos políticos y establecer la votación mediante boleta única de papel, entre otras medidas. Si en el mediano plazo la reforma busca complicar la conformación de una alianza opositora, en el escenario más inmediato intenta devolverle la iniciativa a un Gobierno vapuleado en las últimas semanas por datos negativos de la economía, casos de corrupción y una marcada caída de los apoyos al presidente ultra, según advierten las principales consultoras de opinión pública.

El último día de su gira por Israel, el martes, Milei anunció a través de sus redes sociales que enviaría un proyecto de reforma electoral para su debate parlamentario. “Eliminamos las PASO [elecciones primarias]: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo”, señaló.

También anunció que el proyecto incluirá la iniciativa conocida como ficha limpia, que hasta ahora se planteaba como una discusión aparte: su objetivo es prohibir la postulación para cargos electivos de personas condenadas en segunda instancia —sin necesidad de que haya sentencia firme— por delitos dolosos o violaciones a los derechos humanos. “Los corruptos afuera para siempre”, proclamó Milei. “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, al caer la tarde de este miércoles, en la Cámara de Senadores. El cambio más saliente que propone es la supresión de las PASO, que ya en los comicios del año pasado fueron suspendidas en forma transitoria. Desde su aprobación en 2009, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias funcionaron como un facilitador para dirimir disputas dentro de, o entre, partidos, al permitir que diferentes agrupaciones compitieran en un mismo espacio y, luego, en la primera vuelta electoral, el ganador liderara las candidaturas. A la vez, perdieron sentido cuando no había competencias internas y, de todos modos, debían realizarse. Pero aún en esos casos operaron como una suerte de depurador de la oferta, al dejar fuera de contienda a las fuerzas que no cosecharan el 1,5% de los votos.

El argumento utilizado por el Gobierno para defender la derogación de las primarias obligatorias es que son un gasto improductivo para el Estado y que, de ser necesarias, deben correr por cuenta de los partidos. Es decir, intentó enmarcar la reforma en una recuperación del discurso contra “la casta política” que encumbró a Milei. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, planteó el ministro del Interior, Diego Santilli.

Las PASO fueron clave, por ejemplo, para el triunfo de la coalición que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada en 2015, tras derrotar al kirchnerismo. De hecho, voceros de los partidos que integraron aquella alianza —centralmente, el PRO y la UCR—, que en el Congreso han oscilado entre el apoyo directo y el diálogo con la ultraderecha gobernante, han dejado trascender su malestar con una propuesta que atentaría contra sus posibilidades de conformar nuevas coaliciones. También han destacado su desacuerdo con incluir ficha limpia en el mismo proyecto.

Entre otros cambios, la reforma propone elevar los mínimos de afiliados y de votos necesarios para registrar un partido y para conservar su personería, “con el fin de terminar con el régimen de los sellos de goma que hacen de cada elección un negocio”, sostuvo el Ejecutivo en un comunicado. También, según el Gobierno, busca “transparentar el financiamiento de los partidos”. Además, establece que la boleta única de papel será el instrumento electoral obligatorio para todos los cargos nacionales y elimina los espacios gratuitos de publicidad en medios masivos durante las campañas electorales. De aprobarse la ley, los partidos políticos tendrán hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse al nuevo régimen.

Tras conocerse el proyecto, los dirigentes de los partidos opositores se pronunciaron en contra de la reforma impulsada por Milei. Desde el peronismo, el senador Sergio Uñac advirtió: “Si el Gobierno intenta debilitar a los partidos políticos, nuestra respuesta debe ser más democracia”. Y pidió “construir una alternativa que incluya a todos”, a partir de “una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados. No para discutir nombres, sino para debatir ideas y ordenar liderazgos”.

El diputado Nicolás Massot, del bloque de centro Encuentro Federal, estimó que la reforma impulsada por el Gobierno es “política y oportunista”, porque “cambia las reglas del juego en favor del que ya está en el poder”, “reduce la competencia visible, ordena al oficialismo sin exposición interna y le quita a la oposición una herramienta clave para dirimir liderazgos”. Desde la izquierda, el legislador Gabriel Solano definió a la iniciativa de Milei como “proscriptiva y privatista”: “Estoy en contra de que discutamos ahora una reforma electoral”, apuntó, “cuando la mayoría del pueblo no llega a fin de mes, caen el consumo y el salario, y solo crecen la inflación, la desocupación y el endeudamiento familiar. Ese debate es la agenda de la casta”.

