Category: Actualidad

  • Ortega rompe la tregua no escrita con Trump y lo tacha de “desquiciado mental”

    Daniel Ortega tenía 55 días de no comparecer en público. La noche de este 20 de abril, cuando volvió a plaza pública, se le vio muy distinto al acto anterior, ocurrido el pasado 23 de febrero, cuando inauguró de manera telemática un hospital en el Caribe de Nicaragua. Esa noche arrastraba los pies al caminar, se miraba alicaído y dio un discurso difuso y entrecortado; llegó incluso a confundir el cargo de uno de los alfiles más importantes del régimen, lo que provocó una corrección airada de Rosario Murillo, su copresidenta, siempre a su lado. Sin embargo, tras ese lapso de ausencia, este lunes reapareció enérgico, con el pelo y la barba retocados con tinte, el verbo encendido y dirigido, por primera vez, al presidente Donald Trump, a quien tildó de “desquiciado mental”.

    Desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, pero en especial tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el régimen había mantenido una retórica de “espera y cautela” para tratar de esquivar las presiones de Washington. Ni Ortega ni Murillo nombraban a Trump en sus apariciones públicas y, al contrario, se mostraban fervorosos de la “paz y el entendimiento”, mientras en privado mantenían contactos con la administración estadounidense. Unos contactos que han dado como resultado algunas concesiones de Managua, como la excarcelación de algunos presos políticos y la desarticulación del trampolín migratorio para cubanos y venezolanos en el capitalino Aeropuerto Augusto C. Sandino.

    Sin embargo, el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio no le ha dado tregua política a la administración sandinista. Cuatro días antes de que Ortega vociferara contra Trump, asegurando que “perdió la cabeza” y que sufre un “desquiciamiento mental”, Washington impuso sanciones a dos de los hijos de la pareja y al viceministro de Gobernación, Luis Cañas, señalado como el principal arquitecto de una política migratoria que decide de forma arbitraria quién entra al país o niega y cancela pasaportes. También al núcleo del opaco entramado de empresas mineras chinas a las que los Ortega-Murillo les han entregado en concesión el 8,5% del territorio del país centroamericano.

    “Hasta el Premio Nobel de la Paz lo estuvo peleando. No se lo dieron”, cargó Ortega contra el republicano. “Ya es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cinco sentidos. Y el presidente de una potencia como esa, que no está en sus cinco sentidos, va a acabar con su pueblo; está acabando con su pueblo y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo. Perdió la cabeza”.

    Ortega cuestionó con qué autoridad los Estados Unidos “andan espulgando a quién sancionar” en Nicaragua. El mandatario –acusado de cometer crímenes de lesa humanidad– hizo énfasis en que las sanciones han alcanzado un punto de saturación: “Ya no hallan a quién sancionar de tantos que han sancionado”. Pero se atrevió a más y personalizó sus ataques contra Trump y la guerra que libra contra el régimen teocrático de Irán, uno que históricamente ha mantenido lazos cercanos con el sandinismo.

    Para Eliseo Núñez, exdiputado nicaragüense y opositor en el exilio, el discurso de Ortega revela un cálculo político equivocado. “Está calculando que Trump se va a empantanar en Irán y que no va a poner atención sobre Latinoamérica, principalmente sobre él, porque cree que Cuba le va a absorber el poco tiempo que le dedique a América Latina”, dice Núñez. El analista señala que el nuevo discurso contra Trump de Ortega contrasta con la delicadeza con que el liderazgo cubano ha tratado con el republicano, y que Ortega se atreve a tanto precisamente porque cree “que su insignificancia lo protege de consecuencias”. Lo más revelador, según Núñez, es lo que esos ataques dicen sobre el vínculo entre ambos mandatarios: “Ortega no le tiene respeto a Trump”. “Los insultos, añade, fueron inusualmente personales: lo llamó loco, matón y asesino”, remarcó.

    El repudio de Ortega a Washington choca, sin embargo, con lo que piensan los propios nicaragüenses. Según una consulta del centro de pensamiento Hagamos Democracia realizada en 40 municipios de Nicaragua durante el último trimestre de 2026, el 71,4% de los consultados cree que las presiones de Estados Unidos sí pueden desembocar en una transición democrática. Y el 78,2% respalda una negociación con el régimen, pero con una condición trascendente: que Washington acompañe ese proceso.

    Aniversario de una rebelión ciudadana

    Ortega eligió el 20 de abril, octavo aniversario de las protestas que él y Murillo aplastaron con más de 350 muertos, para terminar con sus 55 días de ausencia. Fuentes cercanas a la Casa Presidencial consultadas por EL PAÍS señalan que el copresidente mantiene un estado de salud frágil, lo que explica sus períodos de ausencia cada vez más prolongados. La noche del lunes, sin embargo, se le vio más vivaz y con un discurso menos pausado que de costumbre.

    Antes de que Ortega tomara la palabra en el plató montado en la Avenida Bolívar a Chávez, en Managua, Murillo arremetió contra los exiliados y opositores. Para ella, las protestas de abril son “un intento de golpe de Estado”. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la orden de “vamos con todo” que ella misma dio en 2018 desencadenó una masacre que dejó más de 350 muertos, el peor derramamiento de sangre en Nicaragua desde el fin de la guerra civil, en los pasados años ochenta. Después vinieron los encarcelamientos masivos y la huida de más de 850.000 nicaragüenses. Sin embargo, la visión de la copresidenta, en la que Washington ve actualmente el poder real, es otra.

