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Bogotá vuelve a ser el epicentro cultural de América Latina con la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Del 21 de abril al 4 de mayo, la capital colombiana acoge una de las citas editoriales más importantes del mundo hispanohablante, con una programación que combina literatura, pensamiento, ciencia y arte bajo el lema “Escucharnos es leernos”.

La feria se celebra, como es tradición, en Corferias (carrera 37 #24-67), un recinto ferial que durante dos semanas se transforma en un gran escenario literario donde conviven editoriales, autores, lectores y agentes culturales de decenas de países.

Fechas, horarios y precios de la FilBo 2026

La FilBo abre sus puertas del 21 de abril al 4 de mayo de 2026. Aunque los horarios pueden variar según el día, generalmente el acceso al público es de las 10.00 a las 20.00. Se recomienda consultar la programación, que contiene la fecha y hora de todos los eventos.

Las entradas pueden adquirirse en línea o en taquilla, en un horario de 9.00 a 20.00. Como en ediciones anteriores, hay tarifas diferenciadas para niños (entre 6 y 12 años, 11.500 pesos) y público general (mayor de 12 años, 14.000 pesos). Los parqueaderos están habilitados para todos los días de la feria, de 9.00 a 22.00.

Cómo llegar a Corferias

El recinto ferial está ubicado en una zona central de la ciudad, con múltiples opciones de acceso. Se puede llegar mediante el sistema TransMilenio, rutas zonales del transporte público o servicios privados. También existen cicloparqueaderos y rutas peatonales que facilitan la llegada de visitantes.

India: país invitado

Cada edición de la FilBo cuenta con un país invitado, y en 2026 el turno es para India. La industria editorial de este país es una de las más grandes y diversas del mundo, con el tercer lugar global en publicaciones en inglés y una producción en más de 20 lenguas, impulsada por el crecimiento sostenido de la edición comercial y la creciente proyección internacional de autores indios.

En el pabellón de India, que abre sus puertas el 22 de abril, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que combina literatura, cine y artes escénicas.

Se realizarán conversatorios sobre la civilización y el conocimiento indio, así como análisis de su industria editorial y el alcance global de sus mercados. También habrá espacios para debatir sobre el futuro de la literatura en la era digital y el ascenso actual del país en el coloquio titulado India on the Rise. El pabellón contará con una oferta audiovisual que incluye la proyección de documentales sobre figuras literarias destacadas, como Nabakanta Burua. Además, se presentarán largometrajes como la película Dangal, la cual contará con subtítulos en español para el público general.

Los visitantes podrán presenciar actuaciones culturales en vivo, destacando los espectáculos de Bharatanatyam, una danza clásica de la India. La agenda contempla firmas de libros, talleres y foros especializados donde se explorarán los diversos géneros que caracterizan a la literatura india, desde la mitología hasta la ficción histórica.

Además, la feria se extiende más allá de los pabellones: cafés, librerías y espacios culturales de Bogotá se suman a la agenda con eventos paralelos.

Eventos destacados

La feria ofrecerá más de 2.300 actividades, entre ellas debates políticos con candidatos presidenciales y conversaciones como la del Nobel Juan Manuel Santos con víctimas del conflicto en Colombia. El evento también reúne figuras internacionales como Martin Baron y la líder indígena Nemonte Nenquimo, además de una destacada delegación de India con autores como Deepti Kapoor y Kiran Desai. A ellos se suman voces clave de la literatura en español, como David Toscana, Dahlia de la Cerda, Tamara Silva Bernaschina y Piedad Bonnett, junto con homenajes a figuras como Álvaro Cepeda Samudio.

La FilBo, una feria con historia y alcance internacional

Desde su creación en 1988, la FilBo se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de la región. Organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, la feria ha crecido de manera sostenida tanto en asistencia como en impacto cultural.

En sus últimas ediciones ha superado los 500.000 visitantes, y para 2026 se espera la llegada de más de 600.000 personas, según datos oficiales del Instituto Distrital de Turismo. Esta cifra la posiciona como una de las ferias del libro más concurridas de América Latina, junto con las de Guadalajara y Buenos Aires.