Dos meses después de asumir la presidencia, José María Balcázar padece su primera gran crisis política que ya ha se ha llevado por delante al ministro de Defensa y al canciller. El último viernes, cuando todo estaba preparado para la suscripción del contrato entre el Gobierno de Perú y la compañía estadounidense Lockheed Martin para adquirir 24 aviones de combate F-16 Block 70, Balcázar suspendió la ceremonia y postergó la compra. Comentó en una radio que por el carácter transitorio de su mandato —concluirá en julio—, le correspondía al próximo gobierno cerrar ese acuerdo valorado en 3.500 millones de dólares.

Su postura dividió aguas entre quienes consideran que se trata de la primera decisión soberana de un mandatario de bajo perfil y aquellos que sostienen que su negativa pone en riesgo las relaciones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Casi de inmediato, Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos en Perú, elevó el tono de la discusión con un mensaje en sus redes sociales donde indicó que “si actúas de mala fe y socavas los intereses de los Estados Unidos” emplearía “todas las herramientas disponibles para promover la prosperidad y la seguridad” del gigante norteamericano.

La adquisición de los aviones caza para renovar la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) es una operación que empezó durante la gestión de Dina Boluarte. Incluso ella defendió la millonaria apuesta en un Mensaje a la Nación, donde sostuvo que “no era una compra inútil”. Su sucesor, José Jerí, continuó con los trámites del negocio. En la transición entre Jerí y Balcázar, surgieron denuncias de empresas fabricantes de Suecia y Francia, quienes cuestionaron que el Gobierno peruano no evaluó en igualdad de condiciones a los otros postores y optó unilateralmente por los F-16 estadounidenses.

El último lunes, diversas fuentes periodísticas aseguraron que el contrato por los 24 aviones de combate al Gobierno norteamericano había sido firmado en el secretismo absoluto, lejos de la pompa inicial. Incluso se supo que el embajador Bernie Navarro se reunió con el ministro de Defensa Carlos Díaz. Al día siguiente, el presidente José María Balcázar reafirmó que no había suscrito ningún documento y que eso le correspondía al siguiente jefe de Estado.

Este miércoles, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa Carlos Díaz salieron públicamente a emplazar al presidente, acusándolo de haberle mentido a la nación. “Él sabía que los dos contratos se habían firmado el lunes 20 y después de eso ha estado diciendo que estos contratos no se han firmado. Esa es una mentira flagrante”, dijo de Zela. Díaz, por su parte, contó que los contratos fueron firmados por la Fuerza Aérea del Perú y la delegación de la compañía estadounidense Lockheed Martin. “Ya está finiquitado”, sostuvo. Ambos presentaron sus renuncias al Gabinete esta mañana.

“Como jefe supremo de las FFAA, el viernes 17 de abril el presidente Balcázar anunció que no se firmará el contrato de compra de los F-16. El 20 de abril, 72 horas después, la FAP suscribió el acuerdo comercial desconociendo el mandato del jefe de Estado. ¿Quiénes actuaron fuera de la ley?”, ha cuestionado Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del diario La República. En efecto, de acuerdo a lo dicho por los ministros renunciantes, se puede inferir que la adquisición de los aviones de combate se consumó pasando por encima de la investidura presidencial.

Esta tarde, José María Balcázar, de 83 años, dio un mensaje a la nación donde negó haber falseado la información, y admitió que no tuvo la última palabra en la operación. “Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no se puede decir que he mentido. Lo que estoy diciendo es que ese contrato se respete por el nuevo Gobierno, nada más. No se puede tergiversar mis declaraciones”, subrayó.

Eso sí, el mandatario ha dicho que todavía no ha autorizado el primer desembolso de la compra de los aviones de combate, pues se debe “actuar con prudencia y hacer compras razonablemente”. La prioridad de la caja fiscal, remarca, es “atender las necesidades en agua potable, salud y educación”.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ha impulsado una moción de censura en contra de Balcázar. “La seguridad nacional no se negocia. Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial”, ha comunicado.

El presidente Gustavo Petro suele hacer grandes anuncios en X o en sus consejos de ministros. Este martes no fue la excepción. Como una afirmación más, durante la reunión y frente a las cámaras anunció que había ordenado a su comisionado de Paz suspender las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Se trata del grupo de disidencias de las extintas FARC que encabeza y dirige alias Calarcá Córdoba, que suma dos años y medio de diálogos. La instrucción, de la que no dio más detalles, deja en suspenso la que llegó a ser la negociación de paz más exitosa para un Gobierno que, con la política de paz total, lanzó una docena de iniciativas en simultánea. Era su última carta para firmar un acuerdo de paz significativo antes del fin de la Administración Petro, el próximo 7 de agosto.