    “Los que vendieron sangre santa por nada”, dijo en referencia a los opositores. “Las mismas 30 monedas. Perdieron y ya no pueden ganar. No les queda nada de nada”. Y luego, en el tono enrevesado y bíblico que la caracteriza: “Quisieran retroceder el calendario, los relojes, las agujas, las campanas, los soles, los días, los salmos, las lunas; ellos que perforaron su tierra, blasfemaron sobre su propio tiempo y quisieron volver a esta Nicaragua bendita con todas sus maravillas, y no pueden ni podrán ellos”.

    Antes, esa mañana, a más de 320 kilómetros de distancia, en San José, Costa Rica, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más inauguró el Museo de la Memoria, un espacio dedicado a las víctimas y los sucesos de abril de 2018. Roberto Stuart, parte del colectivo, sostuvo que una de las principales finalidades de la exposición es, precisamente, disputar el relato que mantiene la copresidenta Murillo.

    “La memoria es la base para la justicia, pero la justicia tarda. La memoria no es inmediata. Es un terreno que está en disputa permanente, porque Rosario Murillo está en una jornada destructiva de lo que en realidad pasó en Nicaragua”, insistió Stuart ante un altar dedicado a las víctimas de abril, esencialmente jóvenes que hace años salieron a la calle a demandar democracia y cese de la represión.

  • La justicia chilena descarta la prisión preventiva de los tres estudiantes imputados por agredir a la ministra Lincolao

    La justicia chilena descarta la prisión preventiva de los tres estudiantes imputados por agredir a la ministra Lincolao

    La decisión del juzgado de garantía de Valdivia de descartar la prisión preventiva para los tres estudiantes imputados por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, en la Región de los Ríos, ha marcado el primer revés para el Gobierno de José Antonio Kast. La Administración de derecha apostaba por que los alumnos, detenidos por la policía el lunes, quedaran sujetos a las medidas cautelares más gravosas mientras se desarrolla la investigación.

    El ministerio de Seguridad, a cargo de Trinidad Steinert, había interpuesto una querella contra quienes resultaran responsables de la agresión. A través de su abogado querellante pidió prisión preventiva nocturna para los alumnos de la Universidad Austral Pablo Vicente Vásquez Burgos, Joaquín Adolfo Monje Sazo y María Jesús Antonia Madariaga Rojas, que presuntamente encabezaron el ataque contra Lincolao el 8 de abril pasado, cuando un grupo de manifestantes le lanzó agua, gritó insultos y golpeó su automóvil en el recinto estudiantil.

    Pero los estudiantes imputados por el delito de atentado a la autoridad han quedado con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la ministra de Ciencia, arraigo nacional y firma cada 15 días en tribunales. Esto lo han conocido en su audiencia de formalización de cargos y donde se ha fijado como plazo 120 días para la investigación de la causa.

    El juez Pablo Yáñez argumentó que, en esta etapa del proceso judicial, donde solo decidía las medidas cautelares a las que estarían sujetos los estudiantes, debía escuchar las versiones de todos los intervinientes y ponderar los antecedentes que, insistió, aún no constituían pruebas. “No puedo decretar la prisión preventiva por más que la parte querellante haga ciencia ficción y lo digo con mucho respecto, no con un ánimo de polemizar. Hoy en día lo que tengo que verificar es que concurran los elementos necesarios del delito de atentado contra la autoridad, por el cual se formalizó la investigación”.

    Fue una respuesta al anuncio de la defensa del Gobierno ante una eventual ampliación de la querella por secuestro debido a que Lincolao estuvo unas dos horas sin poder abandonar la universidad por las manifestaciones. “Tengo que verificar que concurran los elementos necesarios del delito de atentado contra la autoridad por el cual se formalizó la investigación”, agregó Yáñez. Los estudiantes habían sido identificados y luego, el lunes en la mañana, detenidos por la Policía de Investigación (PDI), tras órdenes solicitadas por la Fiscalía de los Ríos y otorgadas por el juzgado de garantía de Valdivia.

    Dentro de las filas del Partido Republicano (PR), de la derecha radical y fundado por Kast, ha habido molestias por la decisión del juez Yáñez de dejar sin arresto domiciliario a los jóvenes. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, ha cargado contra el magistrado. “Tal como en muchos otros casos, luego del esfuerzo del ministerio Público y de las policías por identificar a los posibles participes de un delito, el juez se da el gusto, no sólo de dejar en libertad a violentistas, sino de burlarse de querellantes. Buen ejemplo para entender”, escribió en X.

    El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, dijo que, como Gobierno, respetan y no suelen comentar las decisiones de los tribunales, pero que esperaba que la investigación se desarrollara como correspondía porque en este caso había “cuestiones objetivas, reales” que ocurrieron el día que fue agredida Lincolao. “No podemos normalizar esta situación y, por otra parte, hay que decir las cosas por su nombre, sin eufemismo. Yo lo dije en su momento: estos jóvenes no son estudiantes; a mí no vengan con cosas. Una persona que tiene un nivel de cultura, de conocimiento, no usa la violencia para tratar de expresar su malestar; son lisa y llanamente delincuentes”, indicó a TVN.

    Cuestionó que la universidad no se hiciera algún pronunciamiento respecto a las imputaciones de los jóvenes: “Esperamos naturalmente que, al menos, estas tres personas debieran ser expulsadas de la universidad porque no pueden tener beneficio personas que usan la violencia para expresar, en este caso, su descontento”.