A lo largo de su historia, la FilBo ha contado con la participación de autores de talla mundial como Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska, J. M. Coetzee y Chimamanda Ngozi Adichie, entre muchos otros. Esta diversidad de voces ha convertido a la feria en un espacio clave para el intercambio cultural y el debate intelectual.

El presidente de Brasil ha elevado el tono de sus críticas al presidente Trump en las últimas semanas tras unos meses de fructífero acercamiento. A medida que la reunión pactada entre ambos no acaba de materializarse y las encuestas apuntan a una elección reñida, Luiz Inácio Lula da Silva multiplica los ataques verbales al republicano por su belicismo y desprecio por el multilateralismo. “Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país”, declaró Lula en una reciente entrevista con EL PAÍS. Pero el bolsonarismo se ha vuelto a interponer en la relación entre ambos países. El último capítulo es la decisión de Estados Unidos de expulsar a un enlace policial brasileño. “Si las autoridades estadounidenses abusaron de su poder contra nuestro agente de policía, responderemos de la misma manera con los suyos”, avisó Lula este martes desde Lisboa, donde está de visita oficial.

El mandatario ha reconocido que desconoce los detalles del caso, pero ha enfatizado que Brasil no aceptará “el tipo de injerencias que algunos quieren tener”, en una referencia implícita a las maniobras del bolsonarismo para instigar ataques de Trump contra el Gobierno del izquierdista. Lula termina en Portugal un viaje europeo que le llevó también a la cumbre progresista organizada por el presidente español, Pedro Sánchez, en Barcelona y a Alemania. En el horizonte, las elecciones de octubre, en las que, salvo sorpresa, Lula se medirá con el senador Flávio Bolsonaro. Los sondeos apuntan a un empate.

La trama es tan enrevesada que conviene ir por partes. Atañe a un destacado bolsonarista prófugo de la justicia brasileña cuya extradición ha solicitado el Gobierno de Lula. Alexandre Ramagem, de 53 años, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) en los años Bolsonaro, fue condenado por orquestar el intento de golpe de Estado, huyó a Florida y pidió asilo político allí. Juzgado junto al expresidente Jair Bolsonaro, antes de que lo encarcelaran para cumplir una pena de 16 años burló a la justicia. Es el más relevante de los bolsonaristas huidos de la justicia que han buscado amparo en el extranjero. Usó la ABIN para espiar a adversarios políticos y difundir falsedades.

El lunes pasado Ramagem fue detenido en Orlando (Florida) por el ICE (el servicio de inmigración estadounidense). Desde Brasil, el jefe de la Policía Federal se colgó la medalla y alabó la cooperación policial entre ambos países. Pero en 48 horas, el bolsonarista recuperó la libertad. El golpista convicto dio inmediatamente las gracias a “las más altas esferas de la administración Trump”. Se jactó de que ni siquiera tuvo que ver a un juez o pagar fianza. Y ahí quedó la cosa. Otro bolsonarista a la espera de que un tribunal extranjero decida sobre destino.

Este lunes, un nuevo capítulo. El Departamento de Estado, en concreto la Oficina para los Asuntos del Hemisferio Occidental, anunció en redes sociales la expulsión del enlace policial encargado de la relación entre las autoridades brasileñas y el ICE, un veterano comisario con base en Miami. El argumento esgrimido por la diplomacia estadounidense es que “ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y extender la caza de brujas política al territorio estadounidense”. Brasil ya ha nombrado una sustituta del agente expulsado.

En diciembre pasado, el presidente Lula logró recomponer la relación con Trump tras una de las peores crisis bilaterales en dos siglos. El republicano emprendió una injerencia de libro, una brutal ofensiva arancelaria y de sanciones para que la justicia brasileña no sentara en el banquillo a Bolsonaro padre. Con un cóctel de diplomacia y firmeza, el brasileño logró que el magnate se olvidara de su campaña proBolsonaro y eliminara casi todos los aranceles.