“Le he pedido a Otty Patiño, que no está aquí, que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados o a sus rivales con crímenes de guerra, como el Estado Mayor Central, que es narco, pues no hay paz. ¿Qué vamos a hacer? A mí me gustaría hacer la paz, pero tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, dijo el presidente. En su extensa intervención, se refirió a los crímenes que persisten en la selva amazónica y a las guerras locales que libra ese grupo en regiones como el Catatumbo y el norte antioqueño. Aunque no mencionó ningún caso específico, en lo que va de abril, el municipio antioqueño de Briceño ha sufrido unos 162 desplazamientos, tras varios ataques con drones y enfrentamientos entre disidencias y el Ejército.

Bajo la paz total, las negociaciones, sus treguas y ceses han transcurrido de forma paralela a los ataques y la modernización del conflicto. El mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya había sugerido en una entrevista que debía levantarse la orden de captura contra Calarcá Córdoba, quien tiene inmunidad judicial por integrar la mesa de paz. Pero el tiempo en el reloj del Gobierno se agota y el proceso parece entrar en una fase de no retorno. Hay unos acuerdos humanitarios mínimos, pero el grupo armado ilegal ha seguido delinquiendo y ampliando su poder militar. En respuesta al anuncio, la disidencia emitió un comunicado en el que asegura que ha ordenado a sus tropas “actuar en legítima defensa” frente al Ejército.

Incluso antes del anuncio de Petro, los diálogos ya estaban suspendidos. Su continuidad pendía de un hilo, además, por la presión de la Fiscalía, que ha respaldado la idea de retomar las órdenes de captura contra sus cabecillas, entre ellos Alexander Díaz, el mismo Calarcá.

La incidencia de este grupo armado no ha sido menor, pero su visibilidad creció en 2023, luego de la Fuerza Pública detuviera a varios de sus integrantes en un retén en Antioquia. Allí les incautó varios dispositivos electrónicos que, según un informe periodístico de Noticias Caracol, vinculaba a Wilmar Mejía, exdirector de Inteligencia del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), y al general Juan Miguel Huertas, director de personal del Ejército, con ese grupo ilegal. Desde entonces, el caso ha tenido varios giros, pero no ha cambiado que deja en entredicho la voluntad de paz de este grupo armado.

A mediados del 2025, el Gobierno firmó una resolución que autorizó la creación de varias Zonas de Ubicación Temporal en las que se concentrarían miembros del Frente 33, que es parte de este grupo. Sin embargo, el acuerdo va a cumplir un año sin haberse concretado. En Tibú, el municipio en el que estaban previstas las zonas, nunca se instaló ningún mecanismo para verificar el proceso. En diciembre, el Ejecutivo renovó los plazos para ejecutar las zonas, pero no se ha puesto el primer ladrillo para adecuar el espacio según estaba acordado.

Calarcá Córdoba es un antiguo guerrillero que ingresó a las FARC en la década de los noventa y, pese al acuerdo de paz de 2016, se mantuvo en armas. Su trayectoria refleja, en buena medida, la mutación del conflicto armado tras la firma: algunos combatientes se apartaron del proceso, otros nunca lo firmaron, y muchos de ellos reconfiguraron estructuras ilegales para retomar o mantener el control de territorios estratégicos para las economías ilícitas. Su principal enemigo militar es la disidencia que lidera Iván Mordisco, conocida como Estado Mayor Central, uno de los grupos más grandes de Colombia, y con la que el Gobierno también tiene rota la comunicación.

Calarcá volvió al centro de la conversación a finales de marzo, en plena Semana Santa, cuando el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció que cinco hermanos, de entre 3 y 16 años, tuvieron que esconderse en la selva amazónica para evitr ser reclutados por ese grupo ilegal. Los hechos eran un incumplimiento directo de los acuerdos firmados en noviembre pasado, cuando la disidencia se comprometió a desescalar el conflicto, impedir el reclutamiento de menores, preservar la Amazonia en las zonas donde tienen injerencia, y respetar las elecciones de este año.

Ese pacto ocurrió en el séptimo ciclo de negociaciones, que produjo una hoja de ruta concreta con compromisos verificables y el Gobierno veía como la antesala de un acuerdo parcial. El Ejecutivo no descartaba que el proceso marcara un éxito de la política de paz total, pero la distancia entre lo pactado y lo ocurrido en terreno terminó erosionando la confianza.

Mientras en la mesa se hablaba de desescalar la violencia, el Catatumbo, Caquetá, Guaviare o el norte de Antioquia, persistían las confrontaciones armadas, las denuncias por reclutamiento y el control del grupo sobre economías ilegales. Aunque la última palabra la tiene el comisionado Patiño, un hombre hermético y esquivo a los focos mediáticos, la orden de frenar el proceso deja en el aire los compromisos alcanzados.