    Los jóvenes estudian las carreras de Pedagogía en Historia, Antropología y Bioquímica. Madariaga, sin embargo, es la más conocida de los tres, puesto que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, entre 2023 y 2024, y es militante de las Juventudes Comunistas. El ataque a Lincolao generó condenas transversales en distintos sectores políticos, incluyendo a miembros del Partido Comunista.

    La Fiscalía expuso detalles médicos de las lesiones físicas sufridas por la ministra durante la agresión y que provocaron que estuviera unos días de reposo, como “aumento de volumen a nivel parietal izquierdo de 3×3 cm sin lesiones de cuero cabelludo, aumento de volumen a nivel del maléolo lateral de tobillo izquierdo, con limitación en el rango de movimiento global en 50 %, aumento de volumen en eminencia tenar mano derecha. Dolor a extensión y flexión activa y pasiva de dedo pulgar mano derecha con limitación global de movimiento a flexo extensión en 50 %”.

    La fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, dijo que evaluarán la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna, la que habían solicitado al juez. “Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía”.

  • Muere Luis Puenzo, director de ‘La historia oficial’, la primera película latinoamericana en ganar un Oscar

    Muere Luis Puenzo, director de ‘La historia oficial’, la primera película latinoamericana en ganar un Oscar

    “Nunca olvidaremos esta pesadilla. Pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños”, decía Luis Puenzo hace 40 años, exactamente el 24 de marzo de 1986. Tenía entre sus manos la estatuilla del Oscar a la mejor película extranjera, el premio que acababan de entregarle por La historia oficial (1985), uno de esos sueños con que el arte y la cultura de Argentina comenzaban a procesar el legado de horror y dolor que habían dejado la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Era la primera vez que una película latinoamericana recibía la distinción de la Academia del Cine estadounidense.

    A los 80 años, Puenzo murió este martes en Buenos Aires, donde había nacido en 1946. Su destacada trayectoria como director, guionista y productor había comenzado en el mundo de la publicidad de los años sesenta: desde su propia productora, Luis Puenzo Cine, desarrollaría comerciales y también cortometrajes, los primeros ensayos de su obra cinematográfica.

    Su debut en la dirección de largometrajes concibió a Luces de mis zapatos (1973), una comedia protagonizada por Norman Briski. Dos años después dirigió el capítulo Cinco años de vida, dentro del film colectivo Las sorpresas (1975). El reconocimiento internacional para su obra llegaría con La historia oficial, que Puenzo dirigió y coescribió junto a Aída Bortnik, y contó entre sus protagonistas con Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana y Chela Ruiz, entre otros.

    El film no solo obtendría un Oscar, sino que también sería premiado en el Festival de Cannes con el Globo de Oro a mejor película en lengua no inglesa. Su producción había comenzado cuando Argentina era regida aún por la última dictadura (1976-1983) y su temática abordaba una de las heridas abiertas por la represión ilegal y que aún hoy, cinco décadas después, no ha cicatrizado: la apropiación de bebés por parte del régimen militar.

    Entre las películas más destacadas de Puenzo se cuentan también Gringo viejo (1989), adaptación de la novela de Carlos Fuentes, con las actuaciones de Jane Fonda y Gregory Peck; La peste (1992), basada en la novela de Albert Camus, con William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y La puta y la ballena (2004), con Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

    Además de su desempeño como director y guionista, Puenzo tuvo un rol activo en la política audiovisual de Argentina. En 1994 participó de la redacción de la ley de cine; en 2004 estuvo entre los fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas del país; y entre 2019 y 2022 presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

  • Sheinbaum cuestiona la seguridad en las pirámides de Teotihuacán: “¿Cómo es que entra con un arma?”

    Un día después del ataque sin precedentes en México registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha abordado la seguridad en los sitios turísticos en el país y ha cuestionado que el agresor puediera acceder al lugar armado. “Quizá la pregunta es: ¿cómo es que entra con un arma? Esa es la pregunta que se hacen todos”, lanzó, para dar ella misma la respuesta: “No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos. Nunca ha habido porque no se habían presentado estas situaciones”. La mandataria ha subrayado que lo sucedido “es un episodio aislado”, pero que se tomarán “las medidas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación así”. “Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre”, remarcó. En conferencia de prensa, el Gobierno de México ha hecho también un balance de los hechos y ha informado que, de las 13 personas lesionadas, seis ya fueron dadas de alta y siete continúan hospitalizadas. Todas ellas se encuentran fuera de peligro.

    Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, ha remarcado que el Gobierno de México ha dado acompañamiento en todo momento a las personas afectas por el ataque. “Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional por parte de la SEGOB y la Secretaría de Cultura”, afirmó. La titular de Gobernación ha resaltado también que “permanece el equipo ahí [en los hospitales] todo el tiempo para tener una atención personalizada con cada una de las víctimas”.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha hablado sobre el robustecimiento de las medidas de seguridad “en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destino turísticos”. “Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos”, detalló. Harfuch también ha anunciado que se fortalecerá “el patrullaje físico” y “cibernético”, tanto de la Guardia Nacional como de la policía de inteligencia, para ”prevenir cualquier amenaza”.

