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Con cambios de última hora en su acuerdo interno, la mayoría oficialista aprobó el nombramiento de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral: Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García. El nombramiento de los árbitros electorales, que permanecerán en el INE hasta el año 2035, no contó con la oposición, que votó en contra de los perfiles impulsados por la presidenta de la República y votados por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.

En el acuerdo original, el coordinador morenista Ricardo Monreal impulsaba el nombramiento del exconsejero electoral de la Ciudad de México, Bernardo Valle, y de la funcionaria de la Escuela Judicial Electoral, Alejandra Tello. Pero estos dos nombres no encontraron consenso entre los aliados PVEM y PT, que nuevamente habrían amenazado con votar en contra, como lo hicieron con la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum en marzo pasado.

En negociaciones que se prolongaron durante más de ocho horas, y que retrasaron una y otra vez la reunión que iba a tener la Junta de Coordinación Política originalmente a las 2:30 de la tarde, el acuerdo final incluyó a Frida Denisse Gómez Puga, exconsejera electoral de Tamaulipas y actual titular del Órgano Interno de Control en el mismo instituto, nombrada recientemente por la mayoría morenista en el Congreso estatal, y a Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla.

La joya de la corona para el oficialismo, sin embargo, es el nombramiento de Arturo Chávez López, activista estudiantil de la UNAM en los años 80 y 90, profesor universitario, exfuncionario de la Secretaría de Ciencia y actual director de Talleres Gráficos de México, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación que, entre otras cosas, se encarga de la impresión de los materiales electorales. Pero, más allá de esas credenciales, Chávez es considerado un funcionario con toda la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien convivió durante su vida universitaria. Su nombramiento nace bajo la sombra de la sospecha de los críticos del Gobierno, por haber alcanzado una calificación de 99 de 100 en el examen de conocimientos que se aplicó durante este proceso de designación, lo que alimentó los cuestionamientos de dados cargados a su favor.

Con la votación en el pleno, ocurrida hasta las 9 de la noche de este martes, se pone punto final a un proceso descalificado por la oposición desde el principio. Primero, por la conformación de un comité de evaluación dominado por personajes ligados a Morena; después, por las extrañas calificaciones de los aspirantes señalados como favoritos del régimen y, finalmente, por la opacidad con la que actuó el comité, que nunca transparentó los criterios con los que se aplicaron los filtros de idoneidad.

El nombramiento, que requería de mayoría calificada, fue aprobado con 334 votos de las bancadas del oficialismo, y 127 votos en contra de PAN, PRI y MC. Desde 2003, cuando la izquierda rechazó el nombramiento de Luis Carlos Ugalde y ocho consejeros más del entonces IFE, es la primera vez que el nombramiento de consejeros electorales es rechazado por las fuerzas políticas de oposición. En 2020, en la primera designación de consejeros electorales en tiempos de la 4T, Morena logró que PAN, PRI, MC y PRD votaran a favor. Y, en 2023, se recurrió a una tómbola para nombrar a la actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei y tres consejeros más. Esta vez, el oficialismo ha usado su mayoría, excluyendo a los opositores. “Hoy es uno de los días más oscuros de la República”, ha sentenciado el diputado panista Germán Martínez, casi al final de la sesión.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, ha afirmado este martes que un grupo de productores agrícolas ha provocado el fuerte incendio que ha quemado los almacenes de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en la capital del Estado. “Alrededor de las cuatro de la tarde, durante una de las manifestaciones de productores de frijol, se registró un primer incendio, que se hizo utilizando bidones de gasolina y neumáticos de vehículos el patio de maniobras”, ha expuesto Reyes en un video compartido en redes. Los campesinos protestaban para exigir el cumplimiento del acopio de frijol autorizado por el Gobierno federal. Diferentes dependencias se han movilizado para tratar de sofocar el fuego, que por el momento no han dejado víctimas.

Reyes ha explicado que el incendio se salió de control poco después de las siete de la tarde, cuando las llamas se propagaron al almacén de Segalmex. “Desde el Gobierno del Estado nos pronunciamos en contra del uso de la violencia y de estos métodos de protesta. Llegar a estos extremos provoca un riesgo a la población”, ha indicado el secretario general, que ha informado de que la Fiscalía General de la República ya ha iniciado una carpeta de investigación.