El desplazamiento de miembros del Gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum a la dirección de Morena era necesario. Solo la heredera del bastón de mando tiene la legitimidad para arbitrar, definir criterios e impedir abusos en miles de candidaturas que habrán de procesarse en los próximos meses. Contra lo que se piense, no creo que sea una tarea particularmente del agrado de la presidenta, quien a diferencia de la mayor parte de la clase política no parece extraer placer de la ampliación del poder por el poder mismo. Sheinbaum está concentrada en la modernización de la administración pública, en mejorar la eficacia del Estado y en echar andar el Plan México, columnas fundamentales de su estrategia para activar la economía y mejorar la situación de los pobres. En ese sentido, constituye un incordio destinar piezas fundamentales de su equipo a la tarea de evitar luchas fratricidas o candidaturas vergonzantes en su partido.

Pero era imprescindible, porque solo ella puede hacerlo. Resultaba demasiado pedir a Luisa María Alcalde o a Andrés López Beltrán, actuales cabezas de Morena, resistir la presión de los gobernadores y los líderes del poder legislativo, que se aprestan a consolidar equipos y territorios a partir del control de las próximas candidaturas. Además de su juventud, ambos arribaban a esta tormenta relativamente menguados. Y si bien no eran antagónicos a la presidenta, ni mucho menos, tampoco eran percibidos como operadores vinculados a su primer círculo.

La probable llegada de Ariadna Montiel a la presidencia de Morena y el papel protagónico en la gestión de candidaturas por parte de Citlali Hernández configuran una fórmula idónea. Las dos exsecretarias de Estado gozan de la confianza de Sheinbaum y tienen credenciales impecables en su trayectoria obradorista. Ariadna es una de las pocas titulares de dependencia que repitieron en su puesto al cambio del sexenio; respecto a Citlalli Hernández habría que recordar que ya en la administración pasada fungió como secretaria general del partido. Se trata de una elección inteligente por parte de Palacio, porque son dos cuadros inobjetables incluso desde la perspectiva de Palenque. Eso les permite afrontar al resto de los protagonistas que inciden en Morena con absoluta legitimidad y sin fisuras a la vista.

Y a propósito de Palenque, un paréntesis. López Obrador ha cumplido cabalmente su propósito de dejar gobernar a su sucesora y esta lo ha hecho con responsabilidad, tanto en sus tareas como jefe de Estado como en lo correspondiente al movimiento político que lidera. El expresidente sabe que cualquier intervención suya debilita al Gobierno respecto a sus muchos adversarios y provocaría fracturas internas. El éxito de Sheinbaum es también el éxito de la 4T en su segunda temporada. Pero la tercera temporada es otra cosa. A quién heredar el bastón de mando es algo que compete a ambos y eso exigirá la tarea de construir consensos entre Palacio y Palenque. Ahora bien, los gobernadores que se elegirán el año próximo (17) y los siguientes fungirán como tales durante la mitad o menos de este sexenio y la mitad o más del siguiente. Es decir, Sheinbaum goza de absoluta autonomía para designar a los titulares del Gabinete con el que gobernará hasta finales de 2030 y, sin duda, será el referente y árbitro central en la disputa para elegir candidaturas en los próximos meses. Pero tendrá que hacerlo revisando el espejo retrovisor, bajo el entendido de que estas decisiones configurarán un territorio político futuro que trasciende a su propia Administración. Particularmente en el caso del sureste.

La elección de Ariadna Montiel y de Citlalli Hernández vacuna contra cualquier objeción y favorece la tranquilidad en los ámbitos que importan en Morena. Pero lo verdaderamente decisivo es que ambas permiten potenciar al máximo la popularidad y la fuerza política que ha adquirido la presidenta, de cara a las negociaciones con los factores de poder dentro del partido y sus aliados en la rebatinga que viene.

No se trata de una estrategia para imponer los cuadros claudistas en las distintas entidades, porque ni siquiera los tiene para todos o la mayoría de los casos. En teoría hoy todos presumen su lealtad a Sheinbaum, pero es evidente que proceden de orígenes variopintos y muchos de ellos son impulsados por grupos de poder locales de distinta índole. De lo que sí se trata es de evitar abusos absurdos o candidatos impresentables e imponer reglas consensuadas entre los actores.