    La ultraderecha, las armas y la ‘machosfera’ convergen en el atacante de Teotihuacán

    Sobre estas acciones, Sheinbaum ha enfatizado: “Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público”. Aunque puntualizó que “lleva su tiempo poder poner arcos de rayos x” y “no es de un día para otro”, la presidenta ha asegurado que su Gobierno ya se encuentra trabajando en ello. “Esto nos llama la atención para decir [que] pues hay que tener mayor seguridad. […] Reconociendo lo que pasó el día de ayer, hay que fortalecer la seguridad en estos sitios”, dijo.

    El general Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, ha señalado que un destacamento de seguridad de 30 personas “se encarga de la protección del patrimonio cultural en esa zona arqueológica” y, al escuchar las detonaciones, acudieron “de manera inmediata”, demorándose entre 9 y 10 minutos para tomar sus armas y llegar al lugar del incidente. Sheinbaum ha destacado la participación de la Guardia Nacional en los hechos de este lunes: “Al instante que fueron informados llegaron al lugar, siguieron todos los protocolos, una enorme preparación, y al mismo tiempo, mucha valentía también porque avanzaron para que pudieran aislar al agresor y evitar que pudiera haber más víctimas“. En esa misma línea, Harfuch subrayó: Si no hubiera sido herido [el atacante] por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas”

  • El gerente del Banco de la República rechaza participar en el foro de política monetaria del Gobierno de Petro

    El gerente del Banco de la República rechaza participar en el foro de política monetaria del Gobierno de Petro

    Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, ha rechazado asistir al foro de este martes, en el que el Gobierno de Gustavo Petro cuestiona las políticas de decisión sobre tasas de interés, a las que considera “restrictivas y ortodoxas”. En una carta hecha pública esta mañana y dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, el gerente del Emisor destacó que su ausencia no es un problema de agenda: es el “contexto en que se realiza”. El evento, denominado “La política monetaria en un contexto progresista”, se celebra a nueve días de la próxima reunión de la junta directiva del Banco, donde deben tomar una nueva decisión sobre las tasas de interés. Esa reunión, convocada para el próximo jueves 30 de abril, está llena de suspenso dado que no se sabe si el Banco podrá sesionar.

    La tensión entre el Gobierno y el Emisor llegó al clímax el 31 de marzo. Ese día, la Junta aprobó un alza de 100 puntos básicos en la tasa de interés —la segunda consecutiva en lo que va del año, que dejó el indicador en 11,25%— y la silla del ministro Ávila terminó vacía. El jefe de la cartera abandonó la reunión cuando seguía en marcha, convocó su propia rueda de prensa para dar el anuncio que siempre da el gerente, y acusó al banco central de tomar decisiones “a favor del sistema financiero”, argumento compartido por el presidente Petro.

    Desde entonces, el Gobierno ha cuestionado públicamente la legitimidad de la junta, que goza de independencia desde la Constitución de 1991. En su carta, Villar respondió que esas afirmaciones constituyen “una acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad”, y que hacen difícil “mantener el diálogo fluido en la búsqueda de las políticas más adecuadas” para cumplir el mandato constitucional del Emisor, que es mantener el poder adquisitivo del peso colombiano.

    Lo que el programa del foro revela, sin embargo, es que la posición del Banco no es monolítica. Mientras Villar rechazaba la invitación, dos codirectores del Emisor —Laura Moisá y César Giraldo, nombrados por el presidente Petro a inicios de 2025— aparecen como participantes en el panel académico de la tarde, titulado “La política monetaria: entre ortodoxia y heterodoxia”.

    La fisura es cada vez más visible. A lo largo de esta semana han hablado en medios tanto Villar (en Bloomberg, algo atípico en él, más bien reacio a los medios) como Mauricio Villamizar, codirector designado por el expresidente Iván Duque, que ha defendido a la Junta, al gerente y al banco central. Así, el debate se alimenta con esfuerzos intelectuales concretos.

    El panel internacional del foro congrega a Daniela Gabor, profesora de la Universidad de Londres especializada en finanzas y desarrollo; Isabella Weber, de la Universidad de Massachusetts Amherst, conocida por su trabajo sobre inflación de costos y el papel del Estado en los precios; Matías Vernengo, director del Instituto de Política Pública de Bucknell; y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, prófugo de la justicia de ese país. Ese primer panel lo modera Simón Gómez Azza, director del alternativo Centro de Pensamiento Vida.

    Todos comparten una premisa: los bancos centrales no deberían limitarse a controlar la inflación, sino asumir un rol activo en el empleo, la inversión y la transformación productiva. Es la corriente heterodoxa que el Ministerio de Hacienda ha abrazado como marco conceptual para cuestionar las decisiones del Emisor. Thomas Piketty, Joseph Stiglitz y Mariana Mazzucato, anunciados inicialmente por Ávila y que son algunos de los economistas más conocidos en el mundo, no aparecen en la agenda definitiva. “Seguiremos trabajando en una economía verdaderamente productiva, y no especulativa, y cuestionar lo se hace en materia monetaria es el primer paso para hacerlo realidad”, apuntaló el ministro al inaugurar el evento, para también cuestionar el rechazo de Villar a asistir al foro.

    Villar no comparte el diagnóstico de Ávila, como lo deja por escrito. Rechaza la caracterización del Ministerio según la cual la política monetaria latinoamericana ha estado dominada por un enfoque neoclásico y neoliberal: “No comparto esa frase”, escribe. Cita a Venezuela y Argentina como contraejemplos de lo que ocurre cuando se descuida la estabilidad de precios, y recuerda la década perdida de los ochenta, cuando varios países de la región terminaron con hiperinflación, deuda impagable y estancamiento. Para Villar, “la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación son prerrequisitos para el desarrollo económico”. Y aclara que quien más sufre cuando los precios se disparan es quien menos tiene, es decir, los pobres.