Decenas de campesinos se han movilizado desde diferentes partes del Estado para salir a las calles de la capital zacatecana y exigir a las autoridades locales el cumplimiento de ese acopio de 100.000 toneladas de frijol autorizado por el Gobierno federal. El acopio supone una ampliación extraordinaria respecto a las 96.000 toneladas que ya acumulaba el territorio, lo que posiciona a Zacatecas como el Estado “con la mayor cantidad de frijol producida y entregado con precios de garantía”, según recoge el Gobierno estatal.

Carrera se reunía con los productores para abordar ese asunto desde temprano. “Seguiremos acompañando a las y los productores de frijol ante instancias federales, privilegiando el diálogo y los acuerdos”, compartía entonces el subsecretario de Zacatecas, Omar Carrera, en sus redes sociales.

Carrera ha coincidido después en su versión con el secretario sobre el origen del incendio. “Fue derivado de un grupo de manifestantes que se les pedía que no incendiaran llantas. Lamentablemente, se pusieron agresivos y ahí están las consecuencias”, ha acusado en unas declaraciones compartidas por el comunicador Paco Elizondo. Carrera ha asegurado que su equipo pasó la jornada conversando con el personal de Segalmex para tratar de resolver las inquietudes de los productores. “Hoy, lamentablemente se pierden estos almacenes”, ha sentenciado en las imágenes, compartidas por el comunicador Paco Elizondo. La parte afectada ha sido la de unas bodegas llenas de abarrotes que, de acuerdo con Carrera, surten tienditas de toda Zacatecas.

Luisa María Alcalde vive sus últimas horas como dirigente nacional de Morena. La presidenta del partido será sustituida en breve por Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes internas del partido. El cambio en la cúpula del partido oficialista confirma un giro que se venía incubando desde hace meses. El desgaste interno, los resultados por debajo de las expectativas y la incapacidad para ordenar las disputas locales han obligado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a apostar por un revulsivo que, de acuerdo a las fuentes consultadas, se venía operando desde hace meses en Palacio Nacional.

La reconfiguración, sin embargo, es más profunda. Fuentes cercanas a la presidencia han confirmado a este periódico que a la salida de Alcalde se perfila también la de Andrés Manuel López Beltrán de la estructura partidista. A la Secretaría de Organización de la agrupación política, hasta hoy ocupada por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, llearía en las próximas horas Esthela Damián Peralta, la cabeza de la Consejería Jurídica de la presidencia. El movimiento deja un mensaje inequívoco: la conducción de Morena quedará en manos de tres perfiles de absoluta confianza de la presidenta. Para cerrar la pinza, la vacante en la Consejería Jurídica podría ser cubierta por Alcalde.

La llegada de Montiel responde a una urgencia inmediata: recuperar el control territorial y disciplinar a una estructura que daba ya signos de desorganización y falta de rumbo. Montiel, una colaboradora muy cercana a Sheinbaum, operadora con trayectoria y buenos resultados en la administración de los programas sociales, representa el perfil que la presidenta ha considerado indispensable para recomponer el rumbo del partido.

Sheinbaum toma así las riendas del partido ante el riesgo de fracturas de cara a las elecciones intermedias de 2027, refieren fuentes cercanas a la presidencia. La designación de Citlalli Hernández como responsable de las alianzas y candidaturas es la primera pieza clave de este cambio de fichas. Una figura con legitimidad interna encargada de contener las tensiones con el Partido del Trabajo y en el Partido Verde Ecologista, y de evitar que la disputa por las candidaturas escale a una crisis pública que ponga en riesgo la mayoría en el Congreso, las 17 gubernaturas y los cientos de cargos locales que se disputarán en menos de dos años.

La caída de Alcalde es leída dentro y fuera de Morena como el saldo de una dirigencia que nunca logró consolidarse. Su gestión estuvo marcada por señalamientos de improvisación, conflictos internos y una creciente desconexión con las bases. Es por ello que el ascenso de Montiel no es solo un cambio de nombre, sino un giro en la estrategia del partido con la intervención directa de Sheinbaum. A diferencia de Alcalde, su fortaleza no está en el discurso político, sino en la operación territorial: el manejo de padrones, el control de los beneficiarios y la capacidad de movilización.