El castigo tarifario fue instigado por el clan Bolsonaro, en concreto por uno de los hijos, Eduardo, que se ha autoexiliado en Estados Unidos, en Texas, para mantener contacto estrecho con la Administración Trump y con la internacional de la derecha populista. Mientras, su hermano mayor ya está en campaña electoral contra Lula y el Partido de los Trabajadores.

Ramagem, el antiguo jefe de los espías de Bolsonaro, fue juzgado y condenado junto al expresidente Bolsonaro y un puñado de generales en septiembre. Dictada la sentencia, mantuvo su cargo como diputado mientras los jueces resolvían los recursos. El Gobierno de Lula ha recordado estos días que salió de su patria de manera clandestina. Con una pena de 16 años de prisión en el horizonte, aprovechó ese lapso para fugarse.

Para despistar, este político, pero policía de profesión, votó durante semanas en remoto en las sesiones parlamentarias. Agarró el pasaporte diplomático y puso rumbo a la frontera amazónica con la vecina Guyana. De allí, a Florida, donde pidió asilo. Su esposa, también comisaria de policía, le siguió con las dos hijas comunes. Recientemente, las autoridades argentinas dieron asilo a un bolsonarista prófugo, parte de la tropa de la fracasada asonada.

La decisión del juzgado de garantía de Valdivia de descartar la prisión preventiva para los tres estudiantes imputados por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, en la Región de los Ríos, ha marcado el primer revés para el Gobierno de José Antonio Kast. La Administración de derecha apostaba por que los alumnos, detenidos por la policía el lunes, quedaran sujetos a las medidas cautelares más gravosas mientras se desarrolla la investigación.

El ministerio de Seguridad, a cargo de Trinidad Steinert, había interpuesto una querella contra quienes resultaran responsables de la agresión. A través de su abogado querellante pidió prisión preventiva nocturna para los alumnos de la Universidad Austral Pablo Vicente Vásquez Burgos, Joaquín Adolfo Monje Sazo y María Jesús Antonia Madariaga Rojas, que presuntamente encabezaron el ataque contra Lincolao el 8 de abril pasado, cuando un grupo de manifestantes le lanzó agua, gritó insultos y golpeó su automóvil en el recinto estudiantil.

Pero los estudiantes imputados por el delito de atentado a la autoridad han quedado con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la ministra de Ciencia, arraigo nacional y firma cada 15 días en tribunales. Esto lo han conocido en su audiencia de formalización de cargos y donde se ha fijado como plazo 120 días para la investigación de la causa.

El juez Pablo Yáñez argumentó que, en esta etapa del proceso judicial, donde solo decidía las medidas cautelares a las que estarían sujetos los estudiantes, debía escuchar las versiones de todos los intervinientes y ponderar los antecedentes que, insistió, aún no constituían pruebas. “No puedo decretar la prisión preventiva por más que la parte querellante haga ciencia ficción y lo digo con mucho respecto, no con un ánimo de polemizar. Hoy en día lo que tengo que verificar es que concurran los elementos necesarios del delito de atentado contra la autoridad, por el cual se formalizó la investigación”.

Fue una respuesta al anuncio de la defensa del Gobierno ante una eventual ampliación de la querella por secuestro debido a que Lincolao estuvo unas dos horas sin poder abandonar la universidad por las manifestaciones. “Tengo que verificar que concurran los elementos necesarios del delito de atentado contra la autoridad por el cual se formalizó la investigación”, agregó Yáñez. Los estudiantes habían sido identificados y luego, el lunes en la mañana, detenidos por la Policía de Investigación (PDI), tras órdenes solicitadas por la Fiscalía de los Ríos y otorgadas por el juzgado de garantía de Valdivia.

Dentro de las filas del Partido Republicano (PR), de la derecha radical y fundado por Kast, ha habido molestias por la decisión del juez Yáñez de dejar sin arresto domiciliario a los jóvenes. El presidente de la colectividad, Arturo Squella, ha cargado contra el magistrado. “Tal como en muchos otros casos, luego del esfuerzo del ministerio Público y de las policías por identificar a los posibles participes de un delito, el juez se da el gusto, no sólo de dejar en libertad a violentistas, sino de burlarse de querellantes. Buen ejemplo para entender”, escribió en X.