Esperemos que todo esto sirva para dignificar el difícil equilibrio entre candidatos potencialmente exitosos en campaña y candidatos potencialmente exitosos en la tarea de gobernar. En el pasado se priorizó lo primero en detrimento de lo segundo, y allí está el caso de Cuauhtémoc Blanco, candidato arrasador en las urnas y una pesadilla en casa de gobierno de Morelos. No sería del todo dañino la posibilidad de perder en un par de entidades con candidatos genuinos si eso evita gobernadores vergonzantes. Después de todo, la presidenta ha sido capaz de establecer una relación productiva con la mayor parte de los mandatarios de oposición en los estados. Más allá de los 17 que necesita para la aprobación de los cambios constitucionales, a la hora de gobernar para Sheinbaum es más útil un gobernador eficiente que uno inepto, así sea de Morena.

Por lo pronto, la dirigencia del partido comenzará a formar parte del amplio tablero de mando con que la presidenta busca favorecer una conducción más eficiente el resto del sexenio. La manera en que ha fortalecido su liderazgo sin mayores exabruptos revela una capacidad política que no necesariamente se le atribuía.

La muerte en México de dos oficiales de la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, ha agudizado el intercambio de reclamos entre ambos Gobiernos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha exigido a Washington una explicación de por qué agentes estadounidenses estaban en el territorio de su país en el marco de una operación antinarcóticos —algo que prohíben la Constitución y las leyes de México—. Lejos de dar esa explicación, la Casa Blanca busca girar el tablero y regresar el reclamo a Sheinbaum, a la que ha señalado por su supuesta indolencia ante el fallecimiento de los agentes de la CIA. “El presidente Trump estaría de acuerdo en que un poco de compasión de parte de Claudia Sheinbaum sería valioso por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo bajo esta Administración para detener el flagelo del tráfico de drogas a través de México hacia EE UU”, ha dicho la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista a Fox News.

La presencia de los oficiales estadounidenses en México está envuelta en dudas y sombras, y toca una de las fibras más sensibles para el país latinoamericano, que hace un par de años aprobó cambios legales para prohibir las operaciones encubiertas de agentes extranjeros en su territorio. La reforma tenía un claro destinatario, Estados Unidos, proclive a involucrarse en los asuntos internos de las naciones de la región, respaldado en los últimos años en el discurso del combate al narcotráfico. Precisamente, el de la seguridad ha sido uno de los argumentos que sustentan el reclamo de Leavitt. “Hemos visto algo de cooperación de la presidenta Sheinbaum, pero el presidente Trump siempre quiere ver más cooperación, porque lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo de EE UU, sino a su propio pueblo”, ha indicado.

La portavoz ha insistido en que el objetivo de Washington es “desarticular a los carteles y acabar con el flagelo del tráfico humano y de drogas que ha fluido a EE UU desde hace mucho tiempo y ha matado a muchos estadounidenses”. La información en torno a las labores y muerte de los oficiales de la CIA ha surgido a cuentagotas, en gran parte por la opacidad del Gobierno del Estado de Chihuahua, lugar donde ocurrieron los hechos. Según una de las versiones aportadas por el Gobierno local, pues han ido variando, los estadounidenses murieron junto a otros dos funcionarios de Chihuahua en un accidente de tránsito en una zona serrana, tras un operativo para destruir laboratorios de narcóticos.

El Estado de Chihuahua, gobernado por María Eugenia Campos (PAN), indicó que los estadounidenses fallecidos eran parte del cuerpo diplomático de la Embajada, y aseguró que, aunque viajaban en el mismo auto que los funcionarios chihuahuenses, no participaron en la operación antinarco, sino que sencillamente pidieron un traslado. Esta versión ha resultado inverosímil para el Gobierno de Sheinbaum, más aún cuando la prensa de Estados Unidos ha confirmado que se trataba de agentes de la CIA.

Chihuahua luego explicó que los estadounidenses estaban dando capacitaciones sobre uso de drones. La gobernadora Campos ha asegurado que en la operación de desmantelamiento de laboratorios participaron elementos del Ejército. Sheinbaum ha dicho que los soldados no sabían que en esa operación estuvieran presentes agentes de EE UU. La mandataria ha recordado que el Gobierno federal debe autorizar las actividades de colaboración con autoridades extranjeras, aunque ha aclarado que está terminantemente prohibida su presencia en campo en labores de seguridad.

Sheinbaum ha informado de que instruyó a la Secretaría de Gobernación ponerse en contacto con Campos para esclarecer el embrollo. En tanto, el Senado, dominado por el oficialismo, busca obligar a la gobernadora de Chihuahua a presentarse al recinto a dar una explicación. La iniciativa ha avivado el debate sobre si la Cámara Alta tiene facultades para llamar a cuentas a un mandatario estatal, o si este, en todo caso, únicamente debe comparecer ante el Congreso de su entidad.