    Hay un párrafo en la carta que, leído junto al calendario electoral colombiano (la primera vuelta de las presidenciales es en seis semanas), resulta especialmente tenso. Villar redacta que “es comprensible que los gobiernos busquen políticas monetarias más laxas cuando sus objetivos son de corto plazo, debido, por ejemplo, a la cercanía de unas elecciones”. Bajar tasas activa la economía en el corto plazo, pero 12 o 18 meses después llega la inflación y el efecto se revierte, argumenta. Fue exactamente para blindarse de esa lógica que “la Constitución de 1991 creó un banco central autónomo”. Por eso propone que cualquier debate futuro se realice “con posterioridad a las elecciones”. El foro de hoy cierra a las 5.30 con palabras del presidente Gustavo Petro.

    Los estatutos del Banco de la República exigen la presencia del ministro de Hacienda para que la junta pueda sesionar. Ávila abandonó la reunión de marzo y ha dejado en el aire su asistencia a la del 30 de abril. Sin él, no hay quórum, y así, no habría decisión de tasas. “La posibilidad que tienen los miembros de la Junta Directiva de diferir del Gobierno”, escribe Villar, “es precisamente la que define la autonomía consagrada en la Constitución de 1991”. El Consejo de Estado ya admitió una demanda que busca tumbar esa obligación de asistencia, pero es improbable que el fallo llegue antes del jueves. Así, Colombia llega a la próxima cita de política monetaria con el banco central paralizado por una disputa entre dos instituciones del mismo Estado que ven dos economías paralelas, diametralmente opuestas.

  • Sheinbaum revela que los agentes de EE UU muertos en Chihuahua estaban en una misión: “Hay que ver si se violó la Constitución”

    Sheinbaum revela que los agentes de EE UU muertos en Chihuahua estaban en una misión: “Hay que ver si se violó la Constitución”

    La presidenta de México contradice la versión del fiscal estatal que apuntó que los dos elementos estaban dando un curso de manejo de drones. ‘The Washington Post’ afirma que eran oficiales de la CIA

    Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este martes.Sáshenka Gutiérrez (EFE)
    Beatriz Guillén

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes en su conferencia mañanera que los dos agentes de Estados Unidos muertos en Chihuahua estaban en una misión junto al Gobierno estatal: “Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia son. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para saber si se violó la Constitución y la ley de Seguridad Nacional”. Esta revelación de la mandataria contradice la versión del fiscal estatal, César Jáuregui, que el lunes insistió en que los agentes estaban dando un curso de manejo de drones, destinado a capacitar a la Agencia Estatal de Investigación, pero que fue a seis horas de la zona donde se desarrolló un operativo para desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes de México. Tanto The Washington Post como The New York Times han informado que los dos fallecidos eran oficiales de la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos.

    Los agentes murieron en la madrugada del domingo al caer su vehículo por un barranco de 200 metros, en la localidad de Morelos, en la sierra de Chihuahua. Dentro del coche viajaban también el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y Manuel Genaro Méndez, otro elemento de la dependencia estatal. Ninguno sobrevivió al accidente.

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  • ¿Por qué la izquierda está perdiendo América Latina?

    ¿Por qué la izquierda está perdiendo América Latina?

    Las izquierdas latinoamericanas son cada vez menos exitosas en las urnas. Su caída comenzó en el 2023 cuando Argentina eligió al libertario Javier Milei, y tanto Paraguay como Ecuador dieron un giro a la derecha.

    A ello le siguió una cascada de victorias conservadoras: José Raúl Mulino en Panamá, Luis Abinader en República Dominicana y la llegada de derechistas a Bolivia, Honduras, Chile y más recientemente Costa Rica.

    El consuelo de los gobiernos progresistas, hasta ahora, había sido que ellos gobernaban a la mayoría de la población latinoamericana. Sin embargo, esto puede cambiar en 2026. Las contiendas de Perú, Brasil y Colombia tienen partidos conservadores competitivos. Sin estos tres bastiones, la izquierda quedará reducida a México, Guatemala y Uruguay, es decir, a liderar apenas una cuarta parte de la población latinoamericana.

    Es claro que dentro de la izquierda urge una autocrítica y la Cumbre Progresista de Barcelona proveyó de un espacio para lograrla.

    Los resultados, sin embargo, fueron heterogéneos.

    Quizá el problema más visible es que las izquierdas iberoamericanas parecen atoradas en diagnósticos superficiales. Por ejemplo, tanto Pedro Sánchez de España como Gustavo Petro de Colombia centraron una parte importante de su diagnóstico en quejarse de la ingobernabilidad digital y la información falsa.

    En efecto, nadie puede negar que las derechas han sido astutas en aprovechar vacíos legales para criticar gobiernos progresistas con mensajes mentirosos y falaces. Sin embargo, si alguien debe hacerse responsable por ello, es precisamente los gobiernos de izquierda que, por miedo, han evitado regular a los magnates digitales, implementar impuestos a la riqueza y financiar, con ello, el periodismo de calidad.