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, dijo que, como Gobierno, respetan y no suelen comentar las decisiones de los tribunales, pero que esperaba que la investigación se desarrollara como correspondía porque en este caso había “cuestiones objetivas, reales” que ocurrieron el día que fue agredida Lincolao. “No podemos normalizar esta situación y, por otra parte, hay que decir las cosas por su nombre, sin eufemismo. Yo lo dije en su momento: estos jóvenes no son estudiantes; a mí no vengan con cosas. Una persona que tiene un nivel de cultura, de conocimiento, no usa la violencia para tratar de expresar su malestar; son lisa y llanamente delincuentes”, indicó a TVN.

Cuestionó que la universidad no se hiciera algún pronunciamiento respecto a las imputaciones de los jóvenes: “Esperamos naturalmente que, al menos, estas tres personas debieran ser expulsadas de la universidad porque no pueden tener beneficio personas que usan la violencia para expresar, en este caso, su descontento”.

Los jóvenes estudian las carreras de Pedagogía en Historia, Antropología y Bioquímica. Madariaga, sin embargo, es la más conocida de los tres, puesto que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, entre 2023 y 2024, y es militante de las Juventudes Comunistas. El ataque a Lincolao generó condenas transversales en distintos sectores políticos, incluyendo a miembros del Partido Comunista.

La Fiscalía expuso detalles médicos de las lesiones físicas sufridas por la ministra durante la agresión y que provocaron que estuviera unos días de reposo, como “aumento de volumen a nivel parietal izquierdo de 3×3 cm sin lesiones de cuero cabelludo, aumento de volumen a nivel del maléolo lateral de tobillo izquierdo, con limitación en el rango de movimiento global en 50 %, aumento de volumen en eminencia tenar mano derecha. Dolor a extensión y flexión activa y pasiva de dedo pulgar mano derecha con limitación global de movimiento a flexo extensión en 50 %”.

La fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, dijo que evaluarán la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna, la que habían solicitado al juez. “Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía”.

“Nunca olvidaremos esta pesadilla. Pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños”, decía Luis Puenzo hace 40 años, exactamente el 24 de marzo de 1986. Tenía entre sus manos la estatuilla del Oscar a la mejor película extranjera, el premio que acababan de entregarle por La historia oficial (1985), uno de esos sueños con que el arte y la cultura de Argentina comenzaban a procesar el legado de horror y dolor que habían dejado la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Era la primera vez que una película latinoamericana recibía la distinción de la Academia del Cine estadounidense.

A los 80 años, Puenzo murió este martes en Buenos Aires, donde había nacido en 1946. Su destacada trayectoria como director, guionista y productor había comenzado en el mundo de la publicidad de los años sesenta: desde su propia productora, Luis Puenzo Cine, desarrollaría comerciales y también cortometrajes, los primeros ensayos de su obra cinematográfica.

Su debut en la dirección de largometrajes concibió a Luces de mis zapatos (1973), una comedia protagonizada por Norman Briski. Dos años después dirigió el capítulo Cinco años de vida, dentro del film colectivo Las sorpresas (1975). El reconocimiento internacional para su obra llegaría con La historia oficial, que Puenzo dirigió y coescribió junto a Aída Bortnik, y contó entre sus protagonistas con Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana y Chela Ruiz, entre otros.

El film no solo obtendría un Oscar, sino que también sería premiado en el Festival de Cannes con el Globo de Oro a mejor película en lengua no inglesa. Su producción había comenzado cuando Argentina era regida aún por la última dictadura (1976-1983) y su temática abordaba una de las heridas abiertas por la represión ilegal y que aún hoy, cinco décadas después, no ha cicatrizado: la apropiación de bebés por parte del régimen militar.