La intervención presidencial ha sido celebrada por algunos liderazgos. Se trata de un golpe en la mesa contundente, pero también expone la fragilidad institucional del partido en el poder, incapaz de procesar sus conflictos sin la mediación de la mandataria.

El reto inmediato será doble, refieren legisladores morenistas. Por un lado, Hernández deberá construir acuerdos en medio de una guerra por las candidaturas que Alcalde dejó crecer y por otro, Montiel tendrá que demostrar que puede trasladar su experiencia administrativa al partido. Morena ha entrado en fase decisiva.

Este lunes 20 de abril, Julio César Jasso Ramírez eligió la zona arqueológica de Teotihuacán para perpetrar un ataque que dejó una turista canadiense muerta y 13 heridos, de distintas nacionalidades, en un tiroteo que coincide en fecha con el nacimiento de Adolf Hitler en 1889 y la masacre de Columbine en 1999, pero también con la creación de la esvástica nazi. El atacante, afín a grupos que idolatran masacres y con referencias fascistas en sus pertenencias, abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna, en uno de los sitios patrimoniales más emblemáticos de México. Y después de sembrar el terror, se suicidó, según la versión de las autoridades. La escena añadió un nuevo y siniestro episodio a una fecha marcada por guerras, atentados, accidentes y aniversarios de fuerte carga simbólica.

El 20 de abril ha sido escenario, en distintos años y países, de hechos que condensan tensiones políticas, violencia armada y tragedias colectivas. En 1961, fuerzas en contra de la revolución apoyadas por la CIA desembarcaron en Bahía de Cochinos, Cuba, una maniobra que terminó en operación fallida. En 1999, la masacre de Columbine sacudió a Estados Unidos cuando dos estudiantes asesinaron a 12 compañeros y a un profesor antes de suicidarse. Y en 2017, un atentado en los Campos Elíseos de París dejó un policía muerto y dos heridos en uno de los lugares más vigilados de la capital francesa.

También en 20 de abril se han registrado desastres que dejaron una huella duradera. En 1878, la “Galerna del Sábado de Gloria” en el mar Cantábrico (España) provocó la muerte de 322 pescadores por un fenómeno meteorológico extremo. En 1986, el colapso de una presa en Kantalai, Sri Lanka, causó la muerte de alrededor de 100 personas y dejó sin hogar a 18.000 más. En 2010, la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México mató a 11 personas y causó uno de los mayores derrames de petróleo de la historia. En 2013, un terremoto en la provincia china de Sichuan provocó al menos 186 muertos y más de 11.000 heridos. Y en México, en 2016, una explosión en un complejo petroquímico en Veracruz dejó 32 fallecidos.

Pero el 20 de abril también ha registrado episodios políticos y culturales de relevancia. En 1808, nació Charles Louis Napoleón Bonaparte, futuro Napoleón III de Francia. En 1871, Estados Unidos aprobó una ley de derechos civiles que suprimió al Ku Klux Klan. En 1992, el estadio de Wembley acogió el tributo a Freddie Mercury, un concierto histórico que reunió a Queen con artistas como David Bowie, Elton John, George Michael y Metallica, y que además sirvió para impulsar la conciencia sobre el sida.

La efemérides además recopila errores trágicos y gestos de propaganda. En 2001, en la Amazonía peruana, la Fuerza Aérea del Perú derribó por equivocación una avioneta con una familia de evangélicos estadounidenses a bordo, en un episodio que dejó una mujer y su bebé muertos. Y en 1938, en Alemania, un empresario nazi creó la llamada Esvástica del Bosque como obsequio para Hitler en su cumpleaños número 49.

El 20 de abril de 2026 no será recordado solo por un tiroteo. Se sumará a una larga lista de eventos en los que la historia volvió a mostrar su capacidad de reunir, en un mismo día, el duelo, la política, la guerra y la memoria. Teotihuacán, esta vez, quedó inscrito en esa cronología dolorosa.

El Gobierno de Venezuela ha informado de la muerte de cinco presos durante un motín registrado el lunes en la cárcel Yare III, ubicada en un pueblo de los Valles del Tuy, en las afueras de Caracas. La confirmación por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios ocurre un día después de los hechos, tras un fin de semana en el que los familiares y defensores de derechos humanos denunciaran situaciones irregulares en la prisión.