    Sánchez, acertadamente, propuso avanzar en una agenda de regulación digital multilateral, pero lamentablemente, la Cumbre, como muchas otras, no permitió llegar a nada concreto. Por el contrario, en muchos foros a los izquierdistas se les percibió a la defensiva, como víctimas de una derecha que ha sido más capaz que ellos de usar la desinformación. Hay mucho que meditar sobre por qué.

    De fondo, el problema es que las izquierdas deben aprender a aceptar que su debilidad proviene menos de la comunicación y más de la operación.

    La izquierda pierde elecciones porque el progresismo, como Gabriel Boric, expresidente de Chile, mencionó a EL PAÍS, “solo puede aspirar a perdurar si es capaz de transformar las condiciones de vida de la gente”. Es la falta de resultados lo que empodera a las derechas y la izquierda que solo sabe echar culpas está condenada a la derrota.

    Las noticias falsas y el lawfare existen y han afectado fuertemente a las izquierdas. Quizá los dos ejemplos más evidentes son Guatemala y Colombia, donde un poder judicial militante ha orquestado duros golpes hacia políticas progresistas.

    Sin embargo, si estos fenómenos son visibles, las izquierdas deben moverse de la crítica a la acción. Basta ver a México, la izquierda más exitosa de Latinoamérica que, al ser víctima del lawfare, decidió reformar al poder judicial por completo.

    Hoy, la nueva Suprema Corte mexicana, que opera desde 2025, enfrenta muchas críticas, muchas de ellas muy válidas, pero al menos, ya no puede decirse que sea un bloque ideológico constantemente luchando contra medidas progresivas.

    Es precisamente por la relevancia de México para el progresismo internacional que se echó tanto de menos que la presidenta mexicana tuviera una participación de fondo en la Cumbre Progresista. Claudia Sheinbaum dio un discurso tangencial, centrado en la grandeza cultural de México y no en lo que las izquierdas más necesitaban: una serie de consejos para entender qué ha hecho México para convertirse en una izquierda que gana elecciones.

    El éxito mexicano se centra, sin duda, en sus resultados. La principal fuente de electores de Sheinbaum son personas que se beneficiaron con los incrementos al salario mínimo que promovió su partido desde 2018. La mandataria tiene una aceptación del 75% en gran medida gracias a su agenda social y a su forma de negociar con Trump, ambas ampliamente reconocidas por el electorado.

    México también está replanteando un cambio en su modelo de crecimiento económico, hacia uno enfocado en la política industrial, y ha implementado una política de seguridad nueva. La política industrial avanza lento y con errores, y a México le urge una reforma fiscal, pero en los últimos 18 meses, Sheinbaum ha ganado simpatía al lograr una reducción de los homicidios en 41 por ciento.

    Inspirado por su propia experiencia y quizá en parte también en la experiencia mexicana, el brasileño Lula da Silva fue el más mordaz y articulado de los ponentes. Lula fue claro: la debacle de la izquierda latinoamericana se debe a que esta, con frecuencia, se ha convertido en “la administradora del neoliberalismo”.

    Las izquierdas han tenido éxitos en avanzar la agenda de derechos laborales, género y raza, pero no en confrontar la ortodoxia económica. Por el contrario, mencionó Lula, en nombre de promover la gobernabilidad, las izquierdas han decidido no confrontar la desigualdad. De ese error se ha nutrido la derecha.

    La próxima Cumbre Progresista tendrá su sede en México. Para entonces, la izquierda mexicana se encontrará disputando su mayoría en una elección federal y Latinoamérica, quizá, se haya derechizado aún más. La autocrítica será tan necesaria como ahora, pero más urgente.

  • El tirador de Teotihuacán actuó en solitario y planeó el ataque varios días antes

    El tirador de Teotihuacán actuó en solitario y planeó el ataque varios días antes

    El fiscal del Estado de México detalla que Julio César Jasso Ramírez se alojó en hoteles cercanos a la zona arqueológica y tenía literatura de otros atentados con él

    Julio César Ramírez durante el tiroteo en Teotihuacán, este lunes.Barak Hardley (Barak Hardley via REUTERS)
    Micaela Varela

    El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, ha ratificado en rueda de prensa este martes que el tirador que abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán se suicidó con su propia arma. El agresor, que ya había detonado su pistola calibre .38 contra los turistas del lugar, actuó en solitario. Se alojó en uno de los hoteles de la zona un día antes de la balacera y había planeado el ataque. “Cuando él percibe que los agrede, los agentes de la Guardia Nacional se dispersan, se le acorrala y decide privarse de la vida por su propia mano”, ha indicado el titular. El hombre de 27 años, de nombre Julio César Jasso Ramírez, tenía en su posesión una mochila con cartuchos y literatura sobre un atentado en Estados Unidos en abril de 1999.

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  • Los escollos de un debate en medio de la desconfianza

    Los escollos de un debate en medio de la desconfianza

    Por fin aparece en el horizonte la posibilidad de tener un debate de candidatos a la Presidencia. Es bueno para la democracia, conviene tenerlo, pero, según lo que han dicho los candidatos, será difícil hacerlo realidad porque se habla de tantas condiciones y hay tanta desconfianza que llevarlo a buen puerto es un reto mayor para las campañas, para los medios de comunicación y para la democracia. Los votantes tienen derecho a ver el debate de ideas y argumentos. Superar los muchos escollos es el primer paso.