Entre las películas más destacadas de Puenzo se cuentan también Gringo viejo (1989), adaptación de la novela de Carlos Fuentes, con las actuaciones de Jane Fonda y Gregory Peck; La peste (1992), basada en la novela de Albert Camus, con William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y La puta y la ballena (2004), con Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Además de su desempeño como director y guionista, Puenzo tuvo un rol activo en la política audiovisual de Argentina. En 1994 participó de la redacción de la ley de cine; en 2004 estuvo entre los fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas del país; y entre 2019 y 2022 presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, ha rechazado asistir al foro de este martes, en el que el Gobierno de Gustavo Petro cuestiona las políticas de decisión sobre tasas de interés, a las que considera “restrictivas y ortodoxas”. En una carta hecha pública esta mañana y dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, el gerente del Emisor destacó que su ausencia no es un problema de agenda: es el “contexto en que se realiza”. El evento, denominado “La política monetaria en un contexto progresista”, se celebra a nueve días de la próxima reunión de la junta directiva del Banco, donde deben tomar una nueva decisión sobre las tasas de interés. Esa reunión, convocada para el próximo jueves 30 de abril, está llena de suspenso dado que no se sabe si el Banco podrá sesionar.

La tensión entre el Gobierno y el Emisor llegó al clímax el 31 de marzo. Ese día, la Junta aprobó un alza de 100 puntos básicos en la tasa de interés —la segunda consecutiva en lo que va del año, que dejó el indicador en 11,25%— y la silla del ministro Ávila terminó vacía. El jefe de la cartera abandonó la reunión cuando seguía en marcha, convocó su propia rueda de prensa para dar el anuncio que siempre da el gerente, y acusó al banco central de tomar decisiones “a favor del sistema financiero”, argumento compartido por el presidente Petro.

Desde entonces, el Gobierno ha cuestionado públicamente la legitimidad de la junta, que goza de independencia desde la Constitución de 1991. En su carta, Villar respondió que esas afirmaciones constituyen “una acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad”, y que hacen difícil “mantener el diálogo fluido en la búsqueda de las políticas más adecuadas” para cumplir el mandato constitucional del Emisor, que es mantener el poder adquisitivo del peso colombiano.

Lo que el programa del foro revela, sin embargo, es que la posición del Banco no es monolítica. Mientras Villar rechazaba la invitación, dos codirectores del Emisor —Laura Moisá y César Giraldo, nombrados por el presidente Petro a inicios de 2025— aparecen como participantes en el panel académico de la tarde, titulado “La política monetaria: entre ortodoxia y heterodoxia”.

La fisura es cada vez más visible. A lo largo de esta semana han hablado en medios tanto Villar (en Bloomberg, algo atípico en él, más bien reacio a los medios) como Mauricio Villamizar, codirector designado por el expresidente Iván Duque, que ha defendido a la Junta, al gerente y al banco central. Así, el debate se alimenta con esfuerzos intelectuales concretos.

El panel internacional del foro congrega a Daniela Gabor, profesora de la Universidad de Londres especializada en finanzas y desarrollo; Isabella Weber, de la Universidad de Massachusetts Amherst, conocida por su trabajo sobre inflación de costos y el papel del Estado en los precios; Matías Vernengo, director del Instituto de Política Pública de Bucknell; y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, prófugo de la justicia de ese país. Ese primer panel lo modera Simón Gómez Azza, director del alternativo Centro de Pensamiento Vida.

Todos comparten una premisa: los bancos centrales no deberían limitarse a controlar la inflación, sino asumir un rol activo en el empleo, la inversión y la transformación productiva. Es la corriente heterodoxa que el Ministerio de Hacienda ha abrazado como marco conceptual para cuestionar las decisiones del Emisor. Thomas Piketty, Joseph Stiglitz y Mariana Mazzucato, anunciados inicialmente por Ávila y que son algunos de los economistas más conocidos en el mundo, no aparecen en la agenda definitiva. “Seguiremos trabajando en una economía verdaderamente productiva, y no especulativa, y cuestionar lo se hace en materia monetaria es el primer paso para hacerlo realidad”, apuntaló el ministro al inaugurar el evento, para también cuestionar el rechazo de Villar a asistir al foro.