En un comunicado aseguraron que el establecimiento de “máxima seguridad” está destinado al resguardo de “líderes negativos y miembros de bandas criminales”. En este recinto también están varios presos políticos que aún esperan beneficiarse de las medidas de amnistía. De acuerdo con la información oficial, los muertos fueron identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez. No se especifica cómo murieron.

Los familiares de detenidos que se mantienen en vigilias frente a las cárceles desde el mes de enero han exigido una fe de vida por el resto de los detenidos. Las mujeres han golpeado el portón para exigir información y han protestado en la entrada del penal sin éxito. “Los están matando”, decían algunas de las pancartas que llevaban. Al final de la tarde del martes, algunas de ellas comenzaron a recibir llamadas de los detenidos en las que aseguraban que estaban bien.

El domingo fueron suspendidas las visitas y se desplegó un cerco de seguridad en los alrededores por el enfrentamiento entre presos comunes, por el traslado de un grupo de detenidos a este recinto. Allegados a los detenidos señalaron que la revuelta también dejó heridos por armas de fuego.

Antes del comunicado del ministerio, la Fiscalía había anunciado la apertura de una investigación sobre los hechos registrados en Yare III —sin informar de las muertes—. Las pesquisas fueron encargadas a una comisión de funcionarios de la dirección de Derechos Humanos. Algunas fuentes aseguran que la tensión se produjo por el traslado de un grupo de detenidos a esta área.

La grave situación que viven los presos en Venezuela ha quedado expuesta a partir de las revelaciones de perseguidos políticos que han sido excarcelados mediante la amnistía y que suman más de 650 desde enero pasado. El malestar por las condiciones de reclusión y los malos tratos de parte de los custodios viene en aumento. La semana pasada, el Ministerio Público, en el que recientemente se ha designado a Larry Devoe, hizo una visita al Centro Penitenciario Rodeo I para verificar las condiciones a raíz de una protesta que hicieron los presos extranjeros. Según la institución, constataron que “los protocolos aplicados en el penal cumplieron con las normas de derechos humanos”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, sin embargo, denunció esta semana que en menos de 24 horas murieron dos personas privadas de libertad en el módulo 4 del Rodeo por paros respiratorios y falta de atención médica. “Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de un patrón sistemático de abandono”, señala la ONG en un comunicado. “El Rodeo IV se suma así a un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control”.

El Gobierno mantiene el control total sobre las prisiones del país, bajo lo que llama el régimen penitenciario. Hasta 2023, algunos recintos como las cárceles de Tocorón —centro de operaciones de la banda Tren de Aragua— y Tocuyito estaban bajo el dominio de los líderes de los grupos criminales, cuando el Gobierno desplegó una toma militar de las prisiones, aunque no detuvo a ninguno de sus cabecillas.

En las últimas semanas, defensores de derechos humanos han exigido que el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, sea destituido, además de un indulto general para todos los presos políticos que aún quedan: entre 400 y 600, según distintas organizaciones. Designado por Nicolás Maduro en 2024, García Zerpa —que viene de ser diputado de la Asamblea Nacional— no ha entrado entre las prioridades de cambio de gabinete de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Su salida fue una de las exigencias que hizo un grupo durante una reunión con la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, la semana pasada, así como la exigencia de la entrada de organismos internacionales como la Cruz Roja y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que están en Caracas. “Yo estuve en Yare III y doy fe de que es un campo de torturas y tratos crueles. Ninguno de los presos teníamos acceso siquiera a un cortaúñas. Exigimos una investigación internacional”, dijo por teléfono el abogado Eduardo Torres, ex preso político, desde los alrededores de la prisión.

Una trama de un presunto fraude por más de 2.000 millones de pesos (unos 115 millones de dólares) en México ha dado un giro de 180 grados. Nazareth Rodríguez, socia y fundadora de la empresa Metaxchange Capital, investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México por presunta estafa financiera piramidal, ha reaparecido en redes sociales este martes para rechazar cualquier acusación y señalar que, por el contrario, ella y su equipo son víctimas de un supuesto esquema de extorsión. La empresaria fue detenida el pasado viernes en el barrio exclusivo de Polanco y ha afirmado que se defenderá en esa grabación, en la que aparece en una oficina, y que ha sido difundida cuatro días después de su detención.