Son las 11 de la mañana en Teotihuacán cuando entran los primeros turistas a la zona arqueológica. En un día normal el sitio abre sus puertas a las 8.00, pero un operativo de seguridad de la Guardia Nacional al interior ha retrasado el acceso este miércoles. Los turistas más madrugadores esperaron hasta tres horas para entrar. Algunos, como Hana, de 62 años, que viajó desde Japón, llegaron al lugar sin saber que hace apenas dos días Julio César Jasso Ramírez subió armado a la Pirámide de la Luna para matar a una turista canadiense de 32 años, herir a otras 13 personas de distintas nacionalidades y suicidarse con su propia arma. “No tenía idea, qué tragedia. He visto mucha seguridad. Lo siento mucho”, dice Hana. Poco antes de abrir las rejas, los trabajadores lanzan la noticia: “Today admission is free” [la entrada es gratis por hoy]. La fila aplaude y celebra.

A la puerta dos, la más cercana a las pirámides del Sol y la Luna, arribaron los visitantes, la mayoría extranjeros, en transporte público o taxis de aplicación. Los que viajan en tours esperan en los automóviles de las agencias, mientras en la calzada empedrada se pasean una y otra vez unas 10 patrullas pequeñas y grandes, con agentes armados. Son HO, vietnamita de 24 años, fue uno de los primeros en llegar. “Estaba en Oaxaca cuando mis amigos me compartieron las noticias. Tuve muchas dudas de venir o no. Me preguntaba si la seguridad sería suficiente, pero pensé que la oportunidad de estar en Ciudad de México y visitar este lugar, vale la pena. Ya estoy aquí y me siento seguro”, comparte Son.

En una caseta cercana a la entrada esperan los policías auxiliares que revisan las mochilas y bultos, con guardias nacionales tras ellos que vigilan el acceso. Omar Vázquez, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, explica en el lugar que la próxima semana estarán instalados cinco arcos de seguridad, uno por cada entrada, con detector de metales, incluidos en el presupuesto de 30 millones anuales del lugar, junto a las obras de mejora de infraestructura de cara al Mundial. “Estamos muy optimistas, fue un hecho aislado”. Anuncia además, que se aplicarán las mismas medidas de seguridad en otros sitios arqueológicos del país como Chichen-Itzá (, Monte Alban (Oaxaca) Palenque (Chiapas) y Tulum (Quintana Roo).

Una vez dentro, bajo el fuerte sol de mediodía, abundan los teléfonos al aire con las cámaras que apuntan a las imponentes pirámides, los sombreros, los guías que hablan en diversos idiomas, el bloqueador y las artesanías que emiten sonidos de aves y jaguares. Hay incluso visitas escolares. “Es un día normal que no es nada normal”, pone en palabras María del Carmen, de 54 años, vendedora de joyería de obsidiana que prefiere no dar su apellido dado lo sucedido. El lunes, un día de mucho trabajo porque los otros museos de la ciudad están cerrados, atendía a un cliente cuando escuchó los balazos. “No quedó de otra más que correr, aunque ninguno entendíamos lo que estaba pasando. Yo me preocupé por mi esposo”, comparte.

Los vendedores resienten las cerca de 48 horas que cerró Teotihuacán. “Nosotros vivimos al día. Si tres horas de abrir tarde me afectaron hoy, un día completo todavía más”, dice Frida Pérez, mientras abre su negocio de recuerdos y artesanías. “Esto nos va a afectar mucho. Yo creo que como la pandemia”, proyecta Pérez, quien trabaja en este lugar desde hace 10 años. “Hoy los pocos que vengan será por el morbo. El morbo vende”, dice. Los escasos visitantes nacionales, como Roberto y su familia, que visitan desde Sinaloa, vislumbran el pronto retorno a la normalidad. “Hay que andar con cuidado nada más pero esto no es algo que pase en México y no queremos que siga pasando”, comparte.