    La propuesta del debate viene ahora del candidato Iván Cepeda, después de que varios aspirantes insistieran en el reto para que se vieran las caras de manera directa. El aspirante del Pacto Histórico se había negado a participar en los encuentros que se han generado en varios escenarios y ahora reta a los dos candidatos que él califica de “la extrema derecha” para que debatan sobre “propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y equidad social”. La condición es que sus compromisarios definirán temas, moderadores y escenario porque el candidato dice: “No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política espectáculo”.

    El primer obstáculo es frecuente en los debates: ¿Quiénes van a participar? El candidato Cepeda propone debatir con dos candidatos. ¿Y los demás? De inmediato Sergio Fajardo dijo que estaba listo y preguntó si “ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe?” Claudia López, por su parte, también dijo que está lista para debatir y propuso que RTVC organice el debate. ¿Quién decide y bajo qué parámetros cuáles candidatos van a un debate?

    Siempre ha sido difícil para los medios, gremios, universidades y distintas entidades que organizan debates presidenciales decidir a quienes invitan porque en el tarjetón en cada elección hay aspirantes sin posibilidades reales y es sabido que mientras más personas participen en un debate menos útil es. Una de las fórmulas usadas para depurar las invitaciones es revisar las encuestas. Se pone un mínimo de intención de voto que algunos ubican en el 3 o el 5 por ciento y se invita a quienes estén por encima de ese umbral. Eso no significa que no se presenten dificultades. Es bien recordado un debate de 1994 cuando enfrentaban ideas Andrés Pastrana y Ernesto Samper en un encuentro promovido por los noticieros QAP y CM& cuando apareció sin previo aviso en el set el entonces candidato Antonio Navarro Wolff para reclamar su espacio.

    Quienes van abajo en las encuestas se sienten excluidos y en sentido estricto debería invitarse a todos por razones democráticas, pero en la práctica cuando hay tantos candidatos hay imposibilidad real de debatir y conocer a fondo lo que proponen los aspirantes, con lo cual poco se aporta al ejercicio democrático. A veces lo formal torpedea lo que importa y lo real. En este caso definir los invitados no es el único obstáculo porque Iván Cepeda plantea poner condiciones de moderación y escenario. Como lo propone Claudia López, sería interesante que los medios públicos cumplieran la tarea, pero RTVC se ha convertido en un espacio de propaganda oficial y poco pluralismo, lo que puede generar desconfianza a la oposición. Por otra parte, algunos medios privados, que han cruzado líneas editoriales para hacer oposición, pueden generar desconfianza al candidato oficial. Tal vez se requiera un gran acuerdo de medios públicos y privados para pactar un encuentro que sirva a todos.

    El otro asunto es de estrategia política. Hay un candidato oficial de izquierda y varios de derecha y de centro. Eso significa que un debate se puede convertir en un todos contra Cepeda. Eso puede ser un inmenso problema para el candidato del Gobierno o una oportunidad de lucirse. También es una posibilidad para los distintos candidatos de mostrar sus matices y diferencias, aunque es claro que para todos los demás el primer contendor es el senador petrista.

    Están además los temas que suelen ser abiertos porque una persona que aspire a la presidencia debe responder por todos los asuntos que interesan a los ciudadanos y no puede haber vetos previos. En particular los candidatos deben responder por aquello que genera interés en las campañas: Iván Cepeda tendrá que dar la cara por los errores del Gobierno Petro porque es el candidato oficial y plantea continuismo. Paloma Valencia debe responder por los pecados de Álvaro Uribe, su mentor y jefe político y por los de su partido. Abelardo de la Espriella no ha dado explicaciones satisfactorias sobre las graves denuncias de sus clientes. Cada uno tendrá que responder y además plantear propuestas que vayan más allá de las frases hechas de campaña. Aunque lleguen libreteados por sus asesores, como siempre pasa, los debates a veces logran medir el talante y el carácter de los aspirantes cuando enfrentan preguntas o situaciones inesperadas. Por eso sirven mucho para conocerlos y definir intención de voto.

    Un escollo más: Cepeda pide que no haya insultos y sería deseable que así fuera. Sin embargo, la pregunta es: ¿Quién define lo que significa un insulto o lo que sería para un candidato un comentario agresivo o insultante? Siempre que se quiere moderar el lenguaje es fácil caer en la tentación de la censura y en un debate la libertad de expresión debería ser sagrada. La campaña está polarizada, es caliente y se hace en medio de la desconfianza que es el mayor problema que enfrenta hoy la democracia. Ojalá se encuentre el camino para que los candidatos, los que sean, tres, cinco o seis, se enfrenten y muestren al país por qué se creen con cualidades para llegar a la Casa de Nariño.

  • De la Espriella recurre a la mano dura de Bukele y la motosierra de Milei para apuntalar su programa de gobierno

    De la Espriella recurre a la mano dura de Bukele y la motosierra de Milei para apuntalar su programa de gobierno

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella está convencido de que su programa de gobierno es el “camino para restaurar” Colombia, un país que, sostiene, está “atravesando sus horas más oscuras” durante el mandato del izquierdista Gustavo Petro. La receta del abogado penalista, que ostenta un segundo puesto en intención de voto en la mayoría de las encuestas, apela a ideas que ya han propuesto varios de sus referentes del espacio ultra internacional, como la mano dura que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador o el recorte del Estado que ejerce la metafórica motosierra de Javier Milei en Argentina. El candidato outsider apela al patriotismo, la seguridad o la economía en sus 13 primeras propuestas para “salvar la patria milagro”.