En su alegato, Rodríguez apunta que ya contrademandó a la actriz mexicana Sandra Echeverría, quien fue una de las primeras en denunciar a su firma. “Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, ha reprochado Rodríguez, leyendo un guion en un video publicado en las redes sociales de la empresa. “No cometimos delito alguno”, zanjó.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que aprehendió a Rodríguez el 17 de abril durante un cateo realizado por la Policía de Investigación (PDI) en un inmueble de la colonia Polanco. La dependencia añadió que, según su investigación, la empresa -que ofrecía a sus clientes rendimientos de hasta 15%- habría ocasionado una afectación de 150 millones de pesos, por al menos 120 denuncias de afectados. “En una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos que generaron confianza; posteriormente, las retribuciones se suspendieron sin que se devolviera el capital (…) Análisis financieros han permitido establecer que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino de dinero aportado por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal”, añadió. EL PAÍS ha solicitado a la Fiscalía más información sobre el caso y sobre si Rodríguez ha sido liberada, sin obtener una respuesta hasta el momento de publicación.

La empresaria ha agregado que la compañía informará un calendario de pagos a sus clientes, mientras ahondó en la descripción de un esquema de “crimen organizado”, conformado por exasociados y excolaboradores que, según su versión, habría desfalcado a la empresa hace tres años, causándole un daño patrimonial de hasta 1.500 millones de pesos. “A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación” añadió, sosteniendo que teme por su seguridad. “Toda esta farsa y tema mediático son distracciones que nos han obligado a dar marcha atrás en los pagos y hacer una fuerte reestructuración. Mientras más nos demanden, menos podemos avanzar”. Aunque se solicitó más información a la firma, hasta el momento no se han obtenido respuesta.

A través de sus redes sociales, Metaxchange se proponía como una solución a los ahorradores contra la inflación y ofrecía tutorías sobre la desaceleración económica o las implicaciones para México sobre el TMEC. Esta imagen de solidez ha sido reforzada con el patrocinio de eventos deportivos y cursos de capacitación de sus empleados. Su alcance llegó a las puertas de la actriz y cantante Sandra Echeverría. La intérprete denunció la situación en marzo, al alegar que ella, junto con al menos otras 1.000 personas, había depositado unos 2.000 millones de pesos en Metaxchange en busca de rendimientos, pero que la empresa llevaba al menos 18 meses sin pagar retribuciones. Rodríguez refutó esta versión y sostuvo que cuenta con documentos notariados que demuestran que se realizaron pagos correspondientes a rendimientos y devolución de capital.

Tras el arresto de Rodríguez, la actriz agradeció públicamente a todo el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México por el apoyo a la investigación. El ministerio público de la capital había dicho que realizó el rastreo de cuentas bancarias, análisis de documentos constitutivos, periciales informáticas y recopilación de testimonios, lo que les permitió vincular distintos casos bajo un mismo patrón de operación. Con esos datos de prueba, el 2 de marzo, la autoridad obtuvo la vinculación a proceso con medidas cautelares de Mariana “N” y de Patrick “N”, a quienes les impuso prisión preventiva.

Metaxchange Capital es una sociedad anónima de capital variable y, por ende, no requiere supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, a la que obtuvo acceso el diario, la compañía se creó en octubre de 2012, en Ciudad de México, con una aportación de 50.000 pesos y dos socias fundadoras, entre las que figura Rodríguez Jiménez.

El documento acredita a la empresa para realizar asesorías financieras, valuaciones, consultorías sobre préstamos hipotecarios, prendarios y de arrendamiento, así como sobre la compra y venta de bienes raíces y administración de inmuebles. Entre las funciones de la compañía se incluyen los estudios económicos, la evaluación social de proyectos y estudios de evolución económica, así como estudios de mercado, mercadeo, apoyo legal, gestión y cabildeo.

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte de su padre y que tiene en el banquillo de los acusados al equipo que lo asistió en sus últimos días: cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo. La hija del ídolo argentino rechazó los señalamientos en su contra por parte del principal acusado, Leopoldo Luque, que la responsabiliza por no haber convocado a un médico clínico para liderar el tratamiento de su padre, y aseguró que fue manipulada por los profesionales de la salud.