Dyck, un holandés de 88 años, visita el sitio con sus nietos. “No tenemos miedo, México me ha enseñado a tomar las cosas con calma. Estos ataques suceden en todo el mundo”, asegura. En la misma línea va Lou, una joven francesa de 24 años que trabaja en una universidad. “No me siento insegura porque normalmente estas cosas pasan una sola vez”. Se refiere a los ataques de tiradores activos, comunes en Estados Unidos y que se replican cada vez más en otros países. Algo que no había pasado antes en México, aseguró este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con un promedio de tres millones de visitantes (1,8 millones el último año), el sitio reabre las puertas este miércoles luego de la tragedia, con 60 elementos de la Guardia Nacional en el interior, 60 custodios del INAH y 16 policías auxiliares, además de otros 150 en el exterior. Hacen recorridos en el lugar. La Pirámide de la Luna, desde donde Jasso apuntó su arma y mantuvo rehenes por varios minutos a los turistas que no pudieron bajar a tiempo, reabrió el acceso este miércoles sobre el mediodía. Los turistas se acumularon en las escaleras para subir. “No podemos desaprovechar esta oportunidad”, dice Javier Sánchez, de España, antes de ascender.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha detallado su propuesta de reforma a la Constitución de la capital para abordar el problema de la vivienda y la subida descontrolada del precio de las rentas. El principal objetivo de la iniciativa es limitar el aumento anual de los alquileres para que se ajuste a la inflación. También pretende crear un organismo público que defienda los derechos de inquilinos y arrendatarios, recoja el derecho al arraigo vecinal en la Constitución de Ciudad de México y obligue al Ejecutivo a promover la vivienda pública. “Seremos la primera ciudad del país y del mundo en establecer en la Constitución un límite al precio de los alquileres y en combatir la gentrificación”, ha asegurado Brugada.

La jefa de Gobierno ha decidido elevar a nivel constitucional la propuesta jurídica que prometió el año pasado para paliar los efectos de la gentrificación en la capital, que ya ha desplazado a las poblaciones más vulnerables a la periferia y expulsado a vecinos de sus barrios de toda la vida. La iniciativa todavía tendrá que ser revisada en el Congreso en periodo extraordinario o en septiembre como preludio de la tan ansiada Ley de Rentas Justas y Asequibles.

La nueva legislación regularizará el mercado para que todos los arrendatarios registren los contratos de renta, lo que protegerá a los inquilinos de abusos e incumplimientos. “La propuesta de reforma constitucional y de ley sobre las rentas le da certeza jurídica a la propiedad, a las rentas. Rechazamos cualquier desinformación que se haga de que queremos de alguna manera vulnerar el principio de propiedad privada”, ha señalado la jefa de Gobierno, quien ha reconocido que en algunas zonas de la ciudad se ha duplicado el precio de la renta en apenas unos años.

Los esfuerzos del Gobierno capitalino todavía no se materializan en una regularización de la vivienda un año después de las protestas contra la gentrificación por la escalada en los precios de las rentas, el descontrol de Airbnb y la presencia de turistas extranjeros que se quedan a residir en los barrios con más plusvalía. La iniciativa de Brugada avanza lento, mientras Ciudad de México ya empieza a sufrir los embates especulativos en el alojamiento a menos de dos meses de que comience el Mundial de Fútbol 2026.

El Gobierno mexicano ha desmantelado una red millonaria de extracción y venta ilegal de combustible, ha anunciado este miércoles el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. De acuerdo con las autoridades, la operación de los criminales tenía la capacidad de sustraer semanalmente hasta 1,5 millones de litros de hidrocarburo en los Estados de Hidalgo y Estado de México, en el centro del país. Siete personas han sido detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo.

La policía ha incautado en ambos Estados 150.000 litros de gas licuado (LP), 61 cisternas y 500.000 pesos en efectivo (28.800 dólares) además de armas y equipos tecnológicos. Según García Harfuch, la red no solo extraía combustible ilegalmente, sino que también transportaba, almacenaba y vendía hidrocarburos a través de empresas fachada.

El titular de la cartera de Seguridad también ha asegurado que el grupo utilizó empresas de gas para sostener su operación. “Las investigaciones […] han permitido identificar estructuras operativas y financieras que utilizaban empresas fachada, prestanombres y redes de distribución para ocultar el origen ilícito de los recursos y mantener el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones del país”, ha señalado.

Angie Rodríguez, quien fue durante un buen tiempo y hasta febrero pasado la mano derecha del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, pide ayuda del Gobierno para el que trabaja. La hoy gerente del Fondo Adaptación ha dado entrevistas en varios medios para denunciar una presunta red de corrupción, espionaje y amenazas que trabaja en su contra, en la que estarían varios altos funcionarios. “Me cansé de toda la campaña premeditada y sistemática en mi contra”, dijo a la revista Semana. “Es un daño reputacional muy bien estructurado por más de veinte personas que han intentado sacarme del Gobierno”. Le inventaron, dice, que era aliada de paramilitares, la “reina del fentanilo”, y una contrabandista. Y el presidente lo creyó, afirma. Su cargo, repite constantemente, es una cartera jugosa que muchos corruptos quieren: maneja recursos por un billón de pesos, unos 250 millones de dólares.