Villar no comparte el diagnóstico de Ávila, como lo deja por escrito. Rechaza la caracterización del Ministerio según la cual la política monetaria latinoamericana ha estado dominada por un enfoque neoclásico y neoliberal: “No comparto esa frase”, escribe. Cita a Venezuela y Argentina como contraejemplos de lo que ocurre cuando se descuida la estabilidad de precios, y recuerda la década perdida de los ochenta, cuando varios países de la región terminaron con hiperinflación, deuda impagable y estancamiento. Para Villar, “la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación son prerrequisitos para el desarrollo económico”. Y aclara que quien más sufre cuando los precios se disparan es quien menos tiene, es decir, los pobres.

Hay un párrafo en la carta que, leído junto al calendario electoral colombiano (la primera vuelta de las presidenciales es en seis semanas), resulta especialmente tenso. Villar redacta que “es comprensible que los gobiernos busquen políticas monetarias más laxas cuando sus objetivos son de corto plazo, debido, por ejemplo, a la cercanía de unas elecciones”. Bajar tasas activa la economía en el corto plazo, pero 12 o 18 meses después llega la inflación y el efecto se revierte, argumenta. Fue exactamente para blindarse de esa lógica que “la Constitución de 1991 creó un banco central autónomo”. Por eso propone que cualquier debate futuro se realice “con posterioridad a las elecciones”. El foro de hoy cierra a las 5.30 con palabras del presidente Gustavo Petro.

Los estatutos del Banco de la República exigen la presencia del ministro de Hacienda para que la junta pueda sesionar. Ávila abandonó la reunión de marzo y ha dejado en el aire su asistencia a la del 30 de abril. Sin él, no hay quórum, y así, no habría decisión de tasas. “La posibilidad que tienen los miembros de la Junta Directiva de diferir del Gobierno”, escribe Villar, “es precisamente la que define la autonomía consagrada en la Constitución de 1991”. El Consejo de Estado ya admitió una demanda que busca tumbar esa obligación de asistencia, pero es improbable que el fallo llegue antes del jueves. Así, Colombia llega a la próxima cita de política monetaria con el banco central paralizado por una disputa entre dos instituciones del mismo Estado que ven dos economías paralelas, diametralmente opuestas.

La presidenta de México contradice la versión del fiscal estatal que apuntó que los dos elementos estaban dando un curso de manejo de drones. ‘The Washington Post’ afirma que eran oficiales de la CIA

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Las izquierdas latinoamericanas son cada vez menos exitosas en las urnas. Su caída comenzó en el 2023 cuando Argentina eligió al libertario Javier Milei, y tanto Paraguay como Ecuador dieron un giro a la derecha.

A ello le siguió una cascada de victorias conservadoras: José Raúl Mulino en Panamá, Luis Abinader en República Dominicana y la llegada de derechistas a Bolivia, Honduras, Chile y más recientemente Costa Rica.

El consuelo de los gobiernos progresistas, hasta ahora, había sido que ellos gobernaban a la mayoría de la población latinoamericana. Sin embargo, esto puede cambiar en 2026. Las contiendas de Perú, Brasil y Colombia tienen partidos conservadores competitivos. Sin estos tres bastiones, la izquierda quedará reducida a México, Guatemala y Uruguay, es decir, a liderar apenas una cuarta parte de la población latinoamericana.

Es claro que dentro de la izquierda urge una autocrítica y la Cumbre Progresista de Barcelona proveyó de un espacio para lograrla.

Los resultados, sin embargo, fueron heterogéneos.

Quizá el problema más visible es que las izquierdas iberoamericanas parecen atoradas en diagnósticos superficiales. Por ejemplo, tanto Pedro Sánchez de España como Gustavo Petro de Colombia centraron una parte importante de su diagnóstico en quejarse de la ingobernabilidad digital y la información falsa.