La declaración de Gianinna, de 36 años, se produjo durante la tercera audiencia del nuevo juicio que intenta desentrañar si la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, estuvo vinculada al abandono y la desatención de quienes debían cuidarlo durante su internación domiciliaria en un barrio privado de la localidad bonaerense de Tigre. Se trata del segundo proceso con el mismo propósito, después de que el año pasado se anulara el primero, cuando se descubrió que una de las juezas lo filmaba en secreto con la intención de protagonizar un documental. Para ese momento ya habían prestado declaración más de 40 testigos.

Giannina, la menor de las dos hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, tenía previsto declarar el jueves pasado, pero su testimonio fue postergado a causa de un pedido de declaración espontánea del neurocirujano Luque, considerado el médico de cabecera de Maradona. En aquella audiencia, Luque dijo que él “no estaba a cargo” del cuidado del paciente y apuntó contra Gianinna, al afirmar que ella se había comprometido a encontrar un médico clínico para su padre y que no lo hizo.

“Yo respondí que me iba a ocupar, no que tenía un médico o que yo soy médica. Simplemente dije que iba a investigar. Desde ningún punto de vista me voy a hacer cargo de esa situación. Yo confié, lamentablemente, ciegamente en estos seres, que lo único que hicieron fue dejar a mi hijo sin abuelo y a mí sin padre”, respondió este martes durante su declaración.

Previamente, los jueces rechazaron un pedido de los abogados de la acusada Agustina Cosachov, psiquiatra, que pretendían suspender la declaración de la hija del ídolo argentino alegando una posible responsabilidad penal en la muerte de su padre, por el supuesto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. “Nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una persona, nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una víctima”, planteó su abogado defensor, Fernando Burlando.

Durante su testimonio, Gianinna recordó un episodio sucedido casi un mes antes de la muerte de Maradona, el 30 de octubre de 2020, cuando fue a visitarlo por su cumpleaños y lo encontró desorientado y “con la mirada perdida”. Según relató, le preguntó si quería irse con ella, su padre respondió que sí, pero antes de que lograra llevárselo fue interceptada por el equipo médico y la policía. También se refirió a la decisión de no internarlo en una clínica luego de la operación que se le realizó poco antes de su muerte. Aseguró que a ella le parecía la mejor alternativa, pero que fue Luque quien le dijo que intentaran primero con una internación domiciliaria.

Tras la reproducción de un audio de Luque en el que proponía darle al astro cuidados medicinales en una casa, “equiparla en modo tal de forma que sea una internación domiciliaria seria, muy seria, con profesionales, con todos los equipos”, Gianinna dijo sentir “mucha bronca” y subrayó que en aquella vivienda, donde su padre falleció el 25 de noviembre de 2020, no había monitor, desfibrilador y “ni siquiera la ambulancia” que les habían prometido. “La manipulación fue absoluta y horrible, me siento una boluda”, expresó.

Maradona murió en plena pandemia de la covid-19, semanas después de haber sido sometido a una cirugía craneal por un hematoma subdural. La causa de su fallecimiento fue un paro cardíaco y un edema pulmonar, en un cuadro clínico que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia respiratoria y del corazón, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias. De acuerdo a la junta médica que analizó el caso, su fallecimiento podría haberse evitado si se lo trataba en una clínica.

Además de Luque y Cosachov, también son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. El proceso continuará con audiencias los martes y los jueves, durante al menos tres meses, y se espera que más de 120 personas sean citadas a dar testimonio.

No era la primera vez que se alojaba en un hotel cerca de las ruinas y pasaba el día planeando algo grande y tenebroso en las pirámides, algo que en su cabeza se pareciera a esos tiroteos en escuelas o iglesias tan habituales en Estados Unidos. El domingo pasado lo volvió a hacer. Llegó en autobús desde el norte de Ciudad de México, alquiló un cuarto en un hotel cercano y el lunes por la mañana entró al centro arqueológico de Teotihuacán, en el Estado de México. Para su gran día, eligió vestirse con un pantalón negro y una camisa de cuadros. En la mochila metió algunas hojas de papel donde había escrito a mano lo que estaba a punto de hacer con un viejo revólver y 42 cartuchos del calibre 38.