Rodríguez no revela todos los nombres, aunque dice que los ha denunciado ante las autoridades. Pero si ha señalado públicamente a algunos, como Carlos Carrillo, director de Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD); Juliana Guerrero, una mujer joven cercana al presidente Petro y su delegada en el Consejo superior de la universidad pública del Cesar, quien ha tenido poder de decisión en el Gobierno; Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial; Mariela Barragán, directora de Función Pública; o Nhora Mondragón, quien reemplazó a Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Las denuncias más serias son contra Carillo y Guerrero. Del director de la UNGRD, Rodríguez asegura que él tenía un espía en el Fondo Adaptación, quien informaba de todos los movimientos y conversaciones de la gerente. Cuenta que recibió un chat de un número anónimo en el que le cuentan que Carrillo y Guerrero están confabulados para atacarla, y le permitieron escuchar un audio en el que, afirma, Carrillo dice “la voy a joder por bocona”, y “lloverá candela”. Ella entiende esa candela eso como una amenaza: “O me quiere matar, o me quiere llevar presa”.

Rodríguez añade que también ha recibido chats en los que alguien la ha extorsionado. “Él me dijo 20 de los grandes, eran 20 millones. Yo pensé que eran 20 millones”, dice. “Pero él después me dice que era más, y si usted no me los da en tanto tiempo, usted ya sabe lo que le va a pasar. Yo me llené de pánico, me imaginé lo peor. Yo dije, me van a pegar un tiro, o a mi hijo van a ir a buscarlo al colegio”. Entonces pagó el dinero, cuenta.

Rodríguez cree que Carrillo la graduó de enemiga desde que ella denunció el año pasado que el director no estaba ejecutando de forma apropiada los recursos de la UNGRD para manejar una crisis de inundaciones en la zona de la Mojana, al norte del país. La denuncia, cree ella, golpeó las intenciones de Carrillo para lanzarse a la alcaldía de Bogotá el próximo año. “Lo que él está haciendo no es solo el espionaje, sino es esa manera de exterminarme como funcionaria pública”, añadió, sobre las denuncias de él contra ella en redes sociales, el año pasado, cuando la acusó de usar el Fondo como un fortín político del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Carrillo, en conversación con Caracol Radio, ha negado todos los señalamientos. Afirma que ella “quiere generar una tormenta mediática, para seguramente hacerle daño al Gobierno antes de las elecciones” presidenciales. “Yo no estoy en los círculos de poder de Palacio”, afirma.

Por otro lado, Rodríguez dice creer que Juliana Guerrero la graduó de enemiga porque se opuso a que esta última fuera nombrada viceministra de juventudes el año pasado. En ese momento Rodríguez era directora del DAPRE, y debía dar su visto bueno a ese nombramiento. Pero se opuso porque Guerrero tenía títulos universitarios falsos, razón por la que ahora es investigada en Fiscalía. Desde entonces, cree, Guerrero se unió al complot para sacarla del Gobierno.

“Tengo claridad que, frente a todas estas personas que están dentro de ese complot, la más mala es ella”, dice Rodríguez, quien asegura que Guerrero ha hablado de tener vínculos con un grupo armado. “Se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, asegura. Por eso mismo, en un reporte que, dijo a Semana, envió a la UNGRD, responsabiliza a Guerrero de lo que pueda pasar con su vida. “Ella se mueve bajo las sombras del poder”. También señala que Guerrero hoy controla los recursos del Fondo Colombia Paz, y del DAPRE, a través de la directora Mondragón.

El tercer funcionario duramente señalado es Raúl Moreno. “Es un hombre conspirador, que todo el tiempo le está metiendo temas al presidente”, dice Rodríguez sobre el actual jefe de despacho presidencial. ”Para él hay paramilitares en todo lado, para él hay personas que lo quieren asesinar en todo lado“, añade. Afirma que él es cercano a funcionarios en la Dirección Nacional de Inteligencia, y tiene ”dudas” de si están detrás de un evento en la casa de sus padres el año pasado, para lo que parecía un hurto, pero era realmente una amenaza. ”No fue un hurto, fue para amedrentarme para que me quedara callada”, asegura. “Estoy segura que detrás de eso está esta red de personas, que son más de 20″, añade. En la Fiscalía, asegura, le dijeron que los culpables son “una estructura muy bien organizada, parece que tienen entrenamiento de inteligencia y entrenamiento militar”.

¿Usted cree que en la Casa de Nwariño hay una red criminal?, le preguntó el entrevistador en Semana. “Presuntamente, sí”, responde quien fue una de las mujeres más poderosas del Gobierno, y ahora abre un nuevo escándalo de corrupción dentro de este. “Presidente, escúcheme lo que le estoy diciendo, porque creo que usted lo están engañando, y parte de la estrategia de todas estas personas es quererlo aislar de la gente que es buena y leal con el proyecto”, le advierte a Gustavo Petro.