En efecto, nadie puede negar que las derechas han sido astutas en aprovechar vacíos legales para criticar gobiernos progresistas con mensajes mentirosos y falaces. Sin embargo, si alguien debe hacerse responsable por ello, es precisamente los gobiernos de izquierda que, por miedo, han evitado regular a los magnates digitales, implementar impuestos a la riqueza y financiar, con ello, el periodismo de calidad.

Sánchez, acertadamente, propuso avanzar en una agenda de regulación digital multilateral, pero lamentablemente, la Cumbre, como muchas otras, no permitió llegar a nada concreto. Por el contrario, en muchos foros a los izquierdistas se les percibió a la defensiva, como víctimas de una derecha que ha sido más capaz que ellos de usar la desinformación. Hay mucho que meditar sobre por qué.

De fondo, el problema es que las izquierdas deben aprender a aceptar que su debilidad proviene menos de la comunicación y más de la operación.

La izquierda pierde elecciones porque el progresismo, como Gabriel Boric, expresidente de Chile, mencionó a EL PAÍS, “solo puede aspirar a perdurar si es capaz de transformar las condiciones de vida de la gente”. Es la falta de resultados lo que empodera a las derechas y la izquierda que solo sabe echar culpas está condenada a la derrota.

Las noticias falsas y el lawfare existen y han afectado fuertemente a las izquierdas. Quizá los dos ejemplos más evidentes son Guatemala y Colombia, donde un poder judicial militante ha orquestado duros golpes hacia políticas progresistas.

Sin embargo, si estos fenómenos son visibles, las izquierdas deben moverse de la crítica a la acción. Basta ver a México, la izquierda más exitosa de Latinoamérica que, al ser víctima del lawfare, decidió reformar al poder judicial por completo.

Hoy, la nueva Suprema Corte mexicana, que opera desde 2025, enfrenta muchas críticas, muchas de ellas muy válidas, pero al menos, ya no puede decirse que sea un bloque ideológico constantemente luchando contra medidas progresivas.

Es precisamente por la relevancia de México para el progresismo internacional que se echó tanto de menos que la presidenta mexicana tuviera una participación de fondo en la Cumbre Progresista. Claudia Sheinbaum dio un discurso tangencial, centrado en la grandeza cultural de México y no en lo que las izquierdas más necesitaban: una serie de consejos para entender qué ha hecho México para convertirse en una izquierda que gana elecciones.

El éxito mexicano se centra, sin duda, en sus resultados. La principal fuente de electores de Sheinbaum son personas que se beneficiaron con los incrementos al salario mínimo que promovió su partido desde 2018. La mandataria tiene una aceptación del 75% en gran medida gracias a su agenda social y a su forma de negociar con Trump, ambas ampliamente reconocidas por el electorado.

México también está replanteando un cambio en su modelo de crecimiento económico, hacia uno enfocado en la política industrial, y ha implementado una política de seguridad nueva. La política industrial avanza lento y con errores, y a México le urge una reforma fiscal, pero en los últimos 18 meses, Sheinbaum ha ganado simpatía al lograr una reducción de los homicidios en 41 por ciento.

Inspirado por su propia experiencia y quizá en parte también en la experiencia mexicana, el brasileño Lula da Silva fue el más mordaz y articulado de los ponentes. Lula fue claro: la debacle de la izquierda latinoamericana se debe a que esta, con frecuencia, se ha convertido en “la administradora del neoliberalismo”.

Las izquierdas han tenido éxitos en avanzar la agenda de derechos laborales, género y raza, pero no en confrontar la ortodoxia económica. Por el contrario, mencionó Lula, en nombre de promover la gobernabilidad, las izquierdas han decidido no confrontar la desigualdad. De ese error se ha nutrido la derecha.

La próxima Cumbre Progresista tendrá su sede en México. Para entonces, la izquierda mexicana se encontrará disputando su mayoría en una elección federal y Latinoamérica, quizá, se haya derechizado aún más. La autocrítica será tan necesaria como ahora, pero más urgente.

El fiscal del Estado de México detalla que Julio César Jasso Ramírez se alojó en hoteles cercanos a la zona arqueológica y tenía literatura de otros atentados con él

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