Todo sucedió en pocos minutos, menos de media hora. A las 11.20, a las autoridades del Estado de México les llega el primer reporte. Tres minutos más tarde ya disponen de imágenes de Julio César Jasso Ramírez subido a la Pirámide de la Luna. Tiene el revólver en la mano y apunta a una decena de turistas a los que ha obligado a tumbarse en el suelo. “¡Levántate, perra! Corta ese puto plástico, tienes un puto minuto. Si no lo haces, te disparo”. Es Jasso dirigiéndose a una de las turistas del grupo que tiene amenazado. Alguien en el grupo está grabando desde su celular. Al principio, la cámara mira hacia arriba, se ve el cielo inocente y despejado del Estado de México. Cuando vuelve a hablar Jasso la cámara se va a negro mientras sigue grabando. Seguramente la han tapado para no ser descubiertos, y ahora todo sucede fuera de campo.

Se escucha de nuevo a Jasso con el llanto de un niño de fondo. “Tu deja de verme tanto. A la muerte no se mira directamente, cabrón”. Hay familias con hijos pequeños. La mayoría son extranjeros, estadounidenses, holandeses, brasileños, rusos. Les dice que acaba de matar a dos coreanos: “Los he sacrificado como a perros”. Algo que en realidad no ha sucedido y uno de los indicios de las autoridades para afirmar que Jasso, de 27 años, “estaba desconectado de la realidad” y “tenía rasgos de psicopatía”. En otro audio se escucha: “Vosotros que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabrones. No para que vengáis a sacar la puta fotito de mierda”.

Jasso tiene la cara tapada con un pasamontañas y se pasea tranquilo hacia la mochila, colocado a unos metros de los turistas. Carga la pistola y dispara al aire, luego dispara hacia abajo de la pirámide, donde más turistas atienden y graban la escena entre el horror y la estupefacción. Una turista canadiense murió durante el tiroteo. La bala le entró por la pierna y después le alcanzó el tórax. Las autoridades no han concretado en qué momento sucedió ese disparo. Solo que fueron 14 balas en total y que la mayoría de los 13 heridos sufren lesiones provocadas por caídas al huir desesperadamente de la cima de la pirámide.

Hasta en dos ocasiones cargó su Smith & Wesson de 1968, que según la versión oficial le costó 40.000 pesos, aunque no han podido verificar el origen de un arma antigua, casi una reliquia, que dispone de seis alvéolos, los huecos para las balas. Tampoco, de los 42 cartuchos de calibre 38 que llevaba en la mochila, un tipo de munición utilizada por la policía mexicana.

Han pasado siete minutos desde los primeros reportes. La Guardia Nacional, que tiene un destacamento desplegado en el centro arqueológico, se pone en marcha. A las 11.20, al mando de un sargento primero, 30 soldados ya están a los pies de la pirámide. En el audio grabado por una de las víctimas se escucha a Jasso: “Necesito a alguien. Tú, lárgate, y dile a estos cabrones que aquí tengo rehenes y si intentan subir, los voy a matar”. Desde uno de los coches de la Guardia Nacional, se escuchan órdenes desde un altavoz: “¡Tire el arma!”. Jasso no hace caso y dispara contra los agentes, que empiezan a subir por los costados de la pirámide. A la vez, otro policía local logra subir por la parte trasera. Cuando Jasso se da cuenta, trata de escapar trepando a la parte más alta de la pirámide, que mide 45 metros, sin dejar de disparar.

Los agentes responden con más balas y le hieren en una pierna. Lo tienen acorralado. Son las 11.45 y Jasso decide pegarse un tiro y acabar con su vida. El mismo final que Eric Harris y Dylan Klebold, los dos adolescentes que el 20 de abril de 1999 entraron armados con rifles de asalto en su Instituto de Columbine, Colorado, y asesinaron a 12 estudiantes y un profesor, hirieron a otros 24 compañeros y después se pegaron un tiro en la biblioteca del colegio. En la mochila de Jasso, había libros sobre este icónico y macabro episodio que ya es parte de la cultura pop. En las notas escritas a mano que también guardaba en la mochila había escrito que se guiaba por una “inspiración del más allá” y que “seguía órdenes de entidades sobrenaturales”. Según las autoridades, el perfil homicida de Jasso Ramírez es el de un psicópata conocido en la jerga de criminología anglosajona como copycat, un imitador que replica crímenes simbólicos.

El Salvador inició el lunes un juicio masivo contra 486 miembros de la Mara Salvatrucha, entre ellos los integrantes de la cúpula conocida como ‘ranfla nacional’, a quienes el Gobierno acusa, entre otros delitos, de ordenar la masacre de 86 personas cometida durante el último fin de semana de marzo de 2022. Ese hecho detonó la instauración del régimen de excepción por parte del Gobierno de Nayib Bukele, una medida renovada 49 veces.