    Una de las principales banderas que ondea el candidato es la del patriotismo, un principio que considera que está en riesgo por la propuesta de Petro de crear una nueva Constitución Política. De la Espriella proclama que él tendrá “lealtad absoluta” con la carta de 1991 y asegura que respetará las instituciones. “La Constitución no es un trapo viejo como la han tratado los de siempre ni hay que cambiarla por una comunista”, dice en el video de 25 minutos en el que presentó sus propuestas. Con “los de siempre” se refiere a los políticos tradicionales, a quienes ha dicho rechazar por “vivir de la teta del Estado”.

    Con el patriotismo y la “salvación” de Colombia como líneas fundamentales de su programa, De la Espriella ataja varios ejes. Uno es el de la seguridad, una preocupación siempre presente en la ciudadanía y que está en números rojos. Su propuesta en este ámbito es cesar las negociaciones con los criminales, quienes “serán dados de baja como el derecho corresponde”. La mano dura se traducirá en la promesa de construir 10 megacárceles “para que no haya más bandidos que queden libres y que puedan delinquir desde las cárceles”. El ultra es un gran admirador de las medidas implementadas por el salvadoreño Nayib Bukele, quien con su férrea política de seguridad —objeto de críticas por organizaciones civiles por sus documentadas vulneraciones de derechos humanos— ha conseguido reducir la criminalidad en el país centroamericano.

    En clave internacional, De la Espriella promete integrar a Colombia en el Escudo de las Américas (“Shield of the Americas”), una alianza creada por el estadounidense Donald Trump con 12 líderes de la región afines a su ideología. Las metas declaradas de la estrategia son combatir el narcotráfico y la inmigración masiva, y reducir la influencia de China en el continente. “Colombia entrará y liderará esta alianza que propuso el Gobierno de EE UU para luchar de manera decidida en contra del narcoterrorismo. Ni Gustavo Petro ni Iván Cepeda [el candidato de la izquierda] han hecho nada porque son aliados de los criminales”, sostiene el aspirante.

    Con respecto a uno de los principales temas que han centrado la campaña, la salud, el candidato propone un plan de choque por “la crisis humanitaria que enfrentan millones de pacientes en toda Colombia”. Lo que busca es restablecer el flujo de recursos a un sistema desfinanciado y que ha puesto en jaque al Gobierno de Petro en más de una ocasión. El programa calcula que reencauzar al sector costará unos 10 billones de pesos y que será necesario luchar contra la corrupción “de los de siempre” en la salud.

    La productividad, en el centro

    Una buena parte de las propuestas se asemeja a una lista de objetivos empresariales. En la educación, quiere que los niños “se formen para ser productivos, no solo para tener conocimientos, sino para convertirse en emprendedores y en generadores de riqueza”; sobre el campo, quiere crear escuelas de “emprendedores rurales” para más de 100.000 jóvenes y expandir la frontera agrícola productiva.

    El plan también contempla una polémica propuesta que implementó el argentino Javier Milei cuando llegó a la Casa Rosada: recortar el Estado. La simbólica motosierra redujo en un 30% el presupuesto nacional, afectando principalmente a la educación, el desarrollo social o la infraestructura. Argentina perdió 13 ministerios y a 30.000 empleados públicos. De la Espriella propone reducir el Estado en un 40%. Aunque no ha detallado si se refiere al gasto público, a la plantilla estatal o a la sección pública del PIB, si se trata del presupuesto nacional, significaría recortarlo de los actuales 546,9 billones de pesos a 328,1 billones.

    Todas estas medidas responden a un objetivo mayor: que el PIB de Colombia crezca en un 6% anual, una cifra que, sin contar con el rebote de la pandemia, la economía no presencia desde hace 15 años. “Lo conseguiremos con una política productiva en agrotecnología, servicios basados en conocimiento, turismo sostenible y energías renovables, reconociendo que no podemos caer en el fundamentalismo de satanizar la minería. Haremos un país de propietarios”, declaró en su video.

    Su mensaje es tranquilizador para la industria de los hidrocarburos, que se ha mantenido a la defensiva durante el mandato de Petro. De la Espriella asegura que puede reactivar la “explotación y exploración responsable” cuidando el medio ambiente, con salvaguardas sobre las que no ha dado detalle. De hecho, es explícito en que removerá la “regulación absurda” para la industria, lo que probablemente haga más complejo el control ambiental.

    El programa cuenta con otras propuestas aisladas. Un bloque entero está dedicado a “las mujeres de la patria milagro”, en las que la base es la reducción de las cifras de violencia machista como “problema prioritario de orden público”. El aspirante se propone como meta reducir en un 30% la violencia contra las mujeres y en un 40% la cifra de feminicidios —que en 2025 llegaron a los 118 casos, según la Defensoría del Pueblo—, pero no especifica cómo logrará esos resultados. Retomando su óptica productiva, también propone formar a 150.000 mujeres en áreas de economía digital y monetizar la economía del cuidado, que recae casi en su totalidad sobre ellas.

    Con su programa, De la Espriella pretende remodelar el Estado desde dentro a través de, sostiene, un “gobierno corporativo” más que político, que pone de relieve en creer que puede “salvar” a Colombia si el país se gestiona como una empresa. Es un enfoque que ha implementado Donald Trump en Estados Unidos y cuyos efectos a largo plazo aún están por verse.