De acuerdo a los argumentos expuestos por la Fiscalía, los acusados son cabecillas de la estructura criminal y responsables de ordenar más de 47.000 crímenes a nivel nacional entre 2012 y 2022. Entre los cargos que se les atribuyen figuran homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas.

La institución publicó una serie de fotografías en las que se observa a cientos de reos en instalaciones de la prisión de máxima seguridad conocida como CECOT y otras cárceles del país destinadas a pandilleros. En las imágenes, los detenidos aparecen sentados en sillas plásticas y con grilletes en manos y pies, asistiendo a la audiencia por teleconferencia mientras son custodiados por hombres armados.

Las imágenes revelan por primera vez el paradero y estado de varios de los líderes nacionales de la estructura criminal de quienes no se sabía nada desde hace muchos años. Uno de ellos es Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias ‘El Diablito de Hollywood’, el máximo líder de la MS-13. También se ve a Rubén Antonio Rosa Lobo, alias ‘Chivo’ de Centrales Loco, identificado por las autoridades como ‘el CEO’ de la pandilla, miembro de la ‘Ranfla Nacional’ y solicitado en extradición por Estados Unidos. Otro líder es César Humberto López Lario, alias ‘Greñas de Stoners’, un pandillero que enfrentaba un juicio en una corte de Nueva York, pero que fue devuelto a El Salvador como parte de las negociaciones entre Bukele y Donald Trump. A todos ellos se les ve demacrados.

“Entre estos criminales se encuentran los responsables de la ola de violencia ordenada en el 2022. Este hecho dejó 86 víctimas que marcaron un punto de quiebre en la respuesta del Estado”, publicó la Fiscalía en su cuenta oficial de X. De acuerdo con investigaciones periodísticas, la masacre fue una demostración de fuerza luego de que se rompiera el pacto entre las pandillas y el Gobierno de Bukele.

Política de represión

Con el régimen de excepción empezó una política de represión masiva que suspendió garantías constitucionales a toda la población, como el derecho a la defensa y la no intervención de las comunicaciones, modificó las leyes secundarias y la Constitución para incrementar las penas y la cadena perpetua, incluso para menores de edad.

La medida lleva vigente cuatro años y bajo ella el Gobierno ha capturado ya a más de 91.500 personas, es decir, el 2% de la población adulta del país centroamericano. También ha implementado los juicios masivos dirigidos por jueces anónimos. En los procesos se agrupan a cientos de detenidos acusándolos transversalmente de pertenecer a la misma pandilla.

Con el juicio iniciado el lunes, el Tribunal 6º Contra el Crimen Organizado de San Salvador podría imponer nuevas condenas contra varios de los máximos líderes de la MS-13 que ya estaban presos y condenados antes del régimen de excepción. La Fiscalía informó que del total de acusados, 413 ya se encuentran detenidos mientras que 73 aún siguen prófugos de la justicia.

De acuerdo con Luis Enrique Amaya, consultor internacional en temas de seguridad pública, el régimen de excepción es una política de seguridad y justicia similar a “pescar con red”. Así lo explica: “(El Gobierno) se ha apartado del principio de individualización de la responsabilidad en materia penal. Lo jurídicamente aceptado es ‘pescar con caña’, que supone un esfuerzo de investigación, captura y juzgamiento orientado a comprobar la participación de cada individuo en unos hechos determinados, incluso en casos de delitos cometidos por grupos”.

El Estado salvadoreño ha acusado por primera vez a pandilleros por el delito de “rebelión”, al argumentar que los pandilleros “intentaron mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, desafiando la autoridad del Estado y atentando contra la soberanía nacional y el orden constitucional”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el martes “serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador” y reiteró su llamado al Gobierno de Bukele a ponerle fin a uso continuado.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional también advirtió de los riesgos en la impartición de justicia bajo el estado de excepción, ya que muchos de los capturados durante el régimen solo habían sido detenidos “porque la Policía estaba bajo presión para cumplir con las cuotas diarias de arresto. Por lo tanto, las detenciones a menudo se basaron en pruebas falsas o no confirmadas, denuncias anónimas o controles de personas discriminatorios”, dice el